Dos hombres de 58 años han sido trasladados al Hospital Miguel Servet de Zaragoza tras resultar afectadas por la inhalación de humo en un incendio declarado este lunes por la tarde en las inmediaciones de la antigua estación de tren de Calamocha. Los inmuebles estaban ocupados de forma irregular por varias personas y se investiga el origen del incendio.

Uno de ellos ha llegado al centro intubado y en estado muy grave, por lo que ha sido ingresado en UCI; el segundo no ha necesitado intubación por el momento, presenta menor gravedad y se va a valorar la posibilidad de intervenirlo quirúrgicamente en Plástica en las próximas horas.

Según ha informado el 112 Aragón, el aviso se recibió en torno a las 18:15 por un fuego que afectaba a tres viviendas y una nave abandonadas situadas junto a las vías del tren. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de la Diputación de Teruel (DPT), varias patrullas de la Guardia Civil y recursos sanitarios. Sobre las 18.40 horas fue requerida una ambulancia y, posteriormente, acudieron los helicópteros medicalizados del 112 con base en Zaragoza y Teruel para evacuar a dos afectados por inhalación de humos al Hospital Miguel Servet.

Los bomberos recibieron la alerta poco después de las 18:00 y, a su llegada, las dos personas heridas ya se encontraban en el exterior de los edificios. Tras ser atendidas en el lugar, fueron trasladadas a un centro hospitalario. Las labores de extinción se centraron en una habitación situada en la tercera planta de uno de los inmuebles, sin que las llamas llegaran a propagarse al resto de las viviendas. Posteriormente, los efectivos realizaron tareas de ventilación y aseguramiento de la zona.

La intervención concluyó en torno a las 19:45. En el operativo participaron un oficial y tres bomberos de la DPT, además de personal sanitario, Guardia Civil y los servicios de emergencias del 112. Las causas del incendio están siendo investigadas.

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, ha presidido este lunes la sesión del Observatorio de la Convivencia y contra el Acoso Escolar, donde se ha presentado el balance detallado del curso 2025/26. Ha estado acompañada, entre otros, por el director general de Política Educativa, Ordenación, Equidad y Formación, José Luis Ferrando; por la jefa de Servicio de Equidad, Paloma Casas, y por Diego Arroyo, asesor de la Dirección General y del equipo de orientación educativa en convivencia escolar.

Los datos reflejan una mayor capacidad de detección por parte del sistema, con 550 aperturas de protocolo de acoso escolar (164 más que el curso anterior) y un incremento sostenido en los protocolos de ideación suicida, que alcanzan los 1.118 casos frente a los 847 del año pasado, lo que supone un 32% más en solo doce meses.

“Nuestra premisa es clara: la excelencia educativa no se mide solo en aprobados, sino en el bienestar, la seguridad y la salud mental de nuestros alumnos”, ha subrayado Carmen Susín, quien ha incidido en que la escuela está siendo receptora de una problemática social compleja ante la cual el Ejecutivo responde con “gestión, recursos y agilidad”.

El informe presentado detalla que el acoso escolar tiene su mayor incidencia entre 4º de Primaria y 3º de la ESO. Por provincias, la distribución de casos sigue el peso poblacional: Zaragoza aglutina el 72%, seguida de Huesca con un 20% y Teruel con un 10%. En cuanto a la ideación suicida, la serie histórica muestra una tendencia ascendente desde el curso 21-22, cuando se registraron 409 casos, hasta triplicarse en el presente ejercicio. Los datos revelan además una marcada brecha de género: el 70% de estos protocolos corresponden a alumnas (735 casos) frente a 377 en alumnos.

El Observatorio también ha analizado otros indicadores de violencia: se han contabilizado 97 protocolos de violencia sexual, 42 en el ámbito familiar y 13 sobre la alumna, cifras que se mantienen estables respecto al ejercicio anterior.

Plan de choque

Para hacer frente a esta realidad, el Gobierno de Aragón implementó esta primavera la orden ECD/584/2026, que modifica el protocolo de acoso bajo la premisa de “tolerancia cero en 24 horas”. Esta norma obliga a los centros a activar las actuaciones ante cualquier indicio razonable en un máximo de un día lectivo. La reforma destaca por su simplificación administrativa, reduciendo de 10 a 4 los anexos necesarios para tramitar los expedientes.

En este sentido, la Consejera Carmen Susín ha señalado durante la reunión que el objetivo es sustituir un sistema lento por un procedimiento eficaz, afirmando que “la excelencia educativa no se mide solo en aprobados, sino en el bienestar, la seguridad y la salud mental de nuestros alumnos”.

El Ejecutivo autonómico ha anunciado un incremento inmediato de plazas en los Equipos Especializados de orientación. Así, el equipo de Convivencia se refuerza con dos plazas de orientación y dos de FOL; el Equipo TEA experimenta un refuerzo en las tres provincias con 2 plazas en Zaragoza, 2 en Huesca y 1 en Teruel, mientras que el Equipo de Salud Mental y Discapacidad va a contar con nuevas plazas de pedagogía terapéutica y orientación.

En el ámbito preventivo se ha destacado el impacto de los programas REBIÉN (4.125 alumnos en 29 centros), HENKA (5.613 alumnos en 28 centros de ESO) y Educación Responsable (17 centros). Como novedad para el curso 2026/27, se habilitará en la plataforma Aeducar un itinerario de formación digital para familias centrado en el uso responsable de la Inteligencia Artificial y dispositivos móviles, además de la creación de nuevos contenidos formativos sobre Salud Mental.

“Efecto espejo”

El asesor de la Dirección General de Política Educativa y del equipo de orientación educativa en convivencia escolar, Diego Arroyo, ha explicado el aumento de los casos detectados por la mayor concienciación: “El problema que estamos sosteniendo es que todo lo que vemos fuera de las aulas influye, como no puede ser de otra manera, en las aulas”.

Ese “efecto espejo” respecto a casos de otras comunidades, ha apuntado, hace que el docente, ante cualquier situación, tiene esas herramientas que son los protocolos y de ahí el aumento de protocolos. Estamos más concienciados y un poquito mejor preparados para detectar“.

El sistema, ha proseguido en su análisis, “ha evaluado los protocolos para adaptarlos a la nueva realidad y lo que se pretende es, sin perder información, tener menos trabajo burocrático, pero tener una mayor capacidad de detección”. Porque a su juicio “lo importante es la capacidad de detección y, ante cualquier indicio razonable de una situación sospechosa de que puede ser un posible problema de acoso escolar, intentar que, en la medida de lo posible, el centro educativo sea un espacio sano, saludable, y sostenible en cuanto a la convivencia”.

Un total de 616 centros educativos y más de 102.000 alumnos recibirán en los próximos días un kit para observar el eclipse solar del próximo 12 de agosto, compuesto por unas gafas homologadas para la observación solar y un folleto con recomendaciones básicas de seguridad.

Durante la presentación de la inciativa por parte de los consejeros de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, y de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, han destacado la relevancia histórica del acontecimiento. Bermúdez de Castro ha recordado que el último eclipse total visible en la Península Ibérica tuvo lugar en 1912 y que el de agosto será el segundo de estas características que podrá contemplarse en más de un siglo. Más recientemente, hubo otro pero solo en Canarias en 1959.

El consejero ha subrayado que la prioridad es garantizar una observación segura del fenómeno. «Lo mejor es no mirar nunca directamente al sol», ha insistido. Por ello, el Ejecutivo autonómico ha impulsado una campaña dirigida a los escolares para que puedan aprender cómo observar el eclipse de forma segura y trasladar ese conocimiento a sus familias.

Bermúdez de Castro ha subrayado que la Dirección General de Interior lleva meses trabajando en la planificación de los días previos y posteriores al eclipse para coordinar los distintos servicios implicados. En este sentido, ha agradecido también la colaboración de la Delegación del Gobierno en Aragón.

Asimismo, ha anunciado que el Ejecutivo aragonés pondrá en marcha diversas campañas de divulgación y comunicación para informar a la ciudadanía sobre el fenómeno y las medidas de seguridad asociadas.

Por su parte, la consejera de Educación, Carmen Susín, ha destacado el carácter pedagógico de la iniciativa. “Queremos que el eclipse sea una oportunidad de aprendizaje y que los alumnos lo vivan con total seguridad”.

Según Susín, ya se están distribuyendo 102.000 kits que llegarán en los próximos días a más de 600 centros de Educación Infantil y Primaria de las tres provincias aragonesas. El objetivo es que el material esté disponible antes de que finalice el periodo lectivo la próxima semana, de modo que los estudiantes puedan familiarizarse con el fenómeno antes del 12 de agosto.

Cada sobre contiene unas gafas homologadas y un folleto didáctico. Además, llevan impreso el mensaje 'No abrir hasta el 12 de agosto', una fórmula que busca añadir un componente de expectación y, al mismo tiempo, evitar el deterioro del material antes del eclipse, según ha detallado la consejera de Educación.

La campaña, bajo el lema «Disfruta del eclipse con seguridad», forma parte de un conjunto de iniciativas coordinadas entre varios departamentos del Gobierno de Aragón. Entre las recomendaciones básicas figuran proteger siempre la vista, observar el fenómeno bajo supervisión adulta, mantenerse hidratado y adoptar medidas de protección frente al sol y los insectos en caso de desplazarse a zonas rurales. El objetivo, ha concluido la consejera, es «convertir un momento histórico en un recuerdo imborrable».

Posibles restricciones de movilidad durante el eclipse

Preguntado por las críticas de las asociaciones de transporte de Navarra al borrador que plantea restringir la circulación de vehículos pesados durante el eclipse, Bermúdez de Castro ha defendido la necesidad de adoptar todas las medidas preventivas necesarias. “Tomaremos las medidas oportunas para velar por la seguridad de todos los aragoneses. Algunos sectores se verán afectados, pero es nuestra obligación”, ha indicado.

En este sentido, ha avanzado que el Gobierno de Aragón estudia limitar el acceso de vehículos a motor a determinadas zonas de montaña de la provincia de Teruel. “Seguro que alguna empresa de turismo activo se quejará, pero tenemos que preservar la seguridad de nuestros ciudadanos”, ha añadido.

Respecto a posibles restricciones en autovías y carreteras, el consejero se ha remitido a las competencias de la Administración General del Estado. “Esa decisión la adoptará el Gobierno de España y nosotros la respaldaremos”, señaló.

Bermúdez de Castro recordó además que el año pasado ya se adoptaron medidas impopulares durante episodios de alto riesgo por incendios forestales y temperaturas extremas, medida por la que el Ejecutivo recibió duras críticas por parte algún sindicato por impedir la actividad en el campo, “pero lo hicimos por los riesgos existentes», ha argumentado.

Las asociaciones del transporte de Navarra han criticado el borrador del Gobierno foral que plantea prohibir la circulación de camiones y vehículos pesados en toda la red viaria navarra desde las 00.01 horas del 12 de agosto hasta las 08.00 horas del 13 de agosto con motivo del eclipse solar. El sector considera la medida desproporcionada, ya que supondría paralizar el tráfico durante más de 30 horas para un fenómeno cuya fase de totalidad apenas durará unos minutos.

Además, advierten de que Navarra es un eje estratégico para el transporte de mercancías hacia Europa y que las restricciones podrían afectar a las cadenas de suministro y a los accesos transfronterizos. También alertan de un posible efecto embudo en Aragón, una de las zonas con mayor afluencia prevista de visitantes para observar el eclipse, al concentrarse miles de camiones en áreas de servicio y vías próximas. Por ello, reclaman que la seguridad vial se gestione de forma coordinada entre administraciones sin necesidad de bloquear por completo la red viaria navarra.

Aragón Existe ha alertado de la escasa cobertura de plazas de Medicina de Familia y Médico de Atención Continuada en buena parte del territorio aragonés tras el llamamiento de Atención Primaria del pasado 3 de junio. La formación destaca el fuerte contraste entre sectores sanitarios: mientras en Zaragoza capital se cubrió el 93% de las plazas de Medicina de Familia ofertadas, en Barbastro apenas se alcanzó el 12,5% y en Alcañiz el 15,4%.

“Es obvio que la mayoría de los profesionales sanitarios prefieren Zaragoza capital, donde reside la mayor parte de la población, pero las vacantes que han quedado sin cubrir evidencian que las medidas impulsadas por el Gobierno de Aragón para atraer médicos al medio rural son insuficientes e ineficaces”, sostiene Valero Aguayos, coordinador de Aragón Existe y alcalde de Estada.

Entre las plazas que han quedado desiertas figura la de Medicina de Familia para el cupo de Estada y Estadilla. “Nos han prometido sustituciones semanales, pero eso no permite un seguimiento a largo plazo de los pacientes, especialmente de quienes requieren tratamientos crónicos. Necesitamos continuidad asistencial y que el médico conozca a las personas a las que atiende”, afirma Aguayos.

La formación subraya que la falta de cobertura no afecta únicamente a pequeños municipios rurales. Según señala, también han quedado sin adjudicar plazas en localidades como Caspe, Barbastro, Monzón o Sabiñánigo. “El problema no se limita al medio rural; también alcanza a ciudades de la periferia aragonesa, lo que demuestra la dificultad para atraer médicos a las comarcas más alejadas de Zaragoza”, añade.

Aragón Existe recuerda además que durante la pasada legislatura planteó medidas para incentivar la llegada de facultativos al medio rural, como ayudas a la vivienda, apoyo a la investigación, contratos de larga duración o complementos salariales específicos. Sin embargo, asegura que estas propuestas no se han materializado y que los problemas de cobertura persisten, e incluso se han agravado en algunos municipios como Estada y Estadilla.

Yamir Moreno, director del Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI) de la Universidad de Zaragoza y Responsable del Grupo de Redes y Sistemas Complejos (COSNET), acaba de ser galardonado con el Premio 'Outstanding Service Award' de la Network Science Society (NSS), en el marco de un congreso celebrado en Boston, Massachusets, por su liderazgo y contribución al crecimiento y consolidación de la sociedad, así como por la gobernanza, la organización de múltiples conferencias y eventos y el trabajo editorial en el campo de las redes complejas.

El profesor Moreno se consolida de esta forma como una de las figuras más influyentes en el panorama internacional de la ciencia de redes a través de una trayectoria marcada por un profundo impacto institucional y académico. Sus aportes han contribuido a transformar una teoría emergente, surgida hace más de dos décadas, en un marco científico sólido y riguroso dedicado al estudio de los sistemas interconectados a escala global. En este sentido, su labor al frente del Instituto BIFI ha posicionado también a la Universidad de Zaragoza como un referente estratégico en la investigación interdisciplinar en el campo de las redes complejas, fomentando un ecosistema de excelencia que combina la Física junto con otras disciplinas para abordar importantes desafíos. Sus investigaciones abarcan desde los fundamentos teóricos hasta aplicaciones prácticas, y cuenta con más de 300 publicaciones científicas en revistas de alto impacto y más de 59.000 citas (Google Scholar, h-index=93).

Entre sus principales líneas de investigación en el campo de las redes complejas destacan la epidemiología computacional, los procesos de difusión de información, las dinámicas de cooperación en redes sociales, la teoría de juegos evolutivos, el estudio de las redes multicapa y de las redes de orden superior, así como la biología matemática en el contexto de enfermedades interactivas y el estudio de los fenómenos de sincronización y procesos no lineales.

Por otra parte, el profesor Moreno ha desempeñado un papel determinante en la gobernanza de las organizaciones científicas más prestigiosas del campo, habiendo ejercido la vicepresidencia y presidencia, tanto de la Network Science Society (NSS) como de la Complex Systems Society (CSS). Durante su mandato en la Network Science Society, impulsó la cohesión de la comunidad científica internacional y fortaleció las estructuras de colaboración que definen el campo, fomentando la inclusión social y de género, la interdisciplinariedad, y el papel activo de las nuevas generaciones. Además, ha sido galardonado como Fellow de la American Physical Society (APS), de la propia NSS, y se le ha otorgado el premio Senior Scientific Award de la CSS. En el ámbito editorial, ejerce en la actualidad como editor en jefe del 'Journal of Complex Networks' y forma parte de los consejos editoriales de reconocidas revistas científicas.

“Siempre he creído que apoyar y fortalecer una comunidad científica es tan importante como hacer avanzar la ciencia misma”, ha destacado el profesor Yamir Moreno al recibir este galardón dentro de las actividades de la Conferencia NetSci 2026, desarrollado del 1 al 5 de junio en Boston, Massachusets. “La ciencia de redes ha crecido enormemente en las dos últimas décadas hasta convertirse en un campo interdisciplinar, capaz de reunir a investigadores provenientes de la física, las matemáticas, la informática, la biología, las ciencias sociales y muchas otras áreas. Quiero compartir este reconocimiento con todos aquellos con los que he tenido la suerte de trabajar durante todos estos año”, ha añadido.

La Guardia Civil de Teruel ha ejecutado la Operación 'Troska', deteniendo a siete personas como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal en el Bajo Aragón. El juez de Alcañiz ha decretado el ingreso en prisión provisional de seis de ellos.

Las actuaciones llevadas a cabo por el Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de Policía Judicial de la Comandancia de Teruel y el Equipo Roca de Alcañiz se iniciaron como consecuencia de detectar un punto de venta al menudeo en un domicilio ubicado en Alcañiz.

Las investigaciones llevadas a cabo, debido especialmente a la zona en la que se ubicaba la vivienda, comenzaron a mediados del mes de enero y la operación ha concluido el 2 de junio. Los agentes averiguaron la ubicación de una segunda vivienda en Alcorisa, dedicada igualmente a la distribución de sustancias estupefacientes al menudeo y a funciones de almacenamiento de droga o 'guardería'.

Las investigaciones llevaron a los guardias civiles a proceder a la detención de una de las personas en localidad de Almudévar (Huesca), donde los agentes también organizaron varios operativos durante la operación.

Por lo anterior, la Guardia Civil ha detenido a siete personas, seis mujeres y un hombre, y ha aprehendido varias cantidades de cocaína, MDMA, speed, marihuana y pastillas de éxtasis, así como material y elementos para corte y distribución al menudeo, dinero en efectivo y básculas de precisión.

En la explotación de la operación han participado agentes de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial, Equipo Roca de Alcañiz, USECIC, agentes de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Alcañiz y Servicio Cinológico de Zaragoza y Huesca.

Con estas detenciones la Guardia Civil de Teruel da por desarticulado el grupo, habiendo puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcañiz número 2 a los detenidos, que es quien ha supervisado las investigaciones, y donde la Autoridad Judicial ha decretado el ingreso en prisión para seis de ellos.

S. tiene 19 años, arrastra un importante problema de salud mental derivado de una encefalitis sufrida durante su adolescencia y cuenta con una medida judicial de protección. Sin embargo, su realidad cotidiana sigue siendo las calles del barrio del Gancho, en Zaragoza. La historia de S., cuyo nombre completo se omite para preservar su intimidad y dignidad, ha encendido las alarmas de la asociación Acullir, una entidad formada por personas que pasaron por el sistema de protección de menores y profesionales que han trabajado en él. Desde hace meses intentan acompañarlo, alimentarlo cuando pueden y reclamar una solución institucional que, aseguran, todavía no ha llegado.

“No estamos hablando de una persona que simplemente esté atravesando una situación económica difícil. Estamos hablando de un joven que no tiene capacidad para cuidarse a sí mismo”, explica Pascual Jiménez, responsable del programa Enfilar de Acullir y educador jubilado.

La entidad conoció su caso en abril, después de recibir la llamada de una vecina preocupada por un joven que veía dormir en la calle en condiciones extremas. Al principio, recuerdan, este joven argelino desconfiaba de cualquiera que intentara acercarse.

“Poco a poco fuimos reconstruyendo su historia. No tenía documentación, apenas información sobre su situación administrativa y nos fue llevando a lugares donde lo conocían. Así supimos qué había pasado por el sistema de protección de menores, que había sufrido una encefalitis y que existía una resolución judicial que establecía una curatela por su situación de salud mental”, relata Jiménez.

Según la información recopilada por la asociación, la enfermedad que sufrió le dejó importantes secuelas neurológicas, debido a una desmielinización en las neuronas frontales, que afectan especialmente al control de impulsos y a su capacidad para gestionar situaciones cotidianas. También pasó por distintos recursos especializados de atención psiquiátrica, entre ellos Prisma y Nuestra Señora del Carmen.

Una protección que no evita el desamparo

El aspecto que más preocupa a quienes lo acompañan es la contradicción que observan entre la existencia de una medida judicial de protección y su situación actual. Tal como adelantó Heraldo de Aragón, el Juzgado de Primera Instancia número 13 acordó en diciembre de 2025 una curatela para proteger al joven y asignó su tutela al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Sin embargo, tras ser expulsado de distintos recursos por conductas disruptivas asociadas a su enfermedad, S. acabó de nuevo en la calle.

“Lo sangrante es que existe una orden de protección y, aun así, está durmiendo sobre el pavimento”, lamenta Jiménez.

La asociación remitió hace dos semanas un escrito al juzgado y a la Fiscalía alertando de la gravedad de la situación y solicitando medidas urgentes. “Les comunicamos que se encuentra sin tratamiento, sin seguimiento médico, desnutrido y viviendo en la calle. Ni siquiera tiene capacidad para procurarse algo tan básico como unas mantas o un colchón para dormir”, explica.

Desde Acullir insisten en que no cuestionan la complejidad del caso ni las dificultades para encontrar recursos adecuados, pero consideran que la falta de una respuesta efectiva está dejando al joven en una situación de abandono.

“La institución nos trasladó que no dispone de un recurso adaptado para él después de haber sido expulsado de otros centros. Sin embargo, mientras tanto el chaval sigue en la calle y cada día que pasa su situación empeora”, afirma.

En ausencia de una solución estable, la supervivencia de S. depende en buena medida de una red informal de apoyos protagonizada por vecinos del barrio, entidades sociales y algunos profesionales que cubren sus necesidades básicas cuando pueden. Todos ellos, como cuentan desde Acullir, le dejan comida, lo orientan hacia recursos asistenciales o le ofrecen refugio de forma puntual.

“Hemos encontrado muchísima solidaridad en el barrio. Todo el mundo que lo conoce está preocupado por él”, señala Jiménez a elDiario.es.

Sin embargo, esa solidaridad tiene límites porque, tal y como indica, se trata de una asociación pequeña en la que pueden acompañarlo, hablar con él e intentar mover su caso con administraciones y juzgados. “No tenemos capacidad para garantizar su atención diaria ni para ofrecerle el recurso especializado que necesita”, reconoce.

La situación se agrava porque las dificultades derivadas de su enfermedad mental complican también el acceso a los servicios disponibles. Según explica la entidad, su impulsividad y sus problemas de convivencia han provocado conflictos en algunos recursos sociales y comedores, reduciendo todavía más sus posibilidades de cobertura básica.

Más allá de un caso individual

Aunque las circunstancias concretas de S. son especialmente graves, desde Acullir advierten de que el problema de fondo va mucho más allá de una única historia. Como afirman, la asociación trabaja con jóvenes extutelados que, al alcanzar la mayoría de edad, afrontan procesos de emancipación marcados por la precariedad, la soledad y la ausencia de redes familiares de apoyo.

“Nosotros acompañamos habitualmente a chicos que viven en parques, debajo de puentes o en situaciones de sinhogarismo. Es una realidad que existe y que cada vez vemos más”, lamenta Jiménez.

La diferencia, subraya, es que con muchos de esos jóvenes resulta posible construir itinerarios de inserción y autonomía. “Con ellos puedes hablar, planificar, buscar alternativas. En el caso de S. nos encontramos con la dificultad añadida de que no tiene capacidad real para gestionar su propia situación ni para seguir orientaciones de manera estable”, añade.

Por eso considera que el caso pone de manifiesto la necesidad de reforzar los recursos específicos para aquellas personas que, además de atravesar procesos de exclusión social, presentan trastornos mentales graves.

El debate sobre los recursos especializados

Desde el Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón aseguran que conocen la situación y que desde los servicios públicos intentan que el joven ingrese en un recurso especializado para personas con adicciones y otras patologías asociadas. Según señalan, el acceso sería gratuito en caso de carecer de ingresos, aunque requiere la aceptación voluntaria del usuario, algo que “todavía no se ha producido”.

En cambio, desde Acullir solicitan un “recurso adaptado a sus necesidades” porque “no es hablar de cualquier plaza, sino que necesita un centro psiquiátrico o especializado donde puedan atender su enfermedad y trabajar con él”.

El responsable de Enfilar recuerda que existen precedentes que demuestran que una atención adecuada puede funcionar: “Sabemos que en otros momentos estuvo integrado en determinados recursos. Por eso creemos que tiene que existir una alternativa capaz de responder a sus circunstancias concretas”.

En cuanto a la decisión de hacer pública la situación de S. no fue sencilla para la entidad. De hecho, aseguran que durante semanas intentaron activar distintas vías institucionales antes de dar el paso, pero la preocupación es “cada vez mayor”. “La razón por la que hemos decidido visibilizar este caso es la indignación que sentimos al verlo día tras día tirado en el suelo sin ninguna solución”, reconoce Jiménez.

De hecho, admite que temen “por su seguridad y por su vida” porque, mientras administraciones, servicios sociales y órganos judiciales estudian posibles respuestas, este joven de 19 años sigue recorriendo las mismas calles del centro de la capital aragonesa sin recursos, comida ni atención especializada.

Cuando se habla de innovación rural, la imagen suele remitir a drones sobrevolando campos, sensores que miden la humedad del suelo o aplicaciones capaces de gestionar explotaciones agrícolas desde un teléfono móvil. Sin embargo, en un pequeño pueblo del Pirineo aragonés, la innovación ha comenzado por algo mucho más sencillo: abrir un sobre de papel y sacar unas semillas que llevaban décadas esperando a que alguien les diera la oportunidad de sorprender con el valor que atesoran en su interior.

En Ara, un pueblo situado en la comarca de la Jacetania y que cuenta apenas 40 habitantes en invierno, la Fundación 3piedras, está impulsando el proyecto 'Pueblos con Semilla', desarrollado junto con la Red de Semillas de Aragón y el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA). La finalidad última es busca catalogar, conservar y multiplicar variedades tradicionales procedentes de las comarcas de La Jacetania y Alto Gállego. Una acción que ha sido reconocida con el primer premio Rural Emprende Aragón 2026, y que parte de una idea aparentemente simple: las semillas que durante generaciones seleccionaron y conservaron agricultores y familias pueden convertirse hoy en una herramienta para afrontar algunos de los principales retos del medio rural, devolviéndolas al campo y a la economía local.

Los impulsores de 'Pueblos con semilla' defienden que cada una de esas semillas “guarda mucho más que una planta”, asegura Beatriz Bañales directora de 3piedras —la cara más visible de esta iniciativa—. Cada semilla conserva dentro de sí adaptación al territorio, resistencia al clima, conocimiento sobre manejo de las tierras y una forma de entender la agricultura que en muchas zonas ha estado a punto de desaparecer.

Lo que se pierde cuando desaparece una semilla

Durante décadas, la modernización agrícola impulsó la sustitución de variedades locales por otras más homogéneas y productivas. El proceso cumplió su objetivo principal: aumentar los rendimientos, pero en su camino también provocó una importante pérdida de diversidad genética. En muchos pueblos del Pirineo aragonés, las antiguas variedades de judías, tomates, lechugas o cereales fueron desapareciendo poco a poco de los huertos familiares. Y con ellas también se fue parte de la memoria agrícola del territorio.

Algunas han sobrevivido porque personas mayores siguieron haciendo lo que “toda la vida se ha hecho”: guardar semillas año tras año. Sin embargo, otras no tuvieron tanta suerte y también ellas quedaron olvidadas en pequeños huertos de autoconsumo, y con la desaparición de sus guardianes muchas se perdieron para siempre.

Del banco de semillas al desarrollo rural

En este contexto, el trabajo de 'Pueblos con Semilla' consiste en localizar ese patrimonio vivo, recuperarlo y ponerlo de nuevo en circulación, “no como una pieza de museo”, advierten, sino como una herramienta útil para el presente, que se transforme en fuente de ingresos con capacidad para revertir en el territorio. 

Por eso, el proyecto va más allá de la conservación. Las líneas de trabajo también se centran en conectar productores y restauradores locales para crear una pequeña economía alrededor de estas variedades recuperadas, haciéndolas llegar a mercados de proximidad y consumidores interesados en alimentos ligados a la identidad local, y por supuesto a restaurantes, mediante la iniciativa 'Del Surco al Mantel'.

'Pueblos con Semilla' nació durante la pandemia de 2020. “Los viveros cerraron y nos quedamos sin semillas ni planteros para nuestros propios huertos”, cuenta Beatriz Bañales. De la necesidad de llenar de alimentos sus tierras nació la solución “empezamos a buscar semillas que cada uno tenía o que se habían ido conservando”, añade la directora de la Fundación, y cuando el rumor se extendió también llegó la sorpresa, porque “muchos otros vecinos tenían el mismo problema: no había semillas para los hortales. Y así nació este proyecto”, concluye Beatriz. Un ejemplo de aquel dicho popular que asegura que “de la necesidad, virtud”.  

Desde entonces, la iniciativa ha evolucionado hasta convertirse en el grupo de acción local del Alto Aragón dentro de la Red de Semillas de Aragón, promoviendo la recuperación, conservación e intercambio de variedades tradicionales. El proyecto cuenta ya con 40 guardianes de semillas, y reúne a agricultores, hortelanos y vecinos comprometidos con la biodiversidad cultivada y la soberanía alimentaria. Hasta la fecha, la iniciativa registra más de un centenar de referencias de 13 variedades distintas. 

Entre sus actividades destacan los encuentros formativos y de trabajo colectivo, como los talleres de poda y de semillas que se han llevado a cabo este año en localidades como Ara e Ibor, donde los participantes aprenden técnicas para la preparación de semilleros y colaboraron en la puesta a punto del banco de semillas del proyecto, sembrando variedades seleccionadas para su recuperación gracias a la labor de los denominados “guardianes de semillas”.

Innovar mirando hacia atrás

La experiencia les está enseñando a quienes la viven de cerca, por ejemplo, que “no es nada fácil hacer planteros propios desde la semilla, te hace tener una responsabilidad, necesitas entender cómo funcionan las plantas, elegir los mejores frutos y cuidarlos para evitar que se hibriden y así conservar la pureza”, confiesa Beatriz Bañales. Y mientras unos aprenden, otros, sobre todo las personas más mayores, se enorgullecen de llevar hasta la Fundación nuevas variedades de semillas antiguas. Porque para ellos son tesoros y viven con emoción el hecho de saber que volverán a ver ese tomate o esa hortaliza de nuevo en la tierra, como antaño. 

Una de las principales aportaciones que hace 'Pueblos con Semilla' es cuestionar la idea —muy extendida— de que innovar significa incorporar algo nuevo. En Ara, la innovación consiste en recuperar lo que estaba desapareciendo: recuperar recursos propios, conocimiento acumulado y biodiversidad, escuchando a quienes todavía recuerdan cómo se cultivan determinadas variedades. “Es volver a mirar las semillas guardadas durante generaciones”, y conectar ese saber local con la investigación científica, la gastronomía y los mercados actuales.

Mientras buena parte del mundo busca soluciones cada vez más sofisticadas para afrontar la crisis climática o la pérdida de biodiversidad, este pequeño proyecto nacido en el Pirineo aragonés lanza una pregunta incómoda, pero, al mismo tiempo sugerente: “¿Y si una parte del futuro del medio rural estuviera escondida en aquello que creíamos que pertenecía al pasado?”.

La construcción de vivienda pública y asequible se ha convertido en una de las principales apuestas urbanísticas del Ayuntamiento de Zaragoza y del Gobierno de Aragón. Sin embargo, la estrategia de recalificar parcelas reservadas para equipamientos públicos está provocando una creciente contestación vecinal en varios barrios de la ciudad, donde los residentes denuncian que se están sacrificando los últimos suelos dotacionales mientras siguen sin llegar servicios básicos prometidos desde hace años. Rosales del Canal, Parque Venecia, Picarral, Barrio Jesús o el entorno de la avenida de Cataluña comparten una misma reivindicación: antes de seguir aumentando la población, reclaman centros cívicos, institutos, instalaciones deportivas, centros de salud o espacios para mayores y jóvenes.

El caso más avanzado es el de Rosales del Canal. Allí, el Ayuntamiento cedió al Gobierno de Aragón una parcela reservada inicialmente para equipamientos educativos con el objetivo de construir vivienda asequible —aunque cuestionan que los precios planteados se puedan considerar asequibles— . La decisión ha acabado en los tribunales tras el recurso presentado por vecinos del barrio, que consideran que el solar debía destinarse a un instituto largamente reivindicado.

“Aquí seguimos esperando que se complete el colegio y que se construya el instituto que se prometió hace años”, denuncia Nacho Jordán, representante vecinal. Según explica, la parcela era la última reserva de suelo público disponible en el barrio y su pérdida compromete futuras dotaciones. “No estamos en contra de la vivienda protegida, pero no se puede solucionar un problema agravando otro”, sostiene. Explica que “no hay ni siquiera transporte público” y acusa al Ayuntamiento de estar alimentando la “confrontación vecinal” al tratar de enfrentarlos con los vecinos de Arcosur, que hay llegado a un acuerdo respecto a sus parcelas dotacionales. “Está muy bien que hagan equipamientos en Arcosur porque van a hacer falta, en Montecanal hace 30 años que no hacen nada, en Arcosur 19. Están instrumentalizando los equipamientos en detrimento de los barrios que llevamos 20 o 30 años esperando”. Desde la plataforma vecinal de Arcosur explican que tuvieron una reunión “hace semanas” y aseguran que no han recibido “ninguna novedad ni información adicional sobre la planificación, los plazos o las actuaciones concretas que se puedan llevar a cabo”.

La situación se repite en Parque Venecia, donde los vecinos rechazan la construcción de unas 200 viviendas previstas en dos parcelas inicialmente destinadas a equipamientos. El barrio, con más de 12.000 habitantes, sigue sin instituto, centro cívico o instalaciones deportivas propias. “No es que pidamos algo extra; es que no tenemos prácticamente nada”, resume Carlos Malo, portavoz de una de las plataformas vecinales. Según detalla, comparten el centro de salud con Torrero, los colegios están “más que llenos”, han puesto barracones, “los que van ahí para el comedor tienen que cruzar la carretera, no hay instituto, no hay zonas de ocio, ni una sola parcela deportiva. Es el segundo barrio con más natalidad, no hay equipamientos y aún faltan tres promociones privadas y aún así vas a meter dos más con calzador, es inviable”

Malo expone que en esta zona de la ciudad “no hay manera de sacar terrenos, somos como una isla” y acusa al Ayuntamiento de haberse “olvidado del barrio”: “No es que no queramos vivienda porque se nos antoja, queremos que vean como de abandonado está el barrio”.

También en el Picarral ha surgido una fuerte oposición a la recalificación de un solar deportivo en la calle Luis Pinilla. Los vecinos alertan de que el barrio afrontará la llegada de miles de nuevos residentes con el desarrollo de Aceralia mientras continúa sin centro cívico, guardería municipal o centro de día. “No quedan más solares y luego dirán que no hay dónde hacer esos equipamientos”, lamenta Ana Lasierra, portavoz de la plataforma vecinal.

Lasierra asegura que se enteraron de este plan por la prensa y critica que no hay ningún suelo deportivo en el barrio: “Darle ese uso sería lo ideal. Aunque tenemos otras carencias: el centro de salud se queda pequeño, los colegios públicos e institutos se han quedado pequeños y la mayoría de edificaciones públicas necesitan ampliaciones”. 

Una preocupación similar existe en el entorno de la avenida de Cataluña. David Martos, presidente de una cooperativa de viviendas, asegura que la parcela cedida para vivienda pública estaba reservada originalmente para equipamientos como colegios o guarderías. “Nadie está en contra del alquiler asequible, pero en esta zona sobra suelo para construir vivienda y faltan servicios públicos”, afirma. Los vecinos alertan además de la saturación del centro de salud de La Jota y del fuerte crecimiento poblacional previsto en los próximos años: “El centro de salud está desbordado, con un 30% o 40% de cartillas por encima de lo que le corresponde, todo lo que se está construyendo en el barrio supondría entre 10.000 y 15.000 personas más”. 

Además, considera que se ha elegido esta parcela porque estaba ya preparada: “Está urbanizado el entorno, es llegar y ponerse a construir. Sin embargo, hay una barbaridad de terreno para construir en el barrio, por eso consideramos que no es correcto utilizar esa que estaba destinada a equipamientos públicos”. 

El Barrio Jesús fue el primero en movilizarse. Tras las protestas vecinales y la intervención del Justicia de Aragón, el Ayuntamiento acabó descartando la construcción de viviendas en uno de los solares afectados. Los residentes reclaman que el terreno se destine a un centro intergeneracional con servicios para mayores y jóvenes. “Llevamos más de 25 años esperando equipamientos y cada vez somos más vecinos”, señala Raúl Gascón.

En otro de los solares en disputa los vecinos proponen un pabellón deportivo, que ha salido presupuestado varias veces pero “nunca han destinado ningún dinero”: “Somos una zona que creció en los 90 y el único equipamiento es un colegio público del que se quedan cada año 20 o 30 niños fuera. Es una zona en la que en los últimos años han venido más de 3.000 vecinos con los mismos equipamientos, antes de hacer más vivienda hace falta hacer servicios para esos nuevos vecinos”. 

Un plan de vivienda “irrenunciable” según el Ayuntamiento

Frente a estas críticas, el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, defiende que el plan de vivienda impulsado junto al Gobierno de Aragón es “absolutamente necesario e irrenunciable”. El edil sostiene que los barrios afectados disponen de superficie suficiente para seguir desarrollando equipamientos en el futuro y asegura que el Ayuntamiento está dispuesto a estudiar alternativas propuestas por los vecinos, aunque insiste en que la construcción de vivienda pública seguirá adelante.

Según explica, la elección de parcelas dotacionales responde también a criterios técnicos y económicos, ya que son terrenos que ya cuentan con infraestructuras urbanas ejecutadas, como calles, aceras o servicios básicos, lo que permite acelerar los proyectos. Además, asegura que en los barrios afectados siguen existiendo metros cuadrados suficientes para desarrollar futuros equipamientos. Serrano recuerda que el Ayuntamiento ha mantenido reuniones con representantes vecinales de Rosales del Canal, Parque Venecia, Arcosur y otros barrios para escuchar sus reivindicaciones. “Si tienen ubicaciones que entienden mejores, las estudiaremos”, señala. No obstante, insiste en que la construcción de vivienda pública continuará adelante. “Les trasladamos que el plan de vivienda es absolutamente necesario e irrenunciable y vamos a perseverar”, afirma.

El edil sostiene además que algunas de las demandas planteadas ya están siendo atendidas. En el caso de Parque Venecia, asegura que se está trabajando en el futuro centro cívico del barrio, mientras que en otras zonas se han ejecutado actuaciones menos visibles para los vecinos, como infraestructuras destinadas a prevenir inundaciones y otros fenómenos meteorológicos extremos. Frente a las acusaciones de que se están eliminando los últimos suelos disponibles para equipamientos, Serrano defiende que los barrios todavía disponen de reservas suficientes para seguir desarrollando servicios públicos “como no puede ser de otra manera”.

Un joven vecino de Tamarite de Litera (Huesca) se encuentra ingresado en estado grave en el Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lérida tras haber inhalado fosfuro de aluminio, un pesticida de elevada toxicidad que exige medidas de precaución extremas durante su manipulación.

El aviso se ha recibido sobre las 12.45 horas de este viernes a través del teléfono de emergencias 112, en el que se daba cuenta de un joven de unos 20 años que había sufrido una intoxicación química grave en su lugar de trabajo en una asistencia para la que se ha requerido la colaboración de los bomberos en el Centro de Salud de Tamarite de Litera.

Tras recabar de inmediato el asesoramiento técnico del Instituto Nacional de Toxicología, con sede central en Madrid, los mandos del operativo han decidido activar los protocolos de riesgo químico.

Para garantizar la total seguridad tanto del paciente como del personal sanitario durante la evacuación, dos bomberos equipados con trajes estancos especiales y equipos de respiración autónoma (ERA) han viajado en el interior de la ambulancia junto al herido.

El convoy médico ha contado además con el apoyo y escolta de un vehículo de intervención química de los Bomberos de la DPH durante todo el trayecto desde Tamarite de Litera hasta el Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lérida, donde el joven ha quedado ingresado bajo cuidados médicos.

Representantes de los consejos de Salud de las distintas zonas básicas del sector Barbastro (Huesca), junto con la Plataforma en Defensa del Hospital de Barbastro y la Plataforma de Afectados por Oncología del Hospital de Barbastro, han mantenido una reunión de trabajo esta semana en Monzón para aprobar un documento conjunto sobre la situación sanitaria del sector y las necesidades detectadas en Atención Primaria, Hospital de Barbastro y atención oncológica.

A la reunión han asistido 11 de los 15 consejos de Salud del sector Barbastro y representantes de la Plataforma en Defensa del Hospital de Barbastro y de afectados de Oncología del mismo Hospital.

El documento es el resultado de un proceso participativo iniciado el pasado mes de mayo, cuando los distintos Consejos de Salud acordaron analizar y debatir en sus respectivos ámbitos los documentos elaborados por las entidades participantes. Tras ese trabajo previo, las aportaciones realizadas han sido puestas en común y consensuadas en una posición única compartida.

Los asistentes han aprobado asimismo una hoja de ruta común para trasladar las conclusiones y propuestas recogidas en el documento a las distintas administraciones e instituciones competentes. “El acuerdo alcanzado constituye un acuerdo formal de participación ciudadana, respaldado por los órganos de representación sanitaria de la zona, y refleja la preocupación existente por garantizar una atención sanitaria pública suficiente, cercana, accesible y de calidad para toda la población del Sector Barbastro, especialmente en el medio rural”, explican.

Las preocupaciones trasladadas se basan en tres ejes principales: la preocupación por la falta de profesionales en el Hospital de Barbastro, la situación del servicio de oncología del hospital y la situación de la Atención Primaria del sector.

Los Consejos de Salud consideran que la sanidad pública constituye un elemento esencial para la cohesión territorial, la igualdad de oportunidades y el mantenimiento de la calidad de vida en nuestros municipios, “y esta preocupación queremos trasladarla desde la ciudadanía y desde los profesionales del sector”.

Trabajo coordinado

Por ello, el documento será remitido a los ayuntamientos, comarcas, Diputación Provincial de Huesca, grupos parlamentarios con representación en las Cortes de Aragón, Dirección de Atención Primaria y del Hospital de Barbastro, Gerencia del Sector Barbastro, Gerencia del Salud, Consejería de Sanidad y a la Justicia de Aragón, al mismo tiempo que solicitarán reuniones presenciales con alguna de las entidades.

Los participantes han manifestado su voluntad de continuar trabajando conjuntamente y mantener mecanismos de coordinación y seguimiento que permitan evaluar la evolución de la situación sanitaria y las respuestas que puedan ofrecer las distintas administraciones.

La defensa de una sanidad pública fuerte, cercana y adaptada a las necesidades de un territorio rural como el altoaragonés constituye un objetivo compartido por todos los Consejos de Salud participantes que ahora cuentan con una nueva gerencia tras el nombramiento este viernes de Carmen Tosat Manch, actual presidenta del Colegio de Enfermería de Huesca y profesora de la Escuela Universitaria de Enfermería de la capital altoaragonesa.

Mientras la renta agraria española creció un 12,9% en 2025 respecto al año anterior, según el Ministerio de Agricultura, Aragón continúa perdiendo agricultores y ganaderos profesionales a un ritmo “preocupante” para las organizaciones agrarias profesionales. En apenas siete años han desaparecido 1.896 autónomos agrarios, una cifra que equivale a más de cinco profesionales abandonando sus campos o sus granjas cada semana desde 2018. Detrás de las estadísticas se esconden historias personales que se repiten en numerosos pueblos aragoneses. Es el caso de Javier —nombre ficticio a petición del afectado—, agricultor de una comarca cerealista de Zaragoza que decidió cesar su actividad en 2024 tras más de tres décadas trabajando sus tierras. La sucesión de campañas marcadas por el aumento incesante de los costes de producción, los bajos precios de mercado y la falta de relevo familiar acabaron inclinando la balanza hacia el cierre de la explotación.

“Los números cada vez salían peor. Cuando terminabas una campaña y hacías cuentas, veías que habías trabajado todo el año para ganar menos que hace diez años. Mis hijos tienen otros trabajos y no querían continuar. Llegó un momento en que no compensaba seguir”, explica. Su caso no es excepcional. Las organizaciones agrarias coinciden en que buena parte de las bajas registradas corresponden a explotaciones familiares que no encuentran sucesión o que optan por arrendar sus tierras a explotaciones de mayor tamaño.

Los datos presentados en rueda de prensa por la organización agraria UAGA en su balance agrario de 2025, reflejan una tendencia que preocupa a todo el sector. En noviembre de 2025 Aragón contaba con 17.008 trabajadores autónomos agrarios, frente a los 18.904 registrados en 2018. La caída se ha acelerado en los últimos años: solo desde enero de 2023 se han perdido 729 profesionales. La reducción afecta tanto a hombres como a mujeres, aunque estas últimas continúan representando apenas una cuarta parte de los titulares de explotación. En noviembre de 2025 había registradas 4.185 agricultoras y ganaderas autónomas frente a 12.823 hombres.

Más producción, pero menos personas

Aunque las explotaciones que permanecen activas han logrado mejorar sus resultados en determinados sectores gracias a mejores cosechas y a una cierta recuperación de precios en algunos mercados, cada vez son menos las personas que viven directamente de la agricultura y la ganadería. Una paradoja que preocupa a las organizaciones agrarias.

El secretario general de UAGA-COAG Aragón, José María Alcubierre, ha advertido en varias ocasiones durante el último año de que la rentabilidad sigue siendo el principal problema estructural del campo aragonés. Tras presentar el balance agrario de 2025, Alcubierre ha resumido la situación con una frase contundente: “Ha sido un buen año de producción, pero no de ingresos”. Una circunstancia que, según la organización, dificulta el relevo generacional y acelera el abandono de explotaciones familiares.

Desde UAGA recuerdan que detrás de cada baja en el Régimen Especial Agrario no solo desaparece una actividad económica, sino “también una familia vinculada al territorio, una explotación que deja de generar empleo” y con ella, se reduce la capacidad para fijar población en el medio rural.

El resto de organizaciones profesionales agrarias comparten esta misma preocupación. Desde ASAJA Aragón, por ejemplo, vienen alertando desde hace años sobre el envejecimiento de los titulares de explotación y las dificultades para incorporar jóvenes al sector. Su presidente, Fernando Luna, incide en que los costes de producción, la burocracia y la incertidumbre normativa están desincentivando la entrada de nuevas generaciones.

En términos similares se expresan desde la organización UPA Aragón, que insiste en que el problema no es únicamente económico, y pone el acento en el hecho de que las pequeñas y medianas explotaciones familiares soportan cada vez mayores exigencias administrativas mientras ven que su capacidad de negociación frente a los grandes distribuidores es cada vez menor.

Desde ARAGA, en este mismo sentido, recuerdan el papel esencial de los agricultores y ganaderos en el sostenimiento de la actividad económica en el medio rural y en el mantenimiento de su población para vertebrar el territorio. 

Desde ARAGA entienden que “si bien el abandono de la actividad agroganadera es un problema que debe preocuparnos, este podría paliarse en cierta medida facilitando el proceso de incorporación de jóvenes agricultores”, apunta la organización. Se trata de un colectivo que “no solo tiene muchas dificultades de acceso a la tierra, sino que además tiene que lidiar con una administración que tarda varios años no solo en resolver los expedientes de incorporación, sino también en hacer los pagos de las ayudas”, lamenta ARAGA. Unas ayudas que son “fundamentales” para hacer viable un negocio en el sector primario para cualquier joven que desee desarrollar un proyecto de vida en torno a la agricultura o la ganadería. 

El reto del relevo generacional

Las organizaciones agrarias coinciden en alertar que el principal desafío para los próximos años pasa por facilitar la incorporación de jóvenes agricultores y ganadero, y reclaman la simplificación de la Política Agraria Común (PAC), medidas que garanticen precios justos y una mayor rentabilidad de las explotaciones.

La incorporación de nuevas tecnologías, la diversificación de cultivos y la modernización de regadíos son oportunidades para mejorar la competitividad del sector. Sin embargo, quienes las tienen que aplicar insisten en que ninguna estrategia será suficiente si la actividad agraria deja de resultar atractiva desde el punto de vista económico. “Sin ingresos, nadie quiere trabajar”, añade Javier. 

Porque mientras las cifras de renta agraria muestran una imagen positiva del sector, los datos de afiliación cuentan otra historia. Exponen en cifras la realidad de un campo que produce más, pero con cada vez menos agricultores y ganaderos al frente de las explotaciones, especialmente, mujeres.

Explotaciones más grandes y menos agricultores

La pérdida de profesionales no implica necesariamente una reducción de la superficie cultivada. De hecho, buena parte de las tierras que abandonan los agricultores que se jubilan entran a formar parte de explotaciones vecinas. Visto a ojo de águila, esta absorción de tierras genera un proceso de concentración de la tierra cada vez más visible.

Nuevamente, organizaciones agrarias y profesionales del sector primario advierten de que este fenómeno puede mejorar la eficiencia económica en determinadas zonas, pero también tiene consecuencias sociales importantes y negativas en las zonas rurales más alejadas de núcleos urbanos y en las más despobladas. Menos titulares supone menos actividad económica directa que deriva en una reducción progresiva de la población vinculada al sector primario y a los pueblos.

Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, más del 40% de los titulares de explotación en España supera ya los 65 años, mientras que los menores de 40 representan un porcentaje muy reducido. Una tendencia que también se refleja en Aragón y que preocupa especialmente en las zonas más despobladas.

Los inquilinos de las primeras 78 viviendas de las 384 de alquiler asequible que impulsa el Ayuntamiento de Zaragoza podrán entrar a vivir este verano tras adjudicarse en un sorteo “público y transparente” a través de una plataforma en la que se tendrá que inscribir los interesados y que gestionará la empresa Brial, que es la constructora ha levantado este bloque en el distrito de Valdefierro.

En los próximos días, la compañía anunciará la apertura de la plataforma digital para ofrecer toda la información y se abrirá un plazo de dos semanas para que se formalicen las inscripciones. Así lo ha detallado este viernes la alcaldesa, Natalia Chueca, en su visita a las nuevas viviendas, que tendrán unos precios del alquiler “de entre 414 y 548 euros mensuales”.

Pasado ese plazo, se hará la adjudicación “totalmente transparente para que todos los interesados tengan las mismas oportunidades y se hará un sorteo ante notario de tal forma que los agraciados puedan ser los próximos inquilinos”, ha continuado la alcaldesa en su visita a un bloque de 18 pisos en la calle de Mercurio, 24-26.

Cada promoción de las próximas que se van a inaugurar en la capital aragonesa tendrá su propia bolsa de aspirantes, siempre a iniciativa de la correspondiente constructora.

En estas 78 viviendas van a poder vivir más de 300 personas y, aunque en general son de dos habitaciones, también las hay de otra tipología para atender distintos perfiles de ciudadanos, como viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida y otras para familias numerosas, con un máximo de entre 6 y 7 personas.

“Es un hito importante”, ha enfatizado Chueca para añadir que esta viviendas cumplen uno de los requisitos exigidos para obtener fondos europeos que es la eficiencia energética con el consiguiente beneficio “no solamente en reducir las emisiones de CO₂, sino también un beneficio directo en el bolsillo de los futuros inquilinos porque van a tener un coste mínimo en los suministros”, ha hecho notar Chueca.

Otros distritos

En una comparecencia ante los medios tras recorrer dos de los inmuebles, Chueca ha recordado que Zaragoza ha impulsado 384 viviendas con fondos europeos que se ubican en distintos barrios y distritos, como en Valdefierro con 190 viviendas, incluida esta promoción de 78; y que se localizan en las calles de Mercurio, Andrómeda, Piscis, Júpiter, Osa Menor, Argos y Venus. En San José hay 58 viviendas; en Las Fuentes 112 pisos y en el Arrabal otros 24 a través de una cooperativa en el camino Torrecillas.

La fórmula elegida es la colaboración público-privada mediante la fórmula del derecho de superficie durante 50 años, prorrogable de 75 años, destinadas a la VPA de conformidad con la normativa vigente que regula los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social.

Las empresas adjudicatarias de estos proyectos, según ha informado el Ayuntamiento, han desarrollado estos inmuebles de alta calidad arquitectónica, con los sellos Passive Haus, LEED, BREEAM o WELL, y se encargarán ahora también de la gestión del mantenimiento y la explotación.

La construcción de estas 384 viviendas supone una inversión total de 56,3 millones de euros, de los que 15,5 millones vienen de fondos europeos Next Generation y el resto son fondos municipales. Una inversión municipal que permite “ampliar el parque de vivienda pública de Zaragoza y poner en marcha una de las políticas más ambiciosas que se pueden pensar y que hay ahora mismo en ninguna otra ciudad española”. Al respecto, Chueca ha comentado que, además de estas 384 viviendas con fondos europeos, hay hasta un total de 3.438 gracias al Plan Más Vivienda en colaboración con el Gobierno de Aragón.

En concreto, el Ayuntamiento de Zaragoza participa en la promoción de estas viviendas en régimen de alquiler asequible repartidas en doce distritos a través de 4 planes operativos. Uno de ellos es el Plan Más Vivienda, con 2.748 pisos nuevos a través de la alianza con el Gobierno de Aragón para usar suelos dotacionales infrautilizados; otro son los 384 pisos repartidos en 11 promociones mediante colaboración público-privada a través de fondos europeos.

El tercero es el Plan de Vivienda Zamoray-Pignatelli, con 125 pisos en una intervención directa municipal para regenerar el Casco Histórico con 29,1 millones de inversión –nueva planta y rehabilitación–; y el cuarto son otros 145 hogares a través de las políticas activas de Zaragoza Vivienda –32 pisos en Torrero, 13 en el Arrabal, calles de Horno y Lacruz, 37 en Miguel Servet o 27 compras a entidades bancarias–.

Requisitos y condiciones para acceder

En estos casos son viviendas públicas de alquiler asequible con cuotas que no pueden superar el 30% de los ingresos que tenga la unidad familiar, de tal forma que tendrán una bonificación para que pueda ser un precio asequible a todos los bolsillos.

Sobre todo, están pensadas en “las familias más jóvenes que buscan independizarse, tener su propia autonomía”, y en el caso del edificio de Valdefierro oscilarán entre los 414 euros y 548 euros. “Es la mejor prueba de que mi gobierno busca soluciones a los problemas con hechos y realidades”, ha recalcado.

La alcaldesa de Zaragoza ha avanzado que seguirá trabajando en esta línea para que “nuevas familias puedan empezar una nueva vida y crear un hogar”. Asimismo, ha querido hacer notar que hacer estas viviendas “no es fácil conforme a los pliegos muy exigentes de los requisitos que se exigen desde Europa y también hacerlo en tiempo”. Al respecto, ha comentado que muchas ciudades han renunciado a solicitar fondos europeos, Next Generation, precisamente por la “exigencia y el difícil cumplimiento” que tienen para los técnicos y para las instituciones, ya que obliga a trabajar en tiempo récord.

“Aquí se ha trabajado gracias a la colaboración público-privada, que hay que poner en valor desde la administración, pero también desde la iniciativa privada, como es el caso de la promotora Brial. Es para que nos sintamos orgullosos del trabajo que se está haciendo y de las oportunidades que estamos dando a los jóvenes en Zaragoza”, ha concluido.

La Guardia Civil ha informado este viernes de que el detenido por la muerte a golpes de un hombre en Caspe (Zaragoza), ocurrida en la noche del pasado miércoles, ha ingresado de forma preventiva en la prisión de Zuera (Zaragoza). Así lo ha decretado el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Caspe.

La jueza del Tribunal de Instancia de Caspe ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza para el arrestado, investigado como presunto autor de un delito de homicidio. La medida, solicitada por la Fiscalía, se fundamenta en el riesgo de fuga —ya que el detenido carecería de arraigo en España— y en los indicios que lo vinculan con la muerte del joven. Según recoge el auto judicial, existen indicios racionales de la comisión de un delito de lesiones con resultado de muerte ocurrido entre las 22:30 y las 23:15 en la Plaza Aragón de Caspe.

Además, un informe preliminar de los servicios forenses concluye que el fallecimiento se produjo por una causa violenta-homicida, al sufrir la víctima un traumatismo craneoencefálico que provocó su muerte inmediata. Los indicios apuntan a que la agresión se produjo durante una discusión mantenida en un bar de la localidad entre el detenido y el fallecido, tras la que este cayó al suelo inconsciente como consecuencia de los golpes recibidos. La investigación permanece abierta y la magistrada prevé tomar declaración a nuevos testigos en los próximos días.

Agentes de la Benemérita han detenido este jueves a un varón presuntamente implicado en una pelea ocurrida en la noche del miércoles en Caspe (Zaragoza), durante la que un joven de 27 años falleció a consecuencia de las lesiones sufridas.

Pasadas las 22:30 de este miércoles se recibió una llamada de colaboración ciudadana en Guardia Civil comunicando que se estaba produciendo una pelea entre dos varones en una céntrica plaza de la localidad de Caspe.

De inmediato se desplazaron al lugar efectivos de Guardia Civil y personal sanitario que localizaron a un joven tumbado en el suelo inconsciente. A pesar de las maniobras para tratar de reanimarlo falleció, siendo trasladado su cuerpo al Instituto de Medicina Legal de Aragón para efectuarse la correspondiente autopsia.

Se trata de un joven de 27 años, nacionalidad española y que en la actualidad residía en Caspe. Al mismo tiempo, la Guardia Civil estableció un dispositivo policial para la localización del presunto autor ya que, tras la agresión cometida, huyó del lugar.

Dispositivo que se fue ampliando conforme transcurría la jornada y en el que han participado agentes de diferentes especialidades trasladadas a la zona de esta comarca del Bajo Aragón/Caspe.

Gracias a este amplio operativo, a las 14:30 de este jueves se localizó con medios aéreos a un varón presuntamente implicado en los hechos que trataba de huir monte a través por una zona próxima a la A-230 y al Camino del Dique, siendo inmediatamente detenido por los agentes que participaban en el dispositivo y trasladado al cuartel de Valdespartera, en Zaragoza.

La lucha sigue. Los trabajadores y trabajadoras del sector de la limpieza de la provincia de Zaragoza están cansados y preocupados tras once días de huelga, pero siguen decididos a lograr un convenio colectivo que garantice unas condiciones laborales dignas. Los paros, convocados por UGT, CCOO y OSTA, afectan a más de 10.000 trabajadoras y trabajadores, la mayoría mujeres con contratos a tiempo parcial, y tienen incidencia tanto en edificios públicos como en instalaciones privadas.

Los representantes sindicales del sector de la limpieza han afrontado este viernes una nueva reunión de mediación en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) dentro del proceso abierto para tratar de desbloquear la negociación del convenio colectivo, después del intento frustrado del pasado 21 de mayo, en el que participaron el comité de huelga y las patronales del sector, la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL) y la Asociación Aragonesa de Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales (ASOAL). Este viernes lo han hecho con prudencia, pero también con la convicción de que la movilización está logrando situar sus reivindicaciones en el centro de la negociación colectiva. Sin embargo, ha quedado en punto muerto.

Los representantes de los tres sindicatos convocantes han explicado que, tras varios recesos, ASPEL y ASOAL han solicitado la suspensión del acto de mediación para el lunes 8 a las 15:00. Por tanto, la huelga no se suspende pero creen que el acto de mediación no ha fracasado. Además de mantener la manifestación de las 18:00, han convocado a los trabajadores una nueva concentración el lunes 8 de junio a las 14:30 a la puertas del SAMA.

La huelga —según los sindicatos— tiene un amplio seguimiento en el sector público, especialmente en los servicios dependientes del Ayuntamiento de Zaragoza y del Gobierno de Aragón, pero también en grandes empresas como Stellantis, donde el paro se mantiene al 100% entre la plantilla de limpieza. “Tenemos la fábrica sin limpieza hasta que no se arregle esto”, asegura José Ignacio, trabajador en huelga presente en la convocatoria ante el SAMA. Son más de cien trabajadores repartidos entre las secciones de pintura, otras áreas y oficinas, “toda la fábrica”: “Vamos a seguir y, si no se arregla, continuaremos en huelga hasta el final”, ha advertido.

También Manoli y David, trabajadores de Eulen en Saica, reivindican una subida salarial digna después de cuatro años con los salarios congelados y reclaman que no se recorten derechos, como ocurre con las bajas laborales, durante las que pierden tres días de retribución. “Estamos en una situación crítica porque llevamos muchos días de huelga y hay personas que solo cuentan con este salario. Si ya es bajo, imagínate”.

Reyes, trabajadora del servicio de limpieza de colegios de Serveo, lleva siete años como empleada fija y reclama un salario digno que se equipare al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). “El Ayuntamiento ha pagado el 3,5% de subida para este año y a nosotros nos quieren subir el 2,5%. Así que el 1% restante, ¿dónde se lo meten?”, cuestiona. También esperaba que, tras 11 días de huelga, se produjera este viernes un avance significativo y recuerda a las compañeras que “lo están pasando muy mal”. No obstante, asegura que “se arregle o no se arregle, vamos hasta el final”.

Mariano Jesús Álvarez Pila, secretario de Relación Sindical y Negociación Colectiva de CCOO Zaragoza, miembro de la mesa negociadora de limpieza y asesor del comité de huelga, aseguraba antes de la reunión que el colectivo llega a esta nueva fase del conflicto con tranquilidad, aunque sin grandes expectativas respecto a la actitud de las patronales. “Estamos en la buena línea, pero tenemos que tener cierta cautela porque tampoco esperamos nada bueno de las patronales”. Según ha explicado, la situación que vive Zaragoza no es un caso aislado, ya que la patronal estatal Aspel mantiene abiertos otros convenios colectivos en circunstancias similares. De hecho, ha recordado que los trabajadores de la limpieza en Valladolid podrían iniciar una huelga a partir del día 12. A su juicio, las empresas están intentando resistir para evitar asumir las reivindicaciones sindicales, centradas en incrementos salariales acordes al coste de la vida, la creación de un plus de edificio industrial para una parte específica del sector y una reducción de jornada que sea “real y efectiva”.

Desde UGT, el vicesecretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC), Esteban Lauroba, reconocía que la nueva reunión de mediación genera cierta expectativa entre los trabajadores. “Suponemos que si nos han convocado es porque saben que las cosas se pueden mover”, señaló antes de la reunión. Aunque evitó mostrarse optimista, destacaba que el colectivo mantiene intacta la esperanza y la fortaleza tras once días de movilización. Según aprecia que el sector atraviesa un momento de tensión y cansancio, pero también de determinación para conseguir un convenio colectivo que garantice unas condiciones laborales dignas. “Tienen ganas de acabar, pero también de que su convenio pueda firmarse en condiciones de decencia”, ha afirmado.

Por su parte, Alberto Navarro, secretario de Organización de OSTA y responsable del sector de limpieza, ha indicado que la huelga está teniendo efectos visibles tanto en el ámbito público como en el privado. “La gente tiene muy claro lo que quiere”, afirma, antes de destacar que durante estos once días de paro se ha hecho notar la presión ejercida por los trabajadores. Como ejemplo, ha citado la publicación de nuevos servicios mínimos en la Base Aérea de Zaragoza, una medida que, a su juicio, demuestra el impacto que está teniendo la movilización. Navarro ha insistido en que la plantilla no se conformará con las propuestas planteadas hasta ahora por la patronal y reclama un acuerdo que responda a las demandas del sector.

En cuanto al seguimiento de la huelga, ha asegurado que está siendo especialmente elevado en los centros dependientes del Ayuntamiento de Zaragoza y del Gobierno de Aragón, así como en numerosas fábricas del sector privado. Aunque reconoce que en otros ámbitos la incidencia es menor, ha destacado que las concentraciones convocadas durante estos días han reunido entre 700 y 800 personas. También ha cuestionado el papel del Ayuntamiento de Zaragoza, uno de los principales contratistas del sector, donde trabajan más de mil empleadas de limpieza. Según ha denunciado, el seguimiento del paro se ha producido pese a unos servicios mínimos que califica de “abusivos” y que, ha afirmado, no se habían aplicado con anteriores corporaciones municipales.

Durante la huelga, los representantes sindicales han recorrido diferentes centros de trabajo para informar a las plantillas y comprobar el seguimiento de los paros. Según Navarro, han visitado empresas como Profand, Saica, Balay y Amazon. En aquellos casos en los que se les ha impedido el acceso o se han encontrado obstáculos para desarrollar su labor sindical, las organizaciones sindicales han presentado denuncias ante la Inspección de Trabajo para que determine si se ha vulnerado el derecho de huelga y el derecho de los representantes de los trabajadores a acceder a los centros para informar a las plantillas.

El dirigente de OSTA también ha criticado el anuncio realizado por Balay sobre la posible aplicación de un ERTE al 100 % de su plantilla. Considera que la medida “no es ni justa ni necesaria” y pide a la empresa que la retire. A su entender, la decisión traslada a los trabajadores de la limpieza una responsabilidad que no les corresponde. “Están defendiendo sus derechos y sus intereses y por eso nadie tiene que ser penalizado”, ha afirmado.

Respecto al futuro inmediato del conflicto, Navarro ha dejado claro que la movilización continuará si la mediación no desemboca en un acuerdo satisfactorio. “Seguiremos adelante hasta el final para conseguir lo que hemos pretendido desde el primer día: un convenio digno para este sector”, ha advertido.

La provincia de Teruel se ha quedado sin neurólogos en el Hospital Obispo Polanco, una situación que ha obligado a derivar a Zaragoza a los pacientes con ictus que llegan a Urgencias y ha provocado la suspensión de las consultas externas de Neurología, según ha denunciado este jueves la Sociedad Aragonesa de Neurología (SARAN). La entidad científica alerta de que la ausencia de especialistas compromete la atención de una población de referencia de unas 84.000 personas de las provincias de Teruel y Guadalajara, además del Rincón de Ademuz, y reclama medidas urgentes para restablecer el servicio.

“La Neurología no es una especialidad prescindible. Atiende patologías frecuentes, complejas y, en muchos casos, tiempo-dependientes, como el ictus, la epilepsia, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple, la ELA o las demencias. Que una provincia se quede sin neurólogos no puede asumirse como una incidencia organizativa más”, ha señalado la presidenta de SARAN, Elena Muñoz Farjas.

La sociedad científica advierte de que la derivación sistemática de pacientes con ictus a Zaragoza supone un problema añadido para una provincia que ya sufre importantes dificultades de acceso a determinados servicios sanitarios. Según recuerda, el traslado hasta la capital aragonesa puede prolongarse alrededor de dos horas, un tiempo especialmente relevante en una patología en la que la rapidez de actuación resulta determinante. Además de las derivaciones, los pacientes neurológicos ingresados están siendo atendidos por especialistas de Medicina Interna, mientras que las consultas externas han quedado suspendidas.

Esta misma semana, el portavoz de Teruel Existe, Manuel Gimeno, denunció la situación, que calificó de “despropósito” fruto de la “negligencia”. Según denunció, en los hospitales de Zaragoza hay un total de 47 neurólogos: “Lo que es insoportable es que en el Hospital Obispo Polanco de Teruel no haya ningún neurólogo”.

Fuentes del Departamento de Sanidad sostienen que se están utilizando “todos los recursos que permite la legislación vigente” para cubrir la asistencia. Según explican, el próximo 10 de junio se adjudicará una plaza de Neurología para el Hospital Obispo Polanco dentro de la convocatoria de puestos de difícil cobertura, con un contrato de tres años y posibilidad de obtener una plaza fija sin oposición. Asimismo, aseguran que también se han ofertado sustituciones y contratos programa de hasta tres años de duración y que el Salud trabaja para contar con la colaboración de neurólogos de otros hospitales aragoneses mientras se cubren las vacantes.

Fuerte presión asistencial

Desde SARAN sostienen que el problema no se ha producido de forma repentina, sino que es consecuencia de una plantilla que llevaba tiempo sometida a una fuerte presión asistencial. El servicio de Neurología del Hospital Obispo Polanco cuenta con cuatro plazas —tres estructurales y un programa temporal—, aunque, según la entidad, nunca llegaron a estar ocupadas simultáneamente. A ello se sumaron una baja maternal sin cubrir, una reducción de jornada y el traslado de una facultativa a otro centro, circunstancias que dejaron el peso de la asistencia en manos de dos especialistas.

Pese a ello, aseguran que el servicio continuó prestando atención en consultas, hospitalización, urgencias neurológicas, hospital de día y tratamientos complejos relacionados con enfermedades neurodegenerativas, Parkinson, esclerosis múltiple, cefaleas o patologías neuromusculares.

La sociedad científica rechaza además que la situación responda a una falta de interés de los profesionales por trabajar en Teruel. Por el contrario, atribuye el problema a la ausencia de contratos estables, a la falta de cobertura de bajas y vacantes y a una planificación insuficiente para garantizar la continuidad asistencial.

En este sentido, denuncia que en la convocatoria de plazas de difícil cobertura únicamente se ofertó una plaza para Neurología en Teruel y que en la adjudicación centralizada de contratos temporales celebrada el pasado 28 de mayo no se incluyeron las vacantes existentes en el hospital turolense, mientras sí se ofertaron puestos en Zaragoza, Huesca, Calatayud y Barbastro.

Reclaman medidas urgentes

Ante esta situación, SARAN reclama al Departamento de Sanidad medidas inmediatas para recuperar la atención neurológica en el Hospital Obispo Polanco, así como soluciones estructurales que eviten que el problema vuelva a repetirse. Entre las propuestas plantean la cobertura efectiva de bajas y vacantes, la oferta de contratos estables, incentivos para plazas de difícil cobertura, fórmulas de colaboración con hospitales de referencia y una planificación específica para los periodos de mayor presión asistencial, especialmente durante el verano.

La entidad insiste en que garantizar la presencia de neurólogos en Teruel no es únicamente una cuestión organizativa, sino también de equidad territorial y calidad asistencial. “La solución no pasa por responsabilizar a los profesionales, sino por construir condiciones que permitan formar y retener equipos. Teruel necesita neurólogos, pero también necesita un proyecto asistencial sólido que haga posible que esos neurólogos se queden”, concluye Muñoz Farjas.

Respecto a la atención de los pacientes, Sanidad señala que los enfermos neurológicos ingresados están siendo atendidos con el apoyo del resto de especialistas hospitalarios y que el Hospital Universitario Miguel Servet respalda la asistencia a los pacientes con ictus que requieren neurointervencionismo o una actuación especializada por parte de Neurología.

“Nos han dejado fuera de la cirugía robótica”. Así resume Juan Luis Blas Laina, jefe del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Royo Villanova, una situación que considera incomprensible desde el punto de vista asistencial. Su denuncia va mucho más allá de una disputa técnica sobre marcas o modelos: acusa al Gobierno de Aragón de haber adquirido plataformas robóticas con menores prestaciones sin contar con los profesionales que debían utilizarlas y de haber dejado sin esta tecnología al hospital que atiende a más de 200.000 habitantes en Zaragoza.

El origen del conflicto se remonta al despliegue de la cirugía robótica en Aragón. Durante el último Gobierno de Javier Lambán se adquirió de forma directa un robot Da Vinci para el Hospital Miguel Servet y quedó pendiente la incorporación de la misma tecnología al Hospital Clínico y al Hospital Royo Villanova. Con la llegada del Ejecutivo de Jorge Azcón se convocó un nuevo concurso que permitió la adquisición de otro Da Vinci para el Clínico, pero dejó fuera al Royo Villanova, considerado uno de los hospitales pioneros en cirugía laparoscópica de Aragón.

Posteriormente, Sanidad impulsó una nueva licitación orientada hacia plataformas distintas al Da Vinci, como Hugo y Versius, en los que se ha invertido 2.300.000 euros. Según denuncia Juan Luis Blas, estos sistemas carecen de algunas prestaciones que considera fundamentales para la cirugía compleja y oncológica avanzada. Los equipos acabaron finalmente en los hospitales de Huesca y Alcañiz, mientras que el Hospital Obispo Polanco de Teruel incorporó otra plataforma diferente adquirida fuera de concurso público. El resultado es que el Royo Villanova continúa sin cirugía robótica pese a realizar procedimientos similares a los del Clínico y el Servet.

Lo cierto es que el Royo Villanova sí llegó a tener asignado inicialmente uno de esos robots. Sin embargo, el jefe de Cirugía renunció formalmente a utilizarlo y reclamó para su hospital la misma plataforma instalada en los otros dos grandes hospitales zaragozanos: el Da Vinci Xi.

La oposición del cirujano comenzó antes incluso de la adjudicación definitiva. El 14 de octubre de 2024 remitió una comunicación al entonces consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, en la que advertía de los riesgos de adquirir una plataforma sin contar con los especialistas que debían utilizarla. En aquella carta alertaba de que el sistema previsto podía no resultar adecuado por razones de seguridad y por la ausencia o limitación de herramientas que considera imprescindibles para la cirugía avanzada, como selladores vasculares, endograpadoras o sistemas de fluorescencia con verde de indocianina.

También advertía del riesgo de infrautilización de una tecnología cuyo coste supera el millón de euros y reclamaba que la decisión se tomara pensando en el futuro desarrollo del hospital.

“Estando pendientes de la ampliación del hospital, la plataforma que se adquiera ahora ha de estar acreditada para todas las especialidades”, señalaba en su escrito. El cirujano planteaba entonces que futuras áreas como Otorrinolaringología o incluso Cirugía Torácica podrían necesitar acceso a la cirugía robótica en el nuevo hospital proyectado para el sector.

Días después, el 23 de octubre de 2024, volvió a dirigirse al consejero para expresar su desacuerdo con los pliegos de contratación. En ese escrito denunciaba que el servicio de Cirugía no había participado ni en la elaboración del plan de necesidades ni en la definición de las características técnicas del sistema que posteriormente tendría que utilizar.

Blas recordaba que el Royo Villanova realiza prácticamente la misma cirugía que el Clínico y el Servet en patologías como cáncer de colon, recto, estómago, hígado, páncreas, duodeno, cirugía bariátrica o patología herniaria compleja. Por ello reclamaba disponer de la misma tecnología que los otros dos grandes hospitales zaragozanos.

El documento era especialmente duro con el procedimiento seguido por la administración. El jefe de Cirugía denunciaba errores científicos en la justificación técnica de la compra, criticaba la falta de precisión de los pliegos y cuestionaba que una persona ajena a la práctica quirúrgica hubiera definido las características del sistema sin consultar a los profesionales que debían trabajar con él.

La advertencia culminaba con una frase rotunda: “No voy a someter a mis pacientes a riesgos añadidos resultantes del uso de una plataforma robótica no adecuada”. Como responsable del servicio comunicaba formalmente que no utilizaría ese sistema y solicitaba la adquisición del mismo modelo instalado en el Clínico y el Servet.

Pese a estas advertencias, los pliegos siguieron adelante. El robot inicialmente previsto para el Royo Villanova terminó destinado al Hospital San Jorge de Huesca y otro fue enviado al Hospital de Alcañiz.

Según explica Juan Luis Blas, el problema no radica únicamente en las prestaciones técnicas de la máquina. Asegura que el Da Vinci es actualmente la referencia internacional en cirugía robótica avanzada porque combina tecnología, formación reglada y una extensa red de profesionales acreditados. Su implantación incluye programas específicos para cirujanos, anestesistas y personal de enfermería, además de una estructura consolidada de formación y supervisión que permite desarrollar programas complejos a largo plazo.

“No compras solo un robot; compras una tecnología, una red de formación, una experiencia acumulada y una plataforma sobre la que podrás seguir creciendo durante años”, sostiene.

El jefe de Cirugía rechaza la idea de que todas las plataformas sean equivalentes. Considera que los sistemas adquiridos pueden resultar útiles para determinadas intervenciones de menor complejidad, pero no para buena parte de la cirugía hepatopancreática, gástrica y oncológica avanzada que realiza su servicio. A su juicio, una inversión de estas características debería planificarse pensando en las necesidades futuras de los hospitales y no únicamente en el coste de adquisición.

El cirujano cuestiona además que el factor económico justifique la decisión adoptada. Según sostiene, la diferencia de precio entre las plataformas adjudicadas y el sistema Da Vinci ronda los 100.000 euros, una cantidad relativamente reducida dentro de una inversión superior al millón de euros. Añade que el coste de la cirugía robótica se ha ido reduciendo progresivamente a medida que aumenta su implantación y que existen fórmulas alternativas de financiación, como el renting tecnológico o acuerdos de uso, que permiten amortiguar el desembolso inicial. “Estamos hablando de una decisión que condicionará durante años la capacidad quirúrgica de un hospital. La diferencia económica es pequeña comparada con el impacto asistencial que puede tener elegir una plataforma u otra”, argumenta.

Para Juan Luis Blas, la polémica de los robots es el reflejo de un problema más amplio. Denuncia que el Royo Villanova se ha quedado pequeño para la población que atiende, que continúa esperando inversiones largamente prometidas y que sigue sin disponer de una tecnología ya implantada en otros centros.

“Esto no va de mi robot. Va de los 200.000 ciudadanos a los que atendemos”, concluye.

Su denuncia plantea una pregunta incómoda para la sanidad aragonesa: por qué un hospital que realiza cirugía compleja, fue pionero en laparoscopia y atiende a una de las mayores áreas de población de la comunidad sigue esperando una tecnología que ya está presente en otros centros con menor actividad y menor complejidad asistencial.

El Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón ha anunciado este jueves el inicio de los trabajos para elaborar una normativa autonómica que regule el protocolo de organización y desarrollo de las actividades extraescolares. Así se les ha transmitido a los sindicatos en la Mesa Sectorial de Educación que se ha desarrollado desde las 09.30 horas y hasta este mediodía en la sala Guara, en el Edificio Pignatelli, presidida por el Secretario General Técnico del Departamento, Manuel Magdaleno, y el director general de Personal, José María Cabello.

La iniciativa llega tras las fuertes protestas docentes a raíz del procesamiento de dos profesores tras la muerte de un alumno del IES Ítaca durante un viaje escolar en Bélgica en 2022. Tiene como objetivo fundamental dotar a los centros educativos de un marco jurídico claro y prestará especial atención a las actividades que impliquen pernocta, además de establecer las condiciones de seguridad y los mecanismos de cobertura jurídica ante cualquier suceso. En el próximo mes de julio está previsto presentar un primer borrador del material recabado para redactar la normativa.

Se trata de un proceso que requerirá de un desarrollo técnico liderado por el Gobierno de Aragón para el que se ha solicitado aportaciones a toda la comunidad educativa: por ello la Secretaría General Técnica del Departamento ha remitido una carta para asegurar una visión amplia y participativa en la redacción del texto que se ha enviado a FAPAR, principal federación de AMPAs de la escuela pública aragonesa; a la Asociación de Equipos Directivos de Infantil y Primaria de Aragón (AEDI) y de Secundaria, a otras entidades y colectivos ligados a la comunidad educativa y también a los Servicios Provinciales de Educación y a los tres jefes de Inspección.

El proceso de consulta busca recabar sugerencias y propuestas en áreas críticas para el funcionamiento de los centros docentes en cuanto a la organización de actividades extraescolares: determinar las responsabilidades en su desarrollo, establecer las condiciones de seguridad para alumnos y docentes, acotar la organización de actividades con pernocta y plantear el establecimiento de mecanismos de cobertura jurídica adecuados. Se podrán remitir propuestas hasta el próximo 20 de junio de 2026 y todas las aportaciones serán revisadas.

Iniciado este proceso, con el debido respaldo técnico y jurídico, el Gobierno de Aragón reafirma su compromiso con la creación de una regulación adecuada que aporte seguridad tanto a los organizadores de las extraescolares como a las familias y a los alumnos que participan en estas actividades.

La investigadora Esther Pueyo, del grupo BSICoS (Biomedical Signal Interpretation and Computational Simulation) del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A), participa en una nueva red doctoral europea Marie Skłodowska-Curie Doctoral Network (MSCA DN), una de las convocatorias más competitivas de la Unión Europea para la formación de personal investigador predoctoral.

El proyecto (The Cardiovascular Digital Twin Network, CDT-net) desarrollará tecnologías de gemelo digital aplicadas a la medicina cardiovascular con el objetivo de avanzar hacia una cardiología más preventiva y personalizada. Las enfermedades cardiovasculares constituyen, hoy, una de las principales causas de mortalidad y gasto sanitario en Europa, con alrededor de 1,9 millones de muertes anuales y un coste asociado de 169.000 millones de euros.

La iniciativa integra modelos computacionales e inteligencia artificial para crear representaciones virtuales de pacientes que permitan mejorar la identificación temprana de riesgos, aumentar la precisión diagnóstica y optimizar la toma de decisiones terapéuticas.

La Red de Gemelos Digitales Cardiovasculares abordará los retos científicos, tecnológicos, éticos y regulatorios asociados a la adopción de estas tecnologías, mediante la formación de investigadores predoctorales altamente especializados. La red promueve la colaboración entre medicina, ingeniería, informática y ciencias sociales, así como entre el ámbito académico, clínico, industrial y regulador, con el objetivo de acelerar la implementación de la medicina personalizada cardiovascular.

Desde el grupo BSICoS se contempla la contratación de dos investigadores predoctorales y la tutorización de un tercero y cuenta con una financiación de 564.376,32 euros. El consorcio está coordinado por King’s College London y reúne a 10 socios internacionales y 9 entidades asociadas.

Una investigadora con cinco redes doctorales

La Comisión Europea (CE) ha seleccionado el proyecto en el que participa Esther Pueyo, junto a la investigadora de su mismo grupo Ana Mincholé, dentro de la Universidad de Zaragoza, que se desarrollará en consorcios internacionales dentro de las Acciones Marie Sklodowska Curie (MSCA) - Redes Doctorales DN 2025, del Programa Horizonte Europa.

Con este nuevo proyecto, Esther Pueyo suma ya cinco redes doctorales Marie Skłodowska-Curie con el grupo de investigación BSICoS. Un resultado extraordinariamente destacado y poco habitual a nivel institucional, que pone de manifiesto la elevada excelencia, competitividad e impacto internacional de este grupo del I3A Unizar en el ámbito de la investigación cardiovascular y la formación doctoral europea. 

En particular, cabe resaltar que, con las tres Doctoral Networks obtenidas en las últimas cuatro convocatorias, el grupo ha captado un total de 1.098.535,68 €, a lo que se suma su participación en otras dos redes MSCA de tipo ITN en el marco de Horizonte 2020 consolidando aún más su trayectoria y posicionamiento en programas europeos altamente competitivos.

La convocatoria MSCA Doctoral Networks 2025 ha financiado 141 proyectos de entre 1.602 propuestas presentadas, con una tasa de éxito cercana al 9%, lo que evidencia el alto nivel de exigencia de este programa europeo de excelencia investigadora.

Un joven de 27 años falleció en Caspe este miércoles por la noche tras una pelea en el centro de la localidad. La Guardia Civil ha detenido a un varón presuntamente implicado en el enfrentamiento. Según ha expuesto el Delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, durante la pasada noche hubo una “riña tumultuaria” en la que falleció un varón.

Pasadas las 22:30 del miércoles, se recibió una llamada de colaboración ciudadana en Guardia Civil comunicando que se estaba produciendo una pelea entre dos varones en una céntrica plaza de la localidad de Caspe. De inmediato se desplazaron al lugar efectivos de Guardia Civil y personal sanitario que localizaron a un joven tumbado en el suelo inconsciente. A pesar de las maniobras para tratar de reanimarlo esta persona falleció, siendo trasladado su cuerpo al Instituto de Medicina Legal de Aragón para efectuarse la correspondiente autopsia. Se trata de un joven de 27 años, nacionalidad española y que actualmente residía en Caspe, han informado desde la Guardia Civil.

Al mismo tiempo que esto sucedía la Guardia Civil estableció un dispositivo policial para la localización del presunto autor ya que, tras la agresión cometida, huyó del lugar. Dispositivo que se fue ampliando conforme transcurría la jornada y en el que han participado agentes de diferentes especialidades trasladadas a la zona. A las 14:30 de este jueves, se ha localizado con medios aéreos a un varón, presuntamente implicado en los hechos descritos, el cual trataba de huir monte a través, por una zona próxima a la A230 y al Camino del Dique, siendo inmediatamente detenido por efectivos que participaban en el dispositivo.

La alcaldesa de la localidad, Ana Jarque, ha confirmado este suceso que se produjo en la Plaza Aragón de la localidad: “Se desarrolló un conflicto entre personas de las que vienen a trabajar en la campaña agrícola y ese conflicto acabó en un suceso irreparable. Entre los implicados hay personas de diferentes nacionalidades”, ha explicado.

Jarque ha añadido que durante esta época de recogida de la fruta de hueso llegan a la localidad entre 5.000 y 6.000 personas y que han solicitado apoyo a la Delegación de Gobierno en materia de seguridad: “Llevamos mucho tiempo pidiendo refuerzos y no nos dan apoyo”. Beltrán ha informado de que se ha reforzado la presencia de la Guardia Civil en Caspe y se ha estrechado más el trabajo con la policía Local de Caspe. Por el momento, no se sabe el número exacto de personas que participaron en el enfrentamiento. En cuanto a las reclamaciones del Consistorio, Beltrán ha asegurado que Caspe “no es una localidad que esté desatendida” y ha asegurado que se han atendido todas las peticiones.

La noticia se ha conocido en boca de Alejandro Nolasco (Vox), que la ha anunciado en una rueda de prensa en la sede del Gobierno de Aragón. En esta —y antes de que la Guardia Civil informase del suceso— el vicepresidente ha comunicado el supuesto “asesinato” de un joven de 27 años de origen valenciano, aunque este dato no se ha confirmado por otras fuentes oficiales. “Quiero comunicarles que estamos en contacto con las autoridades locales para que nos faciliten información oficial de las investigaciones, no vamos a prejuzgar, exigimos a la Delegación de Gobierno que sea transparente y dé cuenta de los datos”, ha dicho, y ha añadido que “Caspe es uno de los focos de la invasión migratoria, desordenada y descontrolada que ampara el Gobierno de Sánchez”.

Azcón también se ha pronunciado al respecto, aunque solo en lo relativo a la seguridad: “La alcaldesa se ha referido al Delegado de Gobierno para que se refuercen los servicios de Guardia Civil. El Delegado de Gobierno lo mínimo que debería hacer es responder, hasta donde yo sé todavía no ha respondido”.