La Zona Joven de Casablanca continúa cerrada y sin actividad, sin que se haya habilitado una alternativa para los jóvenes del barrio. La Asociación de Vecinos Tomás Pelayo ha vuelto a reclamar explicaciones al Gobierno del PP en Zaragoza por la situación de un equipamiento que estaba destinado a ofrecer un espacio de encuentro, convivencia y participación juvenil. “Nuestra sorpresa y nuestra indignación es que no se le ha dado un uso alternativo a fecha de hoy”, explica Emilio Mendo, presidente de la entidad vecinal.

La decisión del Ayuntamiento de Zaragoza de cerrar siete zonas jóvenes y concentrar parte de la programación juvenil en zonas como El Túnel y La Azucarera puso en cuestión el acceso de los jóvenes a espacios de encuentro en sus propios barrios. En el caso de Casablanca, el local permanece cerrado desde el verano de 2025 y la asociación asegura que todavía no conoce un proyecto concreto para las instalaciones. “Llevamos ya, este va a ser el segundo curso, que mantiene cerrada la zona joven”, explica Emilio Mendo.

La asociación tampoco recibió explicaciones cuando se produjo el cierre. Según relata su presidente, los vecinos se encontraron con la situación al regresar de las vacaciones de verano. “Nos fuimos de vacaciones en verano y a la vuelta nos encontramos con la zona joven cerrada. Esta fue nuestra sorpresa”, señala.

Tras las protestas, el colectivo recibió información sobre la posibilidad de destinar las instalaciones a un centro infantil de tiempo libre (CTL). Sin embargo, Emilio Mendo sostiene que esa posibilidad no se ha materializado. Además, añade que non van “sobrados de equipamientos públicos en este barrio para permitirnos estos lujos”.

Un espacio perdido sin una alternativa

La Zona Joven de Casablanca funcionaba como un lugar de encuentro para la juventud del barrio, con actividades organizadas. “En las zonas jóvenes, como su nombre indica, era un espacio de encuentro, de participación. Había monitores que organizaban actividades más o menos numerosas”, recuerda Emilio Mendo. Por ello, la entidad considera que antes de cerrar la zona, habría sido necesario estudiar las necesidades de los jóvenes y valorar posibles cambios en su programación. “Podríamos haber entendido un estudio de ver qué necesidades había y qué programación hubiera sido más interesante”, apunta.

A la pérdida de actividad se suma el valor que la asociación atribuye a la zona joven. Según explica Mendo, el local fue cedido al barrio por unos constructores durante el desarrollo de una urbanización cercana. “Realmente lo sentimos como un espacio muy nuestro”, afirma, en referencia a un lugar que la entidad considera parte del patrimonio comunitario de Casablanca.

Desde la asociación también han tratado de mantener el vínculo con los jóvenes del barrio a través de otras iniciativas. Tras el cierre, estuvieron en contacto con organizaciones que defendían estos espacios y durante la semana cultural de Casablanca, organizaron un festival para promocionar a jóvenes artistas. “El objetivo fue promocionar a gente joven, a artistas emergentes”, explica Mendo sobre una actividad que incluyó música y artesanía y que se celebró en el Parque de los Incrédulos. “Fue realmente un éxito”, indica.

Siete zonas jóvenes cerradas

El caso de Casablanca se sitúa en la decisión del Ayuntamiento de Zaragoza de cerrar siete zonas jóvenes de la ciudad: Casablanca, Arrabal, Parque Goya, La Jota, Santa Isabel, Valdefierro y Miralbueno. La medida generó críticas entre jóvenes y colectivos vecinales, que cuestionaron la falta de diálogo y alertaron de la pérdida de espacios de proximidad en los barrios.

El Gobierno municipal defendió una reorganización de la oferta de ocio juvenil y la concentración de actividades en equipamientos como El Túnel y La Azucarera. Sin embargo, el cierre de estos espacios abrió el debate sobre qué alternativas tendrían los jóvenes de los barrios afectados y cómo se cubrirían las necesidades que daban las instalaciones cerradas.

En Casablanca, la Asociación de Vecinos Tomás Pelayo sostiene que esa alternativa todavía no ha llegado. “Nuestro objetivo sería la reapertura de la zona joven, como no puede ser de otra manera. Por lo menos eso”, afirma Emilio Mendo.

Si finalmente no se recupera esa actividad, consideran necesario negociar una alternativa que responda a las necesidades del barrio. “Lo que no podemos permitirnos es el lujo de tener un espacio cerrado. Habrá que hablar, habrá que negociar, habrá que ver qué necesidades tiene este barrio para ocupar este espacio y darle un uso adecuado”, concluye.

“Quiero sacar la nota que me corresponde y aprender la materia, y nos lo están impidiendo”, explica una alumna de un grado superior de Formación Profesional en Zaragoza, que denuncia que lleva semanas sin recibir clases de uno de los módulos de su ciclo por los retrasos en la incorporación del profesor experto que debía impartirlo. La estudiante teme que la falta de docencia les impida completar el temario antes de las prácticas y perjudique sus calificaciones: “No quiero repetir, no es mi culpa, no quiero un aprobado general. Quiero hacer un máster después y me importa la nota”. 

El suyo es uno de los casos afectados por los problemas en la contratación del profesorado experto del sector productivo, profesionales que compaginan su actividad laboral con la docencia y que imparten módulos para los que se requieren conocimientos específicos. Este curso, las condiciones de contratación han cambiado y las horas de estos especialistas deben concentrarse en un periodo máximo de seis meses, frente a la organización durante todo el curso académico que, según explica el profesorado consultado, se venía aplicando en algunos centros.

Las nuevas condiciones han obligado a reorganizar los horarios lectivos y, según denuncian docentes y estudiantes, están dificultando la incorporación de los especialistas. En el instituto zaragozano donde estudia la alumna, el horario del grupo ha cambiado tres veces en un mes y uno de los expertos que debía incorporarse ha renunciado, según su testimonio.

La estudiante relata que, al comienzo del curso, les comunicaron que los profesores estaban contratados y que la situación se resolvería. Una semana después, sin embargo, les informaron de que la contratación se había cancelado. “Estábamos flipando porque no tendríamos profesores, uno para primero y uno para segundo”, explica. Los grupos se quedaron sin los especialistas que debían impartir determinados módulos.

Los estudiantes presentaron un escrito ante el Servicio Provincial de Educación para reclamar una solución. Según explica la delegada, el 25 de septiembre Inspección se puso en contacto con el profesorado y les trasladó que la incorporación se produciría el lunes siguiente. Sin embargo, la documentación necesaria para formalizar una de las contrataciones todavía no estaba preparada y el grupo volvió a quedarse sin docente. Después llegó el festivo del Día del Pilar y, según su relato, la semana siguiente tampoco hubo profesor.

La estudiante explica que deben completar y aprobar el temario antes de comenzar las prácticas, previstas para finales de febrero en su caso. “El tiempo corre, quedan cuatro meses entre unas cosas y otras”, advierte. Además, los cambios de horario afectan especialmente a quienes trabajan, tienen hijos o viven fuera de Zaragoza. La última solución que les trasladaron, según la alumna, fue añadir una hora al comienzo de la jornada lectiva para encajar las clases pendientes, lo que generó rechazo entre los estudiantes porque les obligaría a reorganizar sus obligaciones laborales y familiares. “Hay gente que vive fuera de Zaragoza, compañeros que trabajan de noche, tienen hijos y ya llegan justos a la hora normal”, explica. Asegura que ha presentado dos escritos ante la Administración para pedir que se resuelva la situación y que no ha obtenido una solución.

Un sistema que obliga a concentrar las horas

El profesorado experto del sector productivo procede de ámbitos profesionales concretos y aporta conocimientos técnicos que no siempre puede cubrir el profesorado ordinario. Su contratación está regulada en Aragón por decreto y por las instrucciones específicas para el curso 2026-2027, que establecen que las horas de los módulos impartidos por expertos deben desarrollarse en un periodo máximo de seis meses, incluidas las evaluaciones finales.

Un profesor de un centro público zaragozano explica que, hasta ahora, los especialistas de su instituto impartían tres horas semanales durante todo el curso. “A efectos prácticos parecen un profesor ordinario”, señala sobre estos profesionales, que compaginan las clases con su actividad en el sector productivo.

La nueva distribución obliga a concentrar esas horas en un periodo más corto y complica la elaboración de horarios compatibles con los empleos de estos docentes. “Tienes que concentrar las tres horas semanales en un periodo más corto”, explica. En su centro, las clases se imparten por la tarde, de 15.30 a 21.10, lo que dificulta encajar las horas de los expertos sin alterar el resto de la organización lectiva.

El docente relata que el equipo directivo trató de reorganizar temporalmente las horas de otros módulos para concentrar la docencia de los especialistas y compensarla después. La propuesta consistía en reducir durante esos seis meses las horas de otras asignaturas y aumentarlas una vez finalizara la contratación de los expertos, de manera que el cómputo anual se mantuviera. Sin embargo, la reorganización generó dificultades con parte del profesorado, incluidos docentes interinos a tiempo parcial que no aceptaron los cambios de horario. El profesor asegura que finalmente se les comunicó que esa alternativa no era viable. El docente sostiene que algunos profesionales se han encontrado con horarios difíciles de compatibilizar con sus empleos. “Si no se les concentran las horas para no tener que venir los cinco días, dicen que no les interesa”, explica. En su instituto, uno de los expertos ha renunciado. 

El profesor asegura que las dificultades no se limitan a su centro y señala que también se han producido problemas en otros institutos con módulos impartidos por expertos. Considera que los cambios deberían haberse planificado con más antelación: “Los cambios no se hacen así, sin tiempo para tener un encaje pedagógico a nivel laboral”.

Educación atribuye el cambio a la normativa estatal

El Departamento de Educación sostiene que el nuevo sistema responde a cambios en la normativa nacional a los que Aragón debe adaptarse. Según explica, las direcciones generales de Personal y de Formación Profesional elaboraron instrucciones específicas para regular estas contrataciones, sujetas a un régimen laboral particular y a una duración limitada a seis meses. El objetivo, afirma, es adecuar el procedimiento a las modificaciones normativas y garantizar la seguridad jurídica.

La Administración asegura que, cuando una plaza de experto no se cubre, la prioridad es reorganizar los horarios junto con el centro para que el alumnado tenga cubierto su horario escolar. Como ejemplo, señala que se pueden impartir los módulos comunes mientras se formaliza la incorporación del especialista y recuperar posteriormente las clases técnicas pendientes.

Educación añade que, además de las instrucciones de inicio de curso, cada centro dispone de autonomía para organizar sus horarios. No obstante, no ha concretado cuántas plazas de expertos siguen pendientes de cubrir, cuántos centros están afectados ni en qué plazo se recuperarán las horas lectivas que el alumnado ha perdido.

Las ventas reportarán a las arcas municipales unos ingresos totales de 10 millones de euros

El Gobierno de Zaragoza ha adjudicado tres parcelas municipales situadas en los distritos de Arcosur y Santa Isabel en las que se podrán edificar un máximo de 249 viviendas de protección oficial, y que reportarán a las arcas municipales unos ingresos totales de 9.991.146,66 euros, IVA incluido.

El grueso de esta actuación se localiza en el Sector SUZ 89-3 del distrito de Arcosur, donde el Ayuntamiento ha adjudicado mediante licitación pública las parcelas municipales C-67 y C-68 para construir 96 viviendas protegidas de Aragón de régimen básico (VPA-B) en cada una de ellas, lo que suma 192 nuevos hogares en este ámbito. A ello se suman la parcela municipal RC-1, en el Área de Intervención F-71-7 en Santa Isabel donde se levantarán 57 VPO.

Ambos suelos salieron a concurso el pasado mes de julio y reciben tres ofertas por parcela, que se han valorado por la Mesa de Contratación atendiendo a una pluralidad de criterios que conjugan el precio con el anteproyecto técnico, los aspectos bioclimáticos y energéticos, la reducción de plazos de edificación, el programa de promoción y el calendario de pagos.

Como resultado de este proceso, la parcela C-67 ha sido adjudicada a la mercantil CCC Ora Gestión SL tras obtener la máxima valoración con 85 puntos totales y presentar una oferta de 3.936.647,88 euros, IVA incluido. Por su parte, la parcela C-68 se ha adjudicado a la mercantil Casta Diva Gestión SL, que igualmente alcanzó 85 puntos totales, con 43 puntos técnicos y 42 económicos, con una propuesta de 3.934.617,50 euros, IVA incluido.

7,9 millones de Arcosur

En conjunto, las dos ventas de Arcosur aportan 7.871.265,38 euros que se deberán abonar íntegramente y formalizarse en escritura pública antes del 16 de diciembre de 2026, asumiendo además ambas empresas la obligación de depositar, en el plazo de un mes, una garantía definitiva del 5% del precio de adjudicación y el compromiso de solicitar la licencia urbanística y la calificación provisional en el plazo máximo de tres meses.

En cuanto a las características básicas de estos dos suelos de Arcosur, tanto la parcela C-67 como la C-68 se sitúan en el Área Centro del Sector 89/3, presentan forma rectangular y cuentan cada una con una superficie de 1.500 metros cuadrados y una edificabilidad máxima total de 11.430 metros cuadrados, de los que 10.080 metros cuadrados son para uso residencial colectivo VPA-B y los 1.350 metros cuadrados restantes a otros usos compatibles.

La parcela C-67 responde a una tipología de ordenación de Bloque Lineal (BL1) y linda al norte con el vial que la separa de la parcela C-56, al sur con el vial frente a la parcela E-19 de equipamiento educativo, al este con el vial que la divide de la C-68 y al oeste con el viario contiguo al Sistema Local de Zonas Verdes y Espacios Libres.

Por su parte, la parcela C-68 presenta una ordenación de Manzana Bloque Lineal (MBL) y linda al norte con el viario que la separa de la parcela C-57, al sur con el vial frente al equipamiento docente E-19, al este con el vial contiguo a la parcela C-69 y al oeste con el vial que la separa de la parcela C-67.

Ambas fincas incluyen entre sus cargas la obligación de alojar dentro de su superficie un Centro de Transformación Eléctrica al servicio del polígono y se encuentran sujetas a las servidumbres aeronáuticas legales correspondientes al Aeropuerto de Zaragoza.

Otras 57 VPO en Santa Isabel

Además, el Gobierno de Zaragoza ha adjudicado la parcela municipal RC-1, situada en el Área de Intervención F-71-7 en el barrio de Santa Isabel, destinada a la promoción de vivienda protegida. En este caso, el adjudicatario ha sido Terrazas de Juan Bosco Sociedad Cooperativa por 2.119.881,28 euros. El abono de esta cantidad por parte de la cooperativa se estructurará en dos plazos, contemplando el pago del 30% del precio antes del 16 de diciembre de 2026 y el 70% restante con anterioridad al 28 de septiembre de 2027.

El proyecto se desarrollará sobre una superficie de 2.000,32 metros cuadrados de suelo de forma rectangular, correspondiente a la finca resultante número 9 RC-1, ubicada entre la calle Río Gállego y los nuevos viarios y pasos peatonales del área.

A esta parcela le corresponde un aprovechamiento urbanístico de 7.081,22 metros cuadrados edificables reales destinados a vivienda colectiva en régimen de protección oficial de Aragón y usos compatibles, permitiendo la construcción de un máximo de 57 viviendas.

Como parte de sus compromisos, Terrazas de Juan Bosco Sociedad Cooperativa solicitará la licencia urbanística en el plazo máximo de 3 meses desde la adjudicación y dispondrá de 18 meses para finalizar la ejecución material de las obras de edificación una vez obtenida la licencia y la calificación provisional.

En el Atlético Teruel no ocultan su indignación. El Ayuntamiento de la capital, gobernado por el PP, va a dar al CD Teruel 235.000 euros extraordinarios para pagar parte de su deuda, que se suman a los 130.000 euros que el club de Primera RFEF ya recibe cada temporada. Mientras, el Atlético, uno de los clubes de fútbol base de la ciudad, sigue esperando los 45.000 euros que el Consistorio le comprometió para cambiar el césped del campo de Las Viñas. Para no esperar más, el club ya ha comprado con un préstamo un césped de segunda mano, y sus directivos tendrán que avalar a título personal unos 110.000 euros ante Caja Rural para poder instalarlo.

“Hay que ayudar al Club Deportivo Teruel. Es una categoría en la que hay que ayudarle. Pero no puedes dejar de lado al resto de equipos y al resto de niños”, resume el presidente del Atlético Teruel, Jesús Arnal. Insiste en que su club no se opone a que el Ayuntamiento ayude al primer equipo de la ciudad, pero reclama que ese apoyo vaya acompañado de inversiones para los menores que juegan al fútbol en la capital. Recuerda además que es la segunda vez que el Ayuntamiento rescata al CD Teruel y que, según sus cuentas, el dinero aportado suma ya 475.000 euros.

La Comisión de Hacienda informó favorablemente la ayuda al CD Teruel por unanimidad, y el pleno la votará el 3 de noviembre. Para pagarla, el Ayuntamiento modificará el presupuesto de 2026 con partidas que no se van a gastar, como la de intereses financieros. Se tramitará como una ampliación de la subvención nominativa al club, sin convocatoria de concurrencia competitiva. Los 235.000 euros irán a pagar deudas con Hacienda, la Seguridad Social y proveedores, algunas con facturas pendientes desde 2021. Según Gonzalvo, cuando la directiva actual llegó hace dos años, la deuda estaba entre 465.000 y 475.000 euros, y desde entonces el club ha amortizado unos 100.000.

Queda además una deuda financiera de 100.000 euros que esta subvención no puede cubrir. El club no ha podido pedir préstamos porque “carece de patrimonio propio” que sirva de garantía, explicó Gonzalvo. La subvención ordinaria, de 130.000 euros en 2026, subirá a 150.000 en 2027. Según la alcaldesa, Emma Buj, el Gobierno de Aragón también prevé aumentar su aportación al club en los presupuestos de 2027, aunque no hay plazos ni cifras.

Un césped de segunda mano, pagado con un préstamo

El campo de Las Viñas es propiedad del Obispado y lo usa el Atlético Teruel. Su césped está tan deteriorado que el club denuncia traumatismos entre sus jugadores: “Ha habido lesiones de ligamentos, de tobillos...”, señala Arnal. Para no esperar más, el Atlético compró un césped procedente de otro campo con financiación de Caja Rural. Ya lo tiene, pero falta retirar la superficie antigua y preparar el terreno.

Según el presidente, solo la instalación costará entre 106.000 y 110.000 euros, y la obra completa, contando el césped ya comprado, unos 160.000. Siguen siendo 75.000 euros menos que el rescate extraordinario al CD Teruel. El Ayuntamiento ha dicho al club que aportará 45.000 euros, más otros 10.000 de IVA, pero el Atlético asegura que todavía no ha recibido nada y que tuvo que adelantar el dinero para comprar el césped. Para la instalación no hay hoy ninguna ayuda confirmada de ninguna institución, así que los directivos tendrían que avalar personalmente esos cerca de 110.000 euros.

El último convenio entre el Ayuntamiento y el Atlético Teruel, firmado en septiembre de 2025, fijaba una subvención de 7.000 euros para mantener y reparar el antiguo campo federativo. No permitía usarla para nuevas inversiones.

Mil niños y un solo campo municipal

En Teruel hay alrededor de un millar de niños y niñas federados en fútbol, unos 220 de ellos en el Atlético. Según el club, el Luis Milla, el único campo de fútbol 11 de titularidad municipal, está saturado, y algunos entrenamientos de menores se alargan hasta las diez u once de la noche. Cuando se renueve Las Viñas, también podrán usarlo otros clubes de la ciudad, según lo acordado entre el Atlético y el Ayuntamiento. “No dejes de lado el futuro de los niños que tenemos aquí”, pide Arnal.

El problema llegó el 5 de octubre a las Cortes de Aragón. El diputado socialista Pedro Polo trasladó al Parlamento una proposición no de ley para dar “una solución urgente y definitiva al colapso que sufre el fútbol base de la ciudad de Teruel”. La iniciativa pedía al Gobierno de Aragón firmar “con carácter urgente” un convenio con el Ayuntamiento, el Atlético Teruel y la Federación Aragonesa de Fútbol. El objetivo era reformar por completo el campo federativo, con una inversión cercana a 350.000 euros, y convertirlo en el segundo campo de fútbol 11 de uso público de la ciudad.

PP y Vox votaron en contra. La diputada popular Lucía Baruquer alegó que “no consta ningún proyecto técnico que justifique la cifra”. Carlos Andreu, de Vox, defendió que la actuación “no debe hacerse de cualquier manera, sino con planificación”.

El desconocimiento del español es una barrera para la integración educativa de decenas de estudiantes y en el IES Corona de Aragón de Zaragoza el Equipo de Convivencia e Igualdad del centro ha denunciado que, transcurridas varias semanas desde el inicio del curso escolar, 33 alumnos y alumnas siguen sin disponer de las clases específicas que necesitan para aprender el idioma y poder seguir con normalidad las enseñanzas. Son el 8% de los 430 alumnos del centro. La situación podría agravarse con la incorporación de nuevos estudiantes, hasta alcanzar los 50 afectados.

“La Administración conoce la situación. La respuesta no puede seguir esperando. Por una educación pública inclusiva y una acogida digna”, lamentan desde el centro en una nota que han hecho pública a los medios. A este respecto, el Departamento de Educación ha informado de que está pendiente de recibir el preceptivo informe de Inspección en el que se recogen las demandas del centro, “que se estudiará y, si así se determina conforme a lo recogido en la normativa, se dotará como corresponda”.

El IES Corona de Aragón se encuentra en el entorno del barrio de Delicias, el más poblado de Zaragoza y uno de los que registran mayor presencia de población extranjera. Aunque administrativamente pertenece al distrito Universidad, su proximidad a Delicias lo sitúa en un entorno de gran diversidad social y cultural. Según los datos del padrón municipal de 2025, Delicias cuenta con 102.595 habitantes, de los que 28.408, el 28%, tienen nacionalidad extranjera, una proporción muy superior a la media de Zaragoza, situada en el 16,8%. El porcentaje en el caso de los menores es mucho más alto y llega hasta el 50%. Hay centros escolares en los que en algunas aulas, como ocurrió hace cuatro años en el Recarte y Ornat, todos los alumnos eran extranjeros. Este curso, en el Corona de Aragón, un aula con 24 alumnos, solo uno es español.

Este instituto cuenta con una larga trayectoria de acogida de alumnado procedente de distintos países, una realidad que hace especialmente necesarios los recursos para facilitar el aprendizaje del español y la integración educativa.

Durante años dispuso, desde el comienzo de cada curso, de un aula de español que facilitaba el aprendizaje del idioma, la integración y la participación de estos jóvenes en la vida escolar. Sin embargo, el recurso ha dejado de estar garantizado en los plazos necesarios.

El curso pasado, las clases específicas no comenzaron hasta enero. Este año, pese a que el instituto terminó el anterior con 16 estudiantes que cumplían los requisitos para recibir esta atención, el aula todavía no se ha puesto en funcionamiento. A fecha del 21 de octubre, el número de alumnos que necesitan apoyo lingüístico había aumentado hasta los 33.

La situación resulta especialmente complicada para quienes llegan al sistema educativo sin conocimientos de español y, en algunos casos, sin haber adquirido siquiera la alfabetización en su lengua de origen.

La denuncia del IES Corona de Aragón se produce, además, en un contexto político marcado por el endurecimiento de las políticas migratorias del Gobierno autonómico de PP y Vox. El acuerdo suscrito por ambos partidos en abril de 2026 incluye medidas como la denominada “prioridad nacional” y la supresión del programa de enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí en los centros educativos.

Una de las principales críticas del profesorado se dirige a la dotación horaria. Según denuncia el centro, la Administración educativa contempla un máximo de nueve horas semanales de aula de español por instituto, independientemente del número de estudiantes que precisen esta atención.

El Equipo de Convivencia e Igualdad considera que esta asignación resulta claramente insuficiente para atender a 33 alumnos y mucho más si la cifra termina alcanzando los 50. Por ello, reclama una dotación de 30 horas semanales, adaptada a las necesidades reales del alumnado.

El profesorado también rechaza que la solución pase por utilizar recursos destinados a otros programas educativos. El instituto explica que renunció hace años a PROA+, el Programa para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo, una iniciativa de cooperación entre el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas destinada a mejorar los resultados académicos y prevenir el abandono escolar en centros con una elevada proporción de alumnado en situación de vulnerabilidad. Entre sus actuaciones pueden incluirse medidas de acogida y aprendizaje del español.

El centro optó entonces por AÚNA, un programa del Gobierno de Aragón que ofrece refuerzo escolar y acompañamiento educativo fuera del horario lectivo a estudiantes con dificultades de aprendizaje o situaciones de desventaja socioeducativa.

Ambos programas son incompatibles para los centros participantes en las correspondientes convocatorias. De hecho, la convocatoria de AÚNA para el curso 2026-2027, cuyo plazo de solicitud permanece abierto del 19 al 30 de octubre, excluye expresamente a los centros que participan en PROA+FSE+.

Según explica el instituto, cuando renunció a PROA+ la enseñanza del español estaba garantizada mediante un recurso específico. Ahora reclama que esa atención lingüística disponga de financiación y profesorado propios, sin obligar a los centros a elegir entre distintas necesidades educativas.

“El desconocimiento del idioma no puede convertirse en una barrera para ejercer el derecho a la educación”, advierte el equipo docente, que recuerda que estos estudiantes tienen dificultades para comprender las explicaciones, seguir las clases, relacionarse con sus compañeros y adaptarse a la vida del instituto.

Mientras tanto, el profesorado ordinario debe adaptar materiales y metodologías para atenderlos, una tarea que se añade a sus obligaciones habituales. “La inclusión no puede sostenerse únicamente sobre la voluntad y la sobrecarga de quienes trabajan en las aulas”, señala el comunicado.

Respecto a la dotación de profesorado específico para impartir estas clases en los centros de Primaria y Secundaria, la Dirección General de Personal asegura mantener un seguimiento “exhaustivo y centralizado” de todas las solicitudes remitidas por los centros educativos y las incorporaciones y la asignación de cupos docentes se van autorizando de manera progresiva a lo largo del curso escolar, a medida que se verifica la disponibilidad presupuestaria y de plantilla, “para garantizar la máxima eficiencia en la distribución de los recursos públicos”.

Fuentes del Departamento explican que la resolución que ordena la dotación y funcionamiento de las aulas de español en Aragón se publicó en mayo de 2007 y no se ha modificado desde entonces. “Existe un consenso claro sobre la necesidad de responder a la realidad sociodemográfica que existe en las aulas aragonesas y adaptar ese marco, y el Departamento de Educación es consciente de que es una reivindicación con años de recorrido”.

“Acoger no consiste simplemente en escolarizar”

El caso del Corona de Aragón pone sobre la mesa una cuestión que va más allá de la enseñanza de un idioma. La escolarización de menores procedentes de otros países no garantiza por sí sola su integración educativa cuando carecen de las herramientas lingüísticas necesarias para comprender las clases y participar en igualdad de condiciones.

El equipo docente exige la puesta en funcionamiento inmediata del aula de español, medidas provisionales hasta que se incorpore el profesorado necesario y una respuesta concreta de la Administración sobre los plazos previstos.

También reclama estabilidad para que el recurso esté disponible desde el comienzo de cada curso y no dependa de soluciones improvisadas o de la financiación de otros programas.

“Acoger no consiste simplemente en escolarizar. Significa garantizar que cada estudiante dispone de las herramientas necesarias para aprender, comunicarse y participar en igualdad de condiciones”, concluye el comunicado.

El instituto insiste en que no está solicitando un trato privilegiado, sino los medios necesarios para garantizar el derecho a la educación de todos sus estudiantes.

Aulas de español y programas experimentales

La denuncia se produce en una comunidad autónoma que cuenta desde hace años con recursos específicos para facilitar el aprendizaje del español al alumnado extranjero que desconoce el idioma.

Durante el curso 2024-2025, un total de 408 estudiantes recibían esta atención en 28 colegios e institutos aragoneses, mediante 31 aulas de español. De ellos, 260 cursaban Secundaria y 148 Primaria.

El recurso estaba implantado en centros de las tres provincias, entre ellos los institutos Luis Buñuel, Miralbueno, Jerónimo Zurita y El Picarral de Zaragoza, así como otros de Épila, Tarazona, Ejea de los Caballeros, Calatayud y Cariñena. También existían aulas en institutos de Huesca y Teruel.

Paralelamente, otros centros desarrollaban actuaciones de acogida y refuerzo lingüístico a través del programa PROA+, dirigido a mejorar las oportunidades educativas del alumnado en situaciones de mayor vulnerabilidad.

El Departamento de Educación impulsó durante el curso 2025-2026 un programa experimental de Aulas de Inmersión Lingüística para el Aprendizaje del Español (AILE), vinculado a la actividad palanca 209 de PROA+. Una resolución publicada el 23 de julio de 2026 autorizó su segunda fase para el presente curso escolar.

Además, en mayo de 2026, el Gobierno de Aragón convocó un concurso de méritos para cubrir doce plazas docentes en comisión de servicios destinadas a este programa. Las plazas se distribuyeron entre zonas educativas de Zaragoza, Caspe, Huesca y Albalate del Arzobispo. El procedimiento de adjudicación definitiva se publicó el 14 de julio.

La Coordinadora Antifascista de Zaragoza ha exigido este viernes responsabilidades por las cargas policiales del jueves a los manifestantes que protestaban en el campus San Francisco contra la visita de Vito Quiles. En una rueda de prensa, sus representantes han reclamado la libertad inmediata y sin cargos de los cinco detenidos y han acusado a la Delegación del Gobierno de responder con violencia a una movilización “para impedir que el agitador Vito Quiles campara a sus anchas por nuestra ciudad, llamando a aniquilar rojos y migrantes”.

“Al menos diez personas resultaron heridas por los porrazos y las pelotas de goma”, según el balance de la coordinadora, que denuncia el uso de material antidisturbios contra los participantes en la concentración. El colectivo cifra en más de un millar las personas que acudieron a la convocatoria, entre estudiantes, trabajadores y docentes, y considera que la movilización consiguió impedir que Quiles entrara en el campus.

El agitador compareció brevemente en el exterior de la Universidad, acompañado por seguidores y bajo un amplio dispositivo policial, según el relato de la coordinadora. Sus representantes sostienen que un grupo de personas a las que identifican como neonazis se acercó a los manifestantes y les lanzó gas pimienta. “Contra nada de esto actuó la policía, sino que cargó contra la manifestación antifascista”, denuncia el colectivo en el comunicado difundido este viernes.

La coordinadora acusa a los agentes de utilizar porras y pelotas de goma contra los asistentes y de disparar gases de forma indiscriminada. “Porrazos contra la cara, cabezas abiertas, bombas de gas abrasivo disparadas indiscriminadamente”, han explicado, al tiempo que exigían responsabilidades legales por las lesiones.

Las críticas se dirigen también contra el Gobierno y el Rectorado. La coordinadora responsabiliza a la Delegación del Gobierno de la actuación policial y señala directamente a la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa María Bolea, por haber solicitado, según afirma, la entrada de los antidisturbios en el campus. “Exigimos su dimisión”, reclama el colectivo, que pide además “el fin de la presencia policial en el campus”.

En la rueda de prensa, el resto de las organizaciones sindicales presentes también ha cuestionado la respuesta del Rectorado y ha reclamado explicaciones sobre la intervención policial. Desde Somos, Anabel Sánchez ha anunciado que el sindicato solicitará un informe transparente sobre lo ocurrido. Entre las cuestiones que quiere aclarar figuran las posibles “limitaciones de las libertades ”de estudiantes y trabajadores, los daños producidos y la actuación de los agentes. “El Rectorado debe dar información sobre estos hechos y, a través de sus servicios jurídicos, exigir las responsabilidades penales a que haya lugar”, ha señalado.

Julia Cámara, delegada de CGT en la Universidad de Zaragoza, ha recordado que el sindicato ya había advertido del uso de los espacios universitarios para difundir discursos de odio. “Entendemos que los campus universitarios deben ser espacios para la convivencia democrática, para el libre pensamiento y para la confrontación libre y democrática de ideas”, ha defendido. Cámara ha criticado que el Rectorado no se haya posicionado de forma directa en contra del agitador.

También representantes de CGT Sanidad y trabajadores del Hospital Clínico han expresado su apoyo a los estudiantes y han denunciado la actuación policial. “No vamos a dejar que se apalee, que se gasee y que se pegue con esa brutalidad a la juventud”, ha afirmado uno de sus portavoces, que ha reclamado asimismo la libertad de los detenidos.

La coordinadora ha convocado una nueva concentración este viernes a las 19:00 frente a la Delegación del Gobierno en Zaragoza para exigir la puesta en libertad de los arrestados. “Su represión no nos va a parar”, advierte el colectivo.

La Policía Nacional ha advertido de que las cuentas anónimas conocidas como 'curis', que se usan en redes sociales para ridiculizar a alumnos y profesores, pueden acarrear responsabilidades penales y civiles aunque quien las gestione no dé la cara. El cuerpo explica que el anonimato no protege a sus autores, y tampoco el uso de dibujos o el decir que se trata de una broma, cuando el contenido humilla a personas que su entorno puede reconocer. “¿Eres de los que se esconde detrás de una cuenta para humillar a un compañero delante de todo el instituto? Pues escucha bien, deja de hacerlo. El acoso en redes puede ser delito y una cuenta anónima no te hace intocable”, avisa Rubén Nido, portavoz de la Policía Nacional.

Estos perfiles suelen llevar el nombre, las siglas o imágenes de un instituto o colegio. En ellos se publican memes, dibujos o vídeos sobre lo que pasa a diario en las aulas. La Policía reconoce que parte de ese contenido “tiene un carácter humorístico y respetuoso”. Su advertencia se refiere a las publicaciones que se usan para “atacar, humillar o vejar a personas concretas”. Nido marca la misma frontera: “Las cuentas 'curi' pueden hacer humor sobre lo que está pasando en clase. El problema empieza cuando conviertes a un compañero o a un profesor en el blanco de las burlas”.

El nombre viene de los 'curimemes', un formato nacido en comunidades de internet de habla hispana que consiste en dibujar de forma deliberadamente tosca a personajes de series, anime o videojuegos. Esos dibujos son ahora el recurso de algunas de estas cuentas para señalar a alumnos y docentes sin poner su foto ni su nombre. Según la Policía, eso no evita el daño. Las burlas sobre el físico, los rumores o los montajes vejatorios exponen a la persona ante su entorno escolar, aunque se usen una caricatura, un apodo o una referencia a una clase. “Aunque uses un dibujo y no pongas su nombre, sus compañeros pueden reconocer perfectamente a quien estás señalando”, resume el portavoz.

Integridad moral e injurias graves

La Policía Nacional señala que, según la gravedad y las circunstancias de cada caso, estas conductas pueden ser delitos contra la integridad moral o de injurias graves, entre otros, y generar responsabilidades civiles. Añade que presentar una publicación como una broma, usar dibujos o hacerlo desde un perfil anónimo “no impiden que se valore su contenido y el daño causado”.

En la práctica, la mayoría de los autores son menores. Quienes tienen entre 14 y 17 años responden según la Ley Orgánica de responsabilidad penal de los menores. Los menores de 14 no tienen responsabilidad penal, pero eso no elimina la responsabilidad civil por los daños, de la que pueden tener que responder sus padres o tutores.

La Policía también pide a quien no es autor ni víctima que no contribuya a difundir el contenido. “Si te llega una publicación que humilla, no la compartas, repórtala y apoya a quien la esté sufriendo”, pide Nido.

Para quien sufra estas humillaciones, la Policía recomienda guardar capturas de pantalla de las publicaciones y de los comentarios relevantes en las que se vean el contenido, la fecha y el perfil que las difunde. También aconseja conservar el nombre de usuario y los enlaces a la cuenta y a cada publicación, y no reenviar ese material más allá de lo necesario para denunciar o aportar pruebas. Después, la víctima debe reportar las publicaciones con las herramientas de la plataforma y bloquear a quienes la acosen.

“Y si te está pasando a ti, guarda capturas, guarda el usuario y también los enlaces. Habla con un adulto de confianza, con tu centro educativo, y denúncialo ante la Policía Nacional”, insiste el portavoz. Las personas afectadas y sus familias pueden presentar denuncia en cualquier comisaría.

Un protocolo común en los centros aragoneses

La advertencia llega un día después de que el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón enviara a colegios e institutos de las tres provincias un protocolo común contra estas cuentas. El Ejecutivo autonómico lo justifica por la proliferación de ‘curis’ y perfiles similares en las últimas semanas, sobre todo en TikTok e Instagram.

Las instrucciones, coordinadas por la Secretaría General Técnica y la Inspección Educativa de Huesca, Teruel y Zaragoza, se aplican cuando una cuenta está vinculada a un centro por el uso de su nombre, sus siglas o sus imágenes, o por referencias directas a alumnos, docentes u otro personal. En esos casos, la dirección del centro debe recoger y custodiar las pruebas con acceso restringido, avisar con urgencia al Departamento y a la Inspección, y trasladar los hechos a la Policía Nacional o a la Guardia Civil. El protocolo también obliga a informar a las familias, de forma individual y confidencial, de su derecho a denunciar, y a pedir a TikTok e Instagram que retiren los perfiles. Si procede, los centros pueden reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos.

El protocolo no fija plazos para que las plataformas retiren los perfiles. Además, el propio texto asume que un instituto no puede identificar por sí solo al titular de una cuenta anónima, y por eso los casos acaban en manos de la Policía o la Guardia Civil. Educación no ha dado cifras de cuentas detectadas ni de centros afectados en Aragón.

El fenómeno no es exclusivo de la Comunidad. En Málaga, la Comisaría Provincial ha confirmado que se ha presentado al menos una primera denuncia por una de estas cuentas y que la investigación sigue abierta. Fuentes policiales citadas por El Español lo describen como “un fenómeno conocido” y “habitual”, y advierten de que “unos centros denuncian y otros no”.

Dos personas han resultado heridas graves este viernes en un accidente de tráfico en la carretera A-127, en el término municipal de Ejea de los Caballeros, en el tramo que conecta esta localidad con Tauste. El siniestro se ha producido en el kilómetro 31 de la vía y ha implicado a tres vehículos, según han informado la Guardia Civil y la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ).

Los bomberos de la DPZ han recibido el aviso a las 07:45 y han tenido que rescatar al único ocupante de una furgoneta, que había quedado atrapado tras la colisión. El herido ha sido trasladado en helicóptero a un centro hospitalario de Zaragoza. El ocupante del turismo también ha resultado herido grave y ha sido evacuado en ambulancia al hospital Miguel Servet de la capital aragonesa.

Según la información facilitada por la Guardia Civil, el accidente ha consistido en una colisión frontal y otra posterior frontolateral, con tres vehículos implicados. Las causas del siniestro están siendo investigadas por la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de Zaragoza.

Lo que empezó como una competición online durante el eclipse total de Sol de agosto acaba este viernes en la Casa de Cultura de Herrera de los Navarros, en Zaragoza. Esta localidad del Campo de Daroca de 495 habitantes acoge desde las 18:00 horas la I Feria Científica del Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea (ISQCH). El destino no lo eligió el instituto, sino la participante de un juego: Sandra Bueno Valién, ganadora del I Reto Eclipse.

El reto se jugó los días 12 y 13 de agosto, coincidiendo con el eclipse total de Sol visible en España, a través de Hi Score Science, un juego creado por el ISQCH para despertar el interés por la ciencia de forma divertida. El premio para quien lograra la máxima puntuación no era material. Era llevar una feria científica al pueblo que eligiera. El ISQCH la organiza en colaboración con el Gobierno de Aragón, Galáctica y el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Bueno Valién sumó más puntos que nadie y escogió Herrera de los Navarros.

El instituto que organiza la feria es un centro mixto creado en 2011 por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Zaragoza. Desde su sede en la capital aragonesa trabaja en el desarrollo de nuevos procesos de síntesis, en compuestos con aplicaciones biomédicas y ópticas y en estrategias químicas sostenibles. Detrás están dos instituciones de peso. El CSIC, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, reúne 124 centros de investigación y es el mayor organismo público dedicado a la investigación científica y técnica en España. La Universidad de Zaragoza, fundada oficialmente en el siglo XVI aunque con antecedentes en el XV, es la principal institución pública de educación superior de Aragón y tiene alrededor de 33.000 estudiantes repartidos en los campus de Zaragoza, Huesca, Jaca, Teruel y La Almunia de Doña Godina.

Dos meses después del eclipse, el reto vuelve a jugarse, esta vez cara a cara. La programación incluye un torneo presencial de Hi Score Science, después de un taller que une ciencia y arte y de la entrega a la ganadora del certificado que acredita su victoria.

Cerrará la jornada José María Fraile Dolado, investigador científico del CSIC y director del ISQCH, con una ponencia de 45 minutos titulada ‘Economía circular y sostenibilidad: el papel de la química’. El tema está en línea con una de las áreas de trabajo del propio instituto, la química sostenible.

Todas las actividades son gratuitas y abiertas a todos los públicos, aunque están pensadas especialmente para mayores de 10 años. Según los organizadores, el objetivo es acercar la ciencia al mundo rural y despertar la curiosidad tanto entre los más jóvenes como entre los adultos, para demostrar que nunca es tarde para aprender ciencia.

El escenario de esta primera edición es un municipio conocido sobre todo por su patrimonio. Herrera de los Navarros, en el sur de la provincia de Zaragoza, conserva la iglesia de San Juan Bautista, de estilo mudéjar y construida en el último tercio del siglo XIV. Desde abril de 2023, su Ayuntamiento es socio del proyecto Territorio Mudéjar, que pone en valor este legado en Aragón.

El Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón ha remitido este jueves a todos los centros educativos de la Comunidad Autónoma un conjunto de instrucciones de actuación comunes si detectan cuentas, perfiles o publicaciones en redes sociales que difundan contenidos vejatorios o lesivos hacia la comunidad educativa. El objeto es prevenir y abordar estas situaciones de forma homogénea en todos los centros educativos.

Ante esta preocupante tendencia, el Gobierno de Aragón tomará todas las medidas que permita la legislación vigente para proteger a los centros, los profesores, el personal y los menores afectados por estos perfiles y realiza además un llamamiento a las familias para que denuncien cualquier vulneración de los derechos de sus hijos, para desincentivar con ello que sigan abriéndose y difundiéndose este tipo de cuentas anónimas.

Esta medida pone en común las acciones que se han estado realizando caso por caso a raíz de la detección de cuentas conocidas como 'curis' a lo largo de las últimas semanas en varios centros de Aragón, así como de perfiles de características similares en plataformas digitales como TikTok o Instagram, y que se utilizan para ridiculizar, desacreditar, humillar u hostigar tanto al alumnado y como al personal docente.

Las pautas redactadas por Educación resultan aplicables siempre que se aprecie una vinculación entre la cuenta o publicación y un centro educativo, ya sea por hacer uso de su denominación, siglas e imágenes, o bien por referirse directamente a sus miembros, sean alumnos o docentes.

Desde el Gobierno de Aragón recuerdan que la publicación y difusión de este tipo de contenidos en redes afectan de forma directa al bienestar emocional de todas las personas afectadas y deterioran el clima de convivencia escolar. Por eso se proporciona a los centros indicaciones para que puedan dar una respuesta unificada, homogénea y ágil desde el primer momento en que tengan conocimiento de la existencia de una de estas cuentas.

El protocolo de actuación establecido cuenta con seis medidas: Documentación y custodia restringida de evidencias; comunicación inmediata a las autoridades educativas; puesta en conocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; denuncia a las redes sociales; información confidencial y acompañamiento y vías complementarias de protección.

Con la emisión de estas instrucciones, coordinadas por la Secretaría General Técnica y la DIE, el Departamento de Educación respalda a los equipos directivos y centros escolares que se puedan ver afectados por este tipo de cuentas anónimas en redes sociales. Estas indicaciones les permiten articular una respuesta coordinada y homogénea en favor de la convivencia y el uso responsable de las tecnologías, con el objetivo de proteger los derechos de toda la comunidad educativa de Aragón y, en especial, los de los menores de edad.

¿Cómo conseguir que las calles, plazas y parques sean espacios en los que todo el mundo pueda sentirse a gusto? Esta ha sido una de las preguntas que han centrado el coloquio 'Por otros 50 años de espacio público en libertad', organizado este jueves por elDiario.es Aragón en el Ateneo Laico Stanbrook de Zaragoza, cuenta con el patrocinio de la Fundación Bernardo Aladrén y la colaboración de la Delegación del Gobierno en Aragón. Urbanistas, representantes de colectivos ciudadanos y especialistas en derechos digitales han debatido sobre la importancia de escuchar a quienes utilizan estos espacios, facilitar la convivencia y garantizar que las nuevas tecnologías respeten la privacidad.

El geógrafo Francisco Pellicer, de la Universidad de Zaragoza y moderador del encuentro, ha defendido la importancia de prestar atención a los espacios cotidianos y a las relaciones que se construyen en ellos. “No son las grandes obras, las transformaciones importantes, es cuidar ese tejido”, ha señalado. Pellicer ha reivindicado así una forma de entender la ciudad que tenga en cuenta los lugares de encuentro y su capacidad para favorecer la convivencia.

La arquitecta Patrizia Di Monte, impulsora del programa Estonoesunsolar, ha defendido que diseñar la ciudad implica mucho más que construir o reformar plazas. “Un espacio público no se puede diseñar sin generar empatía con los vecinos”, ha señalado. Desde su experiencia en Zaragoza, ha explicado cómo la recuperación de solares abandonados permitió convertir espacios infrautilizados en lugares de encuentro y mejorar la conexión entre distintas zonas de la ciudad.

“Entendimos que no eran errores de la planificación, estos puntos ciegos que interrumpían los ciclos urbanos”, ha explicado al recordar el trabajo desarrollado con solares vacíos. Su planteamiento pasa por reconocer las oportunidades que ofrecen estos espacios para reforzar la cohesión urbana y favorecer las relaciones entre vecinos.

Di Monte ha insistido en que las intervenciones deben partir de la observación y la escucha de quienes habitan los barrios. La flexibilidad, el confort térmico, los árboles que proporcionan sombra y los bancos son algunos de los elementos que, a su juicio, contribuyen a “crear lugares más acogedores y accesibles”. La arquitecta ha defendido así que el diseño físico debe ir acompañado de un proceso que permita reconocer las necesidades y los usos de la ciudadanía.

Una ciudad que tenga en cuenta a sus usuarios

La participación ciudadana ha atravesado buena parte del coloquio, especialmente al abordar las decisiones sobre el futuro de los espacios urbanos. Durante el turno de palabra, asistentes al encuentro han cuestionado la falta de apoyo institucional para mantener determinadas instalaciones y han planteado que algunos colectivos encuentran dificultades para desarrollar sus actividades en la ciudad.

En este contexto, Nacho Romanos, representante del Zaragoza Skateboarding Club, ha denunciado las dificultades que encuentran los jóvenes para practicar skate en distintos puntos de Zaragoza y disponer de espacios propios en la ciudad. “Nos han ido echando de todos sitios, buscamos nuestros espacios para estar tranquilamente”, ha resumido. A su juicio, el problema va más allá de contar con instalaciones deportivas: también tiene que ver con poder utilizar las calles y plazas para desarrollar una actividad que forma parte de su manera de vivir la ciudad.

“El skateboard no es una actividad física solo, es una expresión artística”, ha defendido Romanos, “siempre quieres ir a la ciudad a eso que has aprendido representarlo en un espacio urbano”, ha señalado. Romanos ha expuesto la controversia sobre el futuro del skatepark de Vía Hispanidad como ejemplo de las tensiones que surgen cuando se modifica el destino de un espacio que ya tiene un uso social consolidado. También ha criticado las multas a quienes patinan en la calle y ha asegurado que su cuantía ha aumentado notablemente con la nueva ordenanza cívica.

La tecnología también ocupa el espacio público

La protección de la privacidad y los datos personales ha sido otro de los asuntos abordados durante el encuentro. Cámaras, sensores, aplicaciones y sistemas de identificación forman parte cada vez más de la gestión urbana y de servicios cotidianos, una presencia que plantea interrogantes sobre los derechos ciudadanos.

Daniela González, de la Fundación Hermes, ha defendido que la tecnología puede contribuir a mejorar la vida en las ciudades, pero ha advertido de que su implantación debe acompañarse de garantías. “Nuestros derechos no se quedan en casa cuando entramos en una plaza, ni en la calle al coger el bus”, ha afirmado.

González ha distinguido entre las herramientas que pueden contribuir a mejorar la seguridad y los riesgos de la vigilancia masiva. “La vigilancia masiva funciona todo lo contrario, no sabemos qué datos recopila o quién está al otro lado”, ha señalado. A su juicio, es necesario garantizar la transparencia sobre la información que se recoge, quién puede acceder a ella y qué uso se hace de los datos personales.

La representante de la Fundación Hermes ha defendido que una mayor presencia de sistemas de control no garantiza por sí misma una mejor convivencia. La confianza, la protección de la privacidad y la existencia de garantías deben formar parte, ha señalado, de cualquier estrategia de digitalización del espacio público. También ha planteado la necesidad de evitar que la tecnología se convierta en una barrera para determinados colectivos y de aprovechar sus posibilidades para favorecer la participación ciudadana y las relaciones entre generaciones.

Espacios para convivir entre generaciones

El encuentro ha abordado asimismo la importancia de diseñar espacios en los que personas de distintas edades puedan compartir actividades y encontrarse de forma espontánea. Di Monte ha defendido la necesidad de crear lugares flexibles que faciliten esa convivencia, con elementos como árboles que den sombra y bancos. Por su parte, González ha advertido de que las diferencias en el acceso a la tecnología no son únicamente generacionales y ha señalado que existen organizaciones que trabajan para que “la digitalización ponga a las personas en el centro”.

Las intervenciones también han puesto sobre la mesa la importancia de reconocer los distintos usos del espacio público y de evitar que determinados colectivos queden excluidos. Para Di Monte, el trabajo de quienes diseñan la ciudad debe partir de la escucha y la observación: “No es tanto el diseño del espacio sino el proceso que como técnicos tenemos que facilitar y garantizar”, ha señalado.

La participación ciudadana ha sido también uno de los asuntos planteados por el público, con críticas a la falta de apoyo institucional para mantener algunas instalaciones y a las dificultades para que determinados usos y colectivos tengan cabida en la ciudad. El coloquio ha cerrado así una reflexión sobre cómo construir espacios públicos que favorezcan la convivencia y permitan a la ciudadanía participar en las decisiones que afectan a su entorno.

La visita de Vito Quiles a Zaragoza ha terminado convirtiéndose en una jornada de tensión en el entorno de la Universidad de Zaragoza y la plaza de San Francisco. La Policía ha cargado contra los manifestantes antifascistas durante las protestas contra el agitador ultra, en las que se han vivido momentos de enfrentamiento verbal, lanzamiento de botellines, cajas y otros objetos, y una intervención policial en la que los agentes han sacado las porras y portaban gas pimienta.

La convocatoria se había fijado inicialmente para las 19.00 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. A pesar de que la institución académica no autorizó el acto en sus instalaciones, Quiles mantuvo el llamamiento, que ha empezado más tarde y se ha desplazado hacia la plaza de San Francisco, donde ha pronunciado su discurso.

La movilización ha comenzado en el entorno universitario y se ha desplazado posteriormente hasta la plaza. Desde allí, los participantes han continuado en dirección al Auditorio de Zaragoza, en una secuencia de acontecimientos marcada por los momentos de tensión entre los distintos grupos y la intervención de los agentes. Una de las asistentes asegura que ha visto a una persona “con heridas en la cabeza” y que ha observado a personas con los ojos “fatal” a consecuencia del gas pimienta.

Durante la concentración se han escuchado insultos y consignas dirigidas tanto contra el agitador como contra el presidente del Gobierno. Entre los gritos dirigidos a Quiles se han oído “facha de mierda” y “Vito Quiles, hijo de puta”. El ambiente ha estado marcado por la exaltación y la violencia verbal entre los presentes.

La presencia de manifestantes antifascistas ha sido superior a la de seguidores de Quiles. En distintos momentos, los grupos han permanecido separados por los agentes, aunque la situación se ha tensado cuando el agitador se ha situado entre ambos bloques.

La Policía ha intervenido durante los incidentes y ha cargado contra los manifestantes antifascistas. Los agentes han sacado las porras y portaban gas pimienta, mientras se producían lanzamientos de botellines, cajas y otros objetos.

La Coordinadora Antifascista de Zaragoza había llamado a movilizarse contra la visita de Quiles, al considerar que pretendía utilizar la ciudad como escenario para difundir sus “discursos de odio”. El agitador, por su parte, había animado a sus seguidores a acudir a Zaragoza para demostrar que la ciudad era un territorio “leal a España” y levantarse contra “la mafia de Sánchez”.

El tren que conecta Zaragoza con Canfranc se ha convertido este jueves en un espacio de encuentro para siete proyectos empresariales aragoneses vinculados a la innovación y el emprendimiento. La iniciativa “Emprender en el Canfranero”, impulsada por Renfe y la Fundación Aragón Emprende, ha reunido a emprendedores de distintos puntos de la ruta con empresas, entidades e instituciones para compartir experiencias y explorar nuevas oportunidades de colaboración.

La actividad, promovida a través de TrenLab, el programa de innovación abierta de Renfe, y con la colaboración del Instituto Aragonés de Fomento, sirve de antesala a la Semana del Emprendimiento en Aragón, que celebrará su vigésima edición del 26 al 30 de octubre.

Los participantes se han incorporado al tren en diferentes estaciones, entre ellas Zaragoza, Huesca, Ayerbe, Sabiñánigo y Jaca, en una propuesta que busca visibilizar el talento empresarial ligado al territorio y al medio rural. Durante el trayecto, han presentado sus iniciativas y participado en dinámicas para establecer contactos profesionales, una actividad que ha continuado en Canfranc con un almuerzo de networking.

Siete iniciativas de distintos sectores

Los proyectos participantes abarcan ámbitos como la salud, la inteligencia artificial, la fabricación aditiva, el análisis de datos, la producción audiovisual y la eficiencia energética.

Entre ellos se encuentra My Coco, una iniciativa zaragozana que combina ciencia, diseño e innovación social para mejorar el bienestar de las mujeres mastectomizadas. También desde Zaragoza, Roomfid ha desarrollado un sistema automatizado de control de inventario para hospitales, mientras que VaDa Smarthose trabaja en soluciones de energía solar y automatización del consumo energético en los hogares.

La lista se completa con NomadHive, una consultoría de Biscarrués especializada en inteligencia artificial, automatización y ciberseguridad; Letstat, una empresa de Cuarte centrada en el análisis estadístico y de datos para la investigación científica; Morpheus Designs, con sede en Sabiñánigo y dedicada a la gestión térmica y la fabricación aditiva; y Enavai Films, una productora audiovisual y cinematográfica de Jaca vinculada al territorio.

La Semana del Emprendimiento llegará a 16 localidades

El viaje supone el punto de partida de la 20.ª Semana del Emprendimiento en Aragón, promovida por el Gobierno autonómico a través de la Fundación Aragón Emprende. La programación se desarrollará del 26 al 30 de octubre y prevé reunir a más de 1.500 asistentes presenciales en una veintena de actividades repartidas por 16 localidades aragonesas.

Además de Zaragoza, la agenda llegará a Huesca, Alcañiz, Alcorisa, Ariño, Barbastro, Calatayud, Canfranc, Caspe, Ejea de los Caballeros, Fayón, Graus, Jaca, Molinos, Oliete y Perdiguera.

La iniciativa se enmarca en la actividad de TrenLab, el programa de Renfe que promueve la colaboración con emprendedores, empresas emergentes y centros tecnológicos para impulsar soluciones innovadoras relacionadas con el ámbito ferroviario y la movilidad.

La Justicia de Aragón ha pedido al Departamento de Educación del Gobierno autonómico que dote de personal de enfermería al colegio de educación especial San Martín de Porres de Zaragoza para atender las necesidades sanitarias de sus alumnos. La institución considera que la ausencia o la insuficiencia de determinados perfiles profesionales puede afectar a la atención del alumnado y reclama que los recursos de los centros se ajusten a las necesidades de apoyo de cada estudiante.

La sugerencia, firmada por la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, el pasado 4 de septiembre, responde a las reclamaciones presentadas por varias familias del centro, gestionado por Atades, que alertan de la falta de recursos personales en los colegios concertados de educación especial y de las dificultades para garantizar una atención adecuada en el San Martín de Porres.

La resolución recoge que al colegio acuden 145 alumnos distribuidos en 24 aulas. Según los datos aportados por las familias, el centro cuenta con 14 auxiliares técnicos educativos (ATE), una cifra que consideran insuficiente para atender las necesidades de un alumnado con problemas de salud, movilidad y conducta. Los reclamantes sostienen que sería necesario disponer, como mínimo, de un auxiliar por aula para garantizar la seguridad de los estudiantes.

Una de las principales preocupaciones es la falta de personal sanitario durante el horario lectivo. Las familias denuncian que no hay enfermeras ni auxiliares de enfermería para atender los problemas de salud que puedan surgir en el centro y administrar la medicación que necesitan algunos alumnos.

La queja también señala que el colegio dispone de un fisioterapeuta a jornada completa y otro a media jornada para los 145 estudiantes, tres logopedas, una orientadora y un profesional de psicomotricidad. Además, las familias lamentan que no haya especialistas específicos de música ni de educación física.

Educación sostiene que la dotación es adecuada

El Departamento de Educación trasladó al Justicia de Aragón que el centro dispone de una dotación adecuada de recursos personales conforme a la normativa vigente. En su respuesta, detalló que cuenta con profesorado de Pedagogía Terapéutica, auxiliares de Educación Especial, profesionales de orientación y de servicios a la comunidad, además de un técnico del aula multisensorial.

La Administración también indicó que el colegio dispone de un profesional de psiquiatría que acude una mañana a la semana y diez cuidadores con contratos de aproximadamente tres horas diarias para atender al alumnado en momentos puntuales. A estos recursos se suman los servicios ordinarios de atención educativa.

Respecto a la ausencia de enfermería, Educación explicó que en septiembre de 2025 asignó al centro media plaza de este perfil profesional. Sin embargo, según la información facilitada por el departamento, el colegio decidió destinar esa dotación a contratar a un cuidador, por lo que atribuye la falta actual de personal sanitario a una decisión organizativa del propio centro.

El departamento añadió que, desde febrero de 2026, se habían incorporado otros dos cuidadores para dar respuesta a parte de las demandas de las familias.

El Justicia reconoce el esfuerzo de la Administración educativa para dotar de profesionales a los centros de educación especial, pero advierte de que la ausencia o la baja dotación de determinados perfiles puede repercutir en la atención que recibe el alumnado. En su resolución, subraya que las dificultades para cubrir una plaza de enfermería no eliminan la necesidad de valorar si este perfil resulta necesario para garantizar una atención sanitaria adecuada.

El derecho a recibir los apoyos necesarios

La institución fundamenta su sugerencia en el derecho del alumnado con necesidades educativas especiales a recibir los apoyos necesarios para alcanzar su máximo desarrollo personal y educativo. Para ello, recuerda la obligación de las administraciones de disponer de profesionales cualificados y medios adecuados para atender las necesidades específicas de los estudiantes.

La resolución cita una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de noviembre de 2024 que reconoció el derecho de varios alumnos a recibir las medidas de apoyo necesarias para su desarrollo personal y educativo. También alude a la Ley Orgánica de Educación, que establece que las administraciones deben garantizar los recursos necesarios para que todo el alumnado pueda desarrollar al máximo sus capacidades.

En relación con la situación concreta del San Martín de Porres, el Justicia precisa que la información facilitada por Educación no permite concluir que exista un incumplimiento de la normativa en cuanto a la dotación reglamentaria de personal. No obstante, considera que las reclamaciones presentadas pueden poner de manifiesto la necesidad de complementar los recursos disponibles.

Por ello, la sugerencia plantea dos medidas: dotar al colegio de personal sanitario de enfermería suficiente y adecuado y tener en cuenta las necesidades concretas del alumnado al analizar los recursos personales de los centros de educación especial.

La Justicia de Aragón ha solicitado al Departamento de Educación que comunique, en un plazo no superior a un mes, si acepta o rechaza la sugerencia. En caso de no aceptarla, deberá explicar los motivos de su decisión.

El futuro Hospital Universitario Royo Villanova, llamado a ser centro de referencia para los más de 200.000 vecinos que viven en la margen izquierda de Zaragoza, se ubicará en la calle Ronda de Boltaña, próximo al entorno en el que se encuentran el Campus Río Ebro de la Universidad de Zaragoza y el DAT Alierta.

Así lo ha confirmado el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, acompañado por el consejero de Sanidad, Ángel Sanz, en declaraciones a los medios de comunicación tras la celebración del Pleno Extraordinario del Consejo de Salud de Aragón, máximo órgano colegiado de participación ciudadana en materia sanitaria, que se ha reunido este jueves en la sala Hermanos Bayeu del Edificio Pignatelli.

Esta localización se ha decidido tras un proceso de participación ciudadana y no ha contado con ningún voto en contra, aunque sí cuatro abstenciones. El proyecto de Presupuestos de Aragón para 2027 incluirá una partida de alrededor de cinco millones de euros para iniciar los trabajos de redacción del proyecto y la licitación de las obras.

“La nueva parcela es una parcela de 58.000 metros cuadrados, con espacio suficiente para que los servicios que se tengan que construir sean los que necesitaremos durante los próximos años”, ha explicado el presidente Azcón.

Las otras tres opciones, ya descartadas, eran la Academia General Militar y la A-23, en el barrio rural de San Gregorio y en la carretera de Cogullada, entre Mercazaragoza y el río Gállego.

El Consejo de Salud de Aragón es el órgano encargado de formular la política sanitaria y del control de su ejecución, así como de asesorar e informar al Departamento responsable de salud del Gobierno de Aragón.

Está formado por 56 representantes, 18 de la Administración autonómica, cinco de la Administración local —uno por cada diputación provincial y dos de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias—, cinco de los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón y seis de las organizaciones sindicales y empresariales —CCOO, UGT, CEMSATSE, CSIF, CEOE, Cepyme—.

Además, hay un representante del Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio, dos de las universidades de Aragón, seis de los colegios profesionales, uno en representación de las entidades científicas, cuatro de las asociaciones ciudadanas y de consumidores y usuarios, tres de organizaciones representativas de pacientes y cuatro de los consejos de salud de zona.

El Vino de la Amistad de ATADES cumple quince años. La iniciativa solidaria, impulsada junto a la bodega ENATE, ha presentado este jueves en Zaragoza su nueva edición, cuyos beneficios se destinarán a proyectos de inserción sociolaboral para personas con discapacidad intelectual, capacidad intelectual límite y autismo. La artista aragonesa Eva Armisén vuelve a colaborar con el proyecto y ha cedido los derechos de reproducción de una de sus obras, titulada “Dejarme la piel por amor”, para ilustrar la etiqueta de las botellas.

La iniciativa, que nació en 2012, se ha consolidado como una colaboración entre el ámbito social, empresarial y cultural. En esta XV edición, cuenta también con el respaldo de CEOE Aragón y destinará los fondos recaudados a impulsar la formación, la capacitación y el acceso al empleo a través de Gardeniers, el centro especial de empleo de ATADES.

La presidenta de ATADES, Susana Álvarez, ha destacado durante la presentación que el proyecto “demuestra que las alianzas sostenidas en el tiempo generan oportunidades reales para las personas con discapacidad intelectual, capacidad intelectual límite y autismo”. Asimismo, ha subrayado que, quince años después, la iniciativa mantiene el mismo propósito: “construir una sociedad más inclusiva a través de iniciativas que unen solidaridad, empresa y cultura”.

Por su parte, la directora de Marketing, Comunicación y Enoturismo de ENATE, Ana Gállego, ha reivindicado la continuidad de la colaboración entre ambas entidades. “Para ENATE es un verdadero orgullo seguir recorriendo este camino junto a ATADES y comprobar, año tras año, que esta colaboración continúa creciendo sin perder lo más importante: su esencia humana”, ha señalado.

La directora general de CEOE Aragón, Ana López, también ha puesto el foco en el papel de las empresas en la inclusión laboral. “Las empresas aragonesas tenemos mucho que aportar en este camino trabajando junto a entidades como ATADES para construir una sociedad en la que todo el talento encuentre su espacio”, ha afirmado.

El acto, celebrado en la sede de CEOE Aragón, ha contado con la intervención de la delegada del Gobierno en Aragón, Noelia Herrero, y con la presencia de representantes institucionales, empresariales y sociales, además de usuarios y profesionales de ATADES.

Las personas usuarias, protagonistas de la vendimia

La presentación ha servido para dar a conocer la nueva botella y recordar la vendimia celebrada el pasado 9 de septiembre en los viñedos de ENATE, en Salas Bajas (Huesca). En la jornada participaron personas usuarias del Centro Residencial Sonsoles, del Centro Residencial y Ocupacional Integra Aragón y de a·Autismo, que colaboraron en la recogida de la uva y en el tradicional pisado simbólico que marca el inicio de cada edición.

La experiencia se completó con una visita a la bodega y una jornada de convivencia. Algunas de las personas participantes han acudido también a la presentación de este año, donde han compartido sus vivencias y la ilusión por formar parte del proyecto.

Una de ellas ha relacionado su participación con el título de la obra de Armisén que ilustra la botella: para ella, formar parte del Vino de la Amistad es una forma de “dejarme la piel por amor”.

Dónde comprar el Vino de la Amistad

Las botellas de esta edición podrán adquirirse en las oficinas centrales de ATADES, situadas en la calle Octavio de Toledo, 2, y en Espacio Garden, en la avenida Clara Campoamor, 25, de Zaragoza. También estarán disponibles durante el Rastrillo Navideño Solidario de la entidad.

Las personas interesadas pueden solicitar más información o realizar reservas a través del correo electrónico vinoamistad@atades.org.

Los vecinos de Binéfar (Huesca) no pueden usar el agua de la red pública ni para beber ni para cocinar. Salud Pública del Gobierno de Aragón ha decretado la prohibición después de que la analítica del laboratorio que controla el suministro municipal detectara una concentración de clorato de 0,98 miligramos por litro, cuando el límite marcado es de 0,7. La restricción seguirá en vigor hasta que los niveles vuelvan a quedar por debajo de ese umbral.

Fue el propio Ayuntamiento binefarense el que comprobó la alteración en los resultados del laboratorio contratado para vigilar la calidad del agua. La prohibición se limita al consumo de boca y a la preparación de alimentos. La ducha, el aseo, la colada y el riego siguen permitidos.

El laboratorio tomó nuevas muestras este miércoles por la mañana. El Consistorio espera los resultados “en un breve plazo”, aunque no hay fecha para levantar la restricción.

El clorato aparece como subproducto del hipoclorito sódico, el cloro que se usa para desinfectar el agua y hacerla potable. El Real Decreto 3/2023, que traspone la directiva europea de agua de consumo, fija con carácter general un límite de 0,25 mg/l, que se amplía a 0,7 cuando el método de desinfección genera clorato, como ocurre con el hipoclorito. Binéfar supera incluso ese margen ampliado.

El problema del clorato no está en una intoxicación inmediata, sino en la exposición continuada. Este compuesto interfiere en la captación de yodo por la glándula tiroides, que lo necesita para fabricar las hormonas que regulan el metabolismo y, en los primeros años de vida, el desarrollo neurológico. Por eso, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) recomendó en 2015 reducir su presencia en el agua potable.

Los grupos más vulnerables son los lactantes alimentados con biberón, las embarazadas, los niños pequeños y las personas con trastornos de tiroides o déficit de yodo. A dosis muy superiores a las detectadas en Binéfar, el clorato también puede dañar los glóbulos rojos. Hervir el agua no elimina el compuesto, y de hecho al evaporarse parte del líquido la concentración aumenta.

Zaragoza todavía no se ha recuperado de las Fiestas del Pilar y ya tiene una nueva cita para su calendario de celebraciones, aunque esta vez con un protagonista poco habitual en la ciudad. Amnistía Animal ha convocado para este sábado 24 de octubre una manifestación en memoria del jabalí que recorrió las calles del centro durante la última noche festiva y acabó sus días en un bar del Casco Histórico. La convocatoria incluye una concentración, una marcha, un rincón para depositar ofrendas y una propuesta de alcance internacional: instaurar el Día Mundial del Jabalí.

La cita será a las 19.00 horas en la plaza de España, desde donde los participantes se dirigirán hasta el bar El Jardín del Temple, escenario del trágico desenlace de una excursión urbana que el animal seguramente no imaginaba tan accidentada. La organización invita a quienes deseen participar a llevar algún obsequio para crear un pequeño espacio de homenaje.

La convocatoria, difundida a través de Instagram, pretende denunciar lo que Amnistía Animal considera una “injusticia” y reclamar un protocolo específico para intervenir cuando la fauna silvestre aparece en entornos urbanos. Entre las reivindicaciones figura que sean profesionales especializados quienes se encarguen de controlar a estos animales, con la posibilidad de sedarlos y devolverlos a su hábitat natural cuando las circunstancias lo permitan.

El homenajeado se convirtió, muy a su pesar, en uno de los personajes más inesperados de las últimas Fiestas del Pilar. Durante la madrugada del domingo 18 de octubre, el jabalí protagonizó una carrera por algunas de las principales calles de Zaragoza, desde la zona de Asalto y Camino de las Torres hasta el paseo de la Independencia y el Casco Histórico. Su recorrido, entre tranvías, peatones y vehículos policiales, fue grabado por numerosos ciudadanos que no daban crédito a la aparición del animal en plena noche festiva.

La aventura terminó en un establecimiento de la calle del Temple, donde el jabalí embistió a una mujer y le provocó lesiones leves. El responsable del local y otras personas presentes acabaron con la vida del animal utilizando un arma blanca, una actuación que ha provocado la indignación de los colectivos animalistas.

Amnistía Animal ha anunciado acciones legales contra los particulares implicados, el establecimiento y el Ayuntamiento de Zaragoza, al que reprocha su actuación durante el incidente. La entidad también ha solicitado la colaboración ciudadana para localizar testigos e imágenes que permitan reconstruir lo sucedido.

Mientras, desde el partido Pacma destaca el hecho de que el dueño de mencionado establecimiento matara al jabalí, que estaba “desorientado y aterrorizado”. “Este tipo de actuaciones podría tener consecuencias penales. Matar a un animal de la fauna silvestre sin autorización podría ser un delito”, advierte la organización, que exige un protocolo para estas situaciones: “Deben ser los agentes especializados quienes practiquen una sedación al animal para trasladarlo de nuevo a su hábitat”.

Por su parte, los Bomberos de Zaragoza, que cuentan con una Unidad de Rescate Animal, preparan una instrucción operativa para abordar futuras intervenciones de estas características.

Mientras se esclarecen las circunstancias de lo ocurrido y se debate cómo actuar ante la presencia de animales salvajes en las ciudades, el jabalí ya tiene asegurado, al menos, un homenaje público.

El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) ha anulado la licitación convocada por el Ayuntamiento de la localidad zaragozana de Cuarte de Huerva para gestionar las clases de su Escuela Municipal de Música, un contrato con un valor estimado de 472.120 euros, sin IVA. El órgano autonómico ha estimado el recurso presentado por una empresa del sector y ha declarado nulas varias cláusulas de los pliegos por incluir criterios de adjudicación que no estaban suficientemente justificados, no guardaban la necesaria vinculación con el servicio contratado o dejaban un margen excesivo de discrecionalidad en la valoración de las ofertas. Caen 40 de los 70 puntos de calidad: las autorizaciones para exámenes oficiales (15), los certificados ISO 9001 y RSC (5 + 5) y el equipo humano (15).

La resolución, adoptada por unanimidad el pasado viernes 16 de octubre, llega en un momento especialmente delicado para la escuela, cuyo calendario contemplaba el comienzo de las clases este lunes 19 de octubre. El procedimiento de contratación permanecía suspendido cautelarmente desde el 1 de septiembre, por lo que la anulación obliga al Ayuntamiento a corregir los pliegos y convocar una nueva licitación si quiere continuar con esta fórmula de gestión.

Consultado al respecto, fuentes del Ayuntamiento de Cuarte han manifestado que, “debido a situaciones anteriores” –en referencia a informaciones periodísticas previas sobre el Consistorio–, el Gobierno municipal rechazaba “conceder declaraciones a este medio”.

El contrato estaba destinado a cubrir los cursos escolares 2026-2027 y 2027-2028, con un máximo de 3.700 horas de servicio por curso, entre docencia, tutorías y tareas organizativas. La oferta educativa incluye iniciación musical para los más pequeños, lenguaje musical, enseñanza de instrumentos y talleres infantiles, además de la gestión de preinscripciones y matrículas. Las clases se desarrollan en el Centro Cívico Cultural del municipio.

La controversia se centra en los criterios elegidos para adjudicar el contrato, que otorgaban hasta 70 puntos a aspectos relacionados con la calidad y 30 a la oferta económica. Entre los primeros figuraban 15 puntos para las empresas que dispusieran de autorizaciones para realizar exámenes oficiales de enseñanzas musicales, otros diez por determinadas certificaciones de responsabilidad social y gestión de calidad y 15 más por las características del equipo humano propuesto.

El tribunal cuestiona especialmente que se premiara a las empresas autorizadas para realizar exámenes oficiales cuando la Escuela Municipal de Música de Cuarte imparte enseñanzas no regladas. El contrato tampoco incluía programas específicos de preparación para acceder a conservatorios, tutorías orientadas a ese objetivo ni otras actividades que permitieran justificar la ventaja que se pretendía valorar.

El Ayuntamiento defendió que disponer de estas autorizaciones garantizaba una enseñanza de mayor calidad y facilitaba a los alumnos interesados su futura incorporación a estudios musicales oficiales. Sin embargo, el Tacpa considera que los pliegos valoraban una característica previa de la empresa sin concretar cómo se traduciría en una mejora efectiva del servicio municipal.

Criterios establecidos por indicación del equipo de gobierno

Uno de los aspectos más relevantes de la resolución aparece en la propia memoria justificativa de la contratación. El documento señala expresamente que los servicios municipales elaboraron los pliegos incluyendo, “por indicación del equipo de gobierno”, el procedimiento de adjudicación y los criterios de valoración de las ofertas.

La memoria defendía la conveniencia de dar más peso a la calidad que al precio, con el propósito de mejorar la enseñanza y ofrecer nuevas oportunidades formativas al alumnado. El tribunal no cuestiona ese objetivo general, pero concluye que varios de los criterios concretos elegidos no cumplen las exigencias legales para garantizar una valoración objetiva y una competencia efectiva entre las empresas.

La resolución también anula la valoración de determinados certificados de responsabilidad social y calidad por las deficiencias apreciadas en su justificación y vinculación con la prestación contratada.

La resolución también cuestiona los 15 puntos reservados a la valoración del equipo humano. Los pliegos no concretaban suficientemente qué titulaciones, experiencia o cualificaciones se tendrían en cuenta, pese a que el contrato contemplaba la subrogación de la plantilla docente de la empresa saliente. Ante las dudas planteadas por GABOU sobre cómo podía diseñarse y valorarse un equipo de profesores cuyas características solo conocía plenamente la empresa que prestaba el servicio, el Ayuntamiento respondió que los licitadores debían realizar un “ejercicio de abstracción” para plantear una plantilla adecuada. El tribunal considera “poco razonada” esta respuesta municipal y concluye que las explicaciones ofrecidas no despejaban las dudas ni permitían preparar las ofertas con las garantías necesarias.

Dos empresas presentaron ofertas

La licitación se publicó el 7 de agosto y el plazo de presentación de ofertas finalizó el día 24 del mismo mes. Durante ese periodo concurrieron dos empresas. La mercantil GABOU SL presentó el recurso el 21 de agosto, sin llegar a participar en la licitación, una circunstancia que el tribunal no considera obstáculo para reconocer su derecho a impugnar unas condiciones que podían limitar la competencia.

ACA Música y Danza SL, una de las empresas participantes, presentó alegaciones para defender la legalidad de los pliegos y solicitó que se desestimara el recurso. Está vinculada a un centro privado de Zaragoza que se presenta como autorizado para impartir enseñanzas profesionales de música y obtener titulaciones oficiales. Se trata precisamente de la condición que los pliegos municipales premiaban con hasta 15 puntos y que el tribunal ha considerado injustificada para el servicio contratado. La empresa defendió expresamente la legalidad de este criterio en sus alegaciones al recurso, al sostener que contribuía a garantizar la calidad de la enseñanza. ACA cuenta, con experiencia en contratos públicos de formación musical en municipios como Caspe, Alagón y Fraga, y figura como adjudicataria de un contrato anterior de la propia Escuela Municipal de Música de Cuarte de Huerva, y este sería, con diferencia, el mayor contrato de ACA.

El Tacpa ha estimado finalmente la impugnación y ha declarado la nulidad de las cláusulas afectadas, del anuncio de licitación y de los actos relacionados con su aprobación. El Ayuntamiento deberá modificar los documentos para corregir las deficiencias detectadas antes de convocar un nuevo concurso, si persiste la necesidad de contratar el servicio.

La resolución es ejecutiva y pone fin a la vía administrativa, aunque puede recurrirse ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en el plazo de dos meses.

En julio de 2016 Alexandra Rodica fue asesinada a las puertas de un punto de encuentro de Zaragoza. Su caso conmocionó a entidades y usuarias de estos centros, puesto que puso de relevancia fallos en los protocolos de seguridad de unos lugares en los que se supervisan y evalúan las reuniones de los progenitores con sus hijos en casos de conflicto o, en muchas ocasiones, tras ser víctimas de violencia de género. Era el caso de Alexandra, había denunciado a su expareja por maltrato y el hombre tenía vigente una orden que le prohibía acercarse a ella a menos de 200 metros y comunicarse con ella.

Según el procedimiento establecido, la entrega del menor se debía hacer en el punto de encuentro de Conde Aranda. Allí, él tenía que llegar 15 minutos antes, subir y esperar en la sala. Luego llegaría Alexandra con el menor, lo dejaría y se marcharía sin tener que ver a su expareja. Sin embargo, ese día esperó en el portal del propio punto de encuentro y, cuando ella entró, la asesinó delante de su hijo, tal y como recoge la sentencia en la que el jurado lo consideró culpable de asesinato. Este caso puso en entredicho la seguridad de las mujeres y sus hijos en estos puntos y la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Aragón anunció medidas, pero, diez años después, “no ha habido ningún cambio”, según explica Natalia Morlás, presidenta de la asociación de supervivientes de violencia machista Somos Más. 

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de abril de 2019, confirmó la condena de 20 años y un día de prisión por asesinato con las agravantes de parentesco y de violencia de género. El tribunal se limitó a juzgar al agresor: no analiza la seguridad del servicio ni la actuación del personal. Sí recoge, como hechos probados, que el hombre esperó en el portal en lugar de subir al centro, como exigían sus normas, y que una empleada abrió la puerta a la madre y al niño a través del telefonillo.

Los puntos de encuentro familiar son recursos sociales a los que se accede por resolución judicial o administrativa para facilitar las entregas y recogidas de menores, así como las visitas entre hijos y progenitores cuando existen conflictos familiares que dificultan el contacto. En Aragón están regulados por un decreto que establece entre sus objetivos garantizar la seguridad y el bienestar de los niños y prevenir situaciones de violencia en los regímenes de visitas conflictivos. La norma distingue entre las entregas y recogidas –en las que el personal supervisa el inicio y el final y registra las incidencias– y las visitas supervisadas, durante las cuales un profesional debe ejercer una supervisión continua. También contempla medidas específicas en los casos de violencia de género para salvaguardar la seguridad de las víctimas y de los menores, y atribuye a la Administración funciones de inspección y control.

Los centros de Zaragoza están gestionados por la Asociación de Puntos de Encuentro Familiar de Aragón (APEFA), mediante un concierto con el Gobierno autonómico. Las condiciones del concierto para el periodo 2023-2026 incluyen requisitos de seguridad, formación especializada del personal, mecanismos de reclamación y seguimiento administrativo. También contemplan la elaboración, por parte del Gobierno de Aragón, de un protocolo específico para los casos de violencia de género que, por el momento, no se ha publicado. 

Aunque la legislación prohíbe expresamente la mediación familiar en los casos de violencia machista y limita la función de estos centros a la supervisión de las visitas, Morlás sostiene que la propia dinámica de los PEF aboca a las mujeres víctimas a exponerse ante los maltratadores. “Es una sensación general, las chicas tienen miedo, hay muchas que están en procesos aún judicializados, con hijos pequeños, nos aprietan mucho en los juzgados”, explica Morlás. Asegura que estos centros son “como cárceles para niños y madres” y critica que se utilicen para casos de violencia machista cuando “no se crearon para eso, sino para disensos en matrimonios que se deshacían sin violencia”. Su postura es clara: “No cabe mediación cuando ha habido violencia, no tiene que haber ningún sitio en el que se medie entre un maltratador y la madre, un maltratador no tiene que tener derecho a ver a las criaturas. Es un despropósito que condenados por violencia puedan ver a sus hijos, esto existe porque nosotras y nuestras criaturas seguimos sin importar. Los daños colaterales de tener que acudir a estos sitios los arrastramos toda la vida, vives en un estado de alerta constante”. 

La abogada Gemma Ruiz también cuestiona que, en casos de violencia machista, se priorice mantener la relación entre los menores y el progenitor denunciado o agresor “sin valorar suficientemente los riesgos”: “Demasiados magistrados y magistradas ponen por delante intentar mantener la relación entre el menor y el agresor”, sostiene. A su juicio, esa decisión puede dejar en segundo plano otras formas de violencia y las consecuencias que el contacto puede tener para los niños.

Ruiz achaca a la falta de perspectiva de género estas decisiones, así como el funcionamiento de los propios puntos de encuentro. Confirma las quejas de las madres: “Emiten informes que vienen a dar más credibilidad a la postura del padre y supuesto agresor que a la madre”. La abogada vincula estas deficiencias con la precariedad y la falta de personal, y advierte de que no siempre se valora adecuadamente el riesgo de que la violencia continúe durante las visitas.

Informes del Justicia y quejas de las víctimas

El informe especial del Justicia de Aragón de 2019 recogió las advertencias de la Asesoría Jurídica de la Casa de la Mujer de Zaragoza sobre la supervisión de las visitas, la seguridad y las dificultades para reflejar determinadas situaciones. El Servicio de Igualdad municipal del Ayuntamiento de Zaragoza consideraba que la coordinación con los puntos de encuentro era “manifiestamente mejorable”. También trasladó que muchas mujeres se sentían “juzgadas” y “cuestionadas”. 

El informe de 2024 volvió a mencionar “varias quejas” sobre el funcionamiento de estos servicios. El Justicia distingue entre las reclamaciones que cuestionan resoluciones judiciales, sobre las que no puede intervenir, y las que denuncian posibles irregularidades administrativas. Entre estas últimas admitió una sobre una presunta vulneración de la protección de datos de menores en un punto de encuentro. La Agencia Española de Protección de Datos investigó el caso, pero concluyó que no había quedado acreditado el motivo para abrir un expediente sancionador.

En ese mismo informe, la asociación Somos Más, que trabaja con mujeres supervivientes de la violencia machista, denunció la “falta de formación específica” para atender estos casos, la “subjetividad” que atribuía a los informes y las “dificultades para presentar quejas”. La entidad reclamaba una “mayor especialización”, mejoras en la seguridad de las instalaciones y mecanismos que permitieran a las usuarias acceder a los informes y cuestionar su contenido. El Justicia planteó mejoras en la seguridad de las instalaciones, la coordinación institucional y los mecanismos de reclamación, además de una mayor especialización para atender los casos de violencia de género.

Su presidenta, Natalia Morlas, asegura que los problemas que entonces denunciaban las usuarias no han desaparecido. Morlas habla tanto de su propia experiencia como de los testimonios que ha conocido a través de la asociación, y cuestiona especialmente la forma en que los profesionales describen las visitas y las reacciones de los menores. La presidenta de Somos Más sostiene que los informes pueden ofrecer una imagen muy distinta de la que las madres dicen observar. En su caso, asegura que los documentos describían a su hija feliz durante las visitas con el padre, mientras que la niña le manifestaba que apenas hablaba con él. También relata que tuvo que reclamar cuando, según su versión, la menor fue “arrancada de mis brazos para llevarla a la sala”: “Me hacían unos informes desastrosos”, afirma.

Morlas vuelve a cuestionar la supervisión de las visitas y reclama que se instalen cámaras en los centros. Según explica, las madres que participan en la asociación han pedido esta medida para poder aclarar posibles discrepancias sobre lo sucedido durante los encuentros. La normativa autonómica exige supervisión profesional en las visitas tuteladas, pero las condiciones del concierto vigente no establecen de forma general la instalación de cámaras de videovigilancia en las salas.

Otra madre que lleva tres años acudiendo al centro, describe su experiencia como “una nueva condena”. “Cuando llegas piensas que te van a defender, que te van a cuidar”, explica. Sin embargo, asegura que ha tenido que llevar a sus hijos a las visitas pese a que la niña decía tener miedo de su padre y el niño presentaba moratones que, según afirma, le había causado él. “Mi hija ha ido llorando y mi hijo con moratones, con denuncia y hasta pasó una noche en el calabozo”, relata. Sostiene que los técnicos obligaron a los menores a entrar y que estas situaciones nunca quedaron reflejadas en los informes: “Jamás han puesto que a mis hijos les da miedo su padre aunque ellos lo han dicho delante de los técnicos”.

“Los informes son de risa, mintiendo, ocultando información”, afirma. Ahora sus hijos se niegan a acudir al punto de encuentro, pero ella sigue llevándolos por miedo a que la denuncien por incumplir el régimen de visitas. “Yo los llevo porque sé que, si no, me denuncian”, explica. “Se supone que estás protegido, pero es mentira. No hay protección, ni prevención ni hay nada”.

Lo mismo pide Maribel –nombre ficticio–, una mujer cuya hija y nieta acuden al punto de encuentro familiar de Calatayud. Asegura que la familia de la expareja de su hija les ha increpado en numerosas ocasiones en el PEF y que en los informes “ponían lo contrario, que éramos nosotros”. La mujer asegura que ha podido observar cómo las visitas no están supervisadas, reclama más mecanismos de control y cuestiona la oposición a instalar cámaras: “Claro que no quieren cámaras, no quieren testigos”, afirma.

Este diario ha trasladado sus preguntas a APEFA, la entidad que gestiona ambos centros, que remitió la solicitud al Gobierno de Aragón. El Departamento de Bienestar Social y Familia no ha respondido a las preguntas específicas sobre los protocolos de supervisión, la elaboración de los informes y los mecanismos de control.