Los principales indicadores de listas de espera sanitaria en Aragón reflejan un deterioro durante los dos primeros años y medio de gobierno de Jorge Azcón, en contraste con sus compromisos de mejora que lanzó en la campaña de 2023. Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Sanidad, a 31 de diciembre, la comunidad no solo no ha reducido los tiempos de espera, sino que ha empeorado en la mayoría de parámetros clave con respecto a 2023. La comunidad suma cerca de 3.000 pacientes más pendientes de una operación y más de 26.000 en consultas externas, mientras la espera quirúrgica se eleva a 132 días —por encima del objetivo fijado— y la demora para ver a un especialista se dispara hasta los 138 días (46 días más que hace dos años y medio), el mayor incremento registrado entre las comunidades autónomas.

El problema sigue recogido en el documento del pacto cerrado entre PP y Vox para la conformación del gobierno de coalición para la próxima legislatura, en el que se contemplan varias medidas en materia de sanidad y políticas relacionadas con la familia, la vida y los hábitos saludables. Entre ellas, se plantea un refuerzo global del sistema sanitario aragonés, comenzando por el compromiso de incrementar el presupuesto de Sanidad “al menos al mismo ritmo que el presupuesto autonómico, con el fin de garantizar recursos suficientes”. Desde el inicio de la legislatura se prevé también un plan de choque para reducir las listas de espera quirúrgicas y diagnósticas mediante una mejor gestión y el apoyo subsidiario de la sanidad privada.

El primer punto sí fue cumplido por el primer gobierno de Azcón, al aumentar el presupuesto de Sanidad de 2024 sin reedición desde entonces. Sin embargo, eso no ha logrado reducir las listas de espera quirúrgicas ni de consultas de especialidades.

En Aragón hay 2.961 pacientes más en lista de espera quirúrgica que en junio de 2023, al pasar de 22.822 a 25.783, (un 13% más), lo que supone el quinto mayor aumento absoluto entre las comunidades autónomas, solo superado por Cataluña, Comunidad de Madrid, Andalucía y Baleares, regiones con una población significativamente superior. En cuanto al tiempo medio de espera quirúrgica, el anterior Gobierno de Aragón lo situó en 126 días, lo que en ese momento colocaba a la comunidad como la sexta con mayor demora, frente a una media nacional de 112 días. Dos años y medio después, a 31 de diciembre de 2025, Aragón ha pasado a ser la quinta región con mayor tiempo de espera, alcanzando los 132 días, es decir, seis días más que al inicio del periodo, mientras que la media estatal se sitúa en 121 días.

El empeoramiento es aún más acusado en consultas externas. El tiempo medio de espera ha aumentado de 92 a 138 días, un incremento de 46 días —el mayor de todas las comunidades—, y la diferencia con la media nacional se ha disparado hasta los 36 días. Aragón ha pasado de ser la sexta a la tercera comunidad con mayor demora.

Asimismo, el porcentaje de pacientes que esperan más de 60 días para una consulta ha crecido del 46,9% al 73%, superando en más de 11 puntos la media española. En términos absolutos, hay 26.178 pacientes más en lista de espera para consultas externas que al inicio del mandato al pasar de 98.304 con el gobierno de Lambán a 124.482 pacientes a 31 de diciembre de 2025, un aumento del 26,6%.

El 17 de mayo de 2023, en plena antesala de las elecciones autonómicas, Jorge Azcón lanzó una de las promesas más ambiciosas de su campaña al señalar la gestión sanitaria como el principal fracaso del gobierno de Lambán. Con una retórica contundente, calificó la situación de las listas de espera como una muestra del perjuicio que un mal gobierno supone para los ciudadanos, situando la reforma de la Sanidad como la piedra angular de su proyecto de cambio. Su compromiso era claro y cuantificable: modificar el decreto de garantías para rebajar el plazo máximo de espera quirúrgica de los seis meses vigentes en aquel entonces a tan solo cuatro meses. Según sus propias palabras, ningún aragonés con necesidad de cirugía debería esperar más de 120 días, fijando incluso un objetivo optimista de alcanzar los 100 días antes de concluir la legislatura.

Sin embargo, el balance al cierre del año 2025 ofrece una realidad distinta a la proyectada en aquel discurso. A fecha del 31 de diciembre de 2025, tras concluir la XI Legislatura bajo su mandato, el tiempo medio de espera quirúrgica se situaba en 132 días, lo que supone un incumplimiento directo de la palabra dada a los electores. Esta cifra resulta especialmente llamativa si se tiene en cuenta que, durante su gestión, Azcón ha presumido de forma casi diaria de un aumento presupuestario en materia de salud, centrado principalmente en las cuentas aprobadas para el ejercicio 2024. Pese a ese incremento en la inversión y a la firmeza de sus críticas iniciales, la administración no ha logrado ajustar los tiempos de respuesta a los límites que el propio presidente definió como la medida indispensable para revertir lo que él mismo denominó un fracaso institucional.

Lista de espera quirúrgica por especialidades

En relación con la evolución por especialidades quirúrgicas, Aragón presenta algunos de los incrementos más elevados en número de pacientes en espera estructural. En cirugía general y del aparato digestivo, los pacientes han pasado de 3.606 en junio de 2023 a 4.721 en diciembre de 2025, lo que supone un incremento de 1.115 personas y un aumento relativo del 30,9%, el mayor entre las comunidades autónomas. En términos absolutos, este incremento solo es superado por Cataluña y la Comunidad de Madrid.

En urología, el número de pacientes en espera ha pasado de 1.802 a 2.841, con un incremento del 57,6%, también el más elevado del conjunto de comunidades, y un aumento absoluto de 1.039 personas, solo por detrás de Madrid y Cataluña. En otorrinolaringología, los pacientes en espera han aumentado de 1.318 a 2.084, lo que supone un incremento del 58,1% y un aumento absoluto de 766 personas, situando a Aragón como la segunda comunidad con mayor incremento relativo.

Consultas externas

En el ámbito de las consultas externas, el tiempo medio de espera ha pasado de 92 días en junio de 2023 a 138 días en diciembre de 2025, lo que supone un incremento de 46 días, el mayor registrado entre las comunidades autónomas. Esta evolución amplía significativamente la diferencia respecto a la media estatal, que se sitúa en 102 días, de modo que Aragón presenta una demora 36 días superior. En términos relativos, el incremento alcanza el 50%, casi tres veces más que el registrado en el conjunto del país.

Como consecuencia, Aragón ha pasado de ocupar la sexta posición en tiempo de espera a situarse como la tercera comunidad con mayor demora en consultas externas.

Asimismo, el porcentaje de pacientes que esperan más de 60 días para ser atendidos en una primera consulta ha experimentado un incremento notable. En junio de 2023, el 46,9% de los pacientes se encontraba en esta situación, lo que situaba a Aragón por debajo de la media nacional, fijada en el 51,6%.

Sin embargo, a diciembre de 2025 este porcentaje asciende al 73%, lo que supone un aumento de 26,1 puntos porcentuales y sitúa a la comunidad 11,5 puntos por encima de la media estatal, que es del 61,5%. Este incremento es más del doble que el registrado a nivel nacional y coloca a Aragón como la tercera comunidad con mayor proporción de pacientes con demoras superiores a 60 días.

En términos de volumen, a 31 de diciembre de 2025 Aragón cuenta con 124.482 pacientes en lista de espera para consultas externas, lo que supone 26.178 más que en junio de 2023, cuando la cifra era de 98.304. Este incremento del 26,6% convierte a Aragón en la segunda comunidad con mayor aumento relativo en este indicador.

El análisis por especialidades en consultas externas muestra igualmente una situación de elevada demora. Aragón se sitúa entre las comunidades con mayores tiempos de espera y lidera la demora en varias áreas.

En ginecología, el tiempo medio alcanza los 88 días, el más alto del país. En oftalmología, la espera se sitúa en 211 días, superando los siete meses, mientras que en traumatología alcanza los 188 días, más de medio año. En dermatología, el tiempo medio es de 143 días, lo que posiciona a Aragón como la quinta comunidad con mayor demora.

Asimismo, lidera la espera en otorrinolaringología con 241 días, más de ocho meses, y en neurología se sitúa como la tercera comunidad con mayor demora, con 127 días. En cirugía general y digestiva, aunque el tiempo medio es menor, con 66 días, Aragón sigue ocupando la quinta posición en términos de mayor espera.

El crecimiento de las listas es generalizado en prácticamente todas las especialidades. En ginecología, el número de pacientes en espera ha pasado de 5.348 a 10.828, lo que supone un incremento de 5.480 personas y un aumento del 102,5%.

En oftalmología, los pacientes han pasado de 27.405 a 30.563, con un incremento de 3.158 personas. En dermatología, el aumento es de 2.281 pacientes, al pasar de 15.666 a 17.947. En otorrinolaringología, la lista crece en 6.599 personas, desde 16.793 hasta 23.392, lo que representa un incremento del 39,3%.

Especialmente relevante es el caso de neurología, donde el número de pacientes en espera para una primera consulta ha pasado de 2.367 a 6.620, lo que supone un incremento de 4.253 personas y un aumento relativo del 179,7%, el mayor registrado entre las comunidades autónomas.

Este incremento adquiere especial relevancia por tratarse de una especialidad vinculada al diagnóstico de patologías graves y de alta prevalencia en población envejecida, como el alzhéimer, el párkinson o las secuelas de ictus. En este contexto, el acceso a una primera consulta no solo tiene implicaciones clínicas, sino también un impacto significativo en el bienestar psicológico de pacientes y familiares, al condicionar el proceso de diagnóstico y la evolución posterior de la enfermedad.

Acuerdos sanitarios del pacto PP-Vox y la prioridad o no nacional

En medio de esta realidad, surge la duda de si la atención sanitaria, hasta ahora universal, se recoge en el reciente acuerdo entre PP y Vox, impresicindible para la conformación del nuevo gobierno de coalición, que tiene como base el principio de 'prioridad nacional', por el que se prioriza a los españoles en el acceso a los servicios públicos. Sin embargo, el propio presidente ha asegurado que no se aplicará en casos de urgencia vital: “En Aragón se va a atender a todo el mundo en los hospitales y en los centros de salud exactamente igual que se les atendía, no va a haber ningún solo cambio, ningún solo cambio”. El presidente en funciones ha apuntado que “es muy irresponsable que se haga política del miedo con este tipo de cuestiones. Es un debate interesado en lo que lo único que se está intentando inocular es el miedo”.

Más allá de la prioridad o no nacional, el documento del pacto alcanzado entre PP y Vox recoge otras medidas genéricas que, en el ámbito de infraestructuras, pasa por la construcción de un nuevo Hospital Royo Villanova en Zaragoza y nuevos centros de salud en Utebo, Arcosur, Zuera y Cuarte de Huerva, además de la ampliación del de Caspe, con avances previstos antes de finales de 2026. Asimismo, se mantendrá y reforzará el sistema extrahospitalario de atención urgente primaria (DUAP) durante toda la legislatura.

En salud mental, se pondrá en marcha un plan específico infanto-juvenil con nuevas unidades en Zaragoza y refuerzo en Huesca y Teruel, además de mejorar la atención a trastornos de la conducta alimentaria, con avances antes de 2026.

También se contempla el refuerzo de los cuidados paliativos desde el primer momento, así como un plan de mejora de los recursos sanitarios que incluye la implantación de radioterapia en Teruel antes de 2027, así como incentivos para cubrir plazas de difícil acceso y la conversión de los hospitales generales en universitarios hacia 2027-2028.

En materia de servicios, se ampliará la atención bucodental infantil hasta los 16 años a partir de 2027.

En salud pública, se endurecerán las sanciones por fraude en el etiquetado de alimentos para garantizar la transparencia sobre su origen, con medidas a desarrollar en 2027. Finalmente, se promoverá el deporte como base de un estilo de vida saludable mediante un plan de infraestructuras deportivas a lo largo de toda la legislatura.

Paralelamente, se reforzará la atención a las personas mayores mediante más plazas en residencias y centros de día, mayor presupuesto y ampliación de conciertos, de forma continuada en cada presupuesto.

El acuerdo incorpora un enfoque transversal de familia en todas las políticas públicas, obligando a evaluar su impacto en este ámbito desde el inicio del mandato.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Jaca a dos personas como presuntas autoras de un delito de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos en el marco de unas oposiciones para cubrir plazas en el Ayuntamiento. La investigación se inició tras la denuncia presentada por miembros del tribunal de los procesos selectivos, que alertaron de posibles irregularidades en uno de los exámenes. La prueba constaba de 100 preguntas y su contenido solo era accesible para la presidenta y la secretaria del tribunal.

Durante la corrección, los responsables detectaron una calificación inusualmente alta en una de las aspirantes, que logró 97 aciertos, un resultado que contrastaba con el nivel previsto de la prueba y con el obtenido por el resto de participantes.

Las gestiones realizadas por el Grupo Operativo Local permitieron analizar la trazabilidad del fichero que contenía el examen. De este análisis se desprende que un trabajador del Ayuntamiento de Jaca accedió sin autorización a la carpeta donde se encontraba el documento.

Los investigadores también confirmaron la relación sentimental entre este empleado municipal y la aspirante que obtuvo la elevada puntuación, lo que apunta a una posible filtración del contenido del examen. Desde la Comisaría Local de Jaca se realizó una copia de seguridad de los datos informáticos, así como de la trazabilidad y otras evidencias digitales, para su análisis y extracción de contenido.

Ambos investigados fueron citados en dependencias policiales, donde se procedió a su detención. Posteriormente quedaron en libertad a la espera de la evolución del caso, cuyas diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial competente.

El alcalde de Jaca, Carlos Serrano, ha firmado una resolución por la que se establece la repetición del examen para cubrir tres plazas de auxiliares administrativos vacantes en la plantilla de personal funcionario del Consistorio.

La Policía Nacional detuvo este 23 de abril a un hombre como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa y malos tratos en el ámbito familiar. Los hechos tuvieron lugar sobre las 19:00 horas, en la calle Concepción Arenal, donde se produjo una agresión con arma blanca.

La víctima, un hombre, fue trasladada con urgencia al Hospital Universitario Miguel Servet con pronóstico reservado. Los agentes procedieron a la detención de un hombre, pareja de la víctima, como presunto responsable de un delito de homicidio en grado de tentativa y malos tratos en el ámbito familiar.

La investigación está siendo llevada a cabo por el Grupo de Homicidios.

La madre de Jorge García-Dihinx y los padres de Natalia Román López, han recogido la Medalla al Mérito Deportivo 2026, que el Gobierno de Aragón les ha concedido a título póstumo. Los dos montañeros fallecieron en un alud en Panticosa el 29 de diciembre de 2025. En el momento más emotivo del acto por el Día de Aragón, Pilar Villanova, madre de Jorge, ha afirmado: “Pienso que murió feliz, haciendo lo que le gustaba, con Natalia, su amor, otra persona maravillosa, tan amante de la montaña y el deporte como él”.

Esta distinción, a título póstumo, que se ha entregado este 23 de Abril, coincidiendo con el Día de Aragón, reconoce a la trayectoria Jorge García-Dinhinx como deportista y divulgador, su impulso a la práctica segura de los deportes de montaña y su contribución al fomento de hábitos de vida saludables.

Su madre ha explicado que “Jorge era un hombre bueno, alegre, íntegro, positivo, entusiasta y amante de la vida. Todo el que lo conocía lo sabe. Siempre intentó y logró hacernos felices a todos, a su familia, a sus compañeros, a sus amigos y a todo el que se cruzaba en su camino”. Su madre ha añadido que “le encantaba la pediatría, la fotografía, pero su pasión era la montaña”.

“Jorge en su blog, además de explicar el tiempo en la montaña, aconsejaba sobre los riesgos que se podían encontrar, entre ellos el peligro de los aludes, y todo muy documentado y perfectamente explicado. Sabía lo importante que era ir bien preparado, no dejaba nada al azar. Parece increíble que a él, tan cuidadoso y tan experto, pudiese ocurrirle algo así. Y es que en la montaña ya se sabe que el riesgo cero no existe”.

Pilar Villanova ha apostillado: “Pienso que murió feliz, con Natalia, su amor, otra persona maravillosa, tan amante de la montaña y el deporte como él, y en el Pirineo aragonés que tanto amaban. Pero soy su madre, y su pérdida, como pueden suponer, me destroza el alma”.

“Jorge también querría que recordase a su padre, otra bellísima persona. Él estaba muy orgulloso de Jorge y agradecería este reconocimiento”, ha añadido.

La Medalla al Mérito Deportivo de Aragón, a título póstumo Natalia Román López, se le ha concedido en atención a su trayectoria deportiva de alto nivel en carreras de alta montaña, su ejemplo de esfuerzo y superación y su contribución a la visibilización y estímulo de la práctica deportiva en Aragón. Sus padres Juan José Román y Pilar López han recogido también el galardón de manos del presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón.

Juan José Román, padre de la distinguida con la medalla al mérito deportivo ha dicho que “este reconocimiento a nuestra hija nos enorgullece y nos saca una sonrisa. El deporte de montaña era la gran pasión de Natalia, era su vida. Recordamos todas las carreras que hizo, algunas haciendo podio”.

“Yo a veces les ayudaba en los habituallamientos para darles ánimo, aunque no lo necesitaban. Soy su padre y no soy objetivo, pero os digo que Natalia era muy fuerte, una luchadora siempre positiva. Esquió, subió montañas, corrió por los valles, aquí en los Pirineos y en Suiza, su segunda tierra. También fuera, en Nepal, en Noruega y en Canadá”.

Con Jorge “hicieron un gran equipo, pareja, y se convirtieron en compañeros de vida. Pocos podían seguir su ritmo. Agradecemos que lo reconozcáis como ejemplo de compromiso, esfuerzo, humildad y profundo respeto por la naturaleza. Gracias a todos por recordar a Jorge y a nuestra hija Natalia. Un saludo de Jorge y Natalia”.

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha puesto de manifiesto que Jorge y Natalia son “dos figuras que, desde su pasión y dedicación, representaron los valores del deporte y el espíritu de nuestra comunidad. Y, con estas medallas, queremos que su legado, su mensaje y su pasión por Aragón y sus montañas estén siempre presentes y a la altura que ambos merecen”.

La Policía ha intensificado en la mañana de este miércoles la búsqueda de Pablo Cebolla, de 20 años de edad, que fue visto por última vez en la madrugada del pasado 13 de febrero al ser captado por unas cámaras en la orilla del Ebro, en la capital aragonesa, a la altura del Club Náutico.

Aprovechando el descenso del caudal del Ebro se ha intensificado el dispositivo de búsqueda, al que se han incorporado varios agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO), que trabajan con lancha y buzos desplazados desde Guadalajara, según han informado desde la Jefatura Superior de Policía en Aragón.

Asimismo, participan en el operativo Guías Caninos de la Policía Nacional procedentes de Madrid, especializados en la localización de restos humanos. Continúan el resto de efectivos que ya venían realizando esas funciones y Bomberos de Zaragoza.

El proceso de regularización de inmigrantes, que se extenderá durante los meses de mayo y junio, genera algunas dudas que se disipan a continuación, además de facilitar los lugares y entidades con los que poder realizarlo.

¿Quién debe solicitar el informe de vulnerabilidad?

Deben solicitarlo aquellas personas que no puedan acreditar su situación por otras vías. Es decir, quienes no hayan sido solicitantes de asilo, no tengan una oferta de trabajo, no hayan estado dadas de alta laboralmente o no cuenten con una red familiar directa en España.

¿Quién no necesita este informe?

No tienen que pedirlo:

¿Qué documentos sirven para demostrar la estancia en España?

No es obligatorio presentar el padrón. De hecho, el volante de empadronamiento es suficiente si se tiene, pero existen muchas otras formas válidas de acreditar la residencia de al menos cinco meses:

Cualquier documento que demuestre vida cotidiana en la ciudad puede ser válido.

¿Es necesario el padrón histórico?

No. Las organizaciones insisten en que no es necesario solicitar un padrón histórico ni certificados adicionales si ya se dispone de otros documentos que acrediten la estancia.

¿Quién puede emitir el informe de vulnerabilidad?

Además de la administración, distintas entidades sociales están habilitadas para gestionarlo. Entre ellas:

Estas organizaciones trabajan en red para agilizar el proceso y permitir que las personas puedan realizar el trámite completo en un solo paso.

¿Dónde se puede tramitar?

Está previsto que se habiliten oficinas en los barrios y puntos de atención de entidades sociales donde, además de emitir el certificado, se pueda presentar directamente la solicitud.

Además, las oficinas centrales o en todos los centros sociales, juntas de distrito y Casa de las Culturas.

¿Cuál es el mensaje de las organizaciones?

Lanzan un mensaje de calma: hay margen para realizar los trámites durante mayo y junio, y el proceso no es complejo. Insisten en que el objetivo de esta regularización es garantizar derechos y devolver la dignidad a personas que ya forman parte de la ciudad.

El proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes en Zaragoza ha desatado una fuerte contestación social. Organizaciones antirracistas, representantes sindicales y el movimiento vecinal coinciden en denunciar un bloqueo administrativo deliberado por parte del Ayuntamiento que está dificultando el acceso a derechos básicos y generando situaciones que califican de “inhumanas”.

El pronunciamiento conjunto del tejido asociativo y comunitario de la ciudad acusa directamente al consistorio de aplicar una estrategia de “obstaculización consciente” que vulnera derechos fundamentales. Según el documento, se está construyendo “un escenario de colapso” mediante la centralización de trámites y la limitación de recursos, lo que deriva en largas colas y saturación en la atención.

El comunicado del tejido asociativo va más allá y califica la situación como “racismo institucional”. Denuncia que se están bloqueando canales de acceso a documentación, infrautilizando recursos públicos y generando un trato desigual hacia las personas migrantes.

Para las organizaciones firmantes, la regularización “es una cuestión de justicia social que reconoce una realidad existente”, la de miles de personas que ya forman parte de la ciudad. Por ello, reclaman la descentralización inmediata de los trámites, el refuerzo de medios y una información clara y accesible.

Mientras tanto, las filas continúan y la presión social aumenta. Colectivos, profesionales y vecinos coinciden en una misma exigencia, que se permita a la administración funcionar con todos sus recursos para garantizar derechos, en lugar de restringirlos.

La plantilla municipal reclama poder trabajar

La crítica no procede únicamente de los colectivos sociales. Carmen Calvo, representante sindical en el Ayuntamiento, asegura que existe una red amplia de servicios sociales y juntas de distrito que no se está aprovechando.

Aunque desde esta semana se ha reactivado el funcionamiento de registros en los barrios, la decisión anunciada este miércoles por la consejera de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, de centralizar los certificados de vulnerabilidad en la Casa de las Culturas a partir del lunes, 27, tampoco ha sido bien recibida ya que, según Carmen Calvo, esta medida “resulta claramente insuficiente”, al haber solo cuatro trabajadoras sociales encargadas de atender toda la demanda de la ciudad.

Frente a ello, más de 50 profesionales de servicios sociales —de un total de alrededor de 100— han firmado un escrito para exigir que se les permita emitir estos informes. Argumentan que ya conocen a la población y podrían agilizar el proceso sin necesidad de duplicar valoraciones.

“El problema no es la falta de personal, sino que no se les deja trabajar”, resume Calvo, quien advierte de que la centralización está provocando un cuello de botella que puede alargar las colas hasta el final del plazo, fijado el 30 de junio.

Filas, esperas y dificultades de acceso

Desde la Plataforma RegularizaciónYa Zaragoza, Bertha Sánchez sostiene que la situación no responde a un problema técnico, sino a una decisión política deliberada. A su juicio, el Ayuntamiento estaría intentando proyectar una imagen de “proceso masivo” vinculada a discursos de la ultraderecha, cuando en realidad se trata de personas que ya viven y trabajan en la ciudad.

Las consecuencias, señala, son visibles a diario: largas filas durante horas, dificultades para acceder a documentación esencial y un colapso que podría evitarse utilizando todos los recursos municipales disponibles. “Se está impidiendo que las personas puedan iniciar trámites que son clave para acceder a derechos básicos”, denuncia.

Desde la Federación de Barrios de Zaragoza, su presidente Arturo Sancho ha expresado el apoyo del movimiento vecinal a las personas afectadas. Subraya que la situación era previsible desde hace meses y que este es el séptimo proceso de regularización en democracia sin precedentes similares. “No es una situación sobrevenida”, afirma. “Se sabía que iba a ocurrir y no se han puesto los medios necesarios”.

Sancho también destaca que el problema no se está reproduciendo en otras ciudades, lo que refuerza la idea de que se trata de una gestión local. En este contexto, pide que, si persisten las trabas, el Gobierno central amplíe el plazo de regularización para evitar que personas con derecho queden fuera del proceso.

Otro de los problemas detectados es la desinformación. Las organizaciones están realizando charlas para aclarar que no todas las personas necesitan el certificado de vulnerabilidad, uno de los documentos que más está colapsando el sistema.

Nueva orden: tramitación en la Casa de las Culturas con cita previa

La consejera de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, ha anunciado que la regularización de los inmigrantes se centralizará en la Casa de las Culturas, al ser un centro de referencia para estas personas, y con cita previa en el teléfono 900 700 107 en horario de atención al público de mañana y tarde y ha explicado durante su comparecencia en la Comisión de Políticas Sociales, que se han recopilado la información de los registros de entrada para sistematizar las citas y desde el lunes se elaborarán informes de vulnerabilidad “con garantías”. Este operativo contará con refuerzo de los servicios sociales municipales, pero Orós ha dejado claro que “el Ayuntamiento no va bloquear, ni a cargase los servicios sociales”.

“No puedo permitir --ha argumentado-- que dada la mejora en el cumplimiento de la ordenanza en los tiempos de cita se vayan por el sumidero y las ayudas de urgencia o cualquier servicio tenga que esperar semanas y semanas por este proceso caótico y chapucero y no se si con mala fe o falta de diligencia que ha originado en todas las ciudades de España, porque todos los ayuntamientos están en la misma situación y han denunciado lo mismo”.

También, la Policía Nacional, ha asegurado Orós, ha alertado del contenido del real decreto de regularización extraordinaria de personas inmigrantes porque ha generado “muchas situaciones en las que hay mafias que cobran entre 300 y 600 euros para dar una cita, la sección de Extranjería está en huelga indefinida y Correos, que es del mismo equipo que el Gobierno de España, dice que no tiene información y hasta CCOO ha dicho que es imposible hacerlo porque no hay información”.

A su parecer, el objetivo del real decreto “no es la regularización para que los que ya están aquí puedan trabajar” y además, ha avisado de que “hay un efecto llamada y algunos vienen desde Inglaterra, Francia, e Italia”.

Orós ha considerado que la finalidad de este real decreto es “reventar la convivencia, colapsar los servicios sociales y generar caos y frustración” para estimar que el Gobierno de España “se tendría que haber sentado con las comunidades autónomas”, además de incluir una memoria económica de la que carece el real decreto.

Cinco Villas orientales (Zaragoza), 28 de agosto de 1936. Pasadas las 5 de la mañana, un camión se detiene a un kilómetro de Valpalmas. Bajan varias personas, algunas de ellas armadas. Suenan disparos de fusil. Después, el silencio, que solo rompe el sonido del motor del vehículo al arrancar. El ruido se entremezcla con las voces de los hombres que se marchan en el camión, tarareando. En un rato volverán a por los cuerpos de las once personas a las que acaban de arrebatar la vida. Pero solo encontrarán diez.

Noventa años después, Camille Castro cruza los Pirineos, desde Pau, para averiguar qué fue de sus antepasados. Su bisabuela tenía 14 años cuando estalló la Guerra Civil española y sus padres decidieron mandarla a Francia. Victoria Marco Samitier, de Casas de Esper (Ardisa), no volvió nunca a vivir en su país natal, aunque sí vino a visitar a sus hermanos alguna vez. Uno de ellos, Julián, fue fusilado con 17 años pero sobrevivió. El empeño de Camille por conocer la historia de su familia —y la suerte de contar con fuentes escritas de la época— nos ha llevado a descubrir cómo fusilaron al hermano de su bisabuela, y cómo un cúmulo de circunstancias provocaron que salvara la vida.

Julián Marco Samitier se encuentra el 19 de julio de 1936 en la localidad de Piedratajada trabajando de jornalero. Los primeros días de sublevación fascista apenas se notan en este municipio de la comarca de Cinco Villas, donde lo único extraordinario que parece que va a suceder son las fiestas grandes que se van a celebrar unos días después. Por esta razón, se une a 25 compañeros y en una camioneta se trasladan a los pueblos cercanos con el fin de evitar lo que muchos y muchas llevaban días temiendo que ocurriera. Van a Gurrea de Gállego, donde los fascistas han fusilado a varias personas de izquierdas. Una vez allí, desarman a la Guardia Civil y montan guardia junto a varios vecinos. Los sublevados no se dan por vencidos y el 23 de julio la guerra llega a esta localidad altoaragonesa. Se desplazan siete camiones de fascistas con ametralladoras, morteros y cañones para tomar el pueblo. Los milicianos nada pueden hacer contra un despliegue de tal envergadura y, tras aguantar el fuego media hora, evacuan la localidad. Julián logra escapar, no sin antes ver cómo un compañero suyo cae, a su lado, inerte por una bala en la cabeza.

De vuelta en Piedratajada, los patronos aprovechan las jornadas de trabajo de Julián y sus compañeros para hacerse con el Ayuntamiento. Al cabo de un mes, la Falange del pueblo vecino de Luna llama a la puerta de Julián. El nuevo alcalde de Piedratajada lo ha denunciado y proceden a su detención. Tras tomarle declaración, le trasladan, junto a diez detenidos más, a los calabozos de Luna. Es 27 de agosto. Los once milicianos reciben la “escalofriante” noticia de que van a ser fusilados. Julián tiene 17 años y lleva unos meses afiliado a la UGT, motivo de peso para que quieran quitárselo de en medio. Haber ido a Gurrea de Gállego y enfrentarse allí a los sublevados tampoco favorece mucho a los once milicianos detenidos en Luna.

A las cinco de la mañana los meten en un camión y los llevan hasta el término municipal de Valpalmas. El vehículo se detiene a un kilómetro del pueblo. Los falangistas les hacen bajar mientras llega otro coche con el teniente de la Guardia Civil.

—“Todos abajo”, ordenó, haciéndonos caminar fuera de la carretera unos 10 metros o poco más. Entonces oímos la voz de “alto”. Volví la cabeza para mirar, pero en aquel instante nos estaban apuntando con los fusiles, y uno con voz de trueno gritó: “Fuego”—

Pero el destino tenía otros planes para Julián Marco Samitier. Unos meses después, de permiso en Barcelona, se cruzará con el periodista Gerardo Monge, a quien concederá una entrevista para Mi Revista que servirá para inmortalizar su historia y para que hoy descubramos cómo es posible salir vivo de un fusilamiento con tiro de gracia incluido. El joven se lanza al suelo antes de que le rocen las balas pero no las logra evitar en la segunda descarga: “Un tiro me atravesó el hombro izquierdo, quedando la bala de rebote incrustada en la cabeza”. Al acercarse para terminar de matar a sus compañeros, descubren que seguía vivo. “Me dieron un tiro estando en el suelo y boca abajo, habiendo percibido perfectamente el correr del cerrojo, entró por el cuello y salió por la oreja. Me quitaron un portamonedas con quince pesetas y se marcharon en el mismo camión, tarareando una canción”, recuerda Julián. Cuando el motor del auto apenas se distingue, tambaleándose y lleno de sangre, se incorpora. “Miré, lleno de pena, a mis compañeros. Los llamé; pero todo en balde. Ninguno se movía”, explica el joven, y decide adentrarse en el monte. Al cabo de un rato caminando, escondido entre los pinos ve a un hombre al que hace señas.

La suerte sigue del lado de Julián, pues se trata de su hermano mayor, Joaquín, que lleva medio mes huido en el monte junto a otro compañero al ser llamada su quinta para combatir en el bando sublevado. Joaquín le hace una primera cura en la que le extrae, a punta de cuchillo, la bala de la cabeza. Permanecen 15 días más escondidos, uniéndose a otros que, igual que ellos, trataban de evitar una muerte segura no sin antes luchar. Mientras avanzan hacia territorio republicano, esquivando las patrullas que los buscan, Julián va sanando de sus balazos gracias al practicante de Casas de Esper y Puendeluna, don Vicente Marión —padre del que años más tarde será alcalde de Benasque, José Marión—, quien a escondidas subía al monte a hacerle curas: así nos lo confirma Lorenzo Buen, testigo de más de un siglo de la historia de Casas de Esper.

Una noche, a la altura de ‘La Carbonera’ (en el monte de Luna), se les unen tres compañeros más: “Se habían enterado de que los fascistas habían fusilado a once de los nuestros, pero que al recoger los cadáveres encontraron diez solamente, faltando yo, a quien sañudamente buscaban”, indica Julián. A mediados de septiembre llegan a Santa Eulalia de Gallego y cruzan el puente, en poder de los republicanos, que los trasladan al cuartel general de Tardienta en el Frente de los Monegros. Esa misma noche se alistan en las milicias, en concreto en la Columna Del Barrio, centuria 12. En esos primeros meses de contienda, Julián se encontrará con otro periodista que ha cruzado el charco para contar de primera mano lo que sucede en España. “No está muerto quien pelea”, explicará al uruguayo Alberto Ethcepare, quien años más tarde publicará en su diario de la Guerra Civil: 'Don Quijote fusilado'.

Julián y Joaquín, tras ingresar en enero de 1937 en el Cuerpo de Carabineros, recorren España de frente en frente. Pozoblanco, Madrid, Teruel, Levante… Los Marco Samitier sobreviven a la guerra pero el 1 de abril de 1939 su batallón, el número 14 de Carabineros, se encuentra en Valencia. Los detienen a ambos; a Julián lo llevan a Barcelona, de ahí a Huesca, a ‘Las Capuchinas’ de Barbastro y a la Prisión Provincial de Zaragoza. Lo condenan a 6 años y un día de prisión mayor y a finales de 1941 le conceden la libertad condicional. Su hermano mayor Joaquín, sin embargo, no volverá a ser libre nunca más. A él le caen 12 años y un día de prisión menor que cumple en San Juan de Mozarrifar, donde morirá en 1942 de tuberculosis pulmonar.

Camille Castro recorre junto a nosotros hoy los lugares que una vez atravesaron sus antepasados. Casas de Esper, en Ardisa, donde pasaron sus primeros años, Valpalmas, donde su tío Julián sobrevivió al fusilamiento… Noventa años después, los y las familiares de las víctimas de la sublevación franquista en España siguen tras la pista de sus abuelos, bisabuelos y tíos, para descubrir, conocer, saber, y sobre todo, recordar a aquellos y aquellas que arriesgaron su vida por la democracia y la libertad.

El segundo 'Martes Negro' en Los Monegros ha puesto de relieve la “pésima” ejecución de las obras en la A230, y sus convocantes han asegurado que “ponen en grave riesgo cada día a los usuarios de esta vía”. Representantes de instituciones municipales y comarcales, así como entidades empresariales, sociales, de cooperativas y de partidos políticos han participado este 21 de abril en el segundo 'Martes Negro' en Los Monegros para protestar por el “abandono” de las carreteras autonómicas en esta comarca.

La acción ha consistido en un corte de la carretera, a las 09:00, en el cruce de las A-230 con la entrada al municipio de Castejón de Monegros y corte en la travesía de Pallaruelo.

Esta protesta se ha realizado desde el inicio de las obras por parte de los usuarios afectados, pero no ha surtido efecto y es que “los 30 kilómetros que están en obra siguen con graves problemas y no se pone por parte del Gobierno de Aragón ninguna solución”.

En estos términos se ha expresado la alcaldesa de Castejón de Monegros, Ana Puey, quien ha dicho que están “muy contentos de que se estén haciendo obras en esta carretera”, pero ha alzado la voz ante su “peligrosidad” porque “la empresa no está haciendo bien sus deberes y el Gobierno de Aragón no le está diciendo a la empresa que los haga bien”. “Clamamos por la seguridad de todas las personas que pasan por esa carretera”, ha exclamado.

Además, los usuarios de Bujaraloz, La Almolda, Castejón de Monegros, Pallaruelo de Monegros, San Juan del Flumen, Cartuja de Monegros, Albalatillo o Sariñena que circulan por esta vía son cientos de vehículos pesados, tanto tractores como camiones de pienso o camiones de ganado que tienen verdaderos problemas para circular por esta carretera.

“Nos han hecho pasos alternativos y podemos ir por Lanaja, que nos cuesta casi 50 minutos llegar a Sariñena y nos han dado el paso alternativo de Albalatillo y son dos carreteras que están completamente reventadas”, ha explicado.

Las concentraciones y cortes de carretera continuarán en los martes siguientes. El próximo será el próximo 5 de mayo en Alberuela.

En este punto, Puey ha informado de que “se va a continuar, porque desde hace mucho tiempo no se hace ni un triste mantenimiento en las carreteras de Monegros y están reventadas”.

Plan Extraordinario

En este contexto, el director general de Carreteras e Infraestructuras, Miguel Ángel Arminio, se ha desplazado hasta el punto de intersección entre la A-1213 y la A-131, en el término municipal de Huesca. En declaraciones realizadas en el punto kilométrico 100,670 de esta vía, justo en la rotonda que conecta con la A-131, Arminio se ha felicitado por el avance del PEC y, en concreto, del Itinerario 4, cuyos trabajos de asfaltado se iniciaron en octubre de 2024, y ha lamentado que “la demandada A-131 entre Huerto y Huesca no fuera incluida en el Plan Extraordinario por el anterior Gobierno liderado por el PSOE, porque seguramente a estas alturas estaría también renovada por completo y los vecinos de Huerto, Sesa, Novales y Albero Alto, entre otros pueblos que la utilizan a diario, estarían circulando por una vía mucho más segura, como se merecen”.

Ante esta circunstancia, Arminio ha recriminado a “quienes ahora ponen el grito en el cielo por el estado de algunas carreteras que estuvieran callados cuando el PSOE y sus socios de anteriores gobiernos dejaron de invertir 100 millones en las carreteras autonómicas durante ocho años, dejando una herencia nefasta y un retraso en la ejecución de inversiones necesarias que es difícil subsanar en poco tiempo”.

En este sentido, el director general ha pedido “que no se intente manipular a la ciudadanía culpando al actual Gobierno de Aragón de una situación en la que nos dejaron quienes ahora pretenden dar lecciones a golpe de pancarta y cortando carreteras, algo que, por cierto, está terminantemente prohibido”.

Los Sindicatos Médicos de Aragón (CESM Aragón y FASAMET) han presentado esta mañana una denuncia contra el Servicio Aragonés de Salud por “vulnerar el derecho a la huelga, por su reiterado incumplimiento de la obligación de negociar de buena fe con el Comité de Huelga”, han comunicado. Los sindicatos han pedido a la Inspección de Trabajo que levante un acta de infracción “para imponer las sanciones legales y requiera al SALUD para que cese en la conducta descrita y proceda a entablar una negociación real y efectiva”.

Los médicos y facultativos celebran hoy una nueva jornada de huelga autonómica, que continuará hasta el viernes, secundada por en torno al 80% de los profesionales de hospitales y el 50% en Atención Primaria, según datos de los sindicados. También se han celebrado concentraciones de protesta ante el Hospital Clínico Universitario de Zaragoza y el Hospital Obispo Polanco de Teruel; así como ante todos los centros de trabajo para el personal que cumple los servicios mínimos decretados. Con estas protestas reclaman al Gobierno de Aragón “equiparar sus condiciones laborales con las del resto de comunidades y cumplir con los acuerdos sobre Atención Primaria”. Los datos de seguimiento proporcionados por el Ejecutivo son sustancialmente más bajos: el 9,27 % durante la jornada de mañana, es decir, de un total de 3.646 efectivos reales, han secundado la huelga 338 profesionales.

Esta es la décimo sexta jornada de huelga desde diciembre y, según los convocantes, en todo momento se han mantenido las mismas cifras de seguimiento, “pero que en lugar de atenderlas, el Servicio Aragonés de Salud, como órgano empleador, ha incurrido en conductas contrarias al deber de negociación” y solo ha habido “comparecencias meramente formales de sus representantes, sin voluntad de acuerdo”.

La denuncia a Inspección de Trabajo, que se suma a la ya interpuesta en los Tribunales por servicios mínimos “abusivos” durante la huelga, busca “abrir una auténtica negociación, con propuestas que den respuesta a nuestras demandas para mejorar la calidad asistencial en Aragón”.

La denuncia recuerda que la ley obliga a las dos partes de una huelga a “negociar de forma leal y no obstructiva para poner fin al conflicto, por lo que el Tribunal Supremo ha sentenciado que las conductas empresariales que vacían este principio pueden constituir una vulneración del derecho de huelga”. Las sanciones por incumplir este derecho de audiencia y consulta de los trabajadores y sus representantes es una multa que puede superar, en los casos más graves, los 220.000 euros.

Para los sindicatos médicos de Aragón este es el caso, ya que el Gobierno de Aragón “está afectando gravemente a la atención sanitaria de los ciudadanos”: “Desde la primera convocatoria de huelga, solo se han celebrado dos reuniones sin comunicación ni intención de negociación real”. Los profesionales han subrayado que el “fin principal” de la denuncia es instar al Gobierno de Aragón a entablar una auténtica negociación “para la que siempre hemos tenido la mano tendida”. Así, también se ha solicitado a Inspección de Trabajo que actúe como mediadora, una posibilidad que regula el Real Decreto-Ley 17/1977 sobre relaciones de trabajo.

En aplicación de esta norma, se ha solicitado igualmente que se convoque a las partes, el Servicio Aragonés de Salud y el Comité de Huelga, a una reunión de mediación “a la mayor brevedad posible” y que en este marco “se promueva un proceso de negociación real y efectiva, de buena fe, orientado a la solución del conflicto”.

Mañana, junto con los paros se realizarán nuevas concentraciones al mediodía en los hospitales Miguel Servet (Zaragoza) y Obispo Polanco (Teruel) y los cinco días de huelga autonómica enlazarán con una nueva convocatoria nacional del 27 al 30 de abril, que también reclama al Ministerio de Sanidad un Estatuto Marco propio de médicos y facultativos. Si sigue sin haber respuesta, el siguiente paro, nacional y autonómico, de médicos y facultativos, será del 18 al 22 de mayo.

Reunión del consejero con representantes sindicales

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón en funciones, José Luis Bancalero Flores, y la gerente del SALUD, Ana Castillo, han mantenido este martes reuniones con miembros de todos los sindicatos que tienen representación en la Mesa Sectorial de Sanidad. En primer lugar, ha sido convocado el sindicato CEMS y posteriormente SATSE; CSIF; CC. OO; UGT; FASAMET y FTPS. Según ha informado el Gobierno de Aragón, el consejero y la gerente del SALUD han querido “trasladar su respeto hacia la postura de los convocantes de la huelga y reafirmar su compromiso con el diálogo y la transparencia”.

Las mismas fuentes han recordado que, “desde el inicio de la legislatura (2023) se ha trabajado en un plan de mejora de las condiciones laborales de todos los profesionales del sistema sanitario aragonés, diseñado para desarrollarse a lo largo de los cuatro años”. Las reuniones celebradas hoy “responden al compromiso adquirido por el consejero de Sanidad de mantener un diálogo constante con las organizaciones sindicales”.

Los microplásticos y los nanoplásticos se han convertido en un gran problema medioambiental, con billones de fragmentos que llegan, por bioacumulación, a la cadena alimentaria y al cuerpo humano. Debido a su tamaño y a su comportamiento coloidal, estas partículas se comportan más como el humo en el aire que como la arena en el agua. Es decir, no pueden capturarse fácilmente con filtros convencionales, según explican desde el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA).

En este centro, instituto mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Zaragoza, se trabaja ya en dos patentes para capturar y degradar estos microplásticos en un único proceso. Además, la solución se aplicaría dentro de las aguas de los sistemas de depuración, evitando que la contaminación llegase a ríos y mares.

La propuesta del proyecto 'BMRex' se basa en reactores de membrana biocatalíticos diseñados expresamente para actuar dentro de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Estos reactores permiten 'cazar' los microplásticos que circulan en el agua, retenerlos y degradarlos en un único acto, evitando que sigan circulando por el ciclo del agua. “Se trata de un avance especialmente relevante porque aborda el problema en su origen, antes de que los contaminantes se dispersen y resulten mucho más difíciles de eliminar”, exponen en una nota de prensa.

Está coordinado por Jonas Gurauskis, investigador ARAID del CSIC en el INMA. El proyecto, que arrancó hace tres años, está impulsado por un consorcio internacional formado por equipos de España, Alemania, Portugal, Dinamarca y Reino Unido y liderado por el CSIC. Ha recibido una subvención Pathfinder Open de 3.213.793,75 euros del Consejo Europeo de Innovación (EIC) y por la agencia británica de financiación de la innovación (UKRI), con 267.683,00 libras. Además, dentro del diseño de las membranas está siendo decisivo el trabajo de otro científico del CSIC en el INMA, Scott Mitchell. 

Una solución factible y no contaminante

Los reactores se fabrican con materiales cerámicos, resistentes y duraderos, que no añaden nuevos plásticos al sistema.  Por una parte, la cerámica ofrece una gran durabilidad y estabilidad en proyectos de tratamiento de aguas; y, además, no contamina, con lo que la solución es coherente con el propio objetivo ambiental del proyecto. 

Por otra parte, BMRex no sólo ‘caza’ los microplásticos y los degrada, sino que dedica una parte sustancial de su esfuerzo a asegurar que los compuestos resultantes de esta degradación no sean persistentes, tóxicos o problemáticos para los ecosistemas. No se trata solo de “hacer desaparecer” el plástico, sino de cerrar el ciclo sin generar nuevos riesgos invisibles.

El consorcio se encontró con un obstáculo imprevisto pero fundamental nada más empezar el proyecto: los microplásticos no sólo son difíciles de eliminar, sino también de medir. Por eso, el equipo no podía confiar plenamente en los protocolos existentes en el campo de caracterización y medición de los microplásticos, una polémica que está detrás de publicaciones recientes de revistas tan prestigiosas como Nature, que indican que las cifras de contaminación por estos diminutos materiales podrían estar sesgadas. Este estudio resulta especialmente fiable porque el primer reto del consorcio fue establecer sus propios procedimientos de medición y tratamiento de muestras para evitar errores de cuantificación.

El Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA) ha sido el primero de nuestra Comunidad Autónoma en obtener la acreditación de excelencia Severo Ochoa, que concede la Agencia Estatal de Investigación. Ese reconocimiento supone una financiación de 4,5 millones de euros y la dotación de cinco contratos predoctorales para el periodo 2024-2028.  El INMA es un instituto mixto del CSIC y la Universidad de Zaragoza. Con alrededor de 300 miembros, tiene más de 40 proyectos europeos en curso y una media anual de 300 publicaciones y 7 millones de euros obtenidos en programas públicos competitivos. Además, trabaja en colaboración con la industria, logrando en torno a un millón de euros anuales por contratos y royalties.

El Gobierno de Aragón ha decidido dar un paso hacia la normalización de la actividad festiva en el medio rural. A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial de Aragón este martes, 21 de abril de 2026, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación permite nuevamente la celebración de festejos taurinos en toda la comunidad, incluso en un contexto aún marcado por la crisis sanitaria provocada por la dermatosis nodular contagiosa (DNC).

La medida supone un giro respecto a las restricciones impuestas semanas atrás, cuando el avance de la enfermedad obligó a limitar movimientos de ganado y suspender concentraciones de animales. Ahora, con la evolución epidemiológica bajo cierto control, el Ejecutivo autonómico opta por reactivar una actividad de fuerte arraigo social y elevado impacto económico en muchos municipios.

La reciente resolución del Gobierno de Aragón que permite retomar los festejos taurinos introduce como elemento técnico clave que condiciona toda la actividad la diferenciación entre zonas de vacunación preventiva y zonas fuera de ellas. Este aspecto determina qué animales pueden participar, de dónde pueden proceder y bajo qué condiciones.

La norma establece dos escenarios claramente diferenciados. Por un lado, cuando el festejo se celebra fuera de una zona de vacunación preventiva, el margen es relativamente más amplio. En estos casos, los animales pueden proceder tanto de explotaciones situadas dentro como fuera de zonas vacunadas. Sin embargo, esta flexibilidad tiene un límite muy concreto: si los animales provienen de una zona donde se ha aplicado la vacunación, toda la explotación de origen debe estar completamente vacunada y, además, deben haber transcurrido al menos 28 días desde la administración de la vacuna. Este plazo no es arbitrario, sino que responde al tiempo necesario para que la inmunización sea efectiva y reduzca el riesgo de transmisión.

El segundo escenario es más restrictivo. Cuando el festejo tiene lugar dentro de una zona de vacunación preventiva, las condiciones se endurecen: todos los animales deben proceder obligatoriamente de esa misma zona. No solo eso, sino que también se exige que la totalidad de los animales de la explotación de origen esté vacunada y que igualmente se haya cumplido el plazo mínimo de 28 días desde la vacunación. En la práctica, esto limita significativamente la movilidad y reduce el número de explotaciones que pueden participar en estos eventos.

Este sistema crea, de facto, un mapa sanitario que condiciona la actividad festiva. No todos los territorios ni todos los ganaderos están en igualdad de condiciones para participar, ya que la ubicación de la explotación y su estatus sanitario determinan su acceso al mercado de los festejos taurinos.

A estas condiciones se suma la obligación de cumplir con estrictas medidas de bioseguridad durante el transporte de los animales, reforzando la idea de que la reactivación de la actividad no implica una relajación del control sanitario, sino una gestión más afinada del riesgo.

De esta forma, los ganaderos que han podido completar los procesos de vacunación y cumplir los plazos exigidos tienen ahora una vía para reactivar ingresos a través de los festejos. En cambio, aquellos que han sufrido sacrificios recientes o que no han podido adaptarse a tiempo a los requisitos sanitarios quedan, en la práctica, fuera de este circuito.

En particular, los ganaderos de bovino afectados por los sacrificios obligatorios derivados de la enfermedad, que han criticado la gestión de las ayudas económicas al priorizar razas que no son originarias de Aragón. El sector ganadero reaccionó con indignación tras publicarse la orden que establece los baremos de indemnización por el sacrificio obligatorio de animales frente a la dermatosis nodular contagiosa en Aragón y en la que la raza autóctona de Aragón, la parda, que es además la que más ha sufrido la enfermedad y por la que tuvieron que sacrificarse 160 reses, no está incluida cuando sí lo estaba la raza limusina. Se cruzaron así críticas por el trato desigual y la falta de sensibilidad hacia el sector productivo.

10.000 cabezas de raza de lidia en Aragón

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha informado que Aragón cuenta con 410.000 animales de raza bovina de los cuales cerca de 10.000 son raza de lidia y, de las más de 3.000 explotaciones de ganado bovino, alrededor de 70 explotaciones están dedicadas específicamente a la cría de reses bravas, un subsector que sostiene miles de festejos populares cada año y que forma parte esencial de la identidad cultural, sobre todo, de nuestro medio rural.

La aplicación de medidas sanitarias estrictas no solo busca garantizar la seguridad de los animales desplazados a festejos y espectáculos, sino también proteger a estas explotaciones, cuyo trabajo es clave para mantener una tradición profundamente arraigada en la Comunidad.

En este sentido, desde la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria se ha subrayado que la instrucción publicada se ha diseñado para compatibilizar la celebración de festejos taurinos con la máxima garantía sanitaria, evitando riesgos innecesarios para las ganaderías de bravo. Dichas explotaciones, por sus características y por la alta movilidad de animales que implica su actividad, son especialmente vulnerables ante enfermedades como la Dermatosis Nodular Contagiosa. Por ello, se insiste en que todas las medidas adoptadas responden exclusivamente a criterios técnicos, son temporales y se ajustarán conforme avance la vacunación y mejore la situación epidemiológica.

Las organizaciones CSIF, CGT, CCOO, STEA-I, UGT y ANPE, PSOE, CHA, IU, PODEMOS, ZEC, MOVIMIENTO SUMAR y PCE, ADIZAR, AEDIPA, FADEA, FABZ y FAPAR, han anunciado su intención de ir a la huelga los días 19 y 20 de mayor como protesta ante la inminente concertación del Bachillerato en Aragón. Tras reiterar su rechazo por el ataque que supone a la escuela pública, han desgranado una serie de medidas y movilizaciones encaminadas a que el nuevo Gobierno paralice esta situación.

Además, como ya anunciaron, van a interponer un Recurso Contencioso Administrativo, “en el que denunciamos la alevosía, las formas y el momento en el que se ha publicado la convocatoria, con un Gobierno en funciones, lo que condiciona considerablemente su capacidad de obrar, y con una prórroga presupuestaria por segundo año consecutivo, que no permite la incorporación de gasto nuevo”.

Igualmente, inician movilizaciones encaminadas a que la comunidad educativa de la Escuela Pública respalde este rechazo “y haga patente el agravio comparativo que se produce al desviar fondos públicos para necesidades ya cubiertas (recordamos que hay plazas públicas pagadas y vacantes), mientras los centros públicos presentan carencias que deterioran su trabajo y su imagen, por la dejación de responsabilidades de la Administración con ellos”.

A juicio de las organizaciones, “no se trata solo de una competencia entre centros públicos y concertados en las ciudades, sino de un cambio de modelo educativo, que afecta a todo el territorio (y no olvidemos que la Escuela Pública llega a todos los rincones) y en el que el Gobierno del Partido Popular tiene una preferencia por los servicios privados, que manifiesta no solo por el respaldo económico que reciben, sino también por el deterioro al que somete a los servicios públicos, en este caso el educativo”.

Entre las próximas acciones, se encuentra el rechazo de claustros y consejos escolares a la concertación mediante escrito que registrarán en acto público para que expresar sus necesidades particulares. También habrá concentraciones en los centros los miércoles. Los convocantes asistirán los días 22 y 29 de abril, así como el 6 y 13 de mayo para compartir la visibilidad de sus centros en Huesca y Zaragoza y Teruel.

Las entidades organizarán asambleas informativas en las ciudades y en localidades como Tarazona, Ejea, Calatayud y Caspe, Sabiñánigo, Fraga, Graus, Jaca y Barbastro, para que las comunidades educativas de distintos centros y la ciudadanía pueda sumarse a la defensa de un servicio público.

La huelga educativa en Aragón los días 19 y 20 de mayo se plantea como rechazo del profesorado, familias y alumnado “a una decisión injusta que relega a la Escuela Pública”. En este sentido, han recordado sus exigencias en materia de fijación del presupuesto en Educación no inferior al 4% del PIB a Educación y con compromiso de ejecución de, al menos, el 80% del presupuesto, teniendo como horizonte aproximarnos a un 7% al acabar la legislatura. Además de la paralización de la Orden del 8 de abril, exigen la no ampliación de conciertos y revisión de los actuales. Igualmente, reclaman una dotación adecuada de recursos humanos y materiales, con un incremento en la dotación presupuestaria para los centros y la ampliación de recursos de orientación, entre otros.

La escuela pública pide garantías de inclusión y atención a la diversidad, con una dotación suficiente de recursos humanos, un plan de Infraestructuras, atención a la escuela rural, la revisión y mejora de las condiciones laborales y retributivas de todo el personal docente y servicios complementarios de calidad, con transporte, comedores, conciliación y actividades extraescolares garantizadas. En definitiva, “acciones para defender la Educación Pública como servicio que garantiza una escuela de calidad, inclusiva, participativa, plural, aconfesional, próxima y gratuita.  Recordamos que los derechos, si no son para todos, son privilegio de unos pocos y el Derecho Fundamental de la Educación solo lo garantiza la Escuela Pública”, concluyen.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha hecho públicos este lunes los primeros datos de la peatonalización del centro histórico, correspondientes a la semana del 8 al 15 de abril, confirmando una notable reducción del tráfico rodado en esta zona de la ciudad.

Durante esos siete días accedieron al centro un total de 13.326 vehículos, frente a los 18.974 registrados en una semana tipo del mes de marzo –del 16 al 22–, lo que supone 5.648 coches menos. En términos porcentuales, la disminución alcanza el 29,75%, prácticamente un 30%, tal y como ha destacado la alcaldesa.

La caída es aún más significativa durante los fines de semana. Mientras que los días 21 y 22 de marzo accedieron 4.065 vehículos, en el primer fin de semana de aplicación de la medida –11 y 12 de abril– lo hicieron 2.313, lo que supone una reducción cercana al 50%.

Buj ha subrayado que estos datos “demuestran que la vida con la peatonalización mejora a mucha gente” y ha insistido en que la medida afecta principalmente a personas que no son residentes, comerciantes ni cuentan con autorización específica para acceder al centro histórico. En este sentido, el Ayuntamiento ha recibido ya unas 2.100 solicitudes de acceso, muchas de ellas con más de un vehículo asociado. Todas ellas cuentan actualmente con autorización provisional mientras se revisan los expedientes.

La alcaldesa ha explicado que, como suele ocurrir, la mayoría de solicitudes se han concentrado en las semanas previas y posteriores a la entrada en vigor de la medida.

Desde el Consistorio aseguran que los vecinos del centro histórico ya han percibido mejoras importantes, especialmente en la reducción del ruido y del tráfico, así como en la disponibilidad de aparcamiento en zonas reguladas.

También se ha optimizado la organización de la carga y descarga, aunque todavía se trabaja en la adaptación de algunos proveedores y profesionales. Por el momento no se ha tramitado ninguna sanción, ya que el sistema se encuentra en periodo de pruebas, si bien la alcaldesa ha advertido de que estas comenzarán a aplicarse en breve.

Accesos al nuevo hospital

En la misma Junta de Gobierno, el Ayuntamiento ha aprobado la modificación número 1 del proyecto de urbanización de los accesos al nuevo Hospital General de Teruel, una actuación que ejecuta el Gobierno de Aragón.

Esta modificación afecta exclusivamente a las canalizaciones de servicios como suministro eléctrico, gas, saneamiento y abastecimiento en un tramo aún no ejecutado. El objetivo es adelantar su instalación para facilitar la puesta en funcionamiento del hospital lo antes posible. Buj ha precisado que se trata de un ajuste técnico menor, sin coste económico para el Ayuntamiento, derivado de la necesidad de adaptar el trazado previsto.

Entre otros asuntos, el Ayuntamiento ha aprobado la pérdida del derecho a cobro de 1.000 euros de una subvención concedida a la Federación de Vecinos por falta de justificación completa, dentro de un convenio global de 50.000 euros.

Asimismo, se ha autorizado la cesión del Teatro Marín para la celebración del evento 'Teruel Mágico'; una transferencia de 96.612 euros a la sociedad municipal Urban teruel para su funcionamiento, y la prórroga de un contrato para mejorar la gestión de los suministros energéticos municipales.

Por último, se ha desestimado un recurso presentado por una empresa en el proceso de licitación del contrato para la gestión de la población de palomas, al no acreditar los requisitos exigidos en su momento.

El Gobierno de Zaragoza ya tiene listo, para someter a información pública, el proyecto básico y de ejecución de las obras de la futura Escuela Infantil de Arcosur que, con un presupuesto de 2.980.017,86 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 9 meses, podrá comenzar su construcción antes de este verano de 2026, dado que tanto la redacción del proyecto como la ejecución de obras se licitó de forma conjunta con el objetivo de reducir los plazos ante una demanda vecinal en incremento dada la ampliación poblacional que está sufriendo el Distrito Sur.

Así lo ha afirmado esta mañana la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha desgranado los detalles del proyecto, que se levantará en una parcela municipal situada en el barrio, entre las avenidas del Cierzo, del Torico, del 21 de junio de 2009 y del paseo de los Arqueros. “El edificio se creará bajo criterios de diseño y construcción saludable y de alta eficiencia energética. Se ha cuidado la transparencia y la comunicación visual entre espacios favoreciendo la luz natural y una correcta gestión de la iluminación y la privacidad, garantizando la máxima eficiencia energética y confort con la mínima demanda energética. Asimismo, se ha proyectado de forma que se minimice el mantenimiento durante la operación del edificio”, ha ahondado la alcaldesa.

La construcción del edificio será modular y de obra nueva, cuya volumetría y tratamiento de las fachadas “buscará una integración armónica con el paisaje urbano y natural, mediante líneas limpias y una escala adaptada al uso infantil”, ha explicado Natalia Chueca. La geometría se propone con forma de “L”, de manera que se dividen los espacios educativos en “dos alas, permitiendo la separación por edades y niveles de desarrollo”, ha apuntado la primera edil. Los espacios para el alumnado se abren hacia el núcleo de la parcela mientras que los espacios de servicio se abren hacia el exterior de la parcela. 

La construcción del edificio se realizará desde un punto de vista modular industrializado, de forma que estará compuesto por 43 unidades modulares que serán fabricados y construidos offsite, transportados en 3 dimensiones totalmente terminados y unidos in situ sobre la cimentación de hormigón armado. 

El proyecto consta de dos tipologías de módulo: 25 unidades de aproximadamente 9x3 m y 18 unidades de 6,6x 3 m. Además, cuenta con 6 unidades de porche y un porche de mayores dimensiones de acceso. Cada uno de los módulos es autoportante, aunque in situ se conectarán estructuralmente unos a otros así como a la cimentación.

Las aulas se prolongarán hacia el exterior a través de porches. El equipamiento de uso educativo contará con una superficie útil interior de 923 m² distribuida en: 6 aulas, 3 aseos infantiles, 3 dormitorios, biberonería, aula de atención especial y área polivalente. Además, se incluyen cocina con despensa y office, almacén de la cocina, almacén, limpieza, lavandería, AMPA, lactancia, sala de profesores, vestíbulo, dirección, instalaciones, carritos, cortavientos, zona de juego y vestuarios. El espacio contará con una zona exterior de estacionamiento.

La superficie útil de los porches será de 142 m², compuesta por un porche de acceso y 6 porches que dan acceso a una zona ajardinada de 636 m² desde las aulas. La superficie construida de la escuela será de 1.010 m² y la de los porches de 155 m², haciendo un total de superficie construida de 1.166 m².

El proyecto se apoya en criterios de coherencia formal, sostenibilidad y confort, garantizando espacios seguros, accesibles y acogedores, donde el contacto con el exterior y la calidad ambiental favorecen el aprendizaje y la convivencia. Los espacios exteriores permiten crear un contexto saludable, activo y en relación con el medio ambiente, convirtiéndolos en áreas de aprendizaje al aire libre. Se proyectarán con materiales continuos, elementos de vegetación, zonas ajardinadas y árboles de hoja caduca que permitan la sombra en verano y el soleamiento en invierno.

Su ubicación y configuración en la parcela buscan la mejor integración con la urbanización existente y mejor orientación en cuanto a soleamiento y privacidad. La forma del edificio y su ubicación permiten así una construcción de diseño bioclimático y saludable, que posibilita y favorece la captación solar pasiva en invierno, la protección en verano y la ventilación natural cruzada. Todas las aulas tendrán orientación Este para aprovechar la luz de la mañana, mientras que en las zonas Suroeste y Noroeste estarán las áreas de servicio. De esta forma se protege la zona de recreo del cierzo.

Asimismo, las envolventes se protegerán con láminas transpirables, cintas expansivas y de altos niveles de aislamiento, garantizando así los valores óptimos de hermeticidad y confort térmico-acústico.

El Tribunal Supremo ha ratificado el derecho de los trabajadores a disfrutar de cinco días completos de permiso retribuido por cuidado de familiares, dando la razón a Comisiones Obreras frente al criterio aplicado por la empresa Avanza Zaragoza.

La sentencia, dictada el pasado 12 de marzo por la Sala de lo Social, confirma el fallo previo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y fija doctrina al respecto. El alto tribunal establece que los trabajadores tienen derecho a “cinco días de permiso retribuido íntegros en casos de accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad, incluido el familiar consanguíneo de la pareja de hecho, así como de cualquier otra persona distinta de las anteriores, que conviva con la persona trabajadora en el mismo domicilio y que requiera el cuidado efectivo de ella”.

El conflicto surgió a raíz de la interpretación restrictiva de la dirección de Avanza Zaragoza, que defendía que el permiso era de “hasta cinco días”, supeditando su duración al tiempo de hospitalización o a los días de reposo prescritos por un facultativo.

Aunque el TSJA ya había respaldado la postura sindical, la empresa presentó un recurso de casación ante el Supremo. Durante este proceso, según CCOO, se mantuvo la negativa a reconocer el permiso en esos términos, lo que derivó en la deducción en nómina de jornadas que la compañía consideraba no justificadas.

Con esta resolución, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo no solo confirma la sentencia anterior, sino que unifica doctrina en la interpretación del artículo 37.3.b) del Estatuto de los Trabajadores, dejando claro que la concesión de los cinco días no depende de la duración de la hospitalización ni de la determinación médica del reposo.

Desde CCOO valoran que “esta resolución es fruto del compromiso y el trabajo constante de la sección sindical de CCOO en Avanza Zaragoza, reparando una injusticia cometida contra la plantilla”.

“Un hombre perdió mucho peso y tenía la tripa visiblemente hinchada, le recetaron Nolotil como si fuesen gases. Finalmente era metástasis”. Se trata de uno de los testimonios recogidos en el informe 'Análisis de la situación sanitaria de las cárceles de Aragón', elaborado por la campaña Salud y Libertad, que busca visibilizar y denunciar la situación de vulneración de derechos que sufren las personas presas en materia de atención médica. La presentación del informe se enmarca en una serie de actos y actividades que han culminado este domingo 19 de abril con la vigésimotercera edición de la Marcha contra la macrocárcel de Zuera, que este año centra su mensaje en la desatención sanitaria dentro de prisión. En el parking de la cárcel de Zuera se han celebrado distintas charlas, cuenta cuentos, comida popular, dos conciertos… Mientras, Radio Hawai emitía en directo para las personas que se encuentran al otro lado de los muros.

El informe pone la lupa en las cárceles de Aragón, con testimonios recogidos en las instalaciones de Zuera y de Daroca, pero contextualiza una problemática que arrastra el sistema penitenciario español. La falta de médicos se presenta como uno de los principales agravantes de la situación sanitaria en los centros penitenciarios. Este déficit, tal y como recoge el documento, hace que muchas de las consultas se realicen por videoconferencia, con las limitaciones que eso conlleva, o que el personal de enfermería se vea obligado a realizar tareas ajenas a su competencia. También supone que enfermedades infecciosas —con una incidencia más alta en prisión que en la población general— reciban una atención insuficiente, que se restrinja el acceso a determinados tratamientos o que se produzca un retraso o ausencia de diagnóstico.

Una serie de deficiencias que se ven reflejadas en los testimonios que aparecen en el informe: “Te duele algo o estás mal y te dan solo paracetamol e ibuprofeno sin ver lo que tienes o qué te duele”. “Me rompí la pierna y los médicos de aquí me decían que era un esguince, a la hora me sacan al hospital y tenía el peroné roto y como aquí no se me revisaba no tuve rehabilitación y ahora tengo el pie con dolores”. “A otra persona, ante la falta de movilidad, le diagnosticaron ciática y recetaron Nolotil, finalmente era esclerosis múltiple”. Otros testimonios recogen como en caso de urgencias son los propios presos quienes tienen que llevar al paciente en camilla al médico del centro.

Competencia sanitaria y falta de médicos

Aragón cuenta con tres centros penitenciarios en Zuera, Daroca y Teruel. Según el informe, en 2024 Zuera acogía a 1.310 personas y contaba con un médico —de una plantilla teórica de nueve plazas disponibles—. Ese mismo año, en Daroca había cinco vacantes de siete plazas médicas para una población de unas 330 personas y en Teruel había un solo médico (de dos plazas) para unas 200 personas. A nivel nacional, en diciembre de 2025, solo estaban cubiertas 152 plazas (30% del total) para una población reclusa de 47.000 personas (en las Comunidades Autónomas no transferidas).

Preguntados por esta información, según Instituciones Penitenciarias actualmente en Zuera hay tres médicos, tres enfermeros y cinco auxiliares de enfermería. En Daroca hay tres médicos, siete enfermeros y tres auxiliares. Mientras que en Teruel no hay médicos, sino un servicio de guardias telemáticas, tres enfermeros y tres auxiliares. “La institución penitenciaria no es ajena a lo que ocurre fuera, hay una falta de médicos de familia y nosotros no somos ajenos a esa realidad”, dicen desde Instituciones Penitenciarias, y recuerdan que la atención especializada, y en concreto psiquiatría, corresponde a las comunidades autónomas.

Una de las principales causas de esta situación es que la competencia sanitaria dentro de las prisiones recae sobre el Ministerio de Interior y no sobre los servicios autonómicos de salud, por lo que la atención primaria se lleva a cabo por parte de Instituciones Penitenciarias, mientras que la atención especializada sí que se presta a través del Sistema Nacional de Salud. La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003 instaba a las comunidades autónomas a transferir y a asumir las competencias sanitarias en prisión, lo que facilitaría la cobertura de las plazas médicas vacantes dentro de los centros penitenciarios. Sin embargo, más de 20 años después, esto solo sucede en Cataluña, el País Vasco y Navarra.

Esta falta de médicos en prisión también podría explicarse, en parte, debido a tres motivos: al salario inferior de los profesionales de prisión en comparación a la media del sector sanitario, a que los centros penitenciarios están alejados de las ciudades —lo que dificulta la conciliación— y al entorno de trabajo —que puede derivar en situaciones complejas—; tal y como explicaba el abogado penitenciario David Burgos durante una de las mesas redondas sobre salud y prisiones celebradas el pasado 11 de abril en el Centro Joaquín Roncal, enmarcada dentro de las actividades previas a la marcha.

“La cárcel enferma”

Desde la campaña 'Salud y Libertad' denuncian también la opacidad y falta de acceso para obtener información sobre la situación sanitaria en las cárceles, lo que dificulta la realización de un estudio preciso sobre esta realidad. Para realizar el informe, hicieron llegar por carta o por “boca a boca” cuestionarios a personas encarceladas en Zuera y Daroca. Del total de personas encuestadas, el 47,1% declara que su estado de salud era bueno antes de entrar a la cárcel, mientras que, en comparación, el 67,6% refiere que su estado de salud ha empeorado desde su entrada.

“La cárcel enferma”, es una de las principales conclusiones del 'Análisis de la situación sanitaria de las cárceles de Aragón', que también pone el foco en la salud mental de las personas presas. A la falta de médicos, se suman las quejas respecto a la calidad de la alimentación recibida, así como las condiciones de salubridad e higiene en celdas sin grifos, en las que aparecen cucarachas y ratas, con un sistema de ventanas que no permite la ventilación de las celdas (en el caso de Zuera) y que “ha llegado a suponer un aumento de síntomas ansiosos”.

El informe también recoge el testimonio de una enfermera que trabajó en la Consulta General del Ramón y Cajal, donde se realizaba la atención especializada de pacientes que llegaban de prisión. Relata un caso concreto de abandono que debería haber sido atendido de manera prioritaria: “Recuerdo un caso de un paciente que llegó con la cara totalmente deformada por la patología que le afectaba. No era algo que hubiera sucedido de un día para otro, sino que había sido un proceso largo en el que nadie había tomado medidas salvo cuando empezó a afectarle en su día a día. Esta situación se debería haber atendido de manera prioritaria pero el paciente nos dijo que llevaba años conviviendo con esto”. La enfermera relata como el “acompañamiento” continuo realizado por las autoridades complica la denuncia por parte de los pacientes de la inacción en su salud y como el hecho de estar esposados durante la consulta dificulta su exploración médica.

“En ningún momento me sentí cómoda en aquellas consultas y no por culpa de los presos sino por lo indigno que me parecía el trato que recibían constantemente y por saber que esas personas sufrían todas esas vulneraciones de sus derechos día tras día, poniendo en peligro su vida y su salud”, concluye.

“Os damos la bienvenida a nuestro parque, aunque nos lo quieran quitar”. Decenas de vecinos del entorno de Madalena-Tenerías han acudido este domingo al vermú reivindicativo convocado en la zona para denunciar la situación que se vive desde hace meses en el barrio, especialmente en el entorno del Parque Bruil y del albergue municipal, donde se concentra un número creciente de personas sin hogar.

La convocatoria, con un importante carácter festivo, retoma las quejas ya expresadas por el tejido vecinal, que advierte de que el cierre y las actuaciones puntuales en el parque no han resuelto el problema, sino que han provocado desplazamientos a otros puntos del entorno. En su posicionamiento, sostienen que “esconder un problema no es solucionarlo” y que la situación responde a una cuestión estructural vinculada al acceso a la vivienda. Entre los convocantes han estado las asociaciones de vecinos Parque Bruil San Agustín y Madalena Calle y Libertad, las AMPA del CEIP Tenerías, del IES Pedro de Luna o de la escuela infantil municipal Parque Bruil, el Espacio Colectivo Vía Láctea o la Asociación Socioeducativa Gusantina.

Esta reivindicación se da en la semana en la que el Gobierno del PP en Zaragoza ha decretado el cierre nocturno del parque. Esta limitación, que será “virtual” ya que en un principio no habrá cierre físico, sí permitirá llevar a cabo actividades como pasear al perro o transitar. La decisión ha provocado sin embargo indignación entre los colectivos vecinales, que han querido hacer patente su “malestar” con el Ayuntamiento por la falta de diálogo, por “criminalizar” a los inmigrantes y por vulnerar “los derechos de libre acceso”.

En este sentido, el colectivo insiste en que “el auténtico problema son las dificultades que un sector cada vez más amplio de la población tiene para acceder a una vivienda en condiciones dignas” y reclama medidas coordinadas de todas las administraciones. Entre ellas, citan la creación de un parque de vivienda pública, la rehabilitación de vivienda precaria o la limitación de precios del alquiler.

También plantean un paquete de soluciones sociales y de emergencia, como la implementación de modelos de atención tipo first housing, la ampliación de recursos para evitar que nadie tenga que dormir en la calle, la descentralización de los servicios del albergue y la puesta en marcha de un servicio de mediación para reducir conflictos vecinales.

“Nadie puede pensar que dormir en la calle resulte placentero”, subrayan, defendiendo que ni parques, ni portales ni estaciones deben funcionar como espacios de pernocta. Al mismo tiempo, remarcan que su reivindicación no es contra las personas sin hogar, sino a favor de una respuesta habitacional digna: “Pedimos que el Ayuntamiento haga su trabajo y promueva soluciones habitacionales para que todas las personas que ahora mismo pernoctan y viven en la calle tengan alguna opción de futuro”.

El manifiesto también incluye demandas urbanas para el entorno del barrio, con la petición de un “Parque Bruil vivo, abierto, verde y limpio”, la renovación de las zonas infantiles inclusivas y la reapertura del kiosco con precios asequibles. Además, reclaman la conservación del arbolado histórico y la ejecución de las obras de la escuela infantil La Piraña, para evitar desplazamientos a otros barrios y garantizar el servicio en la zona.

El 17 de abril de 1932, semanas después de la celebración del primer aniversario de la República, Zaragoza se vio sacudida por un crimen que, más allá de la crónica de sucesos, retrató las tensiones sociales que vivía la ciudad.

Crónica de una muerte insospechada

El domingo toca a su fin. Rita Rojas Martín comienza a echar el cierre al estanco que regenta junto a su sobrina Isabel Miranda Rojas en el 137 del Coso, hoy 131-133. Son casi las 10 de la noche y los últimos clientes, tres hombres jóvenes, penetran en el establecimiento. De inmediato, uno de ellos encañona con una pistola a Rita exigiendo que le entregue la caja. Otro hombre se ha situado en el centro del local y el tercero queda apostado cerca de la puerta de acceso al establecimiento.

Asustada, Isabel intenta salir para alertar del robo. El tercer hombre le dispara a quemarropa por la espalda. Isabel, de 24 años, cae fulminada. Cuando minutos más tarde el cirujano atienda su cuerpo en la Casa de Socorro, en el cercano número 143 del Coso, comprobará que una única bala ha perforado su pulmón izquierdo, destrozando el corazón. 

Dos guardias de seguridad que se encontraban en la Casa de Socorro inician las primeras persecuciones. Los sospechosos han sido vistos huyendo por la calle de San Lorenzo y el dédalo de callizos del entorno. La noticia corre por el barrio de la Magdalena y se extiende por la ciudad. A las pocas horas, la policía comienza a registrar tabernas y domicilios de sospechosos. 

Política de la conmoción

Hasta trece testigos figurarán en la nómina de la policía, pero los datos que aporten serán insuficientes: en una ciudad de alpargatas, boinas y gabardinas, resulta difícil dar con tres individuos cuya descripción se confunde fácilmente en la masa urbana. Se buscan tres fantasmas mientras la ciudad reacciona.

El 19 de abril será intenso. Los rotativos abren portada con grandes titulares sobre el homicidio. Las muestras de solidaridad y condolencia se suceden. La CNT publica una nota en la que expresa su “protesta contra el criminal asesinato”. Por la tarde se celebra el funeral de Isabel Miranda cuyo féretro es transportado a hombros desde el Coso hasta la plaza de Paraíso, de allí partirá en carruaje hacia Torrero. Las crónicas hablan de “ríos humanos en las calzadas del Coso”, las fotografías lo atestiguan.

El suceso comienza a politizarse. El mismo día 19 las “fuerzas vivas de la capital” van pedir al Ministro de Gobernación un “aumento de fuerzas de seguridad”. El gobernador civil, Manuel Álvarez-Ugena, declarará que es necesario “desalojar de la ciudad cuantas personas estén en Zaragoza sin domicilio ni oficio conocido y son forasteros”. La joven República de literatos y profesionales quiere dar muestras de firmeza, pero no parece capaz de lidiar con la raíz del problema. Para colmo, la prensa presiona. 'Heraldo de Aragón' tachará a los cuerpos de seguridad de “plantilla mezquina y absolutamente ineficaz” (22/04/1932). Los arrestos no tardan en llegar.

Sindicatos en el punto de mira

Algunas de estas detenciones van a ser fruto de pesquisas precipitadas, como la de Alfredo García, a quien le hallaron un orificio en el bolsillo derecho de su gabardina. Los peritos tuvieron que certificar que el desaliño, o la simple miseria, poco tenía que ver con la detonación de un arma de fuego. Lo único que tiene claro la Policía es que han sido tres los autores y que usaron pistolas. Suficiente para apuntar al sindicalismo cenetista de la ciudad.

En menos de 24 horas son arrestados tres hombres por “sus ideas extremistas y manera de vivir”, “coincidiendo las señas personales y las alpargatas” que calza uno de ellos. Al comisario fefe, Bernardino del Vado, no le sonroja firmar la orden. Los detenidos son los hermanos Sánchez Peropadre, Manuel y Ramón; y Tomás Martínez Miguel.

Manuel tiene 28 años y Ramón, 18. Ambos son peones y viven con su madre en las parcelas de Velilla, en Delicias. Ese domingo han alternado en el café colectivo El Porvenir, en la calle de Estébanes. Por allí aparece Joaquín Ascaso, todavía desconocido para la Policía. Los hermanos reconstruyen sus pasos del día 17 de abril: visitan familiares, van al cine y acaban golfeando en los prostíbulos de la calle de Verónica y la plazuela de la Sartén.

Las piezas no encajan

El otro detenido, Tomás Martínez Miguel, es un albañil de 31 años, casado y con domicilio en la plaza de la Rebolería. El domingo 17 ha asistido a una reunión del Sindicato de Azucareros, afecto a la CNT, en la calle de Don Juan de Aragón. Por la tarde, tras pasear por las riberas del Ebro, fue a ver una película al cine Victoria antes de regresar a casa.

El 22 de abril el juez decreta prisión provisional para Tomás Martínez Miguel y Manuel Sánchez Peropadre; su hermano Ramón queda libre. En su lugar es detenido Antonio Marco Cazcarra, metalúrgico de 23 años, “asiduo concurrente a bares”. El día de autos, en la taberna Goya de la calle de Valenzuela, se le había disparado accidentalmente una pistola hiriéndole un dedo. Suficiente para enchironarle como sospechoso.

Pero las investigaciones posteriores confirman las coartadas de los detenidos. Para colmo, las rondas de reconocimiento son un fracaso—Rita Rojas reconoce que tiene cataratas que le impiden ver con claridad. Lo que se ve con claridad, en cambio, son las costuras del puzle policial. El 10 de mayo supone un punto de inflexión. Ese día los tres presos dirigen una carta desde la prisión de Torrero al “ciudadano juez”. Tienen algo que contar.

La CNT hace de policía

La “organización confederal” a la que pertenecen, dice la carta, “se ha convertido en policías para que la justicia resplandezca”. Acompañan dos notas mecanografiadas donde aparecen por primera vez los nombres de dos de los responsables del crimen: “Vicente Aparicio” y “un individuo apellidado Cabeza”. Según la prensa, la policía sólo seguía la pista de un falsificador de moneda amigo de un individuo apodado 'El Largo', uno de los posibles autores del crimen.

Los peones que pone en juego la CNT para esclarecer los hechos declararán que oyeron preparar el golpe en Casa Magallón, un garito de comidas en el número 25 de la calle de las Armas, e incluso reconocerán haber hablado con 'el Cabezas' tras el crimen. El papel del sindicato en el esclarecimiento de los hechos no trascendió al público.

Finalmente, entre el 21 y el 23 de mayo son detenidos tres jornaleros aragoneses: Vicente Paricio Serrano, de 31 años, autor material del disparo que acabó con la vida de Isabel; Alfredo Cabeza Franco, de 25 años y César Baquero Boente, alias 'El Largo“, de 24 años. ”Convenientemente apremiados por la policía“ y ”mediante hábiles interrogatorios“, dice la prensa, acaban confesando la autoría del atraco al estanco el domingo 17 de abril. 

Aunque los abogados defensores, entre ellos el reputado Emilio Laguna Azorín, alegarán “precaria situación” y “ausencia de intención de ocasionar daño”, el jurado les encontrará culpables y la sentencia, dictada en abril de 1933, impondrá a cada uno un total de 26 años, 9 meses y once días, por tentativa de robo, homicidio y tenencia de armas. El destino de estos tres hombres queda en manos del sistema penitenciario.

Tres hombres y tres destinos

Al igual que el realismo sucio, la prosa administrativa no se anda con rodeos. Vicente Paricio, autor del disparo que mató a Isabel Miranda, se suicida en su celda en agosto de 1934, apenas cuatro meses después de su ingreso en el penal del Dueso. A la misma prisión había llegado César Baquero en mayo.

A César se lo tragaría la tierra, en un sentido real o figurado. Tras la caída del Frente Norte a finales de agosto de 1937, el Dueso se llenó de represaliados republicanos. Si logró escapar o acabó en una fosa común nunca lo sabremos. Lo cierto es que el director del penal comunicó a la Audiencia Provincial de Zaragoza en octubre de 1937 que desconocía el paradero de César Boente “ya que los rojos destruyeron o se llevaron los archivos”. Existe un informe posterior de la Guardia Civil donde señala que el preso “ha huido a la zona Roja”. En abril de 1938 fue declarado en rebeldía.

La historia de Alfredo Cabeza es más agitada. Tras un largo periplo por diversas cárceles, recaló finalmente en la prisión de San Cristobal, en Pamplona. Allí formó parte de la trágica Gran Fuga de mayo de 1938, en la que lograron evadirse casi 800 prisioneros. Fue capturado dos días después. No debió de ser un preso modelo pues en 1947 las instituciones penitenciarias le deniegan el indulto por “muy mala conducta”. Los informes refieren su participación en actos subversivos y su reclusión en celdas de aislamiento. Finalmente, en 1950 se le concede la libertad condicional al haber cumplido tres cuartas partes de la condena. Alfredo Cabeza sólo disfrutará cinco años en libertad. Morirá en el Puerto de Sagunto, en 1955.   

El sindicato Comisiones Obreras ha tildado de “despropósito” que solo 18 opositores a peón de carretera de la Administración autonómica aragonesa, para un total de 38 plazas y más de 300 aspirantes, hayan aprobado el primer ejercicio.

En una nota de prensa, la central sindical ha criticado “la falta de coherencia” de las preguntas formuladas por el tribunal de oposiciones de unas pruebas a las que se presentaron cientos de personas. “No es un caso aislado, es el resultado de una política de selección de personal nefasta que favorece la temporalidad y las plazas vacantes”, han manifestado.

Para el sindicato, el nivel de las preguntas formuladas quedaba totalmente fuera de lugar, “siendo más propias de una prueba de acceso a Ingeniería que a una plaza del Grupo E”, teniendo además en cuenta que muchos de los aspirantes son trabajadores interinos con experiencia en el sector y que llevan mucho tiempo preparando la oposición, por lo que no se puede aducir por parte del tribunal “falta de preparación de los opositores”.

El primer problema, para la organización sindical, está en que en el tribunal de selección no hay ningún trabajador de la categoría que se selecciona y está formado por jefes del Departamento, “que no entienden la diferencia entre un trabajador del Grupo C y uno del Grupo E, que no saben medir el nivel de dificultad exigible a unos y otros”.

Y para CCOO esta situación no es un hecho aislado ya que se ha repetido en otros procesos como los de Medicina del Trabajo, Informática o Técnicos de Enfermería (TCAE), donde ni siquiera se cubren el 50% de las plazas convocadas.

“Es el resultado de una política de selección nefasta”, han aseverado desde la sección sindical. El Instituto Aragonés de Administración Pública (IAAP) “se inhibe de su responsabilidad y permite que los tribunales actúen sin control, favoreciendo la temporalidad y las plazas vacantes”.

Ante este escenario, CCOO ha exigido a Función Pública su intervención “cuando los tribunales no realicen correctamente sus funciones” y se retire de la selección de personal a “quienes no saben ajustar el nivel de dificultad de las preguntas al trabajo que se va a desarrollar”.

Además, en el caso concreto de la oposición a peón especializado de carreteras ha solicitado que se convoque una oposición con las 20 plazas que no van a ser ocupadas, con un tribunal de selección diferente al actual, tal y como permite el Decreto de funcionamiento del IAAP. La organización sindical ha concluido exigiendo “el máximo respeto hacia quienes dedican su tiempo a prepararse para obtener un puesto fijo en el empleo público”.