La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha hecho públicos este lunes los primeros datos de la peatonalización del centro histórico, correspondientes a la semana del 8 al 15 de abril, confirmando una notable reducción del tráfico rodado en esta zona de la ciudad.

Durante esos siete días accedieron al centro un total de 13.326 vehículos, frente a los 18.974 registrados en una semana tipo del mes de marzo –del 16 al 22–, lo que supone 5.648 coches menos. En términos porcentuales, la disminución alcanza el 29,75%, prácticamente un 30%, tal y como ha destacado la alcaldesa.

La caída es aún más significativa durante los fines de semana. Mientras que los días 21 y 22 de marzo accedieron 4.065 vehículos, en el primer fin de semana de aplicación de la medida –11 y 12 de abril– lo hicieron 2.313, lo que supone una reducción cercana al 50%.

Buj ha subrayado que estos datos “demuestran que la vida con la peatonalización mejora a mucha gente” y ha insistido en que la medida afecta principalmente a personas que no son residentes, comerciantes ni cuentan con autorización específica para acceder al centro histórico. En este sentido, el Ayuntamiento ha recibido ya unas 2.100 solicitudes de acceso, muchas de ellas con más de un vehículo asociado. Todas ellas cuentan actualmente con autorización provisional mientras se revisan los expedientes.

La alcaldesa ha explicado que, como suele ocurrir, la mayoría de solicitudes se han concentrado en las semanas previas y posteriores a la entrada en vigor de la medida.

Desde el Consistorio aseguran que los vecinos del centro histórico ya han percibido mejoras importantes, especialmente en la reducción del ruido y del tráfico, así como en la disponibilidad de aparcamiento en zonas reguladas.

También se ha optimizado la organización de la carga y descarga, aunque todavía se trabaja en la adaptación de algunos proveedores y profesionales. Por el momento no se ha tramitado ninguna sanción, ya que el sistema se encuentra en periodo de pruebas, si bien la alcaldesa ha advertido de que estas comenzarán a aplicarse en breve.

Accesos al nuevo hospital

En la misma Junta de Gobierno, el Ayuntamiento ha aprobado la modificación número 1 del proyecto de urbanización de los accesos al nuevo Hospital General de Teruel, una actuación que ejecuta el Gobierno de Aragón.

Esta modificación afecta exclusivamente a las canalizaciones de servicios como suministro eléctrico, gas, saneamiento y abastecimiento en un tramo aún no ejecutado. El objetivo es adelantar su instalación para facilitar la puesta en funcionamiento del hospital lo antes posible. Buj ha precisado que se trata de un ajuste técnico menor, sin coste económico para el Ayuntamiento, derivado de la necesidad de adaptar el trazado previsto.

Entre otros asuntos, el Ayuntamiento ha aprobado la pérdida del derecho a cobro de 1.000 euros de una subvención concedida a la Federación de Vecinos por falta de justificación completa, dentro de un convenio global de 50.000 euros.

Asimismo, se ha autorizado la cesión del Teatro Marín para la celebración del evento 'Teruel Mágico'; una transferencia de 96.612 euros a la sociedad municipal Urban teruel para su funcionamiento, y la prórroga de un contrato para mejorar la gestión de los suministros energéticos municipales.

Por último, se ha desestimado un recurso presentado por una empresa en el proceso de licitación del contrato para la gestión de la población de palomas, al no acreditar los requisitos exigidos en su momento.

El Movimiento ciudadano Teruel Existe ha insistido en reclamar la paralización urgente del clúster eólico del Maestrazgo para evitar que se repitan situaciones como la de Pozondón, donde la justicia “ha llegado tarde”. La petición se produce tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que anula la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del parque eólico Santos de la Piedra, una resolución que la organización celebra, aunque subraya que llega cuando la instalación ya está construida “y el daño ya está hecho”.

En la misma línea, organizaciones ambientales como Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Fundación Renovables, Greenpeace y WWF España —junto a ANSAR, ECODES y la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos— han expresado su “profunda indignación” por las irregularidades detectadas en la tramitación del clúster del Maestrazgo, actualmente bajo investigación, y han reclamado la anulación definitiva del proyecto.

El portavoz del grupo de energía y medio ambiente de Teruel Existe, Jesús Villamón, ha advertido de que el caso de Pozondón “no es un hecho aislado, sino el reflejo de un modelo de implantación de renovables que ha priorizado la rapidez frente a la protección del territorio”. Una idea que comparten las organizaciones ecologistas, que consideran que estas prácticas evidencian “posibles incumplimientos de los estándares ambientales” y malas praxis en la planificación energética.

“Durante años se nos vendió una transición energética modélica que, en la práctica, ha estado plagada de irregularidades y falta de control”, ha señalado Villamón, en referencia a investigaciones judiciales en curso. A su juicio, lo ocurrido es “la punta del iceberg de un modelo que ha fallado”.

Las entidades ambientales apuntan en la misma dirección y detallan que las DIA concedidas al clúster han permitido tramitar hasta 25 parques eólicos en un corredor de alto valor ecológico, con afecciones a la Red Natura 2000 y a especies protegidas como el quebrantahuesos. Además, denuncian que algunos proyectos se fragmentaron para eludir evaluaciones estatales o se aprobaron sin estudios acumulativos suficientes.

Villamón ha insistido en que el sistema de evaluación ambiental “no estaba funcionando con las garantías necesarias” y ha recordado que “más del 96% de las declaraciones de impacto ambiental resultaban favorables”, un dato que, a su juicio, evidencia un problema estructural. En este sentido, ha llegado a afirmar que el Inaga “era un coladero” y que “el sistema de evaluación ambiental estaba siendo pervertido”.

Las organizaciones coinciden en que estas prácticas no solo afectan al medio ambiente, sino que también “ponen en jaque la credibilidad de la transición energética” y alimentan el rechazo social hacia las renovables, perjudicando a los proyectos que sí cumplen la legalidad.

Ante este escenario, Teruel Existe reclama medidas cautelares para frenar proyectos en curso: “No podemos permitir que se repita lo ocurrido en Pozondón y que la justicia dé la razón cuando ya no hay solución posible”, ha advertido Villamón, quien ha añadido que “no queremos que Aragón se convierta en una suma continua de ‘Santos de la Piedra’”.

Mejor planificación

Por su parte, las entidades ecologistas subrayan que, en un contexto de inseguridad energética y dependencia de combustibles fósiles, el despliegue de renovables es “más necesario que nunca”, pero debe hacerse “de forma ágil, justa y al servicio de la ciudadanía”, con garantías suficientes para evitar prácticas irregulares o especulativas.

Ambas partes coinciden en la necesidad de una mejor planificación. Mientras Teruel Existe reclama “parar para proteger, investigar y garantizar que la transición energética se haga con rigor”, las organizaciones ambientales exigen una ordenación territorial que excluya de forma vinculante las zonas de mayor valor ambiental y priorice suelos ya degradados o artificiales.

Asimismo, valoran positivamente el compromiso del Gobierno de definir antes del 20 de junio las Zonas de Aceleración para Renovables (ZAR), aunque piden que su diseño incluya una amplia participación ciudadana y criterios claros de protección ambiental.

Las organizaciones también reclaman mecanismos que refuercen la participación pública desde fases tempranas en los grandes proyectos, más allá de los requisitos actuales, y recuerdan que muchas de estas medidas “no son nuevas”, sino demandas históricas que, de haberse aplicado, “habrían impedido casos como el del Maestrazgo”.

“Cuando se permite que proyectos basados en procedimientos cuestionables sigan adelante, no solo se pone en riesgo el territorio, sino que se genera una burbuja económica cuyas consecuencias acabarán pagando todos”, ha advertido Villamón, que ha apelado a actuar con “responsabilidad y anticipación”.

En este contexto, tanto el movimiento ciudadano como las organizaciones ambientales coinciden en que lo ocurrido con el parque eólico Santos de la Piedra debe marcar “un antes y un después”. “Es hora de parar. Parar para proteger, para investigar y para que se haga verdadera justicia”, ha concluido el portavoz de Teruel Existe, mientras las entidades insisten en que “las malas praxis deben ser prohibidas y perseguidas” para garantizar una transición energética compatible con el territorio y la biodiversidad.

El origen de las comadrejas es, al menos, tres millones de años más antiguo de lo que se pensaba. Así lo demuestra el estudio publicado en la revista científica Palaeontology, que ha permitido adelantar el origen de la subfamilia Mustelinae —a la que pertenecen comadrejas, hurones y visones— gracias al análisis de fósiles procedentes del yacimiento de Las Casiones (Teruel).

El trabajo, liderado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), describe un nuevo género y especie de pequeño carnívoro, denominado Galanthis baskini, y demuestra que este grupo ya estaba presente al final del Mioceno, hace unos 6,5 millones de años. Hasta ahora, los fósiles más antiguos de comadrejas se habían encontrado en Polonia y Alemania en yacimientos del Plioceno de unos 3,5 millones de años, por lo que este hallazgo, basado en materiales del territorio aragonés, duplica su historia evolutiva.

Este pariente de las comadrejas ya presentaba un tamaño corporal muy reducido, 134 gramos, similar al de la comadreja menor (Mustela nivalis), el carnívoro más pequeño en la actualidad. Sin embargo, los investigadores destacan que sus piezas dentales ya muestran adaptaciones propias de una dieta altamente carnívora. Los resultados, publicados en Palaeontology, permiten comprender mejor cuándo y cómo surgieron las comadrejas y sus parientes cercanos, así como las adaptaciones que les permitieron ocupar nuevos nichos ecológicos y la evolución de los ecosistemas del hemisferio norte.

“El hallazgo sugiere que la reducción de tamaño y las adaptaciones para capturar pequeños vertebrados aparecieron muy pronto en la historia evolutiva de este grupo, probablemente en relación con cambios ambientales y con la expansión de ciertos roedores durante el final del Mioceno”, ha destacado Alberto Valenciano, profesor ayudante doctor de Paleontología de la UCM.

Los fósiles estudiados proceden de excavaciones realizadas por el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) durante la década de 1990 en el área de Teruel dirigidas por el investigador Luis Alcalá.

El estudio ha combinado técnicas clásicas de anatomía comparada con métodos de análisis avanzados. Entre ellos destaca el uso de microtomografía computarizada (micro-CT), que ha permitido reconstruir en tres dimensiones el interior de los dientes y de la mandíbula y observar estructuras anatómicas invisibles desde el exterior.

“Esta investigación es un claro ejemplo de la gran riqueza fosilífera de mamíferos en Aragón, reconocida a nivel mundial: nuestro equipo lleva décadas contribuyendo a la excavación de yacimientos y al estudio de los fósiles de mamíferos”, ha el coautor y profesor del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza, Daniel de Miguel.

Revisión de otro mustélido y planes futuros

El trabajo también revisa la clasificación de otro mustélido fósil procedente de China y de edad similar al que han denominado Zdanskyictis. “Este nuevo análisis permite establecer relaciones evolutivas más claras dentro de la familia, situándolo cerca de los linajes que dieron lugar a las nutrias (Lutrinae) y a los ictoniquinos (Ictonychinae), un grupo que incluye especies actuales como el turón jaspeado, la comadreja africana o el grisón”, ha destacado Valenciano.

El siguiente paso, adelanta el investigador, será encontrar nuevos fósiles que permitan reconstruir con mayor detalle la evolución temprana de las comadrejas y sus parientes. “Paralelamente, el equipo continúa investigando el registro fósil de los mamíferos carnívoros del Mioceno y el Plioceno en la región mediterránea y en África, con el objetivo de reconstruir con mayor precisión la evolución temprana de distintas familias de carnívoros”, ha agregado Valenciano.

Actualmente se están desarrollando nuevos estudios y excavaciones en yacimientos de Aragón, Madrid, Comunidad Valenciana, así como en distintos puntos de Egipto, Kenia, Namibia, Sudáfrica, Turquía y China. En esta investigación, liderada por la Universidad Complutense de Madrid, han participado las universidades de Zaragoza y Valencia, el Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), el Instituto de Evolución en África, el Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, el Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology de la Academia China de Ciencias, y la Universidad de Washington.

Un hombre de 56 años, vecino de Calamocha y trabajador de la empresa Transportes Tortajada, ha perdido la vida este martes en un accidente laboral ocurrido en el polígono Cuencas Mineras de Montalbán. Ha sucedido en torno a las 10:20, cuando la víctima se encontraba realizando tareas de descarga.

Se trata del décimo accidente laboral mortal en Aragón en lo que va de 2026, según han confirmado desde UGT. Fuentes del sindicato han exigido “mayor control y medios para tomar medidas de choque para parar esta lacra de la siniestralidad mortal en Aragón”. Consideran que “un muerto en accidente de trabajo es una tragedia, diez un drama de primer orden social y debería ser político también”.

Hace cuatro días otro trabajador de 42 años falleció en San Mateo de Gállego tras ser alcanzado por una excavadora. Las organizaciones sindicales han anunciado que convocarán una concentración en los próximos días para exigir mayores controles y medidas preventivas que frenen esta “sangría” de víctimas.

La Guardia Civil de Teruel ha detenido a una persona como presunta autora de un delito de incendio con peligro para las personas, producido el pasado 18 de marzo en una vivienda de la localidad de Mora de Rubielos.

La investigación, iniciada por el Equipo ROCA de Mora de Rubielos, con la colaboración del Área de Criminalística de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Teruel y especialistas del Departamento de Incendios del Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil de Valencia, determinaron la existencia de cinco focos diferentes dentro de la vivienda lo que concluyó que el incendio se produjera de manera intencionada.

Tras las diferentes líneas de investigación, el pasado 25 de marzo, los agentes de la Guardia Civil detuvieron a una persona de 52 años.

El detenido habría residido con anterioridad en la vivienda, que fue cedida por su propietario, hasta el momento en que el propietario le comunicó que tenía que abandonar el inmueble, obteniendo como respuesta amenazas y el posterior incendio de la casa, han señalado desde la Comandancia de Teruel.

Tanto las diligencias instruidas como la persona detenida han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de Teruel.

La Batalla de Teruel estuvo marcada por el frío extremo, la nieve y el desgaste de dos ejércitos ya debilitados. Ese escenario es el que reconstruye la novela gráfica 'Teruel. La lucha helada' una obra que aborda uno de los episodios clave del conflicto con un lenguaje cercano y, en ocasiones, crudo. Su autor, Eneko Tabernilla, construye el relato desde la perspectiva del ejército republicano y en primera persona, con una narración que avanza casi jornada a jornada. El cómic recorre así el desarrollo de la batalla desde la llegada de las tropas para tomar la ciudad hasta el fin de la batalla el 22 de febrero de 1938 con el asalto final a la ciudad por parte del bando sublevado.

“El 23 de febrero de 1938 se dio por terminada la batalla con la ciudad cambiando de manos por tercera vez en menos de tres meses. Setenta y un días de combate que dejaron casi al 70% de sus edificios reducidos a escombros”, relata Tabernilla en las páginas finales de la novela.

“El objetivo era hacer una crónica de la batalla que no fuera superficial”, explica. En esa reconstrucción, además de los combates, cobra importancia el contexto en el que se desarrollaron: una ciudad que había permanecido en manos sublevadas durante toda la guerra y en la que parte de la población no abandonó sus casas pese al avance del frente. La obra se detiene también en ese ambiente y en las condiciones extremas en las que vivieron quienes permanecieron allí.

El interés de Tabernilla por este episodio viene de lejos. “La Guerra Civil siempre me ha interesado”, señala. A su juicio, la batalla de Teruel ha quedado relegada en el imaginario colectivo pese a su importancia estratégica: “Fue una batalla de desgaste que acabó debilitando al ejército republicano y ayuda a entender lo que vino después”.

El origen del proyecto fue, sin embargo, casual. Surgió como un trabajo académico durante sus estudios de ilustración digital, cuando tuvo que realizar seis páginas de cómic. Sus profesores le animaron a continuar y comenzó a mover la idea entre editoriales, aunque sin un guion definido. “No sabía muy bien qué iba a contar en la siguiente página”, reconoce.

El proyecto dio un giro cuando una editorial Cascaborra, especializada en cómic bélico e histórico, decidió apostar por él. “Presenté doce páginas y me pidieron un guion. Ahí fue cuando empezó a tomar forma de verdad”, explica. En ese proceso, y ante la necesidad de dotar de rigor histórico al relato, contactó con el historiador Blas Vicente, que ha trabajado como asesor.

“Cada vez que me documentaba veía errores que había cometido”, admite. La colaboración con Vicente permitió corregir imprecisiones y profundizar en los detalles, tanto narrativos como visuales. La obra presta especial atención a elementos como uniformes, armamento o aviación, con referencias ajustadas a la realidad de la época. “Son detalles que quizá no se ven a primera vista, pero aportan profundidad”, apunta.

"Nadie pensó nunca que una ciudad tan pequeña pudiera exigir un sacrificio tan grande, pero aquella batalla se convertiría en mera estadística comparada con las que vendrían después"

Teruel. La lucha helada

Tras más de tres años de trabajo, el autor reconoce que ha tenido que dejar parte del material fuera. “Hay cosas que se han quedado en el tintero, pero cumple la función que quería”, afirma. El resultado, añade, es el cómic que le habría gustado leer sobre la guerra civil.

Más allá del rigor, Tabernilla subraya la voluntad de mostrar el sufrimiento compartido en ambos bandos. “He intentado ser justo con todo el mundo. Lo pasaron muy mal todos”, señala.

La novela gráfica se presentará el próximo 18 de abril en Teruel con una ruta por distintos enclaves históricos de la ciudad, guiada por el autor y por Blas Vicente, abierta al público.

La Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel ha remitido al Ayuntamiento de Andorra un escrito en el que solicita la suspensión de las centrales fotovoltaicas proyectadas en el municipio por Forestalia y posteriormente traspasadas a BRUC, cuyo inicio de obras se ha anunciado como inminente en los últimos días.

Las plantas afectadas son Mudejar I, Encuentro, Gargallo I, Illio III, San Pedro, Sedeis II, III y VI, y Tolocha I. Tras un “estudio exhaustivo” de las licencias concedidas por el consistorio y de las resoluciones emitidas por el Gobierno de Aragón, la plataforma asegura haber detectado “irregularidades significativas que deberían suspender cualquier actividad relacionada con los citados proyectos”.

Entre los principales argumentos, el colectivo señala que las licencias municipales fueron concedidas “un año antes” de la publicación en el BOA de las autorizaciones de la Dirección General de Energía y Minas. A su juicio, esto sería “el equivalente a conceder licencia para una obra particular sin haber presentado un proyecto visado”. Además, sostienen que las autorizaciones autonómicas “no se corresponden con el proyecto aprobado por el consistorio”, al incluir modificaciones posteriores que afectan tanto a los vértices del vallado como a la tipología de los módulos fotovoltaicos.

La plataforma también advierte de que en algunos proyectos, como Ilio III, Sedeis II y Sedeis VI, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) se publicó meses después de la concesión de las licencias municipales. Recuerdan que estas deben incorporar el contenido ambiental de dicha declaración, por lo que “deben ser posteriores” y no pueden otorgarse de forma condicionada, ya que sería “como conceder una licencia de obras sujeta a que el informe del arquitecto municipal sea favorable”.

El escrito vincula además la tramitación de estas centrales con el “escándalo de la empresa promotora”, que “presuntamente obtuvo las autorizaciones ambientales de sus proyectos de forma corrupta”. En este sentido, citan la diligencia de una funcionaria encargada de la evaluación ambiental, que dejó constancia de que la tramitación de informes pasó de la empresa pública SARGA a “una empresa privada participada por cargos vinculados a partidos políticos y que había trabajado para Forestalia con anterioridad”. Este hecho, añaden, quedó expuesto en la Comisión sobre renovables celebrada en las Cortes de Aragón, “sin consecuencias”.

Otro de los puntos que subraya la plataforma es que, en su opinión, los nueve parques conforman en realidad “un único proyecto fragmentado de forma artificial” para su tramitación ante el Gobierno de Aragón y el INAGA. Argumentan que las instalaciones “forman un continuo”, comparten línea de evacuación y subestación eléctrica, y pertenecen a la misma promotora.

Por último, apuntan a un posible incumplimiento del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Según indican, tras la concesión de las licencias municipales, la Comisión de Urbanismo realizó anotaciones y requerimientos relacionados con la posible ocupación de suelo no urbanizable especial, con fecha de 9 de junio de 2023, “seis meses después de haber sido concedidas las licencias”.

A la vista de estos elementos, la plataforma considera que existen “argumentos suficientes” para que el Ayuntamiento suspenda las licencias y “todas las acciones derivadas de las mismas”. Asimismo, sostiene que el consistorio “no puede excusarse en motivaciones económicas ni convertir en rehenes conceptos como el desarrollo o la industrialización”, al entender que plantean “un falso dilema” y que “no existe ningún bien que se derive de la corrupción”.

El Subsector de Tráfico de Teruel investigan al conductor de un turismo por un presunto delito contra la seguridad vial, tras realizar una maniobra de adelantamiento bajo condiciones meteorológicas adversas, poniendo en peligro tanto su vida o integridad física como la de los ocupantes de los vehículos implicados que circulaban correctamente. 

Los hechos ocurrieron el pasado día 05 de marzo de 2026, cuando la Guardia Civil de Teruel, recibió comunicación de un usuario, quien aportó un video grabado en la carretera nacional N-211 (Guadalajara-Fraga), en proximidades de la localidad de Martín del Rio. En las imágenes se observa un turismo realizando un adelantamiento a otro vehículo, en un tramo sin prohibición de adelantamiento, pero con una visibilidad notablemente reducida debido a las condiciones meteorológicas, mientras circulaba el denunciante correctamente en sentido contrario, comprometiendo la seguridad de los usuarios. 

El vídeo muestra como el presunto autor del adelantamiento, siendo consciente de la situación de peligro generada, no desiste de su maniobra, llegando a dar ráfagas de luces al vehículo que circula correctamente en sentido contrario, éste para evitar la colisión se ve obligado a orillarse hacia el arcén, cruzándose los vehículos con una separación lateral extremadamente próxima y poniendo en concreto peligro la integridad de los ocupantes de los tres vehículos implicados. 

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de Teruel, ha instruido las correspondientes diligencias, remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Calamocha nº1

Esta maniobra de adelantamiento podría constituir un delito contra la seguridad vial por conducción de un vehículo a motor con temeridad manifiesta y poniendo en peligro concreto la vida o la integridad de las personas contemplado en el artículo 380 del Código Penal, puede llevar aparejada una pena de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.

La Guardia Civil, recuerda que las maniobras imprudentes y más concretamente en el caso de los adelantamientos incrementan de forma significativa el riesgo de colisión frontal, uno de los tipos de siniestros más letales en las vías interurbanas. El cumplimiento estricto de las normas de circulación y la adaptación a las condiciones ambientales que obligan a adecuar la velocidad, distancia de seguridad y alumbrado es esencial para garantizar la seguridad del conjunto de los usuarios de la vía.

Gobierno de Aragón, agentes sociales y alcaldes, así como la Diputación Provincial de Teruel, van a presentar una declaración conjunta ante el Ministerio para la Transición Ecológica exigiendo una respuesta “clara” a la situación de bloqueo actual tras la reducción del proyecto por parte de Enel (Endesa). La vicepresidenta en funciones del Ejecutivo autonómico, Mar Vaquero, ha mantenido este lunes una reunión en Teruel en la que se ha acordado reclamar una “alternativa que se pueda ejecutar ya”.

Vaquero ha advertido de que las soluciones planteadas hasta ahora “generan más incertidumbre y un problema de seguridad jurídica”, en referencia a la posibilidad de adjudicar a otras empresas la capacidad de acceso no utilizada. A su juicio, esta opción “no está jurídicamente recogida en los términos actuales” y abre interrogantes sobre su aplicación y plazos. En este sentido, ha señalado que incluso en el supuesto de que se pudiera llevar a cabo esa reasignación, “sería necesario iniciar una tramitación que podría alargar aún más los tiempos”, algo que considera incompatible con la urgencia del territorio. “La propuesta no convence y dilata una respuesta que es necesaria”, ha resumido.

La vicepresidenta ha insistido en que “han pasado cuatro años desde la adjudicación” y ha defendido que se trata de “un proyecto estratégico que no puede someterse a más riesgos ni recortes”. Además, ha subrayado que el problema “no se ha generado en el territorio, sino desde el Gobierno de España”, por lo que ha reclamado “una solución clara de quien lo ha creado”. Asimismo, ha reclamado una respuesta conjunta para toda la provincia y ha advertido de que “el futuro de estos pueblos está en juego”. “Se nos ofreció una transición justa y no queremos que sea fallida e injusta”, ha añadido, rechazando además que fondos como el FITE o las ayudas al funcionamiento puedan servir como compensación a la falta de empleo y oportunidades.

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Joaquín Juste, ha mostrado la “preocupación” de la institución provincial y ha recordado que ya se opusieron al cierre de la central térmica “porque no había un plan de transición previo”. “No tuvimos plan de transición entonces y lo peor es que hoy tampoco lo tenemos”, ha lamentado. “Aquellas ilusiones y los planes de acompañamiento que se anunciaron ahora vemos que tampoco van a llegar”, ha añadido. Juste ha ofrecido a la Diputación como espacio de cohesión para articular una respuesta conjunta: “Ofrecemos la DPT para trabajar en esa unidad de toda la provincia y redactar un documento común para exigir al Ministerio que cumpla lo que nunca cumplió: un plan de transición, actividad económica y empleo”.

Agentes sociales

El presidente de la Cámara de Comercio de Teruel, Antonio Santa Isabel, ha mostrado su respaldo a la postura del Gobierno de Aragón y ha advertido de las consecuencias del recorte del proyecto. “Perdemos una fuente de energía que era la que iba a traer esa industria”, ha señalado, al tiempo que ha subrayado que “la energía que necesitábamos no va a llegar y las empresas que se habían anunciado no están llegando ni van a llegar”. Santa Isabel ha añadido que el problema “responde a una dinámica recurrente en la provincia, donde cada vez que llegan fondos o oportunidades nos encontramos con lo mismo de siempre”.

En la misma línea, el presidente de CEPYME Teruel, Jesús Blasco, ha reclamado una explicación clara sobre la situación actual del proyecto. Ha recordado que el concurso partía de una potencia inicial de 1.800 megavatios y que Endesa ha reducido su desarrollo a unos 400. A su juicio, las alternativas planteadas en las últimas semanas “no son muy legales” y ha pedido una reunión para “que nos expliquen la verdad, que no nos mareen más”. Blasco ha advertido de que, si la situación se prolonga, “se van a cargar otra comarca” y ha alertado de las consecuencias en el empleo: “Si las empresas no vienen, moriremos todos; si esto se alarga uno o dos años, nos quedaremos sin gente para trabajar”.

Desde el ámbito sindical, Alejo Galve (UGT), ha considerado que el cierre de la central térmica fue “precipitado” y ha sostenido que “no había planificación suficiente”. En su opinión, la situación actual demuestra que “no se ha ejecutado bien el proyecto y nos encontramos con una incertidumbre total en el territorio”. Galve ha defendido la necesidad de una respuesta conjunta y ha apelado a la unidad institucional y social: “Es fundamental para el mantenimiento de la provincia. Tenemos que hacer manifestaciones conjuntas, reunirnos con el Ministerio y buscar una solución que afecte a toda la provincia y a la comunidad”.

La declaración conjunta, según han avanzado, se formalizará en los próximos días y tendrá como eje principal exigir una solución inmediata que no prolongue la incertidumbre.

Recorte de la potencia

El origen del proyecto se remonta a 2021, cuando el Ministerio para la Transición Ecológica convocó el concurso del nudo de transición justa de Andorra (Nudo Mudéjar) para reindustrializar la zona tras el cierre de la central térmica, clausurada en 2020. La adjudicación, resuelta en 2022 a favor de Endesa —a través de Enel Green Power—, se planteó sobre una petición de más de 1.800 MW vinculados a una inversión millonaria, creación de empleo y proyectos asociados al territorio.

El desarrollo del proyecto ha acumulado retrasos y no fue hasta febrero de 2026 cuando el Ministerio emitió la declaración de impacto ambiental (DIA), que recortó de forma significativa el alcance inicial por condicionantes ambientales. Muchos de estos reparos procedían del propio Gobierno de Aragón, que a través del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) puso objeciones, por ejemplo, a cinco parques eólicos y a otro fotovoltaico. Un mes después, Enel (Endesa) respondió con una drástica reducción del proyecto —al que se vinculaba una inversión de 1.600 millones de euros— para dejarlo en 350 millones.

La semana pasada, la directora del Instituto para la Transición Justa (ITJ), Judit Carreras, se reunió con el alcalde de Andorra (Teruel), el socialista Rafael Guía, y le trasladó que desde el Ministerio trabajan para que Enel optimice el volumen de potencia renovable que puede instalarse en el Nudo Mudéjar conforme a la DIA. Carreras descartó un nuevo concurso y apuntó que la energía sobrante, unos 800 megavatios, se adjudicaría a otras empresas para que “esa capacidad se quede en el territorio”.

El reciente cambio de rumbo tras la 'jibarización' del proyecto energético de Enel-Endesa, adjudicataria del concurso del Nudo Mudéjar para reindustrializar la zona tras el cierre de la central térmica, clausurada en 2020, y que ha pasado de solicitar 1.844 MW a dejarlo en 406, ha obligado a los alcaldes de las localidades afectadas y a los gobiernos central y autonómico a mover ficha y buscar alternativas que garanticen inversión, empleo y futuro para las comarcas turolenses afectadas por el cierre de la central.

El desarrollo del proyecto ha acumulado retrasos y no fue hasta febrero de 2026 cuando el Ministerio emitió la declaración de impacto ambiental (DIA), que recortó de forma significativa el alcance inicial por condicionantes ambientales. Muchos de estos reparos venían precisamente del Gobierno de Aragón, que a través del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) puso pegas, por ejemplo, a cinco parques eólicos y a otro fotovoltaico.

Un mes después, Enel (Endesa) respondió con una drástica reducción del proyecto —al que se vinculaba una inversión de 1.600 millones de euros— para dejarlo en 350 millones de euros.

En la reunión de la vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero, con diez alcaldes de las comarcas afectadas, ya se avanzó la petición de una reunión con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para exigir el cumplimiento íntegro de los compromisos adquiridos con el territorio, especialmente en lo relativo al plan socioeconómico vinculado a la transición justa. Asimismo, se expresó el rechazo al tiempo irrecuperable perdido por la tardanza de la DIA ministerial.

Por su parte, Judith Carreras, directora del Instituto para la Transición Justa —organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico—, justificó la tardanza en la emisión de la DIA, en febrero de 2026, que recortó de forma significativa el alcance inicial por condicionantes ambientales. Entre dichos condicionantes, señaló que “muchos de ellos vienen también marcados por las comunidades autónomas, ya que las DIA son un ejercicio que realiza el Ministerio de Transición Ecológica, pero que cuenta con informes técnicos, como en este caso los del Inaga”, justificó Carreras tras su reunión con el alcalde de Andorra, Rafael Guía.

Larga serie de reparos

De hecho, el Inaga formuló una larga serie de reparos a lo largo del procedimiento de evaluación de impacto ambiental del Nudo Mudéjar. Estos afectaban a la ZEPA «Desfiladeros del Río Martín», a la fauna y la avifauna (tanto en informes de información pública como en consultas posteriores), así como a distintos proyectos: el Parque Eólico (PE) Empeltre, el PE Ítaca, el PE La Torica, el PE La Plana, el PE El Castillo y el PE Pitarra. También se refirieron a las plantas solares fotovoltaicas (PSFV), a los efectos acumulativos y sinérgicos y a las medidas de seguimiento.

El Gobierno de Aragón reclama que el Ministerio trabaje ya en alternativas que permitan atraer nuevas inversiones a la zona. En cuanto a posibles compensaciones o a un plan de acompañamiento desde el Ejecutivo autonómico para facilitar inversiones en el territorio, Vaquero se remitió al Ministerio, señalando que “la prioridad es garantizar alternativas reales a la inversión, el empleo y el desarrollo”, sin descartar pedir responsabilidades en el futuro.

El Ejecutivo autonómico ha reiterado además su apoyo “sin fisuras” a los municipios y su compromiso de acompañarlos en sus reivindicaciones. Sobre los plazos para un eventual plan alternativo, el Ejecutivo autonómico ha insistido en que “es el Ministerio quien tiene que establecer los plazos y plantear las alternativas”.

La externalización de servicios sanitarios públicos en Aragón ha dejado de ser una medida puntual para convertirse en una práctica cada vez más extendida. Contratos recientes en hospitales como el de Teruel y Alcañiz con Ribera Salud y Quirónsalud por más de un millón de euros en total evidencian un incremento del gasto público destinado a empresas privadas, mientras formaciones como el PSOE, Teruel Existe e Izquierda Unida denuncian una “privatización progresiva” basada en mayores costes, menor control público y un debilitamiento de la sanidad pública, especialmente en el medio rural, lo que se une al problema de la cobertura de plazas.

La sanidad pública aragonesa atraviesa un momento de tensión estructural marcado por la falta de profesionales, especialmente en zonas rurales como Teruel. En este contexto, el Gobierno de Aragón ha recurrido de forma creciente a la externalización de servicios médicos, adjudicando contratos a empresas privadas como las citadas, presentada como una solución puntual para garantizar la atención sanitaria, lo que ha abierto un intenso debate político y social.

El PSOE de Teruel lleva semanas alertando de que el modelo privatizador del Gobierno de Jorge Azcón “ya ha llegado al Hospital de Alcañiz” con el contrato que Salud ha sacado a licitación para externalizar parte del servicio de cirugía ortopédica y traumatología durante seis meses por algo más de 428.000 euros. Los socialistas acusan a la consejería de Sanidad de “mala gestión” y afirman que el PP “crea el problema” para justificar la necesidad de la externalización, destacando que la lista de espera para una consulta externa de traumatología ha aumentado en 170 días en los últimos dos años y medio.

Ante las justificaciones del Departamento de Sanidad sobre la “infradotación estructural de la plantilla” y el déficit de traumatólogos “sostenido en el tiempo”, que impiden hacer frente a las largas listas de espera que existen en este momento, tanto en consultas externas como en cirugía, el diputado socialista Rafael Guía asegura que nunca antes había sido necesario un contrato de estas características en el hospital bajoaragonés y en ningún caso haciendo uso de la empresa privada. Además, sostiene que, frente a otros planes de choque que contaban con los propios profesionales de la sanidad pública, Azcón está apostando por “el modelo privatizador del Partido Popular, que externaliza todos los servicios a empresas amigas como Quirón o Ribera Salud”.

Por su parte, Teruel Existe ha denunciado la “privatización programada” de los servicios sanitarios en Aragón, especialmente en los hospitales de Teruel y Alcañiz, y ha reclamado un cambio de modelo basado en el refuerzo de la sanidad pública y de sus profesionales.

En el Hospital Obispo Polanco de Teruel, por ejemplo, se han adjudicado contratos por valor aproximado de 600.000 euros, incluyendo contratos como el adjudicado a Ribera Salud por 199.000 euros para cubrir guardias en ginecología, anestesia y urología, o el de 398.370 euros para servicios como otorrinolaringología, rehabilitación y dermatología. Según estimaciones de Teruel Existe, estos servicios podrían haberse prestado por unos 400.000 euros mediante gestión directa, lo que implicaría un sobrecoste cercano al 30%.

Además, ha denunciado el agravio comparativo entre profesionales, indicando que el personal externalizado llega a cobrar cerca de 98 euros por hora frente a los 29 euros de los especialistas del propio hospital.

Según Teruel Existe, los datos muestran que la externalización no es un fenómeno abstracto, sino una realidad concreta, donde el problema sanitario tiene carácter estructural y afecta a todos los hospitales no ubicados en Zaragoza, como los de Teruel, Alcañiz, Barbastro, Calatayud o Jaca. Problema, además, que se agrava por la gestión de la sanidad realizada por personas que habitualmente tienen escasos conocimientos en materia sanitaria y por las dificultades, en ocasiones, ejercidas por los jefes de servicio de los grandes hospitales de limitar que los médicos de su servicio se desplacen para realizar guardias en los centros hospitalarios de menor tamaño.

El portavoz de Teruel Existe, Joaquín Moreno, ha asegurado que este proceso responde a un modelo que “tiende hacia la privatización progresiva”, poniendo como ejemplo el hospital de Torrejón de Ardoz. “La externalización se presenta como un concurso público, pero en realidad responde a un mercado cerrado dominado por grandes grupos empresariales que se reparten los concursos y zonas de trabajo y su objetivo es maximizar el beneficio”, ha afirmado, señalando directamente a Quirón y Ribera Salud.

Cobertura de plazas

La formación ha criticado la gestión sanitaria del actual Gobierno de Aragón del PP en funciones, al que ha acusado de “no haber sido capaz de cubrir las plantillas de los hospitales en el territorio ni de atraer médicos al medio rural, pero sí de externalizar servicios para generar negocio con la sanidad pública”.

Izquierda Unida de Aragón también ha expresado su preocupación tras conocerse que las 44 plazas médicas ofertadas para los centros de salud del Bajo Aragón Histórico han quedado completamente desiertas. La formación considera que este hecho supone un nuevo episodio del grave deterioro que atraviesa la Atención Primaria en zonas como Alcañiz, Caspe, Andorra, Utrillas, Alcorisa, Maella o Valderrobres.

Desde Izquierda Unida sostienen que esta situación es interesada. El PP, afirman, bloqueó durante toda la anterior legislatura la convocatoria de oposiciones a medicina de familia, acumulando un total de 332 plazas. “El PP ha retrasado esta oposición porque esta legislatura quería reducir plazas de medicina de familia del mundo rural desde una visión reduccionista del número de cartillas por médico y sin tener en cuenta la dispersión territorial, las características de la población a atender o los centros residenciales que abordar. Y ha usado el mantra de que no hay médicos y de que no quieren ir al mundo rural para justificarlo”, afirma María Milián.

A juicio de IU, la cobertura de plazas en el mundo rural es un problema cuando se trata de plazas temporales, pero las plazas fijas sí se cubren ampliamente. Por ello, la formación defiende que la mejor forma de mejorar la atención primaria en el ámbito rural es cubrir definitivamente y cuanto antes todas las plazas estructurales acumuladas. 

Modelos en contraste: Ribera Salud, Quirónsalud y la gestión pública directa

El debate sobre la externalización sanitaria en Aragón se abre en medio de una comparación más amplia entre los distintos modelos de gestión que conviven en el sistema sanitario español. La presencia de empresas como Ribera Salud y Quirónsalud responde a esquemas diferentes de colaboración público-privada, cuyas consecuencias han sido ampliamente observadas en comunidades como la Valenciana o Madrid. Frente a ellos, el sistema público puro sigue siendo el modelo predominante, aunque no exento de dificultades.

El caso de Ribera Salud representa el modelo más ambicioso de privatización sanitaria en España. Su fórmula, como el modelo Alzira, se basa en la gestión integral de hospitales y áreas de salud mediante un sistema de pago capitativo: la administración abona una cantidad fija por habitante, independientemente del uso real de los servicios. Este diseño introduce un incentivo claro a la contención del gasto. Diversos informes y controversias surgidas en la Comunidad Valenciana apuntaron a prácticas orientadas a reducir costes, así como a dificultades de control y transparencia por parte de la administración. A ello se sumaron pagos adicionales y ajustes económicos fuera de las previsiones iniciales, lo que acabó cuestionando la supuesta eficiencia del modelo. La reversión progresiva de estos hospitales a la gestión pública reflejó, en última instancia, las tensiones acumuladas durante años.

Por su parte, Quirónsalud encarna un modelo más vinculado a la lógica de mercado. Como mayor grupo hospitalario privado de España, su actividad se basa en conciertos sanitarios, derivaciones desde el sistema público y gestión de hospitales bajo fórmulas mixtas. En comunidades como Madrid, este modelo ha mostrado una gran capacidad para absorber actividad asistencial y reducir tiempos de espera. Sin embargo, también ha generado un incremento significativo del gasto público asociado, debido a pagos adicionales por actividad y a la captación de pacientes desde la red pública. Esta dinámica ha sido criticada por introducir incentivos a aumentar el volumen de servicios prestados, más que a optimizar su eficiencia global. A ello se añaden cuestionamientos sobre la transparencia de los acuerdos y sobre sus efectos en las condiciones laborales del personal sanitario.

Tampoco escapa la relación entre el grupo sanitario Quirónsalud, la Comunidad de Madrid y la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se ha convertido en uno de los focos más sensibles del debate político y mediático sobre la sanidad pública y la colaboración con empresas privadas. Según la información publicada por diversos medios, este empresario facturó a Quirónsalud más de un millón de euros en un solo año —2021—, cifra que supone un incremento notable respecto al ejercicio anterior. En concreto, sus ingresos procedentes de la compañía se multiplicaron aproximadamente por cuatro tras el inicio de su relación con Ayuso. Estos pagos, según las versiones conocidas, corresponderían a trabajos de consultoría y servicios profesionales, si bien la naturaleza exacta de algunas operaciones ha sido objeto de escrutinio público.

En paralelo, Quirónsalud ha consolidado su posición como uno de los principales proveedores sanitarios de la Comunidad de Madrid. Durante los últimos años, el volumen de recursos públicos destinados a hospitales y servicios gestionados por el grupo ha alcanzado cifras de varios miles de millones de euros. Este crecimiento no responde a un fenómeno puntual, sino a un modelo sanitario en el que la colaboración público-privada tiene un peso estructural, especialmente en determinadas áreas hospitalarias.

En conjunto, la experiencia de distintas comunidades autónomas sugiere que la colaboración público-privada puede ofrecer soluciones puntuales en contextos de presión asistencial, pero también introduce riesgos estructurales si se convierte en un elemento central del sistema. Entre ellos destacan el aumento del gasto a medio plazo, la pérdida de capacidad operativa del sector público y la creciente dependencia de grandes grupos sanitarios. Estos factores resultan especialmente relevantes en el contexto aragonés, donde la externalización comienza a consolidarse como respuesta a problemas estructurales aún no resueltos.

La directora del Instituto para la Transición Justa (ITJ), Judit Carreras, se ha reunido este martes con el alcalde de Andorra (Teruel), el socialista Rafael Guía, y le ha trasladado que desde el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) trabajan para que Enel optimice el volumen de potencia renovable que puede instalarse en el Nudo Mudéjar, de acuerdo con las condiciones de la declaración de impacto ambiental del proyecto. Carreras ha descartado un nuevo concurso y ha manifestado que la energía sobrante, unos 800 megavatios, se adjudicarán a otras empresas para que “esa capacidad se quede en el territorio”.

Así se lo ha trasladado en una reunión mantenida para abordar la situación del concurso de transición justa, tras la propuesta provisional de Enel Green Power España de modificar su proyecto, ganador del concurso, e instalar 406,3 MW de potencia renovable, apenas una quinta parte de lo que pretendía.

Carreras ha informado a Guía sobre el detallado estudio que el ITJ está realizando sobre dicha propuesta, así como sobre su incidencia sobre los compromisos socioeconómicos vinculados al proyecto, de acuerdo con las reglas del concurso. También ha confirmado a Guía la voluntad del ITJ de que la capacidad de acceso a la red eléctrica del Nudo Mudéjar que finalmente no utilice el proyecto de Enel sea aprovechada por otros proyectos en beneficio del territorio, empleando mecanismos propios de transición justa, descartando la celebración de un nuevo concurso.

La directora del ITJ ha querido dejar claro que la capacidad sobrante “no se pierde”. “Es muy importante asegurar que esa capacidad se quede en el territorio con criterios de transición justa y por eso estamos trabajando en las opciones administrativas para que así sea”. Eso, ha explicado, “no significa un nuevo concurso”, y ha recordado que hubo “una lista de adjudicatarios muy larga”. “Estamos trabajando para ver cómo ofrecérsela a los siguientes adjudicatarios”, ha incidido.

520 millones en ayudas

Carreras ha recordado que el ITJ ya ha concedido 520 millones de euros en ayudas a 180 proyectos empresariales, municipales y de restauración ambiental, junto con ayudas sociales; y ha insistido en que el ITJ seguirá trabajando con el alcalde de Andorra y la zona afectada para seguir apoyando el territorio, incidiendo en que en el segundo semestre de este 2026 habrá una nueva convocatoria de ayudas.

Hay que recordar que el que prometía ser el mayor desarrollo de energía renovable proyectado en España se quedará reducido a casi una quinta parte. Endesa comunicó hace diez días que solo ejecutará instalaciones con una potencia conjunta de 406 megavatios en el Nudo Mudéjar de Andorra, en el punto de conexión a la red que quedó libre tras el cierre de la central térmica de carbón de Andorra hace casi seis años. La cifra supone apenas el 22% de los 1.844 MW que su filial renovable, Enel Green Power España, había planificado mediante la combinación de siete parques eólicos, otras tantas plantas fotovoltaicas y sistemas de baterías.

La compañía remitió el pasado 17 de marzo al Instituto para la Transición Justa, del Ministerio de Transición Ecológica, la nueva configuración, dentro del plazo fijado en las bases del concurso adjudicado en 2022. El plan contempla únicamente tres parques solares y uno eólico, frente a las catorce instalaciones del diseño original.

La Policía Local de Teruel ha identificado, tras meses detrás de la pista, a una persona que de forma reiterada, lanzaba desde su vehículo pañales usados de gran tamaño a la vía pública, en el casco urbano de la ciudad.

Esta conducta provocó la acumulación de restos en diferentes zonas, generando quejas habituales por malos olores y un malestar ciudadano persistente.

Los hechos se produjeron durante varios meses, con distintos patrones tanto temporales como en relación a los lugares donde se arrojaban los residuos. Gracias a la labor de vigilancia y seguimiento de agentes de la Policía Local de Teruel, se consiguió finalmente detectar e identificar a la persona infractora, procediéndose a la apertura del correspondiente procedimiento sancionador.

Este tipo de comportamientos, que afectan negativamente a la convivencia, al ornato y a la salubridad pública, son objeto de control por parte de los agentes de la Policía Local de Teruel.

Su actividad preventiva constituye en muchas ocasiones el punto de partida de expedientes sancionadores contemplados en la Ordenanza de Convivencia Ciudadana y Protección del Paisaje Urbano de Teruel.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que estas conductas pueden conllevar sanciones económicas que, en función de su gravedad, oscilan entre los 750 euros para infracciones leves, entre 750,01 y 1.500 euros para infracciones graves, y entre 1.500,01 y 3.000 euros para infracciones muy graves, pudiendo ser graduadas según criterios como la trascendencia social o el daño causado.

Asimismo, el consistorio advierte de que continuará intensificando las labores de vigilancia y control para garantizar el cumplimiento de las ordenanzas municipales, apelando a la responsabilidad cívica de la ciudadanía para mantener la ciudad en condiciones adecuadas de limpieza, respeto y convivencia.

En el pequeño municipio turolense de Libros, donde apenas residen un centenar de habitantes, la llegada de 152 escolares de los colegios de Las Viñas, La Salle y Las Anejas ha convertido por un día la lectura en una experiencia compartida, viva y cercana. La segunda edición de 'Libros que cuentan', impulsada por el área infantil y juvenil de la editorial Planeta, ha reunido a cinco autores de referencia de la literatura infantil con niños que no solo leen sus historias, sino que ahora pueden conocer a quienes las crean. Entre talleres, firmas y encuentros, la iniciativa demuestra que acercar los libros al medio rural no solo fomenta la lectura, sino que transforma la manera en que los jóvenes se relacionan con ella, despertando curiosidad, emoción y nuevas formas de entender la cultura. La iniciativa ha sido el preámbulo de la celebración del Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil el próximo 2 de abril.

“Hemos ido a Libros a leer libros”, resumirá Héctor en su redacción escolar la jornada vivida en este pueblo con nombre tan metafórico. Integrado en la comarca de la Comunidad de Teruel, este municipio llegó a tener una población de 2.500 habitantes pero ahora cuenta con un centenar entre los que se incluyen cuatro niños que van al colegio a la capital provincial. Se ha hecho merecedor de este encuentro tras colaborar con el programa 'Mi pueblo lee', que “nos proporciona los autores del grupo Planeta y que lleva cinco años en marcha”, explica el alcalde, Raúl Arana, una trayectoria que, según apunta, ha sido clave para que la editorial se fijara en Libros como sede de esta iniciativa. Este municipio se ha convertido en símbolo de dinamización cultural tras reunir más de 60.000 libros donados desde toda España y proyectar una biblioteca-hotel inspirada en la Biblioteca Pública de Nueva York.

El encuentro entre escolares y sus autores preferidos llenó este miércoles la Plaza Mayor, que también lleva el nombre del escritor turolense Javier Sierra, con talleres, firmas y encuentros literarios. A la cita han acudido autores de las series más destacadas: Pedro Mañas y David Sierra Listón, creadores de la colección Anna Kadabra, fenómeno editorial con más de dos millones de lectores; Susanna Isern, autora de la exitosa colección 'Magic Animals'; Isabel Álvarez, autora de Clara Nox, una nueva narrativa infantil middle grade (un espacio narrativo que actúa de puente entre la inocencia de la infancia y la complejidad de la adolescencia) para fans de Amanda Black, y Raquel Díaz Reguera, escritora e ilustradora de referencia en literatura infantil, acaba de presentar 'El caos de Beca', una colección inspirada en los cambios que vive un preadolescente antes de pasar al instituto. Además, como autor invitado para la ocasión también ha participado el mítico Gerónimo Stilton.

Los autores

La creadora de Clara Nox, Isabel Álvarez, tiene claro que cuando un niño cierra un libro “ya no es el mismo niño”.  Satisfecha con la experiencia y analizando el éxito de sus libros, relata que los niños le han dado “mucha información y muy interesante”. Los chicos le han contado que cuando leían un episodio tenían ganas de seguir, porque en el cole las profesoras mantenían el misterio hasta el día siguiente al acabar cada capítulo. Además, conectan con la protagonista porque es una chica a la que han alejado de lo que ella conoce –su madre está enferma y a miles de kilómetros–, por lo que no encaja en su nuevo ambiente. “Clara tiene mucha personalidad y aunque siente la presión por encajar, ella sigue manteniendo su personalidad”, desgrana su autora. A su juicio, “los niños, cuando leen fantasía, aprenden a volar en un simulador sin riesgo de estrellarse. Y aprenden mucho de habilidades, sobre todo cuando no encajan, pero intentan seguir adelante. Utilizando un término de psicología, el espacio transicional es la intersección entre el mundo interior del niño y su realidad exterior. A veces el mundo es difícil para un niño, hecho por adultos, con reglas que no han decidido”, explica. La colección de Clara Nox acaba de publicar el segundo libro en febrero y el tercero sale en julio.

La escritora e ilustradora Raquel Díaz Reguera ha dado un giro en su trayectoria con su nueva colección al reconocer que la editora le hizo salir de su “zona de confort” y dar “un paso adelante”. Su proceso creativo ha sido exigente: “He intentado ponerme verdaderamente en los ojos de una niña de 12 años y ha sido el libro al que más tiempo le he dedicado”. Defiende una literatura que no juzgue al lector joven al explicar que en su libro “la que habla es Beca y trato de no ningunear para nada lo que ella siente”. La autora también reflexiona sobre el contexto actual de los niños y adolescentes al señalar que “nos preocupa mucho que se entreguen a las pantallas, pero a lo mejor es que hemos perdido mucho tiempo sin iniciarlos en otras experiencias culturales”. A Raquel Díaz le ha sorprendido especialmente la aceptación del libro entre los niños. “Les gusta mucho y me hace mucha ilusión porque antes solo era lectura de niñas” y reconoce que “la respuesta está siendo brutal”. En su proceso creativo ha contado con una ayuda muy cercana, ya que “mi hija ha sido como un experimento social. Ella es la que me lee y me dice, mamá, esto no se dice así”.

Los creadores de la colección Anna Kadabra, David Sierra Listón y Pedro Mañas, admiten que el éxito de la saga sigue siendo difícil de explicar porque “ojalá lo supiéramos para repetirla, no sabemos qué ingredientes hemos mezclado”. Aun así, identifican algunos factores clave como un texto que conecta con los niños también a través de las ilustraciones “que les flipan”, dando lugar a un trabajo conjunto entre escritor e ilustrador que ha permitido “un producto muy auténtico en el que todo el mundo está muy implicado”.

Destacan además un logro fundamental en la iniciación lectora de los escolares, ya que “mucha gente nos dice que Anna Kadabra es el primer libro que sus hijos leen solos”. Su conexión con el público infantil tiene que ver con su propia actitud porque “nunca hemos dejado de ser niños” y tienen claro que “los niños detectan a la legua cuando un mayor se está haciendo pasar por un niño”. También defienden abordar temas complejos dentro de la literatura infantil al afirmar que “la magia es solamente una excusa para hablar de muchas otras cosas”, incluyendo cuestiones como “política y la especulación inmobiliaria” que trataron en uno de sus libros. Durante el encuentro se han mostrado sorprendidos por el nivel de los jóvenes lectores porque “conocen todos los libros e incluso recuerdan detalles que nosotros mismos hemos olvidado”.

La autora Susanna Isern reivindica el valor de la literatura infantil al reconocer que “ha estado bastante denostada”, aunque que cada vez tiene más presencia. Subraya su importancia en la formación personal al afirmar que “estamos creando a las personas que van a ser futuros lectores”.

Explica el principal reto de su trabajo porque “lo más complicado es dar con esa tecla que hace que un niño empiece a leer un libro y no lo abandone”. Para lograrlo apuesta por “historias frescas, personajes originales, por una chispa que haga que los niños se emocionen”. También destaca la influencia directa de los lectores en su proceso creativo, ya que a veces le dicen: “¿y por qué no creas un personaje o por qué no sale este otro?. Y esas peticiones las trasladamos muchas veces a los nuevos libros”, admite. Aunque Isern es consciente de la dificultad de vivir del oficio cree que eventos como este “ayudan y mucho a dar proyección”.

Los lectores

Los escolares han sido los verdaderos protagonistas de la jornada. Noemí, Sofía y Elia son fans de `Clara Nox´ “por sus aventuras, los vigilantes, los monstruos y porque hay muchos poderes”. Confiesan que la descubrieran en el colegio y ahora dan su voto de confianza al cole a la hora de elegir sus lecturas, aunque proponen a sus docentes leer también al veterano Gerónimo Stilton. “Antes, el colegio era aburrido cuando no leíamos en clase pero ahora ya nos compramos nuestros propios libros”, comentan orgullosas.

Luca, sin embargo, es fan de `Magic Animals´ “porque es de aventuras y me divierte mucho y me gusta la trama y los personajes”. Sin embargo, la jornada en Libros le ha servido para descubrir también a Anna Kadabra. A Luca le gusta escribir y adelanta que en su redacción de clase escribirá lo bien que se lo ha pasado y que le hayan firmado los autores porque “hemos visto que los autores existen de verdad”, añadía.

Héctor, alumno de Las Viñas, cuenta que un día llegó su profesora planteando leer unos libros para hacer luego una actividad en Libros. Todo empezó con 1, 2 y 3 de ´Magic Animals´ y es la colección que le gusta “por mucho” respecto a otras. Le encantan los animales, como Eric, el oso. Y aunque reconoce que no le gusta mucho leer, estos libros le facilitan seguir la historia “porque no son tan espesos, cuenta con ilustraciones y letras más grandes”. De la experiencia, Héctor resume que “hemos hecho una excursión muy chula. Hemos ido a Libros a leer libros”, y también les ha servido para descubrir el pueblo, a pesar de su cercanía a la capital.

Los cómplices: la editorial, el ayuntamiento y el colegio

La segunda edición de 'Libros que cuentan' ha transformado el pequeño municipio turolense de Libros en un punto de encuentro entre autores y jóvenes lectores con un objetivo claro, acercar la literatura infantil al medio rural porque, como subraya la editora de Planeta, Anna Casals, “estamos convencidos de que los libros para los niños son importantísimos”, y apuesta por llevar este tipo de iniciativas al medio rural, donde no suele haber tantas herramientas y oportunidades como en las ciudades. De hecho, dos de las autoras, Isabel y Silvia, pasaron la infancia y parte de la adolescencia, en un pueblo de Asturias una, y en un pequeño municipio catalán, otra, lo que a Isabel le sirvió para hacer realidad sus ansias de descubrir y a Silvia, para inspirarse en la naturaleza siempre presente en sus obras.

El alcalde de Libros, Raúl Arana, resalta la emoción de este día porque “es una alegría tener 150 niños cuando de normal viven 50 personas de manera continua en el pueblo, 4 de ellos, niños” y añade que “cuando nos lo propusieron, ni nos lo pensamos”. Arana destaca que este tipo de actividades forman parte de una estrategia más amplia de dinamización cultural que se desarrolla en el municipio. Durante el verano el pueblo multiplica su población y se organiza una semana cultural además de un festival literario que se celebra el 5 de junio, al que han acudido autores famosos y se presenta como una oportunidad para conseguir contactos.

Desde el ámbito educativo, destacan que la experiencia ha tenido un impacto directo en los hábitos lectores. Magdalena Amat, profesora de 4º de primaria del colegio La Salle, explica que, al conocer la idea, les facilitaron una colección para que los niños pudieran concocerla y ella, junto con otra tutora, Elena Soriano, decidieron hacer lecturas por las mañanas y dejaban a los alumnos en suspense hasta el día siguiente, “lo que provocó que se engancharan rápido”. El resultado ha sido evidente porque “les ha gustado mucho la historia y les hace ver la literatura de otra manera”. También destaca que a muchos de sus alumnos les cuesta bastante coger un libro pero esta experiencia les ha metido más en la historia. Por ello defiende que “es una iniciativa muy buena porque el libro requiere más tiempo que la inmediatez a la que estamos sometidos, pero podemos optar por más cosas”.

El aeropuerto de Teruel, una de las mayores instalaciones de mantenimiento y reparación de aviones en Europa, se ha convertido en improvisado refugio de aeronaves de Qatar Airways -principalmente- debido al cierre del espacio aéreo, a la escasez de combustible y a los riesgos de sobrevolar Oriente Medio por la guerra de Irán. Este domingo han aterrizado en Teruel otros cinco aparatos de la compañía, hasta un total de 19.

Se trata de cuatro Airbus 330 –los cuatro procedentes de Doha, capital catarí– y un Airbus 350 proveniente de Los Ángeles que han aterrizado entre las 14:04 y las 15:06 horas en las pistas del aeropuerto turolense. Un día antes, el sábado, fueron otras seis aeronaves de la misma compañía –cuatro Airbus 350, un Airbus 320 y un Boeing 787-8 las que llegaron a Teruel por la mañana.

Únicamente uno de los aviones recibidos en los últimos días debido a la guerra de Irán no es de Qatar Airways: un Boeing 787-9 Dreamliner de Air France proveniente de París.

El jueves, el consejero en funciones de Fomento del Gobierno de Aragón y presidente del Consorcio del Aeropuerto, Octavio López, explicó que las compañías son “sabedoras de que en Teruel van a encontrar un lugar seguro y preparado para el estacionamiento y todas las labores de mantenimiento que sus aeronaves precisan”. “Estamos –sentenció López- ante una instalación en plena expansión a la que es difícil poner límites, que es motivo de estudio en todos los foros del sector industrial aeronáutico y que forma parte de la red internacional para el desmantelamiento, mantenimiento y estacionamiento de aeronaves”.

160 millones de euros de inversión en dos años

Solo en los dos últimos años, la inversión comprometida en la instalación turolense alcanza los 160 millones de euros, entre lo invertido por el propio Consorcio del Aeropuerto que conforman el Gobierno autonómico y el Ayuntamiento de Teruel (60 millones), lo anunciado por la ministra de Defensa para establecer el Centro Integral de Entrenamiento y Movilidad Aérea (42 millones), el futuro laboratorio de investigación del ITA (10 millones) y la inversión privada de manos de empresas como AIR (Aviation International Recycling), que creará un centro de reciclaje de material aeronáutico (30 millones) y la propia IAC (20 millones en el segundo hangar).

Este segundo hangar, por ejemplo, estará finalizado en el último trimestre de 2026 y se destinará a la pintura para aviones de grandes dimensiones, los denominados de doble pasillo, y será una instalación dotada de la última tecnología en aplicación de pintura y protección medioambiental, con capacidad para operar 30 unidades al año. En él, la multinacional de origen irlandés invertirá 20 millones de euros y creará 70 puestos de trabajo directos.

El Museo de la Historia de las Carreteras celebra su 20 aniversario inaugurando la actualización del espacio expositivo y la incorporación de novedades diseñadas para mejorar la experiencia del visitante. Un centro único y pionero en toda España, que repasa siglos de historia de las infraestructuras viarias y rinde homenaje a los trabajadores que han construido y mantenido los caminos de la provincia. 

Ubicado en el Centro de Conservación de Carreteras en Teruel, y dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, este centro interpretativo que se abrió al público en 2006, ofrece un recorrido didáctico desde las antiguas sendas hasta las modernas autovías, con maquetas, maquinaria histórica y documentos técnicos. “Es importante que los ciudadanos comprendan cómo se han desarrollado nuestras carreteras y la labor de quienes las hicieron posibles”, explica Carlos Casas, ingeniero de caminos y coordinador de la exposición. 

“La modernización del museo nos permite acercar a todos la historia de nuestras carreteras. Los viajes antes estaban llenos de peligros y dificultades, y los peones camineros eran los verdaderos guardianes de los caminos”, apunta el Ingeniero. A las nuevas secciones dedicadas a firmes, puertos de montaña y vialidad invernal, y túneles, se suma otra renovación, la de la imagen institucional del Museo, así como la mejora de la señalización con el fin de facilitar el acceso de los visitantes a este espacio.

Viajar al pasado gracias a la innovación tecnológica

Entre las principales mejoras que se han llevado a cabo en el espacio museístico destacan nuevas pantallas táctiles interactivas que explican de manera didáctica la construcción de carreteras, un recorrido virtual por antiguos caminos y calzadas, y la digitalización de documentos históricos que antes solo podían consultarse en archivos. “Queremos que los visitantes no solo vean historia, sino que la vivan. Las herramientas interactivas permiten experimentar con la señalización, el asfaltado y el mantenimiento de las vías”, asegura Marta Ríos, responsable de educación del museo.

El Museo de Carreteras permite conocer la evolución de esta infraestructura desde las primeras sendas hasta las autovías, incluyendo, entre otras, secciones dedicadas al trazado de las carreteras, a las calzadas romanas, a los peligros del camino, a los puentes y a la ingeniería. Las obras han permitido ampliar la sección de control de calidad de las obras y el aula didáctica, que permite conocer todo el ciclo de vida de las carreteras, desde su planteamiento hasta su construcción y mantenimiento.

Entre los múltiples atractivos con los que cuenta el museo destaca la zona exterior, donde se exhiben máquinas utilizadas en la conservación de carreteras durante las décadas de 1960 y 1970, así como un aula didáctica interactiva que permite experimentar con aspectos como la señalización o el asfaltado porque el objetivo, como explican desde el centro, es que “los visitantes no solo vean historia, sino que la comprendan de forma práctica”.

El museo también dedica un espacio especial a los peones camineros, cuya labor fue esencial para garantizar la seguridad de viajeros y mercancías a lo largo de los siglos. “Cada piedra y cada kilómetro de carretera tiene detrás el esfuerzo silencioso de estas personas”, apunta la responsable de educación del museo. “Es claramente un ejemplo de la divulgación de nuestra profesión a la sociedad en su conjunto.

“El objetivo era reorganizar espacios y completar el museo con secciones temáticas, que el público lo reconozca y apostar por que la gente venga a conocer lo importantes que son las infraestructuras en nuestro día a día”, explica José Miguel Galve, delegado de la provincia de Teruel de la demarcación de Aragón del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, entidad implicada en este museo por su vinculación profesional y que, además, ha organizado visitas de familias para que los niños conozcan de manera didáctica y divertida la profesión que desempeñan sus familiares y la importancia que esta tiene para la sociedad.  

Parte del Patrimonio visitable de la provincia

Con esta reapertura, el museo se consolida como un recurso educativo y turístico en Teruel, ofreciendo a los vecinos y visitantes la oportunidad de recorrer la historia de la provincia a través de sus caminos. El Museo de Carreteras de Teruel es una parte fundamental del catálogo patrimonial que ofrece la Dirección General de Carreteras en la provincia turolense. Una oferta que se completa con la rehabilitación de la casilla de camineros de Luco de Jiloca, las visitas a los viaductos de Teruel, y la exposición itinerante del propio museo.

Las visitas a este nuevo espacio seguirán siendo gratuitas y mantienen su horario de fin de semana, principalmente serán los sábados por la mañana de 10:30 a 13:30. El museo, que ya recibe alrededor de 500 visitas de escolares al año, espera seguir afianzando su presencia y con estas novedades y la ampliación de secciones temáticas que hacen referencia a elementos reconocibles como el túnel de Somport, llegar a convertirse en un referente para quienes quieran conocer la evolución de las infraestructuras viarias en España.

El que prometía ser el mayor desarrollo de energía renovable proyectado en España se quedará reducido a casi una quinta parte de lo que prometía. Endesa ha comunicado este viernes que solo ejecutará instalaciones con una potencia conjunta de 406 megavatios en el Nudo Mudéjar de Andorra, en el punto de conexión a la red que quedó libre tras el cierre de la central térmica de carbón de Andorra hace casi seis años. La cifra supone apenas el 22% de los 1.844 MW que su filial renovable, Enel Green Power España, había planificado mediante la combinación de siete parques eólicos, otras tantas plantas fotovoltaicas y sistemas de baterías.

La compañía remitió el pasado 17 de marzo al Instituto para la Transición Justa, del Ministerio de Transición Ecológica, la nueva configuración, dentro del plazo fijado en las bases del concurso adjudicado en 2022. El plan contempla únicamente tres parques solares y uno eólico, frente a las catorce instalaciones del diseño original.

El drástico ajuste tiene su origen en la declaración de impacto ambiental (DIA) impuesto por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, que la empresa conoció el 17 de febrero y que fue publicado en el BOE nueve días después. Aquel dictamen ya suprimía más de 1.000 MW al considerar que las infraestructuras previstas por Endesa causarían impactos significativos sobre especies protegidas —como el águila real, la perdicera, el alimoche o la alondra ricotí— y sobre espacios de la Red Natura 2000. Los informes que sustentaron esa decisión procedían del Inaga, la Dirección General de Medio Natural de la DGA y la Subdirección General de Biodiversidad del Miteco, tras quince meses de análisis.

Las primeras estimaciones tras la resolución ambiental situaban la potencia viable en torno a 830 MW, pero el análisis técnico de la propia Endesa ha dibujado un panorama más restrictivo. Más de un centenar de condicionantes fragmentan el proyecto hasta un punto en el que la compañía solo ve factible garantizar 406 MW.

265 megavatios efectivos

La reducción no solo afecta a la generación. Con 406 MW instalados, apenas se aprovecharían 265 MW efectivos de los 1.202 MW de capacidad de evacuación adjudicados, lo que deja más de 900 MW sin utilizar. La estrategia original combinaba eólica, solar y almacenamiento para compensar las curvas de generación y maximizar el uso de la conexión. Ese modelo pierde ahora su lógica técnica y económica, según trasladan desde el sector.

El impacto se extiende al paquete socioeconómico con el que Endesa ganó el concurso. La eléctrica había comprometido inversiones en una fábrica de seguidores solares, una planta de reciclaje de módulos en La Puebla de Híjar, infraestructuras de hidrógeno verde y una factoría de electrolizadores. Con el proyecto reducido a la mínima expresión, ese plan industrial se ajustará de forma proporcional.

Hasta la fecha, el grupo Enel solo ha materializado dos plantas solares dentro del perímetro de la antigua térmica —Sedéis V y Mudéjar, de 46,6 y 69,2 MW—, con una inversión superior a 86 millones de euros.

El nuevo escenario reabre la incertidumbre sobre Andorra y su entorno, un territorio sin alternativa clara hasta el momento al antiguo monocultivo del carbón. El macroproyecto se presentó como el punto de arranque para la reconversión productiva de la zona.

La Dirección General de Despoblación del Gobierno de Aragón ha entregado este jueves los galardones de la segunda edición del 'Premio a las buenas prácticas en la lucha contra la despoblación', que han recaído en el municipio turolense de Perales del Alfambra, la emprendedora rural Ana Marcén y la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (Cartv). Este municipio turolense ha experimentado un crecimiento demográfico sostenido, pasando de poco más de 200 habitantes a superar los 300 en la actualidad, fruto de las políticas orientadas al arraigo y a la generación de oportunidades.

La promoción de nuevas viviendas, así como la oferta de vivienda pública rehabilitada en alquiler asequible ha facilitado la llegada de nuevas familias y residentes. Al mismo tiempo, la implantación de proyectos empresariales estratégicos ha generado empleo estable, con la creación de decenas de puestos de trabajo vinculados al sector agroalimentario.

La recuperación de infraestructuras, como la antigua estación de tren convertida en espacio deportivo, y la apuesta por servicios esenciales han reforzado la calidad de vida en el municipio. Su alcalde, Pedro Polo, ha dedicado el premio a todos los vecinos de la localidad y ha señalado que la clave para impulsar el municipio ha sido el desarrollo de empresas del sector agroalimentario que ha generado 80 empleos.

Nueve candudaturas y tres categorías

Nueve candidaturas optaban al premio en sus tres categorías: persona física, persona jurídica y entidades locales. En la primera de ellas, la ganadora ha sido Ana Marcén, emprendedora rural con más de 20 años de trayectoria dedicada a crear oportunidades reales para que las personas, especialmente las mujeres, puedan desarrollar su vida y su proyecto profesional sin abandonar el medio rural. En 2006, crea EcoMonegros 03, un proyecto de transformación agroalimentaria sostenible, y en 2022 funda Escuela Galanicas, una escuela de negocios y de desarrollo personal que acompaña y ayuda a emprendedoras a liderar sus proyectos para que se puedan quedar en sus pueblos o vuelvan a ellos. Gracias a su labor, más de 300 mujeres han fortalecido su autonomía económica, profesional y emocional en el territorio.

En la categoría de persona jurídica, la candidatura ganadora ha sido la de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (Cartv) por “su papel esencial en la visibilización del medio rural y en la construcción de una identidad territorial cohesionada en Aragón”.

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial en funciones ha sido el encargado de clausurar la gala. Tras felicitar a los premiados y reconocer la labor de todos los candidatos, López ha elogiado las políticas del Gobierno de Aragón para frenar y luchar contra la despoblación: “El Aragón de ciudadanos libres e iguales, independientemente de la ciudad o el pueblo en el que habiten, debe ser nuestro horizonte”, ha señalado, para lo que han pasado “de las palabras a los hechos, impulsando vivienda también en los pueblos pequeños, con un programa de más de 52 millones de euros para regenerar con vivienda pública los degradados cascos urbanos, del que ya se han beneficiado 167 municipios para rehabilitar 355 viviendas, gracias a las dos primeras convocatorias del Programa 700”.

El perfil del nuevo Hospital de Teruel en el Planizar se ha convertido en el monumento más caro a la desidia política. Con la obra civil terminada pero los pasillos desiertos, la infraestructura sanitaria más crítica de la provincia sigue siendo una promesa incumplida, atrapada entre el mutismo del Gobierno de Aragón de Jorge Azcón y las excusas de un Ayuntamiento que parece incapaz de conectar el edificio con la realidad.

A día de hoy, el edificio luce impecable desde el exterior, pero es un espejismo. A pesar de que la estructura está lista, los turolenses siguen siendo atendidos en el viejo Obispo Polanco. El retraso ya no se mide en meses, sino en legislaturas. Lo que debió ser un centro de vanguardia para 2022, es ahora un laberinto burocrático que, según las previsiones más optimistas, no abrirá sus puertas plenamente hasta finales de 2027. Al menos, así lo prevé el sindicato médico en la provincia, que ha mostrado su escepticismo sobre la puesta en marcha completa del Nuevo Hospital de Teruel  antes de que transcurran al menos dos años. Su portavoz, Paco Rodilla, considera probable que el Gobierno de Aragón cumpla con su compromiso de trasladar algún servicio este verano, pero advierte de que el funcionamiento total del centro podría demorarse bastante más tiempo.

El gran punto de fricción son los viales. El Ayuntamiento de Teruel ha justificado el retraso en la apertura del enlace norte alegando que su uso será “exclusivamente logístico” hasta que el hospital funcione. La respuesta municipal ha sido una constante de balones fuera. Por un lado, se escudan en que el vial ya está “técnicamente” finalizado, pero se niegan a habilitarlo al tráfico general. Argumentan que abrir los accesos antes de que el hospital esté operativo sería crear “carreteras muertas”, ignorando que la falta de estos accesos fue, precisamente, la excusa que retrasó las licitaciones de transporte y suministros.

El silencio administrativo de Jorge Azcón

Mientras tanto, desde el Pignatelli, el silencio es ensordecedor. El Ejecutivo de Jorge Azcón ha pasado de la crítica feroz en la oposición a una gestión de perfil bajo respecto al hospital de Teruel. El Gobierno de Aragón ha evitado poner fechas concretas de inauguración, limitándose a hablar de una “transición ordenada” que, a pie de calle, se traduce en una parálisis total de la mudanza.

No hay noticias sobre la dotación de personal necesaria para ampliar los servicios, ni una respuesta clara sobre por qué el equipamiento tecnológico sigue llegando con cuentagotas. La opacidad de la DGA ha dejado a las plataformas vecinales en un limbo informativo: se sabe que el hospital está hecho, pero no se sabe cuándo habrá un médico dentro.

Críticas políticas

El PSOE ha criticado duramente este jueves la gestión del Gobierno de Aragón en la puesta en marcha del nuevo hospital de Teruel, denunciando retrasos, mala planificación y falta de avances. Señalan que la ausencia de ofertas para el contrato de traslado evidencia una gestión “incapaz” y podría retrasar la apertura varios años más.

La licitación del contrato que debía coordinar, organizar y planificar el traslado de los equipamientos desde el actual hospital no se publicó hasta finales de diciembre del año pasado, “dos años y cuatro meses después de que el PP llegara al Gobierno de Aragón” y pese a que, una vez descartada una primera meta marcada por el Gobierno de Jorge Azcón para abrir a finales de 2025, se había anunciado la apertura para verano de 2026, explica el diputado socialista, Pedro Polo.

Además, apunta a un “mal planteamiento” del contrato y a unos plazos “inasumibles” como posible causa de la falta de ofertas. “Una mala gestión en definitiva ha hecho que quede prácticamente desierto con lo cual nos vamos a otra paralización que, según algunos expertos, ya se habla de tres o cuatro años que no podremos entrar al nuevo hospital”, ha dicho.

Los socialistas también recuerdan que el hospital ya estaba al 80% al final de la etapa del anterior gobierno de Lambán y que desde entonces apenas ha progresado. Critican además que la licitación del traslado se publicó con gran retraso y con condiciones poco realistas.

Por ello, Polo ha calificado la situación como una sucesión de fracasos y acusa al Gobierno de priorizar la sanidad privada, comparando la rapidez de apertura de un hospital privado en Zaragoza con el estancamiento del público en Teruel.

Además, el PSOE denuncia problemas y falta de transparencia en los accesos al hospital, con obras sin fecha clara y posibles fallos en el proyecto técnico, por lo que reclaman explicaciones al Gobierno autonómico y al Ayuntamiento, y piden una fecha firme para la apertura del hospital.

La granja de cerdos de Castellote (Teruel), que está bajo lupa debido a los animales heridos, agonizantes y que han convivido con cadáveres en avanzado estado de descomposición, trabaja con Mazana, una empresa especializada en producción porcina, al menos desde el 28 de noviembre de 2025. Ubicada en Huesca, posee el sello de bienestar animal Welfair, que garantiza supuestamente que “los animales de granja y matadero son criados y tratados respetando altos estándares de bienestar”. La agroganadera suministra vacunas; abono, semillas y cereales, y se encarga de la supervisión técnica de la instalación, según la documentación a la que ha accedido elDiario.es.

La ficha de control de cebaderos es un documento técnico que se utiliza en explotaciones de engorde (por ejemplo, porcino) para registrar y supervisar el estado de los animales, las instalaciones y el manejo. Este documento acredita que hubo una entrada de 400 cerdos el pasado 28 de noviembre en una de las naves y otra de 435 el 3 de diciembre.

La marca Costa Brava Mediterranean Foods (Grupo Cañigueral) es la otra empresa con sello de bienestar animal Welfair que trabajó anteriormente con la polémica granja, propiedad de Ganados La Yruela S.C. Esta empresa catalana rescindió su relación con la explotación porcina en el último trimestre de 2025, aunque las razones no han trascendido. Este diario ha podido acreditar que el 2 de noviembre del año pasado se trasladaron 119 cerdos de la categoría de cebo hacia su matadero, propiedad de Frigoríficos Costa Brava S.A. Esta sociedad recibió cerca de 2 millones de euros de fondos europeos de la PAC (Política Agraria Común) entre 2015 y 2024, según la Open Knowledge Foundation Deutschland.

Costa Brava Mediterranean Foods, socio único del Grupo Cañigueral, dispone de 300 granjas propias o integradas, 17 plantas de producción especializada y tiene presencia en más de 60 países. Afirman que “el 100% de nuestras granjas propias e integradas están certificadas en Bienestar Animal”. En un comunicado remitido a este diario, informaron de que la granja en cuestión “nunca ha sido propiedad de nuestra organización y que actualmente no provee de animales a nuestro grupo”.

Señalaron, además, que los suministros que en el pasado hayan podido llegar a sus instalaciones “contaban con los requisitos indicados en el Reglamento General de Certificación en Bienestar Animal Welfair” y que “en ningún caso se detectó ningún tipo de afectación similar a las imágenes informadas”. Añadieron que no han detectado “problemáticas de este tipo en las inspecciones realizadas en nuestras instalaciones”. Una portavoz de Welfair se limitó a resaltar que la granja “no está certificada” con el sello de bienestar animal.

Una nueva empresa, bajo el foco

Mazana, con sede en Capella (un pueblo de la comarca de la Ribagorza, en Huesca), es una empresa agroganadera especializada en producción porcina, fabricación de piensos, así como logística comercial, según su web. “Unimos los esfuerzos de cientos de familias dedicadas a la producción porcina con las necesidades de la industria alimentaria y la sociedad, logrando alcanzar los más altos estándares en materia de eficiencia, calidad, seguridad alimentaria y sostenibilidad”, afirman.

Entre los objetivos de la empresa, destacan que quieren “seguir siendo una empresa familiar en un mercado global” y añaden que las personas, la innovación, la calidad y el medio ambiente están entre sus principios fundamentales. “Apostamos por involucrar a las personas como factor determinante, manteniéndonos fieles a nuestros principios pero siempre mirando al futuro, con la innovación, la calidad y la sostenibilidad como premisas”, manifiestan.

Este diario se ha puesto en contacto telefónicamente con un responsable de producción porcina de Mazana, a quien se le preguntó por su relación con la polémica granja de cerdos, y si es la responsable de suministrar pienso, medicamentos (vacunas), así como de su gestión técnica. “Bueno, a ver, no te voy a dar ningún tipo de información, solo decirte que por ahí están corriendo unos hechos, que no sé si son ciertos o no, no lo sé, pero cuando ocurrieron no estaba gestionada por nosotros”, ha respondido. Sin embargo, se le menciona que hay documentos que prueban lo contrario.

El más reciente es un albarán de salida de dos vacunas (Auskipra GN -100 dosis-, para la enfermedad Aujeszky y Stellamune Mycoplasma –125 dosis–, para la neumonía enzoótica porcina) desde Mazana Piensos Compuestos S.L hasta Ganados La Yruela S.C., con fecha del 10 de febrero de 2026. Por otro lado, hay una entrada de 400 cerdos el 28 de noviembre en una de las naves y otra de 435 el 3 de diciembre.

Esta entrada de animales coincide con el cambio de propietario de la granja –cuyo nombre no ha trascendido–, y que ocurrió a finales de noviembre, según publicó Climática. Las primeras imágenes grabadas por ARDE son del 30 de octubre y 2 y 3 de noviembre de 2025, mientras que las últimas son del 24 y 25 de febrero de 2026. “Bueno, yo no tengo más que decirte. Solo te puedo decir la verdad”, ha afirmado el responsable de Mazana.

Este diario se ha puesto en contacto con un responsable de calidad de la empresa, sin que haya sido posible obtener una respuesta. Se le consultaba sobre cuál es la relación entre Mazana y la granja de cerdos de Castellote; si dicha empresa es la encargada de la gestión de la explotación y cuál era la relación comercial que tenían con el dueño de la granja.

En cuanto a Welfair, que gestiona su sello de bienestar animal, fuentes de la firma señalan a este diario que la granja dejó de estar certificada en noviembre de 2025 y que recientemente ha experimentado un cambio de titularidad. “El nuevo propietario ha iniciado el proceso de certificación en marzo de 2026 a través de una entidad de certificación independiente”, señalan. Asimismo, indican que esta mañana han llevado a cabo “una auditoría no anunciada”, en la cual, “no se han observado las condiciones mostradas en las imágenes difundidas”. “Estamos procesando la información recogida y la trazabilidad de los animales”, afirman. Por otro lado, concluyen que los animales que presentan lesiones o patologías incompatibles con los estándares sanitarios “no acceden a la cadena alimentaria”. “Animales como los mostrados no llegan al consumidor, garantizando así la seguridad alimentaria y la protección de la salud del consumidor”, concluyen.

Cerdos con heridas por canibalismo

En un primer reportaje, este diario informó sobre las presuntas irregularidades en una granja de cerdos de Castellote (Teruel), donde se veían animales con heridas producidas por canibalismo y cerdos agonizantes que no recibían los suficientes cuidados veterinarios. Además, algunos de ellos estaban muy sucios, con hernias o abscesos. De las imágenes también se desprendía una gestión deficiente de los cadáveres, algunos de ellos acumulados en las instalaciones en contacto con los cerdos vivos, además de ratones vivos. Sin embargo, los hechos descritos a través de las imágenes grabadas, no han sido acreditados por la inspección del Gobierno de Aragón, donde gobierna Jorge Azcón (PP) en funciones.

Tras la publicación del reportaje, fuentes de la Consejería de Agricultura y Ganadería de Aragón explicaron a elDiario.es que, a raíz de las denuncias recibidas en el Departamento, técnicos veterinarios de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Alcorisa (Teruel) se desplazaron a la explotación ganadera de Castellote señalada (este martes) para realizar las comprobaciones oportunas, levantando el acta correspondiente. Según estas mismas fuentes, tras la inspección “no se han detectado irregularidades ni en materia de bienestar animal ni en el ámbito sanitario” y constataron “un estado óptimo de higiene en cada uno de los corrales”.

La granja, con una capacidad aproximada de 1.300 animales y en la que en ese momento había alrededor de 910 cabezas, mantenía tres animales apartados por enfermedad conforme a los protocolos establecidos, según las mismas fuentes. Asimismo, añaden, se verificó que la gestión de los cadáveres “se realiza de manera correcta y de acuerdo con la normativa vigente”. Este diario ha solicitado el acceso al expediente de la inspección de forma anonimizada, protegiendo los datos personales de las partes afectadas, sin que haya sido posible obtenerlo.

Bebedero sucio, larvas y ratones

Las imágenes grabadas por ARDE mostraban cerdos con abscesos de grasa y pus, heridas en las patas, hernias, cadáveres dentro de la granja, presencia de ratones, el bebedero sucio y lleno de moscas, larvas en el suelo de la explotación, así violencia por parte de los operarios, que propinó patadas a uno de los cerdos. La veterinaria Laura Barreda, en un informe, consideró que las imágenes evidenciaban “presuntas deficiencias graves” en materia de bienestar animal y bioseguridad. Un extremo que, sin embargo, no ha sido acreditado por la inspección de un organismo dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Entre las presuntas irregularidades, en referencia a las condiciones de alojamiento y cría, la veterinaria describía la existencia de “suelos húmedos, cubiertos de excrementos”. Los animales tenían, afirmaba Barreda, “problemas locomotores” como cojeras e imposibilidad de incorporarse, así como heridas, algunas de ellas “producidas por canibalismo”. Había animales, además, que no estaban recibiendo “los cuidados necesarios, ya que podemos observar cerdos agonizando o incapaces de moverse”. 

Por otro lado, la veterinaria observaba irregularidades en la “gestión de animales enfermos y cadáveres”. En este sentido, apuntaba a que había animales enfermos y heridos “sin tratamiento ni sacrificio”; cadáveres acumulados en las instalaciones, “en avanzado estado de descomposición, con miasis, en contacto con animales aún vivos”. Barreda lamentaba que se desconocía “si hay contenedores de cadáveres en las instalaciones o cómo se gestionan los residuos”. En cuanto a las condiciones de bioseguridad, la profesional valoraba como “un riesgo” la presencia de otros animales en las instalaciones, como ratones y un perro.