En el Atlético Teruel no ocultan su indignación. El Ayuntamiento de la capital, gobernado por el PP, va a dar al CD Teruel 235.000 euros extraordinarios para pagar parte de su deuda, que se suman a los 130.000 euros que el club de Primera RFEF ya recibe cada temporada. Mientras, el Atlético, uno de los clubes de fútbol base de la ciudad, sigue esperando los 45.000 euros que el Consistorio le comprometió para cambiar el césped del campo de Las Viñas. Para no esperar más, el club ya ha comprado con un préstamo un césped de segunda mano, y sus directivos tendrán que avalar a título personal unos 110.000 euros ante Caja Rural para poder instalarlo.

“Hay que ayudar al Club Deportivo Teruel. Es una categoría en la que hay que ayudarle. Pero no puedes dejar de lado al resto de equipos y al resto de niños”, resume el presidente del Atlético Teruel, Jesús Arnal. Insiste en que su club no se opone a que el Ayuntamiento ayude al primer equipo de la ciudad, pero reclama que ese apoyo vaya acompañado de inversiones para los menores que juegan al fútbol en la capital. Recuerda además que es la segunda vez que el Ayuntamiento rescata al CD Teruel y que, según sus cuentas, el dinero aportado suma ya 475.000 euros.

La Comisión de Hacienda informó favorablemente la ayuda al CD Teruel por unanimidad, y el pleno la votará el 3 de noviembre. Para pagarla, el Ayuntamiento modificará el presupuesto de 2026 con partidas que no se van a gastar, como la de intereses financieros. Se tramitará como una ampliación de la subvención nominativa al club, sin convocatoria de concurrencia competitiva. Los 235.000 euros irán a pagar deudas con Hacienda, la Seguridad Social y proveedores, algunas con facturas pendientes desde 2021. Según Gonzalvo, cuando la directiva actual llegó hace dos años, la deuda estaba entre 465.000 y 475.000 euros, y desde entonces el club ha amortizado unos 100.000.

Queda además una deuda financiera de 100.000 euros que esta subvención no puede cubrir. El club no ha podido pedir préstamos porque “carece de patrimonio propio” que sirva de garantía, explicó Gonzalvo. La subvención ordinaria, de 130.000 euros en 2026, subirá a 150.000 en 2027. Según la alcaldesa, Emma Buj, el Gobierno de Aragón también prevé aumentar su aportación al club en los presupuestos de 2027, aunque no hay plazos ni cifras.

Un césped de segunda mano, pagado con un préstamo

El campo de Las Viñas es propiedad del Obispado y lo usa el Atlético Teruel. Su césped está tan deteriorado que el club denuncia traumatismos entre sus jugadores: “Ha habido lesiones de ligamentos, de tobillos...”, señala Arnal. Para no esperar más, el Atlético compró un césped procedente de otro campo con financiación de Caja Rural. Ya lo tiene, pero falta retirar la superficie antigua y preparar el terreno.

Según el presidente, solo la instalación costará entre 106.000 y 110.000 euros, y la obra completa, contando el césped ya comprado, unos 160.000. Siguen siendo 75.000 euros menos que el rescate extraordinario al CD Teruel. El Ayuntamiento ha dicho al club que aportará 45.000 euros, más otros 10.000 de IVA, pero el Atlético asegura que todavía no ha recibido nada y que tuvo que adelantar el dinero para comprar el césped. Para la instalación no hay hoy ninguna ayuda confirmada de ninguna institución, así que los directivos tendrían que avalar personalmente esos cerca de 110.000 euros.

El último convenio entre el Ayuntamiento y el Atlético Teruel, firmado en septiembre de 2025, fijaba una subvención de 7.000 euros para mantener y reparar el antiguo campo federativo. No permitía usarla para nuevas inversiones.

Mil niños y un solo campo municipal

En Teruel hay alrededor de un millar de niños y niñas federados en fútbol, unos 220 de ellos en el Atlético. Según el club, el Luis Milla, el único campo de fútbol 11 de titularidad municipal, está saturado, y algunos entrenamientos de menores se alargan hasta las diez u once de la noche. Cuando se renueve Las Viñas, también podrán usarlo otros clubes de la ciudad, según lo acordado entre el Atlético y el Ayuntamiento. “No dejes de lado el futuro de los niños que tenemos aquí”, pide Arnal.

El problema llegó el 5 de octubre a las Cortes de Aragón. El diputado socialista Pedro Polo trasladó al Parlamento una proposición no de ley para dar “una solución urgente y definitiva al colapso que sufre el fútbol base de la ciudad de Teruel”. La iniciativa pedía al Gobierno de Aragón firmar “con carácter urgente” un convenio con el Ayuntamiento, el Atlético Teruel y la Federación Aragonesa de Fútbol. El objetivo era reformar por completo el campo federativo, con una inversión cercana a 350.000 euros, y convertirlo en el segundo campo de fútbol 11 de uso público de la ciudad.

PP y Vox votaron en contra. La diputada popular Lucía Baruquer alegó que “no consta ningún proyecto técnico que justifique la cifra”. Carlos Andreu, de Vox, defendió que la actuación “no debe hacerse de cualquier manera, sino con planificación”.

Izquierda Unida de Aragón no presentará candidatura al Congreso de los Diputados por Teruel en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Tras consultar las alternativas jurídicas posibles, la formación concluye que no puede concurrir en solitario ni mediante una fórmula electoral distinta a la acordada en la coalición registrada para estos comicios. IU atribuye esta situación a la decisión de Chunta Aragonesista de no presentar lista por esta circunscripción: “No lo ha hecho posible”.

La coordinadora general de IU Aragón, Marta Abengochea, ha lamentado que la provincia turolense no vaya a contar con una candidatura de izquierdas transformadora y ha asegurado que su organización defendió desde el inicio de las negociaciones la necesidad de concurrir en las tres provincias aragonesas.

“Hasta el próximo lunes, la coalición podría presentar una lista para la circunscripción de Teruel y desde Izquierda Unida seguimos insistiendo en que CHA cambie su decisión de no hacerlo”, ha señalado Abengochea, que ha reiterado su discrepancia con la postura de la formación aragonesista.

IU considera especialmente preocupante que Teruel, una provincia que, según recuerda, arrastra problemas de despoblación, falta de inversiones y pérdida de servicios públicos, se quede sin una candidatura de estas características para defender los intereses de los trabajadores, los municipios rurales y las comarcas turolenses.

La organización asegura que ha estudiado durante los últimos días todas las opciones legales para mantener su presencia electoral en la provincia, pero que ninguna resulta viable sin modificar la fórmula acordada con CHA. Por ello, descarta concurrir por separado y sostiene que respetará los compromisos adquiridos en la coalición.

Abengochea ha defendido que las diferencias políticas forman parte de la cooperación entre organizaciones distintas, aunque ha reivindicado el cumplimiento de los acuerdos suscritos. “Somos una organización seria que respeta los compromisos que adquiere. Hemos firmado un acuerdo de coalición y vamos a cumplirlo con lealtad y responsabilidad, porque entendemos que la unidad de las fuerzas de la izquierda alternativa sigue siendo un objetivo estratégico en el actual contexto político y social”, ha afirmado.

La coordinadora general también ha agradecido la disposición de las personas que habían asumido la responsabilidad de formar parte de una candidatura por Teruel y ha reconocido el trabajo realizado durante las negociaciones.

Pese a la renuncia a concurrir en esta circunscripción, IU Aragón asegura que mantendrá su compromiso con la provincia y continuará defendiendo medidas para garantizar servicios públicos de calidad, empleo digno, infraestructuras suficientes y oportunidades para vivir y trabajar en el territorio. La formación insiste en que Teruel necesita representación política y una defensa de sus intereses en las instituciones del Estado.

El Gobierno de Aragón ha planteado a la familia de un alumno de 12 años de Riodeva que curse el año escolar interno en Teruel ante las dificultades para garantizar su transporte diario al instituto. La propuesta fue una de las que se abordó en una reunión celebrada el pasado viernes con la familia y el alcalde de la localidad, Alfredo Soriano, que reclama una solución para que el menor pueda estudiar la ESO sin tener que abandonar su domicilio durante la semana.

El alumno tiene como centro de referencia el IES Santa Emerenciana de Teruel. Educación descarta crear una nueva ruta escolar porque este curso solo hay un estudiante que necesite el servicio en Riodeva y la normativa establece un mínimo de seis alumnos para poner en funcionamiento estas rutas. El alcalde, sin embargo, considera que garantizar el acceso a la enseñanza obligatoria es responsabilidad del Gobierno de Aragón, con independencia del lugar de residencia: “No es que sea un capricho de los padres. Es que el niño tiene un derecho a la educación”, ha defendido Soriano, que denuncia que, un mes y medio después del inicio del curso y tras varias peticiones oficiales, la familia sigue sin una solución.

El Departamento recuerda que el curso pasado se utilizó una línea regular de transporte de viajeros desde Libros, a unos 15 kilómetros de Riodeva. La familia del alumno podría recibir la ayuda de transporte correspondiente si asumiera ese trayecto, pero ha rechazado esta posibilidad.

El Ayuntamiento ha ofrecido mediar con una empresa de taxi situada en un municipio de la provincia de Valencia, a unos 17 kilómetros de Riodeva. Soriano asegura que la compañía lleva entre diez y doce años realizando servicios de este tipo y que contactó con ella después de la reunión del viernes para explorar una solución. Según la nota difundida este lunes por el PSOE de Teruel, el director provincial de Educación, José Luis Castán, se comprometió a estudiar la propuesta.

Educación sostiene que contratar un taxi desde Teruel supondría, mediante una combinación con otra localidad, un recorrido de unos 150 kilómetros y más de una hora de trayecto, con un coste que considera insostenible para trasladar a un único estudiante. El alcalde, por su parte, insiste en que la empresa con la que ha contactado podría ofrecer una alternativa y reclama que se valore esa opción.

Como solución provisional, el Servicio Provincial asegura haber ofrecido al menor la posibilidad de comer gratuitamente en la residencia Santa Emerenciana y regresar a diario a Riodeva en una ruta que transporta a alumnado del colegio de Educación Especial. Para la ida, existe una línea regular de viajeros que pasa por la zona tres días a la semana. Según Educación, el principal problema planteado por la familia es el horario de regreso. El internamiento también se propuso durante las conversaciones, pero los padres lo rechazaron.

La posibilidad de que el niño tenga que vivir en una residencia durante el curso ha provocado las críticas del PSOE y del Ayuntamiento. “Estamos hablando de un niño de 12 años y sus padres quieren tenerlo todos los días durmiendo en casa”, ha señalado Soriano. La diputada socialista en las Cortes de Aragón Mari Carmen Soler, que participó en la reunión, ha reclamado medidas que garanticen el acceso a la educación en el medio rural y eviten que las familias se vean obligadas a abandonar sus pueblos.

Una mujer de unos 45 años ha muerto este lunes a primera hora tras ser atropellada por un turismo en la ronda de Ambeles de Teruel, un suceso en el que se han visto involucrados dos vehículos, según ha confirmado la Policía Local. Los hechos se han producido a la altura del paso de peatones situado cerca del parque infantil de la estación de autobuses. Las causas del atropello mortal están siendo investigadas.

Según los testigos, la mujer cruzaba desde la zona de la estación de autobuses cuando ha sido golpeada por un coche y ha sido lanzada contra el carril contrario por donde circulaba un autobús en dirección a Los Arcos.

Hasta el lugar de los hechos han acudido agentes de la Policía Local y Nacional, los servicios sanitarios y funerarios. La Policía Local ha dado paso alternativo por el viaducto nuevo y por la calle Jardinera, en un momento en el que había mucho tráfico en la ciudad.

En declaraciones al 'Diario de Teruel', la propia alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha lamentado lo ocurrido. “Aparentemente, un conductor de 85 años ha tenido un despiste en el paso de peatones, ha atropellado a una mujer que ha salido desplazada hacia detrás, con tanta mala suerte que en ese momento pasaba el autobús el resultado ha sido el fallecimiento”, ha manifestado.

La campaña de excavaciones de 2026 en el yacimiento ibérico del Alto Chacón, impulsada por el Museo de Teruel, ha concluido con el descubrimiento de una muralla de cerca de 36 metros de longitud y dos torreones adosados de entre cuatro y cinco metros de lado. Los trabajos, realizados entre el 28 de septiembre y el 7 de octubre, han permitido ampliar los resultados obtenidos durante la primera intervención, desarrollada el pasado mes de junio.

El coste total de las actuaciones arqueológicas de este año asciende a 37.000 euros, de los que cerca de 12.000 corresponden a esta última ampliación. La vicepresidenta primera de la Diputación de Teruel y diputada delegada del Museo de Teruel, Beatriz Martín, ha reafirmado el compromiso de la institución provincial con las excavaciones en los yacimientos arqueológicos y ha destacado la importancia de mantener esta labor.

Durante junio, bajo la codirección científica de Marta Pérez y Marta Blasco, los arqueólogos realizaron una cata de dos metros de anchura y unos 17 de longitud en la ladera este del asentamiento. El objetivo era comprobar la posible existencia de una muralla, conocer su estado de conservación y estudiar la configuración del sistema defensivo en este sector.

Dos fases defensivas

Según ha explicado Sara Azuara, codirectora de las excavaciones y conservadora del Museo de Teruel, los resultados iniciales fueron positivos al documentarse dos líneas defensivas de distintas épocas. La primera correspondería al siglo V antes de Cristo, mientras que la segunda se habría construido posteriormente, en el siglo II antes de Cristo.

“Lo que nos habla es que era un poblado con un fuerte sistema defensivo que en un momento dado consideran que tienen que ampliar”, ha señalado Azuara. La intervención permitió identificar la cara exterior de un lienzo de muralla en la parte superior de la ladera, vinculado a las fases más antiguas del poblado, y otra estructura situada más abajo, elaborada con grandes bloques y correspondiente a una línea defensiva posterior.

La relevancia de estos hallazgos motivó la ampliación de los trabajos, que ha permitido dejar al descubierto el lienzo de muralla y los dos torreones adosados. La estructura original se construyó mediante un doble paramento de mampostería de tamaño mediano, con un núcleo de relleno formado por piedras pequeñas y tierra compactada.

Con posterioridad, la muralla fue parcialmente amortizada por su parte interior y reforzada desde el exterior con un nuevo lienzo, que amplió el perímetro del asentamiento durante sus últimas fases de ocupación. La excavación de esta segunda estructura queda pendiente para una próxima actuación, ya que los trabajos de este año no han permitido profundizar más en su estudio.

La Guardia Civil de Teruel ha denunciado al organizador de una ruta de motociclismo por caminos y pistas forestales de varios municipios de la provincia por no disponer de la autorización administrativa necesaria. La actividad, prevista para unas 60 personas, discurría por las sierras de Javalambre y Albarracín.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 3 de octubre, en el marco de la Operación Bultesa, desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Teruel para controlar el acceso de vehículos a motor al medio natural.

Los agentes tuvieron conocimiento de la organización de una ruta tipo trail y localizaron un numeroso grupo de motocicletas estacionadas en el aparcamiento exterior de un establecimiento hotelero de la provincia. Allí identificaron al responsable de la actividad, quien explicó que se trataba de un recorrido organizado por caminos y pistas forestales mediante equipos de navegación (road-book).

El itinerario tenía tanto su punto de salida como de llegada en el establecimiento hotelero y estaba previsto que participaran alrededor de 60 personas. Cuando los agentes solicitaron al organizador la autorización o comunicación administrativa necesaria para realizar el recorrido, este no presentó documentación que acreditara disponer de ella.

Ante esta situación, la Guardia Civil elaboró un informe-denuncia dirigido al Gobierno de Aragón por la presunta comisión de una infracción de la normativa de montes, relacionada con la realización de recorridos organizados con vehículos a motor sin la correspondiente autorización administrativa.

La Guardia Civil recuerda que las actividades organizadas con vehículos a motor en caminos y pistas forestales deben cumplir la normativa medioambiental y contar, cuando corresponda, con las autorizaciones administrativas pertinentes.

Los vecinos de Valmuel, una pequeña pedanía de Alcañiz de apenas 158 habitantes, están viendo como los anuncios de macrogranjas se suceden. Ya son tres las instalaciones que se proyectan a menos de dos kilómetros del núcleo urbano: la última, con 7.200 cerdos de cebo, está ahora mismo en periodo de alegaciones. Stop Ganadería Industrial denuncia que entre las tres generarían 50 millones de litros de purines al año en una zona que el Gobierno de Aragón propone declarar vulnerable a la contaminación por nitratos.

Una de las instalaciones se situaría a 1,4 kilómetros y las otras dos, a 1,7. Todas ellas tienen 864 UGM (unidades de ganado mayor), el máximo que permite la normativa a una sola explotación, y suman en menos de dos kilómetros cuadrados el equivalente a 21.600 cerdos de cebo: unos 137 animales por vecino. Dos, de madres con lechones, las impulsan sociedades ligadas a Litera Meat, filial del grupo Pini. La tercera, la última en proyectarse, la promueve Frutas del Cinca SL.

Frutas del Cinca, una sociedad frutícola de Binaced (Huesca), es además, según Stop Ganadería Industrial, la dueña de los terrenos de las otras dos. Entre diciembre de 2021 y junio de 2024 adquirió al menos 58,54 hectáreas de regadío en el paraje de Rincón Caliente con una rebaja del impuesto de transmisiones reservada a las explotaciones agrarias prioritarias, según las notas simples del Registro de la Propiedad de Alcañiz expedidas el 6 y el 7 de octubre. Ese beneficio exige no enajenar, arrendar ni ceder las fincas en cinco años. La documentación la ha difundido esa coordinadora estatal, que ha presentado alegaciones contra los tres proyectos.

Cinco años sin vender, arrendar ni ceder

Las notas simples de las tres fincas de Frutas del Cinca arrastran la misma carga, según las notas simples: una liquidación provisional del impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP) que se activaría si la sociedad no obtiene la condición de explotación agraria prioritaria o si “enajena, arrienda o cede” la finca antes de cinco años.

Según Stop Ganadería Industrial, Frutas del Cinca renunció a una granja propia de 2.000 cerdos para ceder la parcela a Gravador Explotaciones Porcinas SL, que proyecta allí una explotación de madres de 864 UGM. La otra granja de madres la promueve Rual Graco SL.

Las granjas de Gravador y Rual Graco prevén cada una 2.620 cerdas madre, 540 de reposición y 6 verracos. Forman parte del plan de Litera Meat, que gestiona el matadero de Binéfar, para levantar 25 macrogranjas de madres en siete municipios de Teruel y dos de Zaragoza, de las que saldrían 1.729.200 lechones al año. Las de Valmuel son las primeras en tramitarse.

El alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, aseguró en el pleno de mayo de 2025 que desconocía que se tratase de un plan de 25 granjas. El Ayuntamiento ha concedido, sin embargo, la compatibilidad urbanística a las tres instalaciones de Valmuel; la del proyecto de Frutas del Cinca, el 10 de octubre de 2025. Los vecinos denuncian que no se les ha consultado.

Para la coordinadora, los vínculos registrales indican que los tres proyectos están relacionados con el grupo Pini: “No son tres proyectos que coincidan por casualidad”. Stop Ganadería Industrial reclama que se evalúen los efectos de las tres en conjunto y que no se autorice ninguna sin el permiso de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

Agua de riego en un pueblo con problemas de potabilidad

Las tres granjas consumirían 85 millones de litros de agua al año, unas 11 veces lo que gastan los vecinos de Valmuel si se aplica el consumo medio de 132 litros por persona y día que estima el INE. El agua procede de una concesión de la Comunidad de Regantes de Valmuel. Según la coordinadora, falta la autorización de la CHE para el cambio de uso de regadío a ganadero, sin la cual no podría otorgarse la autorización ambiental integrada.

La pedanía no se ha librado en el pasado de problemas con el abastecimiento. El 2 de diciembre de 2024, un control rutinario detectó trihalometanos por encima de lo permitido y el Ayuntamiento repartió agua embotellada. El 23 de mayo de 2025, Salud Pública declaró el agua no apta para el consumo en Valmuel y Puigmoreno por el mismo motivo, y se repartieron garrafas en el Hogar del pueblo.

Las granjas generarían 50 millones de litros de purines al año con 155,7 toneladas de nitrógeno, según los cálculos de la coordinadora a partir de los proyectos. El pasado mes de abril, el Departamento de Agricultura sometió a información pública el proyecto de orden que designa nuevas zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.Y su anexo II incluye el polígono 501 de Alcañiz, donde están las fincas, y el 658, con el que lindan. En la cabecera alcañizana, el proyecto propone declarar vulnerables 18.341 de las 47.143 hectáreas del término; 11.672 de ellas, agrarias.

Las instalaciones emitirían además 87,4 toneladas de metano y 96,1 de amoniaco al año; en total, 2.777 toneladas de CO₂ equivalente, según Stop Ganadería Industrial. El proyecto de Frutas del Cinca sostiene que la ubicación es adecuada respecto a los vientos dominantes y que el núcleo más cercano es Alcañiz. La coordinadora replica que el cierzo, de componente noroeste, sopla hacia Valmuel, que está más cerca de la granja. “Aquí el cierzo sopla muchísimos días”, explica una vecina, que teme que, si salen adelante las tres, haya que vivir “con las ventanas cerradas”.

El caso de Codo

El caso de Valmuel repite el esquema de Codo, en el Campo de Belchite. Allí, Explotaciones Ganaderas Estiche, del grupo Cincaporc, proyecta cuatro granjas porcinas que suman 3.312 UGM, tres de ellas con 864. Tres de ellas se levantarían en fincas de la familia del alcalde, el diputado nacional del PP Raúl Cuevas, y la cuarta en suelo municipal.

El agua es el otro denominador común. Codo no tiene agua potable en el grifo desde al menos 2023 por la contaminación del acuífero y el Ayuntamiento entrega siete garrafas de cinco litros al mes a cada empadronado. Sus cuatro granjas necesitarían 100,6 millones de litros al año y generarían 64,2 millones de litros de purines.

Cuevas votó en el pleno extraordinario del 4 de septiembre la declaración de interés público de las cuatro granjas y no se abstuvo hasta el 25 de septiembre, después de que un informe de la secretaría advirtiera de que su intervención viciaba los acuerdos. Los expedientes deben volver a votarse sin él.

Ambos casos se inscriben en la expansión del porcino industrial. Según las encuestas ganaderas del Ministerio de Agricultura, la capacidad porcina de Teruel pasó de unas 755.000 cabezas en diciembre de 2005 a 1,4 millones en mayo de 2025, un 89% más, y la de Aragón, de 3,8 millones en 2002 a 9,7 millones.

La Audiencia Provincial de Teruel ha condenado a un hombre a diez años, nueve meses y un día de prisión por cinco delitos cometidos contra la mujer que era su pareja sentimental: agresión sexual, maltrato en el ámbito familiar con la agravante de reincidencia, lesiones, en las que también era reincidente, amenazas graves y descubrimiento de secretos.

La sentencia, dictada el 15 de septiembre, es de conformidad: el acusado reconoció los hechos y aceptó las penas que pedía la Fiscalía, por lo que el fallo se declaró firme en el mismo acto y contra él no cabe recurso. El tribunal ha tenido en consideración las agravantes de reincidencia y la circunstancia de parentesco, pero también ha aplicado una atenuante analógica en los cinco delitos.

Los hechos probados sitúan la agresión principal en la mañana del 3 de septiembre de 2025, en el domicilio que la pareja compartía en Burbáguena, en la provincia turolense. Hacia las 6.00 horas, Johann A. U., de 40 años, cogió sin consentimiento el teléfono móvil de la mujer y accedió a unos vídeos de contenido sexual en los que ella aparecía. Acto seguido se abalanzó sobre ella, que dormía, la golpeó y la sujetó fuertemente del cuello con las dos manos mientras la insultaba.

Durante unas cuatro horas reprodujo una y otra vez las grabaciones mientras seguía golpeándola e insultándola, pese a que ella le explicaba que eran imágenes del pasado y le pedía que comprobara la fecha. Cuando la mujer le dijo que lo mejor sería terminar la relación, él la amenazó con matarla y le advirtió de que ese día no saldría viva de la casa. Fue a la cocina, cogió un cuchillo y llegó a pasarle el filo entre el pecho y el cuello, hasta que ella logró zafarse de un empujón y el arma cayó al suelo. También la amenazó con quemarle la ropa y prendió con un mechero parte de un jersey, que apagó a continuación.

La sentencia recoge además que la tiró de la cama al suelo de un fuerte empujón y que, mientras le exigía practicar los mismos actos sexuales que aparecían en los vídeos, se colocó sobre ella, le presionó el pecho con el codo y el antebrazo para vencer su resistencia y le hizo tocamientos en los genitales.

Escape

Hacia las 10.00 horas, el agresor le permitió ir al baño, situado en la planta baja, mientras él permanecía en el descansillo de la escalera. La mujer aprovechó para salir de la vivienda y corrió hasta una casa cercana, cuyos moradores la atendieron. Hasta allí se desplazó el médico del centro de salud y una ambulancia la trasladó al Hospital Obispo Polanco de Teruel.

El parte recoge hematomas múltiples en el cuello, una herida de unos dos centímetros en el labio inferior, una laceración superficial de seis centímetros en la parte superior del esternón, dos hematomas bajo el mentón compatibles con agarre y otros en ambas mamas y en los muslos. Las lesiones tardaron siete días en curar. La sentencia añade que la mujer presenta ansiedad, depresión, alteraciones del sueño y síntomas postraumáticos compatibles con los hechos denunciados.

No era la primera agresión. El 2 de agosto de 2025, cuando la mujer regresó de las fiestas de otro municipio, a las que había ido con dos compañeras de trabajo, él la acusó de haber mantenido relaciones sexuales con otra persona y le dio golpes en la cara y en el pecho. Solo se calmó cuando ella le enseñó repetidamente las fotografías de la celebración, en las que aparecía únicamente con sus compañeras. No acudió entonces a ningún centro médico, pero relató el episodio a una amiga por WhatsApp el 31 de agosto, tres días antes de la segunda agresión. Por estos hechos se le condena por maltrato en el ámbito familiar.

Las penas

El tribunal impone a Johann A. U. cinco años de prisión por el delito de agresión sexual, dos años por el de lesiones, dos años, seis meses y un día por el de descubrimiento de secretos, nueve meses por el de maltrato en el ámbito familiar y seis meses por el de amenazas graves. Por el descubrimiento de secretos le impone también una multa de 18 meses y un día con una cuota diaria de seis euros.

A estas penas se suman la prohibición de comunicarse con la víctima por cualquier medio y la de aproximarse a ella a menos de 500 metros, con dispositivo telemático de detección de proximidad: diez años y un día por la agresión sexual, siete años y un día por las lesiones, cinco años, nueve meses y un día por el maltrato y cinco años y un día por las amenazas graves. Se añade una medida de libertad vigilada durante cinco años, con la obligación de estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos, y la inhabilitación durante ocho años y un día para cualquier profesión u oficio, retribuido o no, que conlleve contacto regular y directo con menores.

En lo que a la responsabilidad civil se refiere, los magistrados le condenan a indemnizar a su expareja con 9.294,64 euros por los perjuicios causados y a abonar al Servicio Aragonés de Salud los 221,33 euros de la asistencia sanitaria, además de la totalidad de las costas procesales.

La defensa pidió la suspensión de la ejecución de las cinco penas de prisión, que el tribunal ha denegado dada su duración. El condenado está en prisión provisional por esta causa desde el 4 de septiembre de 2025, el día siguiente a la agresión. Contaba con antecedentes computables a efectos de reincidencia: el Juzgado de lo Penal número 3 de Almería le condenó el 16 de julio de 2024 por un delito de coacciones leves y otro de maltrato, ambos en el ámbito familiar. El tribunal ordena, por último, devolver a la mujer su teléfono móvil, que figuraba como pieza de convicción.

El magistrado de la plaza número 3 del Tribunal de Instancia de Teruel ha dictado auto de prisión provisional comunicada y sin fianza para Bruno P. B., el hombre investigado como responsable del accidente en Villel (Teruel) en el que murieron dos mujeres –su novia y una amiga–, y que huyó posteriormente del lugar.

El detenido ha ingresado en la prisión de Teruel este martes como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y cocaína, dos delitos de homicidio por imprudencia grave y un delito de omisión del deber de socorro y abandono del lugar del accidente. La Fiscalía había solicitado la prisión provisional, mientras que la defensa pidió su libertad.

El investigado pasó a disposición judicial pasadas las 9.30 horas. Tras su declaración, el juez escuchó a cuatro testigos: la dueña y un camarero del bar El Cazador, de Villel, y las dos personas que encontraron el vehículo accidentado.

Según recoge el auto, los responsables del bar declararon que el investigado consumió entre las 19.00 y las 23.40 horas dos cañas, dos copas de whisky, un tercio y ocho chupitos de whisky. Además, dio positivo en cocaína en el análisis practicado por los agentes. El propio Bruno P. B. admitió ante el juez ser alcohólico y consumidor esporádico de cocaína.

Los otros dos testigos, que acudieron a auxiliar a los ocupantes al ver el todoterreno siniestrado, un Jeep Cherokee, relataron que el conductor les dijo que “se le había ido el coche”, que desprendía un fuerte olor a alcohol y que no respondió, hasta en dos ocasiones, a la pregunta de si había más personas atrapadas en el vehículo. Cuando fueron a colocar la baliza de señalización, desapareció. El magistrado concluye que aprovechó ese descuido para huir “sin prestar un ápice de auxilio” a las dos mujeres.

“Manifiesto riesgo de fuga”

El juez aprecia un “manifiesto riesgo de fuga”, con independencia del arraigo del investigado, por la gravedad de las penas a las que se enfrenta: hasta seis años de prisión por cada uno de los homicidios y cuatro por el abandono del lugar del accidente, según la resolución. También justifica la medida en la necesidad de evitar que pueda destruir o manipular pruebas, entre ellas el análisis de su teléfono móvil. La decisión se apoya, además, en los informes preliminares de las autopsias.

El accidente de circulación tuvo lugar a las 00.15 horas del pasado domingo, 4 de octubre, a la altura del kilómetro 281,760 de la carretera N-330, en el término municipal turolense de Villel, consistente en salida de vía con vueltas en tonel.

El ahora encarcelado se entregó el mismo domingo por la tarde tras llamar al 112 informando de su ubicación a 20 kilómetros del siniestro. El hombre fue trasladado al Hospital Obispo Polanco de Teruel al presentar dolor en el costado derecho y clavícula.

Las dos personas fallecidas son dos mujeres de 40 y 42 años de Teruel y Villel, respectivamente.

Los Bomberos de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) tuvieron que intervenir en este accidente realizando labores de excarcelación de las dos fallecidas y prevención de riesgos. En esta intervención participaron un oficial y tres bomberos de la DPT; además colaboraron efectivos de la Guardia Civil y personal sanitario.

La Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNI) y la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil se encargan de la investigación. Contra el auto cabe recurso de apelación.

El convenio urbanístico con el que el Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Teruel preveía levantar cerca de un millar de pisos en el sector de Las Viñas ha sufrido un duro revés por un error en la tramitación, con lo que se viene abajo el proyecto estrella en materia de vivienda de la alcaldesa, Emma Buj. El problema radica en que las alegaciones que un grupo de ciudadanos presentó en octubre de 2024 acabaron por equivocación en otra oficina municipal y nunca fueron contestadas. El pleno aprobó este lunes por unanimidad declarar la nulidad del acuerdo que dio luz verde al convenio y archivar el expediente, once meses después de que los mismos grupos lo respaldaran también por unanimidad.

La decisión llega tras un dictamen del Consejo Consultivo de Aragón, fechado el 23 de julio, en el que cataloga de nulo de pleno derecho el acuerdo. El órgano consultivo no se limita a constatar que el Ayuntamiento aprobó el convenio sin responder a las alegaciones, sino que añade un segundo motivo: la junta de compensación que lo firmó solo tendría capacidad para suscribir dos de sus cláusulas.

El Ayuntamiento presentó el convenio el 3 de noviembre de 2025 como el acuerdo que “marcará el desarrollo futuro de la ciudad en los próximos 10 años”. El Gobierno del PP informó entonces de que el nuevo sector ocuparía 184.350 metros cuadrados, con una densidad de 60 viviendas por hectárea y un 40% de vivienda protegida. En total, 970 pisos previstos.

Un registro aceptado por error

El proyecto de convenio salió a información pública el 10 de septiembre de 2024, con la publicación del edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. El 10 de octubre, un grupo de ciudadanos registró un escrito de alegaciones en el que pedía dejar sin efecto el proyecto: lo consideraban “ilegal, por 'huir' del marco normativo adecuado, que no es otro que el procedimiento de revisión del PGOU”, entonces en fase de aprobación inicial. Reclamaban además que se declarase la caducidad del expediente de expropiación abierto en 2017 a los propietarios no adheridos a la junta de compensación.

Sin embargo, su escrito nunca llegó al expediente del convenio. Fue enviado por error, como ha reconocido el propio Consistorio, a la Oficina de la Revisión del PGOU, que debía rechazarlo para que pasara a la Unidad de Planeamiento y Gestión. Según reconoció esa oficina el 29 de enero de 2026, “en vez de rechazarlo se aceptó, con el convencimiento de que estaba siendo rechazado correctamente”. Y no era así. Seis días después de presentadas las alegaciones, el 16 de octubre de 2024, el secretario general del Ayuntamiento certificó que no se había presentado ninguna.

El error afloró cuando uno de los alegantes pidió el 10 de diciembre de 2025 que se le notificara el acuerdo y cuando el grupo reclamó semanas más tarde la respuesta a su escrito. El pasado 2 de marzo el propio pleno inició la revisión de oficio al apreciar la omisión de un trámite esencial. Para entonces, el Ayuntamiento ya había advertido a la junta de compensación de que “no todas las unifamiliares existentes podrán respetarse” en la nueva ordenación.

Las conclusiones del Consejo Consultivo

El Consejo Consultivo da la razón al Ayuntamiento en la causa que este invocaba, un artículo de la Ley del Procedimiento Administrativo Común (LPAC) que declara nulos los actos dictados prescindiendo del procedimiento legalmente establecido. El dictamen recuerda que el derecho de información pública “implica no solo tener la oportunidad de alegar sino el derecho a que las alegaciones formuladas sean leídas, atendidas y aceptadas o rechazadas motivadamente”. Y concluye que la causa de nulidad concurría “al haberse aprobado el convenio sin la previa resolución motivada de las alegaciones presentadas”.

Pero el órgano consultivo va más allá de lo que el Ayuntamiento planteaba. Tras examinar el contenido del convenio, sostiene que este “habría sido tramitado y suscrito por/con quien no tiene capacidad (artículo 3 LPAC) para aprobar alguna de sus estipulaciones”. La junta de compensación, afirma el escrito, “solo tendría capacidad jurídica para la suscripción” de las cláusulas relativas a la renuncia al programa de compensación y al desistimiento del proyecto de reparcelación y de la expropiación. Para el resto, “tendrían que haber concurrido a la suscripción del convenio los propietarios de los terrenos afectados”: tanto los integrados en la junta como los no adheridos y el titular de la parcela que amplía el ámbito por el norte.

El Consejo formula estas consideraciones sin haber recibido los estatutos y las bases de actuación de la junta. Los pidió al Ayuntamiento el 3 de julio y, según deja constancia en el dictamen, es “documentación que no ha sido remitida”.

La junta de compensación se reserva reclamar daños

La junta de compensación presentó alegaciones el 24 de marzo de 2026. En ellas sostiene que cualquier causa de nulidad es imputable “exclusiva y únicamente al funcionamiento de los servicios municipales”, invoca el principio de confianza legítima y se reserva el ejercicio de acciones de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento. Anuncia que reclamará “el resarcimiento íntegro de todos los daños y perjuicios”, incluidos “honorarios de profesionales, proyectos, avales e intereses”.

El dictamen no se pronuncia sobre esas indemnizaciones. El informe jurídico municipal de 19 de junio tomó conocimiento del escrito “sin aceptar ni rechazar lo dicho” en él y preveía que, una vez declarada la nulidad, el procedimiento se retrotrajera para contestar las alegaciones de 2024. El acuerdo aprobado este lunes ordena, en cambio, el archivo de las actuaciones.

El debate de este lunes en el pleno se abrió a petición del PSOE. Su portavoz, José Antonio Guillén, subrayó que el Consejo Consultivo “no solo ratificó que el procedimiento administrativo no era el adecuado, al no haberse contestado a parte de las alegaciones que se presentaron, sino que añadió que el convenio no se ajustaba a derecho ya desde el origen”. “Hasta por dos veces se erró en la tramitación administrativa”, afirmó.

Guillén, que recordó que todos los grupos votaron a favor del convenio, dijo que esa vía “queda completamente obsoleta ahora mismo” a la luz del dictamen y preguntó si queda descartada para otros desarrollos con un número significativo de propietarios. También pidió evaluar las responsabilidades económicas que pueda tener que asumir el Ayuntamiento por un convenio que, dijo, “ha quedado en agua de borrajas”.

Discrepancias con el Consejo Consultivo

El concejal de Urbanismo, Juan Carlos Cruzado, respondió que los servicios jurídicos municipales y los de la Oficina del Plan General no comparten el criterio del Consultivo de que el convenio deba firmarse con todos los propietarios. Explicó que su contenido ya está recogido en las determinaciones del nuevo Plan General para ese sector, por lo que firmarlo “no tiene tanta importancia como antes de que estuviera recogido en el plan general”.

La alcaldesa, Emma Buj, admitió que hubo un “error material” con la alegación, pero situó la cuestión principal en la exigencia de que el convenio se suscriba “con el 100% de los propietarios”. El dictamen, en cambio, aprecia como causa de nulidad la falta de respuesta a las alegaciones y formula la objeción sobre los propietarios “a mayor abundamiento”.

“El derecho no es una ciencia exacta. Si no, no habría jueces, habría calculadoras”, dijo Buj, antes de defender que los técnicos municipales mantienen otra posición porque en una junta de compensación “con el 51% de la propiedad se lleva adelante”. Justificó la nulidad en la voluntad del equipo de Gobierno de “no llegar a un contencioso” que, a su juicio, retrasaría durante muchos años el desarrollo.

La alcaldesa aseguró que el proyecto de casi mil viviendas “va a seguir adelante” por otra vía: “El Plan General está ya muy cercano a su aprobación, contempla ese desarrollo de las mil viviendas y por tanto ya no hace necesario ese convenio”, afirmó. Según explicó, el Ayuntamiento dispone de partida presupuestaria para el plan parcial y tiene los pliegos “prácticamente hechos”, a falta de decidir si el sector se ejecuta por compensación o por cooperación, con el propio Ayuntamiento al frente del desarrollo.

Esa decisión, dijo, se tomará tras reunirse con los propietarios que forman parte de la junta de compensación y con los que no. “Ambos tienen ventajas e inconvenientes y el 100% no va a estar de acuerdo nunca”, señaló.

El Ayuntamiento de La Iglesuela del Cid (Teruel) renovará cuatro viviendas del municipio para fomentar la atracción de posibles nuevos habitantes de la localidad.

Esta actuación será financiada mediante una subvención del Departamento de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón y, también, con fondos del propio Ayuntamiento.

Las actuaciones consistirán en la rehabilitación completa de la conocida 'Casa Morraja', una vivienda adquirida anteriormente por el Ayuntamiento. También se crearán tres apartamentos destinados al alquiler en un inmueble que estaba en estado de ruina, que se encuentra en la calle Callizo Carcases, y las obras permitirán remodelar las estructuras y los cimientos.

La subvención aportará a estas mejoras un total de 253.000 euros, a esto se le sumarán los fondos propios del ayuntamiento. Así pues, con estas cifras se podrá destinar a las tres viviendas un total de aproximadamente 60.000 euros cada una, y alrededor de 130.000 euros al inmueble rehabilitado al completo.

De esta manera, La Iglesuela del Cid dispondrá de cuatro nuevas viviendas destinadas al alquiler para atraer a nuevos pobladores y dar un paso más en la lucha contra la despoblación.

El conductor implicado en el accidente de tráfico ocurrido esta madrugada en Villel (Teruel), en el que han muerto dos mujeres, se ha entregado este domingo después de llamar al 112 para informar de que se encontraba a unos 20 kilómetros del lugar del siniestro. La Guardia Civil lo ha detenido como presunto autor de los delitos de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y abandono del lugar del accidente.

La detención se ha producido a las 16.15 horas de este domingo, según ha informado la Guardia Civil de Teruel. El hombre ha sido sometido a las pruebas de alcoholemia y drogas, ambas con resultado negativo.

Tras su detención, ha sido trasladado al Hospital Obispo Polanco de Teruel al presentar dolor en el costado derecho y en la clavícula.

Las dos fallecidas son mujeres de 40 y 42 años, vecinas de Teruel y Villel, respectivamente. El accidente se ha producido alrededor de las 00.15 horas en el kilómetro 281,760 de la N-330, en el término municipal de Villel, cuando el vehículo se ha salido de la vía y ha dado varias vueltas de campana.

Los Bomberos de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) han intervenido en el accidente para realizar las labores de excarcelación de las dos fallecidas y de prevención de riesgos. En el dispositivo han participado un oficial y tres bomberos, que han colaborado con efectivos de la Guardia Civil y personal sanitario.

La Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNI) y la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil continúan con la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.

Dos mujeres, de 40 y 42 años, han fallecido en un accidente de tráfico ocurrido esta madrugada en la N-330, a la altura de Villel (Teruel). Las víctimas eran vecinas de Teruel y Villel, respectivamente. Además, una tercera persona habría huido del lugar del siniestro, según ha informado la Guardia Civil de Teruel.

El accidente se ha producido alrededor de las 00:15 de este domingo, en el kilómetro 281,760 de la N-330, en el término municipal de Villel. El vehículo se ha salido de la vía y ha dado varias vueltas de campana.

Los Bomberos de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) han intervenido en el accidente para realizar las labores de excarcelación de las dos fallecidas y de prevención de riesgos. En el dispositivo han participado un oficial y tres bomberos de la DPT, que han colaborado con efectivos de la Guardia Civil y personal sanitario.

La Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNI) y la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil se encargan de investigar las circunstancias del accidente y la posible implicación de una tercera persona que habría abandonado el lugar.

El juez instructor del Tribunal de Instancia de Teruel ha citado a declarar a los padres de Manuel A.G. por las amenazas proferidas contra ellos y sus vecinos en la localidad turolense de Villafranca del Campo, ha informado el TSJA este viernes en una nota de prensa.

La citación es el lunes 5 de octubre a las 11:30. El juez ha solicitado un informe médico forense para establecer su situación psicológica y determinar su imputabilidad o inimputabilidad por los cometidos el pasado lunes.

Esta decisión ha sido adoptada por el juez de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal, Manuel Turmo Peña, después de que ayer tomara declaración al investigado y decretara su ingreso provisional en prisión.

El instructor considera en su auto que el investigado es presunto responsable de un delito de amenazas graves, amenazas que “hacían referencia a la vida e integridad física de sus progenitores y de otras personas y con disponibilidad efectiva de armas”.

El pasado miércoles, después de que el martes el hombre investigado fuese detenido, se hizo una entrada y registro en su vivienda, ordenada el martes por el juez, en la que se localizaron dos hachas y dos escopetas de perdigones.

La entrada y registro en la vivienda del investigado se acordó después de que éste, en sus amenazas, aludiera al uso de un revólver, pero en la inspección realizada no se encontró el arma al que el detenido hizo referencia.

Para el juez la localización de estas armas “constituye un dato objetivo relevante al valorar la disponibilidad real de instrumentos potencialmente lesivos en un contexto en el que las amenazas proferidas habían venido acompañadas de referencias reiteradas a su utilización”.

En su auto expresa que en un primer momento Manuel llevaba un cuchillo, e hizo referencia la utilización de otras armas. Al parecer se le había visto con un hacha y se han constatado daños en el acceso al domicilio de sus padres. Por todo ello, y ante el riesgo de “reiteración delictiva”, es por lo que, a petición del Ministerio Fiscal, el instructor decretó la prisión provisional comunicada y sin fianza para el investigado frente a la oposición del abogado de la defensa.

El enfrentamiento entre los bomberos de la Diputación de Teruel y el presidente de la institución, Joaquín Juste, continúa después del tenso pleno celebrado este miércoles. A las palabras del dirigente popular, que reprochó a uno de los trabajadores que los bomberos trabajasen “69 días al año” y aseguró que él trabajaba “más días” que ellos, ha respondido ahora públicamente el bombero Adrián Pastor a través de una carta abierta. A esta réplica se suma este jueves la reacción del PSOE, que ha exigido la dimisión de Juste por sus “faltas de respeto y desprecio público” hacia los trabajadores y ha reclamado al presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón, que desautorice sus declaraciones.

Pastor cuestiona que la referencia a los 69 días pueda utilizarse para comparar la jornada de los bomberos con la de otros trabajadores públicos. “Un bombero no trabaja 69 días al año y ya, a jornadas de ocho horas como deja caer. Sino que trabaja 24 horas esos 69 días como mínimo”, señala en su escrito.

El bombero explica que el sistema de turnos implica jornadas de 24 horas y añade que los trabajadores pueden ser movilizados “fuera de su horario laboral por emergencias”. “Si hace cuentas, verá que salen las mismas horas anuales que cualquier funcionario debe hacer”, sostiene.

Pastor pone además el foco en las características específicas del servicio de emergencias, que funciona las 24 horas del día durante todo el año. “Nosotros puntualmente nos perdemos Navidades, celebraciones familiares, puentes, etc. por estar en nuestro puesto en lugar de con nuestra familia al darse un servicio 24 horas al día, 7 días a la semana y los 365 días”, apunta.

La respuesta se produce después de que Juste afirmara durante el pleno de la Diputación que él trabajaba “más días” que el bombero al que se dirigía y que él no trabajaba “69 al año”. El intercambio se produjo cuando los bomberos acudieron a la institución provincial para protestar por sus condiciones laborales y reclamar un refuerzo de las plantillas. Juste terminó ordenando la salida de los manifestantes del salón de plenos diciendo “a la calle, fuera, fuera”.

Pastor apunta a la falta de efectivos

En su carta, Pastor traslada la discusión sobre la jornada a otro de los problemas que los bomberos vienen denunciando: la falta de personal. En concreto, asegura que en Teruel los trabajadores realizan “más horas aún de media al año” debido a los refuerzos necesarios para cubrir la falta de efectivos. “En Teruel, un bombero trabaja más horas aún de media al año debido a los refuerzos necesarios para suplir los casi 30 bomberos que faltan por su culpa”, afirma Pastor.

El bombero también interpela directamente a Juste: “¿Cuántas horas trabaja usted al día? ¿Nos las enseña?”. Y añade: “Estamos hablando de que su incompetencia causa inseguridad a sus ciudadanos”. La carta también cuestiona la actuación de Juste durante las negociaciones con los trabajadores. Pastor asegura que el presidente ha ejercido “coacción a los compañeros amenazando con parar las negociaciones si se manifiestan”.

Según han relatado a este diario fuentes del comité de huelga, los bomberos de la Diputación Provincial de Teruel acudieron al Pleno de la institución para reclamar soluciones a los problemas que arrastra el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios: más plantilla, una estructura estable de futuro, finalización y desbloqueo de los procesos selectivos, medios materiales adecuados y, en definitiva, un servicio dimensionado y preparado para garantizar la seguridad de la ciudadanía. La movilización se produjo después de que el pasado lunes, durante una reunión de negociación, el presidente de la Diputación, Joaquín Juste, trasladara a la plantilla que, si se manifestaban, no volvería a sentarse a negociar con los bomberos. Tras someter esta cuestión a votación, la plantilla decidió continuar con la movilización.

Pastor también critica el comportamiento del presidente durante el pleno y califica de “déspota” su actitud en la sede provincial. El bombero termina su escrito con un mensaje dirigido directamente a Juste: “Espabile”.

El PSOE pide la dimisión de Juste

El PSOE de Teruel ha reaccionado este jueves al enfrentamiento y ha exigido la dimisión del presidente de la Diputación de Teruel por las “faltas de respeto y el desprecio público” que, a su juicio, dirigió a los bomberos durante el pleno. Los socialistas consideran que la actitud de Juste “evidencia su incapacidad para resolver los problemas que arrastra el servicio” y sostienen que sus palabras y su comportamiento son “incompatibles con la responsabilidad que debe tener para representar a toda una provincia”.

La vicesecretaria general y portavoz del PSOE de Teruel, María Ariño, ha cuestionado que se pueda “agradecer y aplaudir a los bomberos cuando actúan ante los incendios” y, cuando esos mismos trabajadores reclaman mejoras en sus condiciones laborales y en el servicio, responderles “con desprecio y falta de respeto”.

Ariño ha situado además el enfrentamiento en un conflicto más amplio y ha señalado que detrás de lo ocurrido existe, según los socialistas, un problema de falta de efectivos y de organización del Servicio de Extinción de Incendios que la Diputación no ha resuelto. “Llevamos demasiado tiempo hablando de conflictos judiciales, de falta de efectivos, de organización de medios en el servicio de Extinción de incendios que no han encontrado ninguna respuesta a día de hoy”, ha señalado.

En este sentido, el PSOE recuerda que el conflicto laboral de los bomberos no comenzó con el pleno de este miércoles. El grupo socialista había llevado precisamente a la sesión una propuesta para reclamar la resolución de las plazas pendientes, un plan de inversión y renovación de medios y una mayor transparencia en los procesos de personal.

Los socialistas también han dirigido sus críticas al presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón. Ariño le ha pedido que aclare si comparte las palabras y la actitud de Juste y, en caso contrario, que las desautorice públicamente. “Si no las comparte, ¿cuándo las va a desautorizar públicamente?”, ha planteado la dirigente socialista, quien ha añadido que “el silencio también exige una explicación política”.

Por su parte, la portavoz del PSOE en la Diputación de Teruel, Sonia Palacio, ha calificado de “deplorable” lo ocurrido en el pleno y ha defendido que los bomberos “están al servicio de los ciudadanos, se juegan la vida por nosotros y lo mínimo que merecen es reconocimiento y respeto”. Palacio también ha criticado la posición de los socios de Gobierno del PP, Teruel Existe y PAR, a los que acusa de haberse alineado con Juste durante el pleno y de mostrar “falta de empatía y de interés por resolver el conflicto con los bomberos”.

La protesta de los bomberos de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) ha terminado este miércoles en un bronco enfrentamiento con su presidente, Joaquín Juste, que ha respondido a las reivindicaciones de los trabajadores cuestionando incluso sus días de trabajo y ha acabado ordenando su salida del pleno al grito de “a la calle, fuera, fuera, fuera”.

El enfrentamiento se ha producido cuando los bomberos han acudido a la institución provincial para hacer visibles unas reivindicaciones que comparten con sus compañeros de las diputaciones de Zaragoza y Huesca. En medio de las protestas, Juste se ha dirigido directamente a uno de ellos después de que tratara de intervenir: “No se puede hablar. Mira, cuando quieras hablar tienes que estar aquí de diputado, pero has elegido ser bombero”, le ha espetado el presidente de la DPT.

El intercambio no ha terminado ahí. Juste ha pasado a comparar su propia dedicación con la del trabajador: “Yo trabajo más días, no 69 al año, más que tú en Diputación”. Ante la continuación de las protestas, ha dado por terminada cualquier posibilidad de intercambio: “Bueno, que no se puede hablar. A la calle. Fuera, fuera, fuera”.

Las palabras del presidente de la institución provincial se producen en pleno conflicto laboral con los bomberos de Teruel, que mantienen sus movilizaciones para reclamar mejoras en sus condiciones laborales y un refuerzo de las plantillas.

El conflicto, además, ha trascendido ya el ámbito de la provincia. Los bomberos de las tres diputaciones aragonesas han unido sus reivindicaciones ante los problemas que denuncian en los servicios provinciales de prevención y extinción de incendios y han convocado movilizaciones conjuntas.

En Teruel, las relaciones entre los trabajadores y la institución provincial atraviesan desde hace semanas un momento especialmente complicado. Los bomberos mantienen la presión para conseguir avances en la negociación, mientras la Diputación defiende las medidas adoptadas para reforzar progresivamente el servicio.

La tensión ha quedado patente este miércoles en el propio salón de plenos cuando se debatía una moción del PSOE proponiendo la convocatoria de concursos y nuevas plazas. Frente a las reclamaciones de los manifestantes, Juste no se ha limitado a pedir silencio o a ordenar el desalojo, sino que ha entrado directamente a cuestionar la dedicación laboral de uno de los bomberos antes de exigir su salida.

“Has elegido ser bombero” y “yo trabajo más días que tú” han precedido así al reiterado “fuera, fuera, fuera” con el que el presidente de la Diputación de Teruel ha zanjado el enfrentamiento.

Indignación de los bomberos

Según han relatado a este diario fuentes del comité de huelga, los bomberos de la Diputación Provincial de Teruel se han movilizado hoy y han acudido al Pleno de la institución para reclamar soluciones a los problemas que arrastra el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios: más plantilla, una estructura estable de futuro, finalización y desbloqueo de los procesos selectivos, medios materiales adecuados y, en definitiva, un servicio dimensionado y preparado para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

La movilización se produjo después de que el pasado lunes, durante una reunión de negociación, el presidente de la Diputación, Joaquín Juste, trasladara a la plantilla que, si se manifestaban, no volvería a sentarse a negociar con los bomberos. Tras someter esta cuestión a votación, la plantilla decidió continuar con la movilización.

Durante el pleno, el grupo socialista presentó una moción en la que se recogían buena parte de las reivindicaciones de los bomberos. En su intervención, el presidente comenzó afirmando que respetaba la movilización de los trabajadores, una afirmación que, después de sus palabras del lunes, resultó especialmente llamativa para los cerca de 50 bomberos presentes en el salón de plenos.

A lo largo de su intervención, Joaquín Juste realizó diversas afirmaciones sobre las condiciones laborales y el funcionamiento del servicio que los bomberos presentes consideran incorrectas, entre ellas las relativas a las horas trabajadas y retribuidas, el valor de la hora de trabajo, la jornada anual y los mínimos de efectivos existentes en los parques.

Ante estas afirmaciones, varios bomberos trataron de responder y aportar los datos y la información que manejan desde el propio servicio. En ese momento, el presidente llegó a manifestar: “No me puedes replicar porque tú eres un bombero aquí para replicar, tienes que ser diputado”.

El tono empleado durante la intervención fue recibido con indignación por los trabajadores presentes, especialmente por quienes llevan semanas participando directamente en las negociaciones. Finalmente, parte de los bomberos abandonó el pleno ante el desarrollo de la sesión y otros fueron directamente echados por rebatir las palabras de Joaquín Juste.

Los bomberos reiteran que sus reivindicaciones “no responden a intereses particulares como así dice Joaquín, sino a la necesidad de construir un Servicio de Bomberos de la Diputación de Teruel con suficiente plantilla, medios adecuados y una estructura estable que permita prestar un servicio seguro y eficaz a toda la provincia”.

Por su parte, los socialistas que han presentado la moción a favor de las demandas del colectivo, han lamentado que el presidente, “que es quien debe ordenar el debate, haya perdido los papeles utilizando un tono autoritario” que no procedía, ya que el colectivo se encontraba en el salón de plenos donde no tenía turno de palabra.

A su juicio, la actuación del presidente de la DPT frente a los bomberos en huelga ha sido “bochornosa”. Su discurso les interpelaba, pese a que el reglamento les impide hablar.

Para el grupo que han presentado la moción, Juste ha lanzado sospechas, puesto en duda derechos laborales, desprecio “e incluso, nos dicen, mentiras”. “En esta situación, -añaden- ”le consideramos incapacitado para negociar y nuestra propuesta, rechazada hoy por el tripartito, para crear una mesa técnica y seguimiento tiene más sentido que nunca“, han reivindicado.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Teruel ha identificado a varias empresas y particulares como presuntos responsables de vertidos ilegales de residuos en el entorno de la Vía Verde de Ojos Negros, a su paso por el término municipal de Teruel.

La investigación se inició a raíz de las denuncias presentadas por asociaciones vecinales ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Teruel, después de que desde el pasado mes de mayo se constatara la proliferación de vertidos incontrolados de diferente naturaleza en la zona.

Los residuos se localizan en un área en la que confluyen varios barrancos y que alberga una importante biodiversidad. Entre las especies presentes se encuentran la cabra montés, el buitre leonado, el alimoche y el águila real, además de anfibios como el sapo partero común (Alytes obstetricans).

Este último está incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y su presencia añade especial relevancia ambiental a la zona afectada, al requerir la conservación de sus hábitats, especialmente los utilizados para su reproducción.

Tras las investigaciones realizadas, los agentes del Seprona han identificado a varios posibles responsables, tanto empresas como particulares, y han elaborado los correspondientes informes de denuncia. Los expedientes han sido remitidos al Servicio Provincial de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón en Teruel y al Ayuntamiento de Teruel para la tramitación que corresponda.

La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, contempla importantes sanciones para este tipo de conductas. Las infracciones graves pueden ser castigadas con multas de entre 2.001 y 100.000 euros, mientras que, cuando se trate de residuos peligrosos o suelos contaminados, las cuantías pueden elevarse hasta una horquilla de 20.001 a 600.000 euros.

Repsol ha comenzado los trabajos para el desmantelamiento de la antigua central térmica de Escucha (Teruel), propiedad de la compañía, según ha confirmado la propia empresa. Tomás Guitarte, líder de Teruel Existe, confirma el inicio de las actuaciones y sostiene que han arrancado cuando la vía administrativa sobre la protección del complejo todavía no está cerrada. La formación prepara un recurso contra la decisión del Gobierno de Aragón de no declararlo Bien de Interés Cultural (BIC) ni incluirlo en otro régimen de protección.

Las obras, según Repsol, son los primeros trabajos y se van a llevar a cabo de forma “progresiva con todas las medidas de seguridad”.

La Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural rechazó proteger la central en una resolución fechada el 9 de septiembre y notificada el 11. Ninguna administración local —ni el Ayuntamiento de Escucha, ni la comarca, ni la Diputación de Teruel— había pedido la declaración y las solicitudes recibidas no iban acompañadas de un proyecto de viabilidad coordinado por una administración. La resolución considera que declarar el bien sin ese proyecto podría contribuir a su deterioro y advierte de que el edificio necesita actuaciones urgentes para retirar elementos contaminantes.

La resolución reconoce el “valor, trascendencia histórica e importancia social” del complejo, aunque considera “menos evidentes” sus valores arquitectónicos. Propone que el Ayuntamiento, de acuerdo con la propiedad, salvaguarde los elementos de mayor interés para incorporarlos a su patrimonio minero y que se realice un gemelo digital de la central.

Repsol solicitó el 8 de septiembre de 2025 al Ayuntamiento de Escucha una licencia de obra mayor para el desmantelamiento integral. El consistorio la concedió el 4 de junio de 2026. Tras la petición de protección de Teruel Existe, presentada el 20 de junio, el Ayuntamiento informó a Patrimonio de que el PGOU contemplaba el derribo completo de la central. El 6 de julio Patrimonio suspendió cautelarmente las obras mientras decidía sobre la protección y Repsol recurrió esa suspensión el 30 de julio.

Una “temeridad”

Tomás Guitarte, portavoz de Teruel Existe, asegura que los trabajos son por ahora preliminares. La formación confirmó hace unos días, explica, que la empresa que ejecutaría los trabajos reservaba alojamientos en la zona. Empezar cuando el asunto no está jurídicamente cerrado es, a su juicio, una “temeridad”, y refleja “mucha prisa o mucha convicción” de que la decisión no cambiará.

Teruel Existe intentó alargar los plazos, según Guitarte, y presentará el recurso de alzada antes del 11 de octubre. El portavoz considera que la resolución de Patrimonio es “una mera opinión” y asegura que el recurso tiene “muchos argumentos”.

Guitarte critica que el Gobierno reconozca el valor del patrimonio industrial de la central y, al mismo tiempo, “permita su derribo”. Lo califica de “error mayúsculo” y cuestiona la posición de un Ejecutivo en el que participa Vox, formación que se pronunció contra el derribo de la central térmica de Andorra.

Teruel Existe defiende que existe un proyecto, denominado “Power Experience”, basado en el patrimonio minero y minero-eléctrico, y sostiene que falta voluntad política para impulsarlo. La central térmica de Escucha comenzó a funcionar en 1970 y mantuvo su actividad durante cuatro décadas, hasta su cierre definitivo en 2012. Desde entonces permanece fuera de servicio. Repsol, propietaria de la instalación, y el Ayuntamiento de Escucha habían acordado trasladar parte de la tecnología de la central al Museo de la Minería de la localidad, con el objetivo de incorporarla a la exposición y mostrar de forma integral el proceso de generación de energía.

Nivel de protección

Apudepa señala que la central figura en el catálogo del PGOU de Escucha con nivel de protección “estructural”. Según el catálogo general del PGOU, explica la asociación, ese nivel alcanza a la estructura portante, la ordenación interior y las fachadas. La ficha remite, para la demolición total o parcial, a “condiciones convenio o compromiso de compraventa”. Apudepa reclama saber si ese convenio existe, qué contiene y qué actuaciones permite.

La asociación ha pedido al Ayuntamiento el expediente completo de la licencia y ha solicitado a Patrimonio que aclare qué régimen protector corresponde al inmueble y si el derribo requería autorización previa. También sostiene que el PGOU otorga a los bienes de su catálogo la consideración de bienes inventariados. Denuncia que ni el Ayuntamiento ni la Dirección General responden a sus peticiones.

Apudepa afirma que, “con los datos oficiales” de los que dispone, “puede haber un delito urbanístico”, aunque precisa que “es lo que tenemos que comprobar”. La asociación pide que, mientras se aclara la situación, se eviten actuaciones irreversibles.

El alcalde, Héctor García, reclama al Gobierno de Aragón “una determinación ya”. En una nota de prensa difundida por el PSOE de Aragón, advierte de que el edificio está “muy deteriorado” y que la empresa propietaria “obviamente no va a restaurarlo”, además del peligro que suponen las chapas sueltas y los desprendimientos. García explica que actualmente hay cinco personas de seguridad para evitar intrusiones en el complejo y que el Ayuntamiento “ni siquiera” podría asumir ese coste. Ofrece “la colaboración que haga falta”, pero pide “iniciativas reales”, ya sea mediante el FITE o con fondos de la DGA.

La Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Teruel ha estrenado una importante renovación de sus gigantes gracias a la restauración realizada por el Ayuntamiento, que ha permitido sustituir los antiguos materiales de los cuerpos, mejorar las estructuras, reparar los elementos deteriorados por el paso del tiempo y reducir el peso de unas figuras que forman parte del patrimonio cultural y etnográfico de la ciudad. La actuación facilita el transporte y la manipulación de las figuras y aporta mayor estabilidad y seguridad durante sus desplazamientos y bailes.

El porteador de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos y responsable del mantenimiento y revisión del material, Carlos Lacaba, ha explicado que los trabajos de reforma y reproducción de los cuerpos han corrido a cargo del artista Joaquín Macipe, afincado en Ariño y con experiencia en la realización de gigantes, cabezudos y otras figuras, así como en escultura y pintura.

Macipe ha realizado el escalado de los cuerpos y los moldes de los brazos y las manos para adaptarlos a los gigantes. En los nuevos elementos se han incorporado materiales como la resina de poliéster y el jesmonite reforzado con fibra de vidrio. Las joyas que lucen las figuras, como anillos, collares y otros adornos, son obra de Teresa Fabregat, que ha realizado este trabajo de forma desinteresada.

La principal transformación afecta a los cuerpos, que hasta ahora estaban hechos con el tradicional cartón piedra o cartón fallero, compuesto por sucesivas capas de papel y cartón con cola. Este material, utilizado desde principios del siglo pasado en los gigantes de Teruel, ha sido sustituido por una estructura de poliespán, que proporciona la forma a las figuras, recubierta con resina de poliéster y fibra de vidrio para aportar resistencia.

Los brazos se han renovado a partir de los moldes originales y están fabricados con resina de poliéster y fibra de vidrio. Las manos incorporan jesmonite reforzado con fibra de vidrio, un material que aporta una mayor consistencia a estas piezas, especialmente expuestas a golpes durante los traslados. “En primer lugar conseguimos una reducción de peso, aunque no sea muy significativa, que se nota a la hora de llevarlos y transportarlos”, ha apuntado Lacaba.

Otro de los cambios afecta al sistema de sujeción de las cabezas, que antes se realizaba en el pecho y en la espalda y ahora se sitúa en los costados. Esta modificación proporciona mayor rigidez y estabilidad al conjunto, de forma que las piezas móviles quedan integradas y resulta más sencillo portar las figuras durante los bailes.

El concejal de Fiestas y Turismo, Eduardo Suárez, ha subrayado el resultado de la renovación y el valor de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Teruel como parte del patrimonio de la ciudad. “Nuestra Comparsa de Gigantes y Cabezudos es un gran patrimonio cultural, artístico, musical y etnográfico de nuestra ciudad”, y se ha preguntado: Quién no ha corrido de pequeño delante del Piojo Verde o ha estado viendo bailar al Gitano y a la Gitana?“, se ha preguntado.

El concejal ha comentado que la actuación ha permitido poner en valor los gigantes mediante la renovación de sus cuerpos, con estructuras más ligeras a base de poliespán y resina y estructuras de aluminio.

El presidente de la Comparsa, Jorge Abel Martín, ha expuesto que la entidad llevaba años pidiendo al Ayuntamiento esta actuación, especialmente por la antigüedad de los cuerpos. “Algunos estaban a punto de cumplir los 100 años y este cambio supone un beneficio que vamos a notar a la hora de transportarlos”, ha afirmado.

La renovación también repercute en el acompañamiento musical de la Comparsa. Los desfiles cuentan con la participación de agrupaciones locales, como la Banda de Música Santa Cecilia, dirigida por José Manuel Alba, además de dulzainas y tambores. Alba considera que el “lifting” realizado a los gigantes permitirá que puedan bailar con mayor alegría y seguir mejor el ritmo de la música.

Más de un siglo de historia

La Comparsa turolense tiene un origen y una evolución similares a los de otras comparsas de gigantes y cabezudos de España. Aunque existe poca documentación sobre los inicios de esta representación popular, una de las hipótesis sitúa su llegada a Aragón en tiempos de Alfonso V el Magnánimo.

En 1928, cuando el gaitero de Albarracín José Giménez Pérez, 'El Gato', acudió por primera vez para acompañar musicalmente a la Comparsa y sustituyó al dulzainero de Terriente, ya existían cuatro gigantes y seis cabezudos de la actual formación. 'El Gato' interpretaba la Jota Hurtada, algún vals y músicas pegadizas de los años 40.

En aquella época, la Comparsa acudía cada año a las Ferias y Fiestas de San Fernando, y participar como porteador constituía una tradición familiar que pasaba de padres a hijos. En 1965, las Ferias y Fiestas de San Fernando se trasladaron a las Fiestas del Ángel, donde los gigantes y cabezudos, junto con el toro ensogado, se convirtieron en algunos de los actos más tradicionales. Durante las décadas de 1970 y 1980 llegaron a participar tres y cuatro veces durante la semana de fiestas.

Durante los últimos 50 años, músicos de Teruel y de la provincia han formado parte de la Comparsa. Desde 2011, el acompañamiento musical corre a cargo de la Escuela Municipal de Música Tradicional Santa Cecilia, dirigida por José Manuel Alba, que participa con más de 20 músicos y ha incorporado nuevos bailes.

En la década de 2000, Puy Segurado asumió la dirección de la Comparsa y creó coreografías para los Gigantes y los Cabezudos, que hasta entonces se limitaban al desfile. La Asociación Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Teruel, creada por Jorge Abel Martín en 2010, es la encargada de sacar las figuras a la calle.

Durante los últimos 15 años, el Ayuntamiento ha llevado a cabo distintas mejoras, reparaciones y nuevas incorporaciones que han contribuido a reforzar el protagonismo de la Comparsa. En cada salida participan actualmente entre 60 y 70 personas entre porteadores de Gigantes, Giganticos y Cabezudos, acompañamiento musical y ayudantes.

Nuevas incorporaciones

Cuatro de los gigantes actuales, el Rey Negro, la Reina Negra, el Gitano y la Gitana, están fechados en la década de 1920 y, tras distintas reparaciones, siguen formando parte de la Comparsa. En 1965 se incorporaron otros dos gigantes, aunque su deterioro obligó después a retirarlos. En 1971 llegaron el Rey Cristiano y la Reina Cristiana. En 2012 se repararon las estructuras de los 6 gigantes y se redujo su peso de 50 a 43 kilos. En 2017 se incorporaron Diego e Isabel, los Amantes de Teruel, y en 2021, Segundo de Chomón, una figura representativa del Modernismo turolense.

En cuanto a los Cabezudos, no se conocen con exactitud todas las fechas de adquisición. Sí consta que durante las décadas de 1950 y 1960 la Comparsa contaba con 10 cabezudos: las dos parejas de baturros, el Piojo Verde, Napoleón, el Bandolero, el Moro, el Abuelo y el Payaso.

En los últimos años se han sumado nuevas figuras: el Ensogado, el Vaquillero y la Vaquillera, 'Remate', que representa a un jugador del equipo de voleibol, 'Dino Terex', creado con la colaboración de Dinópolis, Gus y Tina, los chicos sanos, y Estrella, la última incorporación, que representa a una jugadora del equipo de fútbol. En total, la Comparsa cuenta con 18 cabezudos que recorren las calles detrás de los niños.

En 2015, a partir de unas viejas cabezas que permanecían almacenadas, el Ayuntamiento creó cuatro Giganticos: Abuela, Indio, Princesa y Perillán. Estas figuras ofrecen a los futuros porteadores de gigantes la posibilidad de iniciarse en esta tradición.

A lo largo del año, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos participa en acontecimientos y fiestas como San Jorge o la Feria del Jamón, aunque es en las Fiestas del Ángel cuando alcanza su máxima expresión.

La Guardia Civil de Teruel ha detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública, en el marco de la operación Capserri, una investigación relacionada con el cultivo y elaboración de sustancias estupefacientes.

La investigación fue llevada a cabo por el equipo ROCA de la Alcañiz, que el pasado mes de junio localizó una plantación de marihuana de cultivo outdoor, situada en varias parcelas del término municipal de Arens de Lledó (Teruel).

La plantación estaba compuesta por un total de 2.000 plantas de marihuana, y contaba con dos personas que realizaban las labores de cuidado y mantenimiento.

Fue el pasado 3 de septiembre cuando se llevó a cabo la explotación de la operación, durante el dispositivo se procedió a la detención de dos personas de nacionalidad albanesa, quienes fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Alcañiz, Plaza nº 1, decretando su ingreso en prisión.

La actuación se enmarca en las labores que desarrolla la Guardia Civil para la prevención, investigación y erradicación de cultivos destinados a la producción y distribución de sustancias estupefacientes, especialmente aquellos establecidos en zonas rurales y de difícil acceso.

La operación Capserri continúa abierta, no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con los hechos. En el dispositivo participaron, además del equipo ROCA de Alcañiz, la USECIC de Teruel, efectivos de seguridad ciudadana de los puestos de Calaceite, Calanda, Alcañiz, Monroyo y Valderrobres, el equipo PEGASO de Teruel y el helicóptero UHEL de Huesca.