De “analista financiero” a asesor primero del Gobierno del PP en la capital aragonesa, firmante de uno de los informes económicos para justificar las obras en La Romareda, y a inminente alto cargo laboral de Zaragoza Deporte Municipal a través de una oposición. Pablo Millán está a punto de convertirse en nuevo director de Programas, Eventos y Proyectos Deportivos de la entidad municipal en un proceso con puntos polémicos, como que sea una plaza de nueva creación y con mayor categoría que la que sustituye, que cesara del cargo justo en medio del plazo de solicitudes o que uno de los tres evaluadores de la comisión sea técnico de la misma área en la que Millán trabajaba como asesor.

Tal y como refleja la puntuación definitiva del concurso-oposición. Millán obtuvo 85,134 puntos, frente a los 78,700 del único aspirante que también superó las pruebas. Le quedan diez días para presentar la documentación que acredita los requisitos. Después, el consejo de administración de Zaragoza Deporte aprobará la adjudicación de la plaza, un puesto de personal laboral fijo del grupo A1, el de mayor categoría.

Su salario en el puesto recién creado ascenderá a unos 62.000 euros brutos al año –79.000 euros de coste real para la empresa municipal–, frente a los en torno a 49.000 euros que se percibía por la plaza anterior, de categoría A2.

Millán fue nombrado asesor del Gobierno municipal, como personal eventual, por decreto del 28 de agosto de 2023, firmado por el concejal de Personal, Alfonso Mendoza. Tres meses después firmó, en calidad de “asesor del Área de Presidencia”, un informe económico-financiero de 65 páginas que se incorporó al expediente de constitución de La Nueva Romareda SL, la sociedad del Ayuntamiento, el Gobierno de Aragón y el Real Zaragoza para financiar el nuevo estadio. El documento concluía que la sociedad sería “sostenible económicamente”, con una rentabilidad del 4,44%.

No era la primera vez que trabajaba sobre el estadio. El Ayuntamiento ya había presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón un informe suyo del 25 de mayo de 2023, firmado como 'senior financial analyst', tres meses antes de su nombramiento. El auto del TSJA que suspendió cautelarmente la anulación del concurso del estadio recoge sus cifras de 6.400 empleos y una rentabilidad para la ciudad de 335 millones de euros.

Una plaza a estrenar

El puesto que va a ocupar Millán no existía hasta este año. Zaragoza Deporte lo incluyó en su plantilla de 2026 para sustituir la Jefatura de Actividades y Programas, una plaza del grupo A2 que se amortiza por la jubilación de su titular, prevista para agosto. La entidad municipal defendió con posterioridad que el nuevo puesto tiene “unas funciones más amplias” y un carácter “muy transversal”, por lo que no se exigió una titulación concreta vinculada con el deporte: vale cualquier grado universitario.

Las bases las propuso el Departamento de Administración de la sociedad el 25 de marzo, “con el conforme del Sr. Vicepresidente”. Este puesto lo ocupa el concejal de Deportes, Félix Brocate, cuya delegación se integra precisamente en el Área de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana. El Boletín Oficial de la Provincia publicó las bases el 14 de abril, con un plazo para presentar solicitudes del 15 al 29 de ese mes: el día 21, un decreto cesó a Millán como asesor, “agradeciéndole los servicios prestados”.

El BOPZ publicó también la composición de la comisión de selección, con tres miembros con voto. La preside la jefa del Departamento de Administración de Zaragoza Deporte, la misma responsable que firmó la propuesta de bases y, más tarde, el escrito que las defendió frente a un recurso. La completan el director del Pabellón Príncipe Felipe y un “técnico del Área de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza”. Se trata de la misma área en la que Millán se presentaba como “asesor técnico” de “proyectos estratégicos (deportes)”.

Según la documentación del proceso, el 4 de mayo, tras conocer la lista de aspirantes, todos los miembros declararon no estar incursos en ninguna causa de abstención.

Recurso del colegio profesional

El Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Aragón (COLEFA) recurrió las bases el 14 de mayo. Pedía que la plaza quedara reservada a titulados en Ciencias del Deporte y se amparaba en el artículo 81 de la Ley del Deporte de Aragón, que exige titulación oficial para ejercer como director deportivo. La Asesoría Jurídica municipal respondió que no se estaba “convocando una plaza de director deportivo” y que serían admisibles titulaciones como Derecho o Económicas. El Consejo de Administración desestimó el recurso el 29 de mayo.

Al concurso se admitieron 13 aspirantes, todos los que se presentaron. Ocho acudieron al examen y solo dos superaron el test, en el que Millán obtuvo la mejor nota: 25,80 puntos sobre 30, frente a 22,20. En el segundo ejercicio, dos supuestos prácticos que puntúa la propia comisión, sacó 29,334 sobre 40, frente a 26,500. En la fase de méritos, ambos aspirantes obtuvieron la puntuación máxima, 30 de 30, sin que se haya publicado el desglose.

Las bases otorgan 2,5 puntos por año de servicios en la Administración “en puesto análogo”. El Estatuto Básico del Empleado Público establece que la condición de personal eventual “no podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública”. Al no haber trascendido el mencionado desglose, no se puede conocer si Millán obtuvo puntos por el periodo como eventual del Ayuntamiento.

La cuestión no es nueva en el Ayuntamiento. En 2021, Podemos y Zaragoza en Común denunciaron que a una exasesora vinculada al PP se le había computado su etapa como eventual para lograr una plaza fija en el Instituto Municipal de Empleo. Defendió entonces el proceso el mismo concejal de Personal que nombró y cesó a Millán, Alfonso Mendoza.

El proceso cumple con las “garantías legales”

Preguntado por este periódico, el Gobierno municipal defiende que el proceso “ha cumplido de principio a fin con todas las garantías legales y procedimentales exigidas”. Asegura que se trata de un procedimiento “plenamente transparente, equitativo y ajustado a derecho” y que la comisión actuó “con estricta neutralidad e imparcialidad”, con una valoración “objetiva” y conforme a las bases. La respuesta sostiene además que las bases establecieron un marco que fue aceptado por todas las partes “al no ser impugnado”. Sin embargo, el COLEFA recurrió esas bases el 14 de mayo y el Consejo de Administración de Zaragoza Deporte desestimó el recurso.

El Ayuntamiento afirma que haber trabajado en la institución “no excluye el derecho de presentarse a una oposición” y que evaluar a candidatos que trabajan o han trabajado en ella no puede suponer “ningún menoscabo” de la objetividad del tribunal. No aclara, en cambio, si Millán y el técnico del Departamento de Presidencia coincidieron en su trabajo en esta área. Tampoco dice si se planteó la posibilidad de que el vocal se abstuviera. Sobre este último, el Gobierno municipal subraya que es un funcionario que “ha formado y forma parte de un importante número de tribunales”, con “una conducta intachable en cada uno de los procesos”. Por ello, sostiene, no cabe “la menor duda” sobre su neutralidad y objetividad.

La Guardia Civil investiga a una mujer como presunta responsable de un delito de conducción temeraria, por circular durante siete kilómetros en sentido contrario por la autovía A-23, una vía con alta densidad de circulación en el momento de producirse esta acción.

Los hechos ocurrieron el día 22 de octubre, sobre las 08.15 horas, entre los puntos kilométricos 301 y 308 de la A-23, accediendo a la citada vía por la salida de la localidad zaragozana de Villanueva de Gállego, dirección Huesca, pero haciéndolo por los carriles en sentido contrario, hacia Zaragoza.

Durante esos siete kilómetros la conductora circuló en contradirección en un momento de gran densidad de tráfico en la autovía. La mujer fue interceptada por especialistas de la Unidad de Investigación de Siniestros Viales (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Zaragoza, que procedieron a su investigación como presunta autora de un delito contra la seguridad vial.

El artículo 380 del Código Penal establece que “el que condujere un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y pusiere en concreto peligro la vida o la integridad de las personas será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un tiempo superior a uno y hasta seis años”. Se trata de un delito de peligro, por lo que no es necesario que llegue a producirse un siniestro ni lesiones para que la conducta sea constitutiva de delito.

Cómo actuar

La Guardia Civil recuerda cómo actuar en esta situación. Si un conductor advierte que circula en sentido contrario por error, se deben encender las luces de emergencia, detenerse cuanto antes en el arcén, no intentar cambiar de sentido ni dar marcha atrás y avisar al 062 o 112, indicando la ubicación exacta y esperar ayuda en un lugar seguro, fuera de la calzada.

Si, por el contrario, se observa un vehículo circulando en sentido contrario, conviene reducir la velocidad, encender las luces de emergencia, apartarse con precaución hacia el arcén si es necesario y llamar de inmediato al 062 o 112, aportando la localización, el sentido de la marcha y las características del vehículo.

Este tipo de situaciones tiene en muchas ocasiones relación con conducir con las condiciones psicofísicas disminuidas. Ya sea por ingesta de alcohol, drogas, medicamentos o por motivos de fatiga o enfermedad, estas circunstancias conllevan una reducción de la atención, capacidad de reacción y percepción del riesgo. Ante cualquier duda sobre el propio estado, la recomendación es no ponerse al volante y recurrir a otro medio de transporte.

Agentes de la Policía Nacional de Zaragoza detuvieron a un hombre como presunto responsable de tres delitos de hurto, robo con fuerza y robo con violencia, cometidos contra un sacerdote al que habría sustraído sus pertenencias y al que posteriormente agredió y amenazó en su propio domicilio para exigirle dinero.

Los hechos se remontan a finales del pasado mes de septiembre, cuando la víctima denunció la sustracción de una bandolera que contenía su cartera con documentación personal, las llaves de su domicilio y otros efectos personales.

Posteriormente, al regresar a su vivienda, descubrió que alguien había accedido a su interior y le había sustraído 180 euros en efectivo y dos teléfonos móviles. La puerta y la cerradura no presentaban signos de forzamiento, por lo que los investigadores sospecharon que el autor podría haber utilizado las llaves que se encontraban en la bandolera sustraída.

Tras estos hechos, el denunciante aportó nuevos datos sobre un posible sospechoso, un hombre conocido por frecuentar la parroquia en la que ejercía como sacerdote y que había sido visto en las inmediaciones de la sacristía cuando se produjo la desaparición de sus pertenencias.

El pasado 5 de octubre, sobre las 18:00 horas, el sospechoso acudió nuevamente a la parroquia para exigir dinero al sacerdote, como presuntamente venía haciendo de manera habitual y con una actitud agresiva.

Durante el encuentro, el párroco le preguntó por la desaparición de su bandolera y por el robo cometido en su vivienda, lo que provocó una discusión tras la cual el hombre abandonó el lugar.

Sin embargo, apenas tres horas después, sobre las 21:00 horas, el sospechoso se presentó en el domicilio del sacerdote y llamó al timbre mientras tapaba la mirilla de la puerta para evitar ser reconocido. Cuando la víctima abrió, el hombre se abalanzó sobre ella, la agarró del cuello y comenzó a amenazarla mientras le exigía dinero, llegando a retenerla en una de las habitaciones de la vivienda hasta conseguir que le entregase la cantidad exigida.

Los agentes del Grupo de Robos con Fuerza en domicilios de la Policía Nacional se hicieron cargo de la investigación y, gracias a las gestiones practicadas y a los datos facilitados por la víctima, lograron identificar al presunto autor, estableciendo una orden policial de búsqueda y detención. Finalmente, el pasado 22 de octubre, una patrulla de Seguridad Ciudadana localizó al sospechoso y procedió a su detención.

El arrestado, al que le constaban cerca de medio centenar de antecedentes policiales, fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia en funciones de guardia el día 23 de octubre, que decretó su ingreso en prisión.

La reunión celebrada este miércoles en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) sobre el convenio colectivo de FCC Medio Ambiente en Zaragoza ha terminado “sin avances significativos”, según UGT Servicios Públicos Aragón. El sindicato atribuye el bloqueo a la “ausencia de una intención real de negociar”, pero no señala solo a la empresa. También exige responsabilidad a “todos los miembros de la mesa negociadora” y advierte del riesgo de “nuevas movilizaciones en noviembre en plena campaña electoral”. Son las que preparan CGT y CCOO, el bloque sindical enfrentado a UGT en la mesa.

El conflicto afecta a la plantilla de limpieza viaria, recogida de residuos y puntos limpios. UGT la cifra en cerca de 1.500 trabajadores, mientras que los datos expuestos en el pleno municipal de septiembre hablaban de unos 1.400. El convenio anterior está caducado desde diciembre de 2024 y la negociación del nuevo dura ya casi dos años. “La plantilla no puede seguir esperando indefinidamente”, señala Angélica Mazo, vicesecretaria general de UGT Servicios Públicos Aragón.

Según UGT, sobre la mesa hay “avances reales” que permitirían aplicar mejoras de forma inmediata. Entre ellos cita incrementos salariales que mantienen el sistema de antigüedad, el paso a jornada completa de unos 50 trabajadores, mejoras en los pluses de carga lateral y nocturno y una indemnización por fallecimiento o invalidez de hasta 40.000 euros. En conciliación, el sindicato menciona una hora de flexibilidad de entrada o salida para el acompañamiento escolar y la posibilidad de acumular los permisos de maternidad y paternidad a las vacaciones.

El comunicado, sin embargo, no cuantifica la subida salarial, que es el punto que más separa a las partes. FCC cifró su oferta en una subida acumulada del 9,4% para el periodo negociado, mientras la plantilla reclama recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos 15 años. Tampoco la conversión de medio centenar de contratos resuelve la parcialidad. De los aproximadamente 1.400 trabajadores de la contrata, solo unos 950 tienen jornada completa, según los datos del pleno, y hay empleados que llevan años, incluso décadas, trabajando solo los fines de semana.

Una mesa partida por la mitad

UGT sitúa el origen del bloqueo en el reparto de fuerzas. Según el sindicato, la mesa está dividida en dos bloques “de igual peso”: UGT, USO, CSIF y el representante independiente frente a CGT y CCOO. Ninguno de los dos cuenta con mayoría suficiente para firmar en solitario. El sindicato lo contrapone al convenio de Parques y Jardines de Zaragoza, otra contrata de FCC, que según UGT se desbloqueó en el SAMA y fue ratificado por la plantilla.

El tono de UGT se ha endurecido en dos semanas. El 15 de octubre, el sindicato pedía a FCC que “se remangue” para negociar de verdad, y ya entonces cargaba contra quienes “priorizan el enfrentamiento público sin ofrecer alternativas”. Mazo rechazaba en aquel comunicado que el conflicto se instrumentalizara con los calendarios electorales y reclamaba que la plantilla no se convirtiera en “rehén de calendarios políticos”. La nota de este miércoles mantiene esa crítica y añade una advertencia dirigida a los vecinos: la ciudadanía, dice, no puede seguir expuesta a nuevas movilizaciones en campaña.

CGT y CCOO llevan meses en la estrategia contraria. En junio, la plantilla respaldó en referéndum la huelga indefinida durante las Fiestas del Pilar, con 474 votos a favor, 24 en contra y 5 en blanco. La huelga arrancó en octubre, pero ambos sindicatos la desconvocaron una semana después. El Gobierno de Natalia Chueca había fijado unos servicios mínimos del 96%, alegando razones de salud pública, que según los convocantes anulaban la eficacia de la protesta. Un juzgado tumbó después parte de esos servicios mínimos.

Al desconvocar, CGT y CCOO anunciaron un nuevo calendario de huelga a partir de noviembre, coincidiendo con la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. También acusaron a la alcaldesa y a la consejera de Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, de alinearse con los intereses de la multinacional.

El Ayuntamiento sostiene que se trata de un conflicto entre empresa y trabajadores en el que no puede ejercer ningún papel negociador. Es, sin embargo, el titular de un servicio adjudicado a FCC por más de 600 millones de euros en diez años, cuyo coste anual ha pasado de 58,6 a unos 72,5 millones de euros. En septiembre, PP, Vox y la concejala no adscrita Marisa Gaspar rechazaron en el pleno una moción de ZeC, transaccionada con el PSOE, que instaba a FCC a atender las reivindicaciones de la plantilla.

El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza pagarán a las aerolíneas hasta 3.665 euros, IVA aparte, por cada vuelo de ida y vuelta que operen desde el aeropuerto de Zaragoza. El contrato que tramita la sociedad pública Promoción de Actividades Aeroportuarias (PAA) se presenta como un servicio de promoción turística, pero el pliego de prescripciones técnicas calcula cada pago multiplicando las frecuencias operadas por un precio unitario. Y ese dinero no se destina solo a abrir rutas: once de las 31 conexiones licitadas ya se operan hoy.

El precio máximo de 3.665 euros se aplica en concreto a París, Budapest, Milán y Varsovia. La media del contrato es de 2.090 euros por frecuencia, resultado de repartir los 7,3 millones de euros del primer año entre las 3.476 frecuencias mínimas obligatorias. Solo pueden optar compañías aéreas autorizadas en la Unión Europea, y las “acciones de promoción” se ejecutan en sus propios canales: 'banners' en su web, diez publicaciones mensuales en redes sociales, reels, boletines electrónicos y logotipos a bordo.

El informe justificativo del contrato, que es público, enumera las rutas que operan en 2026. Ryanair cubre Londres, Bérgamo, Bruselas y Marrakech; Wizz Air, Bucarest, Cluj-Napoca, Roma y Milán; Binter, Tenerife y Gran Canaria; y Volotea, Menorca. Todas vuelven a aparecer como lotes. Solo queda fuera Palma.

Si cada compañía ganara a precio máximo los lotes de las rutas que ya opera, Ryanair ingresaría 1,3 millones al año por 728 frecuencias, a 918 euros por trayecto. Wizz Air cobraría 953.160 euros, Binter 270.400 y Volotea 50.530. Según el propio informe, los acuerdos que la PAA mantiene ahora con las aerolíneas suman 2,1 millones anuales. En 2017, el entonces consejero José Luis Soro reconoció que el Gobierno de Aragón pagaba a Ryanair 5,78 euros por pasajero, sin concurrencia competitiva.

El informe admite que los destinos son fruto de “un largo y sostenido proceso de sondeo con el sector de operación aeronáutica de transporte de pasajeros durante varios años”, con el objetivo de que la licitación no fracase “por la falta de concurrencia”.

Milán, una ruta nueva que ya existía

El lote más caro es Milán Malpensa, con 571.740 euros anuales sin IVA y un valor estimado de 3.430.440 euros. El informe lo clasifica como “nuevo destino en 'hub' o capital internacional” y le asigna el precio máximo. Sin embargo, AENA celebró el 15 de septiembre el vuelo inaugural de Wizz Air entre Zaragoza y Malpensa, con tres frecuencias semanales. Dos días después, el informe firmado por el director general de Transportes incluía esa conexión entre las que ya se operan.

La ruta de Roma, de la misma aerolínea, se paga como destino consolidado a 815 euros por frecuencia. Con ese precio, Milán costaría 127.140 euros al año, 444.600 euros menos que con la clasificación elegida.

Las categorías tampoco siguen el criterio del propio informe, según el cual la promoción debe ser más intensa –y, por tanto, más cara– cuanto mayor es el avión. Las rutas consolidadas con aviones de alta capacidad, las de Wizz Air a Roma, Bucarest y Cluj, cobran 815 euros por frecuencia. Las consolidadas con aviones de capacidad media, las de Ryanair a Charleroi, Bérgamo, Stansted y Marrakech, cobran 1.837 euros, más del doble.

Una salida si llega la competencia

El contrato permite rescindir la ruta si un competidor empieza a operarla, si uno existente dobla su capacidad o si la ocupación cae por debajo del 60 % durante diez semanas seguidas. En esos casos, la aerolínea puede dejar de volar y el precio se reduce en proporción a los vuelos cancelados.

La prima de 375.000 euros anuales por establecer una base permanente solo puede ir a una compañía. Si varias se comprometen a crearla, se la queda la que gane más lotes. El simple compromiso suma además cinco de los 100 puntos en todos los lotes a los que se presente la empresa. Si después no lo cumple, el pliego solo prevé que pierda la prima.

El informe dedica cinco páginas a un análisis de rentabilidad social que atribuye al proyecto un retorno de 10,1 euros por cada euro público. En cambio, no menciona ni una vez la normativa europea de ayudas de Estado.

Para justificar que los precios son de mercado, los compara con otras tres licitaciones de pagos a aerolíneas: las del Gobierno de Navarra, la sociedad pública de turismo de Asturias y el Patronato de Turismo de Granada.

45 millones en cinco años

El presupuesto base es de 7.266.686 euros para el primer año de operación, entre el 28 de marzo de 2027 y el 25 de marzo de 2028. El valor estimado de 45,5 millones de euros suma cuatro prórrogas anuales hasta 2031, modificaciones de hasta el 20% y la prima por base. Con IVA, el gasto máximo asciende a 55 millones. Corresponden 35,2 millones al Gobierno de Aragón y 17,6 al Ayuntamiento, que anunció en septiembre una aportación de 20,5 millones.

Entre los demás lotes, los destinos nuevos con aviones grandes, como Venecia, Nápoles y Palermo, Sofía, Pisa o Praga, se pagan a 3.035 euros por frecuencia. Los nuevos con aviones medianos, entre ellos Santiago, Málaga, Alicante, Oporto o Suiza, a 2.400. Ibiza se paga a 1.630 euros, y el precio más bajo, 650 euros, corresponde a Canarias.

De cantar con una guitarra a un repartidor 'panchito' a enfrentarse a una posible condena de cuatro años de prisión. La Policía Nacional ha detenido en Zaragoza al polémico instagramer conocido como ‘Paracetamol’, un hombre de 46 años residente en el barrio de Torrero, investigado por un presunto delito de incitación al odio a través de las canciones que difundía en sus redes sociales.

La detención, que ha sido avanzada por 'Heraldo de Aragón', se produjo el pasado 2 de julio, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional tanto en Madrid como en Zaragoza. Fue el resultado de una investigación iniciada semanas antes la Brigada de Información de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, después de que varios de sus vídeos comenzaran a hacerse virales. Los agentes llevaban meses intentando identificar al autor de unas composiciones que, bajo una aparente intención humorística, incluían expresiones vejatorias contra inmigrantes, personas homosexuales, enfermos y otros colectivos.

El arresto se produjo en concreto por delitos de odio y discriminación por motivos raciales, ideológicos o religiosos.

El creador de contenido había conseguido reunir cerca de 100.000 seguidores entre Instagram y TikTok, pese a que algunas de sus cuentas habían sido cerradas por el contenido de sus publicaciones. Varias canciones superaron el medio millón de reproducciones e incluso llegaron a aparecer en retransmisiones de conocidos influencers, como Auronplay.

Entre sus temas más populares figura el dedicado a un repartidor de comida a domicilio, titulado 'Panchito, panchito, repartidor', surgido a raíz de una incidencia con un pedido que no llegaba a su destino. La melodía terminó convirtiéndose en una especie de marca personal que el instagramer reutilizaba para abordar asuntos políticos y sociales.

Uno de sus últimos vídeos estaba dedicado a la situación de Ceuta, con críticas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusaba de haber abandonado la ciudad autónoma. En la canción le dirigía graves insultos y afirmaba que Marruecos le pagaba por su actuación.

Componente ideológico

Las investigaciones también recogen una composición dirigida contra la exministra de Igualdad y dirigente de Podemos, Irene Montero, a la que deseaba que “un camión la mate” junto a su “cuadrilla de depravados y depravadas”. Los agentes consideran que estas expresiones presentan una “evidente carga vejatoria” y apuntan, de forma indiciaria, a un posible componente ideológico.

El propio ‘Paracetamol’ defendía sus publicaciones como una forma de humor. “Es todo broma, primitos. Acuérdate de Cruz y Raya como ponían a los gitanicos”, explicaba en uno de sus vídeos, antes de reivindicar su condición de gitano para justificar sus parodias sobre otros colectivos.

Una vez identificado, agentes de la Policía Nacional se desplazaron a Zaragoza para detenerlo e interrogarlo. El investigado se acogió a su derecho a no declarar y quedó en libertad provisional.

Sin embargo, el procedimiento judicial continúa. El instagramer ha recibido una citación de los juzgados de Zaragoza para comparecer ante una jueza el próximo mes de enero, según 'Heraldo'. Si no acude, podría dictarse una orden de busca y captura. El investigado podría enfrentarse a una pena de hasta cuatro años de prisión si finalmente fuera condenado por un delito de incitación al odio.

Bajo Zaragoza hay un río que no se ve. Es el acuífero aluvial del Ebro, una gran masa de agua que circula entre gravas y que desde hace años se aprovecha para enfriar y calentar edificios. Esa práctica, cada vez más extendida, está cambiando la temperatura del subsuelo, y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) quiere saber hasta qué punto puede soportarlo. Para ello, el Boletín Oficial del Estado ha publicado este martes el convenio que el organismo de cuenca ha firmado con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a través de su Instituto Geológico y Minero de España (IGME), para actualizar y aplicar Geoterz, un modelo informático que simula el movimiento del agua y del calor bajo la ciudad.

El sistema es relativamente sencillo. Un pozo capta agua del acuífero, que en condiciones naturales está a unos 17 grados, la pasa por un intercambiador de calor en superficie y la devuelve al subsuelo por un segundo pozo. En verano, el agua regresa más caliente, porque se ha llevado el calor del edificio; en invierno, más fría.

La ventaja es la eficiencia: el subsuelo mantiene una temperatura estable todo el año, así que la bomba de calor trabaja mucho menos que si tuviera que enfriar el aire de un día de julio. Por eso universidades, hospitales, centros comerciales, oficinas y viviendas del casco urbano funcionan ya con este sistema, que suma decenas de instalaciones.

Zaragoza reúne condiciones excepcionales para ello: según el IGME, el acuífero está formado por gravas sueltas de permeabilidad extremadamente alta y alcanza localmente unos 60 metros de espesor saturado. Tanto es así que el convenio afirma que una explotación de esta magnitud “no tiene precedente en ninguna otra demarcación hidrográfica nacional”.

El problema: el calor se acumula

Cada vertido de agua caliente genera en el subsuelo una especie de pluma térmica que viaja con la corriente subterránea. Si hay muchas instalaciones cerca, esas plumas pueden alcanzar los pozos vecinos, que entonces captan agua más caliente y pierden rendimiento. Y como en Zaragoza se usa mucho más la refrigeración que la calefacción, el conjunto tiende a calentar el acuífero: el propio convenio habla de un “claro sesgo actual hacia la refrigeración y sobre calentamiento del acuífero”.

A ello se suma que esta masa de agua, denominada ‘Aluvial del Ebro: Zaragoza’, ya está en mal estado por la presencia de nitratos, metales pesados y otros compuestos de origen urbano e industrial. El temor es que el aumento de temperatura altere el comportamiento de esos contaminantes en el agua.

Geoterz es un modelo numérico en tres dimensiones que reproduce cómo se mueven el agua y el calor bajo la ciudad. Lo desarrolló el IGME entre 2015 y 2018 en un convenio anterior con la CHE, y el texto lo describe como el primer modelo de este tipo a escala de toda una ciudad. La CHE lo ha usado para decidir sobre las autorizaciones de vertidos térmicos: el IGME ha elaborado con él más de 30 informes técnicos entre 2016 y 2023.

Pero el modelo no se ha vuelto a calibrar desde 2018 y, según reconoce el convenio, desde entonces “su capacidad predictiva ha disminuido progresivamente”. En ese tiempo, la red de 'piezómetros' (pozos de medición) que alimenta el modelo la ha mantenido el IGME con sus propios fondos.

Qué se va a hacer

Los trabajos se organizan en tres bloques. Primero, poner al día el modelo con los datos de 2018 a 2025, incluidas las mediciones de caudal y temperatura que las propias instalaciones envían a la CHE cada 15 minutos, e instalar nuevos piezómetros en los puntos con más incertidumbre.

Segundo, simular qué ocurrirá con el cambio climático: veranos más largos y olas de calor más intensas significan más aire acondicionado y, por tanto, más agua caliente devuelta al subsuelo. Los investigadores probarán los cuatro escenarios de emisiones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) para comprobar si el acuífero aguanta ese aumento de demanda.

Tercero, revisar las reglas actuales. Los límites a los vertidos geotérmicos que fija el Plan Hidrológico del Ebro se diseñaron con los resultados de los convenios anteriores, y ahora se estudiarán alternativas; por ejemplo, devolver el agua con menos diferencia de temperatura a cambio de mover más caudal, o tratar de forma distinta los vertidos de verano y los de invierno. Además, se analizarán 30 muestras de agua para ver cómo afecta el calor a los contaminantes presentes.

Parte de los resultados serán públicos: el convenio prevé que la web de la CHE muestre mapas de temperatura del acuífero, de las zonas afectadas por los vertidos y de la dirección del flujo subterráneo.

El acuerdo tiene una vigencia de cuatro años, prorrogables, y la CHE aportará 65.000 euros anuales, 260.000 euros en total. Se complementa con el proyecto de investigación EDGEOTER, que el IGME coordina en colaboración con la CHE para estudiar los límites del uso de las aguas subterráneas en la climatización de edificios.

Zaragoza en Común (ZeC) ha puesto cifras a las prioridades presupuestarias del Gobierno municipal de Natalia Chueca: con los 1,5 millones de euros que el Ayuntamiento de Zaragoza ha incrementado el presupuesto destinado a la iluminación navideña podrían adquirirse ocho viviendas para destinarlas al alquiler asequible. La comparación, planteada por el concejal Suso Domínguez, forma parte de las críticas de la formación a la política municipal de vivienda y de una moción que defenderá en el Pleno de este jueves, 29 de octubre.

ZeC exige que el Ayuntamiento destine a vivienda pública los 43 millones de euros previstos en el presupuesto de 2026 por aprovechamientos urbanísticos y venta de suelo, frente a un incremento de la inversión en vivienda pública que, según denuncia, apenas alcanza los tres millones.

Domínguez sostiene que el Gobierno municipal dispone de herramientas para ampliar rápidamente el parque público, entre ellas el derecho de tanteo y retracto sobre viviendas de protección oficial (VPO) que pueden incorporarse al patrimonio municipal antes de pasar al mercado libre.

La formación recuerda que en 2025 el Consistorio ingresó 1,5 millones por suelo de vivienda protegida y otros 16 millones por venta de suelo libre, sin que, según denuncia, estos recursos se tradujeran en una inversión equivalente en vivienda pública.

ZeC cuestiona las operaciones urbanísticas impulsadas por el Gobierno de Chueca, entre ellas las ventas de suelo en Montecanal, Alumalsa y Arcosur, así como las actuaciones de Jesús María, Instalaza y el Convento de Jerusalén. A su juicio, estas operaciones favorecen la construcción de viviendas de lujo y los beneficios privados mientras el Ayuntamiento obtiene únicamente los aprovechamientos urbanísticos legalmente exigidos.

También rechaza la cesión de suelo municipal destinado a equipamientos a grandes promotores y fondos de inversión durante periodos de hasta 75 años. “El suelo público de los barrios no puede convertirse en un regalo para que los fondos hagan negocio”, advierte Domínguez.

“Para este Gobierno la prioridad no es la vivienda, sino el negocio de los especuladores”, según ZeC, que sostiene que esta inversión en vivienda pública podría hacerse efectiva de una manera rápida haciendo uso del derecho de tanteo y retracto sobre las decenas de viviendas de VPO que, antes de pasar al mercado libre, el Ayuntamiento puede adquirir para aumentar el parque público de vivienda. 

“Esta moción habla de algo muy sencillo: de si queremos un Ayuntamiento que proteja a quienes necesitan una vivienda o un Ayuntamiento que siga facilitando el negocio de quienes convierten la vivienda en un activo financiero”, resume Domínguez.

Medidas contra los desahucios y los alquileres abusivos

La moción plantea garantizar una alternativa habitacional digna a las familias vulnerables afectadas por desahucios y adaptar las ayudas de urgente necesidad para prevenir la pérdida de vivienda.

Además, reclama al Gobierno de Aragón que declare zonas de mercado residencial tensionado en los barrios zaragozanos que cumplan los requisitos legales, permitiendo aplicar mecanismos de contención de los alquileres.

ZeC propone también limitar las viviendas turísticas en las zonas donde estén desplazando a la población residente, especialmente en el Casco Histórico; recuperar la Oficina de Mediación Hipotecaria y del Alquiler; y aplicar un recargo del 150% del IBI a las viviendas vacías de grandes propietarios, conforme a la legislación estatal.

La iniciativa incluye el apoyo a los reales decretos-leyes 28/2026 y 29/2026, aprobados el 6 de octubre, relativos a la protección del alquiler y la función social de la vivienda.

“No podemos normalizar que una familia sea expulsada de su casa y que la única respuesta de las administraciones sea decir que no tienen competencias”, sostiene Domínguez, quien ha confirmado que Zaragoza en Común apoyará la huelga convocada para el próximo 11 de noviembre.

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) ha publicado este martes el anuncio por el que el Servicio Provincial de Zaragoza somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción de la línea eléctrica que conectará el futuro campus de centros de datos de Microsoft junto a Puerto Venecia. La peticionaria es Microsoft 7724 Spain, la filial con la que la multinacional tramita sus proyectos en Aragón, y el presupuesto de la instalación asciende a algo más de 213.000 euros.

Se trata de una línea subterránea de alta tensión, a 132 kV, que unirá el centro de seccionamiento ‘Puerto Venecia’ con la subestación del campus, de 132/33 kV. Aunque el anuncio habla de unos 105 metros de longitud, el proyecto de ejecución, redactado por la ingeniería Cobra y fechado en abril, detalla en realidad dos tendidos paralelos, de 81 y 102 metros, uno de los cuales funcionará como reserva. Ambos discurren por una única parcela, la 55 del polígono 88, en la Plana de Torrero, dentro del ámbito del propio campus.

La documentación permite dimensionar por primera vez qué parte del centro de datos se abastecerá con esta conexión. Según la memoria, cada línea tendrá capacidad para suministrar energía a un edificio de centro de datos con cinco módulos de servidores de 9,6 MW y edificios auxiliares, unos 50 MW en total. Con un índice de eficiencia energética máximo de 1,5, cada circuito debe poder transportar 75,78 MVA.

Una finca aún sin comprar

La relación de bienes y derechos afectados revela que la parcela por la que pasará la línea, de 16.381 metros cuadrados según el Catastro, no pertenece a Microsoft, sino a la sociedad Promoción Parque Sur. El documento señala que la tecnológica ha firmado un contrato privado de compraventa sujeto a condiciones suspensivas que todavía están pendientes de cumplirse.

La obra requerirá una servidumbre permanente de zanja de 110 metros cuadrados y una ocupación temporal de 661 durante los trabajos. El texto recuerda que, conforme a la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón, la aprobación del plan de interés general implica la declaración de utilidad pública de las expropiaciones necesarias, y concluye que la documentación sirve de base para el “correspondiente expediente expropiatorio”.

Las alegaciones pueden presentarse en el Servicio Provincial de Industria de Zaragoza, en el paseo de María Agustín, durante 30 días. Según la web del Gobierno de Aragón, el plazo está abierto del 28 de octubre al 11 de diciembre.

Tres campus y más de 5.300 millones

El Gobierno de Aragón declaró el campus de Zaragoza inversión de interés autonómico el 28 de febrero de 2025. Es uno de los tres que Microsoft proyecta en la comunidad, junto con los de La Muela y Villamayor de Gállego, y que se tramitan conjuntamente en el Plan de Interés General de Aragón (PIGA) ‘Región MSFT’. El consejero de Fomento, Octavio López, firmó su aprobación inicial el 14 de noviembre de 2025. El plan suma 283,79 hectáreas, 57 de ellas en Zaragoza, y más de 5.300 millones de euros en urbanización y construcción, de los que unos 1.443 corresponden al campus junto a Puerto Venecia.

La documentación del PIGA ya preveía subestaciones de 132 kV en cada campus en una primera fase y su actualización a 220 kV en una segunda, y la compañía ha solicitado 300 MW de potencia por emplazamiento, condicionados a la planificación eléctrica estatal.

El proyecto ha encontrado oposición vecinal. A finales de julio, el Gobierno de Aragón aceptó una modificación del PIGA con un nuevo estudio ambiental que ya no incluía el plan de gestión de las escombreras históricas del terreno, donde se han denunciado residuos con amianto. La plataforma ‘Salvemos los Pinares de Venecia’ anunció alegaciones y ha llevado los movimientos de tierra a la Fiscalía Provincial de Zaragoza como posible delito ambiental, mientras que varios propietarios afectados han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

La Delegación del Gobierno en Aragón ha iniciado los trámites para abrir un expediente sancionador a Vito Quiles. El motivo es la concentración que convocó el pasado jueves 22 de octubre en la plaza de San Francisco de Zaragoza sin cursar la comunicación previa que exige la ley, y que derivó en desórdenes públicos que provocaron cinco detenciones y dejaron varios heridos, entre policías y manifestantes antifastistas. El organismo ha recabado ya la información jurídica y policial sobre lo ocurrido en el entorno del campus universitario.

La Delegación, que tiene al frente a Noelia Herrero desde la marcha de Fernando Beltrán al ser designado candidato del PSOE el 29-N al Congreso, recuerda que la comunicación previa es el trámite que permite a la Administración conocer de antemano una convocatoria y adoptar las medidas oportunas si se prevé una alteración del orden público. Quiles no la cursó: había citado a sus seguidores a las 19.00 horas en la Facultad de Derecho, pero la Universidad de Zaragoza no autorizó el acto en sus instalaciones. Ante el dispositivo policial que protegía los accesos al edificio, anunció a través de las redes sociales que trasladaba la convocatoria a poca distancia, en la plaza de San Francisco, cuando cientos de personas estaban ya concentradas a ambos lados del cordón.

Aún no se conoce qué infracción imputa la Delegación al agitador. La ley orgánica que regula el derecho de reunión obliga a comunicar por escrito las concentraciones en lugares de tránsito público con entre diez y treinta días de antelación, o con 24 horas si concurren causas extraordinarias y graves. Mientras, la legislación de Seguridad Ciudadana castiga como infracción leve, con multas de 100 a 600 euros, la reunión celebrada sin ese requisito. La responsabilidad recae en organizadores o promotores, condición que alcanza a quien, por sus publicaciones o declaraciones de convocatoria, pueda considerarse razonablemente director de la reunión.

El caso de Zaragoza contrasta con la primera parada de la gira, en Pamplona. Allí la Delegación del Gobierno en Navarra conocía el acto de antemano y pudo trasladarlo de la plaza del Castillo a la de Yamaguchi para evitar que coincidiera con una manifestación en su contra. En la capital aragonesa, en cambio, el acto anunciado en la Facultad de Derecho carecía de autorización de la Universidad, y el que acabó celebrándose en plena calle no había sido comunicado a nadie.

Del campus a la plaza

La Coordinadora Antifascista de Zaragoza había convocado una concentración a las 18.00 horas frente a la Facultad de Derecho para rechazar la visita. A su juicio, Quiles pretendía utilizar la ciudad como escenario para difundir sus “discursos de odio”. El agitador, por su parte, había animado a sus seguidores a acudir.

La jornada estuvo marcada por los insultos cruzados entre los dos bloques y el lanzamiento de botellines, cajas y otros objetos. Los manifestantes antifascistas superaban en número a los seguidores de Quiles, y los agentes los mantuvieron separados durante buena parte de la tarde. La tensión creció cuando el agitador se situó entre ambos grupos, y la Policía terminó cargando contra los antifascistas con las porras desenfundadas y gas pimienta.

En la plaza de San Francisco, Quiles se subió al quiosco situado detrás de la gasolinera y pronunció un discurso contra Pedro Sánchez, la Universidad y los medios de comunicación, con llamamientos a votar en las elecciones generales del 29 de noviembre. Tras recibir un escupitajo, abandonó la plaza escoltado por la Policía. El tráfico y el tranvía quedaron detenidos durante los incidentes, y varios comercios de la zona echaron el cierre.

La Policía Nacional arrestó a cinco personas como presuntas responsables de delitos de atentado contra agentes de la autoridad y desórdenes públicos. Otros siete policías de la Unidad de Intervención Policial resultaron heridos leves, según el balance del cuerpo, que no precisó la identidad de los detenidos ni a qué grupo pertenecían.

La Coordinadora Antifascista cifra en más de un millar los asistentes a su convocatoria y en al menos diez los heridos por porrazos y pelotas de goma. La Policía solo ha informado de los agentes lesionados.

Críticas a la Delegación y al Rectorado

La actuación policial ha abierto un frente político contra la propia Delegación. La coordinadora la acusa de responder con violencia a la movilización y reclama la libertad sin cargos de los detenidos. También pide la dimisión de la rectora, Rosa Bolea, a quien atribuye haber solicitado la entrada de los antidisturbios en el campus. El sindicato Somos pedirá un informe sobre lo ocurrido, y CGT ha criticado que el Rectorado no se posicionara de forma directa contra el agitador. Al día siguiente, los convocantes se concentraron frente a la sede de la Delegación, en la plaza del Pilar.

Zaragoza en Común y Chunta Aragonesista han exigido explicaciones a Noelia Herrero. La portavoz municipal de ZeC, Elena Tomás, ha pedido aclarar quién dio las órdenes y por qué se actuó de esa manera, y ha defendido que el derecho a manifestarse no puede responderse con golpes. CHA, por boca de su secretaria de Memoria Democrática, Mary Carmen Bozal, ha reclamado que se investigue el uso de gas pimienta contra estudiantes.

La Universidad de Zaragoza ha lamentado los enfrentamientos y las personas heridas. En su comunicado, recordó que no había autorizado el acto y que trató en todo momento de evitar la concentración.

Zaragoza fue la tercera parada del 'Tour Combativos II', que Quiles desarrolla bajo el lema ‘Mafia o Patria’ en catorce ciudades entre el 15 de octubre y el 19 de noviembre. El objetivo declarado de la gira es movilizar el voto de la derecha ante las elecciones del 29-N. Antes de llegar a la capital aragonesa, había pasado por Pamplona y por el campus de Bellaterra, con protestas e intervenciones policiales en ambos casos.

El Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón pondrán en marcha este miércoles, 28 de octubre, la última campaña del año del programa Volveremos, con un presupuesto de 2,76 millones de euros. La iniciativa permite acumular el 20% de las compras realizadas los miércoles y viernes en los establecimientos adheridos, con el objetivo de incentivar el consumo en el pequeño comercio y ayudar a las familias con sus gastos cotidianos.

De la dotación prevista, el Ayuntamiento aportará 1.981.000 euros y el Ejecutivo autonómico, los 779.000 euros restantes, cada administración financia el incentivo que reciben los consumidores.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha presentado la campaña en la carnicería Hermanos Martínez, en el barrio de La Jota, acompañada por el consejero municipal de Economía, Carlos Gimeno. Durante el acto, ha defendido la continuidad de este programa de apoyo al comercio de proximidad, que este año también ha contado con convocatorias específicas para la vuelta al cole y los establecimientos afectados por obras.

Precisamente, la campaña dirigida a los negocios situados en calles afectadas por las obras, celebrada entre el 5 y el 10 de octubre, terminó con 128.000 euros en ventas en 19 comercios, donde se registraron 585 transacciones.

Más de 39 millones en ventas durante 2026

A falta de sumar los resultados de esta última campaña, Volveremos ha generado este año 39.218.000 euros en ventas en Zaragoza, a través de 395.512 transacciones realizadas por 77.455 usuarios.

Además, los monederos de los usuarios de las aplicaciones acumulan más de 2,2 millones de euros pendientes de gastar. Este saldo podrá utilizarse hasta el 31 de diciembre cualquier día de la semana, aunque para generar nuevos incentivos en la última convocatoria las compras deberán realizarse los miércoles o viernes.

Más de 2.117 comercios han registrado durante este año alguna venta vinculada al programa, cuyo presupuesto anual municipal asciende a 4,5 millones de euros.

El consejero municipal de Economía, Carlos Gimeno, ha destacado el alcance de la iniciativa y su capacidad para generar actividad en los negocios de proximidad. Según ha señalado, detrás de cada compra hay establecimientos que mantienen su actividad, generan empleo y contribuyen a dinamizar los barrios.

Campañas especiales

La campaña de vuelta al cole permitió a cerca de 66.523 familias realizar compras por valor de 19.372.000 euros, por encima de los 17.188.000 euros registrados en la misma convocatoria del año anterior.

Por su parte, la campaña especial de muebles, organizada por tercera vez junto a la Asociación de Tiendas de Muebles de Zaragoza (ACOMZA), generó 860.327 euros en ventas y un total de 858 operaciones.

La primera convocatoria del año, que finalizó en junio, sumó 12.998.449 euros en ventas mediante 102.450 transacciones realizadas por cerca de 48.000 familias. Las compras llegaron a 1.996 establecimientos repartidos por todos los distritos de Zaragoza.

El Sindicato de Inquilinas de Zaragoza, CGT, CNT y OSTA han convocado una manifestación para el próximo miércoles 11 de noviembre en Zaragoza, coincidiendo con la huelga general. La movilización será a las 18.00 del Paraninfo bajo el lema “Contra el rentismo, la patronal y sus gobiernos”. La convocatoria cuenta también con el apoyo de Intersindical, Confederación Intersindical, CUT y SOA, mientras que las organizaciones esperan que se sumen nuevos colectivos sociales en las próximas semanas.

La protesta pretende denunciar las dificultades que atraviesa la clase trabajadora, con especial atención al acceso a la vivienda, el estancamiento de los salarios, la inflación y el deterioro de los servicios públicos. Las organizaciones convocantes contraponen esta situación al incremento de los presupuestos militares y policiales y señalan a los intereses empresariales e inmobiliarios como responsables de unas condiciones de vida cada vez más difíciles.

Paula Ríos, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Zaragoza, ha definido la movilización con la necesidad de señalar a quienes consideran responsables de la crisis: “El negocio de la vivienda, el estancamiento de los salarios, la inflación y el deterioro de los servicios públicos, frente al aumento de los presupuestos militares y policiales”.

“La vivienda debe dejar de ser un negocio y convertirse en un derecho universal. Esto exige acabar con la especulación inmobiliaria y expropiar a los especuladores”, defienden las organizaciones convocantes. Los sindicatos sitúan la convocatoria en un contexto de creciente conflictividad social en Europa, donde consideran que la clase trabajadora está mostrando su rechazo a un modelo económico que convierte las necesidades básicas en mercancía. En este sentido, sostienen que las mejoras no llegarán sin organización y movilización colectiva.

Una huelga independiente de los partidos parlamentarios

Las organizaciones convocantes defienden que la huelga general del 11 de noviembre debe servir para reforzar la organización de la clase trabajadora y los sindicatos laborales y de vivienda. En su planteamiento, existen dos formas de entender la huelga del 11N: “Una huelga meramente simbólica y subordinada al Gobierno, y otra huelga real, independiente del PSOE y de la izquierda parlamentaria, capaz de representar realmente a la clase trabajadora”.

La convocatoria también se dirige al conjunto de los partidos políticos, a los que responsabilizan de defender los intereses empresariales y rentistas cuando han gobernado. En su comunicado, las organizaciones extienden ese cuestionamiento desde Vox hasta las formaciones de la izquierda parlamentaria, entre ellas Sumar, Podemos, Izquierda Unida y CHA.

Además de participar en la manifestación, las organizaciones hacen un llamamiento a la ciudadanía para implicarse en los espacios de preparación de la huelga. Entre sus propuestas figuran la afiliación a los sindicatos laborales y al Sindicato de Inquilinas, así como el contacto con los comités de barrio a través de las redes sociales o del correo electrónico sindicatoinquilinaszgz@gmail.com.

Los cinco comités barriales de Zaragoza celebrarán asambleas abiertas el miércoles 11 de noviembre a las 19.00 para impulsar la participación y ampliar asi la implicación vecinal.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hombre como presunto responsable de un delito de robo con fuerza tras acceder a una residencia de mayores de Zaragoza y sustraer diversos productos de alimentación.

Los hechos ocurrieron el pasado 21 de octubre, cuando una empleada del centro alertó a través del CIMACC 091 de la presencia de un hombre encapuchado que había accedido a las instalaciones.

Rápidamente, una patrulla de Seguridad Ciudadana se desplazó hasta el lugar, localizando a un hombre que coincidía plenamente con las características facilitadas por la requirente y que se encontraba junto a una de las puertas de emergencia de la residencia.

Los agentes observaron que el sospechoso llevaba una mochila con diversos productos de alimentación en su interior, ofreciendo versiones incoherentes sobre su procedencia.

Al ser identificado, reconoció ante los policías que había accedido al recinto con la intención de robar y que, al activarse la alarma, había tratado de abandonar el lugar.

Durante la inspección de las instalaciones, los agentes comprobaron que ninguna de las puertas de emergencia presentaba signos de forzamiento. Sin embargo, localizaron una valla metálica de obra, de color amarillo, colocada a modo de escalera junto a uno de los accesos, que el sospechoso habría utilizado para superar el muro perimetral de la residencia.

Posteriormente, una trabajadora del centro reconoció los productos de alimentación que llevaba el sospechoso como pertenecientes a la residencia, por lo que los agentes procedieron a su detención como presunto responsable de un delito de robo con fuerza.

El detenido, al que le constaban varios antecedentes policiales, tres de ellos durante el último mes, fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia en funciones de guardia, que decretó su ingreso en prisión.

Hasta 35 trabajadores de Mercazaragoza mayores de 55 años y con décadas de antigüedad en la empresa pueden perder su empleo por un expediente de regulación de empleo (ERE) cuyas condiciones, según denuncia la familia de uno de los afectados, “van a arruinar su jubilación”. Así describe una familiar de uno de los trabajadores la situación que atraviesa su padre, de 59 años y con más de 30 años de trayectoria en la empresa pública, en medio de unas negociaciones que se han roto sin que la plantilla tenga certezas sobre su futuro.

“Mi padre está fatal”, explica, al tiempo que denuncia la falta de información durante el proceso. La familia asegura que inicialmente se plantearon 20 salidas voluntarias y pactadas, pero que la propuesta terminó ampliándose un ERE obligatorio que afectaría a 35 trabajadores. La familia teme las consecuencias que las condiciones económicas del ERE puedan tener sobre la pensión de los trabajadores en la misma situación. “Con indemnización que proponen y llevarlos al paro con esa edad después de toda la vida dedicándose a eso van a arruinar su jubilación”, advierte.

En redes sociales se ha difundido también un vídeo por parte de uno de los familiares de un trabajador: “35 currantes de más de 55 años a la calle como perros”, denuncia. En su mensaje reivindica la trayectoria de quienes han dedicado buena parte de su vida a la empresa: “Mi padre no es un número en Excel que puedan poner en negativo, es un currante”.

La familia no cuestiona que la empresa tenga que tomar medidas ante su situación económica, pero sí reclama que se tenga en cuenta el futuro de los afectados. “No digo que no los despidas, es que les tiendas un puente justo hacia la jubilación”, plantea. También pide que se respeten los compromisos que, según afirma, se habían trasladado durante las conversaciones: “Lo único que pido es que Mercazaragoza cumpla con su palabra”. La familia recuerda que los trabajadores han dedicado décadas a su trabajo, que no dejaron de trabajar ni durante la pandemia porque eran servicio esencial.

El comité rompe las negociaciones

La preocupación de los trabajadores coincide con el bloqueo de las conversaciones entre la empresa y la representación de la plantilla. El Comité de Empresa de Mercazaragoza ha comunicado la ruptura de las negociaciones del ERE ante las condiciones planteadas por la dirección: “Se ha producido la ruptura de las negociaciones del ERE ante unas condiciones inaceptables propuestas por Mercazaragoza por mandato del Ayuntamiento de Zaragoza”, afirma el comité en un comunicado. La representación de los trabajadores considera que la propuesta supone “un grave retroceso” respecto a los compromisos trasladados en reuniones previas y en el Pleno municipal.

“Lo que se trasladó a los trabajadores y lo que ahora se pone sobre la mesa no está a la altura de lo que se esperaba”, señala el texto. El comité exige a Mercazaragoza y al Ayuntamiento que reconsideren su postura y presenten una propuesta que garantice “unas condiciones de salida verdaderamente dignas”.

La reclamación incluye también a quienes permanezcan en la empresa después del expediente. El comité exige que se garantice la viabilidad futura de Mercazaragoza y que se mantengan las condiciones laborales y salariales de la plantilla que continúe trabajando en ella. “Los trabajadores no son números ni piezas prescindibles. Son personas con familias, responsabilidades y años de trabajo a sus espaldas”, recuerda el comunicado.

La representación de los trabajadores advierte sobre una posible privatización: “La propuesta presentada por la empresa supone, a nuestro juicio, la preparación del camino para proceder a su privatización”, sostiene. El comité reclama garantías sobre el futuro de la empresa, participada mayoritariamente por el Ayuntamiento de Zaragoza y por Mercasa. “La plantilla ya ha soportado suficiente incertidumbre y no merece que sus derechos queden relegados durante este proceso”, concluye el comunicado, que atribuye la responsabilidad de desbloquear la situación a quienes tienen capacidad de decisión. Preguntado por este medio, el Ayuntamiento de Zaragoza ha remitido a la empresa, que por el momento no ha respondido.

El Real Zaragoza no pagará un euro de alquiler por el Ibercaja Romareda hasta que el estadio esté terminado y se le entregue, algo que ocurrirá como pronto a finales de 2027. Tampoco se hará cargo del mantenimiento de la instalación hasta el 1 de enero de 2031, una vez celebrado el Mundial, y no asumirá el IBI. Sin embargo, la sociedad anónima deportiva ya percibió el pasado mes de marzo ocho millones de euros procedentes del contrato del nombre que Ibercaja firmó con La Nueva Romareda SL, la sociedad participada en un 80% por el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón.

Las condiciones figuran en el contrato de arrendamiento de industria que La Nueva Romareda y el socio privado, el Real Zaragoza SAD, suscribieron el 2 de marzo, y buena parte de ellas se recogieron en la nota que la sociedad publicó en su web el 27 de febrero, tras la aprobación del acuerdo en su consejo de administración. Según ese texto, “el año 0 (fecha de entrega) y las 5 anualidades siguientes, el Real Zaragoza abonará 1.100.000 euros por año”, una cantidad que se incrementará en 200.000 euros cada cinco años hasta alcanzar los tres millones a partir del año 41. El primer ejercicio solo se abonará la parte proporcional desde la entrega hasta el final del año, y el pago se realizará por trimestres vencidos.

La propia nota incluye una cláusula que adquiere ahora relevancia: “Si se compite en Primera RFEF, se reducirá el correspondiente ejercicio en un 75%”. El Real Zaragoza juega desde mayo en esa categoría. Si siguiera en ella cuando se le entregue el estadio, el canon anual quedaría en 275.000 euros. En el caso contrario, si jugase en Primera División, la cuantía se incrementaría un 50%.

Además de esa renta fija –que, según la sociedad, es la contraprestación por la actividad futbolística, los derechos de televisión, los patrocinios, los abonos, el ticketing, la tienda, el museo, el hospitality o la restauración–, el club abonará un 5% de lo que ingrese por macroeventos, conciertos o congresos.

Ocho millones dieciocho meses antes

El contraste está en el calendario de los ingresos. Como publicó este periódico, el informe de auditoría de las cuentas de 2025 de La Nueva Romareda recoge que el 4 de marzo, dos días después de la firma del arrendamiento, el Real Zaragoza emitió una factura de ocho millones derivada del contrato de ‘naming rights’, la denominación. Ibercaja había ingresado diez millones a la sociedad: dos se quedaron en sus cuentas por los dos años del estadio modular y los otros ocho pasaron al club, que afrontaba entonces problemas de impagos de nóminas y que poco después fue adquirido por un fondo de capital riesgo.

No ha sido hasta esta semana cuando el Gobierno de Zaragoza ha permitido por primera vez a la oposición –en concreto, al concejal del PSOE Horacio Royo– a tener acceso al contrato de arrendamiento, aunque sin poder facilitar copia. Si en septiembre el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, justificó el rechazo a facilitarlo en que el documento contenía información de mantenimiento que “podría ser objeto o de sabotajes o de actos terroristas”, ahora ha rebajado ese argumento a uno más “entre un sinfín”, aunque ha insistido en que es “confidencial entre las partes que lo suscriben”.

Este viernes, el edil socialista ha comparecido para dar cuenta de su contenido: “El Real Zaragoza no abonará un euro por el nuevo estadio hasta que este esté terminado y le sea formalmente entregado”.

Royo ha acusado a Serrano de haber faltado a la verdad en aquella comisión, en la que le preguntó en varias ocasiones si el club pagaba ya alquiler por el nuevo estadio y no por el modular. Según consta en el acta, Serrano respondió: “Por primera vez en la historia, el Real Zaragoza está pagando un canon por la utilización del estadio”. Y, tras citar las cifras del año 0, añadió: “Lo he dicho anteriormente. Están pagados”. El edil socialista ha sido rotundo: “Lo digo con toda la rotundidad, es mentira”.

A juicio de Royo, el contrato de arrendamiento “se firmó en el mes de marzo para que el Real Zaragoza pudiese cobrar ya los 8 millones del contrato de patrocinio de Ibercaja”, en un momento en que se negociaba la venta del paquete mayoritario de acciones del club.

“Era un lapsus”

Serrano ha replicado en rueda de prensa que no mintió. “Fue un lapsus”, ha asegurado, y ha confirmado el punto central de la denuncia socialista: “El canon de utilización del estadio lo pagará cuando empiece a utilizar el estadio”. Ha justificado esa decisión con un símil: “Yo no conozco a nadie que pague el arrendamiento de una vivienda que no tiene ni la posesión, ni el uso, ni el disfrute”.

Ese criterio, sin embargo, no se ha aplicado a los ingresos del club. Preguntado por qué se abonaron los ocho millones casi dos años antes de que el estadio pueda estar en uso, Serrano ha defendido que “los derechos dimanantes del ‘naming’ de un estadio nacen cuando se suscribe un contrato”. Y ha introducido un matiz respecto a lo que dijo en septiembre: si entonces atribuyó el adelanto a “una decisión unilateral por parte de Ibercaja”, este viernes ha señalado que la transferencia al club “se decidió en ese momento en el seno de la sociedad”.

Además, ha evitado aclarar si el Real Zaragoza pidió que se adelantara el pago.

El consejero también ha admitido que el retraso de las obras obligará a revisar el reparto: “Si al final la utilización del plazo del estadio es distinta, habrá que ajustar costes y habrá que ajustar pagos con respecto al ‘naming’”. El PSOE plantea que el patrocinio correspondiente a una eventual tercera temporada del Real Zaragoza en el modular debería quedarse en La Nueva Romareda.

Mantenimiento e IBI, a cargo de la sociedad

La nota de febrero detalla que La Nueva Romareda, “como propietaria del estadio”, será responsable hasta el 31 de diciembre de 2030 de todo el mantenimiento correctivo, extraordinario y preventivo. Esto incluye los sistemas de seguridad y control de accesos, los videomarcadores, los ascensores y escaleras mecánicas, la climatización, la fachada, las cubiertas y los asientos, así como “cualquier otra obra o proyecto necesario” para adecuar el estadio a los requerimientos de la FIFA y la UEFA. El club solo asumirá esas tareas a partir del 1 de enero de 2031. Eso sí, el césped queda fuera de esas obligaciones de la sociedad, salvo durante el Mundial.

Según Royo, el contrato establece además que el IBI lo abonará La Nueva Romareda y no el arrendatario, un extremo que no figuraba en la nota de febrero. “Aquí el IBI lo va a pagar la sociedad La Nueva Romareda”, ha señalado el socialista, que lo ha comparado con lo que sucede en la mayoría de los alquileres de vivienda. Serrano no lo ha desmentido, pero ha considerado que la crítica carece de sentido porque se trata de un impuesto que recauda íntegramente el Ayuntamiento de Zaragoza. La sociedad que lo abonará, sin embargo, cuenta también con capital del Gobierno de Aragón y del propio club.

La Coordinadora Antifascista de Zaragoza ha exigido este viernes responsabilidades por las cargas policiales del jueves a los manifestantes que protestaban en el campus San Francisco contra la visita de Vito Quiles. En una rueda de prensa, sus representantes han reclamado la libertad inmediata y sin cargos de los cinco detenidos y han acusado a la Delegación del Gobierno de responder con violencia a una movilización “para impedir que el agitador Vito Quiles campara a sus anchas por nuestra ciudad, llamando a aniquilar rojos y migrantes”.

“Al menos diez personas resultaron heridas por los porrazos y las pelotas de goma”, según el balance de la coordinadora, que denuncia el uso de material antidisturbios contra los participantes en la concentración. El colectivo cifra en más de un millar las personas que acudieron a la convocatoria, entre estudiantes, trabajadores y docentes, y considera que la movilización consiguió impedir que Quiles entrara en el campus.

El agitador compareció brevemente en el exterior de la Universidad, acompañado por seguidores y bajo un amplio dispositivo policial, según el relato de la coordinadora. Sus representantes sostienen que un grupo de personas a las que identifican como neonazis se acercó a los manifestantes y les lanzó gas pimienta. “Contra nada de esto actuó la policía, sino que cargó contra la manifestación antifascista”, denuncia el colectivo en el comunicado difundido este viernes.

La coordinadora acusa a los agentes de utilizar porras y pelotas de goma contra los asistentes y de disparar gases de forma indiscriminada. “Porrazos contra la cara, cabezas abiertas, bombas de gas abrasivo disparadas indiscriminadamente”, han explicado, al tiempo que exigían responsabilidades legales por las lesiones.

Las críticas se dirigen también contra el Gobierno y el Rectorado. La coordinadora responsabiliza a la Delegación del Gobierno de la actuación policial y señala directamente a la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa María Bolea, por haber solicitado, según afirma, la entrada de los antidisturbios en el campus. “Exigimos su dimisión”, reclama el colectivo, que pide además “el fin de la presencia policial en el campus”.

En la rueda de prensa, el resto de las organizaciones sindicales presentes también ha cuestionado la respuesta del Rectorado y ha reclamado explicaciones sobre la intervención policial. Desde Somos, Anabel Sánchez ha anunciado que el sindicato solicitará un informe transparente sobre lo ocurrido. Entre las cuestiones que quiere aclarar figuran las posibles “limitaciones de las libertades ”de estudiantes y trabajadores, los daños producidos y la actuación de los agentes. “El Rectorado debe dar información sobre estos hechos y, a través de sus servicios jurídicos, exigir las responsabilidades penales a que haya lugar”, ha señalado.

Julia Cámara, delegada de CGT en la Universidad de Zaragoza, ha recordado que el sindicato ya había advertido del uso de los espacios universitarios para difundir discursos de odio. “Entendemos que los campus universitarios deben ser espacios para la convivencia democrática, para el libre pensamiento y para la confrontación libre y democrática de ideas”, ha defendido. Cámara ha criticado que el Rectorado no se haya posicionado de forma directa en contra del agitador.

También representantes de CGT Sanidad y trabajadores del Hospital Clínico han expresado su apoyo a los estudiantes y han denunciado la actuación policial. “No vamos a dejar que se apalee, que se gasee y que se pegue con esa brutalidad a la juventud”, ha afirmado uno de sus portavoces, que ha reclamado asimismo la libertad de los detenidos.

La coordinadora ha convocado una nueva concentración este viernes a las 19:00 frente a la Delegación del Gobierno en Zaragoza para exigir la puesta en libertad de los arrestados. “Su represión no nos va a parar”, advierte el colectivo.

Dos personas han resultado heridas graves este viernes en un accidente de tráfico en la carretera A-127, en el término municipal de Ejea de los Caballeros, en el tramo que conecta esta localidad con Tauste. El siniestro se ha producido en el kilómetro 31 de la vía y ha implicado a tres vehículos, según han informado la Guardia Civil y la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ).

Los bomberos de la DPZ han recibido el aviso a las 07:45 y han tenido que rescatar al único ocupante de una furgoneta, que había quedado atrapado tras la colisión. El herido ha sido trasladado en helicóptero a un centro hospitalario de Zaragoza. El ocupante del turismo también ha resultado herido grave y ha sido evacuado en ambulancia al hospital Miguel Servet de la capital aragonesa.

Según la información facilitada por la Guardia Civil, el accidente ha consistido en una colisión frontal y otra posterior frontolateral, con tres vehículos implicados. Las causas del siniestro están siendo investigadas por la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de Zaragoza.

La polémica visita de Vito Quiles a Zaragoza se saldó este jueves con cinco detenidos y siete agentes heridos. La Policía Nacional arrestó a cinco personas como presuntas responsables de delitos de atentado contra agentes de la autoridad y desórdenes públicos durante la manifestación convocada contra la presencia del agitador ultra en la ciudad. Otros siete policías de la Unidad de Intervención Policial (UIP) resultaron heridos de carácter leve durante el dispositivo, según ha informado este viernes el cuerpo policial, que no ha precisado la identidad de los detenidos ni a qué grupo pertenecían.

Quiles había convocado a sus seguidores a las 19.00 horas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. La institución académica no autorizó el acto en sus instalaciones, pero el agitador mantuvo el llamamiento, que comenzó con retraso en el entorno universitario y se desplazó después a la plaza de San Francisco, donde Quiles pronunció su discurso. Desde allí, los participantes continuaron en dirección al Auditorio.

La jornada estuvo marcada por los insultos cruzados entre los dos bloques y el lanzamiento de botellines, cajas y otros objetos. Los manifestantes antifascistas superaban en número a los seguidores de Quiles, y los agentes mantuvieron separados a ambos grupos durante buena parte de la tarde. La tensión aumentó cuando el agitador se situó entre los dos bloques. La Policía terminó cargando contra los manifestantes antifascistas, con las porras desenfundadas y equipados con gas pimienta.

Una de las asistentes relató a elDiario.es Aragón que vio a una persona con heridas en la cabeza y a varios manifestantes con los ojos afectados por el gas pimienta. La Policía Nacional solo ha informado de los siete agentes heridos.

La Coordinadora Antifascista de Zaragoza había llamado a movilizarse contra la visita al entender que Quiles pretendía utilizar la ciudad como escenario para difundir sus “discursos de odio”. El agitador, por su parte, había animado a sus seguidores a acudir a Zaragoza para demostrar que la ciudad era un territorio “leal a España” y a levantarse contra “la mafia de Sánchez”.

El Gobierno de Aragón ha dado el primer paso para desarrollar Atenea, un nuevo polo logístico e industrial en el corredor de la carretera de Huesca que movilizará más de 400 millones de euros de inversión privada y que, según las estimaciones de sus promotores, podría generar 3.500 puestos de trabajo. El proyecto ocupará 214 hectáreas –más de 2,1 millones de metros cuadrados– entre el barrio zaragozano de San Gregorio y la Ciudad del Transporte, en un suelo que lleva dos décadas recogido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sin llegar a desarrollarse.

El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha avanzado la iniciativa este jueves en el Alia Logistics Summit, el encuentro del clúster logístico de la comunidad, y la ha presentado como la respuesta a proyectos empresariales que “están llamando a la puerta” de Aragón y que demandan grandes parcelas. El Ejecutivo, sin embargo, aprobó ya la Declaración de Interés General de Aragón (DIGA) el pasado 16 de septiembre en un Consejo de Gobierno extraordinario y no lo había comunicado hasta ahora. Tampoco ha querido identificar a las empresas interesadas: Azcón ha señalado que no lo hará hasta que esos proyectos estén “suficientemente maduros y suficientemente asentados”.

Una de esas compañías podría ser la multinacional farmacéutica suiza Roche. Según publican este viernes 'Heraldo' y 'El Periódico de Aragón', la empresa negocia instalarse en Atenea, aunque la operación todavía no está cerrada. Zaragoza compite por el proyecto con Barcelona y con otras ubicaciones en España y en el norte de Europa, y la decisión podría conocerse en cuestión de semanas. Ambos diarios coinciden en que el grupo ocuparía en torno a la mitad del suelo industrial del polígono. Se trataría de un complejo de 80 hectáreas con un centro de I+D+i ligado a la producción biofarmacéutica y con instalación logística propia.

Con la DIGA aprobada, el desarrollo se tramitará como Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA), la figura que permite a la DGA impulsar actuaciones de alcance supramunicipal. La planificación comenzó hace dos años y los promotores trabajan ya en la redacción de la iniciativa, que prevén presentar en el primer semestre de 2027. Con los plazos habituales de la Administración autonómica, la aprobación definitiva llegaría a finales de 2028 y las obras de urbanización arrancarían en 2029.

Como ocurrió hace veinte años con el complejo de Inditex en Plaza, la urbanización podrá simultanearse con la construcción de las naves de las compañías que adquieran suelo, lo que acortaría los plazos de implantación.

Quién está detrás

La sociedad promotora, Plataforma Atenea Zaragoza SL, se constituyó en junio de 2024 con un capital de 3.000 euros. Su objeto social se limita a urbanizar, construir, vender y alquilar inmuebles en un único suelo: el urbanizable no delimitado de uso productivo donde se proyecta Atenea. Su único socio inicial fue Zarages SL, que comparte domicilio con la promotora zaragozana Castillo Balduz en la calle de Jerónimo Zurita. En agosto de 2024 la sociedad pasó a tener un consejo de administración formado por Castillo Balduz SL, como consejero delegado, Zarages SL, Yolmence SL, Marta 1970 Inversiones SL y Monte Sarda SL.

Uno de los puntos clave para la viabilidad del proyecto era el suministro eléctrico, en un entorno de Zaragoza saturado por la acumulación de peticiones de centros de datos. Atenea tiene ya autorizada la conexión en la subestación de Los Leones, situada frente a los terrenos, a través de la red de distribución de Endesa. Los promotores aseguran tener también garantizado el suministro de agua.

Los terrenos se sitúan a la salida de la autovía de Huesca (A-23), pasado el falso túnel, con conexión directa al cuarto cinturón. Lindan además con la línea ferroviaria Zaragoza-Huesca-Barcelona por Lleida y con la Terminal Marítima de Zaragoza (TMZ), lo que permitiría reforzar el transporte de mercancías por tren si las empresas que se instalen apuestan por ese modo.

Azcón ha definido Atenea como “uno de los grandes proyectos logísticos” de los próximos años en una zona de expansión de Zaragoza hacia Huesca que considera “extraordinariamente interesante”. El nuevo polo se sumará a los otros dos desarrollos previstos junto a Plaza —Plaza 4.0 y el sector 90.1—, que suman en torno a 270 hectáreas.

El Canal Imperial de Zaragoza divide la ciudad y marca también la brecha en la renta media de los hogares. En el lado derecho del cauce, en la zona de Torrero, la renta bruta media por unidad familiar se encuentra entre el 15% más bajo del país, lo que contrasta con la realidad a apenas cinco minutos a pie, donde los hogares se colocan entre el 3% más rico de España.

Esta división económica se acentúa a medida que se sube por el curso del Canal. En el entorno de Ruiseñores y del Parque Grande José Antonio Labordeta, la renta bruta media supera los 90.000 euros y alcanza los 116.148 euros en algunas secciones. En Casablanca, el valor más alto localizado llega a los 167.076 euros anuales por hogar, frente a los 34.717 euros de media en los sectores de Torrero.

La densidad de población también condiciona estas zonas de Zaragoza y el tipo de edificios que se construyen. Frente a los pisos pequeños y en bloques de Torrero, las casas bajas y chalés de Ruiseñores y Casablanca. Los datos demográficos reflejan esta diferencia de modelo urbano: el distrito de Torrero-La Paz cuenta con 45.711 habitantes, frente a los 10.147 de Casablanca. Aunque son cifras que recogen espacios más amplios que las secciones censales de la renta, permiten contextualizar la cantidad de población en las dos zonas.

Los datos proceden de la estadística de renta media por persona y hogar del Instituto Nacional de Estadística (INE), que recoge información de las declaraciones del IRPF por secciones censales. La renta bruta media por hogar refleja los ingresos declarados antes de impuestos, por lo que no incluye las rentas que quedan fuera de las declaraciones fiscales, como los ingresos no declarados o los procedentes de la economía sumergida.

Un origen común junto al Canal

El proyecto del Canal Imperial se remonta al siglo XVI, durante el reinado de Carlos V, aunque las obras concluyeron en el XVIII bajo el impulso de Ramón Pignatelli. Las aguas llegaron a Zaragoza en 1784 y, dos años después, se inauguraron los puertos de Casablanca y Torrero. El Canal permitió ampliar el regadío, abastecer de agua a la ciudad y desarrollar actividades vinculadas a la navegación y la energía hidráulica. A su alrededor crecieron asentamientos que, con el tiempo, evolucionaron de forma totalmente opuesta.

Torrero se convirtió en una zona habitada por las clases populares. El menor coste del suelo respecto al casco urbano y los ensanches favoreció la aparición de barriadas autoconstruidas. A comienzos del siglo XX, las canteras de yeso fueron una de sus principales actividades económicas y, en 1928, la construcción de la cárcel provincial terminó de marcar su carácter periférico. Tras la Guerra Civil, el barrio recibió una fuerte ola migratoria procedente del medio rural y experimentó un acelerado crecimiento residencial: en treinta años pasó de unas 1.200 a 12.000 viviendas. La Paz surgió como una extensión de Torrero a mediados de siglo, en una expansión que convivió durante décadas con situaciones de infravivienda.

Al otro lado, el desarrollo del eje de Sagasta siguió otra trayectoria. El antiguo camino de Torrero —hoy paseo de Sagasta— fue una de las principales vías de expansión de Zaragoza hacia el sur. A sus lados se levantaron casas de recreo, torres residenciales e industrias, comunicadas por el tranvía desde 1885. El paseo de Ruiseñores se trazó en 1903. Entre 1910 y 1925 se construyeron allí hoteles y residencias de familias acomodadas —como el chalet de la familia Ostalé, derribado en 1994—, en un proceso donde la burguesía local se implicó de lleno en el desarrollo del parque Pignatelli y su entorno.

Por su parte, Casablanca tomó su nombre de la casa blanca vinculada al molino situado junto a las esclusas del Canal. Su desarrollo se produjo sobre un territorio agrícola que durante buena parte del siglo XIX quedó al margen de la expansión urbana y de la residencia burguesa. El barrio conservó ese carácter rural durante décadas —algunas de sus calles no se asfaltaron hasta los años setenta—, hasta que su transformación residencial posterior, articulada en torno a viviendas unifamiliares y chalés, lo terminó convirtiendo en una zona residencial más exclusiva.