17 días de espera para acudir a su médico de cabecera. Este es el tiempo que le salía a Julio Planas al ir a pedir cita el 17 de abril: el sistema le daba consulta el 4 de mayo. Este vecino del barrio zaragozano de La Jota denuncia retrasos en torno a los 20 días para conseguir cita con el médico de familia y esperas “que superan el año” para algunas especialidades en el centro de especialidades Grande Covián. Ha presentado ya tres reclamaciones ante la Justicia de Aragón exponiendo la situación del barrio. Desde el Departamento de Sanidad explican que las demoras “no son la tónica general de este centro”.

Según explica este vecino, estos problemas no son puntuales ni estacionales. “No es algo del verano, lo llevamos sufriendo desde hace años”, asegura. De hecho, relata dificultades recientes para acceder a consulta incluso en situaciones que consideraba urgentes. “Fui a primera hora y ya no había citas. Tuve que buscarme la vida para que me atendieran una enfermera y una doctora que no era la mía”, apunta.

El vecino también critica la “falta de respuesta efectiva” por parte del Justicia de Aragón. En sus anteriores reclamaciones, señala que recibió respuestas en las que se atribuían las demoras a periodos concretos o se alegaba falta de capacidad ejecutiva para intervenir. La última queja, registrada el pasado 4 de marzo de 2026, fue contestada el 14 de abril. La Justicia le comunicó que remitían sus quejas a la Consejería responsable y exponiendo que, el informe solicitado anteriormente a Sanidad, todavía no había recibido respuesta.

Más allá del ámbito sanitario, Planas denuncia un “deterioro general del barrio”. En concreto, señala el estado de la calle Manuel Viola, donde residen alrededor de 1.000 vecinos, “con jardines sin mantener, zonas infantiles sin terminar y abundancia de vallas deterioradas”. También advierte de “problemas de urbanización derivados de nuevas construcciones que, al elevar el terreno, provocan acumulaciones de agua en garajes durante lluvias intensas”.

Asimismo, alerta de posibles riesgos en materia de accesibilidad: “Hay un edificio de diez plantas al que los bomberos difícilmente podrían acceder”, afirma. A su juicio, esta situación refleja un “agravio comparativo” respecto a otras zonas más céntricas de Zaragoza, pese a que los vecinos “también pagan impuestos”.

Por su parte, el Departamento de Sanidad sostiene que las demoras descritas no representan la situación habitual del centro de salud. “Puede haber algún momento puntual en que se alcance esa demora, pero no es la tónica general”, señalan fuentes del Ejecutivo autonómico, que subrayan que los médicos de familia reservan diariamente huecos para atender casos urgentes.

En relación con la atención especializada, el departamento indica que en el sector Zaragoza I, al que pertenece el centro Grande Covián, la demora media en algunas especialidades no alcanza el mes y no supera los siete meses en ninguna de las consultas garantizadas. Además, destacan que en los últimos cinco años el número de consultas con especialistas en el Servicio Aragonés de Salud ha aumentado un 18,69%, pasando de 1,8 millones en 2020 a 2,2 millones en 2025.

El histórico Palacio de Fuenclara, construido en el siglo XVI, podría convertirse en un hotel. Varias cadenas hoteleras han mostrado su interés por visitar este inmueble, situado en el centro de la ciudad y que lleva años sin un uso definido. Así lo ha confirmado el Ayuntamiento de Zaragoza, que ha enseñado el estado actual del edificio a varias empresas que se han puesto en contacto con el Consistorio.

La posibilidad ha sido criticada por Zaragoza en Común (ZeC). Suso Domínguez ha manifestado la oposición frontal de su formación: “Simplemente pensar en la posibilidad de ceder el Palacio Fuenclara para un nuevo pelotazo de una empresa privada nos enseña dónde están las prioridades de este Gobierno de Natalia Chueca: no en salvaguardar el patrimonio, no en defender los intereses municipales, sino directamente en poner los bienes públicos al servicio del beneficio privado”, ha señalado.

El concejal ha asegurado entender “muchas cosas” al conocer esta opción: “Como la supresión de cualquier partida presupuestaria destinada a la rehabilitación de este espacio, o la negativa a instalar allí el Museo de la Semana Santa, echando de su espacio al Centro de Educación de Personas Adultas Concepción Arenal. Utilizar la fórmula de la cesión de superficie para instalar un hotel puede además ser directamente contrario a la legalidad y pondremos todas las medidas para evitarlo”, ha concluido.

Lola Ranera, la portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, también ha criticado en redes sociales que considera un “escándalo” que, con el presupuesto más alto de la historia, “Chueca decida vender nuestro patrimonio y lo convierta en un producto de consumo en vez de un bien cultural vivo para la ciudad”.

Por su parte, el Ayuntamiento ha asegurado que, pese a haber mostrado el edificio a grupos hoteleros interesados, “no hay ninguna intención especial ni un plan para convertirlo en hotel”. Fuentes municipales recuerdan que se trata de un inmueble en el que no ha fructificado ningún proyecto en los últimos 30 años y cuya adecuación es “altamente costosa”.

La posible reconversión también ha generado críticas en redes sociales. El historiador Daniel Aquilué ha expresado su desacuerdo: “Zaragoza parece empeñada en seguir maltratando su patrimonio histórico renacentista. Ahora enajenando patrimonio municipal, público, común, en vez de los mil usos para todos que podría tener el palacio de Fuenclara”. Otros usuarios, por su parte, han planteado alternativas como ubicar en el edificio el Archivo Histórico Provincial.

Alto valor patrimonial

Desde Apudepa consideran esta propuesta “incompatible” con los valores histórico artísticos de la declaración de un Bien de Interés Cultural (BIC): “El patrimonio excepcional, más relevante, como es el caso de este palacio, tiene que ponerse al servicio de todos los ciudadanos y un hotel de lujo no lo es a todos los efectos, es incompatible con preservar sus valores fundamentales”.

Consideran que el edificio sufriría una transformación que “daría al traste con sus valores históricos acumulados a lo largo de los siglos” y que el Ayuntamiento de Zaragoza está “haciendo una dejación de sus deberes con el patrimonio y desoyendo a los vecinos de algo que nos pertenece a todo, todo ello a favor de un turismo de élite”.

El Palacio de Fuenclara cuenta con un notable valor patrimonial. El edificio, erigido en el siglo XVI en pleno casco histórico —a escasos metros de la calle Alfonso I y de la plaza de San Felipe—, formaba parte de uno de los principales enclaves aristocráticos de la ciudad.

De estilo renacentista, presenta una fachada de ladrillo cara vista con marcada horizontalidad y cuatro alturas —aunque originalmente fueron tres—, rematada por un alero de madera de tradición goticista. La planta baja, hoy ocupada por locales comerciales, habría ocultado el acceso original en arco de medio punto. En el interior, muy transformado por los distintos usos a lo largo de los siglos, se articula en torno a un patio central con cuatro columnas toscanas de fuste liso y un destacado arrimadero de cerámica de Muel. La escalera monumental, cerrada en altura a modo de cimborrio, es uno de los elementos más singulares del conjunto.

El inmueble tiene además una larga trayectoria histórica. Fue propiedad en el siglo XVI de la familia Agustín —en cuyo seno nació el humanista Antonio Agustín— y, posteriormente, pasó a manos de los condes de Fuenclara tras diversas reformas en el siglo XVII. Ya en el siglo XIX cambió su uso residencial para convertirse en sede de iniciativas sociales vinculadas al Arzobispado de Zaragoza.

Declarado Bien de Interés Cultural en 2002, el palacio pasó a ser de titularidad municipal en 2003. Desde entonces ha sido objeto de intervenciones de consolidación, aunque sin llegar a culminar un proyecto estable de uso. Esta falta de definición durante décadas es uno de los argumentos que esgrime el Ayuntamiento para abrir la puerta a nuevas propuestas, mientras que sus detractores insisten en la necesidad de preservar su carácter público y patrimonial.

“El patrimonio no es rentabilidad a corto plazo para unos pocos, es cultura, la de todos, y por ello este palacio es una oportunidad para ponerlo al servicio de toda la ciudad”, concluyen desde Apudepa.

La polémica por la instalación de una valla que separa los patios de dos colegios públicos de Zaragoza se ha reactivado tras conocerse su coste. Las familias solicitaron esta información a través del Portal de Transparencia, que ha respondido que la obra asciende a 48.101,90 euros (IVA incluido) y se ha financiado con fondos del Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Zaragoza, como órgano de contratación.

Desde el AMPA del CEIP Cesáreo Alierta aseguran que el Gobierno de Aragón “mintió” al afirmar que la intervención se financiaría con fondos de funcionamiento de los propios centros. “Es una barbaridad de dinero; con esa cantidad se podrían haber instalado sistemas de climatización o ventiladores en las aulas para evitar que nuestros niños pasen calor en verano”, lamentan. Este diario ha consultado por esta cuestión al Departamento de Educación del Gobierno de Aragón y, por el momento, no ha recibido respuesta.

La petición se ha repetido en varias solicitudes registradas por familias de ambos centros, que reclamaban conocer tanto el presupuesto total de la actuación como la administración responsable de asumirlo. Los dos colegios han tenido el patio unido desde su inauguración, hace 60 años.

Las familias del Cesáreo Alierta han hecho una estimación de “lo que se podría haber hecho con esos 48.000 euros”. Plantean que se podría mejorar la temperatura de muchas aulas, con un coste total de 41.000 euros. Contemplan el gasto de ventiladores de techo para 30 aulas, lo que supondría unos 13.500 €, estores térmicos por 10.500 €, aire acondicionado eficiente en el comedor y la zona de psicomotricidad con un coste aproximado de 12.000 €, y pintura reflectante para aislar determinadas zonas por 5.000 €.

Con los 7.100 euros restantes plantean comprar material escolar. “Hay varias opciones: pizarras digitales, proyectores nuevos, renovar la biblioteca escolar o tablets educativas. Pero desde arriba prefieren malgastar el dinero en una valla que nadie quiere ni se necesita”, añaden.

La oposición de las familias no es nueva. Ambos centros —CEIP Cesáreo Alierta y CEIP Doctor Azúa— ya emitieron comunicados en los que rechazaban la medida. Desde el AMPA del Cesáreo Alierta defendieron “mantener la unidad física de los patios escolares”, al considerar que favorece la cercanía entre centros y las relaciones dentro de la comunidad educativa. “Llevamos más de sesenta años compartiendo este espacio”, subrayaron, y criticaron que la decisión no se trasladara previamente a las familias ni se explicara su finalidad.

En la misma línea, el AMPA del Doctor Azúa expresó su “rechazo absoluto” a la instalación de la valla, al considerar que rompe “una convivencia histórica de más de 60 años”. Además, alertaron de posibles consecuencias negativas para el alumnado, como riesgos en materia de seguridad y emergencias —ya que anteriormente los accesos permitían el paso de ambulancias—, dificultades para la conciliación familiar en casos de hermanos escolarizados en ambos centros y el impacto en actividades compartidas fuera del horario lectivo. La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fapar) también calificó la decisión como “inexplicable2: ”Asistimos con profunda tristeza a una decisión inexplicable del Servicio Provincial y del Departamento de Educación, que lejos de trabajar por reconstruir la maltrecha convivencia en el centro Cesáreo Alierta, se empeña en levantar muros, separando espacios y dividiendo voluntades“.

Las familias también cuestionan la gestión de los recursos públicos. Consideran “indignante” destinar fondos a una actuación que, a su juicio, genera división, mientras persisten deficiencias estructurales en los centros. Los patios permanecen unidos desde su construcción en la década de 1960, una situación que las AMPAs defienden preservar.

El concejal socialista Horacio Royo ha anunciado posibles medidas legales ante la decisión final de adjudicar de manera directa a una empresa la gestión del edificio Giesa como plató de cine, el proyecto Distrito 7. Lo primero que va a reclamar es la comparecencia del consejero de Presidencia, Ángel Lorén, para dar explicaciones de “este despropósito porque estamos ante un nuevo fracaso estrepitoso de este gobierno que, en este caso, cabe imputar a la alcaldesa, autora intelectual del proyecto Distrito 7, que nunca tuvo el menor sentido y que constituye un ejemplo meridiano de la desconexión de la realidad en la que vive instalada nuestra alcaldesa”.

A su juicio, plantear que uno de los proyectos estrella pase por convertir Giesa en un plató de televisión e invertir 20 millones de euros “solo responde a la paleta y acomplejada visión que la alcaldesa tiene de la ciudad, que engarza con otros fracasos como el del parque de atracciones, que ha perdido la dimensión y verdaderas fortalezas de la ciudad”.

El edil asegura que la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, vive “empeñada” en concebir la ciudad como un escenario de cartón piedra para tratar de generar una imagen artificial de la ciudad, en lugar de atender las necesidades de la ciudadanía y mejorar la vida de los barrios y sus gentes. “Se lanza a proyectos como este que acaban en rotundos fracasos porque, sencillamente, llamar a un plató ecosistema audiovisual no convierte una ocurrencia en un gran proyecto”.

Royo ha recordado que se han invertido 20 millones en el edificio, se ha ampliado el plazo hasta 71 días para que alguna empresa se presentara a gestionar el espacio de la antigua factoría de Giesa, y no duda de que se habrá llamado a todas las puertas posibles para ello. Además, se ha conformado un pliego que establece un canon que no permite al Ayuntamiento recuperar la inversión realizada. Tras todo esto, una empresa dedicada al alquiler de equipos audiovisuales trató de presentar una oferta dos minutos antes de que terminara el plazo (tras ampliarlo 71 días). “Con este nivel de rigor demostrado por la empresa, pretende adjudicarle de forma directa por más de 30 años el edificio en el que se han invertido 20 millones de euros de los zaragozanos. ¿De verdad pretende utilizar un procedimiento excepcional para adjudicar de forma directa a una empresa para regalarle este edificio? No parece serio”, ha cuestionado el edil socialista.

En su opinión, el anuncio de ayer “es la demostración de que le puede más la soberbia que el sentido común”, porque lo que debería haber hecho es abrir un período de reflexión y valorar la idoneidad de este proyecto, en el que ninguna empresa del sector audiovisual en toda España ha mostrado interés, lo que no augura nada bueno. “Esto no puede hacerse así”, ha concluido, además de recordar lo que ha pasado con el Parque de Atracciones.

“A veces he denunciado el adanismo de la alcaldesa y su gobierno, su obstinación en crear relatos orwellianos que permitan presentar la gestión como una especie de parteaguas de la historia, pero la realidad es muy diferente”, ha criticado Horacio Royo, recordando que en el pasado los zaragozanos han manifestado ver con estupor el choque de realidades con otras iniciativas de la alcaldesa.

“A estas alturas no cabe duda de que el parque de atracciones ha pasado de ser el nuevo Disney World a estar cerrado con 81 trabajadores en expediente de regulación de empleo y Giesa pasará de ser la nueva Paramount a, con un poco de suerte, un espacio de prácticas de estudiantes”, ha augurado, no sin antes cuestionar que “no puede poner la ciudad en almoneda, hipotecando la ciudad. No puede ser que durante los próximos 30 años acabe siendo un espacio privado que estará lejos de cumplir las expectativas”.

Ha recordado y puesto en valor que todos los vecinos de Las Fuentes, con entidades sociales y vecinales al frente, trabajaron duramente para elaborar una propuesta de uso en un barrio que dispone de pocas zonas decentes y que servía para regenerar la zona con un equipamiento social o cultural. “Pero la soberbia de la alcaldesa, en lugar de escuchar a los vecinos e incluso desoyendo a vocales del PP, le llevó a abanderar este proyecto que, seguramente, le susurraron al oído algunos de sus más conspicuos augures, los mismos que le convencieron de que era una buena idea la Ciudad Inteligente del Deporte, fuese lo que fuese eso, o que el parque de atracciones era un cementerio de cachivaches, los mismos que mucho me temo que, a base de convencerla de que puede volar en lomos de Fujur (el dragón blanco de «La Historia Interminable») hasta el sol, acabarán achicharrándola”, ha manifestado Horacio Royo.

El Gobierno de Zaragoza se verá obligado a adjudicar de forma directa la gestión de la producción del proyecto vinculado al sector audiovisual, Distrito 7, en la antigua nave de ascensores Giesa, que llevaba 20 años abandonada en el barrio de Las Fuentes, después de que se haya declarado desierto el proceso de adjudicación por problemas tecnológicos de la única empresa que concurrió, la mexicana la Equipment & Film Design España (EFD Studios). Esta situación ha provocado duras críticas por parte de la oposición municipal.

El consejero de Presidencia del Gobierno de Zaragoza, Ángel Lorén, ha explicado que este lunes se ha celebrado una comisión de valoración en la que se ha acordado declarar desierta la adjudicación, tras “observarse problemas tecnológicos en la presentación de la documentación”: la única firma que apostó por la ciudad del cine se excedió cinco minutos de las 00.00 horas en la firma de la presentación de la oferta.

Lorén ha justificado que, como toda la documentación necesaria para la adjudicación están en el Ayuntamiento, el equipo de gobierno echará mano de la ley de Patrimonio para entregar de forma directa el concurso. El consejero ha trasladado su “satisfacción” con que Distrito 7 haya resultado atractivo para una multinacional que ha decidido apostar por Zaragoza, al igual que ha apostado por otros países en los que está presente. “Distrito 7 sigue adelante va a dinamizar un barrio, va a generar empleo mal que le pase a la izquierda gris de esta ciudad”, ha aventurado Lorén.

“Chapuza” para el PSOE

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Horacio Royo, ha criticado de “chapuza” el proyecto dedicado al sector audiovisual, localizado en la antigua fábrica de ascensores Giesa. “Es una muestra más de la incapacidad de gestión del equipo de la alcaldesa, Natalia Chueca y una más de sus chapuzas”, ha sintetizado Royo.

El PSOE, ha recordado el concejal, ya advirtió de esta situación la semana pasada, y lo sucedido este lunes “constata que es otro absoluto fracaso de la alcaldesa en uno de sus grandes proyectos estrella”.

Se suma a una “lista de fracasos repleta de ejemplos”, entre los que ha citado el Parque de Atracciones, “por el mal planteamiento y desarrollo de la alcaldesa Natalia Chueca” y demuestra que ha sido un proyecto “mal planteado y mal concebido por parte de la alcaldesa”.

Según Royo, “en lugar de escuchar a los vecinos y atender lo que venían siendo sus históricas reivindicaciones en este espacio, Chueca decidió sacarse de la manga un proyecto que nadie había pedido, que no hacía falta y que no tenía un recorrido posible. Eso hoy ha quedado claro”, ha zanjado.

El Ayuntamiento de Zaragoza se ha gastado cerca de 20 millones de euros en la rehabilitación y equipamiento del edificio de la antigua Giesa y “es hora de que la alcaldesa asuma su fracaso, su error, su responsabilidad y rectifique”, ha instado Royo, quien ha apremiado a que “lo haga de una manera clara y sin ningún tipo de matiz”. A su parecer, la alcaldesa “no puede seguir perseverando en el mismo error” y, por tanto, lo que debe hacer –a su juicio– es escuchar a los vecinos, convocar a las entidades y a la Junta Municipal del Distrito.

“Un verdadero fiasco”

Por su parte, el concejal de Zaragoza en Común (ZeC) Suso Domínguez ha tildado de “grave problema de gestión del Gobierno del PP” que la mesa de contratación haya declarado desierta la gestión.

El edil se ha preguntado “para qué sirven los procesos de licitación en este ayuntamiento, porque tan pronto sirven para adjudicar una licitación con una valoración muy deficiente, en el caso del Parque de Atracciones, o para mantener sin contrato las Zonas Jóvenes facilitando los recortes y los cierres, o para adjudicar de manera directa una concesión que se presentó fuera de plazo, como en el caso de Distrito 7”, ha expuesto. Todo ello, además, “dificultando la concurrencia competitiva en todos los casos”, ha asegurado el concejal de ZeC.

En declaraciones a los medios de comunicación, Domínguez ha comentado que en este proyecto de rehabilitación de la antigua nave de Giesa se han invertido más de 20 millones de euros que al llegar el momento “clave, el de la gestión, no hay empresas interesadas y la única que se presenta lo hace fuera de tiempo, pese a haberse ampliado el plazo”, y se anuncia que se le concederá de manera directa, según recoge la Ley de Patrimonio de la Administración pública en su artículo 137.4 .

“Un verdadero fiasco”, ha subrayado Suso Domínguez quien ha avanzado que ZeC volverá a solicitar el cese del director general de Grandes Proyectos, Ruiz de Temiño y el desmantelamiento de esta oficina que “sólo ha traído costes para las arcas municipales y fiascos como estos”.

La Guardia Civil, en el marco de la 'Operación Nebraska', ha detenido a una persona por un supuesto delito de tenencia ilícita de armas prohibidas y fabricación ilegal de munición en la provincia de Zaragoza. La investigación se inició el pasado mes de septiembre de 2025 cuando, a través de cooperación policial internacional, se alertó de que una persona había intentado adquirir un arma corta, a través de una página de compra online de una armería de República Checa, sin llegar a formalizarse debido a la carencia de autorización por parte de las autoridades correspondientes y la licencia de armas necesaria para ello.

Fruto de las informaciones obtenidas se pudo determinar que el sospechoso podría haber adquirido armas denominadas “de alarma o señales”, comúnmente conocidas como armas de fogueo, con la intención de modificarlas para permitir el disparo con munición real, además de no haberlas regularizado en nuestro país declarando su compra e introducción, ni haberlas registrado a su nombre en el Registro Nacional de Armas. Asimismo, se constató la adquisición de diverso material destinado a la fabricación de munición, como rodamientos y proyectiles, o dianas para poder practicar tiro.

Como resultado de las gestiones practicadas, el pasado 14 de abril se llevó a cabo un registro en el domicilio del detenido, en Zaragoza, en el que se intervinieron, entre otros efectos, dos armas modificadas en condiciones de uso con munición real, cartuchos transformados, cartuchos detonadores, dianas de tiro, parches de tiro, rodamientos, proyectiles y fundas de porte de arma. Asimismo, en una de las estancias del domicilio, una zona a modo taller rudimentario donde tenía diversa herramienta que utilizaba para la modificación de las armas.

Por todo ello, se procedió a la detención de este varón, de 61 años de edad y vecino de Zaragoza, como supuesto autor de un delito de tenencia ilícita de armas prohibidas y fabricación ilegal de munición. La Guardia Civil recuerda que la manipulación o transformación de armas de fogueo para su uso como arma de fuego real constituye un delito grave, además de suponer un importante riesgo para la seguridad pública. Asimismo, insiste en la importancia de cumplir con la normativa vigente en materia de armas y colaborar con las autoridades para prevenir su uso ilícito.

El Festival Internacional de Danza Contemporánea Trayectos, regresa a Zaragoza para celebrar su XXIII edición, que se llevará a cabo del 25 al 28 de junio de 2026. Este evento cultural, organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza y la Asociación Cultural Las Voces Humanas, es un referente en la ciudad y a nivel nacional que demuestra, año tras año, su capacidad para transformar los espacios urbanos de la ciudad en escenarios a través de la danza contemporánea, reuniendo a una interesante selección de artistas y compañías locales, nacionales e internacionales.

En esta nueva edición, el festival experimenta un avance cualitativo por la participación de tres Premios Nacionales de Danza, figuras destacadas por su innovador trabajo en el ámbito de la danza contemporánea y su capacidad para emocionar al público con su visión artística única.

Por un lado, Dácil González, galardonada con el Premio Nacional de Danza 2019, es una de las intérpretes más influyentes en el campo de la danza contemporánea española. Además de formar parte de compañías como 10&10, La Piel o Larumbe, también ha participado a nivel internacional en diferentes proyectos coreográficos en Alemania, así como en proyectos cinematográficos, siendo colaboradora asidua de Daniel Abreu. Por otro, Melania Olcina, Premio Nacional de Danza en 2023 en la categoría de interpretación, compartirá en un taller sus conocimientos y su elegancia sobre el escenario.

Finalmente, Janet Novás, una de las artistas más destacadas de la escena contemporánea, ha sido reconocida por su labor artística con el Premio Nacional de Danza 2025 y el Premio Ojo Crítico 2021. Además, su aclamada interpretación como protagonista de la película O Corno le valió el Goya como Actriz Revelación en 2024. Janet estará presente durante el festival interpretando una de sus piezas más icónicas.

La programación completa se desvelará en los próximos meses, siempre bajo la premisa de ir más allá de las representaciones de danza, ofreciendo actividades paralelas y talleres abiertos a la participación del público en esta cita con el arte en movimiento que se extenderá por varios espacios emblemáticos de Zaragoza.

Trayectos forma parte de la Red Acieloabierto, una Red de Festivales de Danza Contemporánea en Espacios No Convencionales que tiene como objetivos ser una fuente de sostenimiento para los festivales de danza contemporánea, servir de plataforma para la construcción de proyectos de colaboración, transmitir información, conocimiento relevante y buenas prácticas entre festivales socios y colaboradores, y contribuir a la prosperidad compartida del tejido de la danza contemporánea en España. Su reconocimiento con el sello EFFE lo ratifica como un evento de referencia en la escena europea.

La consejera de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, ha celebrado que “Trayectos siga demostrando un enorme vigor y que referentes como Dácil González, Melania Olcina y Janet Novás vengan a apoyar a la danza zaragozana. Nos alegra que fuera de la ciudad sean conscientes de la importancia y la confianza que depositamos desde el Ayuntamiento de Zaragoza en respaldar este festival y que se une a la labor municipal de impulso de una programación continuada de eventos, con la presencia en los teatros y escenarios del consistorio, así como la habitual colaboración que mantienen con las iniciativas privadas de la danza”.

A finales de junio, Trayectos seguirá ejerciendo como espacio de visibilidad, impulso y conexión para la danza contemporánea, contribuyendo a mantener vivo un ecosistema creativo diverso, dinámico y en constante transformación.

El grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado una moción defender en el pleno de esta semana unas condiciones “dignas” para los trabajadores de limpieza de edificios, un sector “esencial” que durante la pandemia sostuvo un servicio básico para la ciudadanía.

La iniciativa la ha presentado la portavoz de ZeC, Elena Tomás, junto a representantes de CCOO, UGT y OSTA, y ha subrayado que la responsabilidad política no recae solo en las patronales del sector, sino también en las administraciones que contratan, licitan y supervisan estos servicios.

En este sentido, tanto el Ayuntamiento de Zaragoza como el Gobierno de Aragón “tienen la obligación de garantizar” que la prestación del servicio “no se haga a costa de empeorar las condiciones laborales ni de rebajar los estándares de calidad”, ha instado.

La moción pone el foco en dos cuestiones concretas. Por un lado, reclama instar a las patronales ASPEL y ASOAL a actualizar las condiciones laborales y salariales del sector, después de que los trabajadores lleven negociando desde enero sin avances reales, y sin trasladar a las plantillas la presión por maximizar beneficios empresariales ni utilizar el absentismo como excusa para recortar derechos vinculados a la incapacidad temporal.

Por otro, exige al Gobierno de la ciudad que entregue a los grupos municipales la documentación del primer trimestre de 2026 prevista en el pliego técnico, para poder comprobar si se están cumpliendo los controles de personal, calidad, incidencias, medios materiales e idoneidad del servicio.

Elena Tomás también ha explicado que, además, el último pliego “ha eliminado” mecanismos de control del servicio, ha reducido la capacidad de supervisión pública y ha priorizado criterios de metros cuadrados frente a las necesidades reales de personal. Esta forma de contratar deriva en “sobrecarga” de trabajo, pérdidas de empleos con jornadas completas y deterioro del servicio.

La portavoz municipal de Zec ha considerado “imprescindible” que el Ayuntamiento y el Gobierno autonómico “asuman su parte de responsabilidad” y actúen para proteger a una plantilla “feminizada, precarizada y esencial” para el funcionamiento de los servicios públicos.

El sector emplea a 10.000 trabajadoras

En Zaragoza hay 10.000 trabajadoras del sector de la limpieza que reclaman un convenio digno, ya que sus salarios muchas veces no superan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Los socialistas han anunciado que van a presentar iniciativas para mejorar el convenio y por ende sus condiciones laborales tanto en las Cortes de Aragón como en el Ayuntamiento de Zaragoza. Tras una reunión con las afectadas de las portavoces de las Cortes y del Ayuuntamiento de Zaragoza, Pilar Alegría y Lola Ranera, respectivamente, anunciaron que el PSOE seguirá acompañándoles tanto en la negociación del convenio como solidarizándose en sus movilizaciones para evitar su “invisibilidad” y dignificar su profesión. También los socialistas aragoneses trabajarán en la mediación con las empresas que las contratan.

A las afueras de Tauste, sobre una pequeña elevación del terreno que durante siglos ha dado la bienvenida a viajeros y vecinos, se alza —o más bien resistía— la ermita dedicada a Santa Ana y San José. Durante décadas, marcado por las grietas y después apuntalado y tapiado, este edificio ha sido símbolo de un patrimonio en peligro, pero también del esfuerzo colectivo por evitar su desaparición. Tras décadas de lucha y espera, la ermita volverá a ser visitable en mayo de este año, gracias a una profunda intervención en la que se han respetado tanto su diseño como los materiales originales empleados en su construcción, con el objetivo de devolver una imagen lo más fiel posible a la original. 

Una intervención Patrimonial que no solo garantiza la supervivencia de un edificio, sino la continuidad de las tradiciones asociadas al mismo, como la romería que cada 19 de marzo la vecindad de Tauste hace hasta este paraje, en familia, con amigos y acompañados de promesas y de una receta dulce típica de la villa, el fullatre. 

La ermita se remonta al siglo XV y constituye uno de los edificios más antiguos de la localidad zaragozana, solo superado en antigüedad por las iglesias de Santa María la Mayor y San Antón. Su arquitectura, de estilo gótico popular, presenta una nave rectangular, cubierta de madera y elementos constructivos humildes como mampostería, tapial y ladrillo.

Más allá de su valor arquitectónico, el templo ha estado profundamente ligado a la vida social y económica de Tauste. Durante siglos, los apicultores locales —organizados en la cofradía de Santa Ana— se encargaron de su mantenimiento, en una época en la que la producción de miel y cera tenía gran relevancia en la comarca.

La ermita fue también escenario de tradiciones arraigadas en la localidad, como el 'voto a San José', instaurado en 1599 tras una epidemia, que obligaba a los vecinos a acudir en procesión hasta el templo cada 19 de marzo, una costumbre que aún pervive. Romerías, celebraciones religiosas y elementos simbólicos convirtieron este espacio en un referente cultural y espiritual para generaciones de taustanos.

De centro de vida a edificio en ruina

Sin embargo, el paso del tiempo y la falta de mantenimiento acabaron por deteriorar gravemente el edificio. A lo largo del siglo XX, la ermita fue perdiendo uso y sus bienes artísticos —como retablos y esculturas— fueron trasladados a otros templos para garantizar su conservación.

El estado de la nave ha sido crítico: problemas estructurales, humedades, grietas y deformaciones han llevado a que sus muros tengan que ser apuntalados para evitar el colapso. La degradación ha sido tal que en noviembre de 2021 la ermita fue incluida en la Lista Roja del Patrimonio de Hispania Nostra, un catálogo que recoge monumentos españoles en riesgo de desaparición.

La entrada en esta lista no solo evidenciaba el peligro, sino también la urgencia de actuar. Hispania Nostra subrayó la “importancia histórica y antropológica extraordinaria” y la necesidad de impulsar la rehabilitación de este inmueble para preservar, en cierta manera, una parte importante de la memoria colectiva del municipio.

Salvada por la vecindad

Lejos de resignarse, la comunidad local se ha ido movilizando a lo largo de los últimos años para mantener en pie la ermita: se construyeron paredes de ladrillo provisionales y se apuntaló la estructura para evitar su colapso. Pero no era suficiente. En 2025, el Ayuntamiento de Tauste programó una modificación presupuestaria dotada de 500.000 euros destinada a acometer las obras pertinentes para la consolidación y rehabilitación de la ermita de Santa Ana y San José. 

Un año después “los trabajos se encuentran en fase de finalización”, asegura el alcalde, Miguel Ángel Francés, que espera que en mayo se celebre la inauguración del edificio ya rehabilitado “con una fiesta por todo lo alto”, asegura el primer edil. Así mismo, en 2026, el Ayuntamiento de Tauste ha aprobado una nueva partida de 400.000 euros que se destinarán a “habilitar un paseo que conecte el pueblo con la ermita”, concluye Francés.

¿Por qué ahora? El alcalde de la localidad asegura que es el momento porque “las cuentas municipales están saneadas y hay remanente” suficiente para que el Ayuntamiento se permita afrontar una inversión de estas características. La vecindad está satisfecha y el objetivo común es claro: consolidar la estructura, frenar su deterioro y, a la mayor brevedad posible, devolverle parte de su función como espacio cultural y simbólico.

La inclusión en la Lista Roja, de hecho, funciona como una llamada de atención que facilita la visibilidad de monumentos como esta ermita, datada del siglo XV y profundamente ligada a la historia y tradición de la villa de Tauste. En este proceso la implicación vecinal y el propio Ayuntamiento han sido claves, siguiendo el ejemplo de otros monumentos que han logrado salir de la Lista Roja gracias a la colaboración entre ciudadanía e instituciones.

El yeso aragonés, protagonista de esta restauración

La restauración de la ermita se ha planteado con el objetivo de respetar al máximo los materiales y técnicas originales, tal y como asegura María Aragüés, arquitecta del proyecto. El material principal utilizado para revestir nuevamente las paredes es el yeso tradicional aragonés, elaborado de forma artesanal, ya que es el único compatible con los muros originales, también hechos con yeso. Se ha mantenido el sistema constructivo original del edificio con arcos fajones de ladrillo, sobre los que se apoya una cubierta reconstruida con vigas de madera y teja árabe, apunta Jaime Carbonell, aparejador de la obra y un firme defensor de la recuperación del patrimonio aragonés, implicado personal y profesionalmente en distintas obras de este tipo en la comunidad.

En el suelo de la ermita también se ha recuperado el uso del yeso, aunque apoyado sobre una solera de hormigón de cal transpirable —evitando el cemento por ser perjudicial—. En algunos elementos concretos, como el óculo, se ha introducido alabastro para permitir la entrada de luz.

En cuanto a las zonas intervenidas, la actuación ha sido amplia: desde la cubierta —con la reconstrucción tras su hundimiento, recuperando su estructura tradicional—, hasta la espadaña —recuperando su parte superior para devolverle su aspecto original—. Asimismo, se han consolidado y reconstruido los muros, incluyendo el muro oriental, donde se ha añadido un nuevo arco fajón para dar continuidad al edificio, y se ha repuesto el suelo y enlucido de paredes. En cuanto a las capillas laterales, no se han reconstruido, pero se conservan sus huellas —cimentación y accesos—.

En la parte exterior, se ha recuperado el antiguo porche orientado hacia la localidad de Pradilla. Y se ha intervenido en el entorno, mejorando el espacio y demoliendo construcciones posteriores carentes de valor, como la casa del santero.

En conjunto, la intervención ha cumplido el deseo del pueblo y de los profesionales que la han hecho posible: llevar a cabo una restauración fiel de los elementos originales, con actuaciones puntuales para garantizar la estabilidad y funcionalidad de la ermita, respetando el carácter histórico de este singular y querido edificio de Tauste.

Un futuro por escribir

La ermita de Santa Ana y San José encarna una realidad frecuente en el patrimonio rural español: edificios de enorme valor histórico que, sin uso ni mantenimiento, se enfrentan a la ruina. Pero también representa una oportunidad.

Su historia, ligada a la religiosidad popular, a la economía tradicional y a la identidad de Tauste, sigue viva en la memoria colectiva. Y esa memoria, se ha transformado en acción. Entre muros agrietados y vigas de refuerzo, se abrió paso una nueva etapa en la que la recuperación ya no es solo un deseo, sino un proyecto compartido que, gracias a la suma de todas las fuerzas, se ha hecho realidad. 

El Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado el proyecto para transformar la antigua cárcel de Torrero en un Centro de Convivencia para Mayores, lo que supone el desalojo del centro social okupado (CSO) Kike Mur, que ocupa el edificio desde 2010. Esta decisión ha sido duramente criticada desde Zaragoza en Común (ZeC), al tratarse del último centro social okupado con actividad continuada en la ciudad.

El proyecto, con una inversión de 3,37 millones de euros, plantea una rehabilitación integral del inmueble manteniendo su estructura original, con el objetivo de convertirlo en un equipamiento municipal destinado a personas mayores del barrio. La propuesta incluye salas de convivencia, espacios polivalentes para actividades, aulas formativas, talleres y zonas de encuentro, además de la recuperación del patio central como espacio ajardinado.

El diseño contempla también la creación de una cafetería y comedor, así como despachos administrativos y una sala de actos, todo ello organizado en torno al antiguo patio de la cárcel, que se plantea como eje del nuevo centro. Según el Ayuntamiento, la intervención busca compatibilizar la conservación del edificio histórico con su adaptación a un uso “abierto, accesible y sostenible”.

La alcaldesa, Natalia Chueca, ha defendido que la actuación permitirá “recuperar un edificio ocupado ilegalmente desde hace más de 16 años” y transformarlo en un recurso para los mayores de la zona. El equipo de gobierno sostiene que la aprobación del proyecto básico es un paso necesario para poder iniciar el proceso judicial que permita el desalojo del espacio, una vía ya utilizada en otros inmuebles municipales ocupados.

Desde Zaragoza en Común, el concejal y presidente de la junta de distrito de Torrero, Suso Domínguez, ha cuestionado la operación y ha defendido que el CSO Kike Mur es “un activo en el barrio” que desarrolla actividad cultural, social y comunitaria. En su opinión, el proyecto responde a “una estrategia política que está suponiendo el cierre de espacios autogestionados en la ciudad”.

Domínguez ha asegurado además que el barrio ya cuenta con centros de mayores suficientes y que “no existía demanda vecinal” para ampliar este tipo de equipamientos en el edificio. En ese sentido, ha enmarcado la decisión municipal en una tendencia de “sustitución de espacios de gestión comunitaria” por proyectos institucionales.

Así lo han confirmado desde la Asociacion Vecinal de Venecia-Torrero, consideran que el CSO está “perfectamente integrado” y forma parte del “tejido cultural y asociativo del barrio”. Critican que el Consistorio no se ha puesto en contacto con los vecinos: “No ha pedido opinión sobre el uso que tiene que tener la antigua cárcel. El posicionamiento de la Asociación es en contra del desalojo del CSO Kike Mur”.

Por su parte, el PSOE de Zaragoza ha defendido en anteriores ocasiones una propuesta alternativa para el futuro del inmueble. El concejal Horacio Royo ha planteado su transformación en un Centro de Memoria Democrática, en recuerdo de los presos políticos de la dictadura franquista vinculados a la antigua cárcel de Torrero.

El CSO Kike Mur ocupa el edificio desde 2010, en un espacio que formaba parte del antiguo complejo penitenciario de Torrero, construido en 1928 y cerrado como prisión en 2001. Desde entonces, el inmueble ha tenido distintos proyectos de transformación, mientras el edificio principal ha permanecido en uso como centro social autogestionado.

La Policía Nacional detuvo este 23 de abril a un hombre como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa y malos tratos en el ámbito familiar. Los hechos tuvieron lugar sobre las 19:00 horas, en la calle Concepción Arenal, donde se produjo una agresión con arma blanca.

La víctima, un hombre, fue trasladada con urgencia al Hospital Universitario Miguel Servet con pronóstico reservado. Los agentes procedieron a la detención de un hombre, pareja de la víctima, como presunto responsable de un delito de homicidio en grado de tentativa y malos tratos en el ámbito familiar.

La investigación está siendo llevada a cabo por el Grupo de Homicidios.

La Policía ha intensificado en la mañana de este miércoles la búsqueda de Pablo Cebolla, de 20 años de edad, que fue visto por última vez en la madrugada del pasado 13 de febrero al ser captado por unas cámaras en la orilla del Ebro, en la capital aragonesa, a la altura del Club Náutico.

Aprovechando el descenso del caudal del Ebro se ha intensificado el dispositivo de búsqueda, al que se han incorporado varios agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO), que trabajan con lancha y buzos desplazados desde Guadalajara, según han informado desde la Jefatura Superior de Policía en Aragón.

Asimismo, participan en el operativo Guías Caninos de la Policía Nacional procedentes de Madrid, especializados en la localización de restos humanos. Continúan el resto de efectivos que ya venían realizando esas funciones y Bomberos de Zaragoza.

El retraso en la apertura del Parque de Atracciones de Zaragoza supondría un “incumplimiento muy grave” en las condiciones establecidas en el pliego del Ayuntamiento de Zaragoza con la empresa gestora. Sin embargo, debido a un error en la redacción, el documento no especifica el tiempo exacto de demora al haber dejado el plazo máximo como “más de XX meses”.

La garatía con la que cuenta el Ayuntamiento, en caso de incumplimientos de los pliegos, es de 600.000 euros, un 4% de los 15 millones de euros requeridos como inversión inicial mínima. Según las condiciones del contrato, dicha garantía debe ser incautada por la administración en la mayoría de los supuestos de extinción de la concesión por incumplimiento del contratista. Sin embargo, al no existir una cifra concreta de meses, el Consistorio se queda sin base técnica para ejecutar estas sanciones.

El error se localiza dentro de la Cláusula 25 dedicada al Régimen de Penalidades. Según el texto oficial, las infracciones categorizadas como muy graves conllevan multas que oscilan entre los 7.001 y los 20.000 euros, además de ser una causa directa para la extinción de la concesión. Los mismos pliegos recogen una serie de causas por las que se extinguiría el contrato con la empresa. La octava es la “comisión de cualquiera de los incumplimientos calificados como muy graves”, como sería el retraso en la apertura. Sin embargo, al no estar establecido el número de meses de dicho retraso, esta causa pierde efectividad, ya que el Ayuntamiento no podrá utilizarlo como causa de extinción.

Estos pliegos fueron calificados por el consejero de Presidencia, Ángel Lorén, como “demasiado exigentes”. Explicó que el documento planteaba la renovación de un parque envejecido, la ampliación de su superficie e incluía nuevas atracciones, un parque acuático, espacios inmersivos y un área destinada a eventos. Además, el Plan Económico-Financiero sobre la modernización del parque, que sirvió de base para fijar los mínimos de la licitación, solo es accesible para los licitadores “previa solicitud de acceso al expediente” ante la Oficina de Gestión del Espacio Público.

La alcaldesa de Zaragoza recordó hace unas semanas que, si no se llega a un acuerdo, la nueva concesionaria depositó un aval de 600.000 euros —el más alto exigido hasta ahora por el Ayuntamiento— como garantía de que cumplirá con las condiciones del contrato. Sin embargo, al no estar establecido en los pliegos el número de meses que se retrasase la apertura, esto no sería un motivo para recuperar dicho aval.

La nueva concesión está formada por dos partes: Moncayo Leisure —la empresa adjudicataria, formada en un 80% por la firma argentina Fénix Entertainment— y por Parque de Atracciones de Zaragoza, de la familia Morte y actual gestora , que mantiene un 20%. Aunque existía un acuerdo inicial, la situación económica ha deteriorado la relación entre ambas, dificultando el relevo. Debido a la falta de entendimiento entre las empresas, el Ayuntamiento ratificó el 1 de abril la continuidad del anterior concesionario para intentar evitar la interrupción del servicio. Por el momento, el recinto está abriendo de forma limitada para las comuniones y eventos ya agendados. La adjudicación del nuevo parque de atracciones de Zaragoza salió adelante con una única oferta, sin mejoras sobre los mínimos exigidos y con una valoración técnica de apenas 36,5 puntos sobre 65.

Críticas políticas

Elena Tomás, de Zaragoza en Común, ha puesto el foco en la falta de plazo definido en las claúsulas de incumplimientos de los pliegos del proyecto: “El PP no sabe licitar ni leer sus propios borradores”. No es la primera vez que la edil de ZeC manifiesta sus críticas a la gestión de esta licitación. Ha considerado que los problemas en torno al Parque de Atracciones de Zaragoza son “un claro ejemplo de la pésima gestión del Gobierno de Chueca, con unos pliegos mal realizados, un control deficiente de la concesión y un equipo de gobierno más preocupado por los grandes titulares que por hacer las cosas bien”.

El concejal socialista Horacio Royo ha calificado de “fracaso estrepitoso” la gestión del Gobierno de Natalia Chueca respecto al Parque de Atracciones, asegurando que el proyecto “ya está muerto” y que la alcaldesa se ha convertido en su “enterradora”. Royo critica que, tras realizar una modificación del PGOU y redactar unos pliegos que resultaron ser “humo”, el recinto permanezca cerrado por primera vez en 50 años, dejando a “81 trabajadores con un ERE”. Según el edil, el Ayuntamiento ha evitado obligar a la concesionaria a recepcionar las instalaciones en las fechas previstas, justificando prórrogas sin “base técnica ni jurídica” y perdiendo el cobro del canon y las inversiones prometidas.

La oposición denuncia que el consistorio se ha posicionado a favor de los intereses de una de las empresas en conflicto en lugar de exigir la apertura y la “obligación de subrogar” a la plantilla marcada por ley. Royo sostiene que la Dirección General de Proyectos Estratégicos negoció la entrada de un inversor “sin capacidad económica ni técnica”, lo que ha derivado en un “castillo de naipes” que compromete empleos directos e indirectos. Ante lo que considera una “pésima gestión” basada en una visión irreal de la ciudad, el PSOE ha instado a la asunción de responsabilidades políticas, advirtiendo que, de no haber ceses inmediatos, el consejero Ángel Lorén “tendrá que dimitir”.

Protesta por la situación del Parque

Este domingo, los vecinos del barrio zaragozano de Torrero se han en la plaza de Las Canteras para exigir la dimisión de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; del consejero de Presidencia, Ángel Loren; y del director general de Proyectos Estratégicos, José María Ruiz de Temiño. En el comunicado denunciaron “la mala gestión del parque de atracciones que ha llevado a que en la actualidad este cerrado, peligra el puesto de los trabajadores y sigue sin existir un Plan de Gestión y Revitalización para los Pinares que este año cumple el centenario de su plantación”.

El colectivo vecinal critica la “opacidad del proyecto”: “El equipo de Gobierno rechazó todas las alegaciones presentadas por los colectivos vecinales y ecologistas y se aprobó con los votos de PP VOX la modificación del Plan General por lo que según indican no quedó otra alternativa que ir a los tribunales”.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha presentado esta mañana un escrito ante la Justicia de Aragón para exigir una actuación urgente por la vulneración de derechos que están sufriendo las personas inmersas en el proceso de regularización por la actitud de la alcaldesa, Natalia Chueca. “Una situación extraordinaria exigía medidas extraordinarias”, ha valorado Ranera, para quien la alcaldesa está actuando “bajo la deriva del PP y de Vox, que nos están llevando al odio, el racismo y la xenofobia”.

En la queja, el PSOE solicita a la Justicia de Aragón que intervenga para que Chueca “restablezca la atención descentralizada, refuerce los medios personales, garantice la información adecuada y evite situaciones indignas como las que se están viviendo en la vía pública”. Ranera pide que se garanticen los derechos de estas personas después de que, el pasado viernes, el Gobierno de Chueca enviara una instrucción interna dirigida al personal municipal de las Juntas de Distrito y otros servicios, en la que, expresamente, “se ordenó derivar a la plaza del Pilar todo lo relacionado con instancias, peticiones o documentación vinculada a la regularización de inmigrantes”. El PSOE denuncia que la restricción del trabajo de las Juntas de Distrito no responde a ninguna lógica administrativa, sino a un criterio discriminatorio.

Ranera ha agradecido la labor de los trabajadores municipales que, en algunos casos, se han declarado insumisos a esta orden y están atendiendo a estas personas para garantizar la prestación del servicio público. “Trabajadores municipales que creen en el servicio público y decidieron desoír esa orden porque sabían que se estaba generando un proceso discriminatorio. Los derechos de los ciudadanos son iguales para todos”, ha subrayado.

De hecho, los funcionarios recuerdan que el servicio solicitado por estas personas puede prestarse en el Registro del edificio del Seminario y en las Juntas de Distrito, sin que tenga sentido centralizarlo únicamente en la Plaza del Pilar.

Asimismo, destacan que en todos los procesos de regularización se han producido incrementos de trabajo e incluso colapsos en algunos servicios municipales. “La diferencia es que los distintos consistorios, de todo signo político, adoptaron medidas para agilizar los procesos”, ha señalado.

“La Justicia de Aragón tiene que poner fin a esta situación discriminatoria, porque estas personas tienen derechos, tienen dignidad y llevan tiempo viviendo en nuestra ciudad. No podemos dejarnos arrastrar por la deriva de la ultraderecha en este Ayuntamiento”, ha añadido Ranera.

El Tribunal Supremo ha ratificado el derecho de los trabajadores a disfrutar de cinco días completos de permiso retribuido por cuidado de familiares, dando la razón a Comisiones Obreras frente al criterio aplicado por la empresa Avanza Zaragoza.

La sentencia, dictada el pasado 12 de marzo por la Sala de lo Social, confirma el fallo previo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y fija doctrina al respecto. El alto tribunal establece que los trabajadores tienen derecho a “cinco días de permiso retribuido íntegros en casos de accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad, incluido el familiar consanguíneo de la pareja de hecho, así como de cualquier otra persona distinta de las anteriores, que conviva con la persona trabajadora en el mismo domicilio y que requiera el cuidado efectivo de ella”.

El conflicto surgió a raíz de la interpretación restrictiva de la dirección de Avanza Zaragoza, que defendía que el permiso era de “hasta cinco días”, supeditando su duración al tiempo de hospitalización o a los días de reposo prescritos por un facultativo.

Aunque el TSJA ya había respaldado la postura sindical, la empresa presentó un recurso de casación ante el Supremo. Durante este proceso, según CCOO, se mantuvo la negativa a reconocer el permiso en esos términos, lo que derivó en la deducción en nómina de jornadas que la compañía consideraba no justificadas.

Con esta resolución, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo no solo confirma la sentencia anterior, sino que unifica doctrina en la interpretación del artículo 37.3.b) del Estatuto de los Trabajadores, dejando claro que la concesión de los cinco días no depende de la duración de la hospitalización ni de la determinación médica del reposo.

Desde CCOO valoran que “esta resolución es fruto del compromiso y el trabajo constante de la sección sindical de CCOO en Avanza Zaragoza, reparando una injusticia cometida contra la plantilla”.

“Os damos la bienvenida a nuestro parque, aunque nos lo quieran quitar”. Decenas de vecinos del entorno de Madalena-Tenerías han acudido este domingo al vermú reivindicativo convocado en la zona para denunciar la situación que se vive desde hace meses en el barrio, especialmente en el entorno del Parque Bruil y del albergue municipal, donde se concentra un número creciente de personas sin hogar.

La convocatoria, con un importante carácter festivo, retoma las quejas ya expresadas por el tejido vecinal, que advierte de que el cierre y las actuaciones puntuales en el parque no han resuelto el problema, sino que han provocado desplazamientos a otros puntos del entorno. En su posicionamiento, sostienen que “esconder un problema no es solucionarlo” y que la situación responde a una cuestión estructural vinculada al acceso a la vivienda. Entre los convocantes han estado las asociaciones de vecinos Parque Bruil San Agustín y Madalena Calle y Libertad, las AMPA del CEIP Tenerías, del IES Pedro de Luna o de la escuela infantil municipal Parque Bruil, el Espacio Colectivo Vía Láctea o la Asociación Socioeducativa Gusantina.

Esta reivindicación se da en la semana en la que el Gobierno del PP en Zaragoza ha decretado el cierre nocturno del parque. Esta limitación, que será “virtual” ya que en un principio no habrá cierre físico, sí permitirá llevar a cabo actividades como pasear al perro o transitar. La decisión ha provocado sin embargo indignación entre los colectivos vecinales, que han querido hacer patente su “malestar” con el Ayuntamiento por la falta de diálogo, por “criminalizar” a los inmigrantes y por vulnerar “los derechos de libre acceso”.

En este sentido, el colectivo insiste en que “el auténtico problema son las dificultades que un sector cada vez más amplio de la población tiene para acceder a una vivienda en condiciones dignas” y reclama medidas coordinadas de todas las administraciones. Entre ellas, citan la creación de un parque de vivienda pública, la rehabilitación de vivienda precaria o la limitación de precios del alquiler.

También plantean un paquete de soluciones sociales y de emergencia, como la implementación de modelos de atención tipo first housing, la ampliación de recursos para evitar que nadie tenga que dormir en la calle, la descentralización de los servicios del albergue y la puesta en marcha de un servicio de mediación para reducir conflictos vecinales.

“Nadie puede pensar que dormir en la calle resulte placentero”, subrayan, defendiendo que ni parques, ni portales ni estaciones deben funcionar como espacios de pernocta. Al mismo tiempo, remarcan que su reivindicación no es contra las personas sin hogar, sino a favor de una respuesta habitacional digna: “Pedimos que el Ayuntamiento haga su trabajo y promueva soluciones habitacionales para que todas las personas que ahora mismo pernoctan y viven en la calle tengan alguna opción de futuro”.

El manifiesto también incluye demandas urbanas para el entorno del barrio, con la petición de un “Parque Bruil vivo, abierto, verde y limpio”, la renovación de las zonas infantiles inclusivas y la reapertura del kiosco con precios asequibles. Además, reclaman la conservación del arbolado histórico y la ejecución de las obras de la escuela infantil La Piraña, para evitar desplazamientos a otros barrios y garantizar el servicio en la zona.

El equipo de Gobierno de Natalia Chueca ha restringido todo lo relacionado con las instancias y peticiones dentro del proceso de regularización de inmigrantes, que acaba de ponerse en marcha, a un único espacio, las oficinas centrales de la plaza del Pilar, donde se ubica la casa consistorial. Una instrucción dirigida a las juntas de distrito indica que se derive a todas las personas que acudan con la finalidad de obtener el certificado histórico y demás documentación a la fila única del Ayuntamiento, obligando a miles de personas a soportar largas colas desde las 5 de la mañana. Sin embargo, el interior de las oficinas centrales aparece completamente despejado, ya que solo pueden acceder a goteo mientras en el exterior esperan horas de pie.

Susana y José Ángel, ambos nicaragüenses, aseguran en la fila —a la que se sumaron a las 8 de la mañana— que vienen aquí “porque no nos atienden en los teléfonos y nos emplazan a la próxima semana para ser atendidos”. Igualmente, los funcionarios les dicen que no han recibido formación, como tampoco organizaciones como Cáritas. Además, lamentan que, pese a esperar la cola, puede que finalmente no puedan acceder tras haber perdido una jornada laboral. Susana llegó a Zaragoza hace dos años, primero con un trabajo dedicado a los cuidados. Tras perder ese empleo, se dedica a trabajos de limpieza por horas y sin contrato laboral. “Sin documentación no podemos trabajar legalmente y eso es lo que queremos. Ninguno recibimos ayuda y estamos perdiendo dinero al tener que venir a estas colas”.

Ana y Silvio, también nicaragüenses, explican que ya cuentan con todos los trámites porque se pusieron a solicitarlos en cuanto oyeron que se iba a poner en marcha el proceso de regularización, de modo que agilizaron todo aquello que les permite probar que residen aquí desde que aterrizaron en Barajas hace un año. Guardan los “boletos” del avión, el pasaporte sellado, el carné de la biblioteca, las cantidades de dinero enviadas a sus familiares, el historial médico del Salud y, además, solicitaron todos los datos necesarios a su país. Aunque residen en la casa de la madre de Silvio, que tiene nacionalidad española desde hace 20 años, en la cola presentan el certificado de vulnerabilidad, indispensable para obtener papeles y, como la mayoría, enfocado al empleo. De cómo seguir el procedimiento se informan a través de tik tok.

Un grupo de venezolanos también hacía otra cola para el padrón, mucho más corta que la del informe de vulnerabilidad. En su caso, tienen que actualizar la tarjeta roja, una autorización de residencia por razones humanitarias.

Críticas políticas

Desde el Grupo Municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza se han mostrado “preocupados” por la “falta de planificación y previsión ante un proceso que todo mundo sabía que iba a producirse” y que está generando “largas finlas” a las puertas del Consistorio. También destacan el “papel que van a jugar en el mismo los servicios sociales municipales en la emisión de los certificados de vulnerabilidad”. El concejal Suso Domínguez ha explicado que “la larga fila en el Ayuntamiento de esta mañana es, sobre todo, para la solicitud de este informe, no para la solicitud del padrón, y además el Gobierno está permitiendo la entrada al hall del Ayuntamiento, que está más vacío que cualquier día, con sillas vacías, y tiene a los vecinos haciendo colas en la calle para escenificar este supuesto caos”.

Estos certificados son necesarios en el proceso de regularización extraordinaria en aquellas situaciones en las que no se puede acreditar ninguna de las otras vías principales de acceso. En concreto, deben presentarse si no se puede demostrar haber trabajado en España, si no se convive en una unidad familiar con hijos menores a cargo o cuando la persona se encuentra en riesgo de exclusión social o pobreza.

El edil de ZeC ha denunciado que, a fecha de hoy, no se permite a los trabajadores de los Centros Municipales de Servicios Sociales (CMSS) la emisión de estos certificados y que únicamente se vayan a emitir desde la Casa de las Culturas, donde ayer se atendieron a 400 personas. “Esto va a suponer una fuerte sobrecarga a este recurso y, en la práctica, que miles de personas vean dificultado, si no impedido, su proceso de regularización”, ha manifestado.

Para Suso Domínguez no tiene “ninguna lógica” que los profesionales de los centros municipales de servicios sociales (CMSS) no puedan emitir estos certificados de vulnerabilidad. “Estamos hablando de una red de 15 centros, con casi 100 trabajadores sociales que llevan mucho tiempo trabajando con estas personas, que están habilitados legalmente para poder emitir estos certificados de vulnerabilidad y a los que se les está impidiendo hacer su trabajo”, ha manifestado el concejal, quien ha añadido que esto “solo es entendible si existe una voluntad por parte del Gobierno de Natalia Chueca de dificultar el acceso a la regularización”.

“Si existe un problema de coordinación y competencias, como tantas veces ha expuesto la consejera de Políticas Sociales, Marian Orós, es el momento de dejar de reprochar al otro y sentarse a trabajar de manera seria y responsable”, ha manifestado Suso Domínguez. “La única manera de afrontar esta situación es desde la colaboración, olvidando la política de corto plazo y de titulares”, ha recalcado.

Del mismo modo, ha expuesto que el actual proceso de regularización “es algo de lo que todos deberíamos alegrarnos, ya que va a permitir a miles de vecinos y vecinas, que llevan años viviendo y trabajando con nosotros, disfrutar de los mismos derechos y obligaciones”. A su juicio, utilizar este procedimiento para hablar de “caos migratorio” o “efecto llamada puede quedar muy bien en un titular, pero no es cierto”: “Es necesario que, de una vez por todas, la Señora Orós abandone su deriva xenófoba y deje de utilizar la situación de las personas sin hogar y de las personas migrantes para confrontar con el Gobierno central”, ha concluido.

El concejal socialista Paco Galán también ha criticado la decisión del PP: “Chueca como alumna aventajada de la ultraderecha está boicoteando los derechos de las personas más vulnerables de esta ciudad e impide a los funcionarios municipales cumplir con su obligación de responder a las necesidades de unos ciudadanos, que conviven en el día a día con nosotros, y que hasta ahora eran de segunda”, ha señalado.

El edil socialista ha lamentado que “Chueca haya dado orden de que todas las peticiones tienen que realizarse en la Plaza del Pilar, incumpliendo el principio de cercanía y de barrio de las Juntas de Distrito. Lo que está colapsada es la capacidad de pensar en cómo resolver sus problemas de gestión”. “Dignificar a personas que viven con nosotros debería ser el reto y no vivirlo como un impedimento”, ha concluido.

“Falta de planificación”

También desde CCOO se subraya que el colapso “no responde a un hecho puntual ni imprevisible, sino a una situación que podía haberse evitado con una planificación adecuada”: “No se trata de un fallo aislado, sino de un patrón de gestión que se repite en el tiempo porque también en anteriores ocasiones, las juntas municipales y la Casa Consistorial ya han sufrido colapsos ante picos de demanda, como en campañas derivadas de notificaciones masivas por renovación padronal”, ha asegurado Juan Tamarit, secretario general de la Sección Sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Zaragoza. Además, durante este mandato algunas juntas han llegado incluso a cerrar por falta de personal.

A juicio del sindicato, el proceso era conocido con más de tres meses de antelación, “un plazo suficiente para haber previsto refuerzos mediante acúmulos de tareas, reorganización de recursos o la adopción de medidas extraordinarias”, por lo que insisten en que esta situación era “evitable” y responde a una “falta de previsión que no puede justificarse”. Por ello, CCOO ha exigido al Gobierno municipal que “asuma su responsabilidad, evite trasladar la presión a la plantilla y adopte medidas inmediatas y estructurales. Es imprescindible reforzar los servicios con personal suficiente y planificar con rigor situaciones que son perfectamente previsibles”.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Aragón ha explicado que el proceso de regularización acaba de comenzar y que ya se ha habilitado toda la información en la web del Ministerio, incluyendo un simulador orientativo. Ha destacado que el sistema permite hacer trámites online sin cita previa, con apoyo de representantes si es necesario, y también de forma presencial en oficinas de Correos y Seguridad Social con personal especializado.

Ha reconocido que es normal que surjan dudas en esta fase inicial y que haya un aumento de consultas, pero considera que la situación en el Ayuntamiento de Zaragoza “tiene más que ver con un marco ideológico que con un marco real. En otro tipo de procesos extraordinarios se han formado colas en las administraciones y nunca se les ha dado el tratamiento que se le está dando en este momento al Ayuntamiento de Zaragoza”.

Beltrán ha asegurado que el Ayuntamiento ya conocía con antelación el proceso y el posible aumento de solicitudes, por lo que ha rechazado que haya habido sorpresa. También ha negado estar obligado a dar ciertos datos solicitados por el consistorio y ha criticado que se pidan recursos económicos fuera de los canales adecuados. “No olvidemos que la gente que está yendo al Ayuntamiento son ciudadanos de Zaragoza que tienen todo el derecho del mundo a acudir a su Ayuntamiento a solicitar información o a solicitar que le hagan un documento”, ha defendido.

Por último, ha pedido paciencia durante los primeros días, confía en que la situación se estabilice con la actuación de las entidades colaboradoras y ha recalcado que no todos los trámites dependen del Ayuntamiento, ya que existen múltiples vías para acreditar la situación de los solicitantes.

La alcaldesa: “El Gobierno no está haciendo bien su trabajo”

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha echado balones fuera y ha asegurado que “lo que está haciendo el Gobierno es una transferencia encubierta de competencias y de labores a los ayuntamientos sin que venga acompañado ni de información, porque no hemos recibido ninguna información previa para ver cómo se podía gestionar ni que se podía necesitar de las entidades locales, como tampoco hemos recibido recursos económicos. Nos vimos desbordados de cientos y cientos de personas, inmigrantes ilegales que venían a buscar papeles y un certificado de vulnerabilidad que recoge ese decreto que desde el Ayuntamiento desconocemos cómo podemos aplicar y no hemos recibido ninguna notificación por parte del Gobierno de España”.

Para la alcaldesa, “estamos viendo que sean ellos —las personas vulnerables— los paganos de esta mala gestión y un efecto llamada que es difícil de atender con los servicios públicos que tenemos. El Gobierno de España no está haciendo bien su trabajo, nos ha demostrado que no escapa de gestionar, ya colapsó los trenes de alta velocidad, hemos tenido un apagón y ahora vemos como colapsa otras administraciones y los servicios sociales”.

A su juicio, esta regulación “no atiende a una necesidad” laboral o de la sociedad española, “no nace de la voluntad popular ni salió aprobada en el Congreso de los Diputados, nace de la necesidad política de Pedro Sánchez de ocultar los casos de corrupción y de mantenerse en el gobierno”. Chueca ha comparado la regulación realizada por el gobierno de Aznar, vinculada al empleo, “mientras que Pedro Sánchez está haciendo regularización de inmigración vinculada única y exclusivamente a la vulnerabilidad y a sus necesidades políticas, en contra del Consejo de Estado, de la Unión Europea y del Congreso de los diputados. Estamos completamente desbordados, sin saber cómo actuar, no se nos ha dado información para poder entender y conocer los criterios para esos informes de vulnerabilidad que nos están solicitando desde ayer”.

Asegura que desde la Delegación de Gobierno no han contactado con el Ayuntamiento de Zaragoza, a pesar de que la consejera de Servicios Sociales envió una carta pidiendo información. “Las últimas palabras del delegado es que no necesitábamos información porque no íbamos a gestionar nada, y la realidad es que donde tenemos las filas de cientos y cientos de personas es en los ayuntamientos, que nos diga el Gobierno de Pedro Sánchez qué necesita de los ayuntamientos y que deje de jugar con las personas. Esta regulación a granel que está haciendo no está pensada a dignificar la vida de las personas, está hecha para tapar sus casos de corrupción y en contra de todos los órganos que han podido opinar, generando molestias, unas expectativas y un efecto llamada para que todas estas personas ilegales de Europa vengan a España a colapsar los ayuntamientos y los servicios sociales de nuestro país, que nos digan cómo quieren gestionarlo”.

Según fuentes municipales, el Registro Municipal recibió este pasado jueves 654 solicitudes relacionadas con certificados de empadronamiento y solicitudes de informes de vulnerabilidad vinculados al proceso de regularización de personas inmigrantes, mientras que el 010 recibió más de 300 llamadas por este motivo.

Daniel e Imad son los dos integrantes de 'Los 6 de Zaragoza' que continúan en prisión. Imad, que padece una enfermedad psiquiátrica, logró el tercer grado en diciembre de 2025 y Daniel cumple su condena en una cárcel de Alicante. Desde la plataforma denuncian que no entienden por qué el indulto se concedió solo a dos de los condenados, ya que los cuatro jóvenes fueron acusados por los mismos hechos. Coincidiendo con la semana en la que se cumplen dos años de su ingreso en prisión, han convocado una protesta este sábado 18 de abril: una cadena humana frente a la Audiencia Provincial, seguida de una concentración en la plaza del Portillo.

Javitxu Aijón, uno de los que fue indultado, ha criticado que la situación “no está resuelta” ya que dos de sus compañeros continúan encarcelados. “Adrián y yo estuvimos un año y medio encerrados por unas detenciones injustas y aleatorias, no entendemos por qué a los otros dos jóvenes no se les ha liberado”. Considera que el objetivo del gobierno de coalición con sus indultos “era acallar la oleada de protestas y presión social” pero que “no se ha hecho justicia”: “A pesar del indulto, se mantiene la astronómica pena económica, de 200.000 euros, una medida que condena doblemente a la clase trabajadora y a su entorno”. 

Aijón considera que en este caso está en juego “el derecho a manifestarse contra la extrema derecha”. “Manifestarse ante estas violencias no puede ser un delito”, defiende, y añade que “no es un hecho aislado, sino fruto de un entramado pensado para el disciplinamiento de las clases sociales”.

En la misma línea, el portavoz de la plataforma, Pablo Rochela, critica la sentencia inicial y sostiene que “han querido condenar la protesta”. “Buscan que tengamos miedo a la hora de organizarnos. Manifestarse es un derecho que ha ganado la clase trabajadora y es nuestra responsabilidad conservarlo”, afirma. Según indica, la condena por la que dos personas continúan en prisión “no se basa en ninguna prueba”. La plataforma ha hecho un llamamiento a la movilización este sábado a las 12:00, con una cadena humana frente a la Audiencia Provincial y una concentración posterior en la plaza del Portillo. Con estas acciones, reclaman la libertad de 'Los 6 de Zaragoza', la derogación de la Ley Mordaza y una reforma “no punitiva” del Código Penal.

Sobre la situación de los dos jóvenes que permanecen en prisión, explican que Imad ha mejorado tras la concesión del tercer grado, aunque “no está recuperado, es un tratamiento largo”. En el caso de Daniel, que continúa en segundo grado en una cárcel de Alicante, aseguran que “está sufriendo”.

También señalan que en los últimos meses no ha habido contactos con grupos políticos. “Por nuestra parte siempre hemos estado abiertos a conversar con cualquier grupo que quiera apoyarlo, también con el Gobierno de coalición, que es quien tiene capacidad de conceder el indulto”, indican.

El caso se remonta al 17 de enero de 2019, cuando unos 200 manifestantes antifascistas se concentraron en las inmediaciones del Auditorio de Zaragoza para protestar contra un mitin de Vox. La protesta terminó con cargas policiales y la detención de seis personas, acusadas de desórdenes públicos, atentado a la autoridad y lesiones. Tras un largo proceso judicial, el Tribunal Supremo redujo la condena a cuatro años y nueve meses para cada uno de los cuatro adultos.

Desde 2021, la plataforma ha solicitado reiteradamente el indulto y ha movilizado recursos para afrontar las multas mediante campañas de recaudación colectiva. Advierten que seguirán presionando hasta que todos los jóvenes obtengan justicia completa y “se deroguen las leyes que facilitan este tipo de represión política”.

Hay carreras que no se miden en kilómetros, sino en el impacto que dejan. El próximo 2 de mayo, el atleta zaragozano César Gimeno se enfrentará a uno de los mayores desafíos de su trayectoria: correr durante 24 horas seguidas en el Parque Grande José Antonio Labordeta. Aunque el objetivo deportivo es alcanzar las 100 millas, la meta es mejorar la vida de los niños con cáncer.

Cada paso estará vinculado a la humanización de la nueva UCI pediátrica del Hospital Infantil de Zaragoza, un espacio que aspira a cambiar no solo la atención médica, sino la experiencia emocional de quienes pasan por él. Detrás de este proyecto está también el impulso de Aspanoa, que el año pasado atendió a más de 200 menores con cáncer en Aragón y a sus familias, además de financiar proyectos de investigación.

Según explica Juan Pablo García, jefe de la UCI pediátrica, el proyecto ya ha dejado atrás la fase de demolición y ha entrado en la construcción. “Si todo va según lo previsto, a final de verano o principio de otoño podremos estar allí”, señala.

Sin embargo, el cambio no será solo estructural, sino también humano. “Cuando hablamos de humanizar una UCI pediátrica, hablamos de que los niños puedan estar acompañados por sus padres en condiciones de intimidad”, explica.

En la unidad actual, sin boxes individuales, hay momentos en los que las familias deben salir, incluso en situaciones críticas: “no es agradable que unos padres estén viendo lo que sucede con otros pacientes”.

 “Se trata de que el niño esté en un entorno lo más parecido posible a una habitación normal o incluso a su casa”, resume, además de añadir que uno de los cambios más significativos será la incorporación de luz natural para evitar que “los niños se desorienten y sepan si es de día o de noche”.

La nueva ubicación, en cambio, contará con grandes ventanales. Un detalle que, aunque pueda parecer menor, marca una diferencia crucial en estancias largas. “Hay un sufrimiento añadido cuando sabes que el niño necesita estar en la UCI, pero está en un entorno que no es el adecuado”, reconoce.

A su vez, el propio García subraya que la unidad actual funciona en un espacio provisional desde hace cuatro años, lo que limita aspectos básicos como disponer de un entorno adecuado para comunicar determinadas noticias a las familias.

Parte del equipamiento de esta nueva unidad será posible gracias a la labor de Aspanoa, que destinará la recaudación del reto solidario a la compra de sistemas de monitorización de última generación. Estos dispositivos permitirán controlar las constantes vitales sin necesidad de cables.

“Van a poder levantarse, moverse dentro del box o estar en brazos de sus padres con más comodidad”, explica García, quien añade que “eso mejora su bienestar, pero también su recuperación”.

Al mismo tiempo, afirma que “la movilización precoz ayuda a que los niños se recuperen mejor y vuelvan antes a su vida normal” e insiste en que estos avances no solo son técnicos, sino también clave en el proceso de recuperación.

Correr para acompañar

Detrás de esta iniciativa está la historia personal de César Gimeno. A sus 48 años, acumula decenas de maratones y pruebas de ultrafondo, pero este reto es diferente.

En su caso, tal y como recuerda, descubrió el 'running' cuando dejó de jugar al fútbol a los 35 años. “Vi un cartel de la maratón de Zaragoza en 2014 y me dio por apuntarme. Fue mi primera carrera y me la preparé en seis meses. Me encantó y vi que había encontrado lo mío”, subraya.

Su progresión fue meteórica: “Pronto me di cuenta de que los maratones se me quedaban cortos y en 2016 hice mi primera carrera de 50 kilómetros, que gané”. Fue ese mismo año cuando participó en su primer Campeonato de España de 100 kilómetros, celebrado en Santander, donde logró un quinto puesto dentro su categoría de edad. En 2019, con 40 años, lo ganó. 

Ahora lleva ya 135 maratones a sus espaldas y ha participado en varios campeonatos nacionales e internacionales. De hecho, ha corrido en 30 pruebas de ultrafondo, entre las que destacan 9 de 24 horas. Acumula dos victorias en maratones en su categoría de edad, así como en otras pruebas de 6, 12 y 24 horas.

“Lo más duro no es la carrera, son los meses de preparación, tanto física como mental”, comparte, aunque esta vez es “diferente” porque “no es competir, sino correr para ayudar”.

Gimeno, bibliotecario en Rosales de Canal y muy vinculado al trabajo con niños, reconoce que la causa le toca de cerca: “Mi padre tuvo cáncer y llevo años colaborando. Al final, quieres aportar lo que puedes”.

La idea de correr 100 millas en Zaragoza surgió durante sus sesiones de entrenamiento. A pesar de que Aragón cuenta con atletas destacados en pruebas de ultrafondo, como el propio César, nunca se ha registrado una marca oficial de 24 horas realizada en territorio aragonés bajo las condiciones exigidas para su homologación.

Hasta ahora, los mejores registros de deportistas aragoneses se han logrado en competiciones celebradas fuera de la Comunidad y, en la mayoría de los casos, en pista de atletismo. Por ello, el reto de César no solo supone un desafío deportivo y solidario, sino también la oportunidad de establecer la primera referencia histórica de una prueba de 24 horas en Aragón realizada al aire libre y sobre asfalto.

Durante el tiempo del reto, cualquier persona podrá sumarse a correr con él mediante un dorsal solidario. No se trata de seguir su ritmo, sino de acompañar porque, tal y como apunta, “es un día para disfrutar, para que la gente participe y colabore con esta causa que apuesta por la humanización”.

“Puedes elegir la hora que quieras y acompañarme, cada uno a su ritmo”, explica, destacando el carácter abierto del evento.

Pero no todo queda aquí, ya que aquellas personas que no quieran correr, patinar caminar, también podrán ayudar con la adquisición de un dorsal 0. Y, más allá de esta aportación económica, desde Aspanoa y el propio corredor animan a todo el mundo a acercarse al parque este día para llenarlo de propósitos, impulso y solidaridad.

De hecho, el evento no solo busca recaudar fondos, sino también generar conciencia porque detrás de cada ingreso hospitalario hay una familia entera atravesando la enfermedad.

“Me gustaría que quedara la idea de que, haciendo este tipo de cosas, hacemos un mundo un poquito mejor”, reflexiona Gimeno, quien inda que “correr 24 horas lo he hecho más veces, pero hacerlo por los niños es otro nivel”.

Desde el equipo médico, ese compromiso también se percibe como algo más que una ayuda económica. Según el jefe de la UCI pediátrica, que la sociedad se implica “nos hace sentir que el hospital no es un ente aislado”. “Queremos que la gente se sienta parte de esta unidad”, añade.

“No es solo la ayuda económica, es también ver que la sociedad se compromete con mejorar la vida de los pacientes pediátricos”, subraya el especialista.

Todo preparado para esta cita solidaria

El reto comenzará a las 11:00 horas del sábado 2 de mayo y se prolongará hasta el domingo, tiempo en el que César y todos aquellos que se sumen darán vuelta sobre un circuito de 1,5 kilómetros sin descanso. 

Durante ese tiempo, el Parque Grande se convertirá en un punto de encuentro entre deporte y solidaridad, con el objetivo de recaudar fondos para mejorar la atención de los pacientes más pequeños y contribuir a una UCI pediátrica más adaptada a sus necesidades. Un esfuerzo colectivo que, más allá de la marca que se alcance, busca dejar una huella tangible en la forma de cuidar a quienes más lo necesitan.

La presencia de maquinaria y trabajadores en el interior del antiguo edificio de Correos de Zaragoza ha alertado a vecinos y colectivos patrimonialistas, que llevan tiempo manifestando su oposición al derribo. La asociación de vecinos Joaquín Costa ha contactado con la Policía Local tras detectar trabajos en el inmueble, al considerar que no deberían iniciarse mientras no concluya el proceso administrativo y se formalice el recurso de alzada contra la decisión del Gobierno de Aragón, que ha descartado su protección al entender que no reúne valores suficientes para ser declarado Bien de Interés Cultural (BIC) ni Bien Catalogado.

El aviso se ha producido a primera hora de la tarde, cuando el presidente de la entidad vecinal, Juan Fustero, ha recibido una llamada que le advertía de actividad en el edificio. “Me dicen que parece que están trabajando dentro y no tenía constancia de nada”, explica. Tras desplazarse hasta la zona, asegura haber encontrado a varios operarios en el interior del inmueble.

Fustero ha documentado la situación con fotografías tomadas entre las 14:30 y las 16:00, en las que se observa la presencia de maquinaria y de entre seis y siete trabajadores. Según relata, en un primer momento se le trasladó que las máquinas operaban en una zona contigua, fuera del solar de Correos.

El representante vecinal ha iniciado una cadena de llamadas a distintas instituciones. Según ha explicado a este medio, ha contactado con la Policía Local, que ha llegado hasta el lugar en torno a las 15:00. Allí, los agentes ha procedido a identificar a los trabajadores y a recabar información sobre la actuación que se estaba llevando a cabo.

Paralelamente, Fustero ha contactado con la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón para trasladar lo ocurrido, así como con responsables de la Asociación Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa).

Desde la asociación vecinal sostienen que la presencia de operarios en el interior del edificio no es compatible con la situación administrativa actual. “Estamos en plazo para presentar un recurso de alzada, por lo que entendemos que no puede haber actividad en el inmueble”, señala Fustero, que advierte de que cualquier intervención será tenida en cuenta en futuras acciones legales.

El episodio se produce apenas días después de que el Gobierno de Aragón haya rechazado proteger el edificio como Bien de Interés Cultural (BIC) o Bien Catalogado, una decisión que abre la puerta a su derribo pero que todavía puede ser recurrida. De hecho, tanto Apudepa como los colectivos vecinales trabajan ya en la presentación de ese recurso y no descartan acudir a la vía judicial.

Desde la entidad patrimonialista aseguran que, además del recurso de alzada, estudian trasladar el caso a la Fiscalía. “Mientras esté en marcha cualquier procedimiento legal, no pueden tirar nada”, sostienen.

La Dirección General de Patrimonio Cultural resolvió no incoar el expediente para su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) ni como Bien Catalogado al considerar que el edificio no cumple con los criterios exigidos de singularidad, relevancia, integridad y autenticidad.

Según la argumentación del Ejecutivo autonómico, el antiguo edificio de Correos no puede adscribirse al movimiento brutalista —como defendían algunos colectivos— al no presentar rasgos característicos como la expresión estructural o el protagonismo del hormigón visto. El informe concluye que se trata de una construcción funcional, propia de su época, sin elementos innovadores ni un carácter excepcional que justifique su protección. Además, incide en la pérdida de uso tras su abandono por parte de Correos, la ausencia de reconocimiento patrimonial a nivel municipal y el hecho de que cualquier adaptación a nuevos usos implicaría transformaciones sustanciales que desvirtuarían sus valores originales.