Este fin de semana se cumplen 18 años de la inauguración de la Exposición Internacional Zaragoza 2008, el acontecimiento que transformó la ciudad con nuevas infraestructuras, equipamientos y espacios públicos ligados al agua. Casi dos décadas después, el balance de aquel legado es desigual. Mientras algunas de las obras construidas para la muestra forman parte ya de la vida cotidiana de Zaragoza o han encontrado una nueva utilidad, otros espacios permanecen cerrados, degradados o pendientes de un proyecto definitivo.

Las críticas se han intensificado en los últimos años de la mano de la asociación Legado Expo, que ha alertado en numerosas ocasiones sobre el deterioro de parte del recinto y del Parque del Agua. Este mismo viernes, coincidiendo con el aniversario, la portavoz municipal del PSOE, Lola Ranera, reclamó un plan específico para recuperar algunos de los espacios más deteriorados de la muestra de cara al vigésimo aniversario, que se celebrará en 2028: “Es prioritario que el Parque del Agua siga siendo un instrumento de las familias, siga siendo ese espacio de ocio, de hostelería, de restauración, que hemos disfrutado durante estos años”.

El Parque del Agua es uno de los grandes legados que dejó la Expo 2008 y el mayor espacio verde de Zaragoza. Sus 120 hectáreas transformaron el meandro de Ranillas en una zona de ocio, deporte y naturaleza articulada alrededor de un complejo sistema de canales, lagunas y filtros verdes que aprovechaba el agua del Ebro. Sin embargo, desde hace tiempo acumula denuncias por el estado de parte de sus instalaciones. La asociación Legado Expo alerta de problemas de mantenimiento en el sistema hídrico y advierte de que el deterioro de los filtros verdes, los canales y las lagunas puede afectar al funcionamiento de un espacio diseñado precisamente en torno a ese circuito. A ello se suman actos vandálicos, mobiliario deteriorado, señalización dañada y el cierre o la degradación de varias concesiones que durante años contribuyeron a dinamizar el parque.

Entre los ejemplos más visibles figuran las antiguas Playas de la Expo. Durante años fueron uno de los principales reclamos del Parque del Agua, con piscinas, zonas de baño y actividades recreativas que atraían a miles de usuarios cada verano. Sin embargo, permanecen cerradas desde 2024 y la vegetación ha acabado por adueñarse de buena parte de las instalaciones. La asociación Legado Expo ha llegado a comparar algunas zonas del parque con el “plató de Supervivientes” para denunciar la falta de mantenimiento y el crecimiento descontrolado de la maleza.

La situación está ligada al conflicto judicial abierto en torno a la concesión. En 2022 el Ayuntamiento adjudicó la gestión a una nueva empresa, que debía asumir inversiones superiores a 700.000 euros para completar actuaciones pendientes de la anterior concesionaria. La adjudicataria rechazó esa obligación, recurrió la decisión municipal y finalmente comunicó su renuncia al considerar inasumible la inversión exigida. El procedimiento continúa pendiente de resolución judicial y, mientras tanto, continúan cerradas y sin fecha de reapertura.

Otros espacios pendientes

El deterioro también alcanza a algunos de los edificios más emblemáticos de la muestra. El caso más evidente es el del Pabellón de España, diseñado por Patxi Mangado, que permanece cerrado desde el 14 de septiembre de 2008. Durante estos casi 18 años han pasado por la mesa distintas propuestas para darle uso, desde proyectos universitarios hasta iniciativas vinculadas a la investigación o la formación, pero ninguna ha llegado a materializarse. El último intento del Gobierno de Aragón ha sido solicitar al Estado la cesión del inmueble para trasladar allí el Conservatorio Profesional de Música o impulsar un centro de formación ligado a las nuevas tecnologías. Sin embargo, el Ejecutivo central mantiene la titularidad del edificio y asegura contar con un proyecto propio para su futuro, aunque por ahora no ha trascendido en qué consistirá.

El Pabellón de Aragón tampoco ha encontrado todavía un uso estable. Cerrado desde el final de la Expo, el edificio ha sufrido durante años actos vandálicos y problemas de conservación mientras se sucedían las propuestas sobre su futuro. Entre ellas, el Gobierno de Aragón llegó a plantear su candidatura para albergar la futura Agencia Estatal de Salud Pública. Sin embargo, cualquier proyecto pasa por una rehabilitación integral que requerirá una importante inversión.

Durante la Expo 2008 se realizaron decenas de intervenciones artísticas repartidas por el recinto, el Parque del Agua y las riberas del Ebro con el objetivo de integrar el arte contemporáneo en el espacio público y dejar un legado cultural permanente para la ciudad. Esculturas, instalaciones y elementos paisajísticos de artistas como Jaume Plensa, Isidro Ferrer, Javier Peñafiel o Fernando Sinaga pasaron a formar parte del paisaje urbano de Zaragoza. Sin embargo, la asociación Legado Expo denuncia que algunas de estas obras presentan pintadas y signos de deterioro, otras han desaparecido y varias llevan años sin mantenimiento. Según la entidad, la falta de definición sobre la titularidad de algunas piezas ha dificultado su conservación durante estos años.

Tampoco todas las infraestructuras construidas para mejorar la conexión con el recinto se encuentran en perfecto estado. Aunque sigue siendo utilizada a diario por miles de peatones y ciclistas, la Pasarela del Voluntariado, diseñada por el ingeniero Javier Manterola para conectar el Actur y La Almozara, ha acusado el paso del tiempo y los actos vandálicos. El Ayuntamiento la ha incluido en un plan específico de revisión de puentes y pasarelas de la ciudad, después de que los estudios previos detectaran problemas de corrosión, rotura de cristales en los parapetos laterales y desgaste en distintos elementos y la previsión es acometer una intervención integral en los próximos años.

Entre los legados menos conocidos figura también el túnel de la A-68, terminado pero nunca inaugurado. Concebido para absorber hasta 2.500 vehículos por hora y facilitar la conexión entre el centro de la ciudad, la estación intermodal y la autovía, la infraestructura permanece cerrada 18 años después por la falta de financiación para completar su equipamiento.

Los iconos que buscan una segunda vida y los que funcionan

La Torre del Agua es uno de los ejemplos de recuperación del legado de la Expo. Tras permanecer sin uso público durante casi dos décadas, el Gobierno de Aragón ha iniciado ya las obras para transformarla en el denominado Faro de la Logística. La actuación incluye la reparación de desperfectos acumulados durante años, la construcción de un mirador panorámico, la creación de nuevos espacios multifuncionales y la renovación completa de su envolvente exterior y la reapertura está prevista para 2027.

Otro de los proyectos que simbolizan esta recuperación es el Canal de Aguas Bravas. Después de años cerrado y convertido en uno de los ejemplos más visibles del fracaso de algunas concesiones post-Expo, la instalación volverá a funcionar este mismo año. El Ayuntamiento adjudicó su gestión a Océano Atlántico por un periodo de 20 años y la empresa invertirá más de medio millón de euros en su puesta en marcha. La instalación combinará usos deportivos, turísticos y formativos, con actividades de rafting, kayak, hidrospeed y entrenamiento para competiciones de alto nivel. La previsión es que pueda acoger también pruebas nacionales e internacionales.

El Pabellón Puente es ahora el Mobility City, un proyecto impulsado por Fundación Ibercaja dedicado a la movilidad sostenible. Inaugurado en 2023, el centro acoge exposiciones, actividades divulgativas y eventos relacionados con la innovación y el transporte del futuro. Además de devolver la actividad a uno de los edificios más reconocibles de Zaragoza, el proyecto se ha consolidado como uno de los principales atractivos culturales del recinto Expo y recibió cerca de 200.000 visitantes en su primer año de funcionamiento. Este espacio, diseñado por la arquitecta Zaha Hadid y considerado una de las obras más emblemáticas de la Expo fue planteado a la vez como puente peatonal y pabellón expositivo sobre el Ebro. Sin embargo, permaneció durante años sin un uso estable tras la clausura de la muestra, aunque su situación cambió hace tres años.

El Puente del Tercer Milenio, construido como principal acceso al recinto desde la margen derecha del Ebro, forma parte de la red viaria habitual de la ciudad y soporta diariamente miles de desplazamientos de vehículos, peatones y ciclistas. Aunque el paso del tiempo ha dejado huella en elementos como los cerramientos de cristal y la infraestructura ha sufrido episodios de vandalismo, sigue siendo una de las obras de ingeniería más emblemáticas surgidas de la Expo y mantiene el título de mayor puente de arco suspendido de hormigón del mundo.

También se ha convertido en un espacio relevante en la ciudad el Palacio de Congresos, uno de los equipamientos que mejor ha aprovechado el legado de la muestra. Desde su inauguración en 2008 ha acogido congresos profesionales, ferias, convenciones empresariales, conciertos y eventos culturales, convirtiéndose en una referencia nacional en el turismo de reuniones y en uno de los principales espacios congresuales de Aragón.

Otro de los casos más exitosos es el Acuario Fluvial, el único gran pabellón de la Expo que nunca cerró sus puertas tras la clausura del evento. Considerado el mayor acuario fluvial de Europa, se ha consolidado como uno de los principales atractivos turísticos de Zaragoza y en 2025 registró cifras récord de visitantes, reforzando su posición como la instalación de pago más visitada de la ciudad.

La reconversión de los antiguos pabellones de países y comunidades autónomas constituye el ejemplo más discreto pero también más efectivo de reutilización del recinto. Lo que durante los tres meses de la Expo fueron espacios expositivos alberga hoy oficinas, servicios administrativos y equipamientos judiciales. El complejo empresarial gestionado por Expo Zaragoza Empresarial roza el 95% de ocupación y reúne a decenas de empresas y miles de trabajadores, mientras que edificios como Fueros de Aragón y Vidal de Canellas acogen la Ciudad de la Justicia.

Más allá de los edificios emblemáticos, buena parte de las grandes infraestructuras asociadas a la Expo se han integrado completamente en el funcionamiento cotidiano de Zaragoza. La estación intermodal de Delicias se ha consolidado como el principal nodo ferroviario y de transporte por carretera del noreste de España; la Ronda Norte continúa siendo una de las principales vías de distribución del tráfico urbano; y la ampliación del aeropuerto forma parte de la red logística que ha convertido a Zaragoza en uno de los principales polos de mercancías del país.

El concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento Zaragoza, Chema Giral, ha propuesto a la alcaldesa, Natalia chueca, un plan de mejora “urgente” en movilidad que debería contar con bonificaciones económicas a los usuarios de las líneas de autobús afectadas por las obras en las vías urbanas, con la finalidad de intentar paliar los “perjuicios” que sufren los vecinos. Estas ayudas se aplicarían a través de distintas tarjetas de transporte como la tarjeta bus, la tarjeta LAZO y Tarjeta Ciudadana, entre otras.

Asimismo, este plan de mejora urgente de la movilidad tendría que establecer una campaña de información “mucho más intensa de lo que hay hasta ahora” para que los usuarios sepan qué líneas de autobús están afectadas, cuáles son sus recorridos y sus frecuencias.

También, con la llegada del verano y la consiguiente disminución de las frecuencias de los autobuses en estos meses, Giral ha sugerido que en las líneas desviadas no se produzcan dicha reducción de frecuencias, porque “entonces perjudicarán todavía más a los usuarios y se agravarían los problemas ya existentes de estas líneas”, ha razonado.

Ha trasladado esta propuesta por la “caótica situación de la movilidad con atascos constantes y más de 17 líneas desviadas y otras 11 que se verán afectadas en el entorno de El Portillo desde el lunes por la mala planificación en la reforma de calles y avenidas que ha dejado para final de mandato”.

En rueda de prensa, Giral ha otorgado un “rotundo suspenso” a Chueca en movilidad porque a esta situación de “atascos y caos circulatorio” se suma lo que Natalia Chueca lleva haciendo durante estos tres años en materia de transporte público, que es “absolutamente nada”.

Contrato del bus sin adjudicar

Al respecto, ha argumentado que la Chueca en la campaña de las elecciones municipales de 2023 prometió un nuevo contrato de autobús para mejorar y reorganizar las líneas existentes y sobre todo sus frecuencias, pero a menos de diez meses de la próxima convocatoria electoral “todavía no se ha adjudicado el nuevo contrato” que supone seguir sufriendo las “malas” frecuencias de los autobuses, en especial los fines de semana.

En cuanto al tranvía, que ha calificado como el “mejor transporte público” de Zaragoza al ser el único de alta capacidad y el mejor valorado por todos los ciudadanos, “tampoco ha hecho nada” sobre la ampliación de la línea norte sur. Ante el incremento poblacional en los distritos del sur, como Arcosur, Valdespartera y Rosales del Canal “no ha movido un solo papel técnico para empezar a realizar un proyecto de extensión de esa línea”, ha criticado. “Hasta el Gobierno de Aragón, de su colega Jorge Azcón, le ha ofrecido financiar dicha extensión y ella no ha hecho absolutamente nada”, ha apostillado.

Sobre la segunda línea del tranvía, que reclama el PSOE desde hace tiempo, ha lamentado que Chueca “siempre” se ha manifestado con un “rotundo no a la posibilidad de esta segunda línea del tranvía, que a todas luces sería beneficioso para unir los barrios del este con los barrios del oeste”. En tono irónico ha comentado que Chueca “no ha sido siempre tan rotunda en el no a la línea 2 del tranvía”, porque en la campaña electoral autonómica de febrero “tuvo un arranque de sensatez, un lapsus y dijo que se habría a valorar esa posibilidad”, pero ese lapsus le duró lo mismo que la campaña electoral, porque “después se siguió negando”. A su parecer, lo que sí ha hecho Chueca en el tranvía es “inundar los vagones de publicidad de forma que no se ve absolutamente nada y se dificulta la accesibilidad a los vagones”.

Subida del billete

A todas esta “mala gestión” se suma que Chueca es la “única alcaldesa de la historia de este ayuntamiento que todos y cada uno de los años ha subido el precio del transporte público del autobús y del tranvía”.

Esta subida no solo atañe a los usuarios del transporte público, sino también a los ciudadanos que utilizan el vehículo privado y que “en horas punta tienen unos atascos tremendos, en especial en varias zonas de la ciudad”, entre las que ha citado paseo de Echegaray y Caballero, la calle Asalto, paseo de la Constitución o la zona de El Portillo, la calle Anselmo Clavé, la avenida Valencia o la zona de Pedro Cerbuna.

Antes de concluir ha reiterado que los usuarios del transporte público son los “principales afectados”, porque se están encontrando que han “empeorado” sus frecuencias de paso; los recorridos de estos autobús, al ser desviados, son mucho más largos; que no hay información suficiente para conocer estos desvíos; y también están obligados, en ocasiones, a realizar ahora transbordos que antes no tenían por qué realizar“, ha detallado.

Viviendas envejecidas, problemas de accesibilidad, deficiencias en las redes de saneamiento, falta de mantenimiento y una población cada vez más envejecida y vulnerable. El grupo de viviendas Andrea Casamayor, en el barrio zaragozano de Las Fuentes, se ha convertido en uno de los ejemplos más visibles de las dificultades que afrontan algunos de los entornos residenciales más antiguos de la ciudad. Vecinos, entidades sociales y expertos coinciden en señalar que la situación requiere una intervención integral que vaya más allá de actuaciones puntuales.

Construidas en los años cincuenta como viviendas sindicales durante el franquismo, estas casas pasaron posteriormente a manos de la Diputación General de Aragón. Según explica la presidenta de la Asociación Vecinal Las Fuentes, Pilar Catalán, cuando la DGA decidió vender las viviendas a sus ocupantes, los vecinos cedieron los espacios exteriores, dando inicio a una situación administrativa que, décadas después, sigue generando problemas. “Desde entonces todo ha ido a la deriva, no había nadie que se hiciera cargo de los exteriores de las viviendas”, resume Catalán. La situación se ha traducido en años sin inversiones significativas en una zona donde las infraestructuras muestran signos de deterioro.

La representante vecinal describe edificios que arrastran problemas estructurales desde hace décadas. “Son unas casas que se han quedado muy desfasadas”, señala. Muchas carecen de ascensor pese a contar con cuatro alturas, presentan importantes carencias de aislamiento térmico y acústico y conservan redes de saneamiento antiguas que han provocado incidencias recurrentes. Uno de los episodios más graves se produjo el pasado verano, cuando afloraron aguas fecales en una de las zonas del grupo de viviendas. “Los técnicos detectaron una insalubridad tremenda”, recuerda Catalán. Aunque se realizaron algunas actuaciones de urgencia, sostiene que el problema de fondo continúa sin resolverse.

Un problema que va más allá de los edificios

Las dificultades de Andrea Casamayor no se limitan al estado físico de las viviendas. Un estudio impulsado desde la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza ha analizado aspectos como la accesibilidad, la convivencia, la seguridad, la vivienda o los servicios disponibles en la zona, y se ha identificado una combinación de problemas urbanos y sociales. El sociólogo Chabier Gimeno, impulsor en este proceso, considera que lo que ocurre en Andrea Casamayor refleja dinámicas que están apareciendo en otros puntos de Zaragoza. A su juicio, la crisis de acceso a la vivienda está provocando desplazamientos de población dentro de la ciudad que terminan repercutiendo en barrios como Las Fuentes.

“La manifestación por la vivienda acabó en Aloy Sala-Tenerías. Todo lo que pasa ahí repercute en Las Fuentes norte”, explica. En su opinión, Zaragoza está experimentando procesos similares a los que ya se observan en grandes ciudades españolas: “Vamos a recibir lo que otros sitios de la ciudad están expulsando”, advierte. Gimeno relaciona esta situación con el aumento de los precios del alquiler, la presencia de grandes propietarios y la dificultad para acceder a una vivienda digna. “Hay mucha tensión. Es un ejemplo de lo que está pasando en otros sitios de la ciudad, en todos los sitios donde hay este tipo de bloques, alquileres imposibles, hacinamiento, multipropietarios y grandes tenedores”, afirma.

El sociólogo alerta también de que, ante la falta de políticas públicas suficientes, los conflictos sociales pueden acabar desplazando el foco de los problemas reales. “No es un bulo. Cuando a alguien le azuzan contra el vecino se degrada la convivencia”, señala. A su juicio, la respuesta no puede limitarse a medidas punitivas ni a discursos centrados exclusivamente en la seguridad. “El conflicto es la ausencia de políticas públicas”, sostiene. En este sentido, considera que la rehabilitación física de los edificios debe ir acompañada de medidas sociales. “La convivencia se ha tornado un tema prioritario”, reconoce, pero insiste en que “hace falta acompañamiento social” para evitar que las tensiones se cronifiquen.

Un barrio envejecido que reclama servicios

La situación se ve agravada por el progresivo envejecimiento de la población residente. La presidenta vecinal lamenta que una de las zonas con más personas mayores del barrio carezca de equipamientos específicos para atender sus necesidades. “En esa zona donde todo es gente mayor no tenemos ningún centro de convivencia”, denuncia. Muchos residentes tienen dificultades para desplazarse hasta otros equipamientos del barrio debido a problemas de movilidad y a la falta de ascensores en los edificios.

Las reivindicaciones vecinales también incluyen mejoras en instalaciones deportivas, espacios públicos y equipamientos comunitarios. “Somos un barrio que está al lado del centro, en veinte o veinticinco minutos andando estás en la plaza de España, y realmente estamos muy olvidados”, lamenta Catalán. Recuerda también el proyecto en la antigua fábrica de Giesa, donde se va a desarrollar la ciudad del cine Distrito 7, que ha generado una intensa polémica por la privatización de la formación profesional que se va a impartir aquí: “Este presupuesto no es para el barrio, no nos da servicio al barrio, es un servicio para la ciudad al completo. Lamentamos que se lo den a centros privados, es una zona en la que nos habría ido bien alguna instalación para el pueblo, tenemos muy poco espacio para expandirnos”.

La concejal socialista y presidenta de la Junta Municipal de Las Fuentes, Marta Aparicio, considera que la situación de Andrea Casamayor requiere una actuación urgente por parte de las administraciones. La edil ha reclamado al Gobierno municipal que impulse políticas públicas para revitalizar la zona mediante una intervención integral que combine actuaciones urbanísticas, sociales y comunitarias, una demanda que, asegura, comparten los propios vecinos.

Aparicio sostiene que el deterioro afecta tanto al espacio público como a las propias viviendas. “No puede ser que, en esta ciudad, cada vez más, haya ciudadanos de primera y de segunda”, afirma. Según denuncia, el entorno presenta “deficiencias y grave deterioro” con aceras y pavimentos en mal estado, problemas de limpieza y carencias en las redes de saneamiento y abastecimiento, a lo que se suma una población envejecida, edificios con barreras de accesibilidad y una elevada concentración de hogares con bajos ingresos. “Estamos hablando de los vecinos que más necesitan la intervención del Ayuntamiento”, subraya.

“Es la zona más degradada del barrio”, resume Pilar Catalán. Una realidad que, según advierten quienes mejor conocen el entorno, corre el riesgo de agravarse si no llega una intervención que afronte simultáneamente los problemas urbanísticos y sociales acumulados durante décadas.

Un total de 421 jóvenes han presentado sus obras al concurso 4Artes del Ayuntamiento de Zaragoza, un certamen dirigido a chicos y chicas de 12 a 30 años que busca visibilizar el talento artístico y que, en cada edición, cuenta con un gran éxito de participación.

Esta convocatoria no ha sido para menos, ya que se han presentado un total de 649 obras en las distintas modalidades. La categoría de fotografía y pintura han sido las que más obras han recibido, con 232 y 202, respectivamente.

Además, se han presentado 32 obras de objeto artístico y 28 de videoarte, dos categorías que se han incorporado como novedad este año al certamen. 'Objeto artístico', incluye obras cerámica, escultura, bisutería, prendas tuneadas o impresión en 3D.

A ellas se suman las obras del 'Reto Colores', al que se han presentado 155 obras, con el único requisito de que en la fotografía haya un color dominante.

La concejal de Juventud, Ruth Bravo, ha presentado la exposición que reúne estas obras y que se podrá ver hasta el 23 de agosto en el Centro de Historias de Zaragoza. Ha estado acompañada por varios ganadores del concurso que hoy miraban con orgullo su obra en una exposición abierta al público.

Este jueves por la tarde, a partir de las 18.30 horas, se celebrará la inauguración oficial en un acto, que contará con actuaciones musicales y un recital de poesía, en la entrada del centro, y que será la antesala a la entrega de premios a los galardonados, que se realizará en la misma sala de exposiciones.

Bravo ha explicado que este certamen es uno de los más consolidados dentro de la programación que prepara el Ayuntamiento para los jóvenes de la ciudad, ya que este año es la decimocuarta edición.

El objetivo es descubrir y difundir a los artistas noveles, visibilizando el talento emergente y acercando sus obras a la ciudad.

Desde su nacimiento, en 2013, se han presentado cerca de 4.000 obras, consolidándose como el mayor concurso artístico para jóvenes, ha destacado.

El primer premio está dotado con 500 euros y el segundo, con 300 euros, mientras que el accésit y la propuesta joven recibirán 150 euros.

Los premios son en tarjetas regalos de la Fnac. Además, hay un premio especial para jóvenes de entre 12 y 17 años. Se puede acceder a más información en este enlace.

El avance de las obras en el entorno de la antigua estación de El Portillo, que está ejecutando Zaragoza Alta Velocidad (ZAV) que afecta especialmente a las calles de Escoriaza y Fabro y Anselmo Clavé –junto al resto de vías adyacentes–, iniciará el próximo lunes, 15 de junio, una nueva fase que incluirá de manera destacada el cruce de Paseo María Agustín con la calle de San Josemaría Escrivá de Balaguer, enlace con la plaza de la Ciudadanía.

Según ha trasladado el Ayuntamiento, la instalación de un nuevo colector de saneamiento hace imprescindible esta intervención, que se realizará a lo largo del verano, aprovechando el período vacacional para intentar causar las menores molestias.

A pesar de que se han intentado minimizar las afecciones y desvíos, la recomendación para el tráfico privado es intentar evitar, en lo posible, el eje del paseo de María Agustín, tanto en sentido salida –desde la Puerta del Carmen– como en sentido entrada –desde la Plaza de Europa–. Esta evolución de las obras también afectará también en cierta medida a Anselmo Clavé, por la que ya se circula con un único carril por sentido.

A partir del lunes, día 15 de junio, la calzada sentido centro de paseo María Agustín, entre las calles Jerónimo Borao y Escrivá de Balaguer, así como el carril bici, quedarán totalmente ocupados. Se habilitará un carril por sentido en ese tramo, que circularán por lo que ahora son los carriles de salida de la ciudad.

Giros anulados

Un aspecto muy importante a tener en cuenta es que no será posible acceder a Escrivá de Balaguer desde paseo de María Agustín, de modo que el giro a la izquierda que da salida hacia la plaza de la Ciudadanía y Delicias quedará temporalmente anulado. Para intentar facilitar la fluidez del transporte público, se habilitará un giro específico a la izquierda –para autobuses y taxis– desde el paseo de María Agustín a la avenida de Madrid en el cruce de ambas vías.

Por su parte, los dos carriles de la calle de Marie Curie serán exclusivamente hacia la calle de Conde Aranda. Esto implicará, asimismo, la prohibición de estacionar en el lado par de dicha calle.

Los vehículos que, en sentido centro, accedan a la calle de Escrivá de Balaguer desde Delicias deberán girar obligatoriamente a su derecha a Anselmo Clavé, ya que quedará también interrumpido el tráfico hacia paseo de María Agustín. Se garantizará el acceso a las reservas de garaje existentes en la calle Escrivá de Balaguer desde la rotonda de la Ciudadanía.

Este avance de las obras afectará también a distintas líneas de autobús urbano y de las líneas que gestiona el Consorcio de Transportes. Así, las líneas 21 y 51, que normalmente pasan por la plaza del Portillo entrando por Marie Curie para salir, desde la calle de Conde Aranda a avenida de Madrid, utilizarán el giro específico que se habilitará desde paseo María Agustín a avenida de Madrid.

La línea 22, que hasta ahora giraba a su izquierda desde paseo de María Agustín a la calle de Anselmo Clavé, continuará por paseo de María Agustín hasta la avenida de Madrid --nuevo giro temporal a la izquierda--, rotonda de la Ciudadanía y calle de Escrivá de Balaguer, para volver a su recorrido por Anselmo Clavé.

Finalmente, la línea 31, que habitualmente avanzaba por Escrivá de Balaguer, continuará hasta el cruce con avenida de Madrid, donde sí girará a la izquierda hasta la rotonda de la Ciudadanía.

Cambios de paradas

Las paradas de autobús que están en el tramo de paseo de María Agustín entre la calle de Escrivá de Balaguer y ña avenida de Madrid estarán temporalmente anuladas. Esto también afecta a los autobuses de barrios rurales y área metropolitana que gestiona el Consorcio de Transportes. Sentido salida.

Así, las líneas 110 y 111 trasladarán la terminal a Marie Curie saliendo por la plaza del Portillo-Conde Aranda y paseo de María Agustín. Las líneas 505, 602, 603, 604, 612, 613, N61, N63 y N64 seguirán por paseo María Agustín para hacer el giro a izquierda a la avenida Madrid. Las líneas 601, 619 y 620 tendrán salida por la plaza del Portillo-Conde Aranda-paseo María Agustín por lo que no presenta cambios.

En sentido entrada, las líneas 110 y 111 entrarán por paseo de María Agustín para hacer el cambio de sentido por la calles de Anselmo Clave y de General Mayandía, paseo de María Agustín y calle de Marie Curie, como hasta ahora.

Por su parte, las líneas 505, 602, 603, 604, 612, 613, N61, N63 y N64 entrarán por la calle de Anselmo Clave, calle de General Mayandía y paseo de María Agustín para seguir sentido Puerta del Carmen.

En cuanto a las líneas 601, 619 y 620 entrarán para hacer el cambio de sentido por la calle de Anselmo Clave, seguir por la calle de General Mayandía, paseo de María Agustín y calle de Marie Curie, como hasta ahora.

Toda la información sobre desvíos de autobuses urbanos estará disponible en las webs de Avanza Zaragoza y del Consorcio de Transportes.

Los representantes de CCOO, CSIF, CSL, OSTA y UGT han denunciado este jueves que el Gobierno municipal de Natalia Chueca continúa retrasando la puesta en marcha de la Unidad Égida de la Policía Local de Zaragoza, destinada a la protección y seguimiento de víctimas de violencia de género dentro del sistema VioGén.

El próximo 13 de junio se cumplirán tres meses desde que el Gobierno de Zaragoza aprobó oficialmente la creación de esta unidad especializada. Sin embargo, a día de hoy sigue sin estar operativa. En la última reunión celebrada el pasado 28 de mayo, el Ayuntamiento emplazó a la representación sindical a nuevas sesiones de trabajo los días 15 y 29 de junio, una decisión que, según las organizaciones sindicales, vuelve a dilatar un proceso que podría haberse resuelto hace semanas.

Los cinco sindicatos muestran su preocupación por una estrategia que, a su juicio, pretende trasladar a la negociación colectiva la responsabilidad de una demora que corresponde exclusivamente a la Administración municipal. Consideran que el calendario planteado por el Gobierno local aleja aún más la entrada en funcionamiento de la unidad y aumenta el riesgo de que su implantación quede pospuesta hasta después del verano.

Las organizaciones sindicales cuestionan además la diferente velocidad con la que el Ejecutivo municipal aborda distintos asuntos. “Resulta difícil comprender que para asuntos considerados prioritarios por el Gobierno municipal, como la Oferta de Empleo Público u otras materias de interés político, se convoquen hasta tres reuniones de negociación en menos de diez días para alcanzar acuerdos con rapidez, mientras que para la implantación de una unidad destinada a la protección de las víctimas de violencia de género los plazos se dilatan durante meses”.

La crítica se produce apenas una semana después de que la alcaldesa, Natalia Chueca, alabara públicamente la futura Unidad Égida durante los actos celebrados el pasado 4 de junio con motivo de la festividad de la patrona de la Policía Local. En aquel acto, la regidora presentó la unidad como una realidad inminente y vinculada a nuevas responsabilidades para el cuerpo policial.

Sin embargo, los sindicatos recuerdan que la realidad es muy distinta. Tres meses después de su aprobación, la Unidad Égida sigue sin existir de forma efectiva y sin prestar servicio a las víctimas para las que fue concebida.

Un proyecto anunciado hace meses

La creación de la Unidad Égida fue aprobada por el Gobierno municipal el pasado 13 de marzo como parte de la incorporación de Zaragoza al sistema estatal VioGén. La nueva unidad debía estar integrada inicialmente por nueve agentes especializados encargados del seguimiento y protección de mujeres con niveles de riesgo bajo y medio, asumiendo aproximadamente el 30% de los casos de violencia de género de la ciudad.

La adhesión de Zaragoza al sistema VioGén llegó tras años de negociaciones entre el Ayuntamiento y el Ministerio del Interior y fue presentada por el Gobierno municipal como un avance histórico en la protección de las víctimas.

Sin embargo, las críticas por los retrasos no son nuevas. Ya el pasado mes de abril distintas organizaciones sociales y representantes institucionales alertaron de que la unidad todavía no había iniciado siquiera el proceso formativo necesario para comenzar a operar. Entonces, el propio delegado del Gobierno en Aragón confirmó que la puesta en marcha seguía pendiente de la negociación de las condiciones laborales y de la selección definitiva de los agentes.

Para los sindicatos policiales, la situación evidencia una falta de voluntad política para acelerar un proyecto que el propio Gobierno municipal ha presentado reiteradamente como prioritario.

“Las víctimas de violencia de género merecen algo más que anuncios, fotografías y titulares”, concluyen las organizaciones sindicales. “Merecen compromiso, recursos y decisiones que permitan convertir las promesas en realidades”.

“Hay un plazo de un año”

El consejero de Presidencia y delegado de la Policía Local, Ángel Lorén, ha rechazado las críticas sindicales y asegura que las víctimas de violencia de género están protegidas actualmente por la Policía Nacional y la Guardia Civil, mientras que la futura Unidad Égida servirá para reforzar esa atención. Asimismo, niega que la negociación se esté dilatando y recuerda que se ha fijado un calendario de reuniones para abordar tanto la creación de la unidad como las condiciones laborales y económicas de los agentes.

Lorén subraya además que el convenio con el Ministerio del Interior contempla un plazo de un año para la implantación en el sistema VioGén y que el Ayuntamiento prevé ponerla en marcha antes de agotar ese periodo. Además, ha reprochado que anteriores gobiernos municipales del PSOE y Zaragoza en Común no impulsaran la adhesión de Zaragoza al sistema VioGén, vigente desde 2007.

La sexta edición de Delicias Clásicas se celebrará del 1 al 5 de julio de 2026 en el Teatro de las Esquinas y volverá a situarse como una de las citas teatrales destacadas del verano en Zaragoza. El festival, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la Junta Municipal Delicias y del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen, consolida una programación vinculada a la tradición de los festivales de teatro clásico de verano y contribuye a dinamizar la actividad cultural y de ocio en el barrio de las Delicias.

La iniciativa, organizada por el Teatro de las Esquinas, cuenta también con el respaldo del Gobierno de Aragón y del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem), y del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

Desde su puesta en marcha hace cinco años, Delicias Clásicas ha reforzado la presencia del teatro clásico en la programación estival de la ciudad, acercando al público propuestas escénicas contemporáneas inspiradas en grandes autores y referentes de la literatura y la escena universal. Sus organizadores han afirmado durante la presentación, a la que han asistido la consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, y el presidente del Distrito Delicias, Chema Giral, que se trata de “un delicioso festival de teatro clásico aderezado de nuevo con propuestas variadas y frescas para satisfacer el paladar del gran público, a partir de 12 años, y disfrutar de y con los clásicos”.

En esta edición, el programa reúne cuatro montajes procedentes de distintos puntos de la geografía española, con obras que dialogan con Cervantes, Quevedo, Lope de Vega, Calderón de la Barca o el imaginario de Jack el Destripador.

Los montajes

La programación comenzará el miércoles 1 y jueves 2 de julio con 'La Reina brava', de Las Niñas de Cádiz. La compañía gaditana presenta su último espectáculo, un drama satírico ibérico con tintes shakesperianos y reminiscencias del viejo romancero castellano. La obra parte de la historia de un magnicidio para construir una fábula sobre el poder, la venganza y las pasiones humanas, manteniendo la mirada crítica y el sello escénico de la compañía. Entre su elenco destaca Alicia Rodríguez, candidata a Mejor Actriz por la Reina Brava en los XXIX premios Max de las Artes Escénicas.

'La Reina Brava' se ha representado ya en los festivales más prestigiosos de este país como el Festival de Teatro Clásico de Almagro, la Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas, el Festival de Teatro Clásico de Chinchilla y el Festival de Teatro Clásico de Peñíscola.

El viernes 3 de julio será el turno de Morfeo Teatro, compañía procedente de Burgos, con 'El coloquio de los perros'. El montaje adapta una de las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes y plantea una reflexión sobre la sociedad, la corrupción, el egoísmo y la fraternidad humana. La propuesta traslada al escenario la conversación entre Cipión y Berganza desde una lectura contemporánea, combinando el espíritu picaresco del texto cervantino con una puesta en escena de fuerte carga visual. El coloquio de los perros ha cosechado una intensa gira internacional y reconocimientos como la nominación a Mejor Actor Protagonista en los Premios Teatro De Rojas 2012, estando considerado como uno de los montajes más singulares de la compañía burgalesa.

Cabaré barroco en la corte de Felipe IV

El sábado 4 de julio, Lazona Teatro, de Madrid, presentará 'El rey de la farándula', un cabaré barroco que recupera el ambiente de la corte de Felipe IV y revisita los mecanismos de poder, la influencia de la escena y las contradicciones de una época marcada por el esplendor artístico y el declive político.

Con dramaturgia, dirección e interpretación de Ángel Ruiz, el espectáculo combina teatro, música y referencias a Lope, Calderón y Quevedo. El actor y protagonista, Ángel Ruiz, ha sido reconocido en su trayectoria con premios MAX, premios de la Unión de Actores, premios PTM y el premio HUGO, destacando su versatilidad como actor y cantante. La obra fue estrenada el pasado año en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.

La sexta edición concluirá el domingo 5 de julio con Afectuosamente suyo, 'Jack el Destripador', de Yapadú Produccions, compañía valenciana. Escrita por Ignacio García May y dirigida por Javier Sahuquillo –Premio ADE a Mejor Dirección Emergente por su trabajo en la obra–. La obra parte del Londres de 1888 y el barrio de Whitechapel para explorar los límites entre ficción, crimen y espectáculo. La propuesta se mueve entre el cabaré macabro y el imaginario del 'true crime', con una puesta en escena dinámica y música en directo.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza acusa al Gobierno de Natalia Chueca de acumular una larga lista de proyectos anunciados “a bombo y platillo” que han terminado convertidos en fracasos, retrasos o problemas de gestión. Los socialistas denuncian además una forma de gobernar “a golpe de parche” y reprochan a la alcaldesa que se sitúe sistemáticamente del lado de las empresas concesionarias en lugar de exigir el cumplimiento estricto de los contratos y la puesta en marcha de los servicios adjudicados.

Por ello, el concejal socialista Horacio Royo ha solicitado la comparecencia del consejero de Presidencia, Ángel Lorén, en la próxima comisión del jueves para que dé explicaciones sobre varios de estos proyectos. “Le pedimos que haga algo revolucionario, único y rompedor: contar la verdad, reconocer un error tras otro y asumir responsabilidades políticas. Ya no sabemos qué nuevo sobresalto nos espera y, desgraciadamente, todo apunta a que todavía habrá más”, ha afirmado.

Royo ha valorado especialmente las últimas informaciones sobre el Parque de Atracciones de Zaragoza, cuya dirección ha confirmado que, por primera vez en su historia, no abrirá sus puertas durante esta temporada. “Es un desastre que se veía venir y que tiene responsables políticos. Natalia Chueca prometió convertir el parque en una gran referencia de ocio del nordeste de España y en un polo de atracción turística. Tres años después, Zaragoza se encuentra con que el parque no abrirá este verano”, ha señalado.

El edil socialista ha recordado además las consecuencias laborales derivadas de esta situación, que afectan a los 81 trabajadores que permanecían en un ERTE a la espera de una solución y que ahora desconocen si podrán conservar sus empleos, además de los puestos de trabajo indirectos vinculados a la actividad del recinto.

“Esta situación es imputable exclusivamente al Gobierno municipal, que renunció a ejercer su responsabilidad y permitió que la empresa adjudicataria no asumiera la gestión de las instalaciones en la fecha prevista, el 28 de febrero”, ha denunciado Royo. A su juicio, el Ayuntamiento tampoco ha explicado por qué aceptó esa situación ni las razones que llevaron posteriormente a dictar una orden de continuidad que considera “insostenible y arbitraria”.

Para el concejal socialista, si el Gobierno municipal sigue sin ofrecer explicaciones sobre las condiciones aceptadas a la empresa adjudicataria, “probablemente sea porque no puede darlas”. En este sentido, considera que las discrepancias existentes entre las empresas implicadas no justificaban la actuación del Ayuntamiento, al que acusa de posicionarse a favor de una de ellas y de firmar una orden de continuidad con una compañía que atraviesa serias dificultades económicas y financieras y se encuentra en concurso de acreedores.

“Las únicas certezas que tenemos es que este Gobierno es incompetente y peligrosamente mentiroso”, ha afirmado.

Royo también ha criticado la falta de transparencia respecto a las conversaciones mantenidas con el Grupo Fénix y ha exigido aclaraciones sobre si el Parque de Atracciones podrá reabrir finalmente en 2027.

Asimismo, ha enumerado otros proyectos que, a su juicio, reflejan la misma forma de gestionar del Gobierno municipal. Entre ellos ha citado el caso de Giesa, cuyo expediente permaneció paralizado durante seis meses hasta que el Ejecutivo autonómico cerró los acuerdos relacionados con los ciclos formativos de FP del Grupo San Valero, además de la polémica adjudicación vinculada al proyecto audiovisual destinado a justificar una inversión pública de 20 millones de euros en el recinto. Igualmente, ha recordado la situación del Canal de Aguas Bravas, cuya apertura continúa bloqueada después de que la empresa concesionaria rechazara asumir las instalaciones.

A ello ha sumado el incremento del coste previsto para la nueva Romareda, que ya alcanza los 180 millones de euros, y el proyecto del Centro Deportivo Sur, que contempla más de cinco millones de euros de inversión pública para unas instalaciones cuya explotación corresponderá a una empresa privada.

“Es evidente que a cualquier gobierno puede fracasarle algún proyecto. El problema es que en Zaragoza la excepción se ha convertido en un patrón”, ha lamentado.

Royo se ha preguntado “qué más tiene que pasar para que este Gobierno asuma responsabilidades políticas por el daño causado al interés público”. En su opinión, tampoco basta con señalar al conocido como “concejal en la sombra”, José María Ruiz de Temiño, porque “aunque actúa como Atila, por donde pasa no crece la hierba, no deja de ser un instrumento al servicio de la frivolidad y la falta de criterio de la alcaldesa”.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha tramitado unos 2.700 informes de vulnerabilidad, desde que entrara en vigor, a mitad del mes de abril, el real decreto ley de regularización extraordinaria de personas migrantes. “Desde el Ayuntamiento tuvimos muy claro que teníamos que hacer una gestión muy eficaz y muy bien ordenada”, ha relatado la consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós.

Según ha informado, se han producido 4.500 llamadas telefónicas salientes que se han realizado desde la línea gratuita de los servicios sociales municipales para contactar con las personas migrantes que previamente han pedido cita para realizar este trámite. De ellas, unas 3.600 ya tienen o han tenido cita previa. Y unas 2.700 cuentan ya con el informe de vulnerabilidad.

“Al principio —ha recordado— recibimos críticas por parte de los que deberían habernos dado la información para poder hacerlo bien, pero afortunadamente gracias al gran equipo que tengo y a decisiones bien tomadas, al hacerlo a través de la Casa de las Culturas, con cita previa, con los informes que ya teníamos de los servicios sociales, la verdad es que ha ido fluido y no ha habido problemas”.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha comentado que se van cerrando las citas previas y ya tienen comprometidas fechas hasta la semana para estimar que serán unas 4.500 las personas migrantes que vayan a pedir el informe de vulnerabilidad.

Protección internacional

Orós ha comentado que, tras hablar con las entidades que tienen a las personas acogidas al derecho de protección internacional, que compete al Gobierno de España y que concede a las personas de Mali, Burkina Faso y Somalia, 'grosso modo' les han informado de que habrá algo más de 300 personas que se han acogido a esta regularización extraordinaria.

“Eso supone que el día que les den el papel dejan de estar bajo el manto de protección internacional y si dejan de estar bajo el manto de protección internacional y no se les da una continuidad puede suponer, y ojalá no sea así que 300 personas acaben en situación de calle”, ha alertado.

En ese sentido, ha adelantado que, cuando acabe el proceso y se tengan todos los datos, pedirá a la Delegación de Gobierno en Aragón que “no corte el Gobierno de España esos procesos de integración de las personas que tienen derecho a protección internacional y que se hagan cargo de ellos hasta que tengan un recurso habitacional estable y un empleo”.

En caso contrario, ha avisado de que “al final lo que hacen es derivar el problema a la administración local, que es la que se está encargando de una manera absolutamente intensa con respecto a otras administraciones de dar cobertura y ayuda a esas personas que llegan aquí de otros países en situaciones muy precarias”.

Un total de diez alumnos —nueve hombres y una mujer— han superado el curso de peluquería masculina desarrollado en el Centro de Acogida e Inserción para Personas Sin Hogar, conocido popularmente como albergue municipal de Zaragoza, dentro del Plan de Primera Oportunidad que impulsa el Ayuntamiento para favorecer la inserción social y laboral de las personas en situación de sinhogarismo.

Los alumnos, que han completado esta formación intensiva durante los meses de abril, mayo y principios de junio, han recibido hoy sus diplomas de manos de la consejera municipal de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós.

El curso ha tenido lugar en una de las nuevas aulas habilitadas tras la reforma del albergue municipal, tras la inversión de más de cinco millones de euros para modernizar y ampliar los servicios destinados a las personas más vulnerables.

El curso ha sido impartido por docentes especializados en peluquería de la empresa de peluquería Passaró, con la supervisión del equipo de educadores y trabajadores sociales del albergue municipal. Las clases se han desarrollado de lunes a jueves, en jornada de cuatro horas.

Durante el acto de entrega de diplomas, Marian Orós ha destacado que “el acceso a talleres formativos de calidad es una herramienta fundamental para recuperar la autonomía personal y abrir nuevas oportunidades laborales”. Ha subrayado además que este curso refleja el compromiso del Ayuntamiento de Zaragoza con una atención integral a las personas sin hogar, que no se limita a cubrir necesidades básicas, sino que apuesta decididamente por su inclusión social y laboral mediante itinerarios personalizados de formación y acompañamiento.

“La reforma y ampliación del Albergue Municipal nos permite disponer ahora de espacios modernos y adecuados para desarrollar iniciativas formativas como esta, que ayudan a las personas a reconstruir sus proyectos de vida y a recuperar expectativas de futuro”, ha añadido Orós.

El curso ha tenido una gran acogida, ya que se han cubierto las diez plazas ofertadas y ha sido valorado de manera muy satisfactoria tanto por los usuarios como por los docentes y personal municipal del Albergue, por lo que el Ayuntamiento valorará su continuidad después del verano. Entre los participantes figuran usuarios de diferentes perfiles, la mayor parte jóvenes sin hogar procedentes de países del África subsahariana.

Inclusión social y laboral

La formación ha estado orientada a facilitar una salida profesional en un sector con una elevada demanda laboral, como es la peluquería masculina. Los alumnos han adquirido competencias técnicas en las principales modalidades de corte de cabello y arreglo de barba, así como conocimientos sobre atención al cliente, comunicación, imagen profesional y funcionamiento de un entorno laboral real.

El programa formativo ha combinado aprendizaje técnico, prácticas supervisadas y atención directa a usuarios del propio centro. De hecho, uno de los aspectos más destacados de la iniciativa ha sido el servicio de peluquería prestado durante el desarrollo del curso. Cada alumno ha realizado una media de cinco servicios diarios, alcanzando un total de más de 500 cortes y arreglos ofrecidos a usuarios del Albergue Municipal.

Esta experiencia práctica ha permitido a los participantes perfeccionar sus habilidades profesionales en un entorno real de trabajo, reforzando al mismo tiempo aspectos como la responsabilidad, la disciplina horaria, el trabajo en equipo y la atención al público.

El curso forma parte de las políticas de inserción sociolaboral desarrolladas por el Ayuntamiento de Zaragoza a través del Plan de Primera Oportunidad, que incluye también otras actividades formativas y de promoción personal que se desarrollan de manera estable en el Albergue Municipal: cursos de español, talleres de autonomía digital, cocina, lectura, mecánica de bicicletas, costura, manualidades y actividades culturales o deportivas.

A todas estas iniciativas se suman otros proyectos que el Ayuntamiento de Zaragoza desarrolla con entidades sociales del Tercer Sector como San Ezequiel Moreno, Centro Social San Antonio SERCADE o la Fundación Dolores Sopeña, orientados a mejorar la empleabilidad, la formación, la autonomía personal y la ocupación saludable del tiempo libre de las personas sin hogar.

La crisis del Parque de Atracciones de Zaragoza ha provocado uno de los mayores choques políticos del actual mandato de Natalia Chueca entre el Gobierno municipal y Vox, su socio habitual para aprobar los presupuestos. La exigencia de la formación de extrema derecha de destituir al director general de Proyectos Estratégicos, José María Ruiz de Temiño —conocido por la oposición como el “concejal en la sombra”— por la gestión del recinto ha sido respondida con dureza por la alcaldesa, que acusa a Vox de sumarse a las críticas de la izquierda y rechaza cualquier relevo.

El enfrentamiento llega después de meses de polémicas en torno a la renovación del parque, uno de los proyectos más emblemáticos impulsados por el Ayuntamiento. Los problemas surgidos durante el proceso han desembocado en la imposibilidad de abrir las instalaciones este verano, una situación que la portavoz de Vox. Eva Torres, atribuye a una gestión “deficiente” del Ejecutivo municipal. La formación considera que la responsabilidad política recae sobre la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Proyección Exterior. En una rueda de prensa el pasado sábado a las puertas del parque, Torres denunció un proceso marcado por la “falta de planificación”, la ausencia de transparencia y la acumulación de incidencias en proyectos dependientes de este departamento. Además del Parque de Atracciones, señaló también la gestión de la Ciudad del Cine como ejemplo de esa forma de actuar.

El asunto va a llegar al pleno municipal del próximo 25 de junio, ya que Vox ha registrado una moción en la que solicita formalmente la destitución de Ruiz de Temiño al considerar que existe una “pérdida de confianza política” derivada de la acumulación de errores, la falta de resultados y la deficiente coordinación en proyectos considerados estratégicos para la ciudad. La iniciativa sostiene que la permanencia del director general resulta “incompatible con la confianza que debe presidir la gestión de áreas estratégicas para Zaragoza”.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha respondido este lunes por la mañana, cuando ha asegurado sentirse “absolutamente sorprendida” por la petición de Vox y ha reprochado a la formación que nunca hubiera trasladado previamente esas inquietudes al Gobierno municipal. Además, ha recordado que el partido ha respaldado durante los últimos años los presupuestos en los que figuraban tanto el proyecto del Parque de Atracciones como otras iniciativas que ahora cuestiona. “Me parece que es una postura que está más cerca de seguir las críticas de la izquierda”, afirmó la regidora, que ha acusado a Vox de sumarse a las posiciones que históricamente han mantenido PSOE y Zaragoza en Común sobre el proyecto. Chueca ha defendido que gobernar implica resolver problemas cuando aparecen dificultades y no utilizarlas para obtener rédito político.

Pese a las críticas, Chueca ha descartado cualquier cese. Preguntada expresamente por la continuidad de Ruiz de Temiño, ha respondido con un rotundo “no” y ha asegurado que el objetivo del Ayuntamiento sigue siendo desbloquear la situación para que el Parque de Atracciones pueda reabrir lo antes posible.

Ruiz de Temiño, en el foco por los proyectos estrella de Chueca

José María Ruiz de Temiño ocupa desde el inicio del mandato la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Proyección Exterior, un departamento creado por Natalia Chueca para coordinar algunas de las principales apuestas del Gobierno municipal en materia de atracción de inversiones, promoción de ciudad y desarrollo de grandes proyectos. Desde este cargo ha participado en iniciativas como la Ciudad del Cine, el Distrito 7 o la transformación del Parque de Atracciones, uno de los proyectos más ambiciosos impulsados por el Ayuntamiento durante los últimos años.

Este ha sido precisamente el que más quebraderos de cabeza le ha generado. En este caso, los problemas surgieron con el proyecto nonato: desde que trascendió que el propio Ruiz de Temiño matuvo comidas con promoteros de este tipo de instalaciones antes de aprobarse el pliego y que estas reuniones fueron sufragadas con dinero público. El Ayuntamiento las justificó como reuniones de trabajo ligadas a un proyecto estratégico. Ruiz de Temiño compareció en la Comisión de Presidencia y se negó a revelar con quién comió y qué trató en esas reuniones. El edil de Zaragoza en Común (ZeC) Suso Domínguez criticó en ese momento que se recurriera a comidas en un reservado, con dinero público, en lugar de a la consulta preliminar de mercado prevista por ley.

A partir de ahí, casi nada parece haber ido bien en la tramitación de este complejo, que ha concitado la oposición vecinal y duras críticas de los partidos de la oposición. Solo hubo un ofertante en el concurso público e incluso los técnicos municipales dejaron claro la escasa calidad de la propuesta remitida, que obtuvo un aprobado raspado: el Gobierno municipal afirmó primero que exigiría mejores condiciones, pero más adelante se corrigió a sí mismo y se escudó en que los pliegos eran “demasiado exigentes”.

La renovación del recito fue presentada por el Consistorio como una oportunidad para modernizar las instalaciones, pero el proceso se encuentra paralizado. En abril, el parque recibió la autorización provisional para la apertura para los eventos comprometidos, el último de ellos este pasado sábado 6 de junio. El origen de la paralización viene de la falta de acuerdo enter los socios de Moncayo Leisure —la empresa adjudicataria, formada en un 80% por la firma argentina Fénix Entertainment y en un 20% por PAZ, de la familia Morte y actual gestora— obliga a volver al calendario inicial. Detrás del retraso hay un problema económico. Según detalló en abril Ángel Lorén, las diferencias entre las partes se centran en el precio de las atracciones que deben pasar de la gestora actual a la nueva sociedad. A eso se suma el malestar del socio mayoritario, el grupo inversor Fénix, al conocer la situación preconcursal del minoritario, lo que ha terminó de tensar la negociación.

S. tiene 19 años, arrastra un importante problema de salud mental derivado de una encefalitis sufrida durante su adolescencia y cuenta con una medida judicial de protección. Sin embargo, su realidad cotidiana sigue siendo las calles del barrio del Gancho, en Zaragoza. La historia de S., cuyo nombre completo se omite para preservar su intimidad y dignidad, ha encendido las alarmas de la asociación Acullir, una entidad formada por personas que pasaron por el sistema de protección de menores y profesionales que han trabajado en él. Desde hace meses intentan acompañarlo, alimentarlo cuando pueden y reclamar una solución institucional que, aseguran, todavía no ha llegado.

“No estamos hablando de una persona que simplemente esté atravesando una situación económica difícil. Estamos hablando de un joven que no tiene capacidad para cuidarse a sí mismo”, explica Pascual Jiménez, responsable del programa Enfilar de Acullir y educador jubilado.

La entidad conoció su caso en abril, después de recibir la llamada de una vecina preocupada por un joven que veía dormir en la calle en condiciones extremas. Al principio, recuerdan, este joven argelino desconfiaba de cualquiera que intentara acercarse.

“Poco a poco fuimos reconstruyendo su historia. No tenía documentación, apenas información sobre su situación administrativa y nos fue llevando a lugares donde lo conocían. Así supimos qué había pasado por el sistema de protección de menores, que había sufrido una encefalitis y que existía una resolución judicial que establecía una curatela por su situación de salud mental”, relata Jiménez.

Según la información recopilada por la asociación, la enfermedad que sufrió le dejó importantes secuelas neurológicas, debido a una desmielinización en las neuronas frontales, que afectan especialmente al control de impulsos y a su capacidad para gestionar situaciones cotidianas. También pasó por distintos recursos especializados de atención psiquiátrica, entre ellos Prisma y Nuestra Señora del Carmen.

Una protección que no evita el desamparo

El aspecto que más preocupa a quienes lo acompañan es la contradicción que observan entre la existencia de una medida judicial de protección y su situación actual. Tal como adelantó Heraldo de Aragón, el Juzgado de Primera Instancia número 13 acordó en diciembre de 2025 una curatela para proteger al joven y asignó su tutela al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Sin embargo, tras ser expulsado de distintos recursos por conductas disruptivas asociadas a su enfermedad, S. acabó de nuevo en la calle.

“Lo sangrante es que existe una orden de protección y, aun así, está durmiendo sobre el pavimento”, lamenta Jiménez.

La asociación remitió hace dos semanas un escrito al juzgado y a la Fiscalía alertando de la gravedad de la situación y solicitando medidas urgentes. “Les comunicamos que se encuentra sin tratamiento, sin seguimiento médico, desnutrido y viviendo en la calle. Ni siquiera tiene capacidad para procurarse algo tan básico como unas mantas o un colchón para dormir”, explica.

Desde Acullir insisten en que no cuestionan la complejidad del caso ni las dificultades para encontrar recursos adecuados, pero consideran que la falta de una respuesta efectiva está dejando al joven en una situación de abandono.

“La institución nos trasladó que no dispone de un recurso adaptado para él después de haber sido expulsado de otros centros. Sin embargo, mientras tanto el chaval sigue en la calle y cada día que pasa su situación empeora”, afirma.

En ausencia de una solución estable, la supervivencia de S. depende en buena medida de una red informal de apoyos protagonizada por vecinos del barrio, entidades sociales y algunos profesionales que cubren sus necesidades básicas cuando pueden. Todos ellos, como cuentan desde Acullir, le dejan comida, lo orientan hacia recursos asistenciales o le ofrecen refugio de forma puntual.

“Hemos encontrado muchísima solidaridad en el barrio. Todo el mundo que lo conoce está preocupado por él”, señala Jiménez a elDiario.es.

Sin embargo, esa solidaridad tiene límites porque, tal y como indica, se trata de una asociación pequeña en la que pueden acompañarlo, hablar con él e intentar mover su caso con administraciones y juzgados. “No tenemos capacidad para garantizar su atención diaria ni para ofrecerle el recurso especializado que necesita”, reconoce.

La situación se agrava porque las dificultades derivadas de su enfermedad mental complican también el acceso a los servicios disponibles. Según explica la entidad, su impulsividad y sus problemas de convivencia han provocado conflictos en algunos recursos sociales y comedores, reduciendo todavía más sus posibilidades de cobertura básica.

Más allá de un caso individual

Aunque las circunstancias concretas de S. son especialmente graves, desde Acullir advierten de que el problema de fondo va mucho más allá de una única historia. Como afirman, la asociación trabaja con jóvenes extutelados que, al alcanzar la mayoría de edad, afrontan procesos de emancipación marcados por la precariedad, la soledad y la ausencia de redes familiares de apoyo.

“Nosotros acompañamos habitualmente a chicos que viven en parques, debajo de puentes o en situaciones de sinhogarismo. Es una realidad que existe y que cada vez vemos más”, lamenta Jiménez.

La diferencia, subraya, es que con muchos de esos jóvenes resulta posible construir itinerarios de inserción y autonomía. “Con ellos puedes hablar, planificar, buscar alternativas. En el caso de S. nos encontramos con la dificultad añadida de que no tiene capacidad real para gestionar su propia situación ni para seguir orientaciones de manera estable”, añade.

Por eso considera que el caso pone de manifiesto la necesidad de reforzar los recursos específicos para aquellas personas que, además de atravesar procesos de exclusión social, presentan trastornos mentales graves.

El debate sobre los recursos especializados

Desde el Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón aseguran que conocen la situación y que desde los servicios públicos intentan que el joven ingrese en un recurso especializado para personas con adicciones y otras patologías asociadas. Según señalan, el acceso sería gratuito en caso de carecer de ingresos, aunque requiere la aceptación voluntaria del usuario, algo que “todavía no se ha producido”.

En cambio, desde Acullir solicitan un “recurso adaptado a sus necesidades” porque “no es hablar de cualquier plaza, sino que necesita un centro psiquiátrico o especializado donde puedan atender su enfermedad y trabajar con él”.

El responsable de Enfilar recuerda que existen precedentes que demuestran que una atención adecuada puede funcionar: “Sabemos que en otros momentos estuvo integrado en determinados recursos. Por eso creemos que tiene que existir una alternativa capaz de responder a sus circunstancias concretas”.

En cuanto a la decisión de hacer pública la situación de S. no fue sencilla para la entidad. De hecho, aseguran que durante semanas intentaron activar distintas vías institucionales antes de dar el paso, pero la preocupación es “cada vez mayor”. “La razón por la que hemos decidido visibilizar este caso es la indignación que sentimos al verlo día tras día tirado en el suelo sin ninguna solución”, reconoce Jiménez.

De hecho, admite que temen “por su seguridad y por su vida” porque, mientras administraciones, servicios sociales y órganos judiciales estudian posibles respuestas, este joven de 19 años sigue recorriendo las mismas calles del centro de la capital aragonesa sin recursos, comida ni atención especializada.

La construcción de vivienda pública y asequible se ha convertido en una de las principales apuestas urbanísticas del Ayuntamiento de Zaragoza y del Gobierno de Aragón. Sin embargo, la estrategia de recalificar parcelas reservadas para equipamientos públicos está provocando una creciente contestación vecinal en varios barrios de la ciudad, donde los residentes denuncian que se están sacrificando los últimos suelos dotacionales mientras siguen sin llegar servicios básicos prometidos desde hace años. Rosales del Canal, Parque Venecia, Picarral, Barrio Jesús o el entorno de la avenida de Cataluña comparten una misma reivindicación: antes de seguir aumentando la población, reclaman centros cívicos, institutos, instalaciones deportivas, centros de salud o espacios para mayores y jóvenes.

El caso más avanzado es el de Rosales del Canal. Allí, el Ayuntamiento cedió al Gobierno de Aragón una parcela reservada inicialmente para equipamientos educativos con el objetivo de construir vivienda asequible —aunque cuestionan que los precios planteados se puedan considerar asequibles— . La decisión ha acabado en los tribunales tras el recurso presentado por vecinos del barrio, que consideran que el solar debía destinarse a un instituto largamente reivindicado.

“Aquí seguimos esperando que se complete el colegio y que se construya el instituto que se prometió hace años”, denuncia Nacho Jordán, representante vecinal. Según explica, la parcela era la última reserva de suelo público disponible en el barrio y su pérdida compromete futuras dotaciones. “No estamos en contra de la vivienda protegida, pero no se puede solucionar un problema agravando otro”, sostiene. Explica que “no hay ni siquiera transporte público” y acusa al Ayuntamiento de estar alimentando la “confrontación vecinal” al tratar de enfrentarlos con los vecinos de Arcosur, que hay llegado a un acuerdo respecto a sus parcelas dotacionales. “Está muy bien que hagan equipamientos en Arcosur porque van a hacer falta, en Montecanal hace 30 años que no hacen nada, en Arcosur 19. Están instrumentalizando los equipamientos en detrimento de los barrios que llevamos 20 o 30 años esperando”. Desde la plataforma vecinal de Arcosur explican que tuvieron una reunión “hace semanas” y aseguran que no han recibido “ninguna novedad ni información adicional sobre la planificación, los plazos o las actuaciones concretas que se puedan llevar a cabo”.

La situación se repite en Parque Venecia, donde los vecinos rechazan la construcción de unas 200 viviendas previstas en dos parcelas inicialmente destinadas a equipamientos. El barrio, con más de 12.000 habitantes, sigue sin instituto, centro cívico o instalaciones deportivas propias. “No es que pidamos algo extra; es que no tenemos prácticamente nada”, resume Carlos Malo, portavoz de una de las plataformas vecinales. Según detalla, comparten el centro de salud con Torrero, los colegios están “más que llenos”, han puesto barracones, “los que van ahí para el comedor tienen que cruzar la carretera, no hay instituto, no hay zonas de ocio, ni una sola parcela deportiva. Es el segundo barrio con más natalidad, no hay equipamientos y aún faltan tres promociones privadas y aún así vas a meter dos más con calzador, es inviable”

Malo expone que en esta zona de la ciudad “no hay manera de sacar terrenos, somos como una isla” y acusa al Ayuntamiento de haberse “olvidado del barrio”: “No es que no queramos vivienda porque se nos antoja, queremos que vean como de abandonado está el barrio”.

También en el Picarral ha surgido una fuerte oposición a la recalificación de un solar deportivo en la calle Luis Pinilla. Los vecinos alertan de que el barrio afrontará la llegada de miles de nuevos residentes con el desarrollo de Aceralia mientras continúa sin centro cívico, guardería municipal o centro de día. “No quedan más solares y luego dirán que no hay dónde hacer esos equipamientos”, lamenta Ana Lasierra, portavoz de la plataforma vecinal.

Lasierra asegura que se enteraron de este plan por la prensa y critica que no hay ningún suelo deportivo en el barrio: “Darle ese uso sería lo ideal. Aunque tenemos otras carencias: el centro de salud se queda pequeño, los colegios públicos e institutos se han quedado pequeños y la mayoría de edificaciones públicas necesitan ampliaciones”. 

Una preocupación similar existe en el entorno de la avenida de Cataluña. David Martos, presidente de una cooperativa de viviendas, asegura que la parcela cedida para vivienda pública estaba reservada originalmente para equipamientos como colegios o guarderías. “Nadie está en contra del alquiler asequible, pero en esta zona sobra suelo para construir vivienda y faltan servicios públicos”, afirma. Los vecinos alertan además de la saturación del centro de salud de La Jota y del fuerte crecimiento poblacional previsto en los próximos años: “El centro de salud está desbordado, con un 30% o 40% de cartillas por encima de lo que le corresponde, todo lo que se está construyendo en el barrio supondría entre 10.000 y 15.000 personas más”. 

Además, considera que se ha elegido esta parcela porque estaba ya preparada: “Está urbanizado el entorno, es llegar y ponerse a construir. Sin embargo, hay una barbaridad de terreno para construir en el barrio, por eso consideramos que no es correcto utilizar esa que estaba destinada a equipamientos públicos”. 

El Barrio Jesús fue el primero en movilizarse. Tras las protestas vecinales y la intervención del Justicia de Aragón, el Ayuntamiento acabó descartando la construcción de viviendas en uno de los solares afectados. Los residentes reclaman que el terreno se destine a un centro intergeneracional con servicios para mayores y jóvenes. “Llevamos más de 25 años esperando equipamientos y cada vez somos más vecinos”, señala Raúl Gascón.

En otro de los solares en disputa los vecinos proponen un pabellón deportivo, que ha salido presupuestado varias veces pero “nunca han destinado ningún dinero”: “Somos una zona que creció en los 90 y el único equipamiento es un colegio público del que se quedan cada año 20 o 30 niños fuera. Es una zona en la que en los últimos años han venido más de 3.000 vecinos con los mismos equipamientos, antes de hacer más vivienda hace falta hacer servicios para esos nuevos vecinos”. 

Un plan de vivienda “irrenunciable” según el Ayuntamiento

Frente a estas críticas, el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, defiende que el plan de vivienda impulsado junto al Gobierno de Aragón es “absolutamente necesario e irrenunciable”. El edil sostiene que los barrios afectados disponen de superficie suficiente para seguir desarrollando equipamientos en el futuro y asegura que el Ayuntamiento está dispuesto a estudiar alternativas propuestas por los vecinos, aunque insiste en que la construcción de vivienda pública seguirá adelante.

Según explica, la elección de parcelas dotacionales responde también a criterios técnicos y económicos, ya que son terrenos que ya cuentan con infraestructuras urbanas ejecutadas, como calles, aceras o servicios básicos, lo que permite acelerar los proyectos. Además, asegura que en los barrios afectados siguen existiendo metros cuadrados suficientes para desarrollar futuros equipamientos. Serrano recuerda que el Ayuntamiento ha mantenido reuniones con representantes vecinales de Rosales del Canal, Parque Venecia, Arcosur y otros barrios para escuchar sus reivindicaciones. “Si tienen ubicaciones que entienden mejores, las estudiaremos”, señala. No obstante, insiste en que la construcción de vivienda pública continuará adelante. “Les trasladamos que el plan de vivienda es absolutamente necesario e irrenunciable y vamos a perseverar”, afirma.

El edil sostiene además que algunas de las demandas planteadas ya están siendo atendidas. En el caso de Parque Venecia, asegura que se está trabajando en el futuro centro cívico del barrio, mientras que en otras zonas se han ejecutado actuaciones menos visibles para los vecinos, como infraestructuras destinadas a prevenir inundaciones y otros fenómenos meteorológicos extremos. Frente a las acusaciones de que se están eliminando los últimos suelos disponibles para equipamientos, Serrano defiende que los barrios todavía disponen de reservas suficientes para seguir desarrollando servicios públicos “como no puede ser de otra manera”.

Los inquilinos de las primeras 78 viviendas de las 384 de alquiler asequible que impulsa el Ayuntamiento de Zaragoza podrán entrar a vivir este verano tras adjudicarse en un sorteo “público y transparente” a través de una plataforma en la que se tendrá que inscribir los interesados y que gestionará la empresa Brial, que es la constructora ha levantado este bloque en el distrito de Valdefierro.

En los próximos días, la compañía anunciará la apertura de la plataforma digital para ofrecer toda la información y se abrirá un plazo de dos semanas para que se formalicen las inscripciones. Así lo ha detallado este viernes la alcaldesa, Natalia Chueca, en su visita a las nuevas viviendas, que tendrán unos precios del alquiler “de entre 414 y 548 euros mensuales”.

Pasado ese plazo, se hará la adjudicación “totalmente transparente para que todos los interesados tengan las mismas oportunidades y se hará un sorteo ante notario de tal forma que los agraciados puedan ser los próximos inquilinos”, ha continuado la alcaldesa en su visita a un bloque de 18 pisos en la calle de Mercurio, 24-26.

Cada promoción de las próximas que se van a inaugurar en la capital aragonesa tendrá su propia bolsa de aspirantes, siempre a iniciativa de la correspondiente constructora.

En estas 78 viviendas van a poder vivir más de 300 personas y, aunque en general son de dos habitaciones, también las hay de otra tipología para atender distintos perfiles de ciudadanos, como viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida y otras para familias numerosas, con un máximo de entre 6 y 7 personas.

“Es un hito importante”, ha enfatizado Chueca para añadir que esta viviendas cumplen uno de los requisitos exigidos para obtener fondos europeos que es la eficiencia energética con el consiguiente beneficio “no solamente en reducir las emisiones de CO₂, sino también un beneficio directo en el bolsillo de los futuros inquilinos porque van a tener un coste mínimo en los suministros”, ha hecho notar Chueca.

Otros distritos

En una comparecencia ante los medios tras recorrer dos de los inmuebles, Chueca ha recordado que Zaragoza ha impulsado 384 viviendas con fondos europeos que se ubican en distintos barrios y distritos, como en Valdefierro con 190 viviendas, incluida esta promoción de 78; y que se localizan en las calles de Mercurio, Andrómeda, Piscis, Júpiter, Osa Menor, Argos y Venus. En San José hay 58 viviendas; en Las Fuentes 112 pisos y en el Arrabal otros 24 a través de una cooperativa en el camino Torrecillas.

La fórmula elegida es la colaboración público-privada mediante la fórmula del derecho de superficie durante 50 años, prorrogable de 75 años, destinadas a la VPA de conformidad con la normativa vigente que regula los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social.

Las empresas adjudicatarias de estos proyectos, según ha informado el Ayuntamiento, han desarrollado estos inmuebles de alta calidad arquitectónica, con los sellos Passive Haus, LEED, BREEAM o WELL, y se encargarán ahora también de la gestión del mantenimiento y la explotación.

La construcción de estas 384 viviendas supone una inversión total de 56,3 millones de euros, de los que 15,5 millones vienen de fondos europeos Next Generation y el resto son fondos municipales. Una inversión municipal que permite “ampliar el parque de vivienda pública de Zaragoza y poner en marcha una de las políticas más ambiciosas que se pueden pensar y que hay ahora mismo en ninguna otra ciudad española”. Al respecto, Chueca ha comentado que, además de estas 384 viviendas con fondos europeos, hay hasta un total de 3.438 gracias al Plan Más Vivienda en colaboración con el Gobierno de Aragón.

En concreto, el Ayuntamiento de Zaragoza participa en la promoción de estas viviendas en régimen de alquiler asequible repartidas en doce distritos a través de 4 planes operativos. Uno de ellos es el Plan Más Vivienda, con 2.748 pisos nuevos a través de la alianza con el Gobierno de Aragón para usar suelos dotacionales infrautilizados; otro son los 384 pisos repartidos en 11 promociones mediante colaboración público-privada a través de fondos europeos.

El tercero es el Plan de Vivienda Zamoray-Pignatelli, con 125 pisos en una intervención directa municipal para regenerar el Casco Histórico con 29,1 millones de inversión –nueva planta y rehabilitación–; y el cuarto son otros 145 hogares a través de las políticas activas de Zaragoza Vivienda –32 pisos en Torrero, 13 en el Arrabal, calles de Horno y Lacruz, 37 en Miguel Servet o 27 compras a entidades bancarias–.

Requisitos y condiciones para acceder

En estos casos son viviendas públicas de alquiler asequible con cuotas que no pueden superar el 30% de los ingresos que tenga la unidad familiar, de tal forma que tendrán una bonificación para que pueda ser un precio asequible a todos los bolsillos.

Sobre todo, están pensadas en “las familias más jóvenes que buscan independizarse, tener su propia autonomía”, y en el caso del edificio de Valdefierro oscilarán entre los 414 euros y 548 euros. “Es la mejor prueba de que mi gobierno busca soluciones a los problemas con hechos y realidades”, ha recalcado.

La alcaldesa de Zaragoza ha avanzado que seguirá trabajando en esta línea para que “nuevas familias puedan empezar una nueva vida y crear un hogar”. Asimismo, ha querido hacer notar que hacer estas viviendas “no es fácil conforme a los pliegos muy exigentes de los requisitos que se exigen desde Europa y también hacerlo en tiempo”. Al respecto, ha comentado que muchas ciudades han renunciado a solicitar fondos europeos, Next Generation, precisamente por la “exigencia y el difícil cumplimiento” que tienen para los técnicos y para las instituciones, ya que obliga a trabajar en tiempo récord.

“Aquí se ha trabajado gracias a la colaboración público-privada, que hay que poner en valor desde la administración, pero también desde la iniciativa privada, como es el caso de la promotora Brial. Es para que nos sintamos orgullosos del trabajo que se está haciendo y de las oportunidades que estamos dando a los jóvenes en Zaragoza”, ha concluido.

El Archivo Municipal de Zaragoza conserva un documento histórico que lleva la firma de Alfonso I El Batallador y que se muestra ahora en el Palacio de Montemuzo con motivo de su 900 aniversario. Se trata del documento más antiguo custodiado, ya que data del año 1126 y está estrechamente ligado a la historia de una ciudad bimilenaria, que ha sido, durante siglos, cruce de culturas. Coincidiendo con la Semana Internacional de los Archivos, que se celebra entre el 8 y 12 de junio, el Ayuntamiento de Zaragoza ha organizado una serie de actividades, con este ejemplar como claro protagonista. No en vano, ha conseguido “sobrevivir” 900 años hasta llegar a la actualidad, conservado en unas condiciones óptimas en el archivo para continuar intacto al paso del tiempo.

El consejero municipal de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Gimeno, ha presentado este viernes las actividades, en el mismo palacio de Montemuzo —construcción renacentista del siglo XVI—, donde los asistentes podrán contemplar este documento entre el 8 y el 12 de junio, con entrada libre, al tiempo que se organizan otras actividades con jornadas de puertas abiertas, talleres de caligrafías, visitas guiadas y conferencias.

En diciembre del año 1118, Alfonso I, rey de la casa de Aragón, tomó la ciudad de Zaragoza poniendo así fin a la taifa de Zaragoza. Entonces, se convirtió en un territorio de frontera que necesitaba ser repoblado. Con esta intención, el rey Alfonso firmó pocos años después, en 1.126, un texto por el que concedía fueros y privilegios a los cristianos mozárabes que vivían en la zona de Andalucía y Valencia para que se trasladaran a vivir a Zaragoza. El pergamino con su copia es la pieza más antigua custodiada por el archivo y constituye una fuente excepcional para comprender la transformación de la ciudad en los años posteriores a la conquista.

La efeméride coincide con la celebración de la Semana Internacional de los Archivos, promovida anualmente por el Consejo Internacional de Archivos (ICA), y servirá para acercar a la ciudadanía uno de los testimonios documentales más relevantes de la historia de Zaragoza.

Programa especial

Con motivo de esta conmemoración, el Archivo Municipal ha preparado un programa especial de actividades que se desarrollará entre los días 6 y 12 de junio en el Palacio de Montemuzo. La programación combinará la divulgación histórica, la difusión del patrimonio documental y la participación ciudadana, con propuestas dirigidas tanto al público especializado como al conjunto de los zaragozanos. Las actividades comenzarán el sábado, 6 de junio, con la grabación en directo del programa Historia de Aragón de Aragón Radio, dedicado íntegramente al novecientos aniversario del privilegio de 1126.

El espacio contará con la participación de Sergio Martínez y Santiago Navascués y se celebrará en el patio del Palacio de Montemuzo con entrada libre hasta completar aforo. Tras la grabación, los asistentes podrán visitar la exposición del documento original instalada en la sala de consulta del Archivo Municipal.

El eje central de la programación será precisamente la exhibición pública del documento más antiguo conservado por el Archivo Municipal, que podrá contemplarse de forma excepcional el 6 de junio por la mañana y entre los días 8 y 12 de junio, en horario de 09:00 a 14:00.

La muestra permitirá acercarse a esta pieza fundamental de la historia de Zaragoza y conocer su contexto histórico, así como los procesos de conservación y estudio que garantizan su preservación. Paralelamente, el Archivo pondrá a disposición del público una exposición virtual con textos elaborados por María Narbona, Érika Gómez y Sergio Martínez, acompañados de la transcripción y el estudio paleográfico y diplomático del documento.

Durante toda la semana, los visitantes también podrán disfrutar de la proyección del vídeo Restauración del Palacio de Montemuzo y de un recorrido visual por la historia del patrimonio zaragozano a través de una selección de fotografías históricas reunidas bajo el título Patrimonio que resiste, patrimonio perdido y patrimonio errante.

Jornada de puertas abiertas

El martes, 9 de junio, se celebrará una jornada de puertas abiertas que permitirá conocer de cerca las instalaciones del Archivo Municipal y descubrir algunos de los fondos documentales que custodia. Con motivo de esta jornada se exhibirá una selección de documentos originales que recorrerá la historia de la ciudad desde el siglo XII hasta la actualidad, ofreciendo una panorámica única de más de ocho siglos de memoria escrita. Ese mismo día se organizarán varias visitas guiadas al Archivo, la Biblioteca y la Hemeroteca Municipales.

Los recorridos permitirán acceder a espacios habitualmente restringidos al público y contemplar elementos patrimoniales singulares del edificio, entre ellos el artesonado mudéjar conservado en el Palacio de Montemuzo. Las visitas serán gratuitas, aunque requerirán reserva previa debido a la limitación de plazas.

La programación continuará el miércoles, 10 de junio, con un taller de caligrafía histórica impartido por Ricardo Vicente Placed. Bajo el título 'La escritura del privilegio real de 1.126', la actividad ofrecerá a los participantes la oportunidad de conocer las características de la escritura utilizada en la documentación medieval y experimentar de forma práctica las técnicas empleadas por los escribanos de la época.

Como cierre de la Semana Internacional de los Archivos, el jueves 11 de junio tendrá lugar la conferencia 'El privilegio de Alfonso I (1126): 900 años de un documento que cambió la historia de Zaragoza', a cargo de las investigadoras María Narbona y Érika Gómez.

La sesión analizará el contexto histórico en el que fue otorgado el privilegio, su contenido y su trascendencia para el desarrollo de la Zaragoza medieval. Al finalizar la conferencia, los asistentes podrán participar en una visita comentada a la exposición del documento original.

Con esta programación, el Archivo Municipal de Zaragoza quiere destacar una pieza documental excepcional que ha llegado hasta nuestros días, después de nueve siglos y reivindicar el papel de los archivos como instituciones esenciales para la conservación, el estudio y la difusión del patrimonio histórico.

La conmemoración ofrece además una oportunidad única para acercar a la ciudadanía la riqueza de unos fondos documentales que constituyen una parte fundamental de la memoria colectiva de Zaragoza.

La lucha sigue. Los trabajadores y trabajadoras del sector de la limpieza de la provincia de Zaragoza están cansados y preocupados tras once días de huelga, pero siguen decididos a lograr un convenio colectivo que garantice unas condiciones laborales dignas. Los paros, convocados por UGT, CCOO y OSTA, afectan a más de 10.000 trabajadoras y trabajadores, la mayoría mujeres con contratos a tiempo parcial, y tienen incidencia tanto en edificios públicos como en instalaciones privadas.

Los representantes sindicales del sector de la limpieza han afrontado este viernes una nueva reunión de mediación en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) dentro del proceso abierto para tratar de desbloquear la negociación del convenio colectivo, después del intento frustrado del pasado 21 de mayo, en el que participaron el comité de huelga y las patronales del sector, la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL) y la Asociación Aragonesa de Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales (ASOAL). Este viernes lo han hecho con prudencia, pero también con la convicción de que la movilización está logrando situar sus reivindicaciones en el centro de la negociación colectiva. Sin embargo, ha quedado en punto muerto.

Los representantes de los tres sindicatos convocantes han explicado que, tras varios recesos, ASPEL y ASOAL han solicitado la suspensión del acto de mediación para el lunes 8 a las 15:00. Por tanto, la huelga no se suspende pero creen que el acto de mediación no ha fracasado. Además de mantener la manifestación de las 18:00, han convocado a los trabajadores una nueva concentración el lunes 8 de junio a las 14:30 a la puertas del SAMA.

La huelga —según los sindicatos— tiene un amplio seguimiento en el sector público, especialmente en los servicios dependientes del Ayuntamiento de Zaragoza y del Gobierno de Aragón, pero también en grandes empresas como Stellantis, donde el paro se mantiene al 100% entre la plantilla de limpieza. “Tenemos la fábrica sin limpieza hasta que no se arregle esto”, asegura José Ignacio, trabajador en huelga presente en la convocatoria ante el SAMA. Son más de cien trabajadores repartidos entre las secciones de pintura, otras áreas y oficinas, “toda la fábrica”: “Vamos a seguir y, si no se arregla, continuaremos en huelga hasta el final”, ha advertido.

También Manoli y David, trabajadores de Eulen en Saica, reivindican una subida salarial digna después de cuatro años con los salarios congelados y reclaman que no se recorten derechos, como ocurre con las bajas laborales, durante las que pierden tres días de retribución. “Estamos en una situación crítica porque llevamos muchos días de huelga y hay personas que solo cuentan con este salario. Si ya es bajo, imagínate”.

Reyes, trabajadora del servicio de limpieza de colegios de Serveo, lleva siete años como empleada fija y reclama un salario digno que se equipare al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). “El Ayuntamiento ha pagado el 3,5% de subida para este año y a nosotros nos quieren subir el 2,5%. Así que el 1% restante, ¿dónde se lo meten?”, cuestiona. También esperaba que, tras 11 días de huelga, se produjera este viernes un avance significativo y recuerda a las compañeras que “lo están pasando muy mal”. No obstante, asegura que “se arregle o no se arregle, vamos hasta el final”.

Mariano Jesús Álvarez Pila, secretario de Relación Sindical y Negociación Colectiva de CCOO Zaragoza, miembro de la mesa negociadora de limpieza y asesor del comité de huelga, aseguraba antes de la reunión que el colectivo llega a esta nueva fase del conflicto con tranquilidad, aunque sin grandes expectativas respecto a la actitud de las patronales. “Estamos en la buena línea, pero tenemos que tener cierta cautela porque tampoco esperamos nada bueno de las patronales”. Según ha explicado, la situación que vive Zaragoza no es un caso aislado, ya que la patronal estatal Aspel mantiene abiertos otros convenios colectivos en circunstancias similares. De hecho, ha recordado que los trabajadores de la limpieza en Valladolid podrían iniciar una huelga a partir del día 12. A su juicio, las empresas están intentando resistir para evitar asumir las reivindicaciones sindicales, centradas en incrementos salariales acordes al coste de la vida, la creación de un plus de edificio industrial para una parte específica del sector y una reducción de jornada que sea “real y efectiva”.

Desde UGT, el vicesecretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC), Esteban Lauroba, reconocía que la nueva reunión de mediación genera cierta expectativa entre los trabajadores. “Suponemos que si nos han convocado es porque saben que las cosas se pueden mover”, señaló antes de la reunión. Aunque evitó mostrarse optimista, destacaba que el colectivo mantiene intacta la esperanza y la fortaleza tras once días de movilización. Según aprecia que el sector atraviesa un momento de tensión y cansancio, pero también de determinación para conseguir un convenio colectivo que garantice unas condiciones laborales dignas. “Tienen ganas de acabar, pero también de que su convenio pueda firmarse en condiciones de decencia”, ha afirmado.

Por su parte, Alberto Navarro, secretario de Organización de OSTA y responsable del sector de limpieza, ha indicado que la huelga está teniendo efectos visibles tanto en el ámbito público como en el privado. “La gente tiene muy claro lo que quiere”, afirma, antes de destacar que durante estos once días de paro se ha hecho notar la presión ejercida por los trabajadores. Como ejemplo, ha citado la publicación de nuevos servicios mínimos en la Base Aérea de Zaragoza, una medida que, a su juicio, demuestra el impacto que está teniendo la movilización. Navarro ha insistido en que la plantilla no se conformará con las propuestas planteadas hasta ahora por la patronal y reclama un acuerdo que responda a las demandas del sector.

En cuanto al seguimiento de la huelga, ha asegurado que está siendo especialmente elevado en los centros dependientes del Ayuntamiento de Zaragoza y del Gobierno de Aragón, así como en numerosas fábricas del sector privado. Aunque reconoce que en otros ámbitos la incidencia es menor, ha destacado que las concentraciones convocadas durante estos días han reunido entre 700 y 800 personas. También ha cuestionado el papel del Ayuntamiento de Zaragoza, uno de los principales contratistas del sector, donde trabajan más de mil empleadas de limpieza. Según ha denunciado, el seguimiento del paro se ha producido pese a unos servicios mínimos que califica de “abusivos” y que, ha afirmado, no se habían aplicado con anteriores corporaciones municipales.

Durante la huelga, los representantes sindicales han recorrido diferentes centros de trabajo para informar a las plantillas y comprobar el seguimiento de los paros. Según Navarro, han visitado empresas como Profand, Saica, Balay y Amazon. En aquellos casos en los que se les ha impedido el acceso o se han encontrado obstáculos para desarrollar su labor sindical, las organizaciones sindicales han presentado denuncias ante la Inspección de Trabajo para que determine si se ha vulnerado el derecho de huelga y el derecho de los representantes de los trabajadores a acceder a los centros para informar a las plantillas.

El dirigente de OSTA también ha criticado el anuncio realizado por Balay sobre la posible aplicación de un ERTE al 100 % de su plantilla. Considera que la medida “no es ni justa ni necesaria” y pide a la empresa que la retire. A su entender, la decisión traslada a los trabajadores de la limpieza una responsabilidad que no les corresponde. “Están defendiendo sus derechos y sus intereses y por eso nadie tiene que ser penalizado”, ha afirmado.

Respecto al futuro inmediato del conflicto, Navarro ha dejado claro que la movilización continuará si la mediación no desemboca en un acuerdo satisfactorio. “Seguiremos adelante hasta el final para conseguir lo que hemos pretendido desde el primer día: un convenio digno para este sector”, ha advertido.

Un joven de 27 años falleció en Caspe este miércoles por la noche tras una pelea en el centro de la localidad. La Guardia Civil ha detenido a un varón presuntamente implicado en el enfrentamiento. Según ha expuesto el Delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, durante la pasada noche hubo una “riña tumultuaria” en la que falleció un varón.

Pasadas las 22:30 del miércoles, se recibió una llamada de colaboración ciudadana en Guardia Civil comunicando que se estaba produciendo una pelea entre dos varones en una céntrica plaza de la localidad de Caspe. De inmediato se desplazaron al lugar efectivos de Guardia Civil y personal sanitario que localizaron a un joven tumbado en el suelo inconsciente. A pesar de las maniobras para tratar de reanimarlo esta persona falleció, siendo trasladado su cuerpo al Instituto de Medicina Legal de Aragón para efectuarse la correspondiente autopsia. Se trata de un joven de 27 años, nacionalidad española y que actualmente residía en Caspe, han informado desde la Guardia Civil.

Al mismo tiempo que esto sucedía la Guardia Civil estableció un dispositivo policial para la localización del presunto autor ya que, tras la agresión cometida, huyó del lugar. Dispositivo que se fue ampliando conforme transcurría la jornada y en el que han participado agentes de diferentes especialidades trasladadas a la zona. A las 14:30 de este jueves, se ha localizado con medios aéreos a un varón, presuntamente implicado en los hechos descritos, el cual trataba de huir monte a través, por una zona próxima a la A230 y al Camino del Dique, siendo inmediatamente detenido por efectivos que participaban en el dispositivo.

La alcaldesa de la localidad, Ana Jarque, ha confirmado este suceso que se produjo en la Plaza Aragón de la localidad: “Se desarrolló un conflicto entre personas de las que vienen a trabajar en la campaña agrícola y ese conflicto acabó en un suceso irreparable. Entre los implicados hay personas de diferentes nacionalidades”, ha explicado.

Jarque ha añadido que durante esta época de recogida de la fruta de hueso llegan a la localidad entre 5.000 y 6.000 personas y que han solicitado apoyo a la Delegación de Gobierno en materia de seguridad: “Llevamos mucho tiempo pidiendo refuerzos y no nos dan apoyo”. Beltrán ha informado de que se ha reforzado la presencia de la Guardia Civil en Caspe y se ha estrechado más el trabajo con la policía Local de Caspe. Por el momento, no se sabe el número exacto de personas que participaron en el enfrentamiento. En cuanto a las reclamaciones del Consistorio, Beltrán ha asegurado que Caspe “no es una localidad que esté desatendida” y ha asegurado que se han atendido todas las peticiones.

La noticia se ha conocido en boca de Alejandro Nolasco (Vox), que la ha anunciado en una rueda de prensa en la sede del Gobierno de Aragón. En esta —y antes de que la Guardia Civil informase del suceso— el vicepresidente ha comunicado el supuesto “asesinato” de un joven de 27 años de origen valenciano, aunque este dato no se ha confirmado por otras fuentes oficiales. “Quiero comunicarles que estamos en contacto con las autoridades locales para que nos faciliten información oficial de las investigaciones, no vamos a prejuzgar, exigimos a la Delegación de Gobierno que sea transparente y dé cuenta de los datos”, ha dicho, y ha añadido que “Caspe es uno de los focos de la invasión migratoria, desordenada y descontrolada que ampara el Gobierno de Sánchez”.

Azcón también se ha pronunciado al respecto, aunque solo en lo relativo a la seguridad: “La alcaldesa se ha referido al Delegado de Gobierno para que se refuercen los servicios de Guardia Civil. El Delegado de Gobierno lo mínimo que debería hacer es responder, hasta donde yo sé todavía no ha respondido”.

El informe técnico de Planeamiento municipal sobre la recalificación a la carta que proyecta el Gobierno del PP en Zaragoza en el antiguo Convento de Jerusalén, a propuesta de un inversor privado, desmiente al consejero de Urbanismo: no hay “valoración técnica que justifique” los 22 millones de euros propuestos por el promotor como compensación ante el pelotazo urbanístico. Además, el documento deja claro que la edificabilidad del sector es menor a la apuntada por la entidad privada.

El estudio, de ocho páginas –y que incluye un inusual nivel de detalle para este nivel de la tramitación, cuando hay solo una propuesta inicial–, esta fechado en enero, un mes después del escrito presentado por Enta Properties. Propiedad del grupo Bancalé, esta firma aspira a que el Ayuntamiento recalifique parte de la parcela, actualmente calificada como dotación local de equipamiento privado o religioso, para levantar en una de las zonas más caras de la ciudad 220 viviendas de lujo, una residencia de mayores y otro desarrollo terciario, ya sean oficinas, un hotel o un centro docente. Como contraprestación para el denominado 'Proyecto Living Romareda', Enta Properties aportaría un máximo de 22 millones de euros, “el límite máximo de viabilidad económica del proyecto”.

Y, pese a que el martes el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, afirmó que para sustentar esta propuesta había ya “un borrador”, lo cierto es que el Servicio Técnico de Planeamiento Municipal –el informe lo suscribe la jefa de la oficina– apunta que la propuesta económica de 22 millones de euros “no se acompaña de valoración técnica que justifique la cantidad señalada”.

Lo único que hay, que conste hasta el momento, es la valoración llevada a cabo por el propio inversor para determinar ese importe de 22 millones, que abarcaría todos los conceptos, incluido el 10% de aprovechamiento y las cesiones obligatorias para las dotaciones.

La edificabilidad

En cuanto a la edificabilidad –cuántos metros cuadrados se pueden construir a partir de la superficie de un suelo–, la propuesta del promotor sitúa este índice en 1,6676, una cifra que enmarca en el “área homogénea” de la Gran Vía; es decir, en línea con el entorno del barrio. Sin embargo, la jefa de Planeamiento es clara: “Debe dejarse constancia expresa de que la edificabilidad del sector es el 1,5, con lo que la superficie edificable es de 12.241 metros cuadrados, y no 15.595 como apunta el inversor privado.

Esto puede tener implicaciones ya que los desarrollos propuestos para el sector deberían reducirse en más de un 10% respecto a lo previsto. La propuesta de Enta Properties era de 204 viviendas de lujo, de las cuales 70 se reservarían para alquiler, pero el Ayuntamiento aumentó el número de pisos hasta 220 –sin justificar el porqué de esta subida–.

El mencionado porcentaje no se aleja mucho de los 1.135 metros cuadrados de superficie que ocupará el vial que debe atravesar el sector y que el promotor deberá asumir finalmente con carácter gratuito, tal y como ha determinado recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. La sentencia en primera instancia dio la razón a Enta Properties al considerar que la cesión era onerosa y que generaba edificabilidad.

El informe de Planeamiento y Rehabilitación también hace un recorrido por dos propuestas anteriores del grupo Bancalé en el mismo Convento de Jerusalén, de 2018 y 2019, que no fructificaron. La diferencia con la actual, recuerda la arquitecta municipal, es que entonces se dirimía un “trasvase de aprovechamiento urbanístico municipal previamente reconocido” y ahora se trate de la “atribución de nuevos usos”.

Un hombre de 47 años, una joven de 17 y un bebé de unos cuatro meses han fallecido este lunes en un accidente de tráfico ocurrido en la N-122, a la altura del término municipal de Agón (Zaragoza), tras una colisión entre una furgoneta y un vehículo articulado.

Según ha informado la Guardia Civil, el siniestro se ha producido sobre las 15.00 horas en el kilómetro 53 de esta carretera. Por causas que se investigan, la furgoneta en la que viajaban las víctimas ha colisionado con un camión articulado.

Como consecuencia del impacto han fallecido los tres ocupantes de la furgoneta: el conductor, un hombre de 47 años; una joven de 17 años que viajaba en la parte trasera del vehículo; y un bebé de aproximadamente cuatro meses.

El conductor del camión ha resultado ileso.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado los servicios de emergencia y efectivos de la Guardia Civil. El Equipo de Investigación de Siniestros Viales del Subsector de Tráfico de Zaragoza se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la colisión.

Los trabajos continuaban durante la tarde en la zona para proceder a la retirada de los vehículos implicados y restablecer la normalidad en la vía.

El amianto de la cubierta del pabellón deportivo del CEIP Doctor Azúa ha puesto en pie de guerra a las familias de este centro zaragozano. Un informe técnico encargado por el AMPA concluye que el material presenta un estado de “deterioro extremo” y recomienda retirarlo “en un corto plazo de tiempo”. Sin embargo, el Gobierno de Aragón sigue sin concretar una actuación, según denuncian las familias.

Preguntado por este asunto, el Departamento de Educación ha trasladado a este diario que está dispuesto a “escuchar y analizar las quejas que transmita la comunidad educativa” del centro, han recordado que el pabellón se construyó por inciativa privada y “desde entonces la explotación del pabellón ha sido gestionada íntegramente por el AMPA, con su criterio, para los usos que ha considerado y el espacio ha quedado siempre fuera de la red que conforman el resto de infraestructuras deportivas de los centros educativos de Zaragoza”. Las familias aseguran que tanto el Ejecutivo autonómico como el Ayuntamiento de Zaragoza conocen la situación desde hace meses, pero sostienen que todavía no se ha adoptado ninguna medida preventiva ni se ha fijado un calendario de actuación. “No estamos reclamando una mejora estética ni una actuación secundaria; estamos exigiendo garantías mínimas de seguridad y salubridad para nuestros hijos e hijas”, sostienen desde la asociación.

La preocupación de las familias se remonta a 2024, cuando decidieron encargar una revisión del estado del pabellón al detectar signos de deterioro en la estructura. El estudio, elaborado por un despacho de arquitectura, una empresa especializada en análisis estructural y otra dedicada a la evaluación de materiales con amianto, concluyó que la cubierta de fibrocemento presenta un nivel máximo de degradación.

Según el informe elaborado por la empresa especializada en diagnóstico de amianto, la cubierta se encuentra en una situación de “deterioro extremo”. Los técnicos señalan que, aunque a simple vista no existen grandes roturas, sí se observa un “alto nivel de degradación” con afloramiento de fibras y deterioro en distintas zonas de las placas. Entre sus recomendaciones figura la retirada de la cubierta “en un corto plazo de tiempo” mediante un procedimiento específico de desamiantado y, mientras tanto, la adopción de medidas de estabilización.

Fuentes del AMPA explican que el hallazgo fue inesperado: “Encargamos el estudio porque veíamos la estructura deteriorada y queríamos saber en qué estado estaba. Fue entonces cuando descubrimos que había amianto y que estaba en un nivel de degradación muy elevado”. Una representante de las familias asegura que la situación va más allá del uso del pabellón. Según explica, los análisis realizados detectaron una mayor presencia de fibras en zonas próximas al edificio que en el propio interior. “El cierre del pabellón no solucionaría el problema. Nos trasladaron que donde más fibras aparecían era en el entorno, incluso en zonas exteriores al centro por donde pasa gente todos los días”, afirma.

Además de la presencia de amianto, el informe técnico advierte de problemas estructurales en la cubierta. El estudio concluye que varias de las cerchas metálicas no cumplen las exigencias que marca la normativa actual y recomienda sustituir tanto la cubierta como la estructura portante. Los autores consideran que esta opción es “la intervención más fiable y económica” una vez se proceda a retirar el fibrocemento.

Las familias explican que inicialmente intentaron buscar financiación privada para acometer las obras, pero aseguran que esta vía quedó descartada al no ser propietarias del inmueble. A partir de ahí comenzaron los contactos con las administraciones para encontrar una solución institucional.

Uno de los principales puntos de fricción es precisamente la titularidad del pabellón. Las familias aseguran que Educación ha vinculado cualquier actuación a la necesidad de aclarar quién es el propietario del inmueble. Desde el AMPA sostienen que el edificio forma parte del equipamiento del colegio y aseguran que la referencia a la asociación que aparece en el informe técnico responde únicamente a que fueron ellos quienes encargaron y financiaron el estudio. Según defienden, la titularidad del pabellón corresponde al Ayuntamiento de Zaragoza. “No existe ningún documento que diga que el pabellón sea del AMPA. Se construyó con aportaciones de familias hace años, pero eso no significa que sea propiedad de los padres. Forma parte del colegio y lo utiliza diariamente la comunidad educativa”. Explican también que llegaron a un compromiso con el Departamento de Educación cuando estaba bajo la titularidad de Tomasa Hernández, pero que las comunicaciones no se han recuperado.

Las administraciones tienen marcada una hoja de ruta para la eliminación de este material. La Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular obliga a elaborar un censo de instalaciones con amianto y fija la retirada prioritaria de los materiales que presenten mayor riesgo. Asimismo, las recomendaciones europeas sitúan 2028 como horizonte para la eliminación del amianto en los edificios públicos, con el objetivo de erradicar progresivamente este material por sus efectos sobre la salud.

Desde la asociación consideran que la discusión administrativa está retrasando una intervención que consideran prioritaria. “Hay una normativa europea que establece que el amianto debe desaparecer de las edificaciones. Esto no es un capricho, es un problema de salud pública”, añade. Ante la falta de avances, las familias reclaman que las administraciones implicadas se sienten a negociar una solución definitiva y que se establezca un calendario concreto para la retirada del amianto y la rehabilitación del pabellón. También advierten de que seguirán impulsando nuevas acciones para exigir una respuesta a una situación que consideran “insostenible”.