Elisa Jacobs Nixon y Rasheed Ali son dos sobrevivientes del incendio de Altadena, el barrio al noreste de Los Ángeles (California) que ardió por completo el 7 de enero de 2025. Aquel fuego, exacerbado por el cambio climático, según los estudios de atribución, provocó una de las catástrofes más devastadoras de la historia de esta región estadounidense: 30 muertos, 6.746 viviendas destruidas y miles de millones de dólares en pérdidas. Elisa y Rasheed lograron salir de sus casas. Escaparon de la muerte. Pero lo perdieron todo.

Sus hogares quedaron inhabitables. Como muchos vecinos, tuvieron que empezar de cero. Un año después de aquella pesadilla, Elisa y Rasheed siguen yendo a las oficinas de sus compañías de seguros por retrasos e incumplimientos en los pagos. Las reclamaciones, explica Robert Herell, director ejecutivo de la Federación de Consumidores de California, son generalizadas. De los afectados de los incendios, por estimaciones a la baja y demoras en las reconstrucciones; y también de los propietarios que tuvieron la suerte de esquivar las llamas, pero que han empezado a recibir avisos de cancelaciones o aumentos exorbitantes en sus pólizas.

Elisa y Rasheed se han sumado a la organización Sobrevivientes de Clima Extremo, un grupo que pelea por políticas públicas de mitigación y adaptación a la crisis climática. En medio de un negacionismo que se esparce de la mano del presidente Donald Trump por casi todas las administraciones -locales, estatales y nacionales-, este colectivo ha encontrado un interlocutor, un senador que desde los incendios viene alertando del drama social que está provocando la crisis de asequibilidad de los seguros de vivienda en California y en muchos otros estados del país.

Semanas atrás, este legislador, Scott Wiener, que representa al 11º Distrito en el Senado de California, que incluye todo San Francisco, Broadmoor, Colma y Daly City, organizó una rueda de prensa en la puerta del Capitolio. Detrás de él se pararon miembros de Sobrevivientes de Clima Extremo y de otras organizaciones vecinales. “Es hora de que las grandes empresas de combustibles fósiles, responsables de estos desastres climáticos, se hagan cargo de esta problemática. Nadie debería verse obligado a abandonar su hogar por el coste del seguro”, dijo.

En su breve comparecencia, el senador anunció un proyecto de ley para que la industria fósil -las empresas de petróleo, gas y carbón- pague los crecientes costes de las pólizas. “Es una legislación pionera y con un enfoque innovador para abordar la creciente crisis de asequibilidad de los seguros de vivienda en California. Los precios están por las nubes y son cada vez más las familias rechazadas por las aseguradoras privadas”, explica Wiener.

De aprobarse, la Ley de Seguros Asequibles y Recuperación (Ley AIR) va a autorizar a los fiscales generales a llevar a estas grandes corporaciones a los tribunales por daños relacionados por eventos climáticos extremos, entre ellos el incremento de los seguros.

Para Wiener, las compañías de combustibles fósiles deben pagar los aumentos repentinos en las primas causados por fenómenos meteorológicos extremos debido a su “papel activo” en el calentamiento global, que, según la evidencia científica, aumenta la frecuencia de los desastres climáticos extremos. Es injusto, dice, que “los consumidores paguen los platos rotos”, víctimas del incremento de esta siniestralidad.

“Este proyecto de ley busca trasladar la carga de las familias, los propietarios de viviendas y los contribuyentes, y colocarla donde corresponde: en las empresas contaminadoras que causaron estos daños a sabiendas”, coincide Mary Creasman, directora ejecutiva de EnviroVoters, otra organización social de California que apoya la iniciativa.

Según el senador, “un mercado de seguros inestable pone en riesgo a los californianos comunes”. Habla de una “amenaza económica en espiral”: los inquilinos sufren aumentos de costes -los caseros trasladan los incrementos de esta factura-; los propietarios más vulnerables dejan de tener protección y los pequeños negocios no pueden afrontar las nuevas tarifas de sus locales.

El plan FAIR, la aseguradora estatal de último recurso de California, “ya no es eficaz”, agrega Wiener a la problemática. La dependencia social “crece exponencialmente” a medida que los seguros se vuelven cada vez más inaccesibles. Este programa asegura hoy un máximo de 700 mil millones de dólares en propiedades, un crecimiento del 317% desde 2021. “Incluso con un seguro de último recurso, las tarifas son cada vez más altas y ofrecen menos cobertura”, insiste el legislador.

Por tanto, reflexiona Herell, titular de la Federación de Consumidores, “otorgar a California la autoridad de obligar a pagar a las compañías causantes de este daño económico es una responsabilidad económica fundamental y una gestión inteligente de riesgos para los contribuyentes”.

Un drama nacional

Un informe de la organización de comunicación estratégica Climate Power publicado en diciembre revela que la problemática tiene un alcance nacional. Desde 2021, 6.000.000 de asegurados en Estados Unidos han sufrido aumentos en las primas de sus pólizas de seguro de propiedad. En paralelo, las compañías han cancelado al menos 1.400.000 pólizas.

El cambio climático está provocando una crisis nacional de seguros de vivienda que aumenta los costos y pone el sueño de ser propietario de una vivienda fuera del alcance de muchos estadounidenses

En muchos casos -explica este estudio- las empresas citaron los fenómenos meteorológicos extremos y los desastres climáticos como factores que influyeron en la decisión de aumentar las tarifas o cancelar pólizas. Todos los datos del mercado apuntan a que la crisis se agravará en las próximas décadas. Más de 36 aseguradoras en siete Estados han anunciado planes de pausar la emisión de nuevas pólizas. Otras firmas, las más pequeñas, han decidido abandonar este mercado debido a riesgos climáticos crecientes.

“El cambio climático está provocando una crisis nacional de seguros de vivienda que aumenta los costos y pone el sueño de ser propietario de una vivienda fuera del alcance de muchos estadounidenses, y Trump y los republicanos en el Congreso solo están empeorando las cosas”, lamentan los autores del informe.

Otro epicentro de esta crisis es el estado de Florida, donde las inundaciones repentinas han dejado de ser un fenómeno estacional para convertirse en una molestia cada vez más habitual. Climate Power calcula en más de 850.000 las pólizas canceladas en los últimos años -la mayor cifra del país-, con precios que se siguen elevando a niveles sin precedentes.

El informe pone en duda el relato de las grandes aseguradoras de una supuesta reducción en las ganancias por el aumento de la siniestralidad climática. “Mientras suben las tarifas y dejan a propietarios e inquilinos varados al salir del mercado, las aseguradoras han obtenido enormes beneficios y han engordado los bolsillos de sus directores ejecutivos”, describe el informe. En 2024, las 22 aseguradoras que cotizan en bolsa reportaron beneficios superiores a los 36.000 millones de dólares.

La problemática en España

Pese al aumento de los fenómenos extremos, en España la subida de los seguros de viviendas es, por el momento, moderada, según coinciden todas las fuentes del sector.

Hay reajustes en las pólizas, pero sin zonas de exclusión o cancelaciones, como está ocurriendo en Estados Unidos. ¿La explicación? El sistema de reaseguro español, un paraguas protector que no existe del otro lado del océano Atlántico. En España funciona una entidad pública de financiación privada -el Consorcio de Compensación de Seguros- que se hace cargo de los daños causados por los fenómenos más virulentos. La dana de Valencia, por ejemplo. El Consorcio pagó indemnizaciones por un total de 290 millones de euros por esta tormenta, cifra récord en los 70 años de existencia de la entidad.

A grandes rasgos, las aseguradoras privadas cubren daños por heladas, tormentas, nieve, granizo e incendios. El fuego récord del verano de 2025 no se tradujo en un gran número de viviendas afectadas, aclaran las compañías, aunque reconocen que es un “tema de preocupación” por el riesgo de que los incendios sean cada vez más frecuentes y destructivos.  

“Es un hecho que el cambio climático deriva en una mayor frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos y que esto se traduce en un aumento de la siniestralidad en el ramo de hogar. Solamente una parte de estos eventos está cubierta por el Consorcio de Compensación de Seguros o por mecanismos de reaseguro. La actualización de las primas refleja, por tanto, este incremento de la siniestralidad”, admiten desde SegurCaixa Adeslas

¿Qué cubre este consorcio? Inundaciones, temporales con vientos de más de 120 kilómetros, terremotos y erupciones volcánicas. Es decir, los daños del último tren de borrascas serán absorbidos por esta entidad pública. Eso sí: para poder cobrar, los damnificados tienen que tener contratada una aseguradora privada. Las compañías transfieren al Consorcio un pequeño porcentaje de las pólizas. En el caso de las viviendas, se paga un promedio de 7 euros al año por cada 100.000 euros asegurados.

Este esquema, explica Flavia Rodríguez Ponga, directora del Consorcio, permite que España tenga una “cobertura generalizada a precios asequibles” y que el panorama de Estados Unidos, con costes inasumibles y viviendas que dejan de estar aseguradas, sea, por el momento, lejano.

Este fin de semana, las más de 11.000 personas que han sido evacuadas en Andalucía y Extremadura por el riesgo de inundaciones que ha dejado la borrasca Leonardo no dormirán en sus camas. Tampoco desayunarán en sus mesas; ni mirarán una película en sus sofás. Las políticas preventivas han evitado el peor escenario: que las riadas los arrollasen. Sin embargo, el fenómeno meteorológico extremo dejará en muchos de ellos daños psicológicos, según anticipan los expertos en salud mental. Estas huellas invisibles pero lacerantes exigirán atención, seguimiento y mucha presencia estatal. “La adaptación al nuevo clima no puede descuidar este otro impacto”, aclara Daniel Cuesta Lozano, profesor de Salud Mental y Salud Pública de la Universidad de Alcalá.

Lozano ha formado parte de un equipo de investigación que se dedicó tras la dana de Valencia a recopilar toda la evidencia científica que existe a nivel mundial sobre los efectos de una inundación repentina en la salud mental de las víctimas. Durante casi un año, este grupo realizó una revisión sistemática de más de 800 trabajos publicados en prestigiosas revistas de investigación. ¿El objetivo? Disponer de información de calidad para que las administraciones puedan planificar medidas que minimicen el impacto en la salud mental en futuras catástrofes.

Los estudios revisados evidencian que este tipo de inundaciones repentinas, cada vez más frecuentes e intensas por el cambio climático, tienen un “gran impacto” en la salud mental de los afectados. Los problemas –estrés postraumático, depresión, ansiedad– pueden persistir al menos tres años y, en algunos casos, hacerse crónicas.

Uno de los trabajos analizados, realizado por el Departamento de Salud y Asistencia Social de Reino Unido, ha demostrado que, después de un año de la inundación, el porcentaje de casos de estrés postraumático era del 36,2 % en las personas cuyo hogar había sido inundado, respecto al 7,9 % en aquellos cuya vida no había sido alterada. En el caso de la ansiedad fue del 28,3 % respecto al 6,5 %, y en el de la depresión, del 20,1% respecto al 5,8%.

“Los efectos son duraderos. Esta es una evidencia clave que hemos encontrado tras hacer esta recopilación. Hablamos de tres, cuatro y hasta de 20 años en algunos casos. Es decir, porcentajes de afectación elevada en el largo plazo. Esto exige comprensión y actuación”, señala Cuesta.

Una inundación, detalla este especialista, rompe “la seguridad básica” de los afectados. “Todos necesitamos tener de forma permanente una sensación de seguridad en nuestras vidas. Lo que se pone en duda cuando una inundación te afecta directamente es, justamente, la seguridad. En el momento en el que esa necesidad se pone en duda a nivel psíquico, el resto de las necesidades o de componentes de estabilidad de la vida dejan de funcionar. Entonces, la reexperimentación del trauma se transforma en algo constante”, explica.

Otro hallazgo de esta exhaustiva revisión científica -coordinada por Alicia Padrón Monedero, directora de Programa en la Escuela Nacional de Salud Pública del Instituto de Salud Carlos III, y en la que también participaron los científicos Cristina Linares y Julio Díaz –dos de los mayores expertos en España en la relación entre salud y cambio climático– es que algunos grupos sociodemográficos son más sensibles al impacto de las inundaciones.

El nivel socioeconómico y la red de contención –familia y amigos– tienen un papel determinante. “No es lo mismo tener que dormir en un polideportivo que ir a casa de un hermano”, pone de ejemplo Cuesta. Está comprobado que un “capital social comunitario” ayuda a “salir a flote” tras una inundación.

Los “factores estresantes secundarios” derivados de las inundaciones –dificultades financieras, daños en el hogar, percances con los seguros, pérdida de servicios, problemas burocráticos– ejercen también un alto impacto en la salud mental. “Muchas políticas públicas pueden evitar que estos factores se prolonguen en el tiempo”, aclara Cuesta.

Las marcas de la dana de Valencia

A finales de enero, el Ministerio de Sanidad anunció que pondrá en marcha un estudio pionero de tres años de duración para evaluar el impacto en la salud mental que ha dejado la trágica inundación ocurrida el 29 de octubre de 2024. Se recogerán datos de calidad de vida, síntomas de ansiedad, depresión y estrés postraumático tanto en personas adultas como en menores de edad, en una muestra representativa de 10.871 personas. Según los portavoces de esta cartera, el estudio permitirá “fundamentar la planificación de control y de medidas asistenciales” en futuras emergencias.

Por lo pronto, el ministerio cuenta con los datos recopilados por investigadoras de la Universidad Pontificia Comillas y la Universidad de Zaragoza. Semanas después de la dana, analizaron los síntomas de ansiedad, depresión y estrés postraumático en 72 víctimas y 69 voluntarios.

Según el estudio, el 82% de las víctimas presentaron síntomas moderados o graves de estrés postraumático: revivían mentalmente la experiencia mediante flashbacks o pesadillas, se mantenían en constante alerta, sufrían sobresaltos ante estímulos que recuerdan al suceso o sentían que el peligro seguía presente. Prácticamente la mitad de los encuestados presentaba síntomas de ansiedad o depresión. Para estas personas, cualquier día de lluvia podía ser otro 29 de octubre.

Las entrevistas en profundidad permitieron concluir que la insatisfacción con el apoyo institucional y la percepción de lentitud en la implementación de las medidas posteriores empeoraron la salud mental en las víctimas. “Sentirse abandonadas por las instituciones ante la tragedia no solo debilitó la confianza en las autoridades, les hizo sentir desprotegidas ante futuras emergencias, poniendo en serio peligro la salud psicológica a medio y largo plazo”, se advierte en esta otra investigación.

Cuesta reconoce que el punto más débil de la revisión científica es la parte de la acción, de las medidas de mitigación e intervención que son necesarias para minimizar los impactos en la salud mental de las víctimas de una inundación. Insiste, por tanto, que “no se puede pensar en una política pública de adaptación sin pensar en la salud mental”.

“Es muy probable que el día de la catástrofe los profesionales de salud mental no aporten mucho. Pero pueden condicionar la forma de actuar de otros profesionales y pueden preparar el terreno para las actuaciones futuras. Esta coordinación puede atenuar o erradicar muchos impactos”, subraya.

Su reflexión final es que el desborde de un río por un episodio de lluvias extremas es, por lo general, inevitable. La mitigación y adaptación –términos que, por suerte, las administraciones utilizan cada vez más– no puede pensarse solo para evitar víctimas mortales, heridos y daños materiales. También para que el miedo, la ansiedad o la tristeza duren lo menos posible en las cabezas de los damnificados.

En el prólogo de esta inédita investigación, la doctora Alicia Padrón Monedero, autora principal, escribe: “Desearíamos que el presente trabajo no quedase olvidado en algún cajón y que los responsables de las diferentes administraciones contasen con estos datos científicos a la hora de elaborar sus políticas preventivas”.

El lodo y los sedimentos que dejó la catastrófica dana que azotó Valencia el 29 de octubre de 2024, millones de metros cúbicos mezclados con contaminantes orgánicos, pesticidas, metales pesados y microplásticos, entre otras sustancias, siguen un año después almacenados en campos y vertederos. Para dar una salida a estos residuos tóxicos, un grupo científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha patentado una solución pionera: transformar todo este fango en mobiliario urbano. Adoquines, bancos y jardineras que serán utilizados en la reconstrucción de las ciudades.

Los primeros prototipos ya están fabricados. Se han usado 4.000 kilos de lodo que estaban almacenados en el puerto de Catarroja, uno de los municipios más afectados. En noviembre serán entregados a las autoridades locales. Este primer lote contiene cajas de adoquines (equivalente a 60 metros cuadrados), dos bancos y una jardinera. “Es una solución ambiental pionera en el mundo”, explica Félix López, químico e investigador científico del CSIC, líder del proyecto.

Según los cálculos de la institución pública, la dana dejó un total de 2,5 millones de metros cúbicos de lodo, una “cantidad nunca vista” en España en un episodio de lluvia torrencial, cuenta López. Tras semanas de arduo trabajo, esta mezcla de agua, tierra y sedimentos fue trasladada en cisternas a canteras, campas y vertederos habilitados –muchos improvisados– por el Ejecutivo autonómico y los gobiernos locales.

El lodo funciona como una especie de colector de todo tipo de sustancias dispersas, bacterias, parásitos, plaguicidas, metales pesados, fármacos, microplásticos y productos químicos, entre otros. Patricia Córdoba, doctora en geoquímica e investigadora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC), explica que su acumulación, sobre todo en lugares improvisados, es un serio problema de contaminación. Las infiltraciones en los suelos y la “resuspensión de partículas” cuando el lodo se seca por completo tienen impactos nocivos, tanto para la salud humana como para los ecosistemas.

Con ese diagnóstico, López y su equipo de trabajo empezaron en diciembre del año pasado a trabajar en un proyecto con un doble propósito: utilizar este lodo para construir elementos del mobiliario urbano destruidos por las riadas. Cogieron muestras de toda la “zona cero”. Entre 50 y 100 kilos de lodo de cada localidad afectada. Luego llegó la fase de laboratorio. Meses de investigación. Estudios de factibilidad, cálculos y fórmulas. Las primeras pruebas se hicieron con baldosas y bordillos. “El resultado fue exitoso y nos animamos a más”, cuenta el científico del CSIC. Los siguientes prototipos fueron adoquines, bancos y jardineras, tres elementos muy necesarios en los planes de reconstrucción.

Científicos con botas de barro   

Dos días después de la catástrofe, el Gabinete de Asesoramiento de Desastres y Emergencias del CSIC movilizó a más de 200 científicos para ayudar en lo que fuera necesario. Se constituyó un grupo de residuos formado por 22 investigadores, coordinado por López. El equipo se trasladó a la zona cero para evaluar los desechos acumulados en las calles y en las casas.

La prioridad era sacar el lodo alojado en bajos y garajes, un total de 50.000 metros cúbicos, recuerda López. En el laboratorio, los científicos desarrollaron una sustancia espesante para solidificar el fango, una solución que permitió convertir el líquido en un “barro manejable” fácil de extraer. Durante las semanas siguientes, este polímero se esparció por cientos de inmuebles.

López calcula que el invento permitió retirar más de 20.000 metros cúbicos de lodo, el equivalente a 20 piscinas olímpicas. “Fue un desarrollo muy novedoso porque no se había aplicado hasta ahora. Puede permitir, en un futuro, que frente a posibles inundaciones haya una solución para la problemática de los lodos acumulados en las casas y los garajes”, explica.

Cuando los vecinos afectados recuperaron cierta normalidad, López y su equipo se unieron a investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM-CSIC) y el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc-CSIC) para pensar en una solución para los lodos arrojados en los vertederos.

Surgió entonces la idea de usarlo como materia prima para construir elementos de mobiliario urbano. Pero primero había que superar escollos técnicos. Córdoba explica que los lodos deben pasar por un proceso de tratamiento, acondicionamiento, estabilización e inertización antes de transformarse en un adoquín o jardinera.

Los científicos del CSIC estudiaron en detalle todos los posibles contaminantes de los lodos recogidos. En algunos casos, encontraron una contaminación leve. En otros, los niveles de metales pesados eran altos, lo que requirió seguir todas las etapas narradas por la experta del instituto IDAEA.

La fabricación

Tras ese paso, el CSIC firmó un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Catarroja para utilizar los lodos almacenados en el puerto en una primera prueba industrial. Se involucró en el proyecto a una empresa de prefabricación de mobiliario urbano. Los resultados fueron mejores de los esperados.  

“Hemos dejado la puerta abierta para una utilización a mayor escala. Y hemos hecho ciencia en la emergencia, patentando un invento que, en un futuro, puede solventar algunos de los graves problemas que plantea una inundación desde el punto de vista ambiental”, subraya López.

Si las administraciones lo ven viable, el proyecto tiene potencial para aprovechar los lodos almacenados en Paiporta, Sedaví y Albal, algunas de las ciudades más afectadas por la dana.

“El CSIC no quiere ganar dinero con esta patente. Hemos demostrado, una vez más, que la ciencia debe tener un papel relevante en las catástrofes. No todo se arregla con infraestructuras, también con el mejor conocimiento científico”, reflexiona el mentor de esta iniciativa.

La “era de la ebullición”, frase acuñada por el secretario general de la ONU, António Guterres, tiene que combatirse con la “era de la adaptación y las soluciones” al cambio climático, pide López. Por eso, a partir del 24 de noviembre, la patente de este invento va a estar a disposición de los 49 millones de personas que viven en el país.

Rambla es el término con el que se conoce los barrancos que tienen un caudal de agua solo temporal u ocasional debido a las lluvias. En Torre Pacheco, Murcia, la rambla La Balsa atraviesa la ciudad de este a oeste por todo el núcleo céntrico. Como en tantas otras localidades de la península, este cauce ha sido intervenido y degradado por el ser humano en su recorrido natural. Las barreras artificiales –infraestructuras de hormigón– han alterado el curso del agua impidiendo su infiltración en el suelo. Por esta razón, ante cada temporal como la dana de hace unos días, el caos se repite: anegamientos, riadas, suministros cortados –la ciudad lleva siete días sin agua potable– y cientos de vecinos con sus casas inundadas.

Para evitar estas dramáticas escenas, el ayuntamiento ha comenzado en septiembre una obra que busca recuperar la memoria de este cauce a través de un corredor ecológico renaturalizado. Se quitará cemento y se retirarán la mayoría de los revestimientos rígidos que han modificado el recorrido natural de la rambla. Después se instalará una infraestructura verde con soluciones de drenaje urbano. Por último, se construirá un parque inundable, un “cuenco receptor” que permitirá una descarga controlada del agua.

Cuando las obras estén terminadas, según el consistorio en el segundo semestre de 2026, se evitará que 8.677 habitantes que viven en el casco urbano de la ciudad sufran estas inundaciones. “Los cauces deben recuperar su memoria. Esa es la esencia de este proyecto. Llevamos décadas de una alteración antropogénica que ha incrementado el riesgo de inundaciones”, explica Alicia Antolinos García, técnica en Proyectos Europeos del Ayuntamiento de Torre Pacheco, una de las funcionarias que está a cargo de la supervisión de los trabajos.

La inversión de la obra, cofinanciada por la Fundación Biodiversidad (Miteco) y fondos NextGeneration EU, alcanza los 3,5 millones de euros, una cifra “ínfima” en comparación con los costes económicos que han dejado las últimas inundaciones. La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) estima en 270 millones de euros la factura de las indemnizaciones relacionadas con todas las riadas ocurridas en la Región de Murcia entre 2018 y 2023.

Un curso de agua fragmentado e intermitente

A su paso por Torre Pacheco (39.000 habitantes), la rambla de La Balsa recibe el nombre de Rambla Sur. En sus tramos más alejados del entorno urbano, se diluye en paisajes agrícolas hasta confluir con la Rambla del Albujón, principal eje de drenaje del Campo de Cartagena, la cual desemboca finalmente en el Mar Menor.

En el centro de la ciudad, cuenta Antolinos, el cauce ha sido totalmente “borrado” por las sucesivas actuaciones urbanísticas, provocando un curso de agua fragmentado y muy intermitente. “Cuando llueve mucho, el agua corre sin control inundando zonas que antes no eran inundables”, explica. 

Por eso, agrega, el concepto de la obra gira en torno a la “memoria del agua”: devolverle a la rambla una parte de los espacios que han sido ocupados artificialmente. ¿Cómo se logra esto? Renaturalizando el cauce -plantación de vegetación autóctona-, modificando los obstáculos, eliminando superficies hormigonadas -para reducir la velocidad del agua-, y reacondicionando su morfología (más anchura).

Los tres tramos de la renaturalización de la rambla

Los operarios ya están trabajando en la primera fase de la obra: la eliminación del revestimiento de hormigón de los taludes, que serán perfilados de otro modo y cubiertos con mantas de coco y tierra vegetal para favorecer la plantación de especies nativas. Se saneará el lecho, incorporando franjas filtrantes de grava y jabre para fomentar la infiltración natural del agua. Además, se construirá un canal para dirigir las escorrentías urbanas al cauce, diseñado como un jardín de lluvia.

En la segunda fase se quitará todo el asfalto y se reducirá la cota del lecho para aumentar la capacidad del cauce. Se mantendrán los muros existentes en los márgenes y se integrará el carril bici ya existente. Al igual que en el tramo anterior, se realizarán extensas plantaciones de especies autóctonas y se instalarán dos pasarelas peatonales para mantener la conectividad. Dentro de este tramo, se ampliará la obra de drenaje de una rotonda para mejorar el flujo hidráulico.

Por último, se construirá un parque inundable al final del tramo encauzado. En su definición técnica, se trata de una instalación con capacidad para almacenar y retrasar la escorrentía de aguas pluviales en episodios de precipitaciones intensas. “Una solución basada en la naturaleza que ayuda a que las ciudades se conviertan en esponjas”, resume Míriam García, arquitecta paisajista, fundadora y directora de un laboratorio de diseño urbano.

El parque tendrá una base de 8.582 metros cuadrados y una capacidad de almacenamiento de casi 20.000 metros cúbicos. La construcción incluirá dos vertederos, un lago artificial de 845 metros cuadrados conectado al cauce para gestionar caudales menores y un sistema de bombeo para su vaciado tras un episodio de lluvia torrencial.

Romper los imaginarios colectivos

La funcionaria de Torre Pacheco cuenta que los vecinos disiparon muchas de sus dudas en las jornadas participativas que el ayuntamiento organizó en el último año y medio. El consistorio también habilitó la recepción de consultas online con respuestas personalizadas. “Todos tuvimos que abrir las mentes. Los técnicos han tenido que realizar talleres de formación. Todo proyecto pionero es muy transformador y movilizador. La experiencia, con sus dificultades, está siendo muy enriquecedora”, admite Antolinos.

La evidencia científica revela que las grandes tormentas serán cada vez más frecuentes y extremas: “Hemos elegido apelar a la memoria de nuestra rambla para afrontar esta nueva realidad”.

Franck Margain (64 años) es concejal de París, una ciudad que desde hace varios veranos convive con una nueva realidad climática: un calor extremo con temperaturas hasta 10ºC por encima de la media. Según el consenso científico, este bochorno irá a más. La proyección es que la capital francesa alcance los 50ºC en la segunda mitad de este siglo. Margain ya ha experimentado lo que es vivir en ese clima inhóspito. Participó durante 30 minutos de una simulación inmersiva en una ‘cámara climática’ a esa temperatura. Intentó caminar durante algunos minutos. No pudo. Quiso realizar un juego de habilidad. Tampoco lo logró. Se sentó a responder un cuestionario. Le costó concentrarse. “Lo que realmente me impactó fue la desaparición gradual de nuestros sentidos”, describió al salir del experimento.

Este edil es uno de los políticos franceses que han participado en el proyecto Climate Sense, un tráiler móvil a 50ºC a la sombra ideado por Human Adaptation Institute, una organización especializada en estudiar el comportamiento humano en situaciones de la vida real. El vehículo lleva moviéndose desde finales de 2024 por distintas ciudades de Francia para que los ciudadanos y los tomadores de decisiones perciban en carne propia las “emociones sensoriales” de empeñarse en los quehaceres de la vida diaria a esa temperatura.

La tesis del creador del proyecto, Christian Clot, explorador, investigador y fundador de este instituto, es que el retraso en la acción climática se debe, en parte, a que “no podemos comprender verdaderamente una situación sin haber captado las emociones sensoriales que provoca”. “Si bien estar informados es muy necesario, son nuestras emociones las que desencadenan los cambios”, explica. Y agrega: “Experimentar las actividades de una vida normal con una temperatura que se espera en Francia a mediados de siglo genera en las personas dos deseos: pensar en qué podemos cambiar y qué podemos hacer para adaptarnos a ese nuevo mundo”.

Al camión ya han subido más de 2.200 voluntarios. Ciudadanos anónimos y también celebridades, como el exjugador de fútbol Mamadou Dembele. “Lo que más me chocó fue el impacto cognitivo. Me costó concentrarme y pensar. No le deseo a nadie vivir su día a día en esas condiciones”, contó sobre la experiencia. Para la glacióloga Heidi Sevestre, otra de las participantes, la experiencia debería ser “obligatoria” para los gobiernos de todos los países del mundo. “¿Cómo podemos tomar decisiones sin haber experimentado lo que nos puede esperar?”, se pregunta.

El eurodiputado Raphaël Glucksmann no dudó en participar cuando recibió la invitación a su correo electrónico. “La idea de estar encerrados en ese calor durante días y días es insoportable. Cualquier democracia se va a ver socavada en tales condiciones debido a las condiciones mentales de la sociedad generadas por el intenso calor. La experiencia subraya la necesidad y el imperativo de luchar para mitigar el calentamiento global y adaptarnos”, reflexiona.

Bienvenidos al año 2050

Los participantes firman un consentimiento y entran al tráiler. Tras la puerta, 50ºC y solo un 35% de humedad. Una vez dentro de la unidad que contiene la cámara climática son invitados a realizar tareas físicas como simular caminar o andar en bicicleta. También mentales, como juegos de habilidad y agilidad, además de completar un cuestionario sobre sus vidas.

“Actividades muy similares a las que realizamos habitualmente”, explica Clot. La mayoría reporta una “gran cantidad de problemas”, desde dificultad para concentrarse hasta taquicardia. La periodista francesa Coralie Schaub, del diario Liberation, entró entusiasmada para escribir una crónica. Bajó las escalinatas del tráiler con un “terrible dolor de cabeza, palpitaciones y pérdida de reflejos”.

En la página web del proyecto, la experiencia se promociona de la siguiente manera: “Bienvenido al año 2050. Tercer día de 50ºC a la sombra. El aire es caliente. Las paredes de la calle irradian calor. Tus aparatos electrónicos se apagan. Te cuesta concentrarte. Ahí estás. Este ya no es un escenario. Esta es tu realidad. Un viaje de 30 minutos centrado en la esperanza y la acción. Sentir, comprender y actuar”.

Después de 30 minutos, los participantes abandonan la cámara y reciben un aire fresco a 15ºC: “¿Os imagináis quedaros ahí un día entero? ”, pregunta Clot o un miembro de su equipo al grupo. Luego, son invitados a ver un video sobre todos los impactos del calor extremo en la salud y a recorrer una exposición itinerante con propuestas de adaptación y mitigación, como hábitos para reducir emisiones y contaminar menos.

El exjugador de fútbol Mamadou Dembele. “Lo que más me chocó fue el impacto cognitivo. Me costó concentrarme y pensar. No le deseo a nadie vivir su día a día en esas condiciones

Además de políticos, la experiencia también está dirigida a los líderes empresariales, responsables, en muchos casos, de mantener negocios que no van alineados a los planes de descarbonización. Por el momento, a la cámara han ingresado emprendedores comprometidos con las energías limpias, como el astronauta suizo Bertrand Piccard, presidente de la Fundación Solar Impulse. “Hay dos opciones: o invitamos a la gente a vivirlo ahora para animarla a actuar y evitar llegar a los 50ºC, o seguimos sin hacer nada y será una realidad para todos. En la segunda opción, nos arrepentiremos de no haber actuado”, reflexionó.

Fabrice Bonnifet, director del Colegio de Directores de Desarrollo Sostenible de Francia, declaró: “Me gustaría reunir a todos los cínicos, a todos los codiciosos, a todos los líderes mundiales y a todos los multimillonarios. En lugar de dar un paseo por el espacio, sería mejor que lo hicieran en esta cámara climática”.

El ejercicio de crisis del Ayuntamiento

El calor sofocante ya es una realidad en París. En 2019, los termómetros subieron hasta los 43ºC, un registro récord. En junio de 2022, superaron los 40ºC. En julio de este año, con 38ºC, se cerró el último piso de la Torre Eiffel para proteger tanto a los visitantes como al personal, entre otras restricciones. En su libro París ante el cambio climático, el ingeniero Franck Lirzin, que asesoró al presidente francés Emmanuel Macron en la última campaña electoral en cuestiones de urbanismo y renovación de edificios, explica que la arquitectura de la ciudad –en especial los tejados de zinc– actúa como “sumideros de calor” cuando las condiciones meteorológicas son extremas.

En otra simulación, el Ayuntamiento organizó en 2023 un ejercicio de crisis titulado ‘París a 50°C’ en dos distritos de la ciudad, en el marco de la revisión de su estrategia de resiliencia al cambio climático. Se realizaron dos ejercicios en un escenario de una ola de calor de una duración e intensidad sin precedentes, con una “cúpula de calor a 50°C”. El primero de ellos, con el traslado de alumnos de colegios, ancianos y vecinos a refugios climáticos (aparcamientos, residencias, edificios públicos con climatización) y con simulaciones de incidentes, desmayos y afecciones a la salud, averías eléctricas y colapso de infraestructuras.

El otro ejercicio tuvo lugar en una oficina, simulando una coordinación institucional de urgencia ante efectos en cascada por el calor extremo: fallos de transporte, cortes de energía, problemas de agua, impacto en personas sin hogar y colectivos vulnerables. La actividad contó con la participación de la policía de París, asociaciones de seguridad civil, operadores de red y el cuerpo de bomberos de la ciudad.

“El objetivo de este ejercicio fue preparar a París para olas de calor extremas, y más en general, para crisis sin precedentes que requieren una gestión de crisis adecuada. El mejor modo de preparar a los distintos actores implicados en un plan de gestión de crisis es simular una situación real en el terreno, con todos los actores presentes”, explicó Pénélope Komitès, teniente de alcalde.

El ensayo arrojó varios aprendizajes a futuro, como la ampliación de la red de refugios climáticos y la diversificación de canales de comunicación en caso de caída de redes digitales, principal herramienta del Ayuntamiento. “Nos ha permitido analizar las consecuencias de un evento de tal magnitud en la vida de los habitantes y poner a prueba la fluidez de las decisiones del municipio y sus instituciones”, celebró Komitès.

La intención del Ayuntamiento, liderado por la socialista Anne Hidalgo, es repetir el simulacro en 2026. El de Clot que la cámara climática viaje por otras ciudades de Europa para “despertar las emociones sensoriales” y “desencadenar un cambio global”, que por el momento, pese a la abrumadora evidencia científica que hay encima de la mesa, no está ocurriendo.

2.474 ciudadanos de Tuvalu –que implican un total de 8.750 personas al sumarse sus familiares–, han solicitado el visado climático de Australia, el primer acuerdo bilateral entre países para favorecer la movilidad por motivos relacionados con el calentamiento global. La cifra representa el 82% de la ciudadanía de esta pequeña nación insular del Pacífico meridional, habitada según el censo de 2022 por 10.643 personas y cuyos atolones se están hundiendo por la subida del nivel del mar causada por el recalentamiento del planeta.

La Pacific Engagement visa es la primera ‘visa climática’ en el mundo, y ofrecerá cada año la oportunidad de asentarse en Australia a 280 personas de Tuvalu, elegidas por sorteo entre las candidaturas. El plazo para presentar la solicitud en esta primera edición se cerró el 18 de julio y, unos días después, el Gobierno australiano ha dado a conocer el número de candidatos, que —extendido a los familiares— representa a la mayoría de la población tuvaluana. Ahora, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Australia tiene hasta el 25 de enero de 2026 para conceder esas 280 primeras visas.

Para participar en el sorteo, los ciudadanos de Tuvalu —residentes o no en el país— solo tenían que ser mayores de 18 años y pagar una tasa de 25 dólares australianos (14 euros).

Tuvalu está considerado entre los países más vulnerables ante los efectos del cambio climático. “Se enfrenta a una amenaza por las inundaciones permanentes y las provocadas por las olas, y algunos estudios han sugerido que muchas de sus islas bajas se volverán inhabitables en el siglo XXI”, resume el Banco Mundial en un informe sobre riesgos climáticos en este microestado.

La economía de Tuvalu, azotada por ciclones y fuertes tormentas, además de episodios severos de sequía y calor extremo, está también amenazada por la crisis climática, pues estos fenómenos agravan el riesgo de aumentar la deuda del país. El Banco Mundial estima que los desastres naturales asociados al calentamiento global ocasionan pérdidas a Tuvalu de casi el 7% de su PIB anual.

Sus islas tienen una dimensión de unos 26 kilómetros cuadrados, y una altura sobre el nivel del mar de menos de tres metros. En la COP26, la cumbre del clima de la ONU celebrada en Glasgow en 2021, el entonces ministro de Asuntos Exteriores de Tuvalu, Simon Kofe, advirtió en un vídeo —donde se le veía con la mitad del cuerpo sumergida bajo el agua— sobre los riesgos “letales” y existenciales que el cambio climático presenta para su país. “Nos estamos hundiendo”, dijo Kofe. “No podemos esperar a los discursos cuando el mar se está elevando en torno a nosotros cada día”.

En 2023, Australia y Tuvalu firmaron el tratado Falepili Union, un acuerdo jurídicamente vinculante con el que Canberra reconocía la continuidad de la condición de Estado y la soberanía de Tuvalu, “a pesar del impacto del aumento del nivel del mar relacionado con el cambio climático”; se comprometía a ayudar a Tuvalu en caso de “catástrofe natural grave, pandemia sanitaria o agresión militar” y prometía crear una vía especial de visados “para apoyar la movilidad con dignidad, que permitirá a los ciudadanos de Tuvalu venir a Australia a vivir, trabajar y estudiar”, decía, en el contexto de la crisis climática.

Éxodo climático

Según el Centro de Seguimiento de Desplazados Internos (IDMC), que estudia solamente las migraciones a nivel doméstico —desplazamientos dentro de un mismo país— en 2024 hubo 83,4 millones de desplazados internos en todo el mundo. De estos, 73,5 millones migraron a causa de conflictos y violencia y 9,8 millones lo hicieron a consecuencia de desastres naturales.

Creemos que ocurre es que las personas migran primero dentro de su propio país y puede pasar un tiempo hasta que alguien intente solicitar un visado o trasladarse a otro lugar

Jane McAdam — Directora del Kaldor Centre for International Refugee Law de la Universidad de New South Wales

“Sabemos que el cambio climático está aumentando la frecuencia y virulencia de los desastres, así que es claramente un factor”, explica desde Sídney la investigadora Jane McAdam, directora del Kaldor Centre for International Refugee Law de la Universidad de New South Wales. “Y lo que creemos que ocurre es que las personas migran primero dentro de su propio país y puede pasar un tiempo hasta que alguien intente solicitar un visado o trasladarse a otro lugar”.

Pero contabilizar los movimientos transfronterizos motivados por el cambio climático es problemático, alega McAdam, “en parte porque no existen categorías de visados climáticos”.

El tratado Falepili Union —“falepili” es una palabra tuvaluana que se refiere a la “buena vecindad, el deber de cuidado y el respeto mutuo”— menciona en su preámbulo la “amenaza existencial” que el calentamiento global comporta para Tuvalu, y extiende esta oportunidad de movilidad a sus ciudadanos en el panorama de la crisis climática. Pero el derecho internacional no reconoce la categoría de refugiado climático.

“Es el primer acuerdo bilateral del mundo que incluye la vía de movilidad climática, pero es mucho más amplio que eso y creo que mucha gente lo utilizará para otros motivos, como para estudiar o trabajar. El clima puede estar en sus mentes, pero no necesariamente”, arguye la jurista.

De hecho, en el proceso los tuvaluanos no tendrán que acreditar estar escapando de riesgos climáticos para justificar mudarse a Australia, precisa. Respecto a la capacidad o voluntad de acogida de los australianos, McAdam considera que muchos ni se darán cuenta, pues pese a las informaciones en la prensa relacionadas con esta visa no ve que haya una conciencia entre la ciudadanía australiana sobre este asunto. Y, en todo caso, 280 personas “son muy pocas para los estándares de migración de Australia en la política de admisión de migrantes”. Se trata, dice, de un país acostumbrado a las migraciones. “La sociedad australiana es multicultural. Recibimos cientos de miles de migrantes de todo el mundo. Es una comunidad con experiencia en la diversidad de culturas, aunque aún no hay una gran comunidad tuvaluana en Australia y este visado es completamente nuevo, así que, en cierta medida, el éxito de este visado dependerá de lo bien que se acoja a las personas y del apoyo que reciban cuando lleguen aquí”, apunta la experta.

Para conseguir un visado de Australia normalmente hay que cumplir requisitos relativos al trabajo o a los estudios. Canberra tiene otras categorías de visado especiales para países del Pacífico, pero en ellas se exige un nivel mínimo de inglés, tener entre 18 y 45 años o una oferta de trabajo en Australia. “Nada de eso se aplica a este caso”, dice McAdam, sobre el nuevo acuerdo con Tuvalu.

McAdam no puede dar una cifra sobre cuántos desplazamientos forzosos internacionales por motivos climáticos calcula que hay en la actualidad, ni tampoco se fía de las proyecciones para el medio-largo plazo. La ONU habla de cerca de mil millones de personas para 2050. “Pero estas cifras son incorrectas, basadas en metodologías que son muy pobres, en proyecciones muy genéricas”, advierte.

“Aunque el movimiento inicial —dentro de su país— pueda haber sido un ciclón, por ejemplo, cuando esa misma persona se traslada a otro país, en ese punto ya puede haber un motivo laboral, así que, aunque se pudiera pedir a todos los migrantes que den sus razones, es posible que llegado un momento den una razón diferente a la primera, debido a la distancia en el tiempo”, argumenta McAdam. “Por lo tanto, es muy difícil hacer una estimación de las cifras”.

“Los turistas celebran el desprendimiento de hielo del Perito Moreno como si fuera una fiesta, pero en realidad es el funeral del glaciar, que se derrite cada vez más rápido. Me llama mucho la atención que no lo vean así: con más información, quizá habría más concienciación”. Sergio Goitía es guarda forestal en el Parque Nacional Los Glaciares –declarado patrimonio mundial por la Unesco en 1981–; observa las cosas con claridad y las expresa sin vueltas: el cambio climático amenaza como nunca antes este ecosistema glaciar de la Patagonia argentina, situado dentro de la tercera mayor masa de hielo continental del planeta.

Goitía nació en la provincia más cálida del país, Formosa, en el límite con Paraguay. Desde los verdes furiosos del norte caliente llegó en 2018 hasta El Chaltén, una pequeña localidad incrustada en los bordes más australes de la cordillera de los Andes, muy cerca de la frontera con Chile y a 2.600 kilómetros al sur de Buenos Aires. Aquí los paisajes están dominados por los azules de los ríos Fitz Roy y Las Vueltas, lagos de aguas gélidas y los hielos eternos de esa zona protegida. “Pensaba quedarme en el norte del país, pero me asignaron acá, todo un desafío para mí y para mi compañera, que es enfermera en el puesto sanitario. Con el tiempo empezó a gustarme la montaña”.

La montaña que Sergio Goitía cuida alberga un imponente sistema de glaciares hoy en riesgo por el calentamiento global, como alertan estudios científicos conocidos por las autoridades locales, algunas organizaciones socioambientales, como Boana, y muchos residentes de El Chaltén. No está tan claro, sin embargo, que los miles de turistas que llegan cada día hasta la autodenominada “capital nacional del trekking” conozcan esta realidad ni el riesgo de inundación si se desborda el lago glaciar.

El derretimiento acelerado de los glaciares no es algo ajeno a la vida en El Chaltén. O al menos, no debería. En 2018, una investigación publicada por un equipo de científicos argentinos liderado por el doctor en Ciencias Geológicas y profesor de universidad de Buenos Aires (UBA) Diego Winecur, mostró que el retroceso glaciar generalizado en la Patagonia tiene una incidencia directa en las laderas de estas enormes masas de hielo.

Un retroceso multiplicado por cuatro

Según los cálculos realizados por Daniela Schmidt, coautora del trabajo, el glaciar Torre –situado a unos 10 kilómetros del pueblo– cuadruplicó su tasa de retroceso entre 2022 y 2024 en comparación con el periodo 2019-2022, lo que significa que desde 1968 hasta inicios de 2025 ha retrocedido unos 400 metros. “A medida que el retroceso ocurre, ese hielo glacial se convierte en agua y pasa a incrementar el volumen del lago Torre ubicado en el frente del glaciar. Esto genera que las laderas de los laterales del valle se vayan desmoronando, convirtiéndose en los denominados procesos de remoción en masa, donde las rocas, sedimentos y parte del bosque se van hundiendo en el lago”, explica Winecur.

Esta situación, que comenzó a principios de los años 2000, se va incrementando a medida que el glaciar retrocede. “Si bien el movimiento es lento y paulatino, algún evento extremo como lluvias intensas sumado a altas temperaturas o algún movimiento sísmico podría acelerarlo y precipitar la caída de ese material hacia el lago”. Esto, a su vez, podría generar una ola que aumentaría rápidamente el caudal del río Fitz Roy. Winecur asevera que las autoridades locales y de los parques nacionales y quienes viven allí de manera permanente conocen este riesgo: “Han recibido nuestros estudios”; pero no puede confirmar que los turistas lo sepan. “Quizá falte un poco de difusión al respecto”, agrega el científico.

Un pueblo muy joven

Antes de los turistas, de las disputas fronterizas con Chile, antes siquiera de que existiera Argentina como país, esta región de la Patagonia estuvo habitada por pueblos originarios americanos. Los aonikenk, la “gente del sur”, fue el último grupo importante en transitar la zona y de su lengua nativa proviene el término Chaltén, que significa “montaña humeante”. Se refiere al cerro de 3.400 metros de altura que caracteriza a ese paraje y que en 1877 fue renombrado por Perito Moreno –un científico y explorador pionero en la conservación de la naturaleza– como Fitz Roy, su otro nombre. El extremo sur andino patagónico argentino es, ante todo, un paisaje de montaña y hielo, en el cual los glaciares monopolizan la escena.

De acuerdo al Inventario Nacional de Glaciares (ING) en Argentina existen 16.968 cuerpos de hielo que ocupan una superficie total de 8.484 kilómetros cuadrados. Es el segundo país de América latina con más glaciares y está entre los 15 países con mayor superficie de hielo en el mundo.

El Chaltén es un pueblo muy nuevo y tiene un origen particular, ya que fue creado en 1985 por el gobierno de la provincia de Santa Cruz para marcar territorio y hacerse presente en una región que mantenía un largo conflicto de fronteras con Chile, que se resolvió de manera definitiva en 1994, después del fallo de un jurado internacional a favor de Argentina.

Los 1.821 habitantes permanentes conviven con la llegada masiva de miles de turistas que desbordan cada día las estrechas calles y los senderos de montaña. El turismo a gran escala está tensionando el equilibrio natural del lugar y la rudimentaria infraestructura urbana no da para absorber las necesidades de tantos visitantes, algo que se hace visible en la deficiente gestión de residuos y en la imposibilidad de tratar de manera correcta las aguas fecales de una población que, en pico de temporada turística, puede llegar a multiplicarse por cinco cada día.

"Hoy a los empresarios les gusta más meter turismo que conservar los glaciares. No perciben que eso es pan para hoy y hambre para mañana

Sergio Goitía — Guarda forestal en el Parque Nacional Los Glaciares

A esto se suma el cambio climático que golpea de manera peculiar al ecosistema de glaciares, el sello distintivo de esta región. “Hoy a los empresarios les gusta más meter turismo que conservar los glaciares. No perciben que eso es pan para hoy y hambre para mañana”, agrega el guarda Sergio Goitía.

Más turistas, menos debate socioambiental

No solo existen tensiones ambientales en El Chaltén. La dependencia del turismo como única fuente de ingresos y la fragmentación social que existe entre quienes viven de manera permanente, quienes van allí a trabajar en temporada alta y los turistas, dificulta el debate sobre el futuro de este lugar. ¿Se informa sobre el riesgo potencial de una inundación por el desborde del río Fitz Roy? ¿Hay estrategias preventivas para esta eventualidad? Marie Anieres Martínez se hace esta y muchas otras preguntas, cada día.

Nació en Francia, donde estudió Cooperación internacional y Desarrollo, y ya en Argentina se especializó en políticas de conservación de la naturaleza. En 2020 cambió su lugar de nacimiento por este pueblo rodeado de una naturaleza inconmensurable: “Yo no elegí vivir en El Chaltén. Puedo decir que fue El Chaltén el que me atrapó, de manera casi literal. Vine como turista poco antes de la pandemia, me tuve que quedar y después ya no me quise ir. Es un lugar mágico”.

En 2021 creó, junto a Eva Bezit, la asociación Boana, dedicada a concienciar sobre la conservación de la naturaleza en la Patagonia a través de proyectos ciudadanos colaborativos, con la gestión del agua y la adaptación al cambio climático como ejes prioritarios. Para Marie, persisten “muchas incertidumbres” sobre el alcance potencial de una inundación en las cercanías de El Chaltén. “Existen varios mapas de inundación elaborados por diferentes instituciones científicas del país. Según la metodología empleada cada mapa arroja resultados diferentes, con zonas inundadas que a menudo se repiten, pero otras veces no”. Desde su visión, faltan elementos clave para mejorar la capacidad de respuesta ante fenómenos extremos: más datos y más inversiones en proyectos científicos que tengan aplicaciones concretas para la toma de decisión y el manejo de inundaciones.

Este es el Año Internacional para la Conservación de los Glaciares declarado por la ONU y su derretimiento es uno de los mayores problemas ambientales del planeta: según un estudio publicado en febrero de 2025 en la revista Nature, la velocidad de derretimiento aumentó un 36% entre 2012 y 2023, en comparación con la década anterior (2000/2011). Entre 2000 y 2023, los glaciares perdieron de media 273.000 millones de toneladas de hielo al año. En un escenario global dominado por la crisis climática, la ciencia y la política aparecen como herramientas indispensables para lograr una mejor adaptación y afinar sistemas de alertas tempranas.

Justo lo contrario a lo que está ocurriendo en Argentina hoy, un país con reducidas capacidades estatales para generar conocimiento científico perdurable y menos voluntad política para financiar, acompañar y fortalecer esas capacidades. Desde la visión de Marie sería necesario trabajar en un plan de gestión de riesgos para hacer frente a las inundaciones provocadas por el derretimiento de los glaciares que incluya instalar un sistema de alerta previa y poner en marcha protocolos de evacuación y comunicación. Pero eso no es lo que está pasando en el territorio: “Por ahora lo único que se ha hecho ha sido instalar dos carteles en la senda que va hasta la laguna Torre, una de las más turísticas del parque, avisando sobre este riesgo, explicando qué es el fenómeno y recomendando a los visitantes subir al punto más alto que encuentren si llegara a pasar”.

Milei y los recortes

Diego Winecur alerta sobre algo más grave aún: la retirada de financiación de las investigaciones científicas en Argentina bajo el actual Gobierno de Javier Milei, quien repite una y otra vez que el cambio climático “es un invento marxista”. El científico cuenta que el monitoreo que hace es “básico, remoto y sin conexión simultánea con esos datos”, y reconoce que no pueden trabajar con información a tiempo real: “No conocemos la situación día a día de la actividad de la ladera, solo capturamos esa información y la analizamos posteriormente. No podemos predecir un evento porque lamentablemente no contamos con los recursos económicos necesarios para hacer esto como se debería, teniendo en cuenta que el lugar lo visitan unas 10.000 personas al día”.

A eso se suma algo todavía más grave: aun con proyectos de investigación ya aprobados por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (PICT) desde 2022, los investigadores todavía no han recibido el dinero, lo que hace imposible que puedan seguir adelante con los estudios. “Esto genera una situación de incertidumbre en el conocimiento que impide mejorar el monitoreo y establecer medidas de mitigación y alerta temprana a la población, a turistas y a escaladores de algún evento que pudiera suceder”.

En este asfixiante escenario político, donde la retirada de fondos a la ciencia y el negacionismo climático se han convertido en una constante del actual Gobierno argentino, el trabajo sobre el terreno de organizaciones ambientales como Boana son oxígeno en estado puro. Una de las principales líneas de acción de esta asociación es la adaptación al cambio climático, explica Marie, que detalla que en 2024 organizó un taller con el apoyo de la Asociación Internacional de Ciencias Criosféricas para introducir y trabajar el concepto de adaptación con metodologías europeas como la llamada Life Natur Adapt. “Son metodologías que permiten dar un primer pantallazo bastante completo y requieren un gran esfuerzo de síntesis bibliográfica, lo que vendría muy bien para el territorio ya que no disponemos de ningún documento de divulgación que nos permita entender los impactos en el futuro cercano”.

Para Sabrina Picone, licenciada en Ciencias Ambientales, doctora en Ciencias Sociales, docente en una escuela secundaria local y residente permanente del pueblo desde 2009, “es muy difícil pensar en clave ambiental si se piensa el territorio de manera sesgada y no se tienen en cuenta otras dimensiones que no sean la económica, es una comunidad muy pequeña y a la vez muy fragmentada, esto hace muy difícil sostener proyectos a largo plazo. Está la gente que vive, la que va y viene por temporadas, y luego los turistas”.

Los desafíos de El Chaltén son tan enormes como los glaciares que marcan su identidad natural. La tensión entre economía y medio ambiente, más urgente que nunca en un planeta recalentado por acción humana, se expresa con claridad en esta pequeña población del extremo sur de la Tierra que, cada día, busca encontrar un equilibrio que garantice su supervivencia.

A simple vista, el sondeo sedimentario que la doctora en Biología Graciela Gil Romera exhibe en el Instituto Pirenaico de Ecología (IPE) de Jaca (Huesca) parece una tabla alargada de madera desgastada. “¿Y si os digo que aquí dentro está la reconstrucción detallada del clima y la vegetación de Teruel desde hace más de 130.000 años?”, sorprende la experta señalando los distintos colores de la muestra, tomada a 74 metros de profundidad en la localidad de Villarquemado, en el entorno de la laguna del Cañizar, el quinto humedal más extenso del interior del país.

La valiosa información que esconde este sondeo, obtenida combinando técnicas como el análisis de polen fósil, geoquímica y métodos de datación por radiocarbono y luminiscencia, es en 2025 un eficaz antídoto contra uno de los mayores bulos del negacionismo climático: la “variabilidad natural”, y no antropogénica, del acelerado cambio climático que la Tierra está experimentando.  

“Este registro de Teruel nos arroja un resultado categórico y concluyente: la velocidad del cambio que estamos experimentando no tiene precedente. Es falso que esto ha pasado toda la vida y que no hay que alarmarse. La velocidad de la transformación es inédita”, sentencia Gil Romera.

“Este registro de Teruel nos arroja un resultado categórico y concluyente: la velocidad del cambio que estamos experimentando no tiene precedente. Es falso que esto ha pasado toda la vida y que no hay que alarmarse. La velocidad de la transformación es inédita”, sentencia la doctora en Biología Graciela Gil RomeraGil Romera.

El sondeo, que está guardado junto a otros 1.000 en una cámara de este instituto a 4ºC de temperatura, es “como la página de un libro de historia”, explica la bióloga, un “archivo geológico” que permite conocer los cambios ecosistémicos en toda la era cuaternaria, desde hace 2,6 millones de años hasta la actualidad. En Jaca, uno de los 24 centros de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), se encuentra la mayor colección de estos registros de España. “Es como una biblioteca planetaria. En lugar de libros tenemos sedimentos”, grafica la científica.

La enorme colección conserva secciones procedentes de lagos de la Península Ibérica, Baleares y Canarias, así como de países como Andorra, Chile, Ecuador, Perú o Etiopía, sumando varios miles de metros de sedimentos. “Todas las muestras que tenemos catalogadas arrojan la misma información: las grandes transiciones ambientales –como el paso de un período glacial a uno interglaciar y a la inversa– ocurrieron durante milenios o cientos de años, lo que permitió cierta adaptación de los ecosistemas. Sin embargo, el cambio actual, impulsado por la actividad humana, se está produciendo a un ritmo mucho más rápido, en apenas unas décadas”, explica.

Los sedimentos que se acumulan en el fondo de lagunas y turberas poseen un “continuo temporal” que permite establecer una cronología de series muy largas –cientos de miles de años– de indicadores como la erosión, la colonización de la cubierta vegetal, la salinidad, las precipitaciones y el régimen de incendios, entre tantos otros. “Nos ayudan a entender el pasado. Pero también sirven para comparar los ritmos del cambio actual con los ocurridos de manera natural. Y, por qué no, para rebatir tanta desinformación. Se repite que no hay manera de saber lo que pasó con el clima de hace miles años. Nuestro trabajo revela que sí disponemos de esa información”, señala Gil Romera.

Granos de polen fosilizados

La investigación en Villarquemado fue liderada por Penélope González-Sampériz, otra investigadora del IPE-CSIC. El sondeo se obtuvo en 2005. Investigaciones previas de geólogos indicaban que en esa zona del lago, hace miles de años, se produjo un movimiento tectónico que hundió una parte del suelo, dejando un depósito “muy valioso” de sedimentos.

Con un camión de sondeo, un equipo dirigido por González perforó y extrajo la muestra –“un churro”, ilustra Gil Romera– que ha permitido reconstruir esta enorme línea histórica del clima de la región. Una técnica clave ha sido la identificación de granos de polen fosilizados, una de las herramientas de reconstrucción paleoambiental más completa para conocer cambios de vegetación en un área determinada.

El polen permite medir la evolución y dinámica de la vegetación. También registra impactos de cambios climáticos, perturbaciones (con origen natural o por intervenciones humanas), y la capacidad de recuperación y resiliencia de la flora. “Este sondeo nos reveló cómo los factores locales, la disponibilidad de agua, por ejemplo, han sido claves en la configuración de los ecosistemas a lo largo del tiempo. Durante las fases más frías y secas, especies como los enebros y sabinas han jugado un papel importante en mantener cierta estabilidad paisajística”, explica Gil Romera.

Una de las tantas certezas que ha arrojado el polen es que la actual desertificación en la cuenca mediterránea “es muchísimo más rápida que en otros momentos del calentamiento del pasado”. La velocidad en la que España pierde suelo fértil se explica, en parte, por su agricultura intensiva, que demanda un excesivo consumo de agua. “En otros períodos históricos, esta transformación del suelo fue más lenta, generando una mejor adaptación de los ecosistemas”, subraya la experta.

El hielo de Monte Perdido

Los sedimentos de los lagos no son los únicos registros que permiten reconstruir la historia climática de los ecosistemas. Los anillos de los árboles, el fondo marino y los sondeos en glaciares también aportan esta valiosa información. En un laboratorio de Bilbao, llamado Izotzalab (“izotz” significa hielo en euskera), hay almacenados 600 kilos de hielo que alcanzan temperaturas de hasta menos 80 grados, obtenidos en la Antártida, de los glaciares de Groenlandia, y en Monte Perdido, en los Pirineos, entre otras localizaciones.

Su director, Sergio Henrique Faria, doctor en Física por la Universidad Tecnológica de Darmstadt, Alemania, explica que “el hielo es el material más interesante” para analizar la evolución del clima a lo largo de la historia. Conserva “un registro perfecto de la composición atmosférica de cada momento”. “Lo que hacemos es taladrar el hielo y sacar ”testigos“, cilindros que van desde la superficie hasta la base rocosa. El hielo es el principal elemento para reconstruir la historia del clima del planeta”, afirma este científico.

El examen de estos trozos de hielo sirven, por ejemplo, para tener datos muy precisos sobre uno de los impactos del calentamiento global: el derretimiento de los polos y la subida del nivel del mar. “El hielo es un contribuyente clave a esta problemática. Para estimar cuánto va a subir el nivel del mar tenemos que saber cuánto se está perdiendo de hielo en los glaciares”, explica Faria. Lamentablemente, “el hielo nos está diciendo que el calentamiento global que estamos experimentando no tiene precedente en toda la historia climática, en un millón de años”. En este punto, el director de este laboratorio coincide con la bióloga del IPE: “No hay antecedente en la velocidad e intensidad de un calentamiento como el que estamos experimentando.

En todas las “burbujas de aire del hielo” analizadas por Farias y su grupo de trabajo obtuvieron “números cuantitativos” que permiten concluir “con total certidumbre” que el calentamiento global es producto de las emisiones antropogénicas. “Esta segunda conclusión, la injerencia humana en el cambio climático, nos obliga como humanidad a actuar ya y de forma conjunta. Tenemos que reaccionar. Tenemos un diagnóstico claro: mitigación y adaptación”, advierte.

El hielo de Monte Perdido, el macizo calcáreo más alto de Europa, situado dentro de la vertiente sur del Pirineo, entrega “datos muy alarmantes”. La estimación es que “desaparecerá por completo en dos décadas”, por más que “mañana mismo reduzcamos las emisiones”. “Hemos comprobado que este derretimiento ha sido por la actividad humana de los últimos 2000. La polución depositada en el hielo ha afectado a la tasa de derretimiento. Nuestras emisiones han enflaquecido mucho el glaciar. El deterioro es irreversible”, explica.

El impacto no será “solo en lo paisajístico, con montañas sin nieve”. La transformación será “ecosistémica”: se modificará la absorción solar, aumentará la erosión, cambiarán los ciclos de lluvias, la vegetación y en el hábitat de los animales.

El sedimento del lago de Teruel del IPE es de hace 130 mil años. El hielo recolectado en la Antártida que está guardado en Zotzalab llega a 800.000 años. Un desafío del laboratorio es hacerse en una próxima expedición con muestras de un millón de años, hito que ningún centro científico del mundo ha conseguido.

Hugo Raguet es matemático e informático. Trabaja en la escuela de Ingeniería INSA de Blois y en la Universidad de Tours, en Francia. Tiene dos hijos y forma parte de Rebelión Científica, un colectivo internacional integrado por académicos e investigadores que han dejado sus pizarras y laboratorios para salir a la calle ante la inacción climática. El 12 de mayo de 2023 se encadenó en la esclusa de un puerto para impedir la construcción de una nueva terminal de Gas Natural Licuado (GNL). Fue arrestado, encarcelado y enjuiciado junto a otros 15 compañeros. Un tribunal lo absolvió al entender que su acción ilícita se llevó a cabo para salvaguardar un interés superior: la protección de la vida ante los impactos climáticos derivados de las emisiones antropogénicas.

Raguet recuerda cada detalle de aquella mañana de lluvia en el puerto Le Havre, en la región de Normandía. La acción de desobediencia civil, sin violencia, se dividió en tres etapas: un discurso con un altavoz explicando el motivo de la protesta, el encadenamiento a una esclusa para bloquear el tráfico rodado y marítimo, y el lanzamiento de pintura contra una gasolinera de TotalEnergies, la petrolera detrás del proyecto de instalar un nuevo punto de importación de GNL en la costa francesa.

La protesta terminó con la llegada de la policía. En su caso, un oficial cortó la cadena que rodeaba su cuello. Lo esposaron y lo trasladaron a una comisaría. Estuvo más de 20 horas retenido. Volvió a su casa con un expediente abierto por el delito de desorden público. El juicio se celebró año y medio más tarde, en diciembre de 2024. Tras escuchar a las partes y analizar el caso, el magistrado resolvió la absolución de todos los acusados. Justificó su decisión en el “estado de necesidad”.

“La importancia de esta sentencia para la lucha contra el cambio climático es gigante. Reconoce oficialmente la amenaza que la crisis socioecológica representa para las sociedades humanas, y se admite que, para combatirla, podría ser necesario infringir la ley”, incide el activista Hugo Raguet

“Se trata de una figura del artículo 122-7 del Código Penal que puede ser definida como la situación en la que se encuentra una persona que frente a la posibilidad de que ella misma o un tercero sufra un daño más grave, decide realizar una acción contraria al ordenamiento jurídico, lesionando un bien o un derecho cuyo valor es menor”, explica Carlos Andrés Hecker Padilla, abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Máster en Derecho por la Université de Bourgogne.

En la sentencia, el juez destaca que “Francia sufre las consecuencias del cambio climático provocado por la actividad humana” y que el país va camino de “no alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que se había fijado”. Por tanto, “la realidad e inminencia del peligro [los impactos climáticos] están probadas”. Concluye que “la obstrucción del tráfico parece haber sido necesaria para llamar la atención del público y de los medios de comunicación sobre la construcción de la nueva terminal de GNL en contradicción con el objetivo general de reducir el uso de combustibles fósiles”.

El científico explica que, hasta ahora, las absoluciones en juicios por actos de desobediencia civil tenían la libertad de expresión como única justificación. “La importancia de esta sentencia para la lucha contra el cambio climático es gigante. En primer lugar, es un nuevo medio para defender a los activistas de la represión. En segundo lugar, reconoce oficialmente la amenaza que la crisis socioecológica representa para las sociedades humanas. Y en tercer lugar, se admite que para combatirla podría ser necesario infringir la ley”, subraya.

En Francia, agrega Raguet, cada vez hay más “concienciación sobre el cambio climático entre los jueces”, debido a impactos “recurrentes y tangibles”. Los abogados de Rebelión Científica llevaron a declarar en el juicio a una “víctima directa” de esta crisis, un ciudadano que perdió su casa y todas sus pertenencias por un fenómeno meteorológico extremo, “cuyo aumento en frecuencia e intensidad se atribuye inequívocamente al cambio climático”.

Otros dos casos

No es la primera vez que un juez francés se aferra al 'estado de necesidad' para eximir de culpa a activistas climáticos. Dos sentencias de 2024 utilizaron la misma figura jurídica. En enero, el tribunal de La Rochelle falló a favor de nueve activistas de Extinction Rebellion –otra organización que propone acciones de desobediencia civil– que en 2023 habían desplegado una enorme pancarta en lo alto de los silos de una empresa vinculada al negocio agrícola. La fiscalía llevó al grupo a juicio por “intrusión en una instalación portuaria en una zona restringida”.

En octubre, el Tribunal de Policía de París utilizó el mismo argumento para absolver a otros cuatro manifestantes que, en 2022, ocuparon una sala del Museo Nacional de Historia Natural para sensibilizar sobre la pérdida de biodiversidad.

En el juicio, varios científicos de renombre testificaron ante el tribunal en apoyo de los activistas, entre ellos Pierre-Henri Gouyon, biólogo, Museo Nacional de Historia Natural; Christophe Bonneuil, historiador del Centro Nacional para la Investigación Científica; y Fabrice Flipo, filósofo del Instituto Mines Telecom. Todos destacaron los múltiples informes intergubernamentales sobre el consenso científico sobre la pérdida de biodiversidad y la emergencia climática.

En los tres casos, la Fiscalía recurrió las sentencias, por lo que ahora un tribunal superior deberá revisarlas. Los activistas acusan al Ministerio Público de “persecución” y de “cuestionar la validez” de hechos ya certificados por tribunales de primera instancia. “Basta con un juez conservador de una instancia superior para que arruine todos nuestros esfuerzos por demostrar la necesidad de defender el planeta”, lamenta, algo escéptico, Raguet.

Una figura jurídica que no se aplica en España

Inés Díez es la responsable del área jurídica de Greenpeace. Lleva años defendiendo a activistas enjuiciados por protestar contra la contaminación de empresas y administraciones públicas. La última sentencia contra su organización se firmó en diciembre del año pasado.

El Juzgado de lo Penal Nº 1 de Pamplona condenó a ocho miembros por el delito de daños. La acción por la que se les juzgó tuvo lugar en marzo de 2021 por el Día Mundial del Agua y consistió en devolver a la macrogranja mil litros de agua contaminada por nitratos.

El tribunal absolvió a los acusados por el delito de allanamiento, pero los condenó por la rotura de la valla de la macrogranja de Valle de Odieta. En conjunto, los activistas tendrán que pagar una multa de 28.880,75 euros.

“En España nunca se ha aplicado el eximente del estado de necesidad. Tenemos tribunales bastantes más conservadores. Son sentencias muy importantes, más en este contexto de judicialización de la protesta climática”, resalta Díez.

La abogada aclara que para “sentar jurisprudencia”, las sentencias tienen que ser ratificadas por tribunales superiores, de lo contrario quedan vinculadas únicamente al derecho interno de Francia. “No puedo augurar un efecto contagio inmediato, pero todo se andará”, sostiene con optimismo.

Futuro Vegetal, un colectivo de desobediencia civil y acción directa que lucha contra la crisis climática mediante la adopción de un sistema agroalimentario basado en plantas, es la organización con más expedientes abiertos en los últimos años por este tipo de protestas. En total, tiene cinco sentencias condenatorias en primera instancia (todas recurridas), un juicio que comenzará el 31 de diciembre en Valencia y 11 procedimientos penales activos.   

Por el momento, un solo tribunal, la Audiencia Provincial de Bizkaia, dictaminó una absolución al reconocer que el empleo de pintura lavable –dos activistas la arrojaron contra la entrada principal del Museo Guggenheim, en protesta por su proyecto de ampliación– no constituye un delito de daños.

Una sustancia similar –zumo de remolacha– arrojaron miembros de Rebelión Científica España a la puerta del Congreso de los Diputados en abril de 2022. La Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid los acusa de un delito contra el “patrimonio histórico”, con pedidos de 21 meses de prisión contra cada activista, entre ellos el filósofo Jorge Riechmann, el ecólogo Fernando Prieto, la ambientóloga Marta García Pallarés o el periodista y actual diputado de Compromís, Juan Bordera.

“Putos sicarios terroristas es lo que sois, malnacidos”. “¿Cómo podéis dormir por las noches después de tanto ocultar y mentir?”. “Psicópatas. Vientos huracanados y destructivos después de anegarnos de aguas torrenciales provocadas, dejar a cientos de personas sin hogar y muertes. Sois unos hijos de puta, unos criminales”. Podrían ser mensajes de odio vertidos a representantes políticos después de una catástrofe natural mal gestionada, o tal vez podrían haberse dirigido a empresas de la industria de los combustibles fósiles –principales responsables del calentamiento global–. Sin embargo, ninguno de estos supuestos es el caso de los mensajes reproducidos en este párrafo.

Estas frases estaban dirigidas a científicos. En concreto, a los que trabajan en la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), diana de negacionistas del cambio climático y de otros que cuestionan la autoridad de la comunidad científica para hablar sobre lo que está ocurriendo con la estabilidad climática del planeta.

El fenómeno ha cogido impulso en los últimos años en España, donde ha afectado al menos a la mitad de los científicos –y, sobre todo de científicas– encuestados por el Science Media Centre (SCM). Entre marzo de 2022 y julio de 2024, esta organización preguntó a un total de 1.405 personas expertas en diversas áreas de la ciencia y la tecnología. Respondió un 17% de los contactados; tasa de respuesta que, aseguran, es significativa si se compara con estudios de otros países. El 51,05 % de estos admitió haber sufrido algún ataque después de comunicar sobre ciencia, cifra que asciende al 53,33% en el caso de los científicos climáticos.

“Lo que estamos viendo ahora es que los mensajes van más allá del negacionismo y son ataques personales”, explica la doctora en sociología Gemma Teso, profesora en la Universidad Complutense de Madrid y coordinadora del Observatorio de la Comunicación del Cambio Climático. Junto a la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes), el observatorio analiza la comunicación de la crisis climática y la transferencia social del conocimiento sobre la acción climática en los medios e Internet.

Los ataques a científicos no son un fenómeno nuevo, pero sí reciente en España, apunta Teso. “Hemos tardado varias décadas en importarlo, pero en Estados Unidos, en la década de 1990, ya se observaba un discurso negacionista ligado a la industria de los combustibles fósiles y vinculado con ciertas esferas del poder político conservador”, recuerda.

Parte de la estrategia para frenar la acción climática, sostiene esta socióloga, es desacreditar a la ciencia para hacerla pasar por ideología: “Si tú vendes algo como ideología, en lugar de como conocimiento, lo puedes utilizar como herramienta en el discurso político”.

La novedad es el empuje que han dado las redes sociales a estos discursos. “Las redes viven de la conversación y la polémica”, denuncia Teso. Critica que los algoritmos alimentan la polarización al dirigir el contenido hacia aquellos más propensos a interactuar con las publicaciones, que en muchos casos son los usuarios que no están de acuerdo. Y esto, para Teso, solo ha agravado el problema de los discursos de odio.

El odio es muy transversal. Se empieza desacreditando el mensaje de la ciencia y se termina con discursos que lo que hacen es culpabilizar a la persona

Gemma Gemma Teso — coordinadora del Observatorio de la Comunicación del Cambio Climático

Para este reportaje se ha consultado a X (antes Twitter) por el criterio de la red social para dirigir su contenido, así como por los planes de la empresa para prevenir la desinformación climática, pero desde la compañía no han respondido a los correos.

Los insultos son solo una de las categorías estudiadas dentro de los discursos de odio. También lo son el descrédito profesional y el menosprecio por razones de género, identidad y orientación sexual, raza o edad, entre otras características.

“En el caso de los científicos, se trata sobre todo de desacreditarles a nivel personal, a nivel académico”, apunta la experta, pero luego el odio se entremezcla con esos otros factores como el género o el origen. “El odio es muy transversal. Se empieza desacreditando el mensaje de la ciencia y se termina con discursos que lo que hacen es culpabilizar a la persona”, agrega.

“Estafador, traidor, explica a tu pueblo el genocidio de guerra climática encubierto por vosotros mediante la geoingeniería. Espero que un día sufras de verdad las consecuencias de este genocidio en tu propia piel”, le dice un usuario de X a Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, en una publicación en la red social.

Es una de las muchas respuestas en ese tono que el meteorólogo ha recibido a título individual, y también de manera colectiva a través de la cuenta de la Aemet en X, pero asegura que el acoso ocurre además en Facebook y fuera del entorno digital.

“Algunos compañeros han llegado a recibir llamadas de teléfono”, denuncia Del Campo, y hace dos años la oficina de la Aemet de Extremadura amaneció con una pintada en la fachada en la que se les llamaba “asesinos”.

En todo caso, el principal campo de batalla donde los negacionistas se enfrentan a los meteorólogos de la agencia estatal es, sin duda, las redes sociales. Especialmente X: este es el escenario donde tiene lugar el 59,8% de los ataques sufridos por los científicos que participaron en la encuesta de SCM España. Seguían a esta vía los comentarios de los lectores o espectadores en los medios de comunicación online (21%) y los señalamientos en persona, más en público (11,9%) que en privado (7,4%).

Nos acusan de lanzar supuestas sustancias a través de aviones, que se manifiestan en forma de estelas de condensación, a las que llaman 'chemtrails', algo que no es físicamente posible. Además, no sé qué sentido tendría provocar una sequía

Rubén del Campo — meteorólogo y portavoz de la Aemet

“Desde que Aemet está en las redes sociales –hace ya más de diez años– hemos recibido insultos, amenazas, sobre todo en X, relacionadas con el tema de la modificación artificial del tiempo”, precisa Del Campo. “Nos acusan de lanzar supuestas sustancias a través de aviones, que se manifiestan en forma de estelas de condensación, a las que llaman 'chemtrails'”. Algo que, dice, no es físicamente posible. “Pero además no sé qué sentido tiene provocar una sequía”, añade. Esta teoría de la conspiración es la que reúne en los chats de Telegram 'Aguaiuris' y 'Geoingeniería' a 24.000 y 12.000 personas, respectivamente.

En estos canales abundan las letras en mayúsculas, las exclamaciones, los emoticonos de indignación, caras de asco, de enfado, muestras de desaprobación. El tono general es la alerta. La alerta y la burla. “Traidor mentirólogo” es el apodo que recibe Del Campo cuando se cita una entrevista, publicada en el diario deportivo As, en la que el meteorólogo afirma que en dos o tres décadas todos los veranos serán como el tórrido de 2022, que batió todos los récords de calor y es por ahora el más cálido de la historia del país.

El comentario, que solo recoge esas dos palabras, en mayúsculas, acumula varias decenas de reacciones y respuestas que secundan el rechazo al experto con insultos sobre sus supuestas mentiras. No hay un llamado –no, por lo menos, en estos canales abiertos– al linchamiento colectivo en redes sociales. Pero sí una dinámica que se repite: alguien deja un enlace en el chat –un reportaje, una publicación en redes, una entrevista en un medio– que no tarda en recibir reacciones furiosas, y ese día o los posteriores aparecen mensajes de odio en X.

Es difícil determinar si las crecientes manifestaciones de odio hacia especialistas climáticos revelan que hay más negacionismo, más descrédito de la ciencia, o si simplemente estas voces han ganado espacio y visibilidad, si están más organizados.

Las redes como armas en EEUU

“Es una combinación de ambos factores”, opina el científico climático estadounidense Michael Mann, que lleva más de 20 años en la mira de negacionistas. “Malos actores –contaminadores, plutócratas– han convertido las redes sociales en armas para amplificar cualquier negacionismo del cambio climático que quede presente. Con los ejércitos de bots y las granjas de trolls que emplean, es muy difícil determinar qué es orgánico y qué es fabricado”, añade.

La primera oleada de acoso y desprestigio contra este reconocido climatólogo, profesor en la Universidad de Pensilvania y autor del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) se produjo en 2001, tras la publicación de un informe del IPCC. El documento destacaba su trabajo de investigación sobre el aumento en la temperatura del planeta, ilustrada con una gráfica que representaba una curva de calentamiento con forma de palo de hockey, que se había dado a conocer ya en los años 90 y que hoy es considerada un icono de la representación visual del cambio climático.

Pero el fenómeno se agravó a finales de 2009, recapitula el científico, “a raíz del robo de correos electrónicos sobre el clima y la campaña de desinformación de la derecha que lo rodeó”.

Dejé caer la carta, contuve la respiración y salí por la puerta lo más rápidamente que pude, cerrándola tras de mí. Primero fui al baño a lavarme las manos. Luego llamé a la policía

Además de las decenas de investigaciones impulsadas por negacionistas climáticos –de las que salió bien parado, porque no había fraude alguno– Mann recibía mensajes violentos y amenazas contra él y su familia. Por correo electrónico le llegaban advertencias como “la opinión pública irá a por ti”. Algunos correos le sugerían que el científico estaría pronto “a dos metros bajo tierra” o aseguraban estar deseando leer que se había suicidado. En una ocasión, encontró entre su correspondencia un sobre del que cayó un polvillo blanco. “Dejé caer la carta, contuve la respiración y salí por la puerta lo más rápidamente que pude, cerrándola tras de mí. Primero fui al baño a lavarme las manos. Luego llamé a la policía”, contaría después en una columna en The Washington Post. Aquello, por suerte, no era ántrax, sino almidón de maíz. Pero sirvió para atemorizarle.

Odio redoblado a las mujeres

El miedo ha llegado también a la casa de la física y meteoróloga Isabel Moreno. Uno de los mensajes de odio –de los muchos que ha recibido últimamente en X y en TikTok– que más le ha inquietado hasta la fecha es uno de abril de 2024, donde un usuario decía: “Volvió la tipa esta… Es la Galeote del cambio climático. Si la anulamos a tiempo nos vamos a quitar muchas tonterías de encima. Los de mi tipo los denominamos Anti Origen. Son lo más peligroso que existe en la humanidad a día de hoy”. A esta publicación en X, otro contestaba: “Al final habrá que hacer lo que hay que hacer”.

Moreno, que trabaja en el programa de TVE Aquí la Tierra, ha sido el blanco de insultos, comentarios misóginos y otros ataques en redes sociales, sobre todo, desde que se posicionó en contra de un debate que iba a alojar el youtuber Jordi Wild en su canal de streaming. El catalán –que amasa 12 millones de suscriptores en YouTube, 3,8 millones de seguidores en X, otros tres millones en Instagram y 1,7 millones en TikTok– anunció que preparaba un debate sobre cambio climático, y que buscaba para ello a alguien que pudiera explicar bien el calentamiento global. “El otro perfil”, decía, ya lo tenía. Prendió la polémica en redes, especialmente entre divulgadores y expertos climáticos, sobre el peligro de emitir en un canal con tanta visibilidad un debate en el que una postura negacionista y la de un especialista en cambio climático fueran puestas al mismo nivel. Moreno fue de las que se pronunciaron, y alegó que el debate, en esos términos, validaría la visión anticientífica. Ese fue el detonante. Un aluvión de mensajes de odio llenó sus redes sociales.

Me da miedo, porque hay decenas de miles de personas en esos grupos de Telegram y no puedes asegurar que a alguien no se le vaya a ir la pinza y decida realmente hacer algo

Isabel Moreno — Física y meteoróloga en el programa Aquí la Tierra

“Lo hablé con algunos amigos suyos que son policías, y todos me dijeron que no podía demandar a los usuarios de X porque yo al final era un personaje público. Pero eso a mí me da mucho más miedo, porque la gente sabe dónde trabajo y cómo me llamo, sabe cómo es mi cara”, arguye.

Ella, en cambio, no puede ver la cara de los usuarios que la amenazan, ni conocer los nombres que se esconden detrás de cada alias. “Me da miedo, porque hay decenas de miles de personas en esos grupos de Telegram y no puedes asegurar que a alguien no se le vaya a ir la pinza y decida realmente hacer algo”, admite Moreno.

Los mensajes de odio lanzados a las científicas tienen el componente añadido de incluir más comentarios sobre su aspecto físico, amenazas de violencia sexual o, simplemente, poner en duda su capacidad para hablar como especialistas por el mero hecho de ser mujeres. “Más de una de cada tres investigadoras expresa que ha recibido comentarios sobre su capacidad científica, con una diferencia porcentual de más de 10 puntos con respecto a los hombres”, destaca el SCM España. Esto es algo que también combate Isabel Moreno en su día a día. Incluso cuando la crítica no viene desde el sector negacionista o de la ultraderecha, ella se siente menos legitimada para hablar sobre un tema, aunque lo haya estudiado en profundidad durante años, que otros perfiles —hombres que ni siquiera cuentan con formación científica.

Es lo que ocurrió cuando un grupo de medios españoles malinterpretó una publicación en X del científico Stefan Rahmstorf, catedrático de física oceánica en la Universidad de Potsdam y uno de los mayores expertos sobre la Circulación Meridional de vuelco del Atlántico (AMOC). En junio de 2024, algunos medios publicaron noticias que advertían de un colapso de la AMOC, algo que podía ocurrir “tan pronto como en 2025” y que generaría potencialmente una glaciación en Europa.

Moreno, que en su día centró su tesis de máster en la AMOC y que desde entonces ha seguido con preocupación el estado de esta corriente oceánica, quiso corregir esos titulares incorrectos en X, como terminó haciendo el propio Rahmstorf, autor del estudio y del post. Pero la meteoróloga se encontró con usuarios que la atacaban: “Venían hacia mí como si yo no tuviese ni idea de lo que estaba hablando, dando más prioridad a lo que decían otras personas, algunas de las cuales no tienen ni siquiera formación en física. Pero eran hombres, claro”. Al final, el miedo y la frustración han hecho que ella deje de publicar en algunas redes sociales. “Yo siempre había defendido que me iba a mantener ahí, pero finalmente sí tuve que dar un paso a un lado. En X, por ejemplo, no publico casi nada porque no me apetece seguir mirando ese tipo de contenidos, y eso es algo que me ha afectado en el trabajo”, lamenta.

Del Campo cuenta que algunos de sus compañeros que eran antes muy activos en redes sociales también dejaron de publicar durante un tiempo; explica que X se ha convertido en un espacio hostil para la Aemet y juzga que es la red social que más desinformación promueve. Pero insiste en que es mejor estar, precisamente para luchar contra esa amenaza. “Hay que hacer contrapeso. X se utiliza mucho todavía, mucha gente la usa para informarse y tenemos que estar ahí. Si encima lo dejamos, abonamos el terreno a las personas que se dedican a lanzar bulos”, abunda.

También Michael Mann ha resistido a la campaña de negación y odio, que no le ha disuadido de expresar sus pensamientos o los resultados de sus estudios en las redes sociales. Al contrario, alega el científico: “En todo caso, me ha envalentonado”.

Copenhague es famosa por sus bicis, la sirenita inspirada en los cuentos de Hans Christian Andersen y el barrio hippie de Christiania. Es, además, una villa ambiciosa. En 2009 se puso como objetivo ser la primera ciudad del mundo neutra en carbono en el año 2025. No lo cumplirá, pero aun así será difícil bajar a la capital danesa del pódium de campeones en la lucha contra el cambio climático porque habrá reducido en casi un 80% sus emisiones de CO₂ gracias a un plan climático aprobado en 2012 con más de 60 iniciativas implementadas por etapas en cuatro grandes ámbitos: consumo de energía, producción energética, movilidad y medidas de la administración local. A ello se suma la cooperación con el sector privado, la universidad y la ciudadanía.

Ese 20% que separa a Copenhague de su meta hay que buscarlo en una infraestructura que no ha visto la luz: una autovía de circunvalación. “Cuando se diseñó el plan se esperaba contar con un anillo periférico bordeando la ciudad. Pero por motivos de política nacional no ha podido construirse, así que tenemos muchas emisiones del tráfico. Dicho esto, en general el tipo de movilidad es muy sostenible, y eso es claramente parte del puzle para alcanzar la neutralidad”, explica la geógrafa Kristine Munkgård Pedersen, del departamento Técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Copenhague.

Las cifras le dan la razón a Munkgård Pedersen. Con una población de 659.350 habitantes, casi la mitad de los desplazamientos para ir a trabajar o a estudiar se hace en alguna de las 750.000 bicicletas que contabiliza la ciudad –cuatro veces más que coches– y por sus 546 kilómetros de carriles bici. “Da cierta vergüenza ir al trabajo en coche. Tienes que tener una buena excusa, vivir lejos o tener una pierna mal porque en la cultura danesa ir en bici es un orgullo. A veces hay campañas para ver quién ha recorrido más kilómetros en un mes y la gente se junta el fin de semana para ir en bici”, cuenta Sonia Tardajos, una socióloga española que lleva 26 años viviendo en Copenhague.

La cultura danesa ir en bici es un orgullo. A veces hay campañas para ver quién ha recorrido más kilómetros en un mes y la gente se junta el fin de semana para ir en bici

Sonia Tardajos — Socióloga que lleva 26 años en Copenhague

También se fomenta el vehículo eléctrico, con la instalación de más parkings exclusivos y más enchufes. “Todo va reduciendo poco a poco el uso del coche”, añade Tardajos. Según datos de la administración local, en 2023 se produjo un descenso en las emisiones del tráfico por carretera atribuible al aumento de la proporción de coches eléctricos. Mientras, las emisiones del transporte público se redujeron en un 20% respecto a 2022. “Los ciudadanos apoyan la movilidad verde, pero las autoridades municipales tienen que garantizar que las infraestructuras sean adecuadas y el transporte público de calidad”, enfatiza Munkgård Pedersen.

De puerto sucio a puerto de baño

Ahora bien, Copenhague no siempre fue un modelo. El urbanista y director de Bloxhub, una plataforma de desarrollo urbano sostenible, Jakob Norman-Hansen, creció en el Copenhague industrial de los años 80 del pasado siglo y recuerda que la capital no era muy habitable. “Contaminada, pobre y con mucha delincuencia, cuando las parejas empezaban a tener hijos se mudaban fuera de la ciudad.

El urbanista recuerda que las cosas empezaron a cambiar en los 90 gracias a un proyecto de reurbanización liderado por un organismo público de nuevo cuño para crear nuevos distritos, construir una línea de metro inexistente hasta esa fecha y levantar infraestructuras. “Se limpió el puerto interior y tanto la actividad portuaria como la industria pesada se trasladó fuera de la ciudad”, explica el experto. El resultado es que ahora en verano el puerto es una opción magnífica para darse un chapuzón. Una app permite a los bañistas consultar la calidad del agua en sus diferentes zonas. “Como en Bilbao, aquí se convirtió una crisis en una oportunidad para transformar la ciudad”, resalta Norman-Hansen.

La urbe también le debe mucho al gran arquitecto danés Jan Gehl, autor de Building cities for people, cuyo trabajo prioriza la escala humana de los espacios para facilitar los desplazamientos, el contacto visual y la interacción social. “Ese nuevo paradigma forma parte de la estrategia del ayuntamiento: considerar la vida urbana antes que los espacios y los espacios antes que los edificios. Y ahora también tenemos en cuenta los límites ambientales para construir en equilibrio con la naturaleza”, resume.

Sin carne en los comedores escolares

La conciencia ambiental está también en los fogones. Desde agosto de 2024 los comedores escolares tienen prohibido ofrecer carne de vacuno a los estudiantes.

Esben Luplau es el director regional del sector educativo de Compass Group, una empresa de catering galardonada en 2024 con el premio a la mejor cantina de cocina sostenible. Tiene 50 comedores repartidos por todo el país y gestiona numerosas cantinas universitarias. “Al trabajar con jóvenes y estudiantes siempre hemos querido estar al día y, por suerte, la sostenibilidad es un tema que les interesa mucho”.

Empezamos hace diez años en la cantina de la Universidad de Copenhague con 'los lunes sin carne'. Y nos dimos cuenta de que muchos estudiantes querían comida vegetariana todos los días

Esben Luplau — Director regional del sector educativo de Compass Group

El trabajo de Luplau en los últimos años ha consistido en convertir los comedores tradicionales en comedores vegetarianos. “Empezamos hace diez años en la cantina de la Universidad de Copenhague con 'los lunes sin carne'. Y nos dimos cuenta de que muchos estudiantes querían comida vegetariana todos los días. Así que decidimos abrir una, y ahora tenemos más de 13 en Dinamarca de las llamadas 'Wicked Rabbit' (algo así como ”conejo pícaro“).

En los comedores que no son vegetarianos, entre un 35% y un 40%, tampoco tenemos carne de vacuno“, cuenta el responsable de Compass Group, entusiasmado con los resultados. ”Tratamos de que no echen de menos la carne, así que hay una gran variedad de platos y ponemos el acento en los sabores. Los estudiantes están muy, muy contentos“. Para reducir el derroche de alimentos, en las cantinas danesas se vende la comida al peso. Llenas un plato, lo pesas y pagas. ”Además –agrega Lubau– 15 minutos antes de cerrar el comedor, el menú está a la mitad de precio tanto para llevar como para consumir allí“.

Aunque parezca paradójico, el sector ganadero danés está de acuerdo en que los consumidores tienen que saber que reducir el consumo de carne es más saludable, tanto para ellos como para el planeta. En Dinamarca, el 30% del total de las emisiones agrícolas procede de la ganadería. Ahora bien, eso no significa que estas explotaciones deban cerrar. “Tenemos que ofrecer productos de origen vegetal, pero también carne y leche mientras haya una demanda mundial, y nosotros debemos de estar entre quienes produzcan carne con bajas emisiones. Queremos ser líderes en ese terreno porque, si no proveemos ese mercado, lo harán otros, en Latinoamérica o Extremo Oriente, con un mayor impacto ambiental”, señala Niels Peter Nørring, director climático del Consejo Danés de Agricultura y Alimentación (DAFC, por sus siglas en inglés).

En junio de 2024, el Ejecutivo danés, las organizaciones ecologistas y el DAFC alcanzaron tras meses de negociación en la que participaron cinco ministros de la coalición gubernamental, un acuerdo para aplicar tasas a las emisiones agrícolas. Sin embargo, el impuesto se ha diseñado de tal forma que, si los ganaderos invierten en nuevas instalaciones, desarrollos tecnológicos, mejores sistemas de alimentación del ganado y otras medidas que permitan rebajar sus emisiones un 40%, no pagan.

“Hay diferentes ayudas para que los granjeros puedan invertir, porque las tasas empezarán a aplicarse en 2030 e irán aumentando progresivamente en 2035 hasta llegar al mismo nivel que las del sector industrial: 100 euros por tonelada de CO₂ emitida a la atmósfera”, detalla Nørring. Actualmente, entre el 10% y el 15% de la producción está dedicada a la agricultura orgánica, y el objetivo es duplicar este porcentaje en los próximos 20 años.

Eficiencia energética

Otra clave para entender el éxito en la lucha contra el cambio climático es la apuesta por la eficiencia energética, que tiene su origen en el golpe que sufrió Dinamarca durante la crisis del petróleo a finales de los años 70 del pasado siglo, cuando llegó a implantar “los domingos sin coches” porque la energía escaseaba.

Hoy el 55% de la electricidad que consume procede de la energía eólica. En la ciudad de Copenhague, sin embargo, la joya de la corona de la producción eléctrica funciona con biomasa. Se trata de Copenhill/Amager, la planta que sustituyó en 2009 a la antigua central de carbón y que convierte en energía los residuos no reciclables.

Situada en el centro de la ciudad, el calor residual del proceso de incineración se aprovecha para alimentar una red de calefacción urbana de la que se benefician 90.000 hogares. El 80% de la calefacción es neutra en carbono. Copenhill no solo es una infraestructura industrial sino un símbolo de la agenda verde de la ciudad. En su gran cubierta de 17.000 metros cuadrados, donde se han plantado más de 300 árboles y 7.000 arbustos, se puede esquiar, hacer senderismo o correr. La incineradora quiere ir más allá y pretende capturar el 90% de las emisiones de CO2 de la planta con una nueva instalación. Está en proyecto igualmente introducir la geotermia en la red de energía urbana del Gran Copenhague.

Las ciudades desempeñan un papel cada vez más importante para alcanzar la neutralidad de carbono. Creo que Copenhague es un buen ejemplo, no solo en la mitigación del cambio climático, también en la adaptación

Mihai Tomescu — Experto en transición energética de la Agencia Europea de Medio Ambiente

Los ciudadanos pueden entrar en Copenhill y ver lo que ocurre con el cubo de la basura una vez recogido. Los residentes en Copenhague están obligados a clasificar sus residuos domésticos como sigue: alimentos, papel, cartón, residuos electrónicos, jardinería, vidrio, residuos peligrosos, metal, madera y envases de plástico, alimentos y bebida. “Nosotros vivimos en una casa con otra familia y tenemos que pagar los contenedores en función del tamaño. El Ayuntamiento nos da una bolsa de plástico biodegradable, no podemos usar otra. En determinados días se pueden dejar muebles o electrodomésticos grandes en la calle y pasa un camión a recogerlos. Una novedad es que hay días en los que puedes dejar ropa y residuos textiles”, explica Sonia Tardajos, que vive en el barrio de Frederiksberg.

“Las ciudades desempeñan un papel cada vez más importante para alcanzar la neutralidad de carbono y también son muy innovadoras cuando se trata de aplicar políticas e impulsar el cambio. Creo que Copenhague es un buen ejemplo, no solo en la mitigación del cambio climático, también en la adaptación”, subraya Mihai Tomescu, experto en transición energética de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA, por sus siglas en inglés). Tomescu está convencido de que, dado el actual desarrollo científico-tecnológico, es “totalmente factible” alcanzar la neutralidad carbono cuando se destinan medios.

Consultas al ciudadano

Sin embargo, ningún plan climático funcionaría sin la cooperación de la ciudadanía, a la que se le consulta regularmente sobre las decisiones municipales. “Si van a construir algo se anuncia, hay una reunión informativa en el ayuntamiento y luego hay un tiempo para dar tu opinión y apelar si estás en contra”, relata Sonia Tardajos. Kristine Munkgård Pedersen confirma que se hacen muchos estudios para tomarle el pulso a la opinión pública, pues no se pueden alcanzar los objetivos ambientales “sin la movilización, el interés y el compromiso de los ciudadanos”. Ahora se busca también la implicación de los visitantes.

La oficina de turismo de Copenhague lanzó en el verano de 2024 un programa piloto que recompensaba las actividades respetuosas con el medio ambiente –moverse en bici o colaborar en huertos urbanos– con 24 propuestas culturales y de ocio gratuitas, desde almuerzos vegetarianos con productos locales hasta visitas guiadas a museos o excursiones en kayak.

“Al convertir las acciones ecológicas en dinero para experiencias culturales, los turistas tienen una oportunidad única de explorar Copenhague de una forma que beneficia tanto al medio ambiente como a la comunidad local. Esto encaja perfectamente con nuestros valores de promover soluciones sostenibles”, señala en la web municipal la alcaldesa de Copenhague, la socialdemócrata Sophie Hæstorp Andersen, que anima a otras ciudades a tomar iniciativas similares.

Copenhague registró 12 millones de pernoctaciones en 2023 y ocupó en 2024 el tercer puesto en el Índice Global de Destinos Sostenibles (GDS), después de Helsinki y Gotemburgo. Bilbao ocupa el puesto 14 y Barcelona el 31 en ese índice. Todo indica que la ciudad nórdica deberá enfrentarse, como muchas otras, al reto del turismo masivo. “Tenemos un número creciente de turistas y también una creciente discusión sobre el impacto que eso tendrá en la ciudad. Nuestro municipio es pequeño, pero está rodeado por la gran región de Copenhague, donde los consistorios son más liberales y más conservadores”, admite con cierto recelo Kristine Munkgård Pedersen.

De momento, la ciudad cuenta ya con un nuevo plan climático para 2035 que, además de las metas de reducción de emisiones en el territorio, tendrá en cuenta las generadas en otros sitios, pero consumidas por los habitantes de Copenhague. “El plan de 2025 era más bien estructural y muy centrado en la producción de energía en la ciudad, y el nuevo se orienta más hacia el consumo individual”, resume la geógrafa del consistorio. Copenhague quiere igualmente aumentar la parte de captura y almacenamiento de carbono.

Desde su casa situada a 50 kilómetros del epicentro de los incendios que están arrasando Los Ángeles, el escritor y periodista John Vaillant (63 años), está angustiado por el “trauma existencial” que están sufriendo sus vecinos. Para él, la naturaleza nos vuelve a recordar “que hay demasiado CO₂ en la atmósfera”.

Vaillant ha retratado lo que él considera “un nuevo tipo de incendio ante el mundo” tras el devastador fuego que en 2016 arrasó la ciudad canadiense Fort McMurray y que obligó a evacuar a 88.000 personas en una sola tarde. En su libro El tiempo del fuego. Historia de un incendio en un mundo más cálido, finalista del premio Pulitzer 2024 y editado en España por Capitán Swing, el periodista escribe que aquellas llamas eran una advertencia de lo que estaba por venir en un mundo cada vez más caliente e inflamable. “Este no es el planeta Tierra tal y como lo encontramos. Este es un nuevo lugar: un planeta de fuego que hemos creado, con una atmósfera más propicia a la combustión que en cualquier otro momento de los últimos tres millones de años”.

“La catástrofe de Fort McMurray es probablemente un presagio de lo que nos espera”, dice en su libro El tiempo del fuego. ¿Cuál es la sensación al ver lo que está ocurriendo en Los Ángeles?

Es aterrador y terriblemente familiar. Para la gente de Los Ángeles es un shock. Se oye a los bomberos decir: “Nunca había visto algo así”. Hay residentes que repiten: “¿Cómo ha podido pasar esto aquí?”. Estoy en el condado de Orange, al sur, y todo está seco como una cerilla. Todo es increíblemente inflamable. Pensemos en el sur de España, también es súper inflamable. Aquí es lo mismo, y solo se necesita una chispa. Hay miedo y tristeza reales, pero está pasando lo esperable.

Después de la publicación de su libro se han producido decenas de incendios extremos en diferentes partes del mundo. ¿Comprendemos los ciudadanos la magnitud del problema al que nos enfrentamos?

La cantidad de personas que han muerto por estos incendios en los últimos 15 años es completamente diferente a la de los 15 años anteriores. Los fuegos de los años 2000 son otra cosa respecto a los incendios de los años 90. En aquella época había fuegos terribles, pero no tantos. Y cuando se cuenta el número de casas quemadas en los últimos diez años, comprendemos este salto. Hablamos de miles de millones de dólares y miles de vidas completamente trastornadas. Y estos incendios convierten a las personas en refugiados en su propio país. Yo los llamaría refugiados climáticos.

¿Tiene que ver este “planeta de fuego” con un sistema económico adicto a los combustibles fósiles?

Yo quería escribir un artículo para Globe and Mail de Canadá, uno de los principales periódicos de ese país, sobre Suncor, una gran compañía petrolera de Alberta que miente sobre el clima y está destruyendo el medio ambiente. Lo ha estado haciendo durante 50 años. El editor me dijo: “Ya sabes, si publicamos eso, el dueño de Suncor llamará al dueño del periódico, tu artículo nos va a dar muchos problemas”.

El CO2 es la deuda de la civilización impulsada por el fuego. Los intereses sobre esa deuda son el aumento de la temperatura y ese interés crece sin parar porque no estamos haciendo los pagos. Y cuando el interés es demasiado alto y no pagas, el banco te quita tu auto, te quita la casa

Cuando piensas que Jeff Bezos es dueño del diario The Washington Post, eso compromete a ese periódico. Esto no es nuevo, claro. Ha sido así durante 200 años. La gente rica tiende a ser dueña de periódicos. Creo que en este momento, luchar por el clima es luchar contra nuestra dependencia de los combustibles fósiles. La gente que invierte mucho en estos productos no quiere hacerlo, pero debe quedar claro que la alternativa es más sequías, incendios, inundaciones y el colapso climático, que no es otra cosa que el colapso de la civilización. Esta es la elección que estamos haciendo en este momento.

¿Qué responde a quienes repiten: “Los incendios forestales siempre han existido”?

Siempre han existido, pero no de esta manera. Les preguntaría: ¿Cuántas casas se quemaron entre 1990 y 2000?; ¿cuánta gente murió? Las personas que dicen esto no están interesadas en aprender. Es pura ortodoxia. Y la ortodoxia es realmente lo más peligroso para la civilización y para el discurso cívico. Mucha gente no está dispuesta a recibir información que pueda desafiar su punto de vista. Lo que no ha existido siempre son los niveles de CO₂ que tenemos en la atmósfera. Les diría que miren la curva de CO₂ a lo largo de los últimos 50 años, o la evolución de la temperatura a lo largo de los últimos 50 años y los costes económicos de los desastres climáticos de América del Norte en ese mismo periodo.

¿Este tipo de incendios nos obliga a replantearnos la forma de construir ciudades?

Tal cual. Lo único positivo que veo aquí es que la naturaleza nos está tratando de decir que hay demasiado CO₂ en la atmósfera. Es como un préstamo bancario: tomaste dinero prestado para comprar tu casa. Hay intereses sobre eso, y el CO₂ es la deuda de la civilización impulsada por el fuego. Los intereses sobre esa deuda son el aumento de la temperatura y ese interés crece sin parar porque no estamos haciendo los pagos. Y cuando el interés es demasiado alto y no pagas, el banco te quita tu auto, te quita la casa.

¿Cree que este incendio, que ha afectado a una de las zonas más ricas de Estados Unidos, puede generar un punto de inflexión en prevención y mitigación?

Esa es la esperanza eterna. Esperé que esto sucediera después del incendio de Fort McMurray, pero no ha pasado; también después de los incendios de Redding, Lahaina, Valparaíso (Chile), y tampoco ha sucedido. Creo que este incendio será utilizado por políticos cínicos y será tratado como un evento local por residentes de Los Ángeles genuinamente traumatizados.

No hay forma de salir de esto sin apostar por el decrecimiento. No hay forma física de hacerlo. Y no hay forma de salir de esto sin hacer la transición a una energía baja en carbono

Creo que no dimensionamos lo que está ocurriendo: Los Ángeles tiene hoy una gran crisis de refugiados. Hay más de 150.000 personas evacuadas, si esa gente cruzara el mar de Libia hacia Creta o hacia el sur de Italia sería una crisis total. De la noche a la mañana, Los Ángeles, la gran ciudad norteamericana, tiene 150.000 personas sin hogar. Es una crisis mayúscula. Ojalá pudiera tener más esperanza. He estado observando esto durante 10 años. Y aquí estamos, con 150.000 refugiados climáticos en Los Ángeles y quemando más petróleo que nunca.

¿Cómo sería entonces la segunda parte de tu libro? ¿Cómo acaba la película?

Con una calidad de vida que se degrada constantemente. Más aún con Donald Trump en el cargo de presidente de Estados Unidos, a quien, desafortunadamente, gran parte del mundo lo sigue. Perderemos tiempo, pero hemos estado perdiendo un tiempo valioso durante 50 años. Por suerte hay muchas comunidades pequeñas y muchos individuos que están haciendo cambios significativos, que apuestan por una relación diferente con la naturaleza, con lo que consumimos y producimos. Tenemos que vivir de forma más sencilla.

No hay forma de salir de esto sin apostar por el decrecimiento. No hay forma física de hacerlo. Y no hay forma de salir de esto sin hacer la transición a una energía baja en carbono. Estos son los dos grandes desafíos. En este segundo punto hay avances, basta ver el poder de las tecnologías solar y eólica para generar energía en España, es increíble. Y pensemos en lo rápido que lo hicimos. Los humanos somos totalmente capaces de abordar esta transición y lo estamos haciendo. Pero lamentablemente de una forma muy fragmentada. Tengo confianza en que sobreviviremos, pero tenemos que hacer grandes cambios.

En abril, tras el histórico fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra Suiza por su inacción ante el cambio climático, Asti Roesle, director de campañas de la Alianza Suiza por el Clima –integrada por más de cien organizaciones de la sociedad civil–, se unió a una decena de activistas para bloquear el acceso al Banco Nacional Suizo. La Policía tomó los datos de todos los manifestantes y los remitió a la Fiscalía para abrir un expediente judicial.

Roesle es uno de los muchos activistas climáticos suizos que tienen causas abiertas por desobediencia civil ante la inacción climática de Estados y empresas. Ahora, los abogados que llevan años defendiendo a este colectivo han decidido unirse para invertir los roles en los juicios: que los ciudadanos sean los demandantes y los Gobiernos y compañías los que ocupen el banquillo de los acusados.

“Se trata de una red jurídica que invierta la actual dinámica. Es decir, que quienes alzan su voz a favor del clima dejen de estar del lado de los acusados y que ese lugar lo ocupen los verdaderos responsables de la crisis climática”, resume Tali Paschoud, abogada en Ginebra e integrante del comité de “Avocates pour le climat” (Abogados por el clima), el nombre de esta organización.

El grupo, formado en septiembre de 2021, ha superado este año los 300 miembros, entre abogados y profesionales que trabajan en el ámbito jurídico, como profesores universitarios y estudiantes de doctorado. La asociación tiene tres grandes metas: aglutinar a todos los abogados “sensibles” con la causa climática, reunir “recursos legales útiles” en esta cruzada y “tener una voz fuerte” en el debate público sobre la importancia de los litigios climáticos.

“La mayoría de los fundadores nos conocimos durante los juicios penales en defensa de los activistas climáticos. Sentimos la necesidad de invertir la dinámica repetida de ciudadanos acusados por las empresas contaminantes. Por eso, la asociación ofrece a los ciudadanos la posibilidad de emprender acciones contra el Estado o contra las empresas por la grave responsabilidad que tienen en la actual crisis climática. Queremos pasar de la defensa al ataque”, explica Paschoud.

La asociación, cuenta la abogada, está o ha estado activa en una decena de procedimientos. “Es una plataforma desde la que los abogados implicados preparamos y llevamos a cabo procedimientos judiciales. Es decir, el derecho se pone al servicio del clima y del medio ambiente. Los abogados tenemos que ser muy creativos y audaces para presentar estas cuestiones ante los tribunales”, subraya.

A su entender, los gobiernos, tanto en Suiza como en la mayoría de los países desarrollados, tienen “serias dificultades” para responder a la emergencia climática a pesar de “evidencias científicas cada vez más contundentes”. “Ante esta realidad, pretendemos recurrir a la justicia para dar forma concreta al derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible”, detalla.

Los casos

En estos momentos, la asociación tiene a varios representados. Ente ellos hay un grupo de agricultores, viticultores, horticultores y arboricultores de varias regiones (Zúrich, Schwyz, Ginebra, Neuchâtel y Vaud) que ha demandado al Departamento Federal Suizo de Medio Ambiente, Transportes, Energía y Comunicaciones (DETEC) por “su inacción ante el cambio climático, que amenaza los rendimientos de las cosechas”.

El argumento de la demanda es que, por su “insuficiente política climática”, este organismo estatal compromete la “libertad económica y propiedad privada” de los agricultores. “De hecho, al no tomar medidas serias para proteger la población suiza contra el calentamiento global, DETEC está perjudicando la rentabilidad de estos terrenos”, asegura Paschoud.

En 2023, tras la difusión en la prensa de obras ilegales en el glaciar de Théodule, en los Alpes, donde se celebró la Copa del Mundo de Esquí, estos abogados presentaron una denuncia en nombre de varias organizaciones ecologistas ante la Comisión Cantonal de Construcción del Valais para arrojar luz sobre la legalidad de estas obras. El fallo judicial ordenó la paralización urgente de los trabajos y prohibió la utilización de todas las partes de la pista situadas fuera de la zona de esquí, es decir una superficie de 25.000m².

La FIFA también ha estado en la diana de la asociación. A finales de 2022 se presentó una denuncia ante la Comisión Suiza para la Lealtad Comercial “por lavado de imagen”. 

La institución futbolera que preside Gianni Infantino afirmó públicamente que el Mundial organizado por Qatar sería “neutro en carbono”. En junio de 2023, la FIFA fue declarada culpable por su ecopostureo. La comisión suiza instó a la FIFA a abstenerse en el futuro de formular estas afirmaciones en sus próximos eventos.

Asociación de utilidad pública

Paschoud aclara que los abogados miembros de la asociación son “voluntarios”, ninguno cobra por prestar estos servicios. No obstante, las acciones “requieren fondos para financiar los costes legales”. El grupo tiene abierto un formulario de donación en su página web.

Este año, las autoridades fiscales de Ginebra reconocieron a este colectivo “asociación de utilidad pública”, una distinción que confirma la importancia de “poner al derecho en primera línea del clima y el medio ambiente”.

“Tiene que quedar claro que los ciudadanos del mundo se enfrentan hoy a una crisis climática sin precedentes. Un motivo principal es que nuestras autoridades políticas no están cumpliendo la ley, por lo que muchas empresas nos están llevando por un camino totalmente incompatible con los objetivos climáticos firmados”, denuncia la abogada.

La “buena noticia”, dice, es que “ya estamos viendo cómo las autoridades alemanas, francesas y holandesas están siendo juzgadas por esta inacción”. Lo mismo ocurre con las compañías más contaminantes, todas ellas ligadas a la industria de los combustibles fósiles.

“Somos optimistas sobre la voluntad de los jueces de hacer un derecho respetuoso con los límites del planeta. Creemos que nuestro papel como auxiliar de la justicia es necesario para concretar una voluntad que, por lo general, sigue en el aire”, concluye.

Dos octogenarias armadas con un cincel y un martillo entraron una mañana del pasado mes de mayo en la Biblioteca Británica de Londres. Sin levantar sospechas se dirigieron a la sala donde se encuentra una de las cuatro únicas copias de la Carta Magna, documento que data del año 1215, y procedieron a astillar la vitrina que guarda el pliego medieval, considerado un texto fundacional de la democracia moderna y que establece que nadie, ni siquiera el rey, está por encima de la ley. Se trataba de una acción de protesta ante la inacción contra el cambio climático.

Una de las activistas era Sue Parfitt, de 82 años y ataviada con su alzacuellos de sacerdote de la Iglesia anglicana, que sujetaba el cincel cerca de una de las esquinas del expositor. Su compañera se llama Judy Bruce, de 85 años y profesora de Biología jubilada, quien articulaba el martillo. Tras varios golpes, Parfitt desplegó una pancarta con el mensaje: “El Gobierno ha violado la ley”, antes de pegarse a la vitrina para finalizar la protesta. Ambas fueron arrestadas y posteriormente puestas en libertad en espera de juicio.

La declaración de ambas mujeres tenía un base jurídica. La semana anterior, el Tribunal Superior de Justicia había dictaminado que el Gobierno conservador británico no estaba haciendo lo suficiente para alcanzar su objetivo de reducir las emisiones de efecto invernadero para el año 2030 y le obligaba a modificar las políticas ambientales que han permitido, por ejemplo, otorgar nuevas licencias de explotación de petróleo y gas en el Mar del Norte.

“Esto tiene una importancia enorme, el Gobierno estaba violando sus propias leyes, incumpliendo el Acuerdo de París y todas nuestras obligaciones internacionales. ¿Se informó de ello en la prensa? Apenas fue mencionado”, se lamenta Parfitt. Lo que sí recibió atención mediática internacional fue el “ataque” al tesoro histórico nacional, que permaneció intacto. Un éxito de publicidad que sin embargo se centraba en el pequeño daño ocasionado al vidrio y no en la denuncia de la actuación del gobierno. “Vivimos tan inmersos en esta cultura consumista que a la gente le molesta más los daños causados a la propiedad que los trastornos a las vidas humanas”, reflexiona la religiosa.

Vivimos tan inmersos en esta cultura consumista que a la gente le molesta más los daños causados a la propiedad que los trastornos a las vidas humanas

Parfitt vive desde hace más de 20 años a las afueras de Bristol en una casa del siglo XVIII. Ocupa un modesto piso en la planta baja de la vivienda que comparte, además de un coche eléctrico, con su casero, mujer y niños. En el salón y frente a una taza de café con leche de avena, la activista explica: “El objetivo de todas las acciones es destacar la catástrofe climática. Estamos contando la gravedad de la emergencia en la que nos encontramos. De lo contrario, nadie habla de ello. Cómo lo hagamos no es lo importante. Tenemos que conseguir que el Gobierno detenga a la industria de los combustibles fósiles. Es una tarea enorme”, reconoce.

Nacida en otra ciudad del suroeste de Inglaterra, Hereford, siempre ha vivido entre Gales y Bristol, donde estudió Historia antes de formarse como terapeuta de familia en Cardiff. Se considera “cristiana de cuna”, sus padres eran muy devotos, y tan pronto como terminó la universidad se hizo monja, aunque a los dos años tuvo que colgar los hábitos para cuidar a sus progenitores hasta su fallecimiento. Después se interesó por la psicoterapia, que ejerció durante diez años, hasta que de nuevo sintió la llamada de Dios y decidió estudiar Teología.

Militancia en el ADN

Se podría decir que esta pequeña mujer lleva grabado el gen de la militancia en su ADN. Un antepasado materno fue acusado de sedición en el siglo XVIII por incitar a la clase trabajadora a luchar por sus derechos laborales y el abuelo paterno, también sacerdote anglicano, se enfrentó a su obispo por querer enterrar en el cementerio a alguien que se había suicidado, algo no permitido en la época, y acabó marchándose a otra doctrina.

El amor por la naturaleza se lo inculcaron su madre y tías paternas, excelentes jardineras, y su padre, ávido pajarero. Ha perdido la cuenta del número de protestas en las que ha participado, pero alguien le recordó hace poco que ha sido arrestada 27 veces desde que se sumó a la acción organizada por Extinction Rebellion que cortó el tráfico en el centro de Londres durante casi dos semanas en 2019. También ha bloqueado el acceso a instalaciones del Ministerio de Defensa, se ha subido a un vagón del metro para paralizar el servicio y ha interrumpido el tráfico durante varios días en la carretera de circunvalación de Londres M25, la autopista más transitada de Europa. “Seguramente ahora haya que sumar algún arresto más”, añade sonriendo.

La nueva legislación (la Ley de Delitos, Policía y Sentencias de 2022 y la Ley de Orden Público de 2023), que amplía los poderes de la policía para practicar arrestos en protestas pacíficas, prohíbe a los activistas utilizar la crisis climática como parte de su defensa legal y aumenta las multas y las penas de cárcel por desobediencia civil, que puede llegar a los diez años de cárcel por perturbar el orden público. Ya son al menos 33 los miembros de la organización Just Stop Oil enviados a prisión por protestas no violentas. El cofundador de Extinction Rebellion, Roger Hallam, recibió el pasado verano la pena más larga en Reino Unido por planear el bloqueo de la carretera M25: cinco años de cárcel.

“Por un lado tienes a estos jóvenes, que por lanzar sopa contra cuadros son condenados a dos años de cárcel y, por otro, a agitadores que deliberadamente están tratando de herir y matar a inmigrantes quemando los hoteles en los que se alojan, recibiendo sentencias patéticamente cortas… Es una desgracia. Creo que en este país hemos perdido la razón”, valora Parfitt.

Por un lado tienes a estos jóvenes, que por lanzar sopa contra cuadros son condenados a dos años de cárcel y, por otro, a agitadores que deliberadamente están tratando de herir y matar a inmigrantes quemando los hoteles en los que se alojan, recibiendo sentencias patéticamente cortas… Es una desgracia. Creo que en este país hemos perdido la razón

Sue Parfitt — Sacerdote de la Inglesia anglicana en Bristol

Parfitt tiene varios juicios pendientes. Nunca se declara culpable ante el juez porque considera que quien está actuando de forma ilegal es el Gobierno. “Yo estoy aquí para contar la verdad”, afirma con rotundidad. La posibilidad de acabar entre rejas es cada vez más real, pero ella lo afronta con estoicismo.

No puede oficiar ceremonias

De forma reciente, este prolífico activismo ha tenido un inesperado coste personal. La obispa de Bristol, Vivienne Faull, que venía apoyando las acciones, ha decidido no renovarle la licencia para oficiar ceremonias que otorga la iglesia a sacerdotes y diáconos jubilados hasta que se resuelvan sus juicios pendientes.

“Me entristece perder mi licencia, especialmente este año, pero lo más significativo es que, al quitármela, la obispa está metiendo a la Iglesia en un grupo –junto con jueces, prensa, médicos… y el Gobierno–, que no habla de la catástrofe climática. Esto es silenciar la verdad”, afirma con voz clara y pausada.

Con un total de activos valorados en unos 12.300 millones de euros, la Iglesia anglicana anunció en 2023 su intención de desinvertir en empresas relacionadas con la exploración y producción de petróleo y gas, una decisión que Parfitt considera acertada. Sin embargo, le decepciona que no vaya más lejos con sus acciones. “Si toda la Iglesia se hubiera sentado a bloquear la autopista M25 hace dos años, habríamos conseguido hacer el aislamiento térmico de toda Gran Bretaña de un día para otro”.

Considera que sus acciones no son violentas sino “extremadamente pacíficas” por lo general y defiende que reciben extensa formación y planifican las acciones con el objetivo de minimizar los riesgos. Así, cuando cortan carreteras siempre hay una vía libre para vehículos de emergencia, se atacan pinturas protegidas bajo cristal y, en el caso de la Carta Magna, ella misma comprobó en una visita previa a la acción que en caso de romper el expositor el documento no sería dañado, pues está protegido por una segunda vitrina. “Nunca habría dañado la Carta Magna, soy historiadora”.

Tampoco cree que sus actos legitimen a otros grupos a usar métodos violentos para reivindicar sus ideas. “No pienso ni por un momento que yo tenga alguna influencia sobre esa gente horrible de extrema derecha que ha participado en disturbios contra inmigrantes”, sostiene. Sí lamenta especialmente los problemas causados por el corte de carreteras, pero lo justifica como “desgraciadamente necesario. No es nada comparado con las perturbaciones que vamos a sufrir por la catástrofe climática”. Tampoco ve contradicción entre sus acciones y sus valores religiosos. “Es un dolor necesario para intentar disminuir las alteraciones mucho más dolorosas hacia las que caminamos rápidamente. Los científicos están alarmados porque la velocidad a la que avanza la crisis es mucho más rápida de lo que habían proyectado”.

Habla de la sexta extinción masiva de especies, la primera ocasionada por la actividad humana, que asegura está en marcha y sin vuelta atrás. “Solo podemos retrasar lo inevitable, predice. ”Yo quiero pasar mis últimos años haciendo todo lo que pueda para detener las emisiones nocivas“, explica. ”¿Cuál es la alternativa, quedarme en casa cuidando de mi gato? No he sido llamada para hacer eso“.

Los holandeses llevan siglos entrenando el esfuerzo de cooperar juntos por una amenaza directa para el país: el agua. En Países Bajos, el 60% de la población vive en áreas susceptibles de inundarse, ya sea por las crecidas de los ríos o por tormentas en la costa; el 25% de los 17 millones de habitantes vive en territorio que está bajo el nivel del mar. Por ello, no solo les protegen los 3.700 kilómetros de defensas contra inundaciones, también un sistema de emergencias muy bien engrasado en el que colaboran servicios de salud, ambulancias, la policía, los bomberos y otros organismos públicos de asistencia ciudadana.

Una web del Gobierno neerlandés menciona los pasos a seguir en caso de inundación, como evacuar en vertical –hacia los pisos de arriba– o tener preparado un kit de emergencia. Sin embargo, la mayor parte de la población desconoce estas indicaciones: “Damos por sentado que nuestro sistema de protección funcionará”, comenta Jan Verkade, hidrometeorólogo de Deltares, el Instituto Nacional de Investigación para el Agua y el Subsuelo.

Deltares forma parte del equipo asesor nacional que se encarga de vigilar de manera permanente, las 24 horas del día, las cuencas hidrográficas del país. Existen otros dos equipos más, uno para la costa y otro para los dos grandes lagos artificiales creados tras cerrar dos entradas de agua del Mar del Norte.

Jan estaba de guardia los días en los que, en julio de 2021, el país vivió las inundaciones más graves en décadas, en la región de Limburgo, donde se encuentra la ciudad de Maastricht. “Las fuertes lluvias en Alemania, Bélgica y en menor medida aquí hicieron que el río Mosa empezara a crecer y a crecer, algo que en verano ocurre en pocas ocasiones: en apenas dos días su caudal alcanzó el nivel más alto jamás registrado”, relata. En dos días llovió lo que suele llover en todo el mes de julio, entre 150 y 200 milímetros, algo que según las predicciones solo ocurre en esta región una vez cada 1.000 años. 

La unidad de coordinación de emergencias de la región puso en marcha las medidas de evacuación de la gente, no dudaron de nuestras predicciones y aplicaron el protocolo acorde al nivel de alerta que les transmitimos

Jan Verkade — Hidrometeorólogo del Instituto Deltares

Como hidrólogo responsable de los datos del Mosa, Verkade informó al resto del equipo de que el peor escenario, es decir, que el río alcanzara un caudal de 3.700 metros cúbicos por segundo, era posible. “La unidad de coordinación de emergencias de la región puso en marcha las medidas de evacuación de la gente, no dudaron de nuestras predicciones y aplicaron el protocolo acorde al nivel de alerta que les transmitimos”, resume.

Antes de que el 14 de julio a las 18:10 de la tarde el Instituto Nacional de Meteorología lanzara la alerta roja, el Ejército estaba repartiendo sacos de arena en los municipios en riesgo, los campings habían sido desalojados y comenzó a evacuarse a las personas mayores dependientes. En total, 30.000 personas fueron evacuadas de cinco municipios. Finalmente, pueblos más al sur, como Valkenburg, se inundaron, pero el nivel del río se quedó algo por debajo de lo previsto. No hubo víctimas mortales. En Alemania y en Bélgica, donde la lluvia fue más fuerte y el tiempo de respuesta menor, las inundaciones se cobraron la vida de 238 personas.

Equipos regionales de coordinación de emergencias

“En Holanda el impacto habría sido mucho mayor si no hubiésemos contado con la unidad de coordinación de emergencias”, asegura Jan Verkade. Creada en 2010 y dependiente de los municipios, se trata de equipos multidisciplinares formados por representantes de los servicios de salud, ambulancias, la policía, los bomberos y otros organismos públicos de asistencia ciudadana.

Existen 25 veiligheidsregios en todo el país a través de los cuales se canaliza toda la información relacionada con una posible emergencia y se coordina la intervención. Uno de los alcaldes de estos distritos ejerce como máxima autoridad de esta unidad. “Cada semana se sientan con miembros de los órganos estatales encargados de controlar el agua, se conocen entre ellos, saben quién es quién, hablan el mismo idioma; como en cualquier relación personal, uno se fía más del que conoce”, apunta.

El sistema de alerta se divide en seis niveles: del primer al tercer nivel las decisiones se toman a nivel provincial; a partir del cuarto la intervención es competencia de la unidad regional y en el quinto y sexto el Gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, pasa a tomar las decisiones competentes.  

En 2012 Holanda puso en marcha el sistema NL Alert de alerta por emergencia en los móviles. Desde avisar sobre incendios hasta pedir a la población que se quedara en casa y cerrara puertas y ventanas porque una serpiente cobra andaba suelta, el sistema de envío de estos mensajes ha funcionado en numerosas ocasiones. Aun así, hay una sensación de que la emergencia de 2021 no se gestionó bien. En una encuesta realizada por la veiligheidregio a los afectados por las inundaciones, cuatro de cada diez aseguraron que no fueron informados a tiempo, mientras ocho de cada diez decían no saber lo que tenían que hacer si su casa se inundaba. La mitad de los encuestados considera que la emergencia no se gestionó adecuadamente.

El agua como amenaza permanente

Para la construcción, reforzamiento y mantenimiento de los diques y otros sistemas de defensa frente al agua, el Gobierno holandés destina desde 2016 y hasta 2028 un presupuesto de 15.200 millones de euros. Es el llamado Plan Delta, el cual se puso en marcha hace más de cinco décadas tras la tragedia de 1953, cuando una fuerte tormenta en la costa del sur del país arrasó diques en hasta 90 puntos, cobrándose la vida de más de 1.800 personas. Reforzar las canalizaciones que protegen al país es una tarea titánica que no depende solo del Gobierno. Las llamadas juntas del agua (waterschappen) funcionan como órganos independientes desde hace más de 700 años.

Ellos se encargan del mantenimiento de la llamada “primera línea defensiva”, es decir, aquellos diques que protegen las canalizaciones de agua menores, mientras que del Estado depende la gestión de los dos grandes ríos, el Mosa y el Rin, de los dos lagos y de toda la costa. Esta semana, la junta del agua más antigua del país, la encargada de proteger lugares como el aeropuerto de Schiphol y en cuyo territorio vive casi un millón y medio de personas, acaba de inaugurar un enorme embalse y un área de inundación controlada con capacidad para recoger hasta un millón de metros cúbicos. Se suma a otra más con la que ya cuenta la región y que podría recoger el doble, hasta dos millones de metros cúbicos.

“Hace 24 años, cuando se pensó en este proyecto, estos reservorios gigantes eran suficientes para protegernos frente a inundaciones. Ya no”, afirma Aad Straathof, uno de los comisarios de la junta. Debido al cambio climático, los eventos de sequía extrema resecan unos diques que afrontan peor las fuertes lluvias que se suceden después, mientras la población de esta región del país sigue aumentando. Por eso, los impuestos que financian a estas juntas del agua subirán hasta un 50% en los próximos cuatro años, algo que Straathof espera que los contribuyentes entiendan: “Vivimos detrás del dique, a pocos kilómetros de la costa, la gente entiende mejor que nunca la importancia de nuestro trabajo”. Por su parte Jan Verkade concluye que, si bien el sistema de alerta holandés funciona, las estadísticas en las que se basan los científicos para predecir catástrofes futuras “ya no son válidas. El pasado ya no es un buen indicador para el futuro”.

En septiembre de 2007, una riada torrencial inundó la ciudad de Alicante y una decena de pueblos linderos. La gota fría provocó el desbordamiento de dos ríos y de varios barrancos de la comarca de la Marina, dejando una postal de destrucción similar a la que la DANA causó esta semana en Valencia. El evento meteorológico interpeló a los ingenieros y técnicos del ayuntamiento de la ciudad y de la empresa a cargo de la gestión del agua. “¿Qué obra de infraestructura podemos llevar a cabo para evitar futuras inundaciones?”, fue la pregunta que se lanzó sobre la mesa durante los años posteriores. En marzo de 2015, Alicante inauguró el primer parque urbano inundable de España.

El proyecto fue ideado por un grupo interdisciplinar de ingenieros y arquitectos. Costó 3,5 millones de euros, cinco veces menos que la otra propuesta que se barajó, un sistema de drenaje con salida al mar, una obra que requería intervenir varios kilómetros de suelo urbano, entre ellos las vías del ferrocarril. El parque inundable se construyó a escasa distancia de la playa de San Juan, en el núcleo de una zona urbana, sobre unos terrenos que, en tiempos pasados, formaban un marjal, una zona húmeda, próxima al mar, con áreas pantanosas cubiertas de vegetación.

El humedal fue alterado y permeabilizado a partir de la segunda mitad del siglo XX con la construcción de grandes desarrollos urbanísticos, lo que ocasionó problemas de drenaje e inundaciones. “Se tomó como ejemplo el funcionamiento ecosistémico del humedal y se ideó, en términos fáciles de explicar, un gran parque, lleno de biodiversidad, con un tanque de tormenta”, explica Luis Rodríguez Robles, exjefe del Servicio y Proyectos del ayuntamiento, partícipe del proyecto.  

En su definición técnica, un parque inundable es una instalación con capacidad para almacenar y retrasar la escorrentía de aguas pluviales en episodios de precipitaciones intensas. “Se trata de una solución basada en la naturaleza que ayuda a que las ciudades se conviertan en esponjas”, describe Miriam García, arquitecta paisajista, fundadora y directora de un laboratorio de diseño urbano sostenible.

El parque La Marjal cuenta con 3,6 hectáreas de superficie inundable con capacidad para atrapar hasta 45.000 m₃ de agua. Tiene dos colectores, ubicados en las avenidas adyacentes con tendencia a inundarse, que recogen el agua procedente de las crecidas y la canalizan hasta el tanque del parque. El caudal recogido se deriva luego a la estación depuradora de aguas residuales.

“Funciona. En todos estos años hemos logrado proteger esa zona de la ciudad de los impactos de las lluvias torrenciales”, explican desde la empresa Aguas de Alicante. En agosto de 2019, por ejemplo, Alicante registró su mayor lluvia de verano desde que hay registros. El parque urbano almacenó 22.000 m₃ –la mitad de su capacidad máxima–, el equivalente a 12 piscinas olímpicas de dos metros de profundidad.

Además de la función hidráulica, el parque preserva la biodiversidad al servir de refugio para especies de vegetación y avifauna de la región. En estos nueve años, se ha convertido en un punto de descanso para multitud de especies de aves que migran hacia África.

En agosto de 2019 Alicante registró su mayor lluvia de verano desde que hay registros. El parque urbano almacenó 22.000 metros cúbicos –la mitad de su capacidad máxima–, el equivalente a 12 piscinas olímpicas de dos metros de profundidad.

Dos tipos de parques inundables

Miriam García, directora de Landlab, un estudio de Barcelona con varios premios por sus proyectos urbanos resilientes, explica que existen dos tipos de parques inundables: por un lado están los que sirven para retener agua en periodos de inundaciones y desbordamiento de ríos y arroyos, construidos próximos y adyacentes a estos cursos de agua. El Parque del Agua de Zaragoza, que se planificó sobre un antiguo bosque aluvial, ubicado en la margen izquierda del río Ebro, es un ejemplo. “Están construidos próximos y adyacentes a estos cursos de agua, de tal manera que cuando se da una DANA como la de esta semana y sube el caudal del río, se inunda la llanura de inundación. Se logra contener el río y logramos que este inunde donde nosotros queremos”, detalla.

Pero también, agrega esta experta, hay parques inundables dentro de las ciudades que funcionan como sistemas de drenaje sostenible. “Estos parques están pensados para el control de las inundaciones urbanas, cuando las infraestructuras de drenaje no son capaces de soportar más agua de lluvia, algo que también vimos con la DANA de esta semana”, subraya.

El de Alicante es el ejemplo más conocido. Pero hay otros más pequeños, como la plaza de Enric Granados, en Barcelona. En el marco del Programa Supermanzanas, este espacio verde sumó unos tanques para almacenar el agua de lluvia, que permiten amortiguar el 89% de una escorrentía superficial. ¿Por qué estos proyectos no están extendidos por todo el país? “Por las disputas por el suelo”, responde García.

“Un parque inundable tiene poco de negocio. Ocupa un espacio en la ciudad que, por lo general, se intenta rentabilizar con proyectos urbanizables. A la hora de buscar soluciones hídricas, las administraciones públicas buscan atajos, mecanismos más rápidos y tradicionales. El problema es que estos atajos se planifican para unos parámetros de lluvias. Cuando llueve mucho más de lo calculado, las obras fallan y estamos frente a catástrofes”, explica.

“Un parque inundable tiene poco de negocio. Ocupa un espacio en la ciudad que, por lo general, se intenta rentabilizar con proyectos urbanizables. A la hora de buscar soluciones hídricas, las administraciones públicas buscan atajos. El problema es que estos atajos se planifican para unos parámetros de lluvias. Cuando llueve mucho más de lo calculado, las obras fallan y estamos frente a catástrofes

Miriam García — Directora del estudio LandLab de Barcelona

La poca regulación urbanística en zonas inundables –las provincias de Valencia, Alicante y Murcia tienen 280.000 viviendas en estos terrenos– es “otro problema”, dice la arquitecta. La nueva realidad climática, con eventos de precipitaciones cada vez más extremos, debería estar generando “un replanteo de los suelos urbanizables en llanuras de inundación”.

“Tendríamos que estar quitando estos proyectos de urbanización y haciendo parques periurbanos inundables a la entrada de las ciudades. Lamentablemente seguimos apostando por el hormigón”, lamenta García.

Un parque inundable para Los Alcázares, en Murcia

Javier Sánchez es subdirector general de Protección de las Aguas y Gestión de Riesgos, oficina que depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). Es uno de los ingenieros que ha participado de un proyecto de parque inundable en Murcia que ya tiene todos los permisos administrativos y pendiente de licitación.

Según el mapa que identifica las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI), Los Alcázares (19.000 habitantes), a la vera del Mar Menor, es uno de los pueblos del país con mayor riesgo de sufrir severas inundaciones.

La última catástrofe ocurrió en septiembre de 2019, cuando el agua sepultó su casco histórico. Para evitar que el drama se repita, el Gobierno diseñó un parque inundable en 29 hectáreas de suelo agrícola.

El futuro parque será capaz de contener hasta 400.000 metros cúbicos de agua. Se construirá un sistema de cuatro canales para conducir de forma ordenada las primeras aguas de escorrentía en un episodio de fuertes lluvias. Se reverdecerán todos los márgenes (se plantarán un 45% más de ejemplares arbóreos) y se colocará un pavimento impermeable capaz de soportar los mayores escorrentías.

El funcionario cuenta que, en un primer momento, el proyecto generó mucho rechazo en las autoridades políticas del pueblo. “Hemos tenido que convencer a mucha gente. Me animo a decir que el 99% de los alcaldes está convencido que limpiando los ríos y haciendo algunos pantanos se elimina el riesgo de inundación. Nos piden limpiar y arrasar toda la zona para dejar los ríos como canales. Es lo que no hay que hacer. Hay que plantar árboles y recuperar espacios, aumentar la vegetación de ribera, incrementar la biodiversidad y lograr ciudades más permeables con drenajes urbanos sostenibles”, resume.

Algunos reparos

José Damián Ruiz es catedrático de Geografía Física de la Universidad de Málaga y especialista en recursos hídricos. A su juicio, un parque inundable “tiene sentido” en determinados territorios.

“No se trata de una solución universal. La clave es dónde se puede construir un parque inundable. La configuración geomorfológica y orográfica es un factor determinante”, explica. El proyecto de Murcia, aclara, sería imposible en Málaga –otra provincia que sufrió el impacto de la DANA– con una montaña que precipita al mar. 

“Las escorrentías llevan una aceleración espectacular. Con esta capacidad de arrastre no se puede simplemente delimitar una zona para hacer un parque inundable con tanques de acopio. Cada sitio tiene su solución hídrica. Ojo con caer en una generalidad”, aclara.

Para Ricardo Aliod, profesor de Ingeniería Hidráulica y del Riego en la Escuela de Agrónomos de Huesca y miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua, ni los parques inundables ni ninguna otra medida de adaptación urbana tiene eficacia ante una DANA como la que ha azotado Valencia. 

“No hay protección posible ante un evento así”, señala. En su opinión, quienes toman las decisiones siguen ignorando las causas que, en todo el mundo, están intensificando los fenómenos meteorológicos extremos. “Se valora que los impactos económicos de reducir las emisiones son menores que los daños materiales y que las vidas humanas. La adaptación, entonces, se hace cada vez más difícil”, lamenta.

“Me pregunto: ¿cuántos de los agricultores de Almería que esta semana vieron sus invernaderos arrasados por el pedrisco sostienen que la culpa la tiene la Agenda 2030 y el ecologismo?”. Como experto en materia hídrica, Aliod celebra los proyectos urbanísticos con sistemas de drenaje sostenible. Pero insiste en que primero hay que poner el foco en las causas de la emergencia climática: “Ojo con crear falsos placebos”.

“¡Imagínate despertarte un día y que Mascate [la capital de Omán] aparezca cubierta de nieve blanca y reluciente! Explora barcos congelados en el tiempo, desciende en trineo por dunas de arena helada y descubre un mundo apasionante a temperaturas bajo cero”. Este es el reclamo publicitario de Snow Oman, el primer parque de nieve del sultanato del mismo nombre, donde el termómetro llega a sobrepasar los 50 grados en verano. Inaugurado a principios de 2023 y construido por el operador emiratí de centros comerciales Majid Al Futtaim en un terreno de 14.800 metros cuadrados, Snow Oman presume de ser el mayor parque de nieve de Oriente Próximo. “La primera vez que fuimos había mucha gente, colas de media hora solo para alquilar los accesorios, la ropa de invierno, los guantes, ahora vamos entre semana”, comenta Hamna Arif, quien llegó a Omán hace dos años desde su Pakistán natal con su marido y sus dos hijos, de siete y ocho años.

“En verano, en Omán no se puede hacer ninguna actividad al aire libre, hace demasiado calor, así que lo mejor es venir a la nieve. Es una experiencia única. Además, no hay restricciones de tiempo, una vez dentro puedes quedarte todo el día si quieres, si puedes soportar el frío, claro, porque hace muchísimo frío. Pero como te dejan salir y entrar, puedes ir a comprar al centro comercial y volver”, explica esta madre de familia que ya ha visitado Snow Oman cinco veces. El parque de nieve ofrece hasta 20 atracciones, entre ellas una pista de patinaje sobre hielo y un pingüinario donde viven pingüinos rey y papúa.

Una madre de familia que ha visitado Snow Oman cinco veces: “En verano, en Omán no se puede hacer ninguna actividad al aire libre, hace demasiado calor, así que lo mejor es venir a la nieve. Es una experiencia única. Además, no hay restricciones de tiempo, una vez dentro puedes quedarte todo el día si quieres, si puedes soportar el frío, claro, porque hace muchísimo frío

“En cuanto se abrió la puerta me recordó a mi infancia porque la casa de mis padres está en el norte de Teherán, donde hay nieve y estaciones de esquí. Las instalaciones no son impresionantes, pero cuentan con un reclamo de marketing muy fuerte: el frío. Aunque creo que deberían añadir más animales, como osos polares o focas, por ejemplo”, sugiere Sahar Derakhshani, iraní residente en Mascate.

Nieve para el turismo del desierto

Snow Oman es el último de una serie de parques de nieve que la empresa Majid Al Futtaim está construyendo por todo Oriente Próximo siguiendo la estela de Ski Dubai, el primer concepto de 'ocio bajo cero' lanzado en 2005 y que atrajo a 11 millones de visitantes en sus primeros 15 años. Según el Departamento de Turismo de Dubái, en 2022 el 12% de los turistas internacionales que visitaron la capital del ocio emiratí recalaron en Ski Dubai. “Ski Dubai ha impulsado el crecimiento masivo del turismo deportivo en la región y ha fomentado la aparición de una cultura de deportes de invierno en los Emiratos Árabes Unidos”, resume WAM, la agencia de prensa oficial de la monarquía.

El emirato de Dubái –uno de los siete que componen la federación de Emiratos Árabes Unidos– es una especie de ovni en una región que vive de la extracción y exportación de petróleo y gas a los mercados de consumo, sobre todo en Asia. En Arabia Saudí, la mayor economía del Golfo, los ingresos del petróleo representaron el 62% de los ingresos públicos en 2023. Sin embargo, Dubái ha pasado la página del oro negro. El sector del petróleo y del gas solo representó el 2% del PIB del emirato en 2022, frente a casi el 50% de hace medio siglo. Otros sectores han tomado el relevo, como el comercio, la construcción y el turismo. La ciudad presume de su estilo de vida, con un fuerte consumo energético y de recursos, gracias al cual dice haber atraído a 17,2 millones de turistas internacionales en 2023, convirtiéndose en un modelo a seguir para toda la región.

“Dubái ha sido un ejemplo y ahora todos los países del Golfo están intentando no tanto copiar, sino inspirarse en lo que ha hecho”, comenta Jalal Qanas, profesor adjunto de Economía en la Universidad de Qatar. En Doha, Dubái, Manama, Riad o Kuwait, el patinaje sobre hielo es otra de las aficiones invernales con muchos seguidores. David De Silva, originario de Sri Lanka, vive en la capital de Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi, donde creció: “Mis padres solían llevarme a la Ciudad Deportiva Zayed al menos una vez al mes para aprender a patinar. Incluso hoy, mi mujer y yo solemos ir a patinar allí a menudo. Y no somos los únicos, el patinaje es muy popular entre los jóvenes de aquí, y es un lugar estupendo para reunirse y socializar”, relata.

El resort de esquí en pleno desierto Trojena, que las autoridades venden como un destino “que ofrece experiencias únicas centradas en el ser humano”, acogerá los Juegos Asiáticos de Invierno en 2029 sobre tres cuartas partes de nieve artificial. Se estima que en 2030 hasta 700.000 turistas puedan acudir a los 36 kilómetros de pistas de esquí que promete Trojena. El frenesí del ocio también se está apoderando de Omán, que sigue los pasos de sus vecinos en un intento de construir una alternativa real a los ingresos del petróleo y del gas tras décadas de fracasos.

El plan 'Visión Omán 2040' prioriza el turismo, un sector que se espera que represente el 5% del PIB en 2030 y el 10% en 2040, frente al 2,4% de 2022. “Cuando nuestros familiares y amigos vienen a visitarnos solemos llevarlos a Snow Oman y todos se sorprenden porque imaginaban un país más atrasado, sin una verdadera oferta de ocio. Omán quiere ofrecer distintas actividades para desarrollar el turismo, porque hay playas preciosas y lugares al aire libre por los que hacer rutas de senderismo, pero hace tanto calor durante todo el año que no se puede ir”, afirma Hamna Arif. Al preguntar a Sahar Derakhshani, otro de los entrevistados, sobre el impacto ambiental y energético de un parque de nieve en una de las regiones más cálidas del mundo, resume: “La conciencia ambiental preocupa mucho en Europa pero aquí el modo de vida es diferente. Los extranjeros que vienen a vivir al Golfo se relajan, dejan de tener una mentalidad estricta, también en lo que se refiere al uso de la energía. Después de un tiempo aquí aceptan tener puesto el aire acondicionado las 24 horas del día o ir a pasar una tarde a Snow Oman porque echan de menos la nieve”.

La conciencia ambiental preocupa mucho en Europa pero aquí el modo de vida es diferente. Los extranjeros que vienen a vivir al Golfo se relajan, dejan de tener una mentalidad estricta, también en lo que se refiere al uso de la energía. Después de un tiempo aquí aceptan tener puesto el aire acondicionado las 24 horas del día o ir a pasar una tarde a Snow Oman porque echan de menos la nieve

El gasto energético de un parque de nieve

A pesar del poco interés que muestran por el tema las personas que visitan estos parques de nieve, lo cierto es que el coste energético plantea interrogantes. Todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo (Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar) figuran ya entre los 15 primeros del mundo en consumo total de energía per cápita. Entre otras razones se debe a la promoción de soluciones tecnológicas, como el ocio a cero grados y a la adicción al aire acondicionado, que buscan ofrecer la ilusión de una vida desconectada de la realidad climática que vive la península. “La gente del Golfo sigue entusiasmada con los rascacielos de cristal y con el lema de 'haz lo que quieras y nosotros lo climatizaremos'. Pero el cambio climático es una realidad. No podemos seguir malgastando nuestro dinero en edificios lujosos. Preparémonos, aprendamos de las antiguas tradiciones y retomemos los conceptos del patio, de la ventilación y de la iluminación natural”, sugiere Ali A. Alraouf, catedrático de Arquitectura y Urbanismo de la universidad Hamad Bin Khalifa y asesor principal de la Autoridad de Planificación y Desarrollo Urbano de Qatar.

Al igual que ocurre en el resto del mundo, no todos los que viven en el Golfo experimentan el cambio climático con la misma intensidad. Mientras los ciudadanos árabes originarios de estos países y los trabajadores cualificados, sobre todo occidentales, se atrincheran en espacios con aire acondicionado, los inmigrantes extranjeros que llegan de otros rincones de Asia y de África lo sufren en primera línea. Lejos del frío de las pistas de hielo de la capital, Hassan Ahmad, pastor sudanés de 31 años, vive aislado en una caravana en medio de una vasta llanura de Kuwait, donde la temperatura supera con frecuencia los 50 grados en verano. “No tengo aire acondicionado. Mi jefe kuwaití me trajo un enfriador de aire, pero no funciona”, confiesa.

"La gente del Golfo sigue entusiasmada con los rascacielos de cristal y con el lema de 'haz lo que quieras y nosotros lo climatizaremos'. Pero el cambio climático es una realidad. No podemos seguir malgastando nuestro dinero en edificios lujosos. Preparémonos, aprendamos de las antiguas tradiciones y retomemos los conceptos del patio, de la ventilación y de la iluminación natural

Ali A. Alraouf, catedrático de Arquitectura y Urbanismo de la universidad Hamad Bin Khalifa

En la ciudad, el espectáculo continúa y el desarrollo de actividades invernales sigue adelante, aunque eso suponga engullir ingentes cantidades de electricidad que la región se resiste a descarbonizar, a pesar de tener acceso directo a uno de los recursos solares de mayor calidad del mundo. La electricidad en Arabia Saudí, que en un 40% se produce quemando barriles de petróleo, es una de las más intensivas en carbono del mundo, con 571 gramos de C0₂ equivalente emitidos por kilovatio-hora de electricidad en 2021, según la plataforma Our World in Data. Es el doble que en la Unión Europea. En otros países del Golfo la electricidad se produce sobre todo quemando gas natural, incluso en Emiratos Árabes Unidos, donde la proporción de energía nuclear y renovables en el mix energético es cada vez mayor.

El consumo de electricidad a partir de combustibles fósiles no es el único coste ambiental de los parques de nieve del Golfo. A esto hay que añadir el líquido necesario para producir nieve artificial. Según Alfa Laval, Ski Dubai contiene 6.000 toneladas de nieve, producidas a partir de agua dulce cristalizada en forma de nieve. Cada noche, la temperatura en Ski Dubai desciende de -1 °C a -7 °C o -8 °C para permitir que los cañones de nieve situados en el techo de la instalación produzcan las 30 o 40 toneladas de nieve que se vierten para sustituir a una cantidad similar y así garantizar la frescura del polvo en el recinto. La nieve extraída de Ski Dubai se funde y se recicla una vez que entra en el sistema que climatiza el centro comercial, antes de utilizarse al final de su vida útil para regar los parques y jardines. A pesar de este triple uso, el consumo de agua plantea dudas, ya que estamos en la región del mundo más afectada por el estrés hídrico.

Para hacer frente a la falta de lluvias, estos países están extrayendo aguas subterráneas a un ritmo cuatro veces superior al que los acuíferos de la región reponen las reservas, según la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental. Pero estas ya no bastan para hacer frente a la expansión de un estilo de vida que demanda más y más agua. En respuesta, las costas del Golfo Pérsico, del Mar Arábigo y del Mar Rojo se han poblado de plantas desalinizadoras que funcionan con combustibles fósiles.

El atractivo del 'ocio bajo cero' que ofrecen los parques de nieve ya no se limita solo a esta zona del mundo. En 2017, el grupo propietario de los complejos de Dubái y de Mascate inauguró Ski Egypt, la primera estación de esquí cubierta de África. El furor de los cero grados también se extiende por los corredores migratorios que unen los países del Golfo con los pulmones de mano de obra barata del Asia emergente. “En Pakistán también tenemos un parque de nieve. Es más pequeño que Snow Oman, pero también hace mucho frío dentro”, comenta Hamna Arif. Winterland, la primera cadena de parques de nieve de Pakistán, arrancó el año pasado y ya explota dos complejos de ocio bajo cero, uno en Lahore y otro en Karachi, con temperaturas que descienden hasta los -10 grados.

“Nuestra visión es crear un mundo donde las inolvidables aventuras invernales estén al alcance de todos”, escribe la empresa en su página web, indicando que pronto se abrirán varias franquicias de Winterland en Arabia Saudí, el resto de Oriente Próximo y varias ciudades más de Pakistán.

De vuelta a casa para pasar un mes de vacaciones con su familia, Said Valiyamadayi, un keralita de 32 años empleado desde hace cinco como responsable de salud y seguridad en la industria qatarí del gas, optó por uno de los dos parques de nieve de este estado tropical en una salida con un par de amigos. “Tenemos un parque de nieve en Qatar, así que cuando mi mujer y yo nos enteramos de que el concepto había llegado a Kerala decidimos venir a divertirnos”, apunta. “Estoy seguro de que habrá más parques de nieve aquí en el futuro, la gente vendrá a refrescarse cuando haga demasiado calor fuera”.

Un juicio ha puesto Reino Unido en el punto de mira de la vulneración del derecho a la protesta en Europa. Durante cuatro días en noviembre de 2022 activistas climáticos cortaron el tráfico en varios tramos de la autopista más transitada de Europa, la carretera de circunvalación de Londres M25. La acción causó indignación entre la ciudadanía y un coste económico de unos 900.000 euros. En julio, un juez dictó las sentencias más largas hasta la fecha por una protesta no violenta. Cuatro miembros del grupo Just Stop Oil, Daniel Shaw, Louise Lancaster, Lucia Whittaker De Abreu y Cressida Gethin, que participaron en una videollamada para reclutar activistas en estas acciones, han sido condenados a cuatro años de prisión. Un quinto participante, Roger Hallam, ha recibido una condena de cinco años por “conspirar para cometer desorden público”. Este martes la ONG confirmó que apelará la decisión.

El relator especial de la ONU para los defensores ambientales, Michel Forst, calificó la sentencia de “represiva” e “inaceptable en una democracia como la británica”. Organizaciones de derechos humanos y en defensa del medio ambiente han mostrado su total rechazo al fallo judicial. Académicos, atletas y artistas, como Chris Martin y Annie Lennox entre ellos, han firmado una carta dirigida al fiscal general. La decisión llega un año después de otras dos duras sentencias de tres y dos años y siete meses de prisión para activistas climáticos por subirse al puente de Dartford Crossing, en Londres. Estas decisiones judiciales son el resultado de la aplicación de dos nuevas leyes introducidas en 2022 y 2023 por sucesivos gobiernos conservadores que fueron ampliamente criticadas por ser consideradas un ataque directo al derecho a la protesta.

Marco Perolini es asesor de asuntos políticos de Amnistía Internacional y coautor de un macroinforme publicado en julio por esta organización en el que se analiza el estado del derecho a la protesta en 21 países europeos. Perolini asegura que en Gran Bretaña, al igual que en otros países, “se intenta deslegitimar, también desde el ámbito judicial, a los activistas climáticos para justificar sentencias draconianas”. El orden público y la libertad de expresión, subraya, no son contradictorios a pesar del retroceso generalizado en derechos humanos que la organización ha constatado en Europa.

La emergencia climática y la frustración de los activistas por la falta de compromiso de los gobiernos para reducir emisiones han llevado a una escalada de actos de desobediencia civil, incluyendo controvertidas tácticas usadas en el pasado como los ataques a obras de arte en destacados museos europeos. Pero lo más preocupante para Perolini es la severa respuesta desde el poder que percibe estas acciones como una amenaza.

Las sentencias a los cinco activistas de Just Stop Oil por planear una acción, es decir, ni siquiera por participar en la protesta, ¿suponen un castigo justo?

Las penas de cárcel por lo general no deberían usarse para castigar actos pacíficos, así que son desproporcionadas. Ni siquiera hablamos sobre el tiempo de las penas, no olvidemos que hay países, Turquía es uno de ellos, que utiliza leyes antiterroristas para juzgar a gente que protesta pacíficamente. Pero es cierto que, por lo que sabemos, estas son las sentencias más largas dictadas en Europa occidental.

El juez del caso, Christopher Hehir, sostiene en su resolución que los cinco acusados habían pasado de ser “activistas preocupados” a “fanáticos” y habían decidido que los ciudadanos tenían que sufrir molestias o daños “para que ellos pudieran pasear sus opiniones”. Las acciones tuvieron serias consecuencias y el juez tiene que tener esto en cuenta.

Por supuesto. Pero lo primero que notamos sobre el razonamiento judicial, y es un patrón que hemos encontrado en las autoridades judiciales de otros países, es que utiliza un lenguaje muy negativo, especialmente hacia los activistas climáticos. Los jueces intentan deslegitimar las acciones de los activistas usando estereotipos negativos que a veces se usan precisamente para justificar sentencias draconianas. Cualquier protesta no violenta conlleva algún tipo de trastorno. A veces es necesario manifestar la preocupación sobre temas que nos conciernen a todos, como la emergencia climática o el racismo institucional, y estos actos ocasionan perjuicios.

"El razonamiento judicial utiliza un lenguaje muy negativo, especialmente hacia los activistas climáticos. Los jueces intentan deslegitimar las acciones de los activistas usando estereotipos que a veces se usan precisamente para justificar sentencias draconianas

Pero eso no quiere decir que se pueda arrestar, golpear, juzgar y penalizar a la persona. Tiene que haber un equilibrio entre la protección del derecho a la asamblea pacífica y la protección de los derechos de los demás. Y también tiene que haber proporción entre la molestia causada y la reacción del Estado. Por ejemplo, si hay una alteración que se prolonga en el tiempo la policía podría intervenir para dispersar a los protestantes. Pero lo que hay que aclarar es que el hecho de que un acto pacífico sea disruptivo no lo convierte en un acto violento. Bloquear una carretera es disruptivo, pero no es violento.

La escalada de acciones de desobediencia civil que atentan contra el patrimonio público está causando mucha controversia. No solo es el corte de carreteras, sino pegarse a cuadros en museos o manchar de pintura un edificio público. ¿Deberían estar permitidas? ¿Es el precio que tenemos que pagar por vivir en un sistema democrático o deben ser castigadas?

El delito de daños contra la propiedad está tipificado en casi todos los países del mundo y no supone una violación de los derechos humanos. Nosotros no decimos que estas acciones deberían estar permitidas. Pero hay que pararse en los matices. Hay distintos grados de daños, serio o leve, permanente o temporal. Si se destroza un monumento va a ser difícil repararlo. Pero los activistas climáticos suelen participar en actos que no causan daños permanentes, por ejemplo, utilizan pintura lavable. Si un acto resulta en daños a la propiedad, la respuesta del Estado tiene que ser proporcionada al daño causado.

Lo difícil es determinar dónde está la línea entre la libertad de expresión y el mantenimiento del orden público.

No son excluyentes. Se puede proteger el orden público y respetar los derechos humanos. Se puede restringir la libertad de asamblea de manera que se proteja el orden público, pero la limitación tiene que ser proporcionada y necesaria. Obviamente, es difícil trazar esa línea, depende de cada caso. Por eso, el Estado tiene autoridades que valoran antes de dar una respuesta policial o judicial.

Nos preocupa mucho que los Estados estén utilizando el orden público como justificación para restringir protestas. Es un argumento muy efectivo, la seguridad nacional, porque la gente lo entiende. Por eso, creo que es muy importante explicar que los derechos humanos y el orden público no son contradictorios.

Lo realmente preocupante es que estas leyes y estos estos casos como el de los activistas de Just Stop Oil tienen un impacto más amplio entre la población, el llamado efecto escalofriante (the chilling effect). Las duras sentencias hacen que la gente se lo piense dos veces antes de volver a las calles a protestar. Estas severas condenas tienen un objetivo disuasorio y por lo tanto se convierten en un asunto de derechos humanos. Evitan que la gente ejerza sus derechos.

En el juicio contra los activistas de Just Stop Oil, los acusados tenían prohibido hablar del cambio climático para explicar los motivos de sus actos. Esto ha dado lugar a escenas de nuevos arrestos en el banquillo de acusados cuando los activistas mencionaban las razones que les llevaron a planear la videollamada.

Está claro que los motivos, participar en actos de desobediencia civil para concienciar sobre la emergencia climática, es decir, por el interés común, eran parte de su defensa. En Derecho, en ocasiones hay razones que excusan ciertos comportamientos que los activistas han podido tener. Así que deberían haber podido explicar qué razones motivaron sus actos, no solo por el derecho a la libertad de expresión sino para cumplir con las normas de un juicio justo. En general, hemos visto muy pocos casos en todos los países estudiados en nuestro informe en los que el juez ha tenido en cuenta la motivación detrás de las acciones, como ha ocurrido en dos casos en Suiza.

Desde la introducción de nueva legislación en 2022 y 2023, en Reino Unido la policía puede prohibir protestas pacíficas si las considera demasiado ruidosas, las multas por bloquear una autopista pueden ser ilimitadas, perturbar el orden público puede acarrear penas de hasta diez años de cárcel, las empresas pueden solicitar órdenes judiciales contra activistas que pueden llevarlas a la ruina, por mencionar algunos ejemplos. En este contexto, ¿se puede salir a protestar en este país?

La legislación ha reducido las opciones de participar en protestas pacíficas. Por un lado, se han creado algunos delitos con el propósito exacto de usarlos contra quienes protestan de forma pacífica. Por otro, ha habido un endurecimiento de las sentencias por delitos ya existentes. Estamos en una situación en la que participar en un acto pacífico puede fácilmente resultar en arresto y, a veces, en procesamiento.

En las últimas dos décadas en muchos países ha habido un incremento en el uso de leyes penales para abordar lo que se percibe como una amenaza a las autoridades o a las personas que están en el poder

Hemos visto a muchos activistas, no solo ambientales, arrestados por la misma razón: conspiración para causar perjuicio público, por intentar parar deportaciones o antes de la celebración de Orgullo en Londres. Es un contexto de represión en aumento en el que la respuesta del Estado es cada vez más dura a nivel policial, pero también a nivel judicial.

¿Cómo describiría la situación en España?

Hemos visto un retroceso en los derechos de libertad de expresión y de asamblea pacífica, especialmente desde la aprobación de la Ley de seguridad ciudadana de 2015. Esta norma ha resultado en miles de sanciones administrativas basadas en cláusulas vagas y problemáticas, como las que castigan por usar imágenes de agentes del orden o resistencia a la autoridad. Además, estipulaciones difusas en el Código Penal también se han usado para restringir de forma desproporcionada el derecho de reunión. 

La dura respuesta del Estado seguirá a corto plazo, pero puede que despierte la empatía de mucha gente hacia los activistas climáticos

El informe de Amnistía Internacional identifica patrones similares de estigmatización y criminalización en otros países europeos como Alemania, donde activistas han sufrido detención administrativa de 30 días para evitar que participaran en protestas; en Francia, donde el ministro de Interior Gerald Darmanin calificó de “ecoterroristas” a los activistas o en Italia, donde se juzga a activistas con leyes antimafia. ¿Qué motiva esta ola de represión?

Cada vez hay más acciones de desobediencia civil debido a las crisis dominantes: emergencia climática, injusticia racial, económica… y el Estado está reaccionando con esto. En las últimas dos décadas en muchos países ha habido un incremento en el uso de leyes penales para abordar lo que se percibe como una amenaza a las autoridades o a las personas que están en el poder. Pero es a través de actos de desobediencia civil como grupos marginados han conquistado derechos, como el movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos o el movimiento sufragista en Europa. Por eso es muy preocupante que cuando hoy se usan las mismas tácticas para conquistar derechos importantes para todos nosotros el Estado reaccione de forma tan severa.

¿Qué futuro le espera al activismo climático?

La dura respuesta del Estado seguirá a corto plazo, pero puede que despierte la empatía de mucha gente hacia los activistas climáticos. También va a hacer que muchos grupos civiles, movimientos de base, organizaciones de derechos humanos se sientan incentivados por estas duras respuestas y encuentren más alianzas para hacer una oposición conjunta. Y a pesar del “efecto escalofriante”, las medidas draconianas no conseguirán aplastar todas las formas de activismo. Lo hemos visto fuera de Europa, en grupos criminalizados que tienen muy poco espacio para expresarse. Siempre habrá activistas promoviendo de forma pacífica los derechos humanos.

Zapatos cerrados, pantalones hasta las rodillas, protección para el sol y una botella de agua reutilizable para evitar residuos. De esta guisa más de 1.000 vecinos de la ciudad estadounidense de Portland se pusieron manos a la obra el verano pasado para quitar losetas de cemento del parking de la iglesia Morning Star. Se trata de una de las últimas intervenciones del movimiento Depave, una organización ciudadana dedicada a combatir el efecto letal de las islas de calor en las ciudades levantando hormigón del suelo.

Portland tiene 635.000 habitantes. Hasta hace poco, las fuertes y frecuentes precipitaciones eran la única preocupación climática de vecinos y autoridades. Sin embargo, en los últimos años, a esta recurrente intranquilidad social se le ha sumado las intensas olas de calor inducidas por el cambio climático.

En estos días, por ejemplo, en medio de temperaturas extremas en gran parte del país, la ciudad superó los 39 grados, batiendo el récord de 37 grados de 1952, según ha confirmado el Servicio Meteorológico Nacional. El abrasante calor ha dejado un balance de 16 personas fallecidas en todo el Estado, la mayoría de ellos en el área metropolitana de Portland. En total, más de 150 millones de personas, de costa a costa (el 45% de la población de Estados Unidos), han estado bajo alerta, según los datos difundidos por el Sistema Nacional Integrado de Información sobre Salud y Calor.

La isla de calor y la alta mortalidad

La alta mortalidad, explican científicos y expertos, es consecuencia directa del efecto ‘isla de calor urbana’, es decir, del acusado aumento de la temperatura en entornos urbanos respecto a las áreas rurales o verdes circundantes. De hecho, el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) publicó de forma reciente una investigación en The Lancet sobre la estrecha relación entre muertes prematuras y el fenómeno ‘isla de calor’, un concepto científico abstracto pero fácil de percibir: los días de altas temperaturas el hormigón atrapa el calor durante el día y lo expulsa por la noche, lo que genera que los entornos urbanos sean mucho más cálidos que los espacios más verdes.

A nivel estructural, Portland tiene los cuatros factores que agudizan este efecto: pavimentos y materiales de construcción densos y oscuros; densidad y proximidad de los edificios; vegetación reducida y mucho calor residual de fuentes antropogénicas.

El sociólogo Jan Voelkel investigó la conexión entre poblaciones minoritarias y el calor urbano en Portland. Su conclusión fue que las comunidades de bajos ingresos están “desproporcionadamente” expuestas a los efectos del cambio climático, en este caso, al calor extremo. ¿El motivo? Viven en áreas con menos cobertura de copas de árboles, más pavimento y menos acceso al aire acondicionado.

Otro investigador, Vivek Shandas, profesor de estudios urbanos en la Universidad Estatal de Portland, dirigió en 2019 un proyecto de mapeo de calor en todo el país. De las 108 ciudades de EEUU investigadas, Portland tuvo la diferencia más drástica entre los vecindarios marginados y los mejor calificados.

Ante esta realidad, en 2008 un grupo de vecinos decidió activarse. Palas, picos y carretillas en mano, salieron a la calle para transformar aquellos lugares con exceso de pavimento en espacios verdes comunitarios. Con el paso del tiempo, la iniciativa se ha transformado en un exitoso movimiento ciudadano que empieza a replicarse en otras partes del mundo.

Depave calcula que de 2008 ha logrado levantar unos 33.000 metros cuadrados de pavimento, lo que equivale a cuatro campos y medio de fútbol. Otra cifra que enorgullece a sus creadores: los 83 millones de litros de agua de lluvia absorbidos por la nueva vegetación que no entraron al sistema de drenaje de la ciudad.

Actualmente, la organización tiene convenios con escuelas, comunidades religiosas, organizaciones sociales y pequeñas empresas para implantar proyectos de ecología urbana en toda la región metropolitana, que van desde la construcción de un parque natural de grandes dimensiones hasta la incorporación de algunos alcorques para árboles en el patio de un colegio para crear más sombra.

“Todo es trabajo en equipo. No se puede despavimentar solo, siempre se necesita a otra persona al lado. El esfuerzo comunitario es nuestro principal orgullo”, resume ante cada consulta periodística Katya Reyna, directora de Depave.

La ayuda de la NASA

En el verano de 2023, Depave se asoció con la NASA a través de su programa de Ciencias Aplicadas (Develop) para dimensionar el impacto del trabajo realizado. Las imágenes por satélite confirmaron que en las zonas donde se eliminó el pavimento la temperatura bajó un grado Farenheit de media en los seis casos analizados.

Los científicos desarrollaron un mapa de calor urbano utilizando un sensor infrarrojo térmico de última tecnología para capturar la temperatura de la superficie terrestre y otro mapa de vulnerabilidad al calor.

La mayor variación de temperatura ocurrió en una escuela primaria, donde la temperatura había bajado más de 7,7°F.

A juicio del investigador principal del trabajo, Keegan Kessler, los datos recogidos mediante teledetección y herramientas geoespaciales validan “los esfuerzos de Depave para mitigar el calor urbano local”. El estudio también confirma que “el calor se experimenta de manera desigual en Portland”, según el entorno físico y los factores sociodemográficos.

A medida que estos nuevos espacios verdes “sigan madurando”, su efecto refrescante aumentará, plantea Keesler como hipótesis. “Lo más interesante de este estudio es que ha dado a Depave un respaldo cuantitativo para comunicar el impacto de su trabajo en la mitigación del calor a escala local. Los datos son un aval científico para inspirar a las personas de todo el mundo a involucrarse en los esfuerzos locales de reverdecimiento urbano y justicia climática”, subraya el investigador.

Efecto contagio

Mariona Ferrandiz es doctora en ecología por la Universidad Claude Bernard Lyon (Francia) e investigadora del CREAF (Barcelona). Ella es especialista en renaturalización de las ciudades y confirma lo que vecinos de Portland y de muchas urbes viven cada verano: cuando las temperaturas son extremas, este efecto de isla de calor puede ser “muy peligroso”: golpes de calor, deshidratación y exceso de mortalidad, como en Portland. La experta agrega, además, que demasiado asfalto aumenta la contaminación del aire, debido a que, a altas temperaturas, “libera compuestos orgánicos volátiles”.

En este sentido, los movimientos ciudadanos para quitar cemento son “una bocanada de aire”. De hecho, el éxito de Portland empieza a replicarse en otros países. En Ontario, Canadá, funciona Green Venture, una organización de educación ambiental sin ánimo de lucro que promueve la construcción de espacios verdes accesibles. En 2012, inspirada en Depave, empezó a retirar hormigón y sustituirlo por superficies verdes y permeables.

“Al eliminar el pavimento y reemplazarlo por espacios verdes, aumentamos la tasa de infiltración del agua de lluvia, refrescamos nuestros vecindarios, mantenemos el agua limpia al filtrar la escorrentía contaminada, aumentamos el hábitat natural para las aves, las abejas y las mariposas, y nos brindamos a nosotros y a nuestros hijos una mayor conexión con el mundo natural”, justifican sus directores.

En total, esta organización con ayuda de más de 1.000 voluntarios ha intervenido quince espacios urbanos en los que ha retirado 1.585 metros cuadrados de hormigón a cambio de plantar 2.850 plantas nativas.

En Países Bajos, varios municipios compiten desde hace tres años en un concurso llamado Tegelwipen, que consiste en retirar la mayor cantidad de baldosas de jardines y fachadas para reemplazar el hormigón por vegetación. En 2023 se quitaron 28.067 baldosas (10.550 en 2022).

Bill McKibben (California, 1960) ha dado tantas conferencias sobre el cambio climático que puede predecir las preguntas del público. Como autor del que se considera el primer libro de divulgación sobre el calentamiento del planeta, El fin de la naturaleza (1989), y como fundador de la primera organización ciudadana global contra las emisiones de gases de efecto invernadero, 350.org, ha tenido la ocasión de escuchar las preocupaciones de personas de todo el mundo. Sabe que alguien le preguntará si el problema radica en el exceso de población –no necesariamente, ya que la mayoría no consume apenas energía–, o si necesitamos la energía nuclear –él considera innecesario nuevas centrales pero, ante la emergencia, apoya que se mantengan abiertas las ya existentes– o cuál es el mejor lugar para vivir –no recomienda ninguno concreto pero da una pista: aquél donde las personas confíen en sus vecinos– .

Las respuestas de McKibben desde su hogar en las montañas del estado de Vermont, casi ya en la frontera con Canadá, son articuladas y amables. A pesar de su abrumador currículum –es autor de más de 20 libros y cientos de artículos en publicaciones como The New Yorker, The Guardian o Rolling Stone, premio Gandhi de la Paz y ganador del Right Livelihood, el llamado Nobel Alternativo– se percibe que sigue buscando maneras de encender un movimiento masivo y pacífico que acelere el cambio.

“Hace unos 20 años entendí que escribir libros y artículos no era suficiente”, dice al reflexionar sobre su evolución como activista, “no se trataba de convencer con la razón y los datos. Eso ya lo habíamos hecho. Estábamos perdiendo la lucha porque la lucha era por el dinero y el poder. La industria de los combustibles fósiles disponía de liquidez y poder casi ilimitados. La razón por la que Exxon, Chevron o Total son tan poderosos es porque disponen de grandes cantidades de dinero para corromper los sistemas políticos. Los ecologistas nunca iban a disponer de ese tipo de cantidades. Solo un movimiento global de ciudadanos podía desafiar algo así. Ese es el comienzo de 350.org”.

El movimiento que, como reclama con orgullo, ha llegado a todos los países menos a Corea del Norte, se extendió enseguida por el mundo. ¿Por qué cree que ha tenido tanto éxito?

Creo que el éxito de una campaña se debe a la combinación de dos factores: por un lado, los ciudadanos tienen que entender que la lucha se puede ganar y, por otro, deben tener claro que se movilizan por un tema importante. Cuando se dan estas dos circunstancias, las personas realmente se comprometen.

Tiene una confianza muy grande en los movimientos civiles.

Creo que, junto a los paneles solares, el movimiento social no violento es la mayor invención del siglo XX. Se creó desde los márgenes, con personas como Gandhi, Martin Luther King, las sufragistas y millones de personas anónimas. Pero todavía estamos descubriendo cómo funciona. Casi todos los países tienen academias militares para entrenar soldados, pero todavía no hemos creado una institución equivalente para el movimiento no violento. Cada vez lo hacemos mejor, pero vamos aprendiendo sobre la marcha.

Hace unos 20 años entendí que escribir libros y artículos no era suficiente. La industria de los combustibles fósiles disponía de liquidez y poder casi ilimitados. Los ecologistas nunca iban a disponer de ese tipo de cantidades. Solo un movimiento global de ciudadanos podía desafiar algo así. Ese es el comienzo de 350.org

En un artículo que publicó recientemente en la revista Mother Jones titulado Yes in Our Backyards (Sí, en nuestro patio de casa), aseguraba que muchas de las campañas ecologistas, incluidas las que usted ha liderado, han surgido para frenar alguna acción peligrosa o innecesaria. Sin embargo, defiende que ahora el movimiento debe empezar a decir 'sí'. ¿Qué cambios debe reclamar?

Si queremos prevenir el colapso climático tenemos que realizar importantes transformaciones y hacerlo lo antes posible. Estoy convencido de que la crisis climática es la amenaza más importante que se ha encontrado el ser humano y no nos queda mucho tiempo para afrontarla.

Creo que lo más importante en este momento es reemplazar los combustibles fósiles. No solo porque suponen un riesgo existencial, también porque provocan, a través de los derivados que respiramos, una de cada cinco muertes. Lo mejor de todo es que ya podemos hacerlo. En los últimos 15 años, los ingenieros y científicos han conseguido reducir hasta un 90% el precio de las energías renovables. Podemos dejar de quemar cosas casi por completo en el planeta. Ya no necesitamos un pequeño fuego bajo el capó del coche para encender el motor, ni una caldera en el sótano, ni un fuego para calentar la comida. Ni siquiera necesitamos un gran fuego en las plantas de energía. Se trata de una transformación sin precedentes.

Yo entiendo que haya gente que no quiera ver un aerogenerador desde la ventana de su cocina. Pero estamos en la peor emergencia de la historia y tenemos que estar dispuestos a realizar un cambio, incluso en el sentido estético. Personalmente, considero que los aerogeneradores tienen su belleza

En su caso, defiende que quizá debemos empezar a cambiar incluso nuestro sentido de la estética. ¿A qué se refiere?

Yo entiendo que haya gente que no quiera ver un aerogenerador desde la ventana de su cocina. Pero tenemos que aceptar que estamos en la peor emergencia de la historia y tenemos que reaccionar para pararla lo antes posible. No podemos esperar otros 25 años. Tenemos que estar dispuestos a realizar un cambio, incluso en el sentido estético. Personalmente, considero que los aerogeneradores tienen su belleza.

¿Cree que estos enfrentamientos sobre lo que debe o no aceptarse están retrasando las soluciones?

En mi opinión, tenemos que concentrarnos en lo esencial, que es acabar con los combustibles fósiles. Ahora mismo la forma más barata de producir energía es apuntando un panel de vidrio hacia el sol. Se trata de una novedad importantísima. La mayoría de los combustibles fósiles se reemplazará con energía que viene del sol, el viento o la energía hidráulica. La nueva realidad económica juega a nuestro favor. Por eso la industria de los combustibles fósiles intenta frenar y bloquear la energía renovable. Ha comprendido que representa la mayor amenaza para su negocio.

En unos meses hay elecciones en Estados Unidos y Trump puede volver a ser elegido presidente. ¿Se están preparando en caso de que vuelva a la Casa Blanca?

Creo que lo más importante es que en los próximos ocho meses hagamos todo lo posible para que Trump no gane. No creo que nuestra democracia y nuestro planeta pueda soportar cuatro años más de su mandato. Pero en caso de que perdamos, habrá que reagruparse para hacer todo lo que se pueda. En cualquier caso, dudo de que Trump pueda acabar con todo el impulso que han cobrado las energías renovables en estos años. Por razones económicas, hay pasos que seguirán dándose a ciertos niveles y que él no podrá parar. Pero no podemos permitírnoslo. Ganar despacio la lucha contra el cambio climático es solo otra forma de perder.

Ya hemos pasado el momento en el que podíamos frenar el cambio climático Tesla a Tesla. Hoy la acción más importante es dejar de ser tanto un individuo y agruparse con otros en movimientos lo suficientemente grandes como para impulsar un cambio en las reglas básicas del sistema económico y político

En su nuevo blog, The Crucial Years (Los años cruciales), insiste en que vamos tarde en un tiempo clave para poder aminorar la crisis del cambio climático. ¿Dónde le gustaría que estuviéramos después de esos 20 o 30 años?

Yo ya soy una persona mayor. Sería presuntuoso por mi parte decir cómo debería ser el mundo futuro. Nuestra labor es intentar preservar el mayor número de opciones para que la gente joven pueda construir el mundo que desea. Para ello, debemos evitar que las temperaturas suban. Si no, cualquiera que sea el camino que esas nuevas generaciones tomen, tendrán que enfrentarse a una emergencia cuando lleguen a mi edad.

Dicho esto, una de las cosas bellas que tendrá el cambio hacia energías renovables es que inevitablemente se moverá en una escala más local. Eso nos enriquecerá. Podremos construir civilizaciones más interesantes con un sustrato más local frente a lo que tenemos ahora. Es algo que ya estamos empezando a ver. Para ello, la energía local será importantísima. Lo bueno del sol y el viento es que, al contrario que el gas o el petróleo, se encuentran en todas partes.

¿Necesitaremos combinar ese localismo con una unión más global?

Sí, claro. No lo llaman calentamiento global por nada. Se trata de un problema que ningún país puede solucionar por sí mismo. Esa es una de las paradojas. Por eso debemos organizar estos grandes movimientos globales que consigan influir y producir el cambio en todo el mundo. Y creo que eso ya está ocurriendo. El Acuerdo de París fue imperfecto e importante a la vez. Incluso en esta última cumbre tan extraña en Dubái se consiguió redactar una frase en la que todos aceptaron que había que hacer una transición y dejar atrás los combustibles fósiles.

Una de las cosas bellas que tendrá el cambio hacia energías renovables es que inevitablemente se moverá en una escala más local, podremos construir civilizaciones más interesantes con un sustrato más local frente a lo que tenemos ahora

¿Qué es lo más importante que podemos hacer en la lucha contra el cambio climático como individuos?

Se trata de una cuestión fundamental. Quizá habrás percibido que los estadounidenses somos muy individualistas. Por defecto siempre nos inclinamos por la acción individual. Así que si hablas con un americano sobre el cambio climático es muy probable que te pregunte si debe instalar paneles solares en su tejado o qué tipo de coche debe comprar. No es que no sean preguntas importantes. Yo mismo siento cierto orgullo de haber tomado decisiones como poner paneles solares o cambiar a un coche eléctrico. Pero intento no engañarme. Ya hemos pasado el momento en el que podíamos frenar el cambio climático Tesla a Tesla.

Hoy en día, la acción más importante que puede tomar un individuo es dejar de ser tanto un individuo y agruparse con otros en movimientos lo suficientemente grandes como para impulsar un cambio en las reglas básicas del sistema económico y político. Si convences a un 5% de la gente para que se compre un coche eléctrico se trata de un logro muy positivo y, sin duda, conseguirás reducir el número de emisiones. Pero si consigues que un 5% de las personas se comprometan realmente en una lucha para cambiar las políticas climáticas a nivel nacional y global, un 5% es probablemente suficiente para ganar la batalla. Porque la apatía influye en ambos sentidos. Así que es mucho más valioso que los individuos se involucren en movimientos que tienen metas lo suficientemente grandes para cambiar los resultados. Eso es lo más importante.