La alcaldesa de Guímar, Luisa Castro, se enteró en el primer programa de Despiertos, Hoyos de Ambición (2016), de que el empresario Antonio Plasencia pretende gastarse solo cinco de los más de 50 millones de euros que, según la tasación judicial, cuesta la restauración del hueco que dejó en el barranco de Badajoz tras una extración ilegal de áridos que se alargó durante décadas y por la que fue condenado a 18 meses de cárcel. Más de dos años después, este miércoles, la Consejería de Industria del Gobierno regional ha anunciado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la salida a exposición pública del proyecto presentado por el constructor.

El abogado de la acusación particular, Carlos Álvarez, uno de los protagonistas de Hoyos de Ambición, ha anunciado que ejercerá acciones legales para anular el acto administrativo. El letrado considera que el Ejecutivo autonómico tendría que haber rechazado el proyecto del empresario desde un primer momento, ya que el plan de restauración incumple las exigencias fijadas en la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, donde se insta a los tres condenados que se declararon culpables, entre ellos Antonio Plasencia, a restaurar el equilibrio ecológico perturbado. El documento en tramitación se queda muy lejos de ese objetivo, ya que únicamente plantea el relleno de una parte de la cantera, la creación de una balsa y la plantación de 2.100 olivos. 

El Gobierno regional sostiene que todavía no ha dado el visto bueno al proyecto y que solo ha seguido con el trámite administrativo establecido, a la espera de que se presenten alegaciones y de que la Consejería de Sostenibilidad emita el obligatorio estudio de impacto ambiental. 

La cifra propuesta por Plasencia está muy alejada de la cuantía calculada por los peritos que intervinieron en la causa judicial, que elevaron a más de 50 millones de euros el coste de la rehabilitación y, no solo supone un ahorro considerable para el empresario, sino que también permitiría, de ser aceptado, que el expresidente de la patronal de la construcción evite su entrada en la cárcel. La reparación del daño causado por las extracciones ilegales es la condición que se fijó en la sentencia del caso para suspender las penas privativas de libertad de los tres areneros que se declararon culpables. El único que rechazó el acuerdo, Francisco Javier del Rosario, tuvo que entrar en prisión tras ser condenado en el juicio oral.

No hay que olvidar que el pasado mes de febrero, la Audiencia Provincial dictó un auto para que los tres areneros que están en libertad aportasen una fianza para garantizar que pueden cumplir con la restauración de las canteras, lo que les permitiría ampliar la suspensión de su entrada en prisión. La cantidad que la Sección Segunda solicita a Plasencia es de 66,4 millones de euros, una cifra que pone de manifiesto lo alejado que está el plan presentado por el empresario del valor que los magistrados estiman que costará rehabilitar el daño ecológico que causó su actividad ilegal. 

Además de a la actual alcaldesa y a otros personajes implicados, Despiertos entrevistó a los denunciantes de este caso Áridos en la finca propiedad de uno de ellos, que cuelga sobre la cantera de Antonio Plasencia, y bajó al fondo del enorme hoyo para profundizar sobre la sentencia judicial junto al abogado de la acusación particular.

Despiertos, un programa de periodismo libre, está inmerso en su segunda campaña de crowdfunding para poder realizar un quinto y un sexto capítulo que se unirían, además de a Hoyos de Ambición, a Privados de Salud, a Oro Parece, y a Tindaya. Para colaborar con despiertos sólo hay que donar a trvés del siguente widget:

El proyecto de Antonio Plasencia, que ya adelantó Despiertos en Hoyos de Ambición, es el primero que publica el Gobierno de Canarias y tendrá que recibir el visto bueno del resto de administraciones implicadas. Aunque el ámbito del barranco de Badajoz permite aún la actividad minera, lo cierto es que no podrá solicitarse el reinicio de las extracciones hasta que se lleve a cabo la restauración ordenada por sentencia judicial.