La consulta sobre las prospecciones petrolíferas convocada para el 23 de noviembre por el Gobierno de Canarias, formado por Coalición Canaria y el PSOE, se basa en la Ley de fomento de la participación ciudadana, que en 2010 fue aprobada por el Parlamento regional con el apoyo del PP y la abstención de los socialistas.

“El Gobierno podrá, a instancias del presidente, recabar la opinión de la ciudadanía sobre asuntos de interés general de competencia autonómica, mediante sondeos, encuestas o cualquier otro instrumento de participación ciudadana”, detalla el artículo 20 de esa norma, que desde junio ha sido desarrollado en dos decretos para hacer posible la consulta.

Dado que la autorización de las prospecciones petrolíferas es una competencia estatal, la pregunta fijada por el Gobierno de Canarias se enfoca en dos competencias autonómicas: “¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?”.

El reglamento que regula las consultas fue publicado el miércoles en el Boletín Oficial de Canarias y establece que podrán participar las personas jurídicas inscritas en el Registro de Participación Ciudadan y las personas físicas mayores de 16 años que tengan la condición política de canarios y que tengan su residencia legal en Canarias.

La opinión de la ciudadanía podrá recabarse mediante la formulación de una o varias preguntas directas, cuyo texto debe ser redactado de manera clara y sencilla y ser formulada de manera sucinta, inequívoca y fácilmente entendible.

A partir de la publicación de la convocatoria de la consulta y hasta el día anterior a la fecha fijada para la misma, el Gobierno puede realizar una campaña institucional para informar a la ciudadanía.

La participación en la consulta se puede hacer de forma presencial o por medios electrónicos y en éste último caso se exige estar inscrito en el Registro de Participación Ciudadana, cuya regulación también ha sido publicada en el Boletín Oficial de Canarias.

Para la emisión de las respuestas de modo presencial, se habilitarán lugares específicos ubicados en las dependencias de los edificios y establecimientos públicos de la administración de la comunidad autónoma.

La ciudadanía podrá designar observadores para estar presentes durante el proceso de consulta en los lugares de emisión de las respuesta y el posterior recuento.

Añade el reglamento que para garantizar la regularidad y transparencia del proceso de consulta se deberá constituir una comisión de control paritaria integrada por seis personas, designadas por el presidente del Gobierno en representación de la Administración y entre las personas inscritas en el Registro de Participación Ciudadana.

La consulta no tendrá carácter vinculante pero el presidente del Gobierno elaborará un informe en el que recoja la valoración y efectos del resultado de la consulta, dará a cuenta de ello al Parlamento de Canarias y deberá publicarse en el Boletín Oficial de Canarias y en el portal institucional de participación ciudadana.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha absuelto a Víctor Díaz, Diego León, Francisco Almeida, Francisco Zumaquero y Tomás Quesada del delito de prevaricación del que venían siendo acusados en el denominado 'Caso ICFEM' [siglas del Instituto Canario de Formación y Empleo --el actual Servicio Canario de Empleo--.

La Sala consideró probado que los acusados ostentaron diversos cargo en el ICFEM. En concreto, Díaz Domínguez en su condición de consejero de Empleo y Asuntos Sociales ocupó la Presidencia entre los meses de julio de 1995 a 1999; Almeida Ossa ostentó el cargo de director entre 21 de julio de 1995 y el 6 de junio de 1996; y León Socorro ocupo el cargo de director entre los meses de julio de 1999 a julio de 2003.

Así, los ahora absueltos formaban parte del Consejo de Administración del Instituto, Consejo que estaba conformado a la fecha de su creación por la Ley 7/92 de 25 de noviembre, además de por ellos, por el vicepresidente y quince vocales.

En este sentido, desde la Ley 6/96 de 30 de diciembre, en vigor desde el 18 de enero de 1997, el número de vocales se elevó a 21 --entre los que se computa el director-- y se incluye en el mismo a la directora del Instituto Canario de la Mujer.

Contratos programa de duración trienal

En el ejercicio de su cargo, Díaz Domínguez suscribió diferentes contratos programas de duración trienal con fecha 29 de diciembre de 1995, entre otros, con las entidades APECO, Federación de Empresario Hosterelería y Turismo (FEHT), FORECAN, ASAJA, CECAPYME, Fundación para la Promoción del Empleo y Formación Profesional y Movimiento Cooperativista, UGT y FEDALIME.

Dichos contratos programas se suscribieron previa aprobación las acciones formativas por parte del Consejo de Administración del ICFEM, habiendo sido concedidas las subvenciones, dictadas por el entonces director Francisco Vicente Almeida Ossa y por las que se resolvía la Orden de 13 de septiembre de 1995 de convocatoria para la aprobación de contratos programa de carácter trienal y Convenios de Colaboración.

Así, las acciones asignadas por la Resolución 3496 deberían iniciarse antes del 31 de diciembre de 1995 y finalizarse antes del 30 de septiembre de 1996 y las asignadas por la Resolución 3279 deberían iniciarse en el plazo de cuatro meses a contar desde la fecha de concesión de la subvención y finalizarse antes del 31 de octubre de 1996.

Con relación a dichos contratos programas se emitió informe de la misma fecha por parte de la letrada habilitada del servicio jurídico en el que se hacían constar respecto de todos y cada uno de los contratos programa diferentes objeciones.

Por su parte, ninguna de las entidades beneficiarias de las subvenciones instrumentalizadas en los contratos-programa impartió las acciones formativas en centros colaboradores homologados de su propiedad, sino que las acciones formativas se impartieron en centros homologados pertenecientes a distintas sociedades como con Centro de Estudios Kuma, Pilar Fernández Fernández, Ateneo, Coecan o Canary Network entre otros.

Subvenciones específicas

Además, la Sala consideró probado que en el periodo de Díaz Domínguez como presidente del ICFEM, fueron concedidas a la entidad Steinger sendas subvenciones específicas, la primera con idéntica fecha 22 de diciembre de 1997 de 30.000.000 de pesetas, en la que se especifica que es para mayores de 25 años y desempleados, la justificación se debería efectuar antes del 15 de diciembre de 1997, con una duración desde la firma hasta el 31 de diciembre de 1997, debiendo estar finalizados los cursos antes del 21 de noviembre de 1997, se desarrollan entre 7 de julio y el 21 de noviembre de 1997.

La segunda, por importe de 15.000.000 de pesetas, se especifica que es para mayores de 25 años y desempleados, la justificación se debería antes del 15 de diciembre de 1997, con una duración desde la firma del convenio, 23 de diciembre hasta el 31 de diciembre de 1997, debiendo estar finalizados los cursos antes del 15 de noviembre de 1997, se desarrollan entre 1 de septiembre y el 14 de noviembre de 1997.

Del mismo modo, RIU resultó beneficiaria de una subvención específica por resolución de 18 de diciembre de 1996, previo acuerdo del Consejo de Administración del ICFEM de fecha 8 de noviembre de 1996, por importe de 14.272.000 pesetas, siendo la fecha de inicio y finalización anterior a la fecha de la Resolución, dicha subvención llevaba aparejada la obligación de contratar al menos al 60% de los alumnos, habiéndose anticipado por el ICFEM el 100% del importe de la subvención.

Por su parte, a entidad FORECAN fue beneficiaria de una subvención por importe de 57.719.409 por resolución de 11 de diciembre de 1996, previo acuerdo de concesión del Consejo de Gobierno de Canarias de fecha 8 de noviembre de 1996 para la realización de una acción formativa en la academia Canary Network, habiendo finalizado los cursos con anterioridad la concesión de la subvención, habiéndose abonado de forma anticipada el 100% de la subvención.

Homologación para impartir cursos en centros ajenos

También se declaró probado que en la sesión del Consejo de Administración del ICFEM de 30 de septiembre de 1996 el entonces director Aurelio Ayala Fonte dio cuenta de la decisión de proceder a la homologación de oficio de todas las entidades solicitantes de ayudas para cursos a impartir en centros ajenos.

En la sesión del Consejo de 5 de septiembre de 1997 el entonces Director Aurelio Ayala Fonte solicitó el parecer sobre la posibilidad de inicio anticipado de los cursos antes de la resolución de otorgamiento respecto de la convocatoria efectuada por Orden de 9 de julio de 1997, consiguiendo el asentimiento de los asistentes.

Por fin, en el Pleno 5 de septiembre de 1997 Aurelio Ayala Fonte propuso y obtuvo la aceptación para variar el número de personas a contratar así como las categorías profesionales de los mismos, sin variar la asignación presupuestaria y para atender las demandas del sector.

Finalmente, en todos estos casos, la Audiencia Provincial no ha visto actos de prevaricación, por lo que procedió a absolver a todos los acusados.

La Fiscalía ha reprochado este jueves a los responsables del Instituto Canario de Formación y Empleo (Icfem) en los años noventa el haberse “burlado” del interés social que tenía el dinero público gastado en esa materia, concediendo subvenciones con escaso o nulo control de su utilidad.

El fiscal anticorrupción Luis del Río ha expuesto este jueves su informe final en la causa que se sigue en la Audiencia de Las Palmas contra el exconsejero de Empleo de la comunidad autónoma Víctor Manuel Díaz Domínguez y los exdirectores del Icfem Diego León y Francisco Almeida por un presunto delito de prevaricación continuada en la concesión de ayudas para cursos de formación ocupacional.

Del Río ha comenzado su intervención reconociendo que la instrucción de esta causa penal, en el que se investigan hechos de hace casi 20 años, se ha retrasado mucho más de lo que sería razonable atendiendo a la complejidad de los asuntos que en ella se examinan, por lo que ha recomendado que se conceda a los tres imputados una atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

Por ello, ha rebajado de diez a seis años y medio y seis años, respectivamente, el periodo de inhabilitación para ejercer cargos públicos que exige para Díaz Domínguez y Almeida; y de nueve a cuatro años y medio la inhabilitación que propone para León.

La Fiscalía ha presentado este caso en el contexto de los distintos supuestos de corrupción que se han descubierto en España en el uso de fondos públicos para la formación y, si bien ha admitido que no ha encontrado pruebas de que los acusados cometieran malversación o recibieran sobornos (cohecho), sí considera que dictaron sistemáticamente resoluciones arbitrarias que beneficiaron económicamente a una serie de entidades particulares.

Del Río sostiene que no hay que ver cada irregularidad por separado, sino como parte de una sucesión de decisiones que permitieron que las ayudas que concedía el Icfem en aquellos años se saltaran los procedimientos previstos en la ley, que se subvencionaran cursos sin comprobar su utilidad, el colectivo al que iban destinados o la homologación de sus profesores, o que ni siquiera se controlara que se cumplía su finalidad principal: incentivar la inserción laboral de trabajadores en paro.

De ese modo, ha denunciado Del Río, esos objetivos de las subvenciones del Icfem, muchas de ellas financiadas por fondos europeos que incluso hubo que devolver a Bruselas, “se convirtieron en una cruel burla del interés general y del interés social”.

El Ministerio Público ha aportado un dato que, a su juicio, ilustra hasta qué punto era deficiente el control de las ayudas que daba el Icfem en aquellos años: este instituto gestionó el 38 % de los fondos que se recibieron del programa operativo de Canarias, pero a él corresponden más del 90 % de los ajustes que hubo que realizar por detectarse irregularidades en su uso.

El fiscal cuestiona que se tolerara a los beneficiarios de las subvenciones -entre ellas, la Fundación Canaria para el Empleo y la Formación, Forecan, pero también patronales, empresas y sindicatos- que subcontrataran con academias externas los cursos a impartir, que se les concedieran ayudas para cursos ya realizados o que consintiera que no se justificaran diversos gastos.

Y también denuncia que, cuando se descubrían irregularidades, se dictaban toda una serie de resoluciones cuyo resultado era que el perceptor de la subvención quedaba libre de responsabilidad: “Usted, pobrecito, no es culpable de que el centro que ha buscado para impartir los cursos no cumpla”, ha resumido Luis del Río.

En la misma línea, la Fiscalía subraya que uno de los criterios definitivos para decidir quién recibía una subvención y quién no era los compromisos que asumía sobre inserción laboral. Sin embargo, añade, una vez concedidas las ayudas, se dictaron resoluciones que relajaron esa exigencia y la dejaron “en papel mojado”.

“Todo esto tuvo consecuencias”, ha recalcado el fiscal, antes de recordar que Bruselas obligó a Canarias a devolver parte de los fondos que había recibido de los fondos europeos para formación.

A lo largo del juicio, los antiguos responsables del Icfem han rechazado que, durante su responsabilidad en ese organismo, tomaran decisiones arbitrarias como las que les atribuye el fiscal.

De hecho, Francisco Almeida y Diego León han alegado que fue precisamente durante sus mandatos cuando el Icfem reforzó el control de la gestión de los fondos para cursos de formación.

Esos controles, han añadido, llevaron a que se solicitara en varios casos la devolución de las ayudas y, en otros, a que se presentaran denuncias ante el propio fiscal, que fueron archivadas.

La perita de la Intervención de la Comunidad Autónoma ha sostenido ante el tribunal que la prohibición de la subcontratación no afectaba al momento de la concesión de la subvención

En esta sesión también han declarado tres peritos de la Audiencia de Cuentas de Canarias, órgano que advirtió numerosas irregularidades en la gestión del Icfem entre los años 1993 y 1997

Los peritos de la Fiscalía en el caso Icfem han defendido este martes que subcontratar contratos programa de formación era “ilegal”, criterio que no comparte la Intervención del Gobierno canario, que por ello no exigió la devolución de ayudas por posibles defectos de ese tipo.

El perito Rubén Clemente de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción ha asegurado que la legislación sobre esa prohibición era “clara”, en el juicio que se sigue en la Audiencia de Las Palmas contra dos ex directores del Icfem (Instituto Canario de Formación y Empleo) y un exconsejero de Empleo.

Clemente ha considerado además que los gestores del Instituto eran “conscientes” de esa prohibición, y ha discrepado también con la Intervención de la Comunidad, en cuanto a la irregularidad que entiende que se cometió en la concesión de subvenciones que se otorgaron con posterioridad a la celebración de cursos por centros que, además, en algunos casos, se desconocía si estaban homologados para ello.

El perito de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, que elaboró el informe en el que se apoya la acusación pública, a preguntas de la defensa ha señalado desconocer dos notas de la unidad, anteriores a su informe, en las que no se aprecia delito en la gestión de los fondos del Icfem.

Estas notas fueron emitida en 1998, año en el que Clemente ha dicho que aún no formaba parte de la citada unidad.

A juicio de este perito, de las irregularidades advertidas, el “caso más sangrante” es el de la Fundación Canaria para el Empleo y la Formación (Forecan), organismo que ha afirmado que se creó “cuatro días antes” de aprobar el decreto 198/1994 que reguló las acciones de la formación profesional ocupacional, y además fue “la segunda entidad en importancia” en obtener subvenciones para cursos que después subcontrató.

De esta fundación, entre otras cuestiones, ha señalado que se le reclamó el reintegro de una subvención específica que se le destinó para impartir cursos de informática, que subcontrató a una empresa que puso de “pantalla” y que tenía como objeto social la venta de muebles y de equipos informáticos, según Clemente.

La perita de la Intervención de la Comunidad Autónoma, María del Pino Martínez, ha sostenido ante el tribunal que la prohibición de la subcontratación no afectaba al momento de la concesión de la subvención.

Así mismo, ha dicho que ninguno de los expedientes de reintegro que se iniciaron desde la Intervención General de la Comunidad Autónoma se emprendieron por irregularidades en la subcontratación, sino por las numerosas y distintas anomalías que advirtieron en las justificaciones de las subvenciones.

Esta perito ha recordado que en el año 2011 estaban aún pendientes de justificar 10,5 millones de euros de subvenciones concedidas entre 1993 y 1998 por parte beneficiarios de cursos de formación, 8,2 millones otorgados por el Icfem y el resto por la Consejería de Educación para formación.

Así mismo, a preguntas del abogado de la acusación popular, ha dicho que existen resoluciones para el reintegro de estas subvenciones por importe de 7.043.000 euros, si bien desconoce si finalmente se han cobrado, a lo que el tribunal ha recordado que este no era el objeto de la pericia porque no se imputa a los acusados un delito de malversación de fondos.

En esta sesión también han declarado tres peritos de la Audiencia de Cuentas de Canarias, órgano que advirtió numerosas irregularidades en la gestión del Icfem entre los años 1993 y 1997 en un informe que fue archivado por el Tribunal de Cuentas del Estado, tras analizar las alegaciones que se emitieron del mismo.

El director la academia Kuma ha dicho que el centro ofreció cursos subvencionados por el Instituto, tras ser contratados sus servicios por Forecan y por Fedalime

Asegura que "nunca" desde el Icfem se les advirtió de que cometieran ninguna "irregularidad"

Un testigo señala que "era habitual" ofrecer primero el curso y después obtener la subvención, si bien "no sabe si era correcto o no"

Directores o dueños de centros de formación han reconocido este jueves que sus servicios fueron contratados por organizaciones empresariales o fundaciones para impartir cursos del Icfem a finales de los noventa, y que estos eran controlados por el instituto y por las empresas que les contrataban.

El director y administrador de la academia Kuma, Javier Mayoral, que también era apoderado del centro Pilar Fernández Fernández, ha dicho que esos dos centros ofrecieron cursos subvencionados por el Icfem, tras ser contratados sus servicios por Forecan, sobre todo, y por Fedalime, y que “nunca” desde el instituto se les advirtió de que cometieran ninguna “irregularidad”.

Según el fiscal anticorrupción, Luis del Río, esta contratación se hizo de forma irregular al contravenir la normativa vigente que lo prohibía y, además, sin el control debido, por lo que imputa un delito continuado de prevaricación al exconsejero de Empleo y presidente del Icfem Víctor Díaz y a dos ex directores generales, Diego León y Francisco Almeida.

El testigo Javier Mayoral ha señalado que fue objeto de una auditoría en el año 2000 y, a preguntas de la defensa, ha dicho que en ella se concluyó que no había “incumplimientos” y que la financiación se dirigió a los compromisos adquiridos de formación.

Así mismo, Javier Mayoral ha señalado que solo recuerda haber tenido problemas por incumplimientos detectados con tres cursos que se impartieron por importe de 11 millones de pesetas (66.111 euros), y que debían dar lugar al reintegro por parte del Icfem, según el fiscal, a lo que el testigo ha dicho que alegaron la falta de vínculo con el instituto.

Javier Mayoral ha explicado que presentaba la factura de los cursos a Forecan (Fundación Canaria para el Empleo y la Formación), a raíz de los contratos suscritos con esta entidad para el alquiler de aulas y equipos y para servicios de docencia en materia de idiomas e informática, de manera que complementaba la oferta formativa de la fundación.

Así mismo, ha indicado que las acciones formativas de Kuma estaban homologadas por el Icfem y que las acciones de inserción laboral estaban coordinadas y controladas por Forecan, que también se encargaba de fijar los contenidos de los cursos y buscar los recursos que se precisaban para ello, según la también testigo Teresa Mayoral, que impartía docencia y se encargaba de la coordinación en la academia, de propiedad familiar.

El representante legal de la cadena hotelera Riu en los años noventa, Ambrosio Lameiro, que también ha declarado como testigo, ha reconocido que formalizó un convenio con el Icfem en diciembre de 1996 por importe de 14,6 millones de pesetas (85.776 euros) y ha dicho que era normal impartir primero la formación y después recibir la subvención, en contra de lo que sostiene la Fiscalía.

Lameiro ha indicado que la empresa tenía convenios de formación en muchas provincias, por lo que ha señalado no recordar lo ocurrido con este que formalizó con el Icfem, en relación a si impartió primero el curso y después recibió la ayuda correspondiente y al porcentaje de alumnos que fueron después contratados por la empresa.

El testigo ha señalado que “era habitual” ofrecer primero el curso y después obtener la subvención, si bien “no sabe si era correcto o no”, al tiempo que ha afirmado que no “tiene constancia de hubiera ninguna irregularidad” respecto a esos acuerdos con la administración en materia de formación para posterior contratación de personal.

A preguntas de las defensas, ha señalado que los cursos se ofrecieron en las fechas estipuladas en el convenio suscrito con el Icfem.

El representante de la academia Steinger, Ángel Martín-Serrano, ha declarado que no recuerda bien los fondos para formación que obtuvo del Icfem, que según el fiscal fueron dos subvenciones, una de ellas por importe de 30 millones de pesetas (180.303 euros) en diciembre de 1997 para impartir una formación que ya había finalizado.

No obstante, ha indicado, ante el hecho de que diera los cursos antes de recibir la subvención, que se “daba por hecho” que se la iban a conceder.

Además, ha asegurado que su centro tenía “inspecciones y auditorías permanentes” y que llevaba todo “al día y a rajatabla”, porque además estaba ubicado muy cerca de la sede del Icfem.

El juicio por esta presunta trama de corrupción, de las primeras que se investigaron por esta fiscalía en Canarias, continuará mañana, cuando está previsto que concluya la prueba testifical, ya que en la sesión prevista para el lunes comenzará la pericial.

Directivos de organizaciones empresariales o fundaciones que recibieron fondos del Instituto Canario de Formación y Empleo (Icfem) a fines de los años noventa han asegurado este miércoles que les sometieron a importantes controles para garantizar que hacían un uso correcto de las ayudas recibidas.

“Era muy estricto, si me permiten decirlo, el control por parte del Icfem”, ha declarado, por ejemplo, Fernando Fraile, el presidente de la Federación de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), al declarar como testigo en la tercera sesión de un juicio que se sigue contra dos exdirectores del instituto y un exconsejero de Empleo del Gobierno canario por presunta prevaricación.

Las afirmaciones de Fraile sobre si el Icfem controlaba lo suficiente el uso adecuado del dinero que otorgaba a patronales y otras organizaciones para formar a desempleados y promover su inserción laboral se vieron respaldadas durante la vista oral del por las declaraciones de cuatro testigos más.

Entre ellos, Fernando Sánchez, que ha sido citado como responsable en aquellos momentos de la Fundación Canaria para el Empleo y la Formación, Forecan, entidad que se benefició también de ayudas del instituto.

A ser preguntado si consideraba que eran proporcionados los “filtros” que se aplicaban para fiscalizar el uso del dinero, Sánchez ha dicho que eran “exigentes, como deben serlo”.

La tesis respaldada por estos testigos se desmarca de los postulados de la acusación planteada por la Fiscalía, que sostiene que el exconsejero de Empleo del Gobierno canario Víctor Díaz y los exdirectores generales del Icfem Francisco Almeida y Diego León habrían permitido la concesión de ayudas sin cumplir los requisitos legales fijados para ello.

También Roberto Góiriz, citado en el proceso como portavoz de la Asociación Canaria de Jóvenes Agricultores Asaja, ha respondido tajante: “Sí, sí, el Icfem hacía seguimiento” del uso del dinero.

Y también ha sostenido que había controles el exalcalde del municipio grancanario de Ingenio Juan José Espino, llamado a declarar por haber presidido una fundación para el empleo de su localidad.

Espino ha aludido a dos vías mediante las cuales se fiscalizaba el empleo correcto de las subvenciones, ya que, por una parte, “de vez en cuando venían los inspectores” y, por otra, los responsables de la fundación debían enviar documentación y “estadísticas” respecto a los resultados de las actuaciones desarrolladas, según ha relatado.

Unos y otros han coincidido, así mismo, al negar que las entidades a las que representaban subcontrataran a distintas academias los cursos que se comprometían a impartir con el Icfem, frente a lo que ha sostenido el representante del Ministerio Fiscal.

El acusador público les ha preguntado si no eran en realidad distintas academias las que se encargaban del desarrollo de los cursos y todos lo han negado, con respuestas como las de Fernando Sánchez, que ha dicho “no es así” y “en absoluto”, frase esta que repitió también el antecesor de Fernando Fraile en la presidencia de la FEHT, José Moriana, llamado también a declarar como testigo.

Negativas similares han ofrecido Fernando Fraile y Roberto Góiriz, el primero de los cuales ha admitido, como el resto de los comparecientes de esta jornada, que sus patronales o fundaciones alquilaban locales o contrataban servicios a academias de formación que operaban como tales en el mercado, pero ha declarado que eso es “una cosa muy distinta” a hacer una subcontratación.

“No me acuerdo de nada”

Preguntados sobre si se había cuestionado alguna vez la legalidad de su gestión por parte de las autoridades judiciales o del Gobierno canario, todos han respondido negativamente salvo Fernando Fraile, quien ha indicado que una vez la FEHT tuvo que devolver el dinero de uno de los cursos que organizó debido a que desde el Icfem se les comunicó que se había detectado que algunos de los alumnos que supuestamente lo seguían no asistían en realidad a él.

Fraile, que ha contestado a una pregunta que formuló el acusado Diego León en calidad de abogado defensor, ya que se representa a sí mismo en el juicio, ha hablado de ese asunto, en todo caso, como una prueba de que su patronal ha cumplido siempre la ley al gestionar fondos públicos para formar a trabajadores.

“De hecho, seguimos siendo colaboradores de la Agencia Canaria de Empleo (sucesora del Icfem) y seguimos dando cursos”, ha subrayado.

Las declaraciones de unos y otros en el juicio del llamado caso Icfem, que mañana proseguirá con nuevas comparecencias de testigos, se han sucedido después de que, al comienzo de la sesión, subiera al estrado otro representante de Forecan, el empresario José Miguel Suárez Gil, quien ha asegurado haber olvidado todo lo relacionado con el asunto a consecuencia de problemas cognitivos que ha sufrido.

“Lamentablemente, me crean o no me crean, no me acuerdo de nada”, ha alegado Suárez Gil.

Los dos ex directores generales del Instituto Canario de Formación de Empleo (Icfem) acusados de delitos continuados de prevaricación han defendido este viernes su gestión entre 1995 y 1999, y han asegurado que ellos reforzaron la labor de control de los fondos destinados a la formación.

Los acusados Francisco Almeida y Diego León, al igual que el exconsejero de Empleo regional Víctor Díaz, han alegado ante la Audiencia de Las Palmas que, además, están “tranquilos” porque la supuesta ilegalidad de la que les acusa el fiscal anticorrupción Luis del Río ha sido resuelta por el Tribunal Supremo en el ámbito contencioso administrativo.

Ambos ex directores generales han negado que sean ciertos los cargos que les imputa el fiscal, y sostienen, al igual que Díaz, que se equivoca en su interpretación de los hechos.

Según el fiscal, fueron numerosas las arbitrariedades en las que supuestamente incurrieron en esos años al distribuir entre sindicatos y organizaciones empresariales fondos públicos destinados a actividades formativas y de inserción laboral, mediante contratos programa, en su mayoría, y también en convenios de colaboración.

Almeida ha señalado al tribunal que, en el escaso tiempo que estuvo como director del Icfem, entre julio de 1995 y junio de 1996, solo dictó dos resoluciones relacionadas con los contratos programa, cuestionadas por el fiscal, y logró que se dotara de plazas al instituto para reforzar las acciones de control.

Francisco Almeida ha negado también conocer los informes de la letrada habilitada del Icfem, con fecha del 29 de diciembre de 1995, que aludían a irregularidades detectadas en contratos programa que él y el exconsejero firmaron ese mismo día, pues ha dicho que tuvo conocimiento de su contenido un mes más tarde, en enero.

En la sesión de hoy, en la que continuó la declaración del exconsejero Víctor Díaz, éste se ha negado a contestar las preguntas formuladas por la acción popular que ejerce el colectivo de Justicia y Sociedad.

Díaz, a quien también se le acusa de un delito continuado de prevaricación, ha explicado al tribunal que nadie le advirtió de que cometiera ninguna ilegalidad en relación al reparto de estos fondos.

Además, ha afirmado que todas las resoluciones que adoptó como presidente del Icfem entre 1995 y 1999 fueron previamente autorizadas por el consejo de administración y el Consejo de Gobierno, y que las adendas que se introdujeron en los contratos fueron propuestas por las comisiones mixtas creadas para su control.

León, que estuvo a cargo del instituto entre 1999 y 2003 y que se defiende a sí mismo en el juicio, ha manifestado que, “por fortuna”, toda su actuación está documentada en la causa, además de “enjuiciada en la vertiente administrativa” .

Así mismo, ha dicho que remitió más de una quincena de denuncias a la Fiscalía por las anomalías que se detectaron en los contratos programa a partir de controles de oficio de la administración, y que estas se acompañaron de los expedientes para solicitar el reintegro de las ayudas.

Estas denuncias, que aporta en su documentación, recogían “temas graves” y se referían a contratos cuya cuantía ascendía en un caso a 80 millones de pesetas (480.809 euros). Sin embargo, o bien fueron archivadas por la Fiscalía o no fueron tramitadas, según ha tenido conocimiento, aunque no ha sido informado al respecto.

Las entidades favorecidas por estas ayudas concedidas de manera irregular, según el fiscal, fueron la Asociación de las Pequeñas Empresas de Economía Social, la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, la Fundación Canaria para el Empleo y la Formación, y la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores.

Además, figuran como destinatarias la Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa, la Fundación para la Promoción del Empleo y Formación Profesional y Movimiento Cooperativista, UGT, la Federación Provincial de Pequeños y Medianos Empresarios de la Alimentación de Las Palmas, el centro de Formación Steinger y la cadena hotelera Riu.

El exconsejero de Empleo de Gobierno canario Víctor Díaz ha negado este jeves las supuestas irregularidades que le atribuye el fiscal en el reparto de fondos públicos para formación durante su mandato como presidente del Instituto Canario de Formación y Empleo (Icfem), entre 1995 y 1999.

Díaz, al que la Fiscalía Anticorrupción reclama diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación, es el principal imputado en el juicio que ha comenzado hoy en la Audiencia de Las Palmas, pero cuya instrucción se inició hace 16 años, en una de las primeras tramas de presunta corrupción investigadas en Canarias.

En el caso figuran también como acusados los ex directores generales del Icfem, Francisco Almeida y Diego León, por un delito de prevaricación, cargo que también se le imputaba a Aurelio Ayala, ya fallecido y que dirigió igualmente el Instituto.

El exconsejero ha sido interrogado por el fiscal Luis del Río durante más de dos horas en esta primera sesión del juicio, que se reanudará mañana con la continuación de su declaración.

En el trámite de cuestiones previas, las defensas han solicitado la nulidad del caso por entender que se han vulnerado derechos fundamentales de sus clientes e, incluso, que los hechos han prescrito en el caso de Almeida, según ha expuesto su abogado, Esteban Solá.

El tribunal abordará en su sentencia estas cuestiones, que incluyen también la posible existencia de dilaciones indebidas, algo que admite la acusación ejercida por el colectivo de Justicia y Sociedad.

Según el fiscal, los acusados incurrieron en numerosas arbitrariedades “constitucionalmente vetadas”, al distribuir entre sindicatos y organizaciones empresariales fondos públicos destinados a actividades formativas y de inserción laboral, que se desarrollaron mediante contratos programas, convenios de colaboración o cursos individualizados.

En el caso de los contratos programas, según el fiscal, el Icfem permitía que los beneficiarios de este programa (sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones) subcontrataran los cursos, cuando ello estaba prohibido de forma “taxativa”.

Además, señala el fiscal, la subcontratación impedía exigir el reintegro de la subvención cuando se incumplían las condiciones acordadas.

Víctor Díaz, sin embargo, ha explicado al tribunal que los cursos de los contratos programa podían ser impartidos por centros colaboradores homologados, porque los sindicatos y organizaciones empresariales no siempre disponían de medios para ofrecerlos, y eso lo “sabía el Estado” y estaba previsto en la norma.

Además, ha dicho que el consejero de Empleo que le antecedió en el cargo, Francisco Rodríguez Batllori, introdujo la posibilidad de que en Canarias los beneficiarios de los contratos pudieran impartir los cursos en centros colaboradores.

Díaz ha negado también conocer los informes elaborados por una letrada de los servicios jurídicos del Icfem en los que advertía de las irregularidades que existían en los contratos programas que autorizó en diciembre de 1995.

El exconsejero ha afirmado que conoció la existencia de estos informes a finales de enero de 1996, cuando se lo puso en conocimiento la secretaría general técnica.

Así mismo, ha explicado al tribunal que él no tenía conocimiento de todas las denuncias que se presentaron en aquellos años en relación a los cursos de formación, si bien ha asegurado que él mismo presentó una ante la fiscalía por falsificación de documentos e inició el expediente para el reintegro de la subvención concedida.

En cuanto al control de esos cursos, ha señalado que no le competía a él, sino a la comisión mixta creada para tal fin y, sobre el hecho de que las subvenciones se concedieran una vez finalizada la formación, ha explicado al tribunal que es una práctica habitual que está prevista por la ley, y que el Icfem contaba de mecanismos para supervisar si se habían impartido de forma debida antes de entregar esa ayuda.

Las entidades favorecidas por estas ayudas concedidas de manera irregular, según el fiscal, fueron la Asociación de las Pequeñas Empresas de Economía Social, la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, la Fundación Canaria para el Empleo y la Formación, y la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores.

Además, figuran como destinatarias la Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa, la Fundación para la Promoción del Empleo y Formación Profesional y Movimiento Cooperativista, UGT, la Federación Provincial de Pequeños y Medianos Empresarios de la Alimentación de Las Palmas, el centro de Formación Steinger y la entidad RIU.

Este jueves comienza a juzgarse en la Audiencia Provincial de Las Palmas el denominado caso Icfem, acrónimo del ya desaparecido Instituto Canario de Formación y Empleo del Gobierno de Canarias, un escándalo de presunta corrupción política de incalculables dimensiones cuando se destapó por parte de la Audiencia de Cuentas regional a finales de los años 90 del pasado siglo. Tanto, que acabó con el prestigio del Icfem por los suelos hasta cambiar su nombre por el actual Servicio Canario de Empleo, pero que 16 años después se desinfla hasta la nada más absoluta.

Era de suponer que la larga instrucción llevada a cabo en torno a las subvenciones públicas en materia de formación laboral por parte del Gobierno canario, que alcanzaba, como casi siempre ha pasado y se siguió haciendo en otras épocas y en otras instituciones españolas, a academias privadas y a escuelas vinculadas a sindicatos y patronales, acabaría destapando todo un modus operandi que cualquiera pueda imaginar, pero la causa que contó con decenas de imputados y acusaciones iniciales de la Fiscalía con penas de hasta cinco años de cárcel, no pinta para tanto.

En el banquillo de los acusados se sentarán, finalmente, solo tres ex altos cargos del Gobierno isleño de aquel periodo, durante las presidencias de Manuel Hermoso (1993-1999) y de Román Rodríguez (1999-2003). El exconsejero autonómico Víctor Díaz y los ex directores generales del Icfem Francisco Almeida y Diego León deberán responder a la acusación del ministerio fiscal por una veintena de supuestos contratos delictivos, no justificados por parte de las adjudicatarias de los mismos, empresas, sindicatos y patronales, por los que pide diez años de inhabilitación especial para Díaz y Almeida, y nueve para León. Ninguno de los tres ocupa ahora cargo alguno.

El caso Icfem ha dado tantas vueltas que esta misma semana la propia Audiencia Provincial ha eximido a otros dos ex directores generales de Empleo, Francisco Zumaquero y Tomás Quesada, de sentarse en el banquillo de los acusados este jueves. La Fiscalía no formuló acusación contra ellos en su segundo escrito de 2011, tras reformularse todo el caso a raíz de una nueva pericial que aseguró que los responsables públicos investigados no tenían responsabilidad alguna de la desparición de 10,5 millones de euros, concedidos a academias, durante el periodo investigado entre 1993 y 1998, pero sí mantuvo su acusación particular una academia de formación privada.

La semana pasada, la acusación particular quedó sin efecto al retirarse la academia del proceso, según han informado los periódicos de papel provinciales, y dado el principio acusatorio que rige en España, al no sostenerse acusación alguna, ambos ex directores generales se han librado de la denominada pena de banquillo. El juicio, en todo caso, más allá de la pérdida de sustancia que ha sufrido a lo largo de 16 años interminables de instrucción, tendrá algunas sesiones desde este jueves que pueden arrojar algo de luz a lo que se hacía, y cómo -y puede que así siga- a la hora de concederse subvenciones a patronales, sindicatos y academias para formar empleados.

Este jueves está reservado, en principio, a las cuestiones previas y el viernes toca interrogar a los tres acusados. Para las sesiones posteriores, ya la semana próxima y en julio, testigos que han significado mucho en la economía y la política canarias habrán de pasar por la Audiencia.