Lleva 38 años ejerciendo la abogacía y sigue “en pleno ejercicio y sin limitaciones”. El letrado palmero Acenk Galván, que tiene fama de orador brillante en sus exposiciones, defiende a la familia de la enfermera granadina supuestamente envenenada por talio por su marido en un proceso judicial que ha tenido trascendencia nacional. Se declara “republicano conceptual” aunque entiende que “la monarquía, cuando fue instaurada, estratégica, histórica, política y socialmente, convenía porque era un encuentro de las dos Españas”, pero, subraya, “para mí, el ideal es una república”. Le gusta el cine y escribir narrativa de viajes y poesía “para mí y para mis amigos”, según ha manifestado en una entrevista concedida a LA PALMA AHORA. “Mi hobby es viajar, me encanta, y escribo sobre las experiencias de viaje”, asegura.

-¿Cómo ha evolucionado la profesión desde que se inició como abogado?

-La profesión es esencia sigue siendo la misma, que en definitiva es defender los intereses de los ciudadanos, unas veces para acusarlos -cuando tienes que hacer de acusador particular- y generalmente, para defenderlos. Lo que sí ha cambiado es la justicia gratuita, aquí es donde ha habido modificaciones sustanciales. Cuando yo empecé a ejercer en los años 70, la justicia era del todo gratuita, para los ciudadanos y también para el abogado, que no cobraba absolutamente nada por defender a un pobre, lo que pasa es que, previo a su actuación profesional, había que hacer un procedimiento que muchas veces se derivaba en un juicio contencioso para acreditar si esa persona eral realmente pobre. Si se confirmaba este extremo, se le asistía por un abogado de turno y ese letrado no cobraba absolutamente nada. En el siguiente paso subsistió la obligación de acreditar la pobreza manifiesta de la persona, pero ya sí se le daba al abogado una pequeña retribución en modo alguno equiparable a un honorario de un procedimiento normal y corriente, pero había una remuneración por su actuación en defensa del pobre. La modificación sustancial se hizo después de la Constitución y de la entrada en vigor de las nuevas leyes procesales y de la constitución de los colegios profesionales, donde ya se establece un sistema objetivo para determinar si una persona es pobre o no, que está en un listón bastante alto, entiendo yo. Se considera que una persona es pobre cuando tiene unos ingresos iguales o superiores al doble del jornal base; aunque que tenga su propia vivienda o un vehículo, a esa persona se le puede considerar con derecho suficiente para ser asistida gratuitamente por la abogacía, a la que también se le va a remunerar, no en igualdad de condiciones a un caso normal privado, pero ya no es aquella remuneración originaria primaria más simbólica que otra cosa.

-¿Considera que el ciudadano tiene restringido en la actualidad el derecho a una justicia gratuita?

-Se están poniendo algunas limitaciones, pero entiendo que no es una restricción genérica. La restricción no es concreta a la justicia gratuita, se ha hecho al conjunto de la población por la imposición de unas tasas judiciales que todo ciudadano -el que accede a la justicia gratuita no tiene esa obligación- tiene que pagar antes de pleitear o de recurrir. El nuevo ministro de Justicia dice que las va a modificar, incluso suprimir, pero supongo que todavía no ha tenido tiempo de actuar con las fiestas navideñas. Esperamos que sean reducidas sensiblemente o suprimidas, que es lo que debe ocurrir, porque eso sí que está dificultando el acceso a la justicia al ciudadano normal y corriente.

-¿Cree que la Ley está pensada para el ‘robagallinas’ y no para el gran defraudador, como ha dicho Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial?

-No comparto su criterio. Lo que ocurre es que a los delitos hay que ponerles un límite de pena, y, claro, un delito pequeño tiene una pena que, en principio, puede parecer fuerte, pero en la escala de graduación, una condena de privación de libertad es de 20 años como máximo, y en determinadas circunstancias, 25 o 30, en los casos de parricidio o muerte; en terrorismo se puede llegar hasta 35. Tenemos una escala de 1 a 20 años para una cantidad inmensa de delitos, que hay que repartir en ese escala, de lo contrario, o no castigas a algunos o habría que subir el techo de penas, que sería excesivo, porque condenas de 40 o 50 años es volver a la cadena perpetua. Entiendo que el ciudadano tenga esa visión, puede parecer que por un delito nimio se está castigando mucho y por uno alto, poco, pero insisto en que la escala temporal no da para más.

-¿Qué cualidades debe tener un buen abogado?

-Ser estudioso y honrado. Fui decano durante 20 años y tomé juramento a todos los nuevos jurandos, y siempre les decía que el buen abogado es aquel que estudia, estudia y estudia, y solamente cuando está totalmente seguro de que ya lo sabe todo, entonces sigue estudiando.

-Usted tiene fama de ser un orador brillante en sus exposiciones.

-Eso es lo que dice la gente, pero que yo lo diga… Parece ser que es así, yo siempre me expresado toda mi vida de la misma manera, y he tenido suerte de que la naturaleza me haya dado ese don, bienvenido sea. Dicen que soy un buen orador, pero la verdad es que yo no sé hacerlo de otra manera.

-¿Qué siente cuando pierde un juicio?

-Duele mucho. Otra cosa que yo le decía a los nuevos abogados, para que se lo tomaran a pecho, es que los asuntos hay que llevarlos como propios, de familiares o del amigo más querido, pero hay que terminarlos sin euforia inmensa por ganar y sin pena profunda por perder. Lo que se debe tener al final de un juicio, se gane o se pierda, es la consciencia tranquila de que se estudió y se trabajó todo lo que debió, pero somos humanos y perder un juicio duele, pero hay que hacer un esfuerzo, terminar y pensar que ese juicio no era mío, que he hecho todo lo que he podido y que tengo mi consciencia tranquila. Ahora, si te digo que no me duele, te engaño.

-¿Y qué sentimientos le embargan cuando gana?

-Te llena de satisfacción, porque somos humanos, pero siempre daba el mismo consejo a los nuevos abogados: ni demasiada fiesta por ganar ni pena profunda por perder.

-¿Tiene algún caso en su trayectoria profesional que le haya marcado particularmente?

-Sí, uno que todavía tengo encima y ha sido un triste episodio de asesinato entre cónyuges, dos enfermeros; el marido envenenó a la mujer y la mató en Gran Canaria, un caso que ha tenido trascendencia nacional. Yo defiendo a la familia de la difunta. Es un asunto muy complejo, de muchos testigos, de mucha técnica, de muchos folios escritos. En primera instancia ya han condenado al marido, al asesino, y le han impuesto 23 años de cárcel (hemos sobrepasado ese límite de 20 años que habíamos dicho) porque se han dado unas determinadas circunstancias. Se ha apelado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que ha confirmado la sentencia. Yo también la apelé, a pesar de haberse accedido a lo que solicitaba, porque pedía que le privaran al padre de la comunicación con el hijo –entonces tenía dos años y ahora seis- porque consideraba que no era humano que ese niño inocente, que seguía en comunicación telefónica con su progenitor -le decía que estaba trabajando y vendría enseguida- más pronto que tarde se iba a enterar de que su padre mató a su madre; qué concepto va a tener ese niño del bien y el mal, de la vida y la muerte, de la constitución familiar; se le romperían los esquemas para toda su vida. El recurso del acusado no prosperó y el mío sí, así que además de los 23 años de cárcel, se le impuso una orden de alejamiento de prohibición de cualquier contacto y comunicación durante 33 años, diez años más de la condena. Fueron varios meses de sesiones de juicios todos los días, oyendo infinidad de testigos y peritos, unos escritos interminables y profundísimos, y humanamente, me ha minado mucho, porque yo no sé hacer nada si no me lo tomo a pecho.

-¿Cuáles son los litigios más frecuentes en La Palma?

-Los jueces que vienen aquí de primer destino, cuando se van y hablas con ellos, siempre llegamos al convencimiento de que La Palma, como sociedad plural, es un crisol donde se da de todo lo bueno y lo malo. Por desgracia, hay momentos en los que priman los delitos contra la salud pública, por cuestiones de drogas, en determinados momentos del año, en fiestas… y delitos contra la propiedad, pero, en general, hay de todas las clases y variedades de infracciones.

El enfermero condenado por la Audiencia de Las Palmas a 23 años de cárcel por envenenar en 2010 a su mujer con talio, barbitúricos y otros medicamentos, recurrirá la sentencia del alto tribunal canario que confirma el fallo dictado en primera instancia y le prohíbe comunicarse con su hijo durante 33 años.

Según ha informado el abogado del enfermero, José Álvarez, la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias “no tiene ni pies ni cabeza” y además no resuelve ninguna de las cuestiones que presentó en su recurso de apelación de cerca de 500 folios.

Álvarez ha lamentado que la sentencia del TSJC, que aún no ha sido difundida por el gabinete de prensa del alto tribunal canario, conteste a su recurso con 33 páginas “con muchísimo relleno”.

La sentencia, que fue difundida este martes por el periódico Canarias 7, fue notificada al abogado de la acusación particular, ejercida por Acenk Galván, quien representa los intereses de los padres de la víctima, la también enfermera Laura A.G., que son los abuelos maternos del único hijo que tenía la pareja, que es menor de edad, y quienes tienen su patria potestad, también por decisión de la justicia .

Galván ha celebrado la decisión del TSJC por confirmar la pena impuesta al acusado de 23 años y por añadir la petición que formuló para que se prohibiera la comunicación y el contacto al acusado con su hijo durante el tiempo de la condena y diez años más.

El abogado de la acusación particular ha indicado que a la petición que formuló de incomunicación del acusado con su hijo se adhirió el Ministerio Público, al tiempo que ha señalado que la sentencia dictada por la Audiencia de Las Palmas no recogía ningún tipo de prohibición en la comunicación del acusado con su hijo.

Para Galván, era de “justicia” que se incomunicara al acusado con su hijo, con el que mantenía comunicación telefónica cuando el menor se hallaba con sus abuelos paternos, pues cuando este niño sea mayor se enterará que su padre mató a su madre.

“Este padre se acabó para este niño”, quien ahora tiene como padres a sus abuelos maternos, ha declarado Galván.

La Audiencia Provincial considera probado que el enfermero envenenó a su pareja con talio y otras sustancias.

La Audiencia de Las Palmas ha condenado a 23 años de cárcel por asesinato -dos menos de los que reclamaba el fiscal- al enfermero del Hospital Insular de Gran Canaria que en 2010 envenenó a su mujer suministrándole talio, barbitúricos y otros medicamentos no pautados por sus médicos.

La sentencia condena además al procesado, Iván Ramírez Aguilar, a indemnizar con 200.000 euros a los familiares de su esposa Laura A.G.: la mitad para su hijo y otros 100.000 euros para sus padres.

Tal como estableció en su veredicto el Jurado que juzgó el caso, la Audiencia considera probado que Ramírez Aguilar decidió acabar con la vida de su mujer y que, para lograrlo, le suministró un metal radiactivo diluido en la comida (talio) y también le administró sin su conocimiento benzodiacepinas, opiáceos e insulina.

El magistrado Carlos Vielba, ponente de la sentencia, recuerda que el Jurado emitió su veredicto de culpabilidad en base a los indicios disponibles que, a su juicio, llevan a optar por la postura mantenida por las acusaciones en sus alegatos iniciales y en sus informes “porque es la única capaz de explicar los hallazgos médicos”.

Así, destaca que en todas las crisis que sufrió la víctima y que le condujeron a la muerte, el 11 de julio de 2010, existieron los siguientes elementos comunes: Laura como afectada, la aparición de sustancias no pautadas o halladas en partes de su cuerpo en las que no debían aparecer y el acusado, que estaba con su mujer en el inicio de la crisis o había estado tiempo antes con ella.

El magistrado recuerda que la muerte de Laura A.G. se eleva a asesinato al concurrir las agravantes específicas de alevosía y ensañamiento, porque la víctima “no tuvo en ningún momento la oportunidad de defenderse ante la confianza que tenía en el acusado”, quien la sometió “a padecimientos de todo punto innecesarios para conseguir su criminal propósito”.

Además, se aplica al acusado las agravantes de parentesco y de abuso de confianza, aunque no referida a la que le profesaba la víctima, sino a la que tenían en él sus compañeros de trabajo, que “le permitieron acudir libremente a la unidad de medicina intensiva fuera de las horas de visita, incluso cuando ya existía la restricción de horarios o incluso cuando Laura ya no estaba ingresada”.

Respecto a la determinación de la pena, el magistrado explica que se entiende como proporcional la condena de 23 años de prisión, ya que también tiene en cuenta el tiempo que ha transcurrido hasta que se han juzgado estos hechos, prolongado de forma “inexplicable” por carecer la Audiencia de una segunda sala para juicios con Jurado.

Sobre la petición de las acusaciones de inhabilitar al acusado para el ejercicio de la patria potestad durante el tiempo de la condena, el magistrado afirma que “dentro de doce años, la patria potestad se habrá extinguido de no ocurrir ninguna causa de incapacidad, como así se desea”.

Respecto a la orden de alejamiento respecto de su hijo, “Vielba estima que no cabe imponer al menor la condena a no relacionarse con su padre, pues si bien ahora el niño no está en condiciones de entender los hechos cometidos, es posible, y la experiencia así lo dice, que en un futuro quiera, o no, una relación con su padre” o contactar con él.

El magistrado cree que “no cabe” atribuir la patria potestad del niño a los abuelos maternos, como pedía la acusación particular, porque ello excede, con mucho, la competencia del tribunal.

Además, plantea que el Servicio Canario de la Salud “debería haber sido llamado como responsable civil subsidiario pues, en cierta medida, la falta de control sobre los medicamentos existentes en el Hospital Insular, pudo haber facilitado la comisión de los hechos” a tenor de “las deficiencias que existían, según parece, ya solventadas”.

El magistrado ponente se refiere también en su sentencia al nombre que se ha dado a este procedimiento en los medios de comunicación: el “caso talio”.

Al respecto, señala que “por muy periodístico” que el nombre de caso talio, “la presencia de este metal pesado resulta casi anecdótica y se enmarca en un elemento más del móvil homicida que guiaba la actuación del acuerdo, pues lo relevante es la administración de insulina, de mayores dosis de medicamentos pautados y de medicamentos no pautados”.

El jurado popular del caso talio declaró al enfermero del Hospital Insular de Gran Canaria Iván R.A. culpable de haber asesinado a su mujer Laura A.G., también enfermera, en 2010 suministrándole talio, morfina, barbitúricos y medicamentos no pautados por sus médicos que acabaron con su vida.

Tras el veredicto del jurado, ahora la Sala de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que ha estado presidida por el juez Carlos Vielba, deberá dictar la sentencia firme.

Algunos de los temas recurrentes a lo largo de las más de veinte sesiones del juicio que se ha prolongado durante más de un mes (desde el 13 de enero) y en el que han declarado más de cien testigos son los siguientes;

Talio – Metal pesado que da nombre al caso. Hasta hace unas décadas, se utilizaba como veneno para ratas, pero fue prohibido debido a los daños potenciales que le podía causar al hombre. Hasta el año 2005 el talio se empleaba en el Hospital Insular para algunos procedimientos médicos que evalúan la enfermedad cardiaca. Actualmente puede adquirirse por internet. En un informe sobre las muestras de vello púbico realizado el 8 de julio de 2010, cuatro días antes de que muriera Laura A.G., se detectaron 8,8 microgramos de talio. Luis Frontela, uno de los peritos de la defensa, afirmó en su declaración que este tipo de análisis no es suficiente para verificar una intoxicación de este tipo. Sostuvo que en muchos pelos ha analizado durante su vida profesional “ha salido talio” y lo achacó a la utilización de alguna crema o cualquier otro producto químico.

Insulina – Según lo expuesto durante el juicio por varios profesionales sanitarios, los índices de insulina en el cuerpo de la fallecida aumentaban y disminuían sin motivo aparente. Los forenses, Eva Bajo y Javier Tapia aseguraron que los elevados “picos” que presentaba Laura A.G. hacían pensar que fue suministrada de manera exógena. Según uno de los testigos, Iván A.R. se mostró “sorprendido” cuando fue informado de esta sospecha. El equipo de peritos propuestos por la defensa del acusado destacó que la enfermera sufrió su última hipoglucemia 43 días antes de morir, concluyendo que las cuatro anteriores fueron provocadas por distintos tipos de insulina administrada de manera exógena.

Benzodiacepina – denominados como tranquilizantes menores, son comúnmente prescritos por los médicos para calmar la ansiedad o para promover la sedación y el sueño. Algunos de los más comunes son; el Valium, Tranxilium, Trankimazin, Orfidal o el Lexatin. Se encontraron restos de benzodiacepinas en el cuerpo de la víctima en los sucesivos análisis que se le practicaron durante sus múltiples ingresos en el hospital.

Bulto en el flanco izquierdo- Desde las primeras sesiones del juicio varios testigos confirmaron que Laura A.G. tenía “un bulto en el flanco izquierdo”. Al parecer, en un primer momento se barajó la posibilidad de que fuera celulitis, hipótesis que quedó descartada por los médicos más tarde. Los forenses relataron que hubo “daño provocado por una punción” ya que apreciaron durante la autopsia la trayectoria de una aguja en el interior del cuerpo que llegó a dañar el músculo. Por su parte, Frontela utilizó imágenes de un bloque de plastilina al que fue cortando la parte superior de manera transversal con ayuda de un cutter para demostrar que el hematoma que tenía la víctima en el costado era simplemente un vaso sanguíneo y que no existían tales pinchazos.

Glucogenosis – El letrado de la defensa, José Álvarez, reclamó que se le practicara a la fallecida una prueba genética para tratar de demostrar que Laura A.G. murió por Glucogenosis, una rara enfermedad genética relacionada con el almacenamiento del glucógeno de manera excesiva en algunos tejidos. Según José Manuel Muñoz de Unamuno, el facultativo especialista en medicina interna que trató a Laura A.G. en el Hospital Insular, los resultados de las pruebas enviadas al Hospital Clinic de Barcelona dieron negativo, confirmando que no padecía tal enfermedad.

Líneas de Mees – bandas blancas transversales que presentaba la fallecida durante la autopsia. Estas líneas pueden obedecer no sólo a la intoxicación por arsénico, talio o floruro, así como a la acción de la quimioterapia, procesos patológicos, insuficiencia renal o cardiaca y anemia. La forense Eva Bajo sostuvo durante su declaración que en su vida profesional era la primera vez que veía estas líneas, afirmando que constituyen otra de las pruebas que demuestran que la enfermera sufrió una intoxicación por talio. Los peritos de la defensa señalaron que esas señas son habituales en los niños y también en personas que han estado muy enfermas.

Otras cuestiones

Cuarto de medicamentos – Uno de los argumentos esgrimidos por las acusaciones fue que Iván R.A. acudía al hospital a coger medicación, el acusado aseguró que en el servicio de farmacia “no entra nadie” y explicó que los medicamentos que se encuentran en la Unidad de Medicina Intensiva (UMI) llevan un estricto control. Contradiciendo lo expuesto por el acusado, varios testigos dijeron haber visto a Iván R.A. entrar y salir del cuarto de medicamentos y “no era para llorar”, tal y como había explicado el enfermero anteriormente.

Horarios de visita- Varios testigos confirmaron que a Iván R.A. se le pidió que respetara los horarios de visita de la UMI (de 13:00 a 14: horas y de 18:00 a 19:00 horas). Pese a las advertencias, al parecer, el acusado fue visto por varios facultativos fuera de los horarios establecidos. Otra de las medidas que se tomaron “por seguridad” fue sacar las pertenencias de la paciente del box.

Biombo- Según varios testigos, durante la estancia de Laura A.G. en el box de la UMI, en ocasiones “tenían puesto un biombo para preservar su intimidad”, algo que impedía que otras personas viesen lo que sucedía en el interior.

Polémicas

Innumerables llamadas de atención - El magistrado que preside el tribunal, Carlos Vielba, aunque demostró tener una gran paciencia durante el proceso, hubo ocasiones en las que tuvo que apercibir al abogado defensor, José Álvarez, ya que este dilataba las preguntas realizadas a los testigos durante más de cinco minutos. El juez también tuvo que intervenir para zanjar discusiones entre varios de los testigos llamados a declarar y el letrado.

Fotos de la autopsia - Las acusaciones mostraron su repulsa y su “más enérgica protesta” por las fotos del cuerpo de la fallecida que proyectaron los peritos de la defensa calificando el hecho de “inadmisible” a lo que el abogado defensor aseguró que habían sido mostradas para enseñar “las cejas de la fallecida” para acreditar que no había sufrido alopecia a causa de una intoxicación por talio.

Reproches a la prensa - Tanto el abogado de la defensa como su cliente arremetieron en diversas ocasiones durante sus alegatos finales contra algunas informaciones aparecidas en distintos medios de comunicación durante el juicio.

Un tribunal del Jurado ha declarado al enfermero del Hospital Insular de Gran Canaria Iván R.A. culpable de haber asesinado a su mujer en 2010 suministrándole talio, morfina, barbitúricos y medicamentos no pautados por sus médicos que acabaron envenándola.

El procesado, que durante todo el juicio se ha declarado inocente, se enfrenta a una solicitud de condena de 25 años de cárcel por asesinato, que formulan tanto el Ministerio Fiscal como la familia de la víctima y el Instituto Canario de Igualdad.

El Jurado ha considerado probado, por siete votos a dos, que el acusado tenía todos los medios, conocimientos y oportunidades para cometer su crimen, y ha valorado como suficiente la prueba indiciaria presentada en el juicio para emitir su veredicto de culpabilidad, tras cinco días de deliberación.

El tribunal popular ha concluido que el acusado tenía intención de acabar con la vida de su mujer, cansado por las continuas discusiones y por los problemas económicos que tenían, por lo que comenzó a suministrarle talio diluido en la comida, un metal pesado cuya ingesta resulta altamente dañina para el ser humano, si bien indica que se desconoce cómo obtuvo este producto tóxico.

Además, ha apreciado que Iván R.A. se prevalió de la confianza tanto de su mujer como de sus compañeros de trabajo y que aumentó de forma deliberada e innecesaria el sufrimiento de la fallecida, pues le suministró medicamentos de forma continua.

El veredicto considera asimismo procedente aplicar al procesado las agravantes de parentesco y de alevosía, pues cometió los hechos de tal forma que su esposa no tuvo oportunidad de defenderse ni de que otras personas le prestaran auxilio.

La víctima, Laura A.G., murió en el Hospital Insular el 11 de julio de 2010, en donde había ingresado en varias ocasiones desde el 15 de mayo de ese año, debido a un fallo multiorgánico causado por una intoxicación medicamentosa por tiopental, benzodiacepinas, mórficos, insulina, talio y codeína, según ha declarado probado por unanimidad el jurado ante el informe de autopsia.

El veredicto apunta además entre los indicios que le llevan a pensar que Iván R.A. es culpable el hecho, reiterado, de que su esposa mejoraba en el hospital cada vez que él se ausentaba.

El acusado no podrá solicitar la declaración de indulto porque el jurado entiende que “no procede y no lo merece”, según el tribunal.

La fiscal de Violencia de Género, Beatriz Sánchez, ha solicitado para el procesado una pena de 25 años de prisión y la inhabilitación para el ejercicio de su profesión sanitaria por el mismo periodo de condena, así como una prohibición de acercarse a su hijo durante 35 años y una indemnización 100.000 euros.

La acusación particular ejercida en nombre de la familia de la víctima y la formulada por el Instituto Canario de Igualdad han solicitado la misma pena, mientras que el abogado de la defensa, José Álvarez, no ha querido pronunciarse, si bien ha reiterado su pleno convencimiento de que su cliente es inocente, por lo que ha anunciado a los periodistas su intención de recurrir la sentencia cuando se dicte.

El letrado ha expresado su sorpresa y la de su defendido por el veredicto, porque sostiene que con su defensa ha probado lo contrario, por lo que ha calificado de “error bestial” el pronunciamiento del jurado, que espera sea subsanado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias o el Supremo cuando presente el correspondiente recurso.

La última de las sesiones del juicio del talio concluyó, tras diez horas, como era de esperar. Sin sorpresas.

Durante los veinte minutos que duró su alegato final, Iván R.A. el enfermero acusado de asesinar a su mujer tras suministrarle un “cóctel explosivo” de medicamentos, negó “rotundamente”, lo expuesto por las acusaciones alegando que habían “faltado a la verdad desde el primer día”.

El acusado dijo sentir “vergüenza ajena” por lo escuchado a lo largo de las más de veinte sesiones que ha durado el juicio,“se ha atentado contra su honor y su imagen”, afirmó. Por lo que anunció que presentará una querella contra la acusación particular, por vulnerar el derecho al honor de su esposa. Anuncio que el abogado de los padres de Laura A.G., Acenk Galván, escuchó negando con la cabeza.

El enfermero aseguró que su esposa “no murió engañada” y que su fallecimiento “está aún por determinar”.

“Mi infierno empezó el 15 de mayo cuando Laura enfermó” afirmó visiblemente alterado tras escuchar los alegatos de las acusaciones.

Calificó la investigación de “injusta” e “inquisitorial”, contradiciendo lo expuesto por la fiscal quien había la había calificado de “bien hecha” alegando que habían pasado por allí más de cien testigos.

Iván R.A. recordó que lleva tres años, siete meses y cinco días en prisión “injustificadamente” donde dijo haber estado “a punto de volverse loco”. “Pásese cuatro años en prisión por un delito que no ha cometido”, afirmó dirigiéndose a la acusación particular.

Durante su alegato, el acusado insistió en que su “error” había sido confiar en médicos “en los que no tenía que haber confiado” y añadió que lo único que busca es que se sepa la verdad “no como otras personas que han venido a salvarse”.

Ratificó que volvería a saltarse todos los protocolos “habidos y por haber por salvar la vida de su mujer”, pidió que se le declarara no culpable e instó a los miembros del jurado a estudiar el contenido de los 18 tomos que obran en la causa.

Maniobras de distracción

La representante del ministerio fiscal, Beatriz Sánchez, comenzó su exposición haciendo referencia a la película Ahora me ves para acusar al abogado defensor, José Álvarez, de “distraer la atención del público del objeto principal” como si de un juego de espejos de tratase.

Afirmó que durante el juicio, el letrado había jugado al despiste “primero dijo que se le había suministrado medicación que luego se dijo que no se le había suministrado”.

En relación a las quejas de la defensa por las personas que no había sido citadas como testigos, en concreto los especialistas en endocrinología que trataron a Laura A.G., cuya superior en el Hospital Insular sí que fue citada, la fiscal lanzó una pregunta al jurado popular, “tres endocrinos llevaron a Laura, ¿Ustedes creen que es necesario llamar a tres personas para nos digan lo mismo?”. El abogado de Iván R.A., durante su exposición, contestó afirmando que su ausencia fue debida a que defendían que existía una enfermedad rara, el principal argumento de la defensa.

La representante del ministerio público hizo múltiples referencias a los hallazgos de mórficos y opiáceos detectados en los innumerables análisis practicados a la Laura A.G. afirmando que la paciente no los tenía prescritos, en contra de lo expuesto por los peritos de la defensa.

Destacó algunos errores cometidos por los peritos de la defensa, poniendo como ejemplo a los doctores Morilla y Frontela., (acusado este último por la propia fiscal de mentir en su testimonio). “La defensa no ha probado nada. No se ponen de acuerdo ni entre ellos. No es cierto que tuviera pautados los medicamentos que salieron en los análisis”, afirmó. La defensa pidió más respeto para el doctor Frontela, al que llegó a comparar con los grandes inventores y científicos, después de que la representante del ministerio fiscal dijera que, “pueden tener muchos títulos, como si quieren empapelar la sala con ellos”.

Según la fiscal, Laura A.G. falleció por un fallo multiorgánico porque, “su cuerpo intentó defenderse hasta que no pudo más” e hizo hincapié en las pruebas realizadas por el Centro Militar de Farmacia de la Defensa en las que se detectó la presencia de 8,8 miligramos de talio en el vello púbico de la paciente, añadiendo que se trata de uno de los pioneros a nivel europeo.

5 julio

Una fecha clave en el proceso ha sido el día 5 de julio de 2010, cuando la ahora fallecida sufrió una crisis en su casa estando su madre e Iván R.A. con ella. Tras escuchar las llamadas que realizaron ambos al servicio de urgencias en la sesión anterior, las acusaciones llamaron la atención sobre las contradicciones en la información facilitada por el acusado y “su tranquilidad”. La fiscal llegó a decir que “si no llega a estar la madre de Laura, igual se muere allí” en referencia a las declaraciones de la madre de la fallecida que declaró haber visto a Iván R.A. sentado en la cama junto a su esposa “sin hacer nada”.

Un hecho sobre el que se ha hablado mucho durante las sesiones, es que Iván R.A. le practicó la reanimación a su esposa sobre la cama y no sobre una superficie dura como el suelo. El acusado aseguró que temía darle un golpe en la cabeza al no tener espacio suficiente en la habitación para realizar la maniobra de otro modo, argumento que contradijo la acusación alegando que al llegar los servicios sanitarios cabían perfectamente en la habitación cuatro personas (tres profesionales médicos y la paciente). “No creo que su intención fuera reanimarla, sino encubrir sus actos”, concluyó la representante del ministerio fiscal.

La fiscal también hizo mención a la mañana del 11 de julio, día en el que Laura A.G. falleció, cuando Iván R.A. fue a visitar a su esposa insinuando que podría haberle suministrado medicación por la vía “acabando con la vida de Laura”.

Paripé

Durante su apasionado alegato, Acenk Galván, representante de la acusación particular, acusó a Iván R.A. de haber fingido su dolor. En ocasiones imitó al acusado cuando expuso su preocupación por su hijo, algo que hizo reaccionar al acusado dando un golpe sobre la mesa lo que provocó que su abogado le pidiera que se calmara.

Galván acusó a Iván R.A. de haber llevado una foto de su familia “porque sabía que todos los medios iban a estar allí” y que luego, durante las sesiones del juicio, se había acabado con la “pantomima”. “La melancolía se puede fingir, pero sus efectos no”, concluyó. La defensa contestó al abogado de la familia de Laura A.G. diciendo que “el único que ha hecho un paripé aquí es usted”.

Durante su alegato, Galván acusó a Iván R.A. de “mentir continuamente” y de ser “un engañador” basándose en que había pedido la baja en uno de sus lugares de trabajo mientras seguía acudiendo a otro. “Iván quería a su mujer, la quería ver muerta”, concluyó la acusación.

El abogado de los padres de la fallecida aseguró que hasta el año 2005 el talio se utilizaba en el Hospital Insular (Iván R.A. comenzó a trabajar allí en 2003) y que el acusado podría haberlo sustraído porque “es un cleptómano de medicamentos”, algo que el acusado negó rotundamente en su alegato. Y añadió que, si no fuera así, el metal pesado se puede adquirir fácilmente por internet. “¿Si no fue Iván, quién fue? ¿El fantasma de la ópera?”, afirmó.

Galván utilizó la situación económica que atravesaba el matrimonio para exponer un posible móvil para el supuesto asesinato, “se puede matar para hacerse rico o se puede matar para no hacerse más pobre”, afirmó.

Hizo referencia a la crisis que atravesó el matrimonio en 2010 relacionandola directamente con los primeros problemas de salud de la fallecida.

En un momento de su agitada exposición, Galván se dirigió al jurado popular y preguntó, “en todas las casas hay una farmacia, ¿Pero a cuántos de ustedes se les ha muerto un cónyuge por una intoxicación medicamentosa?”. Remató su exposición plagada de ironías y aspavientos afirmando,“solo les falta decirnos que Laura murió de un susto”.

Las acusaciones, que piden para Iván R.A. 25 años de cárcel por un delito de asesinato, mostraron su repulsa y su “más enérgica protesta” por las fotos del cuerpo de la fallecida que proyectaron los peritos de la defensa calificando el hecho de “inadmisible” a lo que el abogado defensor aseguró que habían sido mostradas para enseñar “las cejas de la fallecida” para acreditar que no había sufrido alopecia a causa de una intoxicación por talio.

Las acusaciones coincidieron en señalar que Iván R.A. estaba presente o acababa de estar con Laura A.G. cuando sufría las crisis. La representante de la acusación popular, Begoña Santana, calificó al acusado de “astuto” y “soberbio” y añadió que quería que Laura A.G. estuviera en la UMI porque conocía su funcionamiento y podía “hacer y deshacer lo que quería para llevar a cabo su plan”.

“No nos hace falta que alguien lo viera pincharla”, concluyó.

“La china en el zapato”

José Álvarez, el abogado de la defensa, comenzó su exposición, en la que no cesó de ir de un lado a otro, recordando al jurado popular que, “en caso de duda, siempre se tiene que ir a favor del reo” y recordó que “en los indicios no cabe todo”, ya que no existen pruebas de que Iván R.A. le hubiese suministrado medicamentos a su difunta esposa. Para ilustrar su argumento utilizó el ejemplo del caso Wanninkhof.

En su alegato, Álvarez acusó a los médicos de distorsionar la realidad y de faltar a la verdad y puso en duda la imparcialidad de la representante del ministerio fiscal, “yo soy la china del zapato que molesta a todo el mundo”, alegó.

Durante las cuatro horas que duró su exposición, el letrado reiteró que no se le había dejado hacer su trabajo y afirmó que había echado de menos más rigor durante la causa. “A las tres acusaciones no les ha servido de nada el juicio. En vez de reconocer que se han equivocado hacen una huída hacia delante”, afirmó. “Entre todos la intoxicaron y ella sola se murió”, añadió con sorna.

Para el abogado defensor, Laura A.G. tuvo una muerte “natural” y la participación de su cliente en el fallecimiento había sido “nula”.

La defensa cargó contra la doctora Pérez Ortiz y contra el doctor Unamuno, acusando al último de dar tres versiones “aunque aquí a nadie le importe”.

Finalizó su alegato haciendo referencia al dicho gitano; “tengas pleitos y los ganes”.

Tanto el acusado como su abogado arremetieron en diversas ocasiones contra algunas informaciones aparecidas en la prensa durante el juicio.

Está previsto que este viernes se entregue el objeto del veredicto al jurado, que desde entonces permanecerá incomunicado hasta que pueda emitir un pronunciamiento. Ahora toca esperar.

Este lunes, en una sesión más corta de lo habitual, José Manuel Muñoz de Unamuno, el facultativo especialista en medicina interna que trató a Laura A.G. en el Hospital Insular, descartó que la paciente falleciera a causa de un problema de beta oxidación de los ácidos grasos, una enfermedad rara en la que se sostenía el principal argumento de la defensa de Iván R.A. acusado de matar a su esposa en 2010 por el suministro de múltiples sustancias.

Unamuno aseguró que tras practicarle varias pruebas a la paciente esa dolencia fue descartada. Aunque precisó que recibió los resultados del Hospital Clinic de Barcelona tiempo después del fallecimiento de Laura A.G.

Tras ingresar en el Hospital Insular de Gran Canaria con hipoglucemia en el mes de mayo, el facultativo habló con la paciente que negó que en su familia hubiesen dolencias de ese tipo, “no hay motivos para que presentara aquella hipoglucemia”, afirmó.

El intensivista afirmó no conocer ninguna enfermedad que produjera los síntomas que presentaba Laura A.G. en ese momento (hipoglucemia, el hígado agrandado y pérdida de conciencia), algo que le trasladó a la paciente. Tras mostrarle un ejemplo de la enfermedad rara de la que se sospechaba y ver que parte de la sintomatología no coincidía con la que ella padecía, “le dije que alguien le podría estar suministrando algo y ella al oír eso se puso nerviosa. Negó en todo momento que su marido le estuviera suministrando algo. Confiaba plenamente en él”, aseguró.

A raíz de esta hipótesis, el médico ordenó el aislamiento de la paciente durante los periodos en los que ella dormía. Algo que preocupó a Laura A.G. ya que “era su marido el que daba los avisos cuando ella estaba mal”. Esto dio lugar a que situaran a la paciente frente al control de enfermería. Poco tiempo después, Laura A.G. fue dada de alta, con la única recomendación de evitar los ayunos prolongados.

El facultativo explicó que tras varias conversaciones con la psiquiatra del centro, se llegó a la conclusión de que Laura A.G., “no mostraba rasgos de un individuo suicida” y que, por tanto, solo había tres causas posibles para que siguiera empeorando; el síndrome de Münchhausen (que ella misma se estuviera lesionando), una enfermedad rara como un trastorno de beta oxidación de los ácidos grasos, ambos descartados, o una acción homicida.

Según el relato del intensivista, intentó organizar una reunión a solas con los padres de la paciente para informarles de que existían sospechas de que alguien estaba suministrando a Laura A.G. sustancias no pautadas por los médicos pero fue imposible, ya que, al parecer, Iván R.A. insistió en estar presente en todo momento, pero solo intervino para mostrar su preocupación por su hijo, lo que provocó una discusión con la madre de la paciente. “La intención era conseguir un número de teléfono directo de los padres, pero la madre decía que Iván quería controlar todo lo de Laura”, explicó el facultativo.

Los peritos de la delegación en Canarias del Instituto Nacional de Toxicología han afirmado hoy ante la Audiencia de Las Palmas que en los análisis practicados a la enfermera supuestamente asesinada por su marido se halló morfina y el sedante tiopental, ingeridos por vía oral.

Las cantidades detectadas en los contenidos gástricos eran tan significativas que solo pudieron ser administradas por la vía oral, han afirmado los peritos al tribunal Jurado en el juicio que se sigue contra el enfermero y marido de la víctima, Iván R.A., que se enfrenta a una de 25 años de prisión.

Estos fármacos, según las acusaciones ejercidas por la fiscal de violencia de género Beatriz Sánchez, el Instituto Canario de Igualdad, y la acusación particular ejercida por la familia de la fallecida, fueron administrados por el acusado, así como otros medicamentos e, incluso, talio, un metal pesado radiactivo, con el fin de acabar con su vida.

El Instituto Nacional de Toxicología efectuó estos análisis cuando aún vivía la enfermera, ante la sospecha del Hospital Insular de que la paciente estuviera siendo envenenada por el cuadro de vómitos y dolores abdominales que presentaba en los exámenes que se le practicaron en sus distintas ingresos hospitalarios, hasta su fallecimiento en el centro el 11 de julio de 2010.

Los peritos han indicado que en los análisis efectuados antes de su muerte y después no se hallaron niveles de toxicidad en el organismo de Laura A.G., si bien han precisado que su relevancia debe ser valorada por los médicos clínicos y forenses, que sí concluyeron en que resultaban tóxicos y que, de hecho, fueron la causa de su muerte.

Así mismo, han indicado que es posible que el tiopental solo se le administrara el día 5 de julio debido a que las cantidades halladas en días posteriores fueron mínimas, en una nueva sesión en la que el magistrado presidente, Carlos Vielba, ha vuelo a llamar la atención al abogado de la defensa, José Álvarez, al que ha advertido con sancionarle si continúa emitiendo valoraciones y sin formular preguntas.

Sobre la causa de su muerte, también han constatado los peritos del Instituto Nacional de Toxicología que se produjo por un fallo multiorgánico tras el estudio efectuado del corazón, el pulmón, el hígado, los riñones y el encéfalo, aunque los expertos propuestos por la defensa difieren sobre esta cuestión, pues sostienen que su muerte fue natural debido a un síncope vasovagal ocurrido tras varias paradas cardiacas.

En cuanto a la glucogenosis que la defensa afirma que padecía la enfermera, han explicado que en los dos análisis que se hicieron del corazón, músculo e hígado dio negativo.

Así mismo, la médica que efectuó el análisis de la zona del cuerpo donde presentaba la fallecida una punción, que la acusación atribuye al acusado, ha explicado que esa perforación es compatible con una aguja, algo que para los forenses es un signo criminal más.

En cuanto al pelo analizado de la víctima, han indicado que evidencia el consumo habitual de ansiolíticos como miozelam y tetrazepam durante los últimos 15 meses de la vida de Laura A.G.

El juicio contra Iván R.A., para quien su abogado solicita su absolución, continuará mañana con la aportación de una nueva prueba pericial.

Los peritos contratados por la defensa expusieron este jueves, en ocasiones de una manera demasiado teórica, sus argumentos acerca del fallecimiento de Laura A.G. la enfermera que murió presuntamente envenenada por su esposo Iván R.A., también enfermero.

Luis Frontela, Juan Bautista Alcañiz, Santiago Durán y Carlos Pérez fueron desmontando la versión ofrecida por los forenses en las sesiones anteriores del juicio por el caso talio aludiendo a “lagunas” en su autopsia.

El catedrático de Medicina Legal, Luis Frontela, apoyado por partes de los informes médicos y fotografías del cadáver de Laura A.G. proyectadas en una de las paredes de la sala, puso en duda muchas de las cuestiones que los forenses Javier Tapia y Eva Bajo habían afirmado.

Líneas de Mees

El autor de la segunda autopsia de las niñas asesinadas en Alcasser, arremetió contra uno de los argumentos más repetidos por los forenses que le practicaron la autopsia a Laura A.G. la existencia de líneas de Mees en sus manos.

Bajo aseguró que en su vida profesional nunca había visto esas señales, que, según explicó, constituyen otra de las pruebas que demuestran que la enfermera sufrió una intoxicación por talio, a lo que el Frontela contestó “Como profesor no puedo consentir esa barbaridad. Si una experta dice que es la primera vez que los ve, ¿Cómo puede ser una experta?”.

Según el facultativo, esas señas son habituales en los niños y también en personas que han estado muy enfermas.

Talio

Durante su exposición, Frontela se dirigió al jurado popular y le instó a que hiciera una búsqueda en Internet sobre los síntomas de intoxicación por talio.

Para argumentar que Laura A.G. no fue intoxicada por este metal pesado, el perito de la defensa puso en duda las pruebas realizadas al cuerpo, “el estudio del pelo no es suficiente para verificar una intoxicación por talio”, afirmó.

Para tirar abajo otra de las razones expuestas por los forenses para verificar la intoxicación de la víctima, la alopecia, Frontela expuso que el talio va a la sangre y, por tanto, Laura A.G. tendría que haber sufrido una alopecia completa, “también se le caerían los pelos de las cejas. Eso no es talio”, afirmó mostrando fotografías en las que se apreciaban algunas calvas en la cabeza de Laura A.G.

Frontela hizo uso de sus años de experiencia profesional para afirmar que “en muchos pelos que he analizado ha salido talio” y que esto puede ser debido a la utilización de alguna crema o cualquier otro producto químico.

Autopsia provisional

El catedrático de Medicina Legal sostuvo que todos los medicamentos aparecidos en los análisis fueron administrados por los médicos y añadió que “antes de decir que ha sido una muerte violenta, hay que saber de qué ha muerto”, afirmación que puso muy nerviosos a los forenses que durante la exposición del facultativo no cesaron de hablar entre ellos preparando su réplica.

El doctor contratado por la defensa hizo un repaso de la autopsia provisional de Laura A.G. (se realizaron tres informes) y destacó que en las conclusiones del documento consta que no se observó ningún resultado anómalo.

Bulto en el flanco izquierdo

Uno de los momentos más surrealistas de la sesión fue cuando Frontela explicó que el bulto en el flanco izquierdo que presentaba el cuerpo de Laura A.G. no correspondía a pinchazos.

El facultativo utilizó imágenes de un bloque de plastilina al que fue cortando la parte superior de manera transversal con ayuda de un cutter para demostrar que el hematoma que tenía la víctima en el costado era simplemente un vaso sanguíneo y que no existían tales pinchazos.

“El Pentotal no mata”

Por su parte, Juan Bautista Alcañiz comenzó su exposición como perito de la defensa acusando a Bajo y a Tapia de ocultar datos, “la mitad de la verdad es la mayor de las mentiras”, afirmó provocando una mayor incomodidad a los forenses.

El facultativo sostuvo que Laura A.G. en ningún momento falleció por intoxicación de medicamentos y añadió que todos los medicamentos habían sido pautados salvo el Pentotal. “El Pentotal no mata”, afirmó y mostró a los asistentes un frasco vacío del fármaco.

Alcañiz reconoció que los médicos a veces no apuntan todo lo que suministran a sus pacientes, aunque añadió que las dosis que revelaron los análisis realizados a Laura A.G. eran “mínimas” y, por tanto, ese medicamento no puede haber sido el responsable de su muerte.

Por otro lado, el doctor Santiago Durán, destacó que una de las “lagunas” que presenta la autopsia realizada al cuerpo de la enfermera es que no hay información acerca del timo (órgano linfático e inmunitario situado detrás del esternón) cuando un análisis más detallado de este podría haber esclarecido las causas de la muerte.

Durán expuso los fallos que, a su juicio, cometieron los profesionales que atendieron a Laura A.G. durante sus estancias en el hospital. La discontinuidad analítica, “nadie le hizo una analítica para identificar los aminoácidos y verificar si la insulina que tenía era exógena”, afirmó tras una pormenorizada descripción acerca de los tipos de insulina con estructura química existentes. Los peritos de la defensa coincidieron en afirmar que la insulina no fue “la causa directa o indirecta” de la muerte porque Laura A.G. murió 43 días después de sufrir una hipoglucemia, aunque consideran que sí fue administrada por vía exógena.

El facultativo lamentó lo que denominó como discontinuidad clínica que explicó analizando las actuaciones de los médicos durante los meses de mayo y junio. “No se tomaron medidas para proteger a la paciente aunque se sospechara de que la estuvieran agrediendo. No se hizo nada para demostrarlo” y criticó que, lejos de intentar protegerla, se le aislara tras un biombo.

El doctor Carlos Pérez fue el último de los peritos de la defensa en exponer sus argumentos durante la mañana.

Apuntó a un síncope vasovagal, ocurrido tras varias paradas cardíacas, como causa de la muerte de Laura, no a un fallo multiorgánico como se había sostenido anteriormente. “Es muy difícil saber por qué murió. Es un caso de discusión clínica. No nos pondríamos de acuerdo”, aseguró.

El facultativo arremetió contra la expresión utilizada por la forense Bajo para expresar que Laura A.G. había sufrido una intoxicación,“blanco y en botella, leche” y que este jueves ratificó diciendo que “las piezas encajan como un puzzle”. “Han encajado las pruebas a la fuerza”, afirmó.

Los dos médicos forenses que practicaron la autopsia a la enfermera Laura A.G., que supuestamente murió envenenada por su marido, también enfermero, han insistido este miércoles ante el Jurado de la Audiencia de Las Palmas en que el talio hallado en la víctima no es producto de una contaminación.

Durante las dos horas que ha durado el interrogatorio por parte del abogado defensor de Iván R.A. a los forenses Eva Bajo y Javier Tapia, éstos han incidido de nuevo en que el talio sólo dio positivo en el cuerpo de Laura A.G., y no en el de su hijo ni el del acusado, por lo que descartaron que su existencia se debiera a una contaminación.

Así mismo, Tapia ha indicado que el hallazgo del talio en el cuerpo de Laura A.G. fue a raíz de los análisis que se solicitaron desde el Hospital Insular, donde la paciente murió el 11 de julio de 2010 tras sufrir repetidos ingresos hospitalarios desde el 15 de mayo de ese año.

Ha señalado que se solicitó una analítica para buscar en el organismo de Laura A.G. metales pesados como el arsénico, ante los vómitos y dolores abdominales que sufría.

Los dos médicos además han explicado de nuevo que las líneas de Mees que se apreciaron en las uñas de las manos de la víctima evidenciaron, tras su análisis, la existencia de talio.

Bajo ha subrayado que en su vida profesional era la primera vez que veía estas líneas, que constituyen otra de las pruebas que demuestran que la enfermera sufrió una intoxicación por talio, que fue una de las “múltiples sustancias” que se le suministraron y que acabaron con su vida, según los forenses.

Pese a que estas líneas pueden obedecer no sólo a la intoxicación por arsénico, talio o floruro, así como a la acción de la quimioterapia, procesos patológicos, insuficiencia renal o cardiaca y anemia, Bajo ha señalado que en las “miles de autopsias” que ha practicado ha visto muchas insuficiencias renales, pero nunca había apreciado esos signos.

La forense ha precisado que en esos casos se presentan estas líneas de Mees de manera excepcional, mientras que por metales pesados son frecuentes.

Los médicos también han reiterado que la punción que presentaba la víctima en el costado izquierdo, y que no se la hizo el personal del hospital que la atendió, es indudable que se produjo con una aguja, a tenor del resultado de las pruebas del tejido analizado.

Así mismo, han insistido en la “perversión” con la que se le suministró medicamentos a Laura A.G., pues en las analíticas que se le efectuaron el 5 de julio de 2010 se apreció en los jugos gástricos la existencia de morfina y tiopental, un barbitúrico “muy letal” que si se combina con otros sedantes puede producir la muerte.

La sesión continuará este jueves con la declaración de los peritos propuestos por la defensa, según ha indicado el magistrado que preside el tribunal, Carlos Vielba, quien ha advertido que será más estricto ante los continuos reproches que se han cruzado el abogado José Álvarez y los forenses, y con el modo de formular las preguntas del letrado, de quien lamentó que en las dos horas que duró la sesión sólo formulara cinco preguntas sobre el informe de autopsia.

El acusado Iván R.A se enfrenta a una pena de 25 años de prisión por un supuesto delito de asesinato, ya que tanto la fiscal de Violencia de Género Beatriz Sánchez, como la acusación particular ejercida por la familia de la fallecida y la popular del Instituto Canario de Igualdad, sostienen que fue él quien envenenó a su mujer.

La defensa pide su libre absolución, pues defiende que Laura A.G. murió a causa de una enfermedad rara, glucogénesis, que no se le pudo determinar.

El cansancio y la tensión comienzan a hacer mella en el maratoniano juicio del caso talio en el que se acusa al enfermero Iván R.A. de asesinato con circunstancia agravante mixta de parentesco por el fallecimiento de su mujer, Laura A.G.

Este martes había gran expectación en la Sección VI de la Audiencia Provincial de Las Palmas por escuchar los testimonios de los peritos. “Laura falleció de muerte violenta, es decir, se le administraron múltiples sustancias que le causaron la muerte”, afirmó Eva María Bajo, subdirectora del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas de Gran Canaria.

La forense comenzó su exposición, apoyada por fotografías, sobre la autopsia realizada a Laura A.G. dos días después de su muerte (el 13 de julio) asegurando que se trata de un caso “extraordinariamente complejo”, y pidió al jurado popular que no perdieran “la visión de conjunto”.

Durante el examen realizado al cuerpo de la fallecida se encontraron signos que hicieron pensar a los forenses que Laura A.G. sufrió una intoxicación “prolongada durante meses”. Las mejillas sonrosadas con “aspecto de vida”, la alopecia que presentaba y las “líneas de mees” que tenía en los dedos (síntomas característicos de la intoxicación por arsénico o por otros metales pesados como el talio), apuntan, según la forense, a que Laura A.G. “estuvo expuesta a talio”. Aunque nunca tuvo patologías que justificaran la muerte por parada cardiorrespiratoria, las pruebas forenses demostraron que su corazón presentaba microinfartos y una “infiltración grasa en el tejido”.

Cuando los médicos sospecharon que Laura A.G. podría haber sido intoxicada solicitaron el análisis de metales pesados donde se hallaron niveles “altos” en su cuerpo aunque, explicó Bajo, “evidentemente” no murió por ello. “No podemos decir que haya muerto de algo concreto, pero sí que se vio expuesta a varios tóxicos que deterioraron su organismo”, concluyó. Exposición que tanto Iván R.A. como su abogado escucharon negando con la cabeza y con gestos de fatiga.

“Como si pequeñas piedras fueran lanzadas a un cristal poco a poco y lo acabaran rompiendo”, afirmó el abogado de los padres de Laura, Acenk Galván, a modo de metáfora para resumir lo expuesto por los forenses. Durante el interrogatorio de la acusación particular los peritos afirmaron que “el suministrador” de las sustancias tóxicas “debía tener conocimientos de medicina y acceso a la víctima y a las sustancias”.

A su vez, los peritos hicieron hincapié en que la persona que le administró sustancias no pautadas por los médicos, conocía “la vida” que tenían dichos medicamentos, porque tanto el tiopental como la morfina (sustancias que se encontraron en varios análisis realizados a Laura A.G.) tienen vidas muy “cortas”, es decir, desaparecen del cuerpo en cuestión de horas. “La persona que la intoxicó estaba siguiendo vías raras para despistar”, aseguraron.

En relación a estas afirmaciones, la médico intensivista, Carmen Pérez, que acudió a esta sesión en calidad de perito y auxiliar de autopsia, negó, basándose en el informe de uno de los doctores, que a Laura A.G. se le administrara morfina durante el trayecto en ambulancia de su casa al hospital el 3 de junio. El abogado defensor señaló que tiene constancia de que otro doctor sí había indicado la administración de dicha sustancia, lo que Pérez atribuyó a un “error en la transmisión de la información”.

Tras denegarle al abogado de la defensa, José Álvarez, en más de diez ocasiones que se le mostraran a la doctora Carmen Pérez diversos informes, la paciencia del magistrado Carlos Vielba llegó a su límite durante una de las intervenciones que realizó el doctor Javier Tapia, cuando comentó que las intoxicaciones por talio “no son tan raras” y que este metal pesado “se podría haber cogido del hospital” exposición que el abogado defensor contestó gesticulando con actitud burlesca. Ambos recibieron el apercibimiento del juez.

En relación al bulto que tenía Laura A.G. en su flanco izquierdo, los forenses confirmaron que hubo “daño provocado por una punción” ya que apreciaron durante la autopsia la trayectoria de una aguja en el interior del cuerpo que llegó a dañar el músculo.

Otra de las cuestiones recurrentes en este juicio son los índices de insulina en el cuerpo de la fallecida, que aumentaban y disminuían sin motivo aparente. Los forenses aseguraron que los elevados “picos” que presentaba Laura A.G. hacen pensar que fue suministrada de manera exógena.

La médico intensivista que trató a Laura A.G desde la fecha de su último ingreso (el 5 de julio) hasta su muerte (el día 12 del mismo mes) en la UMI del hospital Insular de Gran Canaria aseguró, durante una nueva sesión del juicio sobre el caso talio, que en vista de los síntomas cambiantes que presentaba la paciente, que “hacían pensar que podría haber una intoxicación por metales pesados”, decidió solicitar un análisis de metales pesados.

Un tipo de análisis que se pide “raramente” y por ello, la doctora tuvo que consultar qué muestras debía tomar para enviarlas a un laboratorio de Madrid. Relató que tuvo conocimiento de los resultados el día 12, un día después de la muerte de Laura A.G., y que la especialista con la que habló se mostró sorprendida por la presencia de talio en los análisis de la paciente. “Lo llamativo es que salió talio”, aseguró.

La médico afirmó que la paciente presentaba disociación electromecánica, es decir, que el corazón de Laura A.G. latía, pero no era capaz de bombear sangre. Descartadas las patologías que la producen, este hecho les hizo pensar “en la acción de tóxicos, bien por medicamentos o por veneno”.

Otra testigo, médico de urgencias del mismo centro hospitalario, aclaró que al ser dada de alta a finales de junio, Laura A.G. tenía un “posible diagnóstico” de una enfermedad hereditaria. Los padres de la paciente, al ser preguntados por esto, negaron que existiera alguna enfermedad hereditaria en la familia.

La intensivista que trató a Laura A.G. aseguró que los padres estaban “desesperados” y querían que fuera trasladada a un centro sanitario de la península. Algo que no sucedió porque la paciente “no estaba en condiciones de ser trasladada”.

Durante los interrogatorios, el letrado de la defensa nombró a varios profesionales que atendieron a la paciente pero que no han sido citados a declarar dejando entrever su malestar, como hizo en la segunda sesión, por algunas cuestiones del procedimiento.

Parte judicial

En vista de que Laura A.G. no evolucionaba de la manera esperada por los médicos y que se encontró medicación no pautada en el resultado de sus análisis, el hospital solicitó un parte judicial.

“Nosotros no sabemos de lo que ha muerto Laura”, afirmó la facultativa, que insistió en diversas ocasiones en la sintomatología cambiante e “inexplicable” que presentaba la paciente.

Un bulto en el flanco izquierdo

Como ya ocurrió en sesiones anteriores del juicio, varios testigos confirmaron que Laura A.G. tenía “un bulto en el flanco izquierdo”. Lo que no queda claro es si fue provocado por pinchazos. “No nos cuadraba. Parecía líquido, no podía ser celulitis”, afirmó la intensivista.

Lo que confirmaron los testigos es que existían rumores acerca de si Iván R.A podría estar suministrándole medicación a su esposa. “Se oían comentarios. Había cosas extrañas”, relató una enfermera compañera del acusado. Afirmó que Iván R.A, estando Laura A.G. dada de alta, le dijo que si podía darle un glucómetro del hospital, pero que se negó a dárselo “por si pasaba algo”.

La madre de la mujer supuestamente envenenada por su esposo enfermero en Gran Canaria lo ha tachado este viernes de “psicópata” y de ser “muy frío” y “carente de emociones”, y ha dicho que “tenía las cosas muy bien atadas” para acabar con su hija, al declarar en el juicio que se sigue contra él.

En una jornada con la que se cerraba la primera semana de la vista oral contra el presunto asesino Iván R.A., Rosa María G., la progenitora de su supuesta víctima, ha destacado que “nunca le gustó” el enjuiciado, al que ha llegado a aludir señalando que trató de “controlar mejor a su presa” aprovechando su condición de trabajador del hospital, donde la ingresaron y acabó por fallecer.

En esa línea, ha sostenido que el que fuera su yerno obstaculizó que los padres de la víctima, Laura A.G., residentes en su ciudad de origen, Granada, tuvieran conocimiento detallado de lo que le ocurría desde que fuera hospitalizada inicialmente, en mayo de 2010, al comienzo de una serie de episodios de problemas de salud que concluyeron con su muerte semanas después, el 11 de julio.

Ya que, conforme a su relato, Rosa María no tuvo conocimiento del primer ingreso de su hija en el Hospital Insular de Gran Canaria, debido a un cuadro clínico que la condujo a una parada cardiorrespiratoria de origen extraño, en opinión de diversos profesionales sanitarios que ya han declarado en la causa, hasta que ella llamó a Iván, debido a que Laura no le cogía el teléfono.

Entonces éste le comunicó que su hija se encontraba en la Unidad de Medicina Intensiva (UCI) del Insular, si bien, al preguntarle ella qué tenía Laura, le contestó “que no le pasaba nada”, ha declarado.

Rosa María decidió, no obstante, volar hasta la isla para acompañar a su hija, a quien, cuando la vio en el hospital por primera vez, la encontró “asustada” y le relató que le habían dicho que tenía “un cuadro típico de sobredosis”, pese a que ella no tomaba ninguna medicación porque antes de esos episodios no había padecido enfermedad de consideración alguna.

Destacando que sólo se decidió a contarle eso cuando su esposo las dejó a solas, porque, a su entender, “estaba esperando a que se fuese el acusado” para hablarle de ello.

Además, ha dicho que su entonces yerno “se interponía” entre ella, el padre de Laura y los médicos que la trataban cada vez que intentaban hablar con ellos a solas sobre lo que le ocurría, respecto a lo cual ha asegurado que uno de los facultativos le explicó que sus primeros problemas, derivados a una hipoglucemia o falta de azúcar en sangre severa, eran provocados por alguien.

“Me dijo: a su hija le ponen insulina por la noche”, ha relatado, añadiendo que tiempo después fue la propia Laura quien le contó que “parecía ser que sospechaban de Iván”, a quien “parece ser que le tenía miedo” la fallecida.

Su madre ha aludido también, para argumentar su tesis de que Laura fue asesinada por su marido, a hechos como que solía valerse de su condición de empleado del Insular para acceder al cuarto de medicamentos de la UMI, del que ha afirmado que cogía “todos los días” fármacos supuestamente destinados a causar daño a su hija, varios de los cuales le habría escondido en su bolso sin decírselo.

Y a que, cuando Laura fue dada de alta tras su primer ingreso en el hospital y volvió a su casa, “llegó como una rosa”, recuperada después de que en el centro sanitario le restringieran las visitas a su esposo, cuya proximidad determinó luego, según ella, que volviera a enfermar hasta acabar muriendo.

El testimonio de la madre de la fallecida, que el acusado ha seguido entre negaciones con la cabeza y gestos de pena, llevándose con frecuencia las manos a los ojos como para atajar lágrimas, se ha producido en un día en el que también han declarado, como ocurriera un día antes, varios enfermeros y médicos que atendieron a Laura.

Entre ellos estuvieron dos que, a diferencia de los comparecientes ayer, dijeron no haber visto nunca entrar al cuarto de medicamentos de la UMI a Iván: los enfermeros y compañeros de trabajo del acusado María Desiré y Aridani Méndez.

La primera ha declarado, además, a preguntas del abogado defensor del procesado, que éste hablaba “muy bien” de su esposa y ella también de él, mientras que el segundo, que estuvo junto a Laura cuando falleció porque estaba de guardia en la UMI, ha asegurado que “la reacción de Iván fue la de cualquier persona que pierde un familiar, un ser querido”.

El juicio contra él, que se sigue en la Audiencia Provincial de Las Palmas, se retomará la semana próxima, ya que está programado que dure hasta el 18 de febrero.

Los testigos que desfilaron durante la mañana de este jueves por la Sección VI de la Audiencia Provincial de Las Palmas desmontaron varios de los argumentos de Iván R.A., el enfermero acusado de asesinar a su esposa, Laura A.G., también enfermera.

Una médico residente del Hospital Insular de Gran Canaria afirmó haber visto al acusado entrar y salir del cuarto de medicamentos y “no era para llorar”, tal y como había explicado el enfermero en sesiones anteriores.

Otro de los testigos, un enfermero, relató, contradiciendo lo dicho por el acusado el día anterior, que los medicamentos no llevan un estricto control, “no hay que pedir permiso para coger opiáceos”. Según el relato del testigo, estos se encuentran en una caja metálica cerrada bajo llave, pero “la llave estaba puesta normalmente, por lo que solo había que abrir la caja”.

Eso no fue todo, varios testigos también echaron por tierra que Laura A.G. tuviera prohibido el Perfalgan (paracetamol), tesis sostenida por Iván R.A. y su abogado defensor.

Un médico de la Unidad de Medicina Intensiva (UMI) afirmó que “se pautan todos los medicamentos cuando hay una parada”, es decir, que todo lo que se le suministra a una persona cuando es atendida durante una crisis consta en el historial médico del paciente.

Aunque no queda claro si se desconfió del acusado en algún momento, lo que sí confirmaron los testigos es que a Iván R.A. se le pidió que respetara los horarios de visita de la UMI (de 13:00 a 14: horas y de 18:00 a 19:00 horas). Pese a las advertencias, al parecer, el acusado fue visto por varios facultativos fuera de los horarios establecidos. Según relató uno de los médicos, cuando se le restringieron las visitas a Iván R.A., “la paciente mostró una mejoría”. Otra de las medidas que se tomaron fue sacar las pertenencias de la paciente del box.

Según varios testigos, durante la estancia de Laura A.G. en el box de la UMI, en ocasiones “tenían puesto un biombo para preservar su intimidad”, algo que impedía que otras personas viesen lo que sucedía en el interior.

“Las condiciones cambiantes” durante las hospitalizaciones de la víctima llamaron la atención de varios facultativos. En especial, los altos niveles de insulina que presentaba Laura A.G. provocaron las sospechas de que la insulina se le estaba suministrando por vía exógena. Según uno de los testigos, Iván A.R. se mostró “sorprendido” cuando fue informado de esta sospecha.

Uno de los médicos que atendió a Laura A.G. explicó que tres de los “episodios críticos” de la paciente sucedieron alrededor de las siete de la mañana, “una hora en la que no suele pasar nada”. Los facultativos que trataron a la paciente coincidieron en que el estado de salud de Laura A.G. sufrió varios cambios drásticos, algunos en apenas unas horas, según una médico, “pasaba de estar bien a estar mal y pararse” sin motivo aparente.

Punciones en el flanco izquierdo

Varios de los testigos aseguraron haber visto tres punciones en el flanco izquierdo de la paciente. Algo inusual, ya que, según señalaron los facultativos, “no es habitual que se pinchen medicamentos ahí”.

Ninguno de los médicos que testificaron durante la jornada de este jueves pudo explicar a que se debían esas punciones.

La tensión estuvo presente en la tercera sesión del juicio contra el enfermero Iván R.A., por el supuesto asesinato de su esposa Laura A.G. Sobre todo durante el interrogatorio del abogado defensor, José Álvarez, que fue apercibido en varias ocasiones por el magistrado Carlos Vielba.

El letrado defensor insistió durante su interrogatorio en la medicación que le suministraron los facultativos a Laura A.G. durante los días que estuvo ingresada. Iván R.A. afirmó que “no confía” en los médicos que trataron a Laura, ya que aseguró que le administraron perfangal (paracetamol) en el Hospital Insular de Gran Canaria a principios del mes de julio durante su segundo ingreso. “Laura tampoco confiaba en los médicos por las insinuaciones de que se estuviera administrando algo (ella misma o algún familiar)”.

Según el enfermero, “hay veces en las que los médicos usan más o menos cantidad de medicación de la que luego escriben en el historial”. Y añadió que cuando un paciente sufre una crisis muchas veces no se llega a anotar nunca toda la medicación suministrada.

En el primer ingreso de Laura A.G., en el mes de mayo de 2010, según la declaración del presunto asesino, se le administraron dopamina y perfangal de un gramo cada seis horas. Sin embargo, en el segundo ingreso, durante los primeros días de julio, a la víctima le fue administrado perfangal de un gramo, aunque previamente se le había contraindicado, junto a otros medicamentos como emotilato, midazolam, cloruro mórfico o transilium. Algunas de esas sustancias aparecieron en los análisis realizados al cuerpo de la fallecida.

Al parecer, intentaron que Laura A.G. fuera trasladada al Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria, pero, según el relato del acusado, los médicos del Hospital Insular no les proporcionaron su historia clínica.

Algo llamativo de la declaración del acusado es que recuerda casi a la perfección fechas y horarios de todo lo acontecido, al contrario que su abogado, que durante el interrogatorio confundió meses y días en varias ocasiones.

Sospechas

A finales del mes de junio de 2010, según el acusado, “una compañera del hospital se dedicó a difundir el rumor de que alguien le estaba suministrando medicación a Laura”. Según Iván R.A., los psiquiatras que la trataron le confirmaron que las sospechas circulaban por el hospital.

El acusado afirmó que llegó a solicitar el traslado de su esposa a la Península para que continuara allí su tratamiento. Tras el alta, “la semana que estuvo en casa compré varios billetes de avión que luego tuve que cambiar porque Laura me decía que estaba demasiado cansada para volar”, aseguró Iván R.A.

En relación al argumento esgrimido por las acusaciones señalando que Iván R.A. acudía al hospital a coger medicación, el acusado aseguró que en el servicio de farmacia “no entra nadie” y explicó que los medicamentos que se encuentran en la Unidad de Medicina Intensiva (UMI) llevan un estricto control. Hasta tal punto que se exige la devolución del bote que contiene el medicamento tras su utilización.

Al referirse al hijo de ambos, Iván R.A. rompió a llorar cuando afirmó no haberlo visto en los tres años y medio que lleva preso en el Centro Penitenciario Salto del Negro. “Solo puedo hablar con él cada 15 días”, sollozó.

Problemas de dinero

Durante el interrogatorio, la representante de la acusación popular (Instituto Canario de la Mujer del Gobierno regional) preguntó en diversas ocasiones al acusado por la situación económica del matrimonio.

Iván R.A. reconoció que tenían varias deudas y que les habían sido concedidos tres créditos bancarios para reformar la casa y otros gastos. También aseguró que posteriormente había solicitado varios préstamos que le fueron denegados. En los meses previos a la muerte de Laura, Iván R.A. declaró que le había pedido dinero a compañeros y familiares, dinero que, en algunos casos, no fue devuelto porque “no tenía la cabeza en esas cosas”.