El Puerto de Arrecife (Lanzarote) ha recibido un total de 394.086 pasajeros durante los primeros cuatro meses de 2026, lo que supone un 18,57% más que el mismo dato del años anterior, cuando fueron 332.363 cruceristas.

Según ha resaltado en un comunicado el alcalde, Yonathan de León (PP), “este gran empuje que está experimentando la ciudad como destino para el turismo de cruceros refleja que las acciones emprendidas durante este mandato están dando sus frutos”.

En concreto, se refirió al hecho de haber logrado que Lanzarote fuera base para las compañías navieras que programan sus cruceros por aguas de Canarias como uno de los motivos de este incremento de pasajeros.

Por su parte, añadió que las previsiones de la Autoridad Portuaria de Las Palmas reflejan que Arrecife logrará superar los 700.000 cruceristas a finales de 2026.

Además, el Ayuntamiento ha incidido en que el turismo de cruceros “apuntala” la economía local del municipio, “donde muchos comercios y negocios de hostelería aumentan sus ingresos coincidiendo con la temporada de cruceros”.

Mientras tanto, otros destinos turísticos portuarios como Barcelona, Ámsterdam, Venecia, Palma de Mallorca o Vigo ponen límites y condiciones a este tipo de turismo para proteger a sus ciudades y habitantes de la masificación y contaminación provocada por los motores de los grandes buques.

''Grave, objetiva, continuada y estructural''. Así describe un contundente informe técnico-administrativo al que ha tenido acceso Canarias Ahora la perturbación del servicio del agua en Lanzarote y La Graciosa. Este documento de 25 páginas firmado por el director gerente del Consorcio del Agua de Lanzarote, Fernando Fernández, advierte de que el suministro de este recurso básico está en peligro por los incumplimientos de la empresa concesionaria, Canal Gestión, e insta a la administración pública a 'secuestrar' el servicio de manera temporal. ''La actuación administrativa no solo es posible, sino obligada'', indica.

El documento expresa una “máxima preocupación” por el estado de la prestación del servicio en una isla y advierte deficiencias en todas las fases del ciclo integral del agua: desalación, distribución, saneamiento, depuración y reutilización. Atendiendo a este informe, el Consorcio del Agua ha acordado por unanimidad este lunes intervenir el servicio de manera temporal, así como continuar con los trámites para romper el contrato con la filial de Canal Isabel II en la isla.

El informe técnico detalla todas las carencias e incidencias registradas en los últimos meses en la gestión del agua en la isla, que lleva ya más de un año en situación de emergencia hídrica. El documento comienza detallando la ''precariedad en la producción'' registrada en las dos estaciones desaladoras que tiene Lanzarote, una isla que depende totalmente de infraestructuras industriales para generar agua ante la falta de recursos hídricos naturales.

Una de estas desaladoras, la EDAM Janubio, está al 66% de su capacidad por una avería. La otra, la EDAM Díaz Rijo, presenta ''una alta tasa de incidencias de paradas''. Teniendo en cuenta todas estas faltas registradas, el año pasado se habría interrumpido la producción de agua durante al menos 1.200 horas. Mientras tanto, el consumo de agua en la isla no ha dejado de aumentar, con un incremento del 40% en la última década.

A los problemas en la generación de agua se suman las deficiencias de la red de distribución. El informe del Consorcio del Agua advierte de una cifra de pérdidas ''desorbitada'', superior al 55% del total. “La concesionaria, tras 13 años de servicio, no ha sabido reducir las mismas en un mínimo porcentaje”, apuntan. 

En el día a día de los residentes de la isla, este porcentaje se traduce en ''cortes periódicos recurrentes, uno o varios días a la semana'' y en episodios de desabastecimiento reiterados, ''sin aviso, sin conocimiento sobre su duración y sin medidas correctivas''. El servicio del agua es, en resumen, ''completamente imprevisible''.

Incidencias en la depuración

Sobre el sistema de saneamiento de Lanzarote, el informe subraya que tiene una ''situación estructural ajustada'' y no tiene margen para hacer frente a los incrementos de caudal puntuales que se producen en episodios de lluvias. Además, ''el mal estado de conservación y mantenimiento de las instalaciones'' provoca desbordamientos y vertidos, en especial en las zonas de Playa Blanca, Puerto del Carmen, Costa Teguise y Arrecife.

El informe del Consorcio del Agua también recoge que las principales Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) están “al límite de su capacidad” y que el tratamiento de depuración es ''habitualmente insuficiente'' para alcanzar los parámetros de calidad exigidos por la normativa.

En esta línea, el documento subraya que la EDAR de Playa Blanca recibe constantes denuncias de vecinos por ''olores en la instalación''. Todas estas deficiencias han hecho que el volumen de agua tratada para su reutilización se reduzca a menos de la mitad.

Intervención ''obligada''

El documento concluye que los ''incumplimientos'' por parte de Canal Gestión están provocando ''lesiones a los intereses de los usuarios'' y poniendo en peligro la prestación del servicio. El director gerente del Consorcio del Agua en Lanzarote recuerda que el hecho de que una empresa externa gestione el servicio ''no altera la responsabilidad'' de la administración pública sobre la prestación del mismo.

''La insuficiencia de las medidas ordinarias y la necesidad de garantizar la continuidad del servicio configuran un escenario en el que la actuación administrativa no solo es posible, sino obligada'', asevera el informe. En esta línea, propone a la administración la intervención temporal de la concesión del servicio del ciclo integral del agua ''con el fin de restablecer la estabilidad operativa del sistema, garantizar la continuidad del suministro y corregir las disfunciones detectadas''.

Amparándose en este informe, el Consorcio del Agua ha aprobado este lunes por unanimidad 'secuestrar' de manera temporal el servicio, así como avanzar en los trámites para romper el contrato con Canal Gestión. El 7 de abril, el Cabildo insular informó de que había decidido resolver el contrato 17 años antes de su fecha de vencimiento porque las condiciones y los objetivos no se han cumplido.

El Cabildo informó de que ya había vencido el plazo otorgado a Canal Gestión para que avanzara en la primera opción, que era ceder el contrato del servicio a otra empresa con las mismas condiciones hasta la fecha de finalización del contrato, en 2043.

La postura de Canal Gestión

En un comunicado, Canal gestión ha manifestado su ''más absoluta estupefacción'' por la ''inaceptable actitud'' del Consorcio del Agua de Lanzarote. La empresa concesionaria dice que aún no ha recibido respuesta respecto al proceso para ceder la concesión a un tercero cualificado. ''Canal Gestión Lanzarote ha trabajado de manera honesta y responsable para explorar esta vía amistosa, convencida de que era la fórmula adecuada para salvaguardar el interés general'', señala el comunicado.

En esta línea, la empresa advierte de que activará todas las vías legales oportunas para defender sus intereses. Además, insiste en que Canal Gestión ha mantenido la prestación del servicio ''a pesar de la obsolescencia de las infraestructuras heredadas'' y señala que el Consorcio ''ha desatendido sus deberes más básicos como órgano de contratación''. ''No se debe olvidar que las infraestructuras hidráulicas son titularidad del Consorcio, que se comprometió contractualmente a ejecutar unas inversiones que no se han llevado a cabo'', insisten.

La empresa responsable del ciclo integral del agua en Lanzarote y La Graciosa, Canal Gestión, ha iniciado los trámites legales para solicitar la resolución del contrato de concesión ''por causas imputables al Consorcio del Agua'', integrado por el Cabildo insular y los siete ayuntamientos. La compañía ha hecho este anuncio un mes después de que el Consorcio anunciada que había iniciado los trámites para romper el contrato 17 años antes de que venza.

''Tras más de doce años prestando el servicio en un escenario de hostilidad jurídica y técnica, Canal Gestión ha decidido adoptar esta decisión basándose en un análisis técnico-jurídico que identifica incumplimientos críticos y sistemáticos por parte de la Administración insular del agua'', defiende Canal Gestión en un comunicado.

La filial de Canal Isabel II dice que el Consorcio se comprometió a ejecutar y financiar inversiones valoradas en 78,7 millones de euros que no ha llevado a cabo. ''Este incumplimiento es todavía más notorio si se tiene en cuenta que Canal Lanzarote adelantó un canon de 50 millones de euros que el Consorcio destinó a fines ajenos al servicio, en lugar de aplicarlo a la renovación y ampliación de sus infraestructuras hidráulicas, como habría sido lógico habida cuenta de su deficiente estado de conservación inicial'', añaden.

''El inexplicable abandono de la inversión comprometida por parte del Cabildo de Lanzarote en su propia red ha supuesto una degradación de las infraestructuras del agua en perjuicio tanto de los habitantes de la isla, como de la operación de Canal Gestión Lanzarote'', justifica la empresa.

''A este desequilibrio inversor se suma el bloqueo deliberado a la actualización tarifaria. Desde 2017, el Consorcio ha eludido sistemáticamente la revisión de tarifas prevista en el contrato. Y ha sido así pese a estar reconocida y amparada por sentencia judicial firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Esta situación supone una vulneración flagrante de los derechos del concesionario, y le ha generado a la compañía un déficit superior a los 40 millones de euros, que es una cantidad que el Cabildo en todo caso va a tener que abonar a Canal, a la vista de los pronunciamientos judiciales'', insiste el comunicado.

Canal Gestión critica que el Consorcio del Agua ha impuesto modificaciones contractuales, incluidas órdenes de obras de carácter unilateral, ''que han alterado de forma arbitraria las condiciones esenciales de la adjudicación realizada a Canal Gestión Lanzarote en 2013''. ''Estas novaciones han superado el umbral permitido por la Ley de Contratos del Sector Público y se han efectuado obviando los procedimientos legalmente establecidos'', mantienen.

Respecto a la decisión del Consorcio de intervenir el servicio, la compañía subraya que supone ''un agravio enorme e injustificado''. Por todo ello, Canal Gestión Lanzarote ha solicitado la resolución del contrato de concesión del servicio, así como la compensación de todos los perjuicios económicos que estas actuaciones generen a la empresa. ''Esta situación se entiende sin perjuicio de cualesquiera otras actuaciones que resulten necesarias para preservar los recursos económicos y el buen nombre de la compañía'', concluyen.

La intervención del servicio

El Consorcio del Agua de Lanzarote, integrado por el Cabildo y los siete ayuntamientos, ya ha iniciado los trámites para intervenir de forma temporal el servicio del agua. El objetivo, según la providencia firmada por el presidente insular, Oswaldo Betancort (CC), y a la que ha tenido acceso Canarias Ahora, es hacer frente a los ''incumplimientos'' del contrato por parte de la concesionaria, que ocasionan una ''perturbación grave del servicio'' y ''causan lesiones'' a los intereses de los usuarios. 

La providencia recoge las conclusiones de un informe técnico-administrativo presentado por el director gerente del Consorcio del Agua de Lanzarote acerca de la perturbación grave del servicio y la propuesta de una intervención del servicio público en Lanzarote y La Graciosa. El documento advierte de que la falta de conservación de las instalaciones pone en peligro la prestación del servicio y subraya que ''la insuficiencia de las medidas ordinarias y la necesidad de garantizar la continuidad del servicio'' dibujan un escenario en el que la actuación de la administración ''no solo es posible, sino obligada''.

''Fue como morir y volver a nacer''. Juan Morales tiene 64 años y pasó dos ingresado en el Hospital Insular de Lanzarote. El alcoholismo le dejó problemas graves en el hígado. No caminaba y apenas podía hablar, pero con ayuda de los profesionales de este hospital pudo “empezar de cero”. Allí también aprendió música y poesía con los animadores sociales. ''Yo, que antes era panadero y pastelero, hasta le escribí un poema a la Vírgen del Carmen (la patrona de los marineros y pescadores). Estar allí me abrió los ojos a una nueva vida'', recuerda con cariño. Ahora, el servicio que se presta en este hospital de 75 años de historia se trasladará a un módulo del hospital general de la isla por daños en su estructura.

En sus primeros años de historia, el Insular estaba gestionado por una comunidad religiosa y funcionaba como un centro de beneficencia y asilo para personas vulnerables. En la década de los 80 comenzó su transformación hacia un espacio especializado en atención geriátrica, y ahora este hospital es referente en el ámbito nacional en la atención a personas mayores y es el único de Canarias acreditado por el Ministerio de Sanidad como unidad docente de Geriatría.

Amparándose en dos informes que advierten del deterioro de las instalaciones, el Gobierno de Canarias y la Gerencia de Servicios Sanitarios de la isla han decidido trasladar a los pacientes a un anexo habilitado en el hospital general Doctor José Molina Orosa. La derivación se ha planteado como algo temporal. Sin embargo, los presupuestos generales de la comunidad autónoma para este año no contemplan ninguna partida específica para reformar el histórico edificio del Insular.

En 2019, este complejo hospitalario pasó de ser gestionado por el Cabildo de Lanzarote a integrarse en la red pública del Servicio Canario de Salud. Desde entonces, la plantilla ha ascendido hasta los 323 trabajadores. Dos de ellos, que prefieren no desvelar su nombre, temen que el servicio que se presta allí no se mantenga con el traslado al nuevo módulo. ''El hospital se puede reformar, pero no cerrarlo a golpe de carpetazo sin contar con el pueblo ni con los trabajadores'', dice una de las sanitarias. 

El gerente de los servicios sanitarios de Lanzarote, Pablo Eguía, anunció el 6 de febrero que el nuevo anexo está terminado al 95%, pero aún no hay fecha exacta del traslado de los pacientes, lo que mantiene a los profesionales en un ambiente de ''incertidumbre''. ''Nos preocupan, sobre todo, aquellos trabajadores que no sabemos si tendrán cabida en el otro módulo, como los de cocina y limpieza'', apunta Ariel Bonilla, celador y presidente del comité de empresa. 

Romper el vínculo con el hospital

Por otra parte, los que sí mantendrán su puesto en el Molina Orosa sienten que romperán su vínculo con el hospital. Así lo explica Chari Morillo, técnica de radiodiagnóstico del Insular especializada en el trabajo con mayores. ''Es un trabajo que requiere delicadeza extrema, no puedes ir con prisas'', matiza. Con la derivación, afirma que pasará a formar parte de los turnos de todo el complejo hospitalario en lugar de permanecer en el servicio de geriatría.

''Siempre se ha infravalorado esta especialidad. Este hospital ha tenido entidad propia y no queremos desaparecer, ni perder nuestra identidad por una atención rápida. No es un hospital para morir, es para vivir. Y quien muere aquí, lo hace dignamente'', subraya Morillo, quien también señala la falta de aparcamientos suficientes en el hospital general. 

El nuevo edificio ha contado con una inversión de 15 millones de euros, está compuesto por tres plantas y se destinará en su mayoría al servicio de geriatría, a la actividad ambulatoria, consultas médicas y de enfermería, psicología, logopedia, sala de terapia ocupacional, un gimnasio y el Hospital de Día. En el recinto actual, solo quedará la residencia geriátrica anexa. 

En esta residencia permanece desde hace seis meses la madre de Tere De León, donde han creado ''una segunda familia''. Para ella, el Insular ''se puede rehabilitar'', pero ''lo van a dejar caer para especular con el terreno''. De León subraya que la localización actual del hospital es ''impagable'', al estar cerca de la costa y del emblemático Chargo de San Ginés, e insiste en que en los alrededores del Molina Orosa, una de las principales zonas industriales de la isla, no hay espacios para pasear a los mayores. 

El nuevo anexo, valora, es un ''búnker'' donde los pacientes pasarán ''hacinados'' el que puede ser ''el último tramo de su vida''. ''La gestión política ha sido nefasta'', sostiene. ''Aquí hay un patio donde puedes ver el sol, yo puedo llevar a pasear a mi madre al Charco de San Ginés. Es un lugar agradable'', asegura. Mientras tanto, el Cabildo de Lanzarote inició a finales de 2025 la construcción de una nueva residencia de mayores en el pueblo de Tahíche, que contará con 75 plazas residenciales y 50 de estancia diurna. 

Juan Morales también pone en valor las instalaciones del Insular. ''Es como si fuera un barrio. Sales al patio, hablas con unos, con otros… Allí el paciente respira, estás cerca del mar. Si lo quitan, no lo volveremos a ver. El nuevo será más moderno, pero para estos pacientes será como un pozo'', subraya. Los profesionales han impulsado una recogida de firmas a través de la plataforma change.org que cuenta ya con más de 11.000 apoyos. 

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, ha subrayado que la actuación responde a la prioridad de ''garantizar la seguridad y la calidad asistencial'' tanto de los pacientes como de los profesionales sanitarios. Monzón ha destacado que desde hace siete años el hospital presenta un deterioro relevante y añade que en 2023 se produjeron un incendio y un fallo eléctrico grave que ''evidenciaron aún más la necesidad de actuar''. La consejera también ha reconocido que el traslado se enmarca en el Objetivo 7 del Plan Estratégico 2025-2028, centrado en incrementar la superficie asistencial de la isla. 

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, y el senador Pedro Sanginés, ambos de Coalición Canaria, ofrecieron el 5 de febrero una rueda de prensa asegurando que el cierre del edificio principal del Insular no afectará a la calidad de la atención geriátrica, sino que ''mejorará''. Los dirigentes de CC han resumido la polémica por el cierre a una ''alarma social'' creada por el PSOE y por Nueva Canarias. Un día antes, altos cargos del PSOE se concentraron delante del edificio en contra del ''desmantelamiento encubierto'' del servicio. Por su parte, Yoné Caraballo, diputado de Nueva Canarias, ha pedido blindar el Insular y ha rechazado que se cierre para convertirlo en ''una planta más'' del Molina Orosa.