El director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta, ha convocado para el próximo día 29 a la Comisión Mixta de Afectados de Costas para presentar el borrador de la futura ley y dar a conocer las líneas de trabajo previstas para su desarrollo, se indica en una nota de prensa de la Consejería de Obras Pública, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias.

La convocatoria permitirá que los colectivos afectados por la legislación estatal de costas conozcan el documento antes de avanzar en su tramitación. La Dirección General quiere impulsar un proceso proactivo, que facilite el diálogo con los interesados y permita recoger sus opiniones desde las primeras fases de elaboración de la norma.

Un proceso abierto a los colectivos afectados

La Dirección General, señala, desarrollará una acción específica durante el periodo de exposición pública para facilitar que la ciudadanía pueda conocer el borrador y trasladar sus consideraciones. Este trabajo prestará especial atención a las personas y colectivos directamente afectados por la normativa de costas, con el objetivo de que sus necesidades sean tenidas en cuenta en la elaboración del texto.

Asimismo, añade, se abrirá la posibilidad de que las asociaciones y colectivos que lo soliciten de manera conjunta puedan incorporarse a la Comisión Mixta. La medida, explica, busca ampliar este espacio de diálogo y favorecer que las distintas realidades del litoral canario estén representadas durante el proceso.

Antonio Acosta ha destacado que “es prioritario que los afectados sean los primeros en conocer el borrador y puedan opinar sobre él. Queremos que la Dirección General tenga una actitud proactiva, facilitando que los colectivos participen y que cualquier asociación que lo solicite de forma conjunta pueda estar presente en la Comisión. Estamos convencidos de que escuchar a quienes conocen de primera mano esta realidad enriquecerá el documento y nos permitirá avanzar hacia la ley de costas que queremos para Canarias.

El PSOE lamenta que las comunidades de los colegios de Todoque y Los Campitos sigan “sin recibir respuesta del Cabildo ni del Gobierno canario”, destaca en una nota de prensa. Borja Perdomo, portavoz del Grupo Socialista, señala que “es descorazonador comprobar que desde el Cabildo no se haya impulsado una respuesta por parte de Educación a la inquietud que viven las familias de sendos centros”,

El PSOE, se apunta en la nota, ha mostrado su indignación ante “la ausencia de voluntad tanto del Cabildo de La Palma como de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias de trabajar para dar certezas a las comunidades educativas de los colegios de Todoque y Los Campitos, que desaparecieron con la erupción volcánica y que pasados más de cinco años siguen sin recibir respuesta de sendas administraciones”.

Así lo ha puesto de manifiesto el portavoz del Grupo Socialista, Borja Perdomo, tras conocer que ni por parte del Cabildo ni del Gobierno de Canarias han puesto de su parte para despejar el futuro de sendos centro educativos y poner fin, de una vez, a la incertidumbre en que se encuentran las familias.

“Es descorazonador que la única respuesta que encontremos por parte del Cabildo es que los representantes de las comunidades educativas van a acudir al Parlamento de Canarias para interpelar al consejero de Educación sobre esta situación, en lugar de encontrar una actitud más activa por parte de quienes se supone que tienen que defender los intereses de la ciudadanía palmera”.

“Es verdad -prosiguió el consejero- que tampoco nos extraña mucho ya que la comunidad del colegio de La Laguna tuvo también un largo período de espera y que soportar una absoluta falta de empatía, hasta el punto de que tuvieron que llegar también al Parlamento de Canarias para reclamar que se reconstruyera el centro”,

Perdomo recuerda que a propuesta del Grupo Socialista, en el mes de junio pasado, se aprobó una moción en el Cabildo de La Palma, por el que se comprometía en favor de hallar una solución definitiva, digna y adaptada a las necesidades reales de estos alumnos y alumnas. Así como establecer un calendario claro de actuaciones y financiación“.

El consejero del PSOE señala que se trata de una cuestión de justicia que las familias reciban de una vez respuestas después de más de cinco años de la erupción volcánica. 

“Se lo debemos a este alumnado, sus familias y al profesorado de sendos centros que han mostrado una gran comprensión y responsabilidad. Por respeto a todos ellos no podemos dilatar más una respuesta”, concluyó.

La Palma acogerá del 27 al 30 de octubre las 39.ª Jornadas de Coordinación de las Defensorías del Pueblo, organizadas por la Diputación del Común bajo el lema ‘Abriendo las puertas al futuro de la vivienda’, indica en una nota de prensa. El encuentro reunirá al Defensor del Pueblo de España, Ángel Gabilondo, y a las personas titulares de las defensorías autonómicas para abordar “uno de los principales desafíos sociales actuales: garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada”, señala.

El momento central,  añade, tendrá lugar el miércoles 28 de octubre, cuando las personas titulares de las defensorías se reúnan en el Centro de Visitantes del Roque de los Muchachos para debatir las conclusiones del trabajo de coordinación desarrollado durante el último año, con el propósito de consensuar una resolución conjunta sobre el derecho subjetivo a la vivienda.

La celebración de estas Jornadas en Canarias y la elección de la vivienda como tema central, explica, se acordaron en el anterior encuentro de coordinación, celebrado hace un año en Aragón. Desde entonces, las defensorías “han trabajado conjuntamente para analizar las dificultades existentes y compartir planteamientos que permitan avanzar en la protección de este derecho”.

De un derecho reconocido a un derecho exigible

El derecho subjetivo a la vivienda,  agrega, “supone que, cuando una persona cumple los requisitos establecidos por la legislación, especialmente en situaciones de vulnerabilidad, pueda exigir a la Administración una solución habitacional. Según el modelo legal aplicable, esta respuesta puede consistir en el acceso a una vivienda o en una prestación económica que permita atender sus necesidades de alojamiento”.

La diferencia “es fundamental: no se trata únicamente de solicitar una vivienda o una ayuda y permanecer en una lista de espera, sino de contar con un derecho que permita reclamar a la Administración la respuesta prevista legalmente cuando se cumplen las condiciones para recibirla”.

Para la diputada del Común, Lola Padrón, este planteamiento exige “un cambio de paradigma en las políticas públicas de vivienda. No basta con modificar las leyes si las administraciones no adaptan también su funcionamiento para garantizar los derechos que reconocen”, se apunta en la nota.

Esto implica “superar un modelo centrado fundamentalmente en los registros de demandantes y la concesión de subvenciones, para avanzar hacia una atención integral, con procedimientos claros, oficinas de vivienda capaces de acompañar a las personas, coordinación entre administraciones y recursos suficientes para ofrecer soluciones efectivas”.

Entre las prioridades que plantea la Diputación del Común “figura también reforzar la protección de las personas en riesgo de desahucio, recuperando mecanismos de colaboración institucional que faciliten la asistencia jurídica gratuita y una respuesta coordinada de los servicios públicos”.

La experiencia del País Vasco, prosigue, “donde se han desarrollado mecanismos para garantizar el derecho subjetivo a la vivienda, constituye una referencia para analizar cómo trasladar este modelo a otras comunidades autónomas”.

Padrón ha impulsado la celebración de este encuentro en Canarias para dar continuidad al trabajo conjunto de las defensorías y contribuir a que sus conclusiones se traduzcan en recomendaciones y propuestas dirigidas a mejorar la actuación de los poderes públicos.

El manifiesto que se abordará en La Palma pretende recoger “una posición compartida de las defensorías sobre las medidas necesarias para avanzar en la garantía efectiva del derecho a la vivienda. Su contenido definitivo se dará a conocer una vez concluida la reunión de titulares”.

Siete mesas técnicas para abordar los desafíos de la vivienda

Las Jornadas continuarán los días 29 y 30 de octubre en el Teatro Circo de Marte, en Santa Cruz de La Palma, con siete mesas técnicas que reunirán a especialistas en derecho, urbanismo, vivienda y atención social, junto con representantes de las defensorías y distintas entidades.

La inauguración oficial tendrá lugar el jueves 29 de octubre, a las 9:00 horas, con la participación de Lola Padrón; Ángel Gabilondo; el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez; el vicepresidente segundo de la Mesa del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos; y la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto.

Durante las dos jornadas se analizarán el alcance jurídico del derecho subjetivo a la vivienda, la emergencia habitacional, la disponibilidad de suelo, el incremento del parque público y el papel de las entidades sociales en la búsqueda de soluciones residenciales.

El programa también abordará la relación entre vivienda y salud mental e incorporará la participación de diez niños, niñas y adolescentes de Andalucía, Canarias, Cataluña y País Vasco, que aportarán su visión sobre el derecho a una vivienda digna.

Las sesiones técnicas podrán seguirse en directo a través del canal oficial de YouTube de la Diputación del Común y de La Palma TV, facilitando el acceso de la ciudadanía a los debates.

Las Jornadas concluirán el viernes 30 de octubre, a las 14:00 horas.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que el Gobierno publicará este viernes la obligación de servicio público (OSP) en la conexión aérea entre La Palma, La Gomera y El Hierro, una de las principales reivindicaciones de estas islas para garantizar la frecuencia de vuelos directos.

“Hoy mismo me ha dicho el secretario de Estado de Transportes que vamos a hacer la publicación de una obligación de servicio público de conexión aérea entre las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro”, ha avanzado el ministro Torres en un desayuno informativo de 'Nueva Economía Fórum'.

Y es que Torres ha recordado su renuncia a integrarse en las listas del PSOE para el Congreso en las elecciones generales porque tiene intención de volcarse en su candidatura a la Presidencia de Canarias del próximo año.

Por ello, ha reivindicado su labor en el Ministerio de Política Territorial, ya que, bajo su punto de vista, ha repercutido en mejoras para Canarias, como la reforma de la Ley de Extranjería, el Régimen Económico y Fiscal o la financiación autonómica, entre otros aspectos.

“Cuando yo me siento con el actual presidente de Canarias que será mi rival político, yo solo veo que tenemos que defender cosas comunes para nuestra tierra”, ha añadido el ministro Torres.

En cualquier caso, Torres ha agradecido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, haber tenido el “honor” de pertenecer al Gobierno, “con todas las vicisitudes y momentos complicados”: “Creo que hemos hecho un buen trabajo y así lo va a reconocer la historia”.

“España es mucha más que Madrid”

El ministro también se ha pronunciado sobre el regreso a España de los dirigentes independentistas Toni Comín y Lluís Puig tras la aplicación de la amnistía, poniendo en valor la “normalidad constitucional” en Cataluña. “Nuestro país es distinto (...) España es mucho más que Madrid”, ha proclamado Torres.

En cuanto a la decisión del Tribunal Supremo de suspender el voto para nacionalizados por la 'ley de nietos', Torres ha pedido que se manifiesten los tribunales ante la cita electoral del 29 de noviembre porque “se le va a retirar un derecho a quien lo tuvo”.

Del mismo modo, el ministro ha cargado contra el presidente de Ceuta, Juan Vivas, al entender que ha habido un “cambio” en su postura por las recientes elecciones y ha acusado al exjefe del Ejecutivo José María Aznar de encender la “mecha social” cuando acudió a la ciudad autónoma.

El Cabildo de La Palma ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para las ayudas dirigidas a empresas pesqueras de la isla, destinadas a sufragar gastos vinculados al desarrollo de su actividad, tal como se publicó este miércoles 21 de octubre en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, informa en una nota de prensa.

Las subvenciones, señala, contemplan una cuantía máxima de 17.000 euros por empresa pesquera. En caso de que exista crédito disponible después del reparto inicial, las empresas con embarcaciones de más de diez toneladas de arqueo bruto (GT) podrán recibir hasta 25.000 euros, de acuerdo con las condiciones establecidas en la convocatoria.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, señala que la pesca forma parte de la actividad económica de nuestra isla y requiere una atención específica por las condiciones en las que trabajan sus profesionales. “Estas ayudas están dirigidas a contribuir a los gastos que deben afrontar las empresas para desarrollar su actividad”, explica.

El consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alberto Paz, detalla que la convocatoria contempla distintos gastos relacionados con la actividad pesquera y establece un procedimiento de reparto en función de las solicitudes que se presenten y del crédito disponible.

Las ayudas corresponden a gastos realizados entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026. En los supuestos en los que se amplíe la cuantía máxima de la subvención, el importe adicional deberá destinarse primero a cubrir costes de Seguridad Social y, posteriormente, otros gastos corrientes de explotación derivados de la actividad pesquera.

La distribución de los fondos se realizará de manera proporcional al presupuesto aprobado de cada solicitud y al crédito disponible, respetando los límites establecidos en la convocatoria.

Las empresas interesadas disponen de diez días hábiles desde el día siguiente a la publicación del anuncio para presentar su solicitud y la correspondiente justificación de los gastos. La documentación y las condiciones de la convocatoria pueden consultarse en la sede electrónica del Cabildo de La Palma.

El Grupo Socialista del Cabildo de La Palma ha mostrado “su preocupación ante el frenazo realizado por Coalición Canaria al frente de la institución insular para seguir dando pasos hacia una isla cardioprotegida”, indica el PSOE en una nota de prensa.

Así lo puso de manifiesto en pleno la consejera socialista Jordana Rodríguez, quien lamentó que el área de Seguridad y Emergencias, que dirige Darwin Rodríguez, “no haya sido capaz de realizar ninguna actividad de concienciación y formación en reanimación cardiopulmonar con motivo del Día Mundial de la Parada Cardíaca”.

“Cuando entramos en la recta final del mandato, la Consejería de Seguridad y Emergencias sigue sin realizar avances reales en cuestiones de tanta importancia como la dotación de nuevos desfibriladores en espacios públicos, así como la regulación de su uso y mantenimiento. Carencias que se suman al ya mencionado abandono de las actividades de concienciación con motivo del Día Mundial de la Parada Cardíaca”. De ahí que, se añade en la nota, instara a que se avanzara en estas medidas.

Jordana Rodríguez recordó que “actuar en los primeros minutos ante una parada cardíaca puede salvar vidas”. “En La Palma, la orografía y la dispersión de las zonas rurales pueden dificultar la llegada de los servicios de emergencia, por lo que resulta esencial contar con una población que sepa cómo actuar y con desfibriladores accesibles y en condiciones de uso”, agregó.

La consejera del PSOE instó al Cabildo a que, a través de la Consejería de Emergencias, “vuelva a ser el impulsor de una isla cada vez más preparada y cardioprotegida, promoviendo que toda la población tenga conocimientos básicos para ayudar ante una emergencia”.

“Pedimos -prosiguió- recuperar y potenciar las actividades de concienciación y formación práctica en reanimación cardiopulmonar y uso de desfibriladores, contando con profesionales y voluntariado y dando continuidad a estas iniciativas durante todo el año”.

Recalcó, por último, que “esta formación debe ser sencilla, práctica y adaptada a todas las edades, desde los más pequeños hasta las personas mayores, para que cualquiera pueda reconocer una emergencia, pedir ayuda y realizar actuaciones básicas que pueden salvar una vida”.

El Partido Popular de Canarias presenta sus candidaturas al Congreso y al Senado para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, “una cita electoral primordial para el futuro de España y de Canarias. Los ciudadanos tendrán la oportunidad de decidir el rumbo político del país y apostar por un proyecto de cambio, estabilidad y progreso”, informa en nota de prensa.

El PP concurre a estos comicios con “un equipo de hombres y mujeres preparados para defender los intereses de las Islas en las Cortes Generales, candidatos que aportan experiencia, capacidad de trabajo, ilusión renovada y ganas de contribuir a mejorar la vida de los canarios. Las listas combinan el conocimiento de la realidad del Archipiélago, el compromiso con la ciudadanía y la determinación para afrontar los desafíos económicos, sociales y territoriales de España y de Canarias”.

Bajo el lema de campaña ‘Por fin’, el Partido Popular quiere “trasladar un mensaje de esperanza y confianza en el futuro”. Su objetivo es “impulsar una nueva etapa política que responda a las necesidades reales de las familias, los trabajadores, los autónomos, las empresas y los jóvenes, y en la que Canarias tenga la voz y el peso que merece”.

El PP considera que estas elecciones “representan una oportunidad fundamental para reforzar la presencia de las Islas en las instituciones nacionales, defender sus singularidades y reclamar soluciones a los principales retos del Archipiélago: la financiación, las infraestructuras, la vivienda, el empleo, la conectividad, los servicios públicos y la atención a los colectivos más vulnerables.”

Candidaturas al Congreso

La candidatura del Partido Popular por la provincia de Las Palmas estará encabezada por Sergio Ramos Acosta, con María Teresa Ortega Granados en el segundo puesto y Guillermo Mariscal Anaya en el tercero.

La lista completa al Congreso por Las Palmas es la siguiente:

1. Sergio Ramos Acosta.

2. María Teresa Ortega Granados.

3. Guillermo Mariscal Anaya.

4. Clara Mercedes Peña Pérez.

5. Jeziel Martín Arrocha.

6. Olga Palacios Pérez.

7. José Vicente Calero Saavedra.

8. Lorena Martín Cabrera.

Como suplentes figuran Carlos Da Mata Martín, María del Mar Amador Montesdeoca y Marcos Alejandro Rufo Torres.

Por su parte, la candidatura popular al Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife estará encabezada por Gustavo González de Vega, con María Noelia González Daza en el segundo puesto y Borja Pérez Sicilia en el tercero.

La lista completa al Congreso por Santa Cruz de Tenerife es la siguiente:

1. Gustavo González de Vega.

2. María Noelia González Daza.

3. Borja Pérez Sicilia.

4. Raquel Martín Castro.

5. Adrián Delgado Rodríguez.

6. Damaris Ferraz Martín.

7. Jorge Iván Negrín Méndez.

Como suplentes figuran Ana Cristina Casañas Padrón, Luis Sierra Ladrero y Anais Goya Goya.

Candidaturas al Senado

El Partido Popular presenta también sus candidaturas al Senado con representantes de las distintas islas. El objetivo es defender los intereses de cada territorio y garantizar que las necesidades específicas de Canarias tengan una presencia activa en la Cámara Alta.

Los candidatos titulares al Senado son:

● Gran Canaria: Carlos Sánchez Ojeda

● Tenerife: Inés Vera Goya

● Lanzarote: José Francisco Hernández García

● Fuerteventura: María Esther Hernández Marrero

● La Palma: Jacob Qadri Hijazo

● La Gomera: Héctor Armando Bencomo Bayoll

● El Hierro: Inés del Hierro Lías

El PP de Canarias afronta esta convocatoria electoral “con la convicción de que el Archipiélago necesita una representación fuerte, cercana y comprometida en las Cortes Generales. Sus representantes defenderán las demandas de las Islas y trabajarán para que las oportunidades de progreso lleguen a todo el territorio”.

El próximo 29 de noviembre será “una fecha determinante para decidir el futuro de España y el papel que Canarias quiere desempeñar en él. Por eso, el PP hace un llamamiento a la participación y a la confianza en un proyecto que sitúa a las personas en el centro de sus prioridades y que apuesta por un Archipiélago con más oportunidades, mayor atención institucional y una voz firme en las decisiones que afectan a su presente y a su futuro”.

“Por fin, Canarias puede mirar al futuro con ilusión, ambición y confianza en un proyecto preparado para trabajar por todos”, concluye.

El Cabildo de La Palma apoya la recuperación de la venta de carne de razas autóctonas de la isla, una iniciativa de la Asociación de Criadores de Vacuno de Raza Palmera (Avapal) que busca acercar estos productos a los consumidores y ofrecer nuevas oportunidades al sector ganadero, indica en una nota de prensa.

El presidente insular, Sergio Rodríguez, señala que “detrás de cada raza autóctona hay generaciones de ganaderos que han conservado una parte de nuestra identidad”. “Su futuro depende también de que quienes se dedican a criarlas puedan vivir de su trabajo y encuentren un mercado para sus productos”.

Rodríguez añade que la ganadería tradicional representa también “una forma de entender nuestra relación con el territorio, de mantener vivas nuestras tradiciones y de garantizar que las nuevas generaciones encuentren motivos para seguir dedicándose a este oficio”.

El consejero insular de Agricultura, Alberto Paz, destaca la importancia que tiene para el sector recuperar esta vía de comercialización. “Queremos que los ganaderos y las ganaderas tengan más oportunidades para dar salida a sus productos y que el esfuerzo que hacen para mantener las razas autóctonas tenga también un reconocimiento en el mercado”, señala.

“Conservar estas razas pasa por garantizar que su crianza siga siendo rentable. Es una forma de apoyar a quienes se dedican a la ganadería y de favorecer que su trabajo tenga continuidad en el futuro”, añade Paz.

La iniciativa, se apunta en la nota, se puso en marcha con la previsión de comercializar carne de dos animales antes de finalizar 2026. Esta cifra ya se ha superado al alcanzar los cinco animales. Actualmente, la carne se encuentra a disposición de los consumidores en la carnicería El Llanito.

Desde el Cabildo se reconoce el trabajo desarrollado por Avapal para recuperar esta vía de comercialización, que “contribuye a dar mayor visibilidad a la producción ganadera local y abre nuevas oportunidades para las explotaciones dedicadas a la cría de razas autóctonas”.

La formación política Contigo La Palma reclama al Gobierno de Canarias que aplique “con total rigor las bases de la Ley de Aguas en el futuro Reglamento del Dominio Público” de este recurso, destaca en una nota de prensa. Señala que

ha presentado alegaciones al anteproyecto de decreto territorial con el que se pretende aprobar el Reglamento Integrado del Dominio Público Hidráulico de Canarias, sometido a información pública por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Ejecutivo regional.

El partido presidido por Javier Gutiérrez Taño apoya el mencionado borrador y lo considera “un avance en la dirección correcta”. Por lo tanto, las alegaciones ya registradas “no buscan frenarlo, sino reforzarlo”. “Pedimos a la Administración autonómica que no ignore la ley canaria ni la española ni la europea”, subrayó la misma fuente.

La Ley de Aguas de Canarias de 1990, se apunta en la nota, dio un plazo máximo de cincuenta años a los aprovechamientos inscritos como aguas privadas. Ese plazo, añade, vence en 2040 y, a partir de ese año, quien quiera seguir explotando el agua deberá hacerlo mediante una concesión administrativa. Contigo La Palma quiere y apuesta por que esa fecha sea un cierre definitivo, y que los años que quedan hasta alcanzarlo no se usen para esquivar el control público.

Las cinco propuestas concretas, se detalla en la nota, son:

“1) Ninguna prórroga después de 2040. El reglamento debe prohibir de forma expresa cualquier prórroga, moratoria o ”continuidad provisional“. Quien no tenga concesión en esa fecha, deberá terminar las extracciones, y el agua volverá a la administración hidráulica.

2) Obras grandes, solo con concesión. Las reperforaciones o prolongaciones importantes de pozos y galerías privados solo deberían autorizarse si el titular pide a la vez pasar al régimen de concesión pública.

3) Contadores en tiempo real, para todos y ya. Todos los pozos y galerías, también los de heredamientos y comunidades de aguas, deberían instalar telemedidas en un plazo fijado por el reglamento que sea improrrogable. La Administración tiene que saber cuánta agua tiene el sistema y cuánta se extrae.

4) Transparencia obligatoria en los heredamientos. La ley canaria los considera corporaciones de derecho público y exige que su estructura sea democrática. Si no rinden cuentas ante el Consejo Insular de Aguas, esta debería ser una infracción grave.

5) Desalación agrícola solo donde haga falta. La desalación es necesaria en Canarias, pero es más cara y genera salmuera, aparte de un alto consumo energético. Por eso, debería autorizarse para riego solo cuando el Plan Insular Hidrológico acredite que el agua de pozos, galerías, nacientes y presas no basta para cubrir la demanda“.

“El anteproyecto de decreto mencionado va bien encaminado, pero lo que pedimos es que no deje ninguna puerta abierta a no respetar los plazos fijados por la Ley de Aguas de Canarias: la extinción de los derechos de las aguas privadas en el año 2040 y de las concesiones públicas en el 2065”, recalca Gutiérrez Taño.

El PSOE ha mostrado su preocupación en un comunicado “por el retraso al que ha sometido la responsable de Servicios Sociales en el Cabildo de La Palma la aprobación de las encomiendas de gestión con los ayuntamientos para las residencias y centros de días de mayores, al igual que el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD)”.

La consejera socialista Susana Machín ha lamentado esta situación que “afecta gravemente a los ayuntamientos de La Palma, por parte de un Gobierno del Cabildo que renuncia de forma sistemática a priorizar en la gestión las cuestiones que realmente son importantes para la ciudadanía, como la cooperación con los ayuntamientos en la atención a las personas mayores, mientras centra su acción en lo que contribuya al autobombo político”.

En esta línea recuerda que “esta consejera venía a resolver estos expedientes con celeridad, cuando la realidad es que ha demostrado todo lo contrario, complicando enormemente a los ayuntamientos la gestión de estos servicios esenciales para las personas mayores”.

“El Cabildo de La Palma, cuando entramos en la recta final del año, sigue sin pagar la gestión de las plazas de residencia y centros de día, y ahora va a pleno la encomienda de gestión del SAD, que a día de hoy tampoco se había sufragado, a pesar de que el presupuesto de la Corporación lleva más de siete meses operativo”, apostilla la consejera.

Susana Machín señala la contradicción que existe “en un gobierno insular de Coalición Canaria que presume un día sí y otro también de una gestión coordinada con los ayuntamientos, cuando la realidad demuestra todo lo contrario, incluso en asuntos de tanta importancia para la atención y el cuidado de las personas como a los que nos hemos referido”. 

El diputado del Grupo Parlamentario Popular  por La Palma Jacob Qadri “ha logrado la aprobación unánime en el Parlamento de Canarias para la regulación estatal y poder financiar el traslado de pacientes fallecidos fuera de su isla de residencia mientras reciben atención sanitaria en otro territorio”,  se indica en una nota de prensa del PP.

Qadri, señala, denunció que las familias pueden verse obligadas a pagar entre 4.000 y 6.000 euros para trasladar el cuerpo de un ser querido a su isla de origen, una cantidad que se suma a los gastos del entierro y que puede convertirse en una carga económica difícil de afrontar en un momento especialmente doloroso.

“Si el Servicio Canario de la Salud deriva a un paciente fuera de su isla, el Servicio Canario de la Salud debe hacerse cargo de su regreso si desgraciadamente fallece”, defendió el diputado popular.

El diputado palmero ejemplificó el contexto en las islas no capitalinas, como en la propia isla de La Palma, aunque aseguró que no es un problema exclusivo de estas. “Es una situación que afecta a diario a las islas no capitalinas, pero también a pacientes de Tenerife o Gran Canaria que son derivados a otros hospitales, incluso a la Península”, aclarando que los familiares deben contactar con funerarias, solicitar presupuestos, organizar el traslado y afrontar su coste.

“No podemos trasladarle el problema, la gestión y encima la factura a una familia que acaba de perder a un ser querido”, subrayó Qadri. “Un paciente no se desplaza de isla por gusto. Se desplaza porque necesita una atención médica que el sistema sanitario no puede ofrecerle en su isla de origen”, agregó.

Sin subvenciones

Qadri recordó que ya había planteado esta cuestión en el Parlamento el pasado mes de septiembre, mediante una pregunta oral a la consejera de Sanidad. Según explicó, la consejera reconoció la existencia de una partida presupuestaria para subvencionar estos traslados, aunque prácticamente no se utiliza, así como la necesidad de regular esta situación.

Sin embargo, el diputado popular considera que las ayudas económicas no resuelven el problema de fondo, puesto que obligan a las familias a adelantar miles de euros, presentar facturas y solicitudes y esperar una resolución administrativa. “No queremos subvenciones”, afirmó.

“Queremos que sea el sistema sanitario quien se haga cargo directamente del traslado”, insistió Qadri, quien advirtió de que determinadas ayudas pueden tener consecuencias fiscales o afectar a prestaciones de las que dependen los ingresos familiares.

“No buscamos que la Administración ayude a una familia a traer a su ser querido fallecido. Queremos que sea la propia Administración quien se encargue de traerlo”, remarcó, defendiendo un procedimiento sin adelantos económicos ni más burocracia.

Igualdad entre territorios

Qadri justificó la iniciativa en la necesidad de compensar los sobrecostes derivados de la insularidad y garantizar la igualdad de derechos con independencia del lugar de residencia.

“Canarias no puede seguir asumiendo sola todos los sobrecostes derivados de nuestra insularidad”, añadió, antes de recordar que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la igualdad de todos los españoles.

El diputado por La Palma defendió que la propuesta trasciende las diferencias políticas y responde a una cuestión de justicia, dignidad y humanidad para los pacientes y sus familiares.

“Cuando el sistema sanitario deriva a un paciente, asume la responsabilidad de atenderlo. Lo que pedimos es que esa responsabilidad no termine con su fallecimiento”, señaló.

Qadri concluyó que la iniciativa no pretende que la sanidad pública pague un entierro, sino que garantice el regreso del paciente fallecido a su lugar de origen cuando tuvo que salir de su isla para recibir atención médica.

“No podemos evitar siempre que una familia pierda a un ser querido. Pero sí podemos evitar que, además del dolor de perderlo, tenga que asumir el problema y el coste de traerlo de vuelta a casa”, concluyó.

La diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista por La Palma Diana Lorenzo puso en valor “la implantación de las oficinas virtuales de reto demográfico como una herramienta de apoyo a los municipios con menos recursos técnicos y humanos”, informa el partido en nota de prensa.

Lorenzo defendió “la necesidad de seguir avanzando en medidas que garanticen la igualdad de oportunidades de todos los canarios, independientemente del lugar en el que residan”.

Durante una comparecencia en el Parlamento de Canarias, Diana Lorenzo recordó que “47 de los 88 municipios del Archipiélago cuentan con menos de 10.000 habitantes y afrontan dificultades específicas para desarrollar sus competencias y atender las necesidades de la ciudadanía”.

“Vivir en un municipio pequeño no puede significar tener menos oportunidades”, afirmó la diputada palmera, quien advirtió de que “la falta de personal especializado y de medios técnicos puede impedir que los ayuntamientos tramiten subvenciones, ejecuten obras o desarrollen proyectos esenciales para sus vecinos”.

En este sentido, señaló que “muchas veces no es una cuestión de voluntad, sino de capacidad”, y subrayó que “estas limitaciones administrativas terminan afectando directamente a la calidad de vida de la población y ampliando las diferencias entre territorios”.

Lorenzo explicó que “el reto demográfico ha sido una de las prioridades abordadas desde el inicio de la legislatura, con la celebración de la Conferencia de Presidentes, la elaboración de 51 medidas y los trabajos de la comisión de estudio parlamentaria. De este proceso surgió, entre otras necesidades, la de reforzar la asistencia técnica a los ayuntamientos con mayores dificultades de gestión”.

La parlamentaria reconoció “el trabajo desarrollado para poner en marcha las oficinas virtuales de reto demográfico, así como la colaboración de la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y la labor de Gesplan en la prestación de asistencia técnica a las administraciones locales”.

No obstante, insistió en “la importancia de garantizar una comunicación cercana, ágil y permanente entre las oficinas y los ayuntamientos, de manera que este servicio no se limite a resolver incidencias puntuales, sino que también permita anticiparse a los problemas y acompañar a los municipios durante la tramitación de sus procedimientos”.

Para la diputada de CC, “se trata de que el tamaño de un ayuntamiento no determine su capacidad para gestionar, conseguir financiación o desarrollar proyectos”. También destacó “la importancia de complementar estas oficinas con otras políticas públicas que contribuyan a fijar población, impulsar la actividad económica y generar empleo en los municipios rurales”.

Entre ellas, defendió “la necesidad de avanzar en una fiscalidad diferenciada, adaptada a las particularidades de los territorios que afrontan mayores dificultades demográficas, con el objetivo de facilitar la implantación de empresas, apoyar a los autónomos y ofrecer nuevas oportunidades a las familias”.

La parlamentaria de Coalición Canaria puso en valor “las ayudas destinadas a la actualización del planeamiento urbanístico municipal”, una tarea que calificó de “compleja y costosa, especialmente para los ayuntamientos que carecen de recursos económicos y personal especializado”.

En este ámbito, recordó que “la Consejería anunció en septiembre de 2026 una nueva convocatoria de 2,3 millones de euros para actualizar el planeamiento de 17 ayuntamientos, de los cuales 16 son municipios de reto demográfico”.

La diputada nacionalista reclamó “continuidad para esta línea de financiación y un seguimiento de sus resultados, con el fin de comprobar que las ayudas se traducen en avances efectivos para los municipios beneficiarios”.

Según Lorenzo, “no hay una única medida capaz de resolver el reto demográfico; lo que necesitamos es que las distintas políticas públicas vayan en la misma dirección”, insistió. Además, reiteró que “afrontar los desequilibrios territoriales exige escuchar a los ayuntamientos y atender las particularidades de cada isla y municipio”.

Diana Lorenzo defendió “un modelo en la cohesión territorial y en la igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía”. “No se puede construir la Canarias que queremos sin atender a nuestros municipios. No se puede dejar a ningún territorio atrás”, concluyó.

El Cabildo de La Palma, a través del Área de Infraestructuras, ha iniciado los trámites administrativos para proceder a la contratación del proyecto para la repavimentación de la carretera LP-202, en El Galeón de Santa Cruz de La Palma, para una actuación que cuenta con un presupuesto de ejecución por contrata de 1.142.997,06 euros y un plazo previsto de cuatro meses, indica en una nota de prensa.

El presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, señala que el proyecto, redactado por el ingeniero técnico de obras públicas Ángel Carmelo Ramos Méndez y supervisado favorablemente por el Servicio de Infraestructuras del Cabildo, responde a la necesidad urgente de subsanar el deterioro del firme actual por falta de intervenciones profundas en la capa de rodadura, garantizando así unas condiciones óptimas de seguridad, regularidad y durabilidad para los conductores.

En ese sentido, Sergio Rodríguez destaca que la puesta en marcha de esta actuación por más de 1,1 millones de euros refleja el compromiso inequívoco del Cabildo de La Palma con la modernización de las infraestructuras clave de Santa Cruz de La Palma, como son la Avenida Marítima o las calles Pérez Volcán y Díaz Pimienta.

Por su parte, el consejero de Infraestructuras, Darwin Rodríguez, señala que los trabajos se desarrollarán en suelo urbano por un trazado de 2,4 kilómetros de la LP-202, desde el PK 0+000 en la Plaza de la Constitución hasta el PK 2+410 a la altura del depósito de agua municipal en Calcinas. Asimismo, la intervención incluye un tramo de la LP-2 en la Plaza de la Constitución, la glorieta de El Portuario y el entronque que enlaza la LP-202 con la circunvalación de Santa Cruz de La Palma (LP-20).

Como objetivo complementario, se añade en la nota, el proyecto contempla la adecuación de áreas de sobreancho destinadas al estacionamiento que se encuentran en uso pero carecen de una superficie adecuada. Estas zonas serán pavimentadas con mezcla bituminosa para dotarlas de plena funcionalidad, durabilidad y seguridad.

Con la superación de la fase de supervisión técnica y la confirmación de la disponibilidad de terrenos, agrega, la institución insular da luz verde al expediente de licitación para adjudicar las obras a la mayor brevedad.

El Gobierno de Canarias destinará diez millones de euros en los presupuestos del próximo año a políticas de reto demográfico dirigidas a fijar población en el territorio, según ha anunciado este martes en el Parlamento el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

El presidente ha defendido en el pleno del Parlamento la sensibilidad del Gobierno con el desarrollo equilibrado de todas las islas y ha señalado que las cuentas autonómicas contemplan medidas para favorecer el equilibrio territorial, entre ellas la garantía de las bonificaciones al combustible.

Asimismo, ha defendido que la fiscalidad debe ser un elemento diferenciador para atender las particularidades de cada isla y ha puesto como ejemplo los resultados positivos que, a su juicio, ha tenido La Palma con la bonificación del 60 % del IRPF.

“Tratando de manera distinta a los que son distintos podemos aspirar a ser iguales”, ha señalado el presidente, quien ha asegurado que el Gobierno no cejará en este empeño porque los ciudadanos merecen tener las mismas oportunidades independientemente de la isla en la que hayan nacido o residan.

La isla de La Palma ha alcanzado “un hito en el ámbito de las políticas culturales y la investigación didáctica tras su participación en el VII Congreso Internacional de Educación Patrimonial (CIEP 7), celebrado en Sevilla bajo el lema Territorios, gobernanza y educación patrimonial, exponiendo el proyecto de rehabilitación de la Casa Massieu del Llano de Argual”, se indica en una nota de prensa del Cabildo.

La consejera insular de Cultura y Patrimonio Cultural, Miriam Perestelo, señala que por primera vez en la trayectoria de este encuentro internacional de referencia, un proyecto centrado e impulsado específicamente desde La Palma ha contado con presencia y defensa técnica independiente en su programa oficial, siendo protagonista el Proyecto Saccharum: Habitar el cubo vacío. Mediación artística y alfabetización patrimonial en la fase de premusealización de la Casa Massieu.

La propuesta, promovida por el Cabildo de La Palma a través de la empresa pública Sodepal, fue seleccionada por el comité científico del congreso en la Línea 3, referente a Museos, Mediación e Inclusión Social.

Miriam Perestelo destaca que el Congreso Internacional de Educación Patrimonial constituye la cita científica de referencia en España y América Latina en el campo de la didáctica, mediación e inclusión cultural. Su séptima edición ha estado coorganizada por el Observatorio de Educación Patrimonial en España (OEPE), el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) del Ministerio de Cultura, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), con la colaboración de instituciones como la Universidad de Valladolid, la Universidad del País Vasco e ICOM  (Consejo Internacional de Museos) España.

En este marco, apunta la consejera palmera de Cultura y Patrimonio Cultural, el trabajo presentado por la técnico de Sodepal María José Viña, expuso el modelo de gestión pública y mediación crítica desarrollado en la Casa Massieu, mostrando cómo el uso de herramientas pedagógicas innovadoras y la mediación artística sirven de motor para activar el patrimonio histórico, transformando los espacios patrimoniales insulares en centros vivos de cohesión social y participación comunitaria.

Durante la sesión de defensa técnica en el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico de Sevilla, se puso de relieve que el éxito del Proyecto Saccharum radica en su capacidad para tejer redes reales con el territorio y con las aulas de la isla.

Con este “logro en el CIEP 7”, se añade en la nota, el Cabildo de La Palma y Sodepal “consolidan su posicionamiento en la vanguardia de la gestión cultural pública, demostrando que la mediación artística en espacios como la Casa Massieu constituye una referencia metodológica avalada en los más exigentes escenarios internacionales”.

El Cabildo de La Palma colabora con Funcasor en el desarrollo del proyecto Avanza, una iniciativa subvencionada por la Consejería de Empleo que ofrece orientación, formación y acompañamiento a personas con discapacidad para facilitar su acceso al mercado laboral y favorecer su continuidad en el empleo, indica en una nota de prensa.

El programa, señala, trabaja con 98 personas, de las cuales 53 se encuentran en el grupo de búsqueda activa de empleo y otras 45 reciben seguimiento laboral. Hasta el momento, 41 personas han conseguido acceder a un puesto de trabajo y se han formalizado 58 contratos.

El trabajo de Funcasor (Fundación Canaria para las Personas con Sordera y sus Familias), añade, incluye orientación individualizada, formación adaptada y seguimiento de las personas participantes. Además, la entidad mantiene contacto con las empresas para facilitar los procesos de contratación y atender las necesidades que puedan surgir durante la relación laboral.

En el marco de esta colaboración, el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, y la consejera de Empleo, Susa Armas, visitaron las instalaciones de Funcasor este lunes 19 de octubre para conocer el funcionamiento del proyecto y las actividades que desarrolla la entidad.

El proyecto Avanza, concluye, “continúa en marcha, con actuaciones dirigidas a facilitar el acceso al empleo, la reincorporación al mercado laboral y la continuidad profesional de las personas con discapacidad en La Palma”.

El Consejo de Gobierno ha aprobado el nuevo decreto que regula el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) como un instrumento de financiación pública destinado a impulsar el desarrollo económico, social y territorial del archipiélago, se indica en una nota de prensa del Ejecutivo regional. “Se garantiza así”, señala, “su continuidad y mejora tras los resultados alcanzados en su primer periodo de aplicación (2016-2026) cuando se ha logrado un impacto total de 1,72 euros por cada euro público invertido”.

El decreto, explica, configura el Fondo como un instrumento de financiación interadministrativa mediante aportaciones dinerarias de carácter finalista. Se dota de una financiación máxima de 1.626 millones de euros para un plazo de diez años, repartida en una asignación tope de 162,6 millones de euros anuales que estará consignada en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. A esta cantidad, se sumarán los fondos que aporten los cabildos insulares, como ocurrió en el anterior período, hasta alcanzar una inversión global de 2.600 millones en 10 años.

Además, añade, el texto aprobado este lunes por el Gobierno establece tres ejes estratégicos de inversión del Fdcan, con una distribución financiera adaptada a los principales rectos actuales del archipiélago: infraestructuras sociosanitarias, obras públicas con especial incidencia en la construcción de vivienda y equipamientos de interés estratégico e I+D+i.

El 50% de los 1.626 millones de euros del Fdcan, detalla,  se destinará a mejorar las infraestructuras y los equipamientos públicos, incluida la vivienda sujeta a un régimen de protección pública, mientras que el 35% irá a construir, ampliar, adecuar y poner en funcionamiento plazas sociosanitarias y equipamientos destinados a la dependencia y el envejecimiento activo. El 15% restante se destinará a impulsar la innovación, la digitalización, la transferencia de conocimiento y la colaboración entre universidades, centros de investigación y empresas.

El empleo, la formación y el emprendimiento se integrarán transversalmente en los tres ejes, mediante actuaciones orientadas a mejorar la cualificación profesional, la empleabilidad y las oportunidades laborales vinculadas a las inversiones.

Islas iguales y cohesión territorial

El nuevo reglamento, añade, actualiza el marco normativo del Fdcan a partir de la experiencia acumulada durante la ejecución de los programas y proyectos desarrollados desde su creación hace diez años. Entre sus principales objetivos se encuentran ampliar y actualizar las líneas estratégicas financiables, simplificar la gestión administrativa, reforzar la autonomía de las entidades destinatarias y mejorar los mecanismos de planificación, evaluación y control financiero.

El Fdcan, explica, busca favorecer la cohesión económica, social y territorial de Canarias, corregir los desequilibrios derivados de la insularidad y promover inversiones estratégicas que contribuyan a la diversificación y modernización de la economía, la generación de empleo y la mejora de los servicios públicos.

En este sentido,  añade, se mantiene la asimetría en el sistema de cofinanciación para compensar la doble insularidad y fomentar la cohesión territorial. Así, el porcentaje de financiación por el Fdcan será de un 50% para los Cabildos de Gran Canaria y de Tenerife, de un 80% para Lanzarote, La Palma y Fuerteventura, y de un 90% para La Gomera y El Hierro.

Su continuidad, prosigue, estará condicionada al mantenimiento de la suspensión de la compensación al Estado por la supresión del Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE), o a su supresión definitiva, así como a la suficiencia financiera de la Comunidad Autónoma para garantizar la prestación de los servicios públicos.

Menos trámites administrativos

Los cabildos insulares, ayuntamientos y universidades públicas canarias, agrega, elaborarán un Plan de Actuaciones Canarias (Pacan), con programación trianual que recogerá la planificación estratégica, financiera y temporal de las líneas de actuación a desarrollar durante dicho período. Los presupuestos podrán concretar proyectos y actuaciones que desarrollen la planificación trianual.

El Pacan, indica, tendrá carácter flexible y podrá actualizarse anualmente mediante la incorporación, supresión, modificación o reprogramación de actuaciones, dentro de la dotación máxima anual y total asignada a la entidad destinataria.

El reglamento, señala, flexibiliza las modificaciones de las actuaciones y permite realizar determinados ajustes sin autorización adicional cuando no superen los límites establecidos y no alteren los objetivos esenciales ni incrementen la financiación asignada. Los cambios de mayor alcance deberán ser autorizados por la Comisión de Actualización y Seguimiento o por el Gobierno de Canarias, según su naturaleza.

Para reducir las cargas administrativas y agilizar la ejecución de los recursos públicos, manteniendo las garantías de control, explica, se generaliza el uso de la plataforma corporativa Unifica para tramitar los planes, gestionar las actuaciones, comunicar modificaciones y reprogramaciones, presentar justificaciones y realizar el seguimiento financiero.

Más coordinación, evaluación y control financiero

El nuevo modelo, señala, refuerza la coordinación entre las administraciones públicas canarias y establece tres órganos especializados: la Comisión de Actualización y Seguimiento, el Comité de Admisión y Selección de Programas y Proyectos y la Comisión de Evaluación del Fdcan.

Esta última, prosigue, elaborará un informe anual sobre el grado de ejecución, el cumplimiento de los objetivos y los resultados. Además, añade, la información sobre los programas y proyectos se actualizará trimestralmente y se comunicará a la Federación Canaria de Islas (Fcai) y a la Federación Canaria de Municipios (Fecam). Asimismo, las entidades deberán informar sobre la ejecución material y financiera de las actuaciones al inicio del segundo semestre de cada anualidad.

Las entidades destinatarias, indica, deberán justificar la aplicación de los fondos, mantener actualizada la información en Unifica y facilitar las actuaciones de fiscalización y control. El decreto regula también el reintegro total o parcial de las cantidades indebidamente aplicadas o no justificadas, con criterios de proporcionalidad.

El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Mayores y Participación Activa, celebrará durante el mes de octubre el IV Encuentro de Mayores, “una iniciativa que recorrerá distintos puntos del Archipiélago para favorecer la convivencia, el intercambio de experiencias y la participación activa de las personas mayores”, se indica en una nota de prensa del citado departamento autonómico. La primera cita  ha tenido lugar este lunes, 19 de octubre, en La Palma y tendrán continuidad esta semana en El Hierro y Tenerife. La próxima semana los eventos se celebrarán en Gran Canarias y Fuerteventura, estando prevista en esta última cita la participación de las personas mayores de Lanzarote y La Graciosa.

El encuentro, explica, forma parte de la programación del Mes del Mayor, que reúne actividades en las ocho islas con el objetivo de reconocer la contribución de las personas mayores a la sociedad canaria y reforzar los espacios de relación, participación y convivencia. La agenda incluye encuentros insulares, actividades intergeneracionales, propuestas deportivas, acciones formativas y otras iniciativas que sitúan a las propias personas mayores en el centro de las políticas públicas.

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, destaca que “las personas mayores no son únicamente destinatarias de las políticas públicas, sino protagonistas de ellas. Desde el Gobierno de Canarias queremos seguir generando espacios en los que puedan participar, aportar su experiencia, relacionarse, aprender, disfrutar y también trasladar directamente sus propuestas y necesidades. El Mes del Mayor nos permite hablar de envejecimiento activo, de derechos, de participación y de oportunidades para seguir formando parte de nuestra sociedad”.

Por su parte, la directora general de Mayores y Participación Activa, Verónica Meseguer, señala que “Canarias necesita mirar al envejecimiento no como un problema, sino como una realidad social que nos ofrece oportunidades. Las personas mayores tienen mucho que aportar y nuestro compromiso es seguir construyendo con ellas una Canarias más participativa, inclusiva y cohesionada”.

Meseguer señala que las actividades están enmarcadas en el Plan Maresía, “que es el documento que reconoce la diversidad de las personas mayores, favorece su autonomía y dignidad y genera oportunidades para que continúen participando plenamente en la vida social de Canarias”.

Una programación que recorrerá el Archipiélago

El calendario de los Encuentros del Mayor contempla actividades en diferentes islas durante la segunda quincena de octubre. Santa Cruz de La Palma ha acogido la cita  este  19 de octubre y Valverde (El Hierro) celebrará su encuentro el 21. El municipio de Arona será escenario del evento el día 22, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria se celebrará el 27. Por último, Fuerteventura acogerá el 29 de octubre una jornada en la que también participarán personas mayores de Lanzarote y La Graciosa. Estas citas buscan propiciar espacios de convivencia y participación que permitan compartir vivencias, fortalecer vínculos sociales y favorecer las relaciones entre personas mayores de distintos territorios.

La consejera de Patrimonio del Cabildo de La Palma, Míriam Perestelo, ha señalado que las actuaciones ejecutadas en el entorno de la Quinta Verde tienen carácter provisional y que, según los informes técnicos disponibles hasta el momento, pueden revertirse, aunque ha precisado que el procedimiento de inspección y comprobación de las obras no ha concluido.

Perestelo ha explicado que la Comisión Insular de Patrimonio tuvo conocimiento de una “posible incidencia relacionada con unos trabajos que podrían exceder lo autorizado”, por lo que los inspectores de Patrimonio acudieron a la zona y elaboraron un informe que ha sido trasladado al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.

La consejera ha recordado durante la presentación de las jornadas la conferencia 'La ciudad y el mar. Reflexiones y propuestas para Santa Cruz de La Palma' que el Consistorio es la administración que concede la licencia para ejecutar las obras, sin perjuicio de la intervención de la Comisión de Patrimonio en el ámbito de sus competencias.

Según ha indicado, las comprobaciones realizadas hasta ahora apuntan a que la actuación “no constituye un daño o exceso respecto al proyecto inicialmente previsto, al tratarse de una intervención provisional que puede revertirse”.

No obstante, ha insistido en que el procedimiento sigue abierto entre la Comisión Insular de Patrimonio, los inspectores y el Ayuntamiento.

Perestelo ha advertido de que, si se detectara cualquier actuación no autorizada, se adoptarían las medidas necesarias para garantizar la conservación del patrimonio y hacer cumplir las condiciones establecidas por la Comisión Insular.

Las declaraciones se producen meses después de que Ben Magec-Ecologistas en Acción denunciara ante el Ayuntamiento, el Cabildo y la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural la apertura de “una pista de tierra de gran anchura” en el entorno de la Quinta Verde, espacio protegido como Bien de Interés Cultural (BIC).

La organización ecologista sostiene que los trabajos han provocado movimientos de tierra, desmontes y afecciones a bancales tradicionales y vegetación asociada al conjunto histórico, y ha solicitado la paralización cautelar de las obras y la investigación de posibles responsabilidades.

Por otra parte, Perestelo ha defendido la necesidad de encontrar un equilibrio entre la conservación del patrimonio y su aprovechamiento económico, así como de facilitar ayudas que permitan afrontar las dificultades que conlleva la rehabilitación de bienes patrimoniales.

La consejera ha señalado que la preservación de estos espacios debe ser compatible con el desarrollo social y económico y con la generación de oportunidades para el tejido empresarial y el empleo. 

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha admitido un recurso de la federación ecologista Ben-Magec en el que sostiene que no pueden quedar excluidos del procedimiento de evaluación de impacto ambiental dos de los tres proyectos del complejo ambiental de Los Morenos en La Palma.

En concreto, se considera que quedaría exenta de este procedimiento la nueva celda de transición pero no la mejora de planta de clasificación, prensa y rechazos y la de lixiviados que en estos dos casos sí deben ser sometidos a estudio para determinar su impacto.

Los ecologistas recurrieron el decreto de 2023 de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, por el que se excluían de evaluación ambiental las tres actuaciones promovidas por el Cabildo, que ha sido codemandado.

En el decreto se establecieron otras medidas ambientales sustitutorias, decisión que fue recurrida por el colectivo al considerar que el Ejecutivo autónomo utilizó “indebidamente una vía excepcional” apelando a que las obras eran necesarias.

La urgencia está motivada por la necesidad de proceder a las obras de ampliación del complejo ambiental Los Morenos ya que los vasos se han ido colmatando en este tiempo, pero los ecologistas recuerdan que esta previsión ya se conocía desde 2018.

Ante el TSJC el Gobierno de Canarias apeló a la existencia de una situación de riesgo para la salud pública y el medio ambiente que requería una actuación inmediata y, pese a reconocer que es necesario realizar esta evaluación, la emergencia y amenaza de daño justificaban la exclusión del procedimiento.

El Cabildo descartó “pasividad o negligencia” y habló de una actuación condicionada por factores técnicos, administrativos y sobrevenidos, en concreto por la covid-19 y la erupción volcánica de 2021, por lo que justifica que se haya recurrido a esta excepción.

Entre abril y junio de 2022 la situación era considerada ya “crítica” y si los vertidos seguían al mismo ritmo se fijaba como fecha límite principios de 2023, pero dado que las obras durarían nueve meses, incluso si hubiesen empezado en 2022 no habría estado disponible hasta mayo de ese año.

En julio de 2022, debido a la erupción y el retorno de la población a sus viviendas, la situación era calificada ya de “amenaza inminente de daño ambiental” y se consideraba adecuado que el Ejecutivo autónomo estuviera al tanto.

Pese a ello, el TSJC considera que “la excepción no puede convertirse en una vía ordinaria de sustitución de la evaluación ambiental, ni puede amparar retrasos o déficits de planificación administrativa cuando el proyecto era objetivamente previsible”.

Para la Sala “la existencia de una situación crítica no basta por sí sola, es preciso justificar por qué la evaluación ambiental impediría o perjudicaría la finalidad del proyecto” y además ésta debe ser individualizada para cada una de las actuaciones.

El TSJC insiste en que una administración no queda liberada de su deber de planificación por cuestiones de emergencia, pero tampoco puede ignorarse la necesidad de las actuaciones en un servicio esencial para la isla “con riesgo de vertidos incontrolados, afecciones ambientales y condiciones de insalubridad”.

El tribunal comprende que la colmatación de la infraestructura requiere de una solución para gestionar las 28.000 toneladas anuales de residuos destinados al vertedero, con el consiguiente riesgo de contaminación del suelo, aguas subterráneas y superficiales, y atmosférica, además de para la flora y fauna, razón por la que sí se considera que la exclusión de la evaluación sería adecuada en el caso de la nueva celda de transición pero no en la prensa de rechazos y del proyecto básico de instalación de una planta de lixiviados.