El PSOE exige al Cabildo y al Gobierno canario que abone de “una vez la deuda con el sector agrícola por la ceniza y la pérdida de renta”, destaca en una nota de prensa.

El Grupo Socialista en el Cabildo de La Palma, señala en la nota, “ha mostrado su preocupación ante los reiterados retrasos de la Corporación Insular y el Gobierno de Canarias en hacer frente al pago de las compensaciones que se le adeuda al sector agrícola insular afectado por la erupción volcánica, que han sido objeto de innumerables promesas por quienes están al frente de sendas administraciones y continúan sin cumplirse”. Así lo ha puesto de manifiesto, añade, el portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo, Borja Perdomo, quien detalló que “todavía se le adeuda a más de 4.000 agricultores de La Palma los 9 millones de euros restantes derivados de los sobrecostes padecidos por el efecto de la ceniza, así como el abono de la pérdida de renta de 2022-2023, que sigue pendiente de ese ejercicio para el resto de los municipios que no se vieron beneficiados del primer pago”.

Perdomo destaca que “no se trata de nuevas ayudas, sino de cumplir de una vez con los compromisos adquiridos con los agricultores palmeros, por lo que exigimos al Cabildo y al Gobierno canario que se haga cargo de la reconstrucción agrícola con rigor y responsabilidad y marque como prioridad el abono de estos fondos tan necesarios para el sector”.

El dirigente socialista especificó que en lo que se refiere a la afección de la ceniza sobre las explotaciones agrícolas existen alrededor de 9 millones de euros todavía pendientes de pago.

Los datos que maneja el PSOE de La Palma, se apunta en la nota, estiman que, hasta el momento, de estas ayudas, tan solo se ha abonado el 19% del importe calculado para compensar el efecto de la ceniza en el agro palmero. Borja Perdomo insiste en que estas ayudas “no pueden seguir en el limbo” y exige al Gobierno canario que ofrezca certezas al sector, concretecuando se van a abonar, y las priorice“.

En lo que se refiere a la pérdida de renta, indicó que continúa pendiente el pago por parte del Cabildo de La Palma de la pérdida de renta del período 2022-2023 que sufrieron los agricultores palmeros que no pertenecen al Valle de Aridane, Tijarafe y Fuencaliente. “Un compromiso que hizo público el propio presidente del Cabildo, pero del que todavía no se sabe nada y está generando un creciente malestar entre el sector de la Isla que ve como desde el Gobierno insular se continúa incumpliendo sus compromisos en la recuperación de La Palma”, dijo.

“La Palma no se va a terminar de recuperar de la afección del volcán con excusas ni el victimismo permanente que exhiben quienes gobiernan el Cabildo y el Gobierno de Canarias, sino con acciones valientes que nacen de priorizar los recursos públicos para lo que realmente importa, como nuestro sector primario”, indica Perdomo, quien lamenta que “el proceso de reconstrucción agrícola está marcado por la política de improvisación que ha guiado esta legislatura”.

En este sentido, recuerda que es la propia Ley 3/2024 la que establece que el Gobierno canario tiene que adoptar cuantas medidas de compensación económicas resulten necesarias para garantizar la reconstrucción. “Una previsión legal que tiene que traducirse en más acción, decisiones y pagos efectivos que en constantes evasivas para no hacer frente a su responsabilidad”, concluye.

El proyecto 'Nuevas Oportunidades de Empleo (NOE) La Palma 2025' concluirá el próximo 16 de octubre tras posibilitar durante 13 meses que jóvenes de la isla hayan podido desarrollar su primera experiencia laboral en diferentes departamentos del Cabildo, se indica en una nota de prensa de la primera Corporación.

La consejera de Empleo, Susa Armas, incide en la apuesta del equipo de Gobierno por garantizar que la población más joven de La Palma cuente con oportunidades laborales que le permitan apostar por construir un proyecto de futuro en la isla y garantizar un relevo generacional en diferentes ámbitos profesionales.

Armas recuerda que el principal objetivo de este programa es combatir el desempleo juvenil y facilitar la transición al mercado laboral de personas inscritas en el Servicio Canario de Empleo que cuentan con titulación universitaria, de formación profesional o certificado de profesionalidad, y que presentaban escasa o nula experiencia previa en su sector.

En esta última edición del proyecto, se ha contratado a 22 personas, dos ellas como tutoras y una veintena bajo la modalidad de contrato formativo para la obtención de la práctica profesional, disfrutando de 12 meses de prácticas remuneradas en los diferentes servicios del Cabildo de La Palma.

En concreto, los perfiles profesionales abarcan disciplinas muy diversas para reforzar la administración local, entre ellos personas tituladas en Ingeniería Agrícola, Ciencias Ambientales, Biología, Relaciones Laborales, ADE, Psicología, Derecho, Educación Social, así como personal técnico de formación profesional de ramas sociales, administrativas, sanitarias y agroecológicas.

La iniciativa, se añade en la nota, financiada por el Servicio Canario de Empleo y el Cabildo de La Palma, está destinada a incentivar la contratación de personas desempleadas para la realización de prácticas profesionales, preferentemente de primer empleo, es susceptible de estar cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) en el ámbito del marco financiero plurianual 2021-2027 (Programa FSE+ Canarias 2021-2027).

El senador de La Palma, Kilian Sánchez, ha puesto de manifiesto que “el Gobierno de España está comprometido con la recuperación de la Isla, aportando realidades para su reconstrucción”, durante la jornada en la que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto ley 23/2026, de 8 de septiembre, por el que se adoptan medidas fiscales y financieras urgentes que contribuyan a la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma, que fue aprobado por el Consejo de Ministros este martes, informa en nota de prensa.

El parlamentario palmero destacó entre las medidas aprobadas por el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez “la deducción del 60% del IRPF, que viene aplicándose por el Gobierno de España desde el año 2022 y que ha contribuido a dinamizar la economía insular tras sufrir la erupción volcánica”. Kilian Sánchez detalló que esta bonificación “tendrá un efecto inmediato y se podrá ver reflejada en la nómina del próximo mes de octubre”.

“Sin duda, en el proceso de reconstrucción, la recuperación agrícola es un elemento fundamental, de ahí la importancia de que el Gobierno de España haya logrado a través de este decreto desbloquear 100 millones de euros destinados al sector procedentes del superávit del Ejecutivo canario”, subrayó Kilian Sánchez.

En esta línea destacó que “estos 100 millones de euros estarían dirigidos preferentemente a la compensación por kilo improductivo de 2024, 2025 y 2026; la reconstrucción de cuartos de aperos, cuadras, depósitos, granjas, empaquetados, almacenes, obras hidráulicas y fincas, además del sistema de evacuación de CO2. Un gasto que, además, no computa en regla de gasto”.

En esta línea de respaldo al sector primario del Valle de Aridane, el senador puso el acento también en la moratoria de los préstamos solicitados por los agricultores de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte. Así las cosas, los agricultores inscritos en el Registro que ya habían pedido la suspensión, podrán solicitar una nueva prórroga de la misma de 6 meses: del 1 de octubre de 2026 al 31 de marzo de 2027. El plazo para solicitarlo concluye el 15 de octubre de 2026.

Asimismo, recalcó que en el caso de los autónomos las ayudas POSEI no cuentan como ingresos para el cese de actividad. “Y si empezaste tu actividad en 2020, se te compara con 2020, no con 2019”.

“En definitiva, nos encontramos ante un nuevo paquete de medidas aprobado por el Gobierno de España para contribuir a agilizar la reconstrucción de La Palma, que evidencian nuevamente que las necesidades que presenta la isla se encuentran en su eje de actuación, con la participación decisiva del ministro Ángel Víctor Torres”, concluye.

La Asociación de Entidades Empaquetadoras, Exportadoras y Comercializadoras de Frutos de La Palma (Asepalma) valora la aprobación del 'Decreto Canarias' que permitirá a Canarias movilizar 100 millones de euros destinados a continuar la recuperación agraria de La Palma, cinco años después de la erupción volcánica en Cumbre Vieja.

Para Asepalma, lo aprobado este martes supone además el cumplimiento del compromiso asumido por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la reunión celebrada el pasado 9 de julio en Madrid.

La patronal remarca en una nota que tras la anterior habilitación estatal de 100 millones de euros y su inmediata ejecución por el Gobierno de Canarias, desde comienzos de 2026 se trabajó intensamente en identificar, inventariar y cuantificar las actuaciones todavía pendientes, con la participación del Ejecutivo autonómico, el Cabildo de La Palma, ayuntamientos afectados, comunidades de regantes y representantes del sector.

Ese trabajo, apunta, permitió construir una hoja de ruta concreta y cuantificada para culminar la reconstrucción agraria, que posteriormente fue trasladada al Parlamento de Canarias.

Asepalma agradece especialmente el “respaldo” de todas las fuerzas políticas del Parlamento autonómico sin excepción y su apoyo mostrado a la causa de la recuperación agraria.

“Aunque las soluciones no siempre llegan con la rapidez deseada, ese apoyo ha estado presente durante todo el proceso y demuestra que la reconstrucción de La Palma es una causa común, por encima de siglas y administraciones”, indica.

La patronal destaca especialmente el trabajo del comisionado para la reconstrucción, Héctor Izquierdo, y el presidente de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, “cuya labor de interlocución, seguimiento y coordinación ha contribuido a conectar verdaderamente el trabajo desarrollado en Canarias con las decisiones que debían adoptarse en Madrid”.

Los nuevos recursos permitirán actuar sobre algunas de las principales necesidades ya identificadas como el sostenimiento del tejido productivo mientras las explotaciones recuperan su producción; las compensaciones por pérdidas patrimoniales pendientes; la diferencia entre las ayudas recibidas y los costes reales de reconstrucción y obras e infraestructuras hidráulicas necesarias.

“No ees el final del camino”

Los 100 millones constituyen, por tanto, “un nuevo gran impulso, pero no el final del camino, el objetivo debe seguir siendo culminar la recuperación de la agricultura sepultada y atender progresivamente las necesidades pendientes”, detalla Asepalma.

En esa línea, la patronal confía ahora en la “inmediata ejecución” de estos recursos por parte del Gobierno de Canarias y con la “misma agilidad” demostrada con los fondos anteriores, para que la financiación se transforme cuanto antes en actuaciones sobre el terreno.

“El trabajo de estos meses demuestra que cuando Canarias y Madrid, las administraciones, las fuerzas políticas y el sector trabajan unidos sobre una misma hoja de ruta, los resultados llegan. Ahora toca ejecutar estos recursos con rapidez y seguir trabajando juntos hasta culminar la reconstrucción”, subraya.

Asepalma considera que la aprobación del decreto tiene “un valor especialmente simbólico” aunque “todavía queda camino por recorrer”.

“Cinco años después, estos 100 millones representan el demandado impulso para seguir devolviendo a La Palma su agricultura, y con ello, su economía, su tradición y su futuro. La unión, la coordinación y el trabajo conjunto han permitido llegar hasta aquí y deben permitir ahora culminar la reconstrucción”, detalla.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el denominado decreto Canarias, que incluye la prórroga de la deducción del 60 % en el IRPF para los residentes de La Palma, la habilitación de 100 millones de euros para el sector primario de la isla y nuevas medidas para agricultores y autónomos afectados por la erupción volcánica de 2021.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha detallado tras el Consejo de Ministros que el real decreto ley entrará en vigor una vez se publique este miércoles en el Boletín Oficial del Estado y ha subrayado que recoge varios compromisos incluidos en la denominada agenda canaria.

Entre ellos figura la extensión a 2026 de la deducción del 60 % en el IRPF para los residentes de La Palma, vigente desde 2022, una medida que, según Torres, podrá reflejarse “de manera inmediata” en las nóminas de los residentes de la isla.

El decreto habilita además 100 millones de euros procedentes de los excesos de financiación o superávit de Canarias de 2025 para atender al sector primario palmero, con carácter preferente a agricultores y ganaderos.

Estos fondos podrán destinarse a compensar los kilogramos improductivos de 2024, 2025 y 2026 por las consecuencias de la erupción, así como a reconstruir fincas, cuartos de aperos, cuadras, infraestructuras hidráulicas, almacenes agrícolas y empaquetados de plátanos.

Torres ha precisado que, si las necesidades superan esos 100 millones, los gastos restantes podrán imputarse sucesivamente a futuros superávits o excesos de financiación disponibles y ha destacado que esta cantidad no computará a efectos de la regla de gasto.

El decreto incorpora también una nueva moratoria para agricultores de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte que habían solicitado préstamos, después de que anteriores normas hubieran establecido medidas similares para los afectados por el volcán.

En relación con las prestaciones extraordinarias por cese de actividad de los autónomos, las subvenciones del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI) no se tendrán en cuenta para calcular los rendimientos netos, una medida que Torres ha señalado que había sido solicitada expresamente por el sector primario.

Además, para determinados cálculos relativos a los autónomos se tomarán como referencia los ingresos de 2020 y no los de 2019, con el objetivo, según el ministro, de adaptar las ayudas a las consecuencias que la erupción tuvo sobre la actividad económica de La Palma.

Al margen del decreto Canarias, el Consejo de Ministros ha acordado también permitir a la comunidad autónoma disponer de unos 600 millones de euros de su superávit presupuestario, dentro de una medida de carácter general para las comunidades autónomas destinada a financiar inversiones financieramente sostenibles durante 2027.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, había valorado horas antes que el decreto llegara finalmente al Consejo de Ministros tras “un año de trabajo”, aunque reconoció que “no va como nos hubiese gustado”.

Clavijo ha señalado que la aprobación del decreto supone “un paso importante”, aunque ha advertido de que quedan compromisos pendientes entre Canarias y el Estado y ha avanzado que durante septiembre y octubre se celebrarán nuevas reuniones para seguir desarrollando la agenda acordada entre ambas administraciones.

El Consejo Asesor del Plan de Emergencias Insular de La Palma (Peinpal) ha autorizado el regreso a siete nuevas viviendas en la costa del Valle de Aridane, permitiendo la vuelta a cuatro casas de Puerto Naos y tres ubicadas en La Bombilla, siempre y cuando las personas residentes cumplan con el protocolo de seguridad establecido y firmen la documentación requerida, se indica en una nota de prensa del Cabildo.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, pone de relieve el trabajo que se continúa desarrollando en estos espacios de la isla para garantizar que la nueva normalidad con la que deben convivir residentes y visitantes es segura y recuerda que durante el verano se ha dado otro paso clave, como ha sido posibilitar el uso de una parte de Playa Chica para el baño.

Además, Sergio Rodríguez incide en la coordinación que se mantiene entre las administraciones competentes que siguen avanzando en la recuperación del Valle de Aridane y la isla y recuerda que, a día de hoy, Puerto Naos cuenta con 1.179 viviendas autorizadas, de las cuales 1.021 cuentan con el protocolo de seguridad firmado, y 62 hogares con permiso en La Bombilla, a falta de diez residencias por firmar el documento requerido.

“Todos estos avances que vamos haciendo de manera progresiva pero con paso firme y cumpliendo con todas las garantías para la salud y el bienestar de las personas son posibles gracias al proyecto Alerta CO2, que cuenta con una red de alrededor de 1.600 medidores que ofrecen información en tiempo real del nivel de la situación de los gases en la costa”, recuerda el presidente.

A esto se suma, señala Rodríguez, el trabajo que se está haciendo a través de la iniciativa del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja.

El diputado del Partido Popular por La Palma, Jacob Qadri, llevará este miércoles al Pleno del Parlamento de Canarias la situación que “afrontan las familias cuando un paciente fallece después de haber sido derivado por el Servicio Canario de Salud (SCS) a un hospital de otra isla”, informa en nota de prensa.

Qadri formulará una pregunta a la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, para plantear “la necesidad de que sea el propio Servicio Canario de Salud el que asuma la gestión y el coste del traslado del fallecido hasta su isla de origen”.

“Si es el Servicio Canario de Salud quien deriva a un paciente fuera de su isla porque no existen los medios necesarios para atenderlo, entendemos que, si desgraciadamente fallece, debe ser también el SCS quien se encargue de su regreso y lo entregue a su familia en la isla de origen”, señala.

El diputado palmero advierte de que, “cuando la familia no dispone de un seguro que cubra este servicio, el traslado puede suponer un desembolso de entre 4.000 y 6.000 euros, al que posteriormente se suman los gastos propios del sepelio”. “No podemos trasladar el problema, las gestiones y, además, la factura a una familia que acaba de perder a un ser querido”, afirma.

Qadri insiste en que “se trata de una realidad que afecta especialmente a La Palma y al conjunto de las islas no capitalinas, cuyos pacientes deben desplazarse con frecuencia para acceder a especialistas, intervenciones o tratamientos que no están disponibles en su isla”.

“Un paciente no se desplaza a otra isla por voluntad propia, sino porque necesita una atención sanitaria que no puede recibir en su lugar de residencia. Por eso creemos que debemos evitar que, en el peor momento posible, sus familiares tengan además que empezar a llamar a funerarias, solicitar presupuestos y gestionar cómo trasladarlo de una isla a otra”, explica.

El diputado popular confía en que “pueda avanzarse hacia una solución que dé respuesta a estas situaciones y alivie a las familias en momentos especialmente dolorosos. No estamos hablando únicamente de una cuestión económica. Estamos hablando de justicia, de dignidad y, sobre todo, de humanidad”, concluye Qadri.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, 8 de septiembre, el decreto que recoge “una serie de medidas dirigidas a contrarrestar los efectos de la erupción volcánica, como la deducción del 60% del IRPF o la autorización al Gobierno canario del gasto de 100 millones de euros del superávit para la reconstrucción agrícola”, ha indicado el secretario general del PSOE de La Palma, Borja Perdomo, en una nota de prensa. Así lo ha puesto de manifiesto Borja Perdomo tras la presentación de estas medidas a la opinión pública por el ministro Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, a quien ha agradecido su “compromiso inquebrantable con la reconstrucción de la Isla”.

“El Gobierno de España”, señala Perdomo, “ha dado este martes un nuevo paso en favor de La Palma” con la aprobación del citado decreto parte del Consejo de Ministros. El referido decreto tiene que ser convalidado por el Congreso de los Diputados.

Junto con la bonificación del 60% del IRPF y la autorización del gasto de 100 millones de euros para la reconstrucción agrícola, Perdomo destaca que se ha aprobado en este decreto una nueva moratoria para los agricultores afectados por el volcán que hayan solicitado préstamos, así como la flexibilización de los requisitos para acceder a la prestación por cese de actividad vinculada a los daños del volcán. No se computarán las subvenciones del POSEI (Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad) y podrán acceder también los autónomos que iniciaron su actividad en 2020.

“Ante el ruido con el que algunos tratan de confundir a la sociedad, hechos y resultados por un Gobierno de España que cumple con La Palma, consciente de la situación excepcional por la que atraviesa la isla a raíz de la erupción volcánica”, apuntó el también portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo.

Perdomo señala que “desde el PSOE de La Palma hemos mantenido un diálogo constante con el ministro Ángel Víctor Torres para llegar a este decreto y vamos a seguir trabajando en esta línea para que la Isla siga estando en el centro de la agenda del Gobierno de España, como me consta que es la voluntad del ministro”.

En este sentido apuntó que “ya estamos trabajando para que la aprobación de la deducción del 60% del IRPF de 2027 se apruebe antes de que finalice el presente año, de manera que se pueda ver reflejado en todas las nóminas de esta anualidad”.

Borja Perdomo confía que el decreto, que tiene que ser convalidado en el Congreso de los Diputados, encuentre el respaldo del Partido Popular, que “ha actuado en multitud de ocasiones en contra de los intereses de la Isla por una política que solo está centrada en tratar de hacer daño al Gobierno de España”.

Para el máximo dirigente del PSOE en la Isla, “el Gobierno de España, tal y como se comprometió desde que se produjo la erupción volcánica del Tajogaite, ha estado al lado de la sociedad palmera en este complejo proceso de recuperación, poniendo en marcha iniciativas que han sido capitales para que el Valle de Aridane y el conjunto de La Palma hayan retomado el latido”.

El secretario general del PSOE de La Palma y portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo, Borja Perdomo, será el candidato a la Presidencia de la Corporación Insular en las elecciones de mayo de 2027, una vez concluido el proceso de primarias abierto por la formación política para la elección de la candidatura, se indica en una nota de prensa del PSOE.

Perdomo ha expresado su agradecimiento al PSOE de La Palma por confiar en su apuesta por el Cabildo, “un reto para el que cuento con el respaldo de un partido fuerte y unido, decidido a hacer llegar el proyecto socialista a la sociedad palmera, que demanda con urgencia un cambio en favor de las políticas que realmente transformen la Isla”.

El candidato socialista asegura que “durante esta última etapa en el Cabildo hemos aprendido sobre todo a escuchar a nuestra gente y sus necesidades reales. Por eso volvemos con toda la humildad, pero sin reserva alguna. Con las mismas ganas de trabajar por nuestra comunidad, con un conocimiento más profundo de la realidad palmera y con más fuerza si cabe para que La Palma de verdad avance”.

En esta línea puso el acento que “nuestro proyecto está dirigido a poner La Palma en pie de igualdad, situando en el centro las políticas que de verdad contribuyen a mejora la calidad de vida de las personas, y en especial el trabajo en favor de aquellos que tienen más necesidades, con iniciativas que promuevan la nueva realidad que la isla precisa para crecer, respetando sus valores naturales y culturales”.

Borja Perdomo aboga por “una política constructiva y eficaz; pegada a la realidad pero con la mirada puesta en el futuro; inconformista y valiente, es decir, alejada radicalmente de la demagogia, el efectismo y el victimismo al que hemos estado asistiendo en los últimos años”.

“Necesitamos devolver la confianza a la sociedad palmera después de un mandato de promesas incumplidas, protagonizado por un Gobierno sin hoja de ruta ni proyecto de isla, que ha funcionado a golpe de improvisación y que ha escondido reiteradamente su ineficacia tratando de responsabilizar a otras administraciones que sí han dado la cara por La Palma”, añade.

El candidato socialista avanzó por último que “vamos a presentar el mejor programa para La Palma y el mejor grupo de personas para hacerlo realidad en las próximas elecciones de mayo de 2027, donde nos jugamos mucho para el futuro de la Isla”.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha anunciado este viernes la futura creación de una oficina técnica de apoyo a aquellos ayuntamientos que tengan que afrontar proyectos relacionados con el saneamiento y la depuración de aguas, se indica en una nota de prensa del citado departamento autonómico. Miranda ha vinculado esta iniciativa con la necesidad de “impulsar el cumplimiento de las medidas cada vez más exigentes en materia de tratamiento de aguas residuales, que muchos municipios de Canarias, sobre todo los de menores recursos económicos y humanos, no pueden afrontar”.

Manuel Miranda ha recordado que las competencias en esta materia son, en líneas generales, de los ayuntamientos, aunque ha indicado que, en el caso de los municipios de menos de 20.000 habitantes, la ley establece que sean los consejos insulares los que las asuman. El consejero ha señalado que la legislación europea “se ha ido endureciendo y Canarias debe seguir incorporando nuevos mecanismos para cumplir las exigencias de una normativa cada vez más exigente con el medio natural, con la que estamos plenamente de acuerdo”.

Se ha referido, en concreto, a la transposición de la Directiva europea 2024/3019, que se encuentra en periodo de alegaciones y que será aprobada en el segundo semestre de 2027. Esta directiva, entre otras obligaciones, rebaja los mínimos de cumplimiento por población para todo el territorio europeo, “sin tener en cuenta las condiciones desiguales que se dan en el Archipiélago”.

Entre estas condiciones, ha citado la existencia de redes de colectores en medianías y núcleos dispersos, los kilómetros de conducciones, los bombeos necesarios y las afecciones a barrancos y espacios protegidos. Miranda ha explicado que “Canarias comparte plenamente los objetivos ambientales de la Directiva, no pedimos menos protección, ni excepciones generales, pero sí un régimen de aplicación propio, motivado y verificable”.

Por esta razón, ya se ha trasladado al Gobierno de España esta especial necesidad de Canarias, para dar a conocer que “las circunstancias especiales del Archipiélago requieren un tratamiento diferenciado, además de un extra de financiación, precisamente siguiendo la filosofía del artículo 349 del Tratado fundacional de la Unión Europea”.

El objetivo es que “se incorpore una disposición adicional en esa directiva que atienda a las especificidades de las RUP (Regiones Ultraperiféricas), se diseñe un Plan Canario de adaptación a la directiva, se analicen los sistemas individuales de saneamiento y depuración como una posible solución frente a la dispersión y se elabore un calendario realista con una ficha financiera adecuada”.

Además de las primeras reuniones con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el consejero ha anunciado próximos encuentros con los consejos insulares y la creación de una “oficina de apoyo técnico a los municipios, sobre todo a los de menor población, para impulsar las políticas en materia de saneamiento y depuración”, que funcionaría “de manera similar a la que se puso en marcha en el plano técnico-urbanístico y que ha sido un éxito entre los pequeños municipios de Canarias”.

Miranda ha recordado que, mientras se lleva a cabo este proceso, este Gobierno “gestiona alrededor de 70 millones de euros en diferentes proyectos estratégicos en todas las islas, fondos procedentes de diferentes administraciones, que permitirán mejorar el sistema de saneamiento y depuración”.

Ha puesto algunos ejemplos, como el nuevo sistema en La Graciosa, Playa Blanca (Lanzarote), Puerto del Rosario (Fuerteventura), San Blas (Tenerife), El Paso (La Palma), El Cotillo (Fuerteventura) o Valle Gran Rey (La Gomera).

La formación política Contigo La Palma ha mostrado este jueves en un comunicado “su absoluto rechazo al modelo de desarrollismo caduco que las tres formaciones con representación actual en el Cabildo de La Palma (Coalición Canaria, Partido Popular y PSOE) pretenden imponer en la isla”. Para esta organización política, “noticias recientes como la tramitación del Instrumento de Planificación Singular Turística (IPST) de Puerto Naos y los vaivenes administrativos sobre la variante de la carretera entre El Remo y La Zamora no son hechos aislados, sino las dos caras de una misma moneda: un modelo de desarrollo depredador que da la espalda a la realidad de La Palma”.

Desde Contigo La Palma se indica que “las propuestas desarrollistas ya señaladas quedaron perfectamente escenificadas con la firma del pacto por el desarrollo turístico de La Palma en 2023, apoyado al unísono por CC, PP y PSOE”. Para la formación que preside Javier Gutiérrez Taño, ese acuerdo político significó “una hoja de ruta explícita para ocupar el territorio en beneficio de unos pocos, gracias al diseño de una estrategia a medida de grandes intereses particulares y a costa del patrimonio común de los palmeros”.

Además, dice, ello supuso “un peligroso compromiso para relajar las barreras legales y ambientales que podrían frenar tales desmanes urbanísticos, a través de la búsqueda de atajos normativos que desprotegen el suelo insular. Con aquel pacto tripartito, las fuerzas tradicionales trataron de imponer la falsa narrativa de que solo esa apuesta desarrollista permitirá el progreso económico en la isla de La Palma, intentando así evitar el debate y silenciando y ocultando cualquier alternativa u opción económica sostenible y real”.

“Frente al nuevo IPST de Puerto Naos y Charco Verde, que proyecta un techo de más de 2.100 plazas turísticas nuevas en el litoral de Los Llanos de Aridane”, Contigo La Palma advierte “del peligro que supone apostar por construcciones en altura y por un crecimiento compacto masivo que amenaza con destruir la identidad costera, el paisaje propio y el suelo agrícola”.

“Esa presión turística conecta de forma directa con la polémica variante El Remo-La Zamora. El reciente anuncio de la caducidad de su trámite de información pública ha destapado”, a juicio de esta formación política, “la hipocresía de los tres grandes partidos, que ahora se culpan mutuamente de la desidia administrativa mientras ocultan que el verdadero objetivo de esa millonaria obra viaria, presupuestada en cerca de 350 millones de euros, no es conectar a los vecinos, sino servir de alfombra roja y vía rápida para macroproyectos hoteleros e infraestructuras turísticas en el sur y sudoeste de la isla. La justificación oficial es mejorar el acceso a El Remo, pero esta no resiste un análisis: ni la escala, ni el coste, ni el trazado se explican por las necesidades de un barrio; se explican por las expectativas de desarrollo turístico que se ciernen sobre la costa sur. El acceso a El Remo admite soluciones menos agresivas y mucho más baratas. Lo que no admite solución es un territorio y un paisaje destruidos”, subraya Contigo La Palma.

“El IPST pone las camas; la variante pone las carreteras; el Pacto de 2023 pone la firma de CC, PP y PSOE. Vistas en conjunto, las dos operaciones apuntan a lo mismo: convertir el litoral oeste-sur, de Puerto Naos al faro de Fuencaliente, en un corredor turístico al modo de los años setenta, replicando en La Palma el modelo que ya saturó a Tenerife y a Gran Canaria y que ha convertido el turismo en dependencia, masificación y precariedad laboral. Es un modelo que además se decide a puerta cerrada, por los tres grandes partidos, con las instituciones insulares actuando como oficina de desarrollo privado”, añade.

La formación Contigo La Palma denuncia que “todo este planteamiento se está ejecutando completamente de espaldas a la ciudadanía. Los tres grandes partidos pretenden que el debate público se centre exclusivamente en cuestiones técnicas de las infraestructuras, decididas en despachos cerrados entre unos pocos, y no en lo verdaderamente importante: la discusión de fondo sobre el modelo de desarrollo turístico que se quiere para la isla”.

“CC, PP y PSOE quieren que discutamos sobre los metros de asfalto o los plazos de tramitación para evitar que hablemos del destrozo insular que están promoviendo”, se explica desde el partido. Sin embargo, agrega, “la realidad social de la isla es bien distinta: en general, los palmeros no quieren el modelo desarrollista. La sociedad civil reclama preservar su calidad de vida y no desea replicar esquemas de masificación saturados que destruyen la esencia de La Palma”.

La formación política ha querido contraponer “con total contundencia los dos modelos de isla en juego, desmontando la vieja política del cemento frente a una alternativa viable y moderna:

-El fracaso del modelo tradicional: Contigo La Palma denuncia que la estrategia impuesta por CC, PP y PSOE no ofrece ninguna garantía de éxito económico ni social, habiendo demostrado ya sus carencias en otros puntos del archipiélago. Es un modelo insostenible que consume de forma irreversible el territorio y el paisaje, destruye los recursos naturales que hacen única a la isla y, en última instancia, solo beneficia a una minoría de grandes inversores mientras precariza el empleo local y no mejora la calidad de vida de los residentes.

-La alternativa de Contigo La Palma: frente a la imitación de modelos que se han evidenciado fracasados, la formación defiende que una oferta diferenciada y singular tiene muchas más posibilidades de éxito. El modelo de Contigo La Palma es estrictamente respetuoso con el territorio, el paisaje y nuestra identidad cultural y forma de vida. No busca hormigonar suelo virgen, sino recuperar y dar valor a nuestro rico patrimonio vernáculo y arquitectónico. El turismo es una actividad que, necesariamente, determina el consumo de territorio y recursos. Por ello, debe planificarse con criterios de racionalidad, sin destruir el territorio que hace posible su continuidad a largo plazo y sin implicar el agotamiento o el uso abusivo de los recursos de forma que se dificulten las condiciones de vida de los residentes. El modelo turístico que se elija debe permitir una distribución justa y equitativa de las rentas y del beneficio generado, garantizando así que ese beneficio se quede, fundamentalmente, en la isla y además se traduzca, para la mayoría de los palmeros, en una mejora efectiva y sostenida de su bienestar“.

“La Palma no necesita más pactos del cemento firmados en despachos. Necesita cordura, diversificación económica y un respeto escrupuloso a su patrimonio natural y su forma de vida. Y mucho diálogo y participación de la ciudadanía para decidir el futuro. Mientras CC, PP y PSOE sigan jugando al Monopoly con nuestro territorio, Contigo La Palma seguirá defendiendo una isla sostenible y pensada, ante todo, para quienes la habitan todo el año. Una isla que viva de su territorio sin agotarlo, que cree prosperidad sin desigualdad y que se gobierne con transparencia, cercanía y visión de futuro”, concluye.

El PSOE, en una nota de prensa, destaca que “la lista de espera quirúrgica se ha disparado en La Palma”. Kilian Sánchez, senador por La Palma señala “el descalabro sufrido este semestre, en el que se ha registrado un incremento del 31,7%, mientras que las del grupo de pacientes con más de 6 meses de espera suben casi un 60%”.

El senador por La Palma y secretario federal de Sanidad del PSOE, Kilian Sánchez, ha mostrado su “preocupación por la situación de las listas de espera quirúrgicas en el Hospital Universitario de La Palma, que se han disparado un 31,7% en el último semestre, con un número de 1561 pacientes en esta situación, lo que representa un incremento de un 31,7% con respecto al semestre pasado”, indica el PSOE en una de prensa.

El responsable de Sanidad en el PSOE, señala, “lamenta el deterioro significativo que pone de manifiesto esta situación, que representa un incremento de 376 pacientes”. “Un crecimiento muy elevado, en un periodo relativamente corto, que revelan los datos del propio Servicio Canario de Salud del Gobierno de Canarias a 30 de junio de 2026”, apostilla.

Si bien, se agrega en la nota, indicó que el dato “más preocupante está en el número de pacientes que llevan más de seis meses esperando por una intervención quirúrgica”. “Este grupo de pacientes pendientes de intervención que acumulan esperas prolongadas aumenta de manera especialmente intensa y pasa de 158 personas en diciembre de 2025 a 251 en junio de 2026. Es decir, 93 pacientes más y un incremento del 58,9 %”, subraya.

Explica, además, que la evolución de los pacientes que llevan menos de seis meses esperando también “es ascendente, pasando de 1.027 a 1.310 personas, lo que representa un incremento de 283 pacientes, equivalente aproximadamente a un 27,6%”.

Kilian Sánchez señala que este empeoramiento se refleja también en los indicadores de demora. “La demora media pasa de 88,54 días a 96,30 días, lo que supone un incremento de 7,76 días (alrededor de un 8,8 % de crecimiento). Mientras que la mediana pasa de 63 a 77 días. Un dato este último particularmente relevante porque indica que el aumento de las esperas no puede explicarse únicamente por la existencia de un número reducido de pacientes con demoras extraordinariamente elevadas, sino que se produce un desplazamiento al alza de la espera que afecta al conjunto de la distribución de pacientes”, añadió.

En lo que se refiere a la comparativa con Canarias, indica que mientras la lista de espera quirúrgica estructural del conjunto de hospitales pasa de 32.131 pacientes en diciembre de 2025 a 34.382 en junio de 2026, con un incremento aproximado del 7 %, en el Hospital General de La Palma el aumento alcanza el 31,7 %.

“Por tanto, el crecimiento porcentual de la lista de espera en La Palma es aproximadamente cuatro veces y media superior al registrado en el conjunto del sistema canario durante el mismo periodo”, apuntó.

Asimismo, destacó que “el deterioro de las esperas prolongadas en La Palma está creciendo a un ritmo muy superior al del conjunto de Canarias. Mientras que en el conjunto del Archipiélago el incremento registrado entre diciembre de 2025 y junio de 2026 es de alrededor de un 8,5 %, en La Palma, en cambio, el incremento es del 58,9 %”.

Kilian Sánchez lamenta que el Gobierno de Canarias conduzca a la sanidad palmera a esta situación, que “deteriora un servicio público tan esencial como el sanitario y va en contra del bienestar de la sociedad”.

El Consejo de Gobierno celebrado el pasado lunes 31 de agosto ha aprobado una transferencia de crédito por importe de 64.285 euros dentro del proyecto 'Mejora de estructuras agrarias y del medio rural' destinada a financiar una subvención directa al Cabildo de La Palma para la recuperación y conservación de variedades de vid de la Isla, indica en una nota de prensa.

La transferencia de crédito, señala, permite incrementar la dotación destinada al proyecto para atender las inversiones previstas, utilizando como cobertura parte del crédito disponible de la misma línea de actuación presupuestaria. Asimismo, la modificación no tendrá repercusión financiera en ejercicios posteriores ni afecta a fondos comunitarios.

Esta actuación, añade, responde a razones de interés público, social y económico vinculadas a la protección del patrimonio vitícola y agrícola de La Palma. La subvención permitirá desarrollar acciones orientadas a la recuperación y conservación del material vegetal, con especial atención a las variedades que presentan un mayor riesgo de desaparición. El proyecto contempla también intervenciones destinadas a mejorar las condiciones de las parcelas, contribuyendo al mantenimiento del paisaje agrícola de las zonas de medianías y al aumento de las cosechas de las diferentes variedades de uva presentes en la Isla.

La iniciativa, explica, parte del trabajo de prospección y localización de variedades de vid desarrollado desde 2021 por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Vinos La Palma, que ha impulsado los avances en la caracterización genética de los recursos vitícolas insulares. Los análisis realizados sobre 96 individuos han permitido descubrir tres nuevas variedades desconocidas para la ciencia, identificar 14 mutaciones en variedades ya descritas y confirmar un total de 44 perfiles moleculares únicos.

Estos resultados, prosigue, ponen de manifiesto la singular riqueza genética de la viticultura palmera y la necesidad de adoptar medidas para preservar este patrimonio vegetal. En este sentido, el proyecto promovido por el Cabildo de La Palma establece las bases para la recuperación y conservación de las variedades presentes en la Isla, mediante la coordinación de diferentes actuaciones y agentes implicados.

La actuación contará con una financiación total de 100.000 euros, de los que 64.285 euros corresponden a inversiones en estructuras agrarias y 35.715 euros se destinarán al estudio de caracterización molecular de las variedades de vid.

Concretamente, detalla, entre las actuaciones previstas se incluyen trabajos de limpieza y acondicionamiento de muros, terrazas, bancales y huertos; la mejora de los accesos a las parcelas; la instalación de depósitos y conducciones para el almacenamiento y distribución del agua de riego; sistemas de riego por goteo, vallados y equipamiento para el tratamiento y mantenimiento de los cultivos, así como labores de siembra.

El PSOE Canarias llevará a las Cortes Generales la delicada situación por la que atraviesa actualmente el servicio de transporte sanitario en Canarias, informa en nota de prensa.

Con ese propósito, el Grupo Territorial Socialistas de Canarias en el Senado ha solicitado la comparecencia en la Comisión Mixta sobre Insularidad de los representantes sindicales Jonathan González Rodríguez, responsable provincial del transporte sanitario de USO Canarias, y Enrique Ángel Espi Eduardo, responsable del sector de transporte.

La solicitud fue registrada el pasado día 25 de agosto y cuenta con la firma de los ocho senadores del PSOE Canarias en esta XV legislatura: Kilian Sánchez San Juan por La Palma; Marta Arocha y Pedro Martín por Tenerife; Manuel Fajardo por Lanzarote; Ramón Morales y Marta Saavedra por Gran Canaria, y José Antonio Valbuena por la comunidad autónoma.

La iniciativa se produce en un contexto de conflicto laboral de los trabajadores del transporte sanitario, relacionado con la negociación de sus condiciones laborales y con dificultades que, según recoge la solicitud parlamentaria, afectan tanto a la estabilidad del empleo como a la adecuada prestación del servicio.

“Las condiciones de los profesionales y la calidad del servicio están directamente relacionadas. Por eso creemos necesario conocer de primera mano sus problemas y analizar también cómo incide la insularidad en la organización, financiación y funcionamiento del transporte sanitario”, señala el portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara Alta y senador por La Palma, Kilian Sánchez San Juan.

Afirma que el transporte sanitario no es un servicio más: “Es una pieza fundamental para garantizar que cualquier ciudadano pueda acceder a la asistencia sanitaria en condiciones de igualdad, seguridad y con las máximas garantías, viva en la isla que viva. Es una cuestión de vida”.

Sánchez San Juan destaca que la fragmentación territorial, la doble insularidad, la dispersión de la población y la necesidad de coordinar recursos entre diferentes islas introducen condicionantes específicos en la organización y funcionamiento del servicio: “Canarias tiene una realidad territorial que debe ser tenida en cuenta. Queremos escuchar a quienes conocen el servicio desde dentro y analizar qué medidas pueden contribuir a mejorarlo”.

La comparecencia pretende servir para evaluar estas singularidades y estudiar posibles medidas que permitan garantizar una atención sanitaria de calidad en todas las islas.

Representantes del Cabildo de La Palma han mostrado su apoyo a Ceuta ante “el incremento que se ha registrado en las últimas semanas en la llegada de migrantes”, se indica en una nota de prensa de la primera Corporación. El presidente insular, Sergio Rodríguez, junto a representantes del equipo de Gobierno y de los grupos de la oposición, ha leído un manifiesto como muestra de solidaridad a las personas ceutíes coincidiendo con el Día de la Ciudad Autónoma.

Desde la Corporación insular se recuerda que “Ceuta, por su condición de frontera exterior de España y de la Unión Europea, asume un esfuerzo continuado de primera línea en la gestión de una crisis humanitaria que requiere de la máxima responsabilidad colectiva, sensibilidad y cooperación entre territorios”. Por eso, desde La Palma, “un territorio que conoce bien el valor de la solidaridad, el compromiso institucional ante las dificultades y la empatía social, manifestamos nuestro respaldo firme a las autoridades y a la sociedad ceutí”, añade el manifiesto.

Además, los grupos que conforman el Cabildo de La Palma han reconocido la ingente labor de los servicios de emergencia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, organizaciones no gubernamentales y ciudadanía que trabajan día a día para garantizar una atención digna y humanitaria.

Asimismo, el Cabildo de La Palma hace un llamamiento a la unidad y al fortalecimiento de la corresponsabilidad territorial y de las políticas del Estado y de la Unión Europea. “La gestión de los flujos migratorios y la protección de los derechos humanos no deben recaer de manera desproporcionada sobre los territorios fronterizos, sino abordarse desde una verdadera solidaridad interterritorial que proporcione recursos suficientes y respuestas coordinadas”, se destaca en el documento.

La lectura del manifiesto ha concluido reafirmando el compromiso y la hermandad de La Palma con Ceuta con la convicción de que la cohesión, la empatía y el esfuerzo conjunto son la mejor herramienta para superar las dificultades del presente y construir un futuro de prosperidad y justicia social.

Además de la lectura de este texto, la Corporación insular ha querido reforzar su apoyo al pueblo ceutí ondeando la bandera de la ciudad autonómica en su sede principal.

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, liderada por Mariano H. Zapata presenta el Manual de Buenas Prácticas para el Uso de Drones (UAS) en la Naturaleza de Canarias’, indica en una nota de prensa. Una herramienta, señala, destinada a compatibilizar el desarrollo de esta tecnología con la conservación de la biodiversidad del archipiélago.

El documento, disponible gratuitamente para consulta pública en el siguiente enlace, está dirigido a todas las personas y entidades vinculadas al uso de drones en entornos naturales, incluyendo administraciones públicas, órganos gestores de espacios naturales protegidos, empresas y profesionales del sector, así como a personas aficionadas al vuelo recreativo.

El consejero del área, Mariano H. Zapata, destacó que “promover un uso responsable de los drones es fundamental para garantizar la convivencia de esta tecnología con nuestros espacios protegidos”. Asegura además que con este manual “proporcionamos a profesionales y aficionados las herramientas necesarias para que disfruten del vuelo sin poner en riesgo nuestras especies más vulnerables.”

“Este manual demuestra que es posible coordinar la innovación tecnológica con el respeto riguroso a nuestros hábitats y para el que seguiremos trabajando en su actualización con la colaboración de las distintas administraciones, entidades y agentes implicados, pues se concibe como un marco de referencia dinámico, en proceso de mejora continua”, finalizó el consejero.

Durante la presentación, el consejero estuvo acompañado por el director general de Calidad Ambiental del Gobierno de Canarias, Ángel Montañés, y por personal técnico de la propia Consejería.

Criterios clave para la gestión de espacios protegidos

El documento, se añade en la nota, ofrece orientaciones técnicas dirigidas a los órganos gestores de la red de espacios naturales protegidos del archipiélago. La guía define criterios específicos para delimitar y regular zonas geográficas al vuelo de drones en enclaves sensibles, facilitando la planificación ordenada de los usos recreativos y profesionales en el territorio.

El documento, prosigue, ofrece orientaciones técnicas dirigidas a las administraciones públicas y a los órganos gestores de los espacios naturales protegidos del archipiélago. Entre ellas, incluye criterios para valorar la necesidad de establecer zonas geográficas de UAS (Unmanned Aerial System, en inglés) por motivos medioambientales en enclaves especialmente sensibles, como herramienta para prevenir o reducir posibles impactos sobre la biodiversidad.

El manual forma parte de una serie técnica de Manuales de Buenas Prácticas en la Naturaleza de Canarias, desarrollada por el Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias, que recopila la normativa vigente aplicable al uso de drones e identifican los principales riesgos asociados a esta actividad en áreas naturales, como el estrés y las alteraciones del comportamiento natural de la avifauna o las posibles afecciones a hábitats sensibles.

Asimismo, el documento ofrece un conjunto de recomendaciones prácticas que van más allá del cumplimiento normativo, orientadas a prevenir o reducir estos impactos. Estas se organizan en buenas prácticas de carácter general antes, durante y después de la actividad, y se complementan con orientaciones específicas dirigidas a las administraciones públicas y a los órganos gestores de los espacios naturales protegidos.

El manual incluye criterios y recomendaciones para la creación y gestión de zonas geográficas de drones en enclaves especialmente sensibles desde el punto de vista ambiental“, contribuyendo a prevenir impactos sobre la biodiversidad y a compatibilizar el uso de drones con la conservación de los valores naturales. Este enfoque refuerza el papel del manual como herramienta de apoyo a la toma de decisiones en la gestión pública del territorio, concluye.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, traslada “tranquilidad sobre la continuidad del proyecto de la vía entre El Remo y La Zamora”. En sus redes sociales asegura que “no se ha perdido ninguna oportunidad y el proyecto continúa aprobado”.

El procedimiento administrativo, añade, “sumará tres meses adicionales por los trámites de exposición pública y alegaciones derivados de la caducidad del proceso, pero los informes sectoriales ya están recabados y la hoja de ruta sigue firme”.

Subraya que “este es un proyecto de máxima prioridad para el Cabildo y se trabaja para garantizar los casi 350 millones de euros necesarios dentro del Convenio de Carreteras con el Estado”.

El pasado 28 de agosto Efe informó que el Gobierno de Canarias ha declarado la caducidad de los trámites de información pública y consultas del proyecto de la variante de la LP-2 entre El Remo y La Zamora, en Fuencaliente (La Palma), al no haber remitido el expediente al órgano ambiental dentro del plazo legal de un año.

La resolución de la Viceconsejería de Infraestructuras, publicada esa jornada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), precisa que la caducidad afecta exclusivamente a los trámites de información pública y consultas realizados durante la tramitación del proyecto, por lo que no supone el archivo de la actuación.

El proyecto de trazado fue aprobado técnicamente en septiembre de 2024 y posteriormente se sometió a información pública, trámite que finalizó el 14 de febrero de 2025, según consta en el expediente.

Durante la tramitación se recibieron informes y alegaciones de las administraciones afectadas y particulares, cuya valoración fue remitida por la Dirección General de Infraestructura Viaria el 21 de abril de 2026.

Sin embargo, la resolución señala que no consta que antes del 14 de febrero de 2026 se hubiera trasladado el expediente al órgano ambiental para iniciar la evaluación de impacto ambiental ordinaria.

El Consejo de Ministros abordará el próximo martes, 8 de septiembre, la aprobación de varios aspectos del llamado 'Decreto Canarias', como la bonificación del 60% del IRPF para La Palma, los 100 millones de euros para la isla o el uso de los 600 millones de euros de superávit de la Comunidad Autónoma.

Así lo ha afirmado este lunes el viceconsejero de Presidencia de Canarias, Alfonso Cabello, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde agregó que durante el último mes se ha producido un intercambio de documentación entre ambas administraciones.

“[La aprobación del 8 de septiembre] recogerá la bonificación del 60% del IRPF a los residentes de La Palma, los 100 millones de euros para la mejora de las condiciones en la isla después de la erupción volcánica o el uso de los 600 millones de euros de superávit”, observó.

En este sentido, incidió en que, respecto a este último punto, es “especialmente importante” porque viene sin el condicionamiento para que sea solamente a infraestructuras económicamente sostenibles, sino que puedan ser para políticas prioritarias en el ámbito de la sanidad, la educación y los asuntos sociales.

“La aprobación el próximo día 8 de septiembre de ese 'Decreto Canarias' es un hito importante después del acuerdo entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España para la movilización de esos recursos”, resaltó Cabello.

La secretaria general de los Jóvenes Nacionalistas de La Palma, Diana Lorenzo, reclama al Gobierno de España que “cumpla con la isla y apruebe en el Consejo de Ministros de este martes el Decreto Canarias, que incluye entre sus medidas dos que son de vital importancia para la recuperación económica y social de la isla: la prórroga de la bonificación del 60% del IRPF y los 100 millones estatales correspondientes a este año 2026”, señala en nota de prensa. “Exigimos al Gobierno de España que no siga retrasando estas medidas y que no siga utilizando a La Palma como moneda de cambio en la negociaciones políticas a costa de ralentizar la recuperación de la isla”.

Lorenzo recordó, respecto al 60% del IRPF, que “se ha dejado para septiembre una medida que podría haber estado ya en vigor el 1 de enero pero que, al igual que el año pasado, se ha retrasado intencionadamente, con lo que esta medida pensada para que las personas tuvieran, mes a mes, más dinero en su bolsillo y así incentivar el consumo, pierde parte de su efectividad”. “El Gobierno de España juega también a alimentar la incertidumbre porque, pudiendo establecer de una vez esta bonificación hasta 2027, tal y como se acordó dentro de la Agenda Canaria, ha preferido ir pactándola año a año, lo que corrobora que para ellos La Palma es un arma de negociación política”.

Los Jóvenes Nacionalistas de La Palma piden, en este sentido, que el Consejo de Ministros apruebe mañana la bonificación tanto para el año 2026 como para el 2027.

Respecto a la aportación estatal de 100 millones para la recuperación, Diana Lorenzo recordó que “el compromiso adquirido por el Gobierno de España era el de aportar 100 millones anuales durante cuatro años, mientras que el Gobierno de Canarias aportaría otras cuatro anualidades de 50 millones, todo ello para devolver a la isla los 600 millones de patrimonio privado que se llevó el volcán”.

“La realidad a día de hoy es que el Gobierno de España solo ha puesto los 100 millones de 2023, aunque la partida ha seguido manteniéndose en los Presupuestos Generales del Estado en 2024, 2025 y 2026 y es una partida activa, porque nos consta que el año pasado retiraron 50 millones para destinarlos a otra comunidad autónoma y a otros fines que desconocemos”.

La secretaria general de los Jóvenes Nacionalistas de La Palma valoró que “el Gobierno de Canarias sí ha cumplido su parte del compromiso y ha aportado 150 millones en tres anualidades, más otros 100 millones sacados del superávit, lo que hace un total de 250 millones que se han destinado a pagar todas las algo más de 800 primeras viviendas que se llevó el volcán, aproximadamente la mitad de las segundas viviendas y más de mil fincas”.

El PSOE y el PP, en sendas notas de prensa, critican la caducidad del trámite de información pública de la variante de la LP-2 El Remo-La Zamora.

Los socialistas denuncian “la desidia del Gobierno de Canarias con La Palma” y los populares reclaman a CC “menos anuncios vacíos y más gestión” para sacar adelante el proyecto vial.

En concreto, el PSOE, en una nota de prensa remitida este lunes, 31 de agosto, destaca que “la desidia del Gobierno de Canarias con La Palma dilata el proyecto de la variante El Remo-La Zamora”. Borja Perdomo, secretario General del PSOE en la Isla, “denuncia la falta de voluntad del Ejecutivo canario para sacar adelante este proyecto, al dejar caducar el expediente”. Recuerda que el Gobierno de Canarias también ha bloqueado la mejora de la carretera del norte, en el tramo Las Tricias-Llano Negro (Garafía), cuyo proyecto está aprobado y cuenta con todos los informes favorables para su ejecución

El PSOE, se señala en la nota, ha mostrado su indignación ante la caducidad de la tramitación del proyecto de El Remo-La Zamora, que obliga a dar marcha atrás al expediente y ralentiza su ejecución“ debido a la ”falta de voluntad del Gobierno de Canarias para sacarlo adelante, pese a que tanto el consejero de Obras Públicas como el presidente del Cabildo aseguraran cada vez que le ponían un micrófono delante que era una obra prioritaria“.

Así lo ha puesto de manifiesto el secretario general del PSOE y portavoz del Grupo Socialista, Borja Perdomo, tras conocer esta resolución que “evidencia, una vez más, que La Palma no es una prioridad para el Gobierno de Canarias de Coalición Canaria y el Partido Popular”.

Perdomo destaca “la falta de credibilidad tanto del consejero de Obras Públicas como del presidente del Cabildo que anunciaron, por activa y por pasiva, que se trataba de una infraestructura prioritaria para la Isla e, incluso, para su recuperación, y ahora nos encontramos que han sido incapaces de hacer su tarea para que avance el expediente por pura desidia”.

“Ya hace dos años advertimos de que el actual Gobierno de Canarias dejaba de lado este proyecto, que impulsó el anterior ejecutivo presidido por Ángel Víctor Torres, tras décadas de olvido por parte de la Administración autonómica. Los hechos, por desgracia, nos han terminado dando la razón”, indica el dirigente socialista.

“Falta de rigor, seriedad y compromiso con La Palma destila esta nueva dejadez del Gobierno canario, que fue incapaz de remitir el expediente al órgano ambiental dentro del plazo legal establecido de un año”.

Perdomo, se apunta en la nota, espera que “el Gobierno dé la cara y explique qué motivos han conducido a esta negligencia en la tramitación de este expediente que va a suponer un importante retraso para un proyecto que era presuntamente una prioridad”.

En esta línea indicó que “esta situación reproduce el modus operandi de un Gobierno de Canarias que no tiene a La Palma y su reconstrucción entre sus prioridades”, recordando “la gestión esperpéntica de la recuperación de la carretera LP-2, protagonizada por el Cabildo y la Consejería de Obras Públicas, que ralentizó el inicio de los trabajos cerca de tres años al priorizar los caprichos políticos al interés general de la sociedad palmera”.

Borja Perdomo recuerda que el Gobierno de Canarias también “ha dejado atrás la mejora de la carretera del norte, en el tramo Las Tricias–Llano Negro (Garafía), cuyo proyecto está aprobado y cuenta con todos los informes favorables para su ejecución”.

Defiende que “se trata de una intervención prioritaria para dotar de unas comunicaciones dignas por carretera en el norte de la Isla, que podría haberse puesto en marcha mientras se continuaba con la tramitación de la variante El Remo-La Zamora”.

Perdomo recuerda que en la anterior legislatura, el Cabildo de La Palma trabajó de la mano del Gobierno de Canarias y los ayuntamientos para impulsar este proyecto, que incluso fue objeto de un intenso debate público.

“La realidad, en esta legislatura, es que tanto el Gobierno de Canarias como el Cabildo de La Palma no han priorizado mejorar las comunicaciones de La Palma, relegando proyectos que pueden realizar una transformación real de la Isla”, concluyó.

PP: “Menos anuncios vacíos y más gestión”

Por su parte, el PP, en otra nota de prensa, reclama a Coalición Canaria (CC) “menos anuncios vacíos y más gestión para sacar adelante la conexión entre El Remo y La Zamora, después de conocerse que parte de los trámites ambientales han perdido su vigencia y ante la falta de certezas sobre la financiación necesaria para ejecutar una infraestructura que el propio Cabildo llegó a calificar como una ‘prioridad absoluta’ para la Isla”. Indica que “no basta con declarar una obra prioridad absoluta: hay que garantizar su tramitación, financiación y ejecución”.

Desde el PP palmero consideran que “lo sucedido debe servir para cambiar la forma en la que se gestionan los grandes proyectos estratégicos de La Palma”. “No podemos seguir presentando proyectos, anunciando prioridades y generando expectativas si después no existe detrás una gestión capaz de cumplir los plazos, asegurar los recursos económicos y convertir esos anuncios en realidades”, señalan.

Los populares recuerdan que “la resolución publicada el pasado 28 de agosto en el Boletín Oficial de Canarias confirma que los trámites de información pública y consultas finalizaron el 14 de febrero de 2025 y que transcurrió el plazo legal de un año sin que el expediente fuese trasladado al órgano ambiental para continuar con la evaluación de impacto ambiental ordinaria”.

Como consecuencia, se añade en la nota, “estos trámites han perdido su vigencia y deberán realizarse nuevamente para poder continuar con la evaluación ambiental, incorporando una nueva demora a una infraestructura estratégica para mejorar las comunicaciones entre el Valle de Aridane y el sur de la Isla”.

Para el PP, esta situación resulta “especialmente preocupante porque no se trata únicamente de un problema de plazos y tramitación”. La formación reclama también que “se despejen las dudas existentes sobre la financiación y se aclare públicamente si existen recursos suficientes para afrontar una obra de esta envergadura”.

“Una obra no es prioritaria porque se diga en una rueda de prensa. Es prioritaria cuando tiene una tramitación que avanza, un calendario que se cumple y una financiación que permite ejecutarla. Y hoy los palmeros necesitan saber si esas tres condiciones están garantizadas para El Remo-La Zamora”, agrega.

El PP recuerda que en junio de 2024 el presidente del Cabildo “calificó públicamente esta conexión como una ‘prioridad absoluta’ y defendió que La Palma no podía esperar al siguiente Convenio de Carreteras para disponer de ella”.

“Han pasado dos años desde aquellas declaraciones y creemos que ha llegado el momento de pasar de los anuncios a los hechos. No queremos otra promesa que termine acumulando años de espera. Queremos saber qué pasos se van a dar ahora, en qué plazos y con qué recursos económicos”, añade.

Desde el Partido Popular defienden que “el Cabildo debe ejercer el liderazgo que le corresponde y trabajar coordinadamente con el Gobierno de Canarias para recuperar cuanto antes la tramitación y buscar las fórmulas necesarias para garantizar la financiación de la actuación”.

“Nuestro objetivo no es buscar culpables entre administraciones, sino evitar que La Palma vuelva a perder oportunidades por falta de impulso y planificación. Desde el PP vamos a estar para colaborar y empujar, pero también para exigir que aquello que se anuncia como estratégico tenga después gestión, seguimiento y presupuesto”, indican.

El PP de La Palma insiste en que “la conexión El Remo-La Zamora es demasiado importante para que quede atrapada entre anuncios, procedimientos administrativos y dudas presupuestarias, especialmente por su relevancia para las comunicaciones y el desarrollo económico y turístico del Valle de Aridane y del sur de la Isla”.

“La Palma ha escuchado demasiadas veces que un proyecto es prioritario para descubrir después que pasan los años sin ejecutarse. Por eso pedimos menos anuncios vacíos y más gestión: menos titulares sobre lo que se va a hacer y más certezas sobre cuándo, cómo y con qué dinero se va a hacer”, concluyen.