Debido al cierre de los comercios no esenciales y a la reticencia de los consumidores a salir a la calle, el comercio electrónico se ha disparado durante la crisis sanitaria del coronavirus. Expertos auguran que este refuerzo del comercio online no acabará con el confinamiento, sino que acelerará un proceso de digitalización que ya estaba en marcha. Las pequeñas y medianas empresas temen que este proceso las deje atrás y acusan a los gigantes tecnológicos de beneficiarse de su cierre forzado.

“Los que ganarán con la transición al comercio electrónico serán, como siempre, las grandes empresas”, dice Pablo Machado, profesor de economía y empresa en la Universidad Europea de Canarias. “Son los que tienen capacidad de aguante, de inversión y logística”.

Según el profesor, el consumo en línea en España ha crecido un 55% la primera quincena del confinamiento y un 21% la segunda, aunque advierte que los datos disponibles son aún muy recientes. Entre los sectores que más han crecido están la jardinería, en un 78%, y los juegos y pasatiempo en un 60%.

Juan José Socas, presidente de la Confederación Regional Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa (Cecapyme), se muestra preocupado por el crecimiento de las compras online, que “ya venían haciendo un daño brutal a las pymes.”

La excepción del comercio online de las limitaciones al comercio, y en especial el caso de Amazon, ha despertado críticas por todo el mundo. Mientras se disparan las ventas y el valor bursátil del gigante estadounidense, sus trabajadores se quejan de falta de protección contra el virus. Ha habido protestas de los trabajadores en Nueva York, y en Francia los tribunales han obligado a la empresa a limitar sus ventas a productos esenciales, desbocando al cierre de sus operaciones en el país.

En España, los sindicatos de trabajadores de Correos, que reparte gran parte de los productos comprados por internet, también critican su alta exposición al virus y la falta de protección. Denuncian tener una ratio de contagios seis veces mayor a la media nacional, superados únicamente por los sanitarios.

El presidente de Cecapyme asegura que es “competencia desleal que Amazon pueda seguir vendiendo productos no esenciales mientras las empresas tradicionales están cerradas por un problema sanitario de prioridad en nuestro país”. Según Socas, agrava una crisis del comercio tradicional “incapaz” de adaptarse a los medios digitales.

Las grandes empresas parten con ventaja por su “trabajo durante años desarrollando sus redes de distribución fiables y con variedad de productos”, y es “muy difícil” crear canales digitales para pequeñas empresas rápidamente, según el economista de la Universidad Europea.

Desde Cecapyme, Socas celebra iniciativas desde las instituciones como el mercado digital Gran Canaria Me Gusta promovido por el Cabildo de Gran Canaria, que facilitan las ventas a domicilio y permiten que los pequeños empresarios “tengan algo de actividad”, pero dice que a largo plazo “las empresas locales no tienen capacidad de adaptarse al comercio digital, especialmente por las limitaciones a las exportaciones por temas de aduanas”.

Además, el líder empresarial critica las políticas que han facilitado la importación de productos por internet a las Islas, como la eliminación del IGIC y de las tasas de aduanas para las compras por debajo de 150 euros. “Comprar online es darle el dinero a empresas internacionales que no cotizan aquí y destruyen el tejido empresarial nacional”, sentencia.

El impacto del confinamiento en los comportamientos de consumo no se limita a estas semanas, ya que aquellos que prueben aquellos que prueben a comprar por internet estos días podrían acostumbrarse a estos canales a largo plazo.

 “Las grandes cadenas de supermercados están haciendo una gran apuesta por el comercio electrónico porque saben que así captan gran cuota de mercado a largo plazo. El traspaso no es del 100%, pero si un consumidor compra online y le funciona bien, va a cambiar sus hábitos de futuro”, dice Machado.

El profesor asegura que la digitalización de las compras es difícil de detener, ya que ofrece comodidad y una amplia oferta a precios competitivos, pero la tienda física aún puede fidelizar al cliente con el buen servicio y la oportunidad de ver y probar los productos.

Mientras, las pymes canarias se mantienen a la expectativa de la recuperación económica y las medidas del Gobierno de España con la esperanza de que la solidaridad social vista durante la crisis sanitaria se traduzca también en apoyo al comercio de cercanía.

La COVID-19 es una enfermedad respiratoria y los sonidos que hacen las personas que la tienen son muy específicos. Por ello, a Cecilia Mascolo, investigadora de la Universidad de Cambridge, se le ha ocurrido poner en marcha COVID-19 Sounds App, una aplicación que recopila datos para desarrollar algoritmos de machine learning que ayuden a detectar automáticamente si una persona está afectada por coronavirus basándose en el sonido de la voz, la respiración y la tos.

“Todavía hay mucho que no sabemos sobre este virus y la enfermedad que causa, y en una situación de pandemia como la actual, cuanta más información fiable se pueda obtener, mejor”, dice Mascolo, que trabaja en el departamento de Ciencias Computacionales y Tecnología de la universidad británica. En el desarrollo de la app han colaborado también investigadores de física del Cavendish Laboratory y expertos en biología respiratoria e infección pulmonar.

La investigadora explica que “las personas que crean tener COVID-19 pueden instalar la aplicación en su teléfono móvil e introducir datos sobre la evolución de sus síntomas. Se les pedirá que graben algunas toses y algunos segundos de respiración, así como que respondan a preguntas sobre su temperatura corporal, frecuencia de la tos, frecuencia del pulso, sexo, edad y condiciones médicas existentes”.

Además de recoger información demográfica y médica básica de los usuarios y las grabaciones de voz, respiración y tos a través del micrófono del teléfono, COVID-19 Sounds App también pregunta a los usuarios si han dado positivo en el test de coronavirus.

“La gente puede participar en este estudio de forma voluntaria, contribuyendo a la investigación de la enfermedad. En última instancia, nuestra idea es desarrollar análisis basados en audio para una evaluación automática de COVID-19, principalmente a través de los sonidos”, dice Mascolo.

Datos abiertos para investigación

Esta app no hará un seguimiento de los usuarios y solo recogerá datos de localización cuando las personas la estén utilizando. Estos datos se almacenarán en los servidores de la universidad y se utilizarán únicamente con fines de investigación. Además, no proporcionará ningún tipo de asesoramiento médico, aclaran desde la institución.

Una vez que haya completado su análisis, el equipo científico de Cambridge liberará el conjunto de datos a otros investigadores. Esta información podría ayudar a arrojar luz sobre la progresión de la enfermedad y si la complicación respiratoria tiene o no relación en el historial médico, por ejemplo.

Mascolo comenta que “una de las cosas más comunes que notan los médicos en estos pacientes es la manera en la que se quedan sin aliento cuando hablan, así como una tos seca, y los intervalos de sus patrones de respiración”.

La investigadora agrega que “hay muy pocos conjuntos de datos de sonidos respiratorios, así que para hacer mejores algoritmos que puedan ser usados para la detección temprana necesitamos muestras de tantos participantes como podamos conseguir”.

“Incluso si no obtenemos muchos casos positivos de coronavirus, podríamos encontrar vínculos con otros problemas de salud”, continúa la experta.

La aplicación web ya está disponible para los navegadores Chrome y Firefox. Las versiones para Android e iOS estarán listas pronto, señala la universidad.

El estudio ha sido aprobado por el comité de ética del departamento de Ciencias Computacionales y está financiado parcialmente por el Consejo Europeo de Investigación (ERC), a través del proyecto EAR. Cecilia Mascolo obtuvo esta ayuda Advanced Grant del ERC en 2019 para el desarrollo de aplicaciones de móviles para salud y va a utilizar parte en este nuevo proyecto.

En el BOE del pasado 28 de marzo el Gobierno informó sobre la puesta en marcha de un estudio de movilidad de usuarios, que se realizará junto con el Instituto Nacional de Estadística (INE) y las principales operadoras de telefonía móvil en España. El objetivo es analizar el efecto de las medidas de confinamiento durante la pandemia de la COVID-19.

Este estudio, denominado DataCOVID, tratará de identificar si aumentan o disminuyen los desplazamientos entre territorios o si hay zonas con una mayor concentración de población para así mejorar la toma de decisiones. La encargada de llevarlo a cabo es la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA).

España se suma así a la estrategia seguida por países como Italia, Alemania y Austria que han puesto en marcha iniciativas similares usando datos agregados y anónimos de las compañías de telefonía móvil para seguir los movimientos de los ciudadanos y trazar mapas de las zonas más afectadas por el brote de virus. Siempre asegurando que se cumplan las leyes europeas de privacidad, según Reuters.

El enfoque europeo y español difiere bastante del de países como Corea del Sur que ha recurrido a métodos de rastreo más invasivo, ya que este país asiático revela, entre otras cosas, información sobre la ubicación específica de las personas que han dado positivo en las pruebas de coronavirus, como informa The New York Times.

Datos anónimos y respeto de la privacidad

Datos anónimos y respeto de la privacidadFuentes de la SEDIA consultadas por SINC explican que en el estudio de movilidad de la población española DataCOVID, “se utilizarán datos anónimos y agregados de los desplazamientos durante el periodo de aplicación de las medidas de contención en relación con una situación de normalidad”. Se trata de “contribuir a una toma de decisiones más eficiente basadas en datos”, dicen.

En DataCOVID, que ya cuenta con un piloto en la Comunidad Valenciana participarán el INE y las tres grandes operadoras –Telefónica, Vodafone y Orange–. Y empleará datos de posicionamiento de los dispositivos móviles que proporcionarán estas compañías a partir de la cobertura de sus antenas y no con GPS.

Respecto a esta opción de usar datos de posicionamiento procedentes de antenas en vez de GPS, Rosa Elvira Lillo, directora de UC3M Santander Big Data Institute, y otros investigadores de su equipo, que no participan en este estudio, comentan a SINC que este sistema “ofrece una limitación importante respecto a la precisión de la localización. Según detalla, ”en ciudades, una antena puede dar cobertura en un radio de centenares de metros, mientras que en zonas menos pobladas puede cubrir hasta decenas de kilómetros“. Esto implica que ”la precisión del dato de localización no es alta y es especialmente mala en zonas rurales“.

En su opinión, “mejorar la precisión, requiere datos con granularidad GPS que ofrecen mucha mayor fiabilidad que los datos de operadoras móviles”. Algo que, de momento, no se plantean en el Gobierno español en el caso de su estudio de movilidad de la población.

Según reiteran en la Secretaría de Estado, en DataCOVID no se van a rastrear movimientos individuales, sino que se emplearán datos de posicionamiento de los dispositivos móviles, anónimos y agregados, proporcionados directamente por los operadores. Así “se elimina cualquier información personal, sin identificar ni realizar seguimientos de números de teléfono o titulares de forma individual, por lo que no entra en conflicto con la normativa de protección de datos”.

Uso de datos con fines excepcionales

No obstante, estas fuentes señalan que “la legislación sanitaria vigente ampara a las autoridades competentes para que puedan usar datos con fines excepcionales y de gravedad para la salud pública como la actual”. El responsable del tratamiento de estos datos será el INE.

DataCOVID es similar al proyecto piloto que impulsó el INE en octubre sobre movilidad a partir del posicionamiento de teléfonos móviles durante ocho días. Su finalidad era conocer los movimientos de la población para mejorar servicios públicos e infraestructuras. En aquella ocasión, la iniciativa fue criticada por asociaciones de consumidores, preocupadas por cuestiones relacionadas por la privacidad de los usuarios.

El plan del actual estudio de la SEDIA es cubrir todo el territorio nacional, dividiéndolo en unas 3.200 áreas de movilidad, que identificarán agrupaciones de población de entre 5.000 y 50.000 habitantes. Los datos de posición analizados permitirán tener una muestra más de 40 millones de teléfonos móviles en toda España, señalan.

Aplicación de autodiagnóstico

En el paquete de medidas anunciadas en el BOE el pasado sábado también figura el desarrollo de una aplicación para ayudar al autodiagnóstico. Se llama Asistenciacovid19 y está siendo desarrollada bajo la coordinación de la Secretaría de Estado de Digitalización. Esta aplicación sí geolocaliza al usuario para poder ofrecerle la información correspondiente a su zona.

Dependiendo de la comunidad autónoma en la que se encuentre la persona y del protocolo existente, recibirá las pautas de actuación, así como información relativa al virus. Se trata, apuntan estas fuentes, de ayudar a descongestionar y liberar las líneas de atención telefónica colapsadas por las llamadas referentes al coronavirus.

Los expertos del equipo de Lillo dicen a SINC que “la utilidad de las dos medidas digitales desarrolladas por el gobierno es incuestionable”, pero, al mismo tiempo, “sería necesario arbitrar medidas para garantizar que se dispone de la información personal mínima indispensable, bajo supuestos bien definidos, y relegados a la mejora de la situación de la pandemia”, concluyen.

Una de las primeras víctimas de la pandemia de COVID-19 fueron las clases presenciales. Estudiantes de todos los niveles educativos en España tuvieron que abandonar sus centros formativos y volver a casa. Sin embargo, al igual que ocurre con el teletrabajo, el cierre de las escuelas no significa el fin de la educación, sino su transformación a un formato virtual y remoto que, muchos auguran, será su futuro.

“Este es un momento de transición”, asegura a esta redacción Alberto Arenaza, cofundador de Transcend Network, una compañía de asesoría e inversión que apoya el desarrollo de nuevos modelos de formación. “En un periodo de cinco a diez años, la educación online será el formato por defecto y, cuando queramos discutir algún tema en más profundidad, acudiremos a eventos en persona”.

Arenaza asegura que el periodo de confinamiento facilitará esta transición de dos maneras. Por un lado, la experiencia con la educación a distancia cambiará su percepción entre la población. Por otro, a medida que las universidades y los colegios implementen estas nuevas herramientas, Arenaza augura que “se crearán nuevos modelos de educación”.

La experiencia de Arenaza con la educación online viene de lejos. Aunque se graduó de uno de los programas de grado más selectivos del mundo – con una ratio de admisión de un 2% – nunca puso pie en una clase. Su universidad, Minerva, solo imparte clases virtualmente y los estudiantes se conectan desde ciudades de todo el mundo. Durante la carrera, los estudiantes rotan por varias ciudades, de Berlín a Hyderabad, integrándose en cada comunidad a través de experiencias profesionales y colaboraciones con organizaciones sociales.

La virtualización de las clases en España arranca desde una posición muy atrasada. Las herramientas digitales no están integradas aún de pleno en el modelo educativo, sino que se van desarrollando paulatinamente sin una estrategia claramente definida. Además, no todas las familias tienen los recursos necesarios para utilizarlas y los profesores están aún aprendiendo a implementar las nuevas tecnologías en sus asignaturas.

Viendo la necesidad urgente de que más de 1.000 millones de estudiantes empiecen a tomar clases online de calidad para atender al cierre de las escuelas por la pandemia, y basándose en su experiencia educativa y profesional, Arenaza tiene una serie de recomendaciones para que los profesores y demás responsables de la educación puedan sacarle el mayor partido al formato digital.

Su primera recomendación es que los estudiantes se responsabilicen más de las tareas de obtención de conocimientos, desarrollando un modelo más socrático y menos centrado en las explicaciones del profesor. “Muchas veces asumimos que el profesor tiene que impartir todo el contenido y explicar las cosas, pero en un contexto online hay tantas distracciones que se hace muy difícil la transferencia de una persona a otra como se hace en persona”, explica. En vez de pasar la mayoría del tiempo de clase dando contenidos nuevos, Arenaza recomienda que todo lo que pueda aprender un estudiante antes de entrar – o, mejor dicho, conectarse – a clase, que lo aprenda antes a través de vídeos, lecturas u otras experiencias. Así, el tiempo de clase se puede usar para discutir el contenido en profundidad y aclarar cualquier duda pendiente.

Durante el tiempo de clase, Arenaza recomienda hacer uso de las oportunidades que abre el formato digital para tener una clase más participativa. Por ejemplo, sugiere hacer encuestas entre los estudiantes de manera anónima y fiable para asegurarse de que el contenido ha quedado claro, dividir la clase en grupos de manera menos disruptiva que cuando se hace en una clase física o compartir la pantalla con un alumno para poder colaborar directamente en un proyecto.

Otra oportunidad que abren las clases virtuales es la de grabar fácilmente todas las clases. “Gracias a las grabaciones, tanto el profesor como el estudiante, tiene la tranquilidad de saber que puede ver la grabación después de clase”, dice Arenaza. Así, todos los participantes en la clase pueden involucrarse plenamente durante la sesión, volviendo luego a la grabación para para poner notas de participación o para tomar apuntes y repasar algún contenido.

Las clases online son una posibilidad gracias al desarrollo de las tecnologías de la comunicación, pero estas tecnologías tienen limitaciones frente a la comunicación cara a cara a las que el sistema educativo se debe adaptar para tener éxito. “Durante las clases físicas, una gran parte de la comunicación entre el profesor y los estudiantes es a través de la comunicación implícita, como los gestos, las expresiones faciales o el lenguaje corporal. Una parte importante de esta transición al mundo online es hacer explícita toda esa comunicación implícita”, dice Arenaza. Para mejorar la comunicación online con los estudiantes, los profesores pueden, por ejemplo, hacer preguntas periódicamente para asegurarse de que están siguiendo la lección en vez de leer el lenguaje corporal de los estudiantes como harían en clase. Arenaza recomienda también determinar de manera muy clara el funcionamiento y los objetivos de cada ejercicio y cada clase.

Del lado de los estudiantes, Arenaza recomienda que se aseguren de tener un espacio de estudio donde tengan pocas distracciones. Lo ideal es tener una mesa ordenada y designada para el estudio, pero también se puede experimentar con posiciones de estudio diferentes para mejorar la concentración, como, por ejemplo, trabajar de pie elevando el ordenador sobre la mesa.

Arenaza subraya también la importancia de mantener las relaciones sociales con los compañeros y los profesores durante este tiempo de confinamiento. “De nuestro tiempo como estudiantes, a menudo no nos acordamos tanto de las clases que tomamos como de las amistades que creamos”, dice. Para los estudiantes españoles actualmente confinados, él confía en que la educación online sea solo una cuestión temporal y que puedan recuperar pronto sus relaciones en persona, pero recomienda que se creen momentos distendidos tanto antes y después de las sesiones virtuales como en otros momentos del día para que haya oportunidades de relacionarse con los profesores y se refuerce la comunidad de los estudiantes.

Gracias a los avances tecnológicos, productos cada vez más complejos se han vuelto cotidianos para los consumidores. Estos productos ofrecen increíbles comodidades y posibilidades, pero, en el caso de una avería – que suele llegar más pronto que tarde – su diseño les deja en un estado de indefensión y les obliga a sacar la cartera para comprar un sustituto. Ahora llega a Canarias un proyecto llamado Repair Café con el objetivo de empoderar a la comunidad para que arreglar lo averiado o dañado que acumulamos en casa para darles una segunda vida.

El enemigo de Repair Café se llama obsolescencia programada: la inserción por diseño de debilidades en los aparatos que le dan una fecha de caducidad y obligan al consumidor a volver a comprar otro en un corto espacio de tiempo, asegurando así los ingresos del productor. Este modelo de consumo afecta a todo tipo de artefactos, desde los carritos de bebé hasta las tostadoras, poniendo mucha presión en los recursos naturales y generando una cantidad enorme de residuos.

El Repair Café reúne a expertos reparadores con vecinos que tienen algo que arreglar. La particularidad de estos talleres es que trabajan de manera colaborativa, enseñando a los visitantes a reparar sus cosas para que puedan ser más independientes en el futuro. La organización proporciona algunas herramientas y elementos básicos, pero siempre se requiere un poco de imaginación para buscar soluciones a cada avería.

Repair Café es un movimiento nacido en Amsterdam en 2009 que ahora se ha expandido a más de 1000 localidades por todo el mundo. Además de instrucciones sobre cómo organizar un evento, la plataforma ofrece de manera gratuita una enorme base de datos sobre cómo reparar todo tipo de aparatos. La organización trabaja para ampliar los derechos de los consumidores a reparar sus equipos e imprime con impresoras 3D las piezas necesarias para las reparaciones en caso de que no estén disponibles.

Este tipo de iniciativas intentan recuperar los recursos que a menudo tiramos a la basura, empujando nuestra economía hacia un modelo más circular y menos lineal. El sistema actual mueve los recursos de la tierra a la fábrica, luego a los hogares y, finalmente, a la basura. Si los objetos dañados se arreglan y se les vuelve a dar uso, vuelven a entrar al sistema y completan un sistema circular que minimiza la porción de los recursos extraídos del medioambiente que acaban en el vertedero.

Los organizadores del proyecto en Las Palmas de Gran Canaria, miembros a su vez de diferentes grupos activistas, se conocieron en la Huelga por el Clima del 27 de septiembre de 2019, un movimiento que supuso un estallido de la acción de los jóvenes contra el cambio climático en todo el mundo. Tras las movilizaciones, que reunieron a más de 500 organizaciones sociales en Gran Canaria, los activistas pusieron en marcha una serie de talleres y actividades para mantener viva la lucha por la sostenibilidad.

“Una movilización anual no basta para defender el planeta”, dice Jenni Guerra, una de las líderes del Repair Café.

Rápidamente, los organizadores se dieron cuenta de que esta fórmula era el taller más atractivo para los participantes. Las claves de su éxito, asegura, son que permite a los participantes tener un impacto directo y rápido, que crea un ambiente de colaboración, y que tiene un beneficio económico, además de ecológico, para el participante que arregla sus objetos.

Los organizadores se muestran muy contentos con sus primeros resultados. En la primera jornada, celebrada a principios de marzo en el Café d’Espacio de la calle Cebrián de Las Palmas de Gran Canaria, una veintena de vecinos de la zona se reunieron para compartir conocimientos y reparar juntos sus objetos. Entre todos, consiguieron reparar unos treinta objetos, como, por ejemplo, un robot de cocina y una tostadora.

La oportunidad de colaborar y compartir es, según el colaborador Octavio Cardoso, lo más importante del evento. “Nada más las sonrisas de los reparadores y los participantes cuando descubren la solución a la avería que tienen entre manos ya hace que merezca la pena”, dice.

“Incluso hay gente que viene y no consigue reparar sus objetos, pero viendo que no está solo en su lucha contra la obsolescencia programada y el cambio climático, repara un poquito su corazón”, añade.

Anabel Almeida, una enfermera apasionada por la sostenibilidad que colabora en la organización del taller, cuenta que es una oportunidad para ver que “vivir de otra manera es posible” porque, según lamenta la organizadora, “a menudo actuamos de manera un poco inconsciente sin darnos cuenta del rastro que vamos dejando.”

Para ella, arreglar los objetos de uso cotidiano dañados en vez de sustituirlos por otros nuevos no es una privación, sino una liberación. “Ya no tengo que ir cada dos meses a comprarme una camisa nueva que no me va a durar nada. Ahora puedo arreglar la que tengo y, en vez de gastarme todo mi dinero en una gran empresa de ropa, puedo invertir mi dinero en el proyecto que me apetezca, como mi creatividad artística o los grupos sociales que me gusta apoyar,” dice. Asegura también que los objetos que repara y mantiene con ella durante los años tienen un valor sentimental que las compras no pueden remplazar.

Debido al estado de alarma decretado para frenar la epidemia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, han tenido que suspender sus reuniones físicas hasta nuevo aviso, pero mantiene sus actividades digitales. A través de sus redes sociales, el grupo comparte instrucciones para reparar objetos en casa o para hacer manualidades durante los días de confinamiento.

“El espíritu del Repair Café es que si quieres algo, lo puedes hacer tú mismo. Nuestro entretenimiento está demasiado atado a salir y consumir. Ahora no podemos hacer eso, pero siempre podemos estar entretenidos si somos creativos y nos atrevemos a mancharnos las manos un poco”, dice Jenny.

La declaración del estado de alarma, para limitar los desplazamientos, es una medida ampliamente aceptada. Todos somos conscientes de la necesidad de limitar los contactos para vencer al virus, y consecuentemente, la de sancionar a quienes, egoístamente, se saltan la norma en perjuicio de la comunidad.

Todos tenemos nuestro criterio de si la extensión del confinamiento es demasiado estricta o demasiado relajada, pero en esta situación no es el momento de enfrentarse, sino de sumar. Ya desde los griegos, a los que tenemos por inventores de la democracia, ésta se suspendía en momentos excepcionales, en los que era necesario estar a una. Nuestra democracia mantiene controles importantes (artículo octavo) y límites a ese poder (ordinal uno del artículo tercero, y dos, in fine, del artículo sexto, todos ellos de la Ley Orgánica 4/1981, de los estados de alarma, excepción y sitio), que deben ser ejercidos. Sin embargo venimos observando disentimientos públicos por parte de algunas autoridades, principalmente autonómicas, dando mensajes o acordando medidas contradictorias, que confunden y en nada ayudan a mantener el estado de ánimo de la opinión pública, el cumplimiento voluntario de las medidas, y a estar como es necesario todos a una.

Algo tiene que ver la aplicación relajada en este punto de las facultades otorgadas por el Real Decreto que declaró el estado de alarma, sin imponer instrucciones sino estableciendo una suerte de diálogo, entre la autoridad delegada, y al frente de ésta la del ministro de Sanidad, y las de las comunidades autónomas; pero desde luego mucho tiene que ver la falta de lealtad institucional y política que se esconde en el “tiempo habrá de dirimir las negligencias”, o en la libérrima y retadora actuación de alguna comunidad autónoma en relación con, por ejemplo, las aplicaciones de autotest y generación de mapas calientes de expansión de la epidemia.

El Gobierno anunció que desarrollaría una aplicación partiendo de la de la Comunidad de Madrid. Posteriormente se ha conocido que pudiera usar la información que los operadores obtienen de la posición de los móviles, que no requiere la instalación de ningún software en los dispositivos de los usuarios, ni de su consentimiento; parece que en parte ante la negativa de la Comunidad de Madrid a ceder el código, proponiendo que se use la misma aplicación pero con despliegues ad hoc para otras administraciones y territorios (su licencia de uso apunta a la idea de que existan otros COVIDAPP, como llaman la aplicación, que no lo gestione la Comunidad de Madrid), sin revisar dicho código. Esa opción la valoro contraria a la obligación de permitir la reutilización que rige para todas las administraciones públicas, pero es que además obligaría al Gobierno de la nación a extender un cheque en blanco en lo que a la protección de los datos personales de los ciudadanos se refiere, ya que la aplicación madrileña contiene importantes mecanismos de seguimiento implementados por multinacionales del big data, sin garantías técnicas de que no se vayan a reutilizar dichos datos por dichas compañías y para otros propósitos. En esos términos, es una opción inasumible.

¿Qué alternativa queda al Gobierno? Una es desarrollar el software desde cero, o partiendo del modelo coreano (que dicen que lo ceden a otros países, pero no parece que lo hayan publicado en ningún sitio, para el escrutinio público); el otro es usar de la información que ya almacenan los operadores de telecomunicaciones, por obligación nada nueva, impuesta por la Ley 25/2007, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, “con fines de detección, investigación y enjuiciamiento de delitos graves contemplados en el Código Penal o en las leyes penales especiales” (según dispone su artículo 1.1). Entre los datos que se vienen almacenando está, letra f) del artículo 3, los “datos necesarios para identificar la localización del equipo de comunicación móvil”. Ciertamente esta práctica, contra la que pocos se han levantado pese a los ya más de 12 años de existencia que tiene, modificó en su día el principio de presunción de inocencia (vamos a guardarlo todo un tiempo, que no se sabe nunca quién puede delinquir).

La existencia de ese estado de vigilancia total en una sociedad democrática es sin duda algo sobre lo que debemos reflexionar, cuando todo esto pase. Tiene sin embargo importantes ventajas en la situación actual. La captación y almacenamiento de dichos datos se realiza con una serie de garantías (establecidas en artículo 4), que se han ido verificando y mejorando por actuaciones de la autoridad responsable de velar por el cumplimiento de estas reglas, la Agencia Española de Protección de Datos, cuya corrección queda a su vez bajo la tutela judicial. De ese modo, los datos que se quiere tener de localización y desplazamientos ya los tienen los operadores, la cesión al Gobierno está justificada sólo para los supuestos de ilícito penal, como lo son los delitos de desobediencia, en sus diversas modalidades. El uso de los datos está permitido para la “detección, investigación y enjuiciamiento” de dichos ilícitos, por lo que puede ser usado para detectarlos.

Ciertamente las medidas excepcionales requerirían de cierta expansión de dichas normas para habilitarla al seguimiento sanitario, puesto que en algún momento hay que cruzar esos datos con los de salud, para asignar (por poner el ejemplo de lo hecho en China) colores a los distintos afectados (por ejemplo verde especialmente autorizados a circular; ámbar, ciudadanos con confinamiento estándar; y rojo, ciudadanos confinados expresamente por sintomatología, contacto, o resultar positivo,...) . En ese ámbito sanitario los datos pueden estar anonimizados, como ya se ha hecho en otras ocasiones para el ajuste de políticas públicas. También puede ser necesario obligar a salir de casa con móvil, encendido y no en modo vuelo y habilitar una fórmula para quien no teniendo móvil requiera desplazarse.

Lo importante y que quiero subrayar aquí, es que dicha práctica resulta más garantista con la privacidad que el usar una aplicación que cede datos a las grandes multinacionales del big data. Es una forma que ofrece muchas más garantías que las aplicaciones de las que se ha hablado estos días. Es necesario que dado lo sensible de la operación (recordemos lo mal que se entendió en ciertos ámbitos el uso de esa técnica para la mejora de servicios públicos en el pasado) se extremen las garantías y se cumplan escrupulosamente las exigencias legales, que se resumen en dos principales: que el cruce y anonimización de datos se realice en servidores hospedados por la propia administración; y que el código que se ejecute para extraer y cruzar los datos, se haga público, por transparencia, y por reutilización por otros países. Evidentemente, como exigen nuestras normas y estándares, siempre será asistido desde el inicio por el delegado de protección de datos, y debe detallarse la finalidad del uso de los datos, las garantías del tratamiento, y el plazo de retención de dicha información, cuestiones que son de esperar y de habitual cumplimiento en las administraciones públicas, y en particular en la Administración General del Estado.

Baste sólo señalar, por si a alguno aún le ofrecen dudas, que el dispositivo que probablemente tiene próximo, tal vez desde el que en estos días lea este artículo, esté dando muchos más datos a grandes empresas, incluyendo datos de los que se infiere información relativa a la salud (si usted se mueve mucho o poco, y a qué ritmo, por ejemplo), por el uso de redes sociales y buscadores poco amigos de la privacidad. Si le preocupa la exposición de sus datos personales, comience por ahí, hay alternativas.

El estado de alarma ha forzado a los españoles a permanecer en sus casas y trasladar la mayoría de su vida social y profesional al mundo digital. La actividad en las redes de telecomunicaciones del país está a máximos, pero, por otro lado, la actividad comercial está paralizada por decreto, eliminando la competencia y beneficiando a las grandes operadoras.

Entre las medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19 se establecen determinadas limitaciones a la suscripción de servicios de comunicaciones electrónicas que requieran de portabilidad numérica, de forma que, mientras esté en vigor el estado de alarma, se suspenderán todas las operaciones de portabilidad de numeración fijo y móvil que no estén en curso, excepto en casos excepcionales de fuerza mayor.

El objetivo de esta medida es reducir las visitas de técnicos a los hogares de los clientes para instalar el router o repartir nuevas tarjetas SIM. Además, según Eduardo Delgado, consejero delegado de la empresa de comparación de precios de telecomunicaciones Roams, esta medida reduce los riesgos de fallos técnicos que puedan dejar a alguien sin conexión, requiriendo, a su vez, nuevas intervenciones de los técnicos cuando la crisis sanitaria recomienda reducir todos los servicios al mínimo indispensable.

Durante el tiempo que dure el confinamiento, la dependencia de las telecomunicaciones y la imposibilidad de cambiarse de compañía podría hacer presos de sus proveedores actuales a los usuarios, pero Delgado asegura que no habrá abusos. “La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no permitiría que se beneficiaran de la situación”, dice. Al contrario, Delgado augura que, aunque no se hayan propuesto medidas de este tipo aún, el gobierno intervendrá para asegurar el acceso a las telecomunicaciones de toda la población durante el periodo de paralización de la economía al igual que ha hecho con otros servicios básicos como el agua y la luz.

Los usuarios no verán cambios inmediatos, pero la crisis sanitaria puede cambiar significativamente el mercado de las telecomunicaciones a corto y medio plazo. Aunque el freno de las portabilidades no signifique una pérdida de ingresos para ellas, se prevé que las empresas telefónicas minimicen sus plantillas todo lo posible. “Van a hacer ERTEs seguro, sobre todo a los trabajadores que están en captación de clientes. Si no puedes competir con otras compañías por sus clientes, ¿para qué vas a hacer campañas de marketing o sacar nuevas tarifas?”, dice Delgado. Además de los trabajadores contratados directamente, las empresas subcontratadas por las operadoras para servicios de instalación o atención al cliente también se verán seriamente afectadas.

En esta situación, las grandes operadoras serán las grandes beneficiadas del sector porque, al no tener que competir, sus costes operativos van a disminuir mientras sus ingresos se mantienen asegurados. Las compañías de telefonía con más clientes, Telefónica, Vodafone y Orange, que en los últimos años se han enfrentado a la creciente competencia de los operadores móviles virtuales, podrán ahora “cobrar y descansar”, según Delgado.

No todas las compañías de telefonía ganan. “Hay compañías que estaban en un momento de crecimiento, como el Grupo MásMóvil, que en 2018 y 2019 lideró el mercado de las portabilidades fijas y móviles, o el Grupo Euskaltel, que ahora estaba en un proceso de lanzamiento nacional, y ahora tienen que ponerse en pausa unos meses”, dice Delgado.

La congelación de las portabilidades pone fin a una guerra de precios que ha hecho rutinario para muchos españoles el cambio de operador, con el 18% de los usuarios cambiándose de compañía telefónica cada año. Habiéndose copado el mercado de la telefonía en España, que se ha convertido en uno de los países con mayor porcentaje de internautas y usuarios de teléfonos inteligentes del mundo, las compañías solo pueden crecer a costa de su competencia. Eso ha desencadenado en los últimos años una guerra de precios y ha fomentado la oferta de paquetes incluyendo servicios como contenidos de televisión, música a demanda o seguridad en el hogar.

Delgado cree que esta limitación de la competencia se puede dilatar más allá del fin del estado de alarma. “Los usuarios no van a querer arriesgar los servicios que les han mantenido conectados al mundo y van a valorar más el servicio que el precio”, dice. Predice que la competencia en precios se reactivará paulatinamente cuando los efectos económicos de la pandemia empiecen a azotar el bolsillo de los usuarios.

Sin lugar a dudas los usuarios están dando mucho uso sus conexiones durante estos días de confinamiento. Las empresas telefónicas aseguran que el tráfico en internet ha subido entorno a un 30%, con fuertes subidas en el consumo de los videojuegos online, las plataformas de vídeo a demanda y la aplicación de mensajería WhatsApp. El uso de las llamadas, tanto fijas como móvil, también se ha disparado.

En un comunicado, las empresas teleoperadoras han pedido a la población que haga un uso “racional y responsable” de los videojuegos online y los servicios de vídeo a demanda en horas de trabajo para evitar saturaciones que ralenticen los sistemas de teletrabajo de los que depende ahora mucha gente.

En el mismo comunicado, las operadoras aseguraban que “España es el primer país europeo y el tercero del mundo en dotación de infraestructuras de fibra óptica y cuenta también con una de las mejores redes móviles de Europa”.

Además, según el director técnico de Roams, David Ortega, las operadoras pueden ampliar el ancho de banda fácilmente en los puntos donde haga falta sumando a la red principal los equipos de redundancia, unos sistemas que normalmente se mantienen apagados en paralelo a los principales para poder responder rápidamente a una avería.

Los bares son una institución central en la vida social de los españoles y las españolas. En sus terrazas y barras se forjan, botellín o copa en mano, las amistades y los amores que nos unen. Estos días, a causa del estado de alarma declarado para frenar la pandemia del nuevo coronavirus, los bares de todo el país tienen las persianas bajadas y sus clientes permanecen aislados en sus casas.

Para satisfacer la necesidad urgente de nuevos espacios donde reunirnos, la fábrica de cerveza artesanal Cerveza Nao (Lanzarote) ha abierto un bar digital. Cada día, a las 19:00 (hora canaria) abren sus puertas a través de un link e invitan a gente de todo el país a sacar una cerveza de su nevera y reunirse al son de la música que pinchan desde Lanzarote para amenizar la conversación.

“La primera noche tuvimos bastante gente de todos sitios de España y de Canarias, cada uno contando su experiencia dentro de sus casas. Hubo anécdotas, risas y alguno incluso se animó a bailar”, cuenta Miguel Lasso, responsable del nuevo bar digital.

“Al final el bar virtual es como el físico. La gente se encuentra con otros que no tienen nada que ver con ellos y, aunque al principio la gente está un poco cortada, al cabo de una hora ya hablan como si se conociesen de toda la vida”, asegura.

La clientela del bar la primera noche, que rondaba las 20 personas, era de lo más diversa. Había gente joven, parejas con hijos y personas mayores, todas unidas por la experiencia del aislamiento y la búsqueda de maneras de conectar con los demás.

Según Miguel, “lo bueno de este bar es que aquí se puede hacer lo que quieras. El aforo es ilimitado y el horario también. Se trata de que cada uno coja una cerveza y se siente un rato a hablar con otra gente y así se despeje un poquito.”

Cervezas Nao, que distribuye sus productos en Canarias y en algunos puntos de la España peninsular, tiene un bar en la fábrica que abre tres veces por semana. Ahora que lo han tenido que cerrar por el brote de COVID-19, han sustituido la barra por un sistema de videoconferencias fácil de instalar que coordina la conversación entre todos los asistentes, resaltando la imagen del que hable en cada momento con la música que pinchan ellos de fondo.

Mayflower, así es como se llama el barco autónomo que navegará guiado por inteligencia artificial (IA) y que cruzará el Atlántico sin capitán ni tripulación en septiembre de este año. El proyecto ha sido desarrollado por la multinacional estadounidense IBM y la organización de investigación marina Promare. 

Según ha informado la compañía, hoy se han iniciado las pruebas en el mar del sistema de IA, que actúa de capitán de la embarcación, como preparación para la travesía. El ensayo, llevado a cabo en Plymouth, Reino Unido, evaluará cómo la nave utiliza las cámaras a bordo y los sistemas de computación distribuida en la nube para navegar con seguridad.

El barco recibe su nombre porque hará la ruta del Mayflower original de 1620 para conmemorar el 400 aniversario del famoso viaje. Navegará desde Plymouth (Reino Unido) a Plymouth (Massachusetts, EE UU) y se convertirá en la primera embarcación de tamaño completo y totalmente autónomo en cruzar el Atlántico, señala la empresa.

Estas pruebas ayudarán a determinar cómo se desenvuelve el capitán autónomo en escenarios marítimos del mundo real y proporcionará información relevante para perfeccionar aún más los modelos de aprendizaje del barco.

Las pruebas se desarrollarán durante aproximadamente tres meses con un capitán humano al timón. Después, en el mes de mayo, se iniciarán nuevos ensayos para evaluar la plena autonomía del nuevo barco.

Durante los últimos dos años, el equipo ha estado entrenando los modelos de IA del barco usando más de un millón de imágenes náuticas recogidas por cámaras en la bahía Plymouth Sound (Reino Unido), así como bases de datos de código abierto.

El equipo ha utilizado también tecnología IBM POWER AC922 para el proceso de aprendizaje de máquina, la misma tecnología que está detrás de los superordenadores de IA de IBM. En conjunto, y usando la tecnología de visión computarizada el sistema de guía del Mayflower deberá ser capaz de detectar y clasificar independientemente barcos, boyas y otros obstáculos como tierra, rompeolas y escombros. 

Los responsables del proyecto dicen que se prevé que el mercado de los barcos autónomos crezca de los 90.000 millones de dólares actuales a más de 130.000 millones de dólares en 2030.

Según Don Scott, director técnico del Mayflower, “muchos de los barcos autónomos actuales son robots que no se adaptan dinámicamente a las nuevas situaciones y dependen en gran medida del control de los operadores”.

En la nueva embarcación, añade, “hemos usado un conjunto integrado de tecnologías punteras como IA y cloud estamos trabajando para darle a esta nueva embarcación una autonomía completa, desafiando los límites de lo que es posible hoy en día”, señala.

eSignus, una empresa tecnológica fundada por dos canarios, se ha proclamado ganadora del certamen de ideas y proyectos de emprendimiento Ciberemprende del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

“Para nosotros es muy importante que un organismo reconocido a nivel nacional e internacional en temas de ciberseguridad premie nuestro proyecto. El éxito de los proyectos de seguridad se basa en la confianza y este premio demuestra que este no es solo un proyecto nuestro, sino que otros expertos lo han visto, lo han analizado y entienden que es una buena idea”, dice Daniel Hernández, cofundador de la start-up.

eSignus ha recibido el premio, valorado en 8.000 euros, por la creación de un  dispositivo para la firma de transacciones en redes blockchain. El blockchain es un sistema de registro seguro descentralizado de transacciones y forma la base de las criptomonedas como el bitcoin y de nuevos sistemas seguros de identificación digital.

“Todo usuario de una red blockchain tiene una clave pública que le identifica en la red y una clave privada con la que accede a sus fondos y firma sus transacciones. El principal problema de seguridad con las redes blockchain es que, como las transacciones no se puedes deshacer ni modificar, si pierdes o te roban tu clave privada, lo pierdes todo”, explica Hernández.

El dispositivo presentado por eSignus, el Hash Wallet, permite a los usuarios de sistemas blockchain generar y guardar sus claves de manera segura. El dispositivo tiene forma de tarjeta de crédito con una pantalla de tinta electrónica y un lector de huella digital.

A diferencia de las cartera de blockchain actuales, la Hash Wallet no es programable. Esto quiere decir que no puede sufrir intrusiones de software. La única manera de acceder a las claves de la tarjeta es a través del lector de huella digital, eliminando la posibilidad de que nadie pueda suplantar al propietario.

Otro problema de las cuentas blockchain que ataja la Hash Wallet es la recuperación de claves. En caso de perder la tarjeta, el usuario puede recuperar sus claves a través de una clave digital y otra física. Hasta ahora la recuperación de claves de blockchain dependía de una serie de palabra aleatorias que se podían robar o perder. El sistema de recuperación de claves desarrollado por eSignus es más seguro, requiriendo dos componentes que se guardan por separado.

eSignus lanzará el 28 de abril una campaña de crowdfunding en Indiegogo y espera tener el prototipo del dispositivo en junio para probarlo y certificar su seguridad. En diciembre esperan entregar las primeras tarjetas a los compradores de la campaña de crowdfunding.

Pablo Ruiz Múzquiz es CEO y cofundador de la empresa madrileña de software Kaleidos. La compañía, que también cuenta con una oficina en Londres, tiene unos principios bastante particulares en el negocio tecnológico. “Elegimos clientes con los que compartimos valores. Nuestro objetivo es generar un impacto positivo en la sociedad”, dice este directivo a SINC.

Además, esta firma tiene entre sus premisas estar siempre en la avanzadilla y, para generar ideas y nuevos proyectos, organiza dos veces año sus semanas de innovación, las PiWeeks. En uno de estos encuentros surgió a finales del año pasado la idea de desarrollar BetOver, “una aplicación de móvil que permita mapear las casas de apuestas que están proliferando como una auténtica plaga en los barrios con menos recursos de nuestras ciudades”, destaca Ruiz Múzquiz.

En esta iniciativa se han embarcado también otros dos empleados de Kaleidos: la diseñadora gráfica Clara García Viñola y el ingeniero desarrollador David Barragán. El objetivo es concienciar sobre el aumento estos locales de juego. “Queremos aprovechar el potencial de la colaboración ciudadana para disponer de datos actualizados sobre este problema”, coinciden.

Proximidad a colegios, institutos y parques

Según explica García Viñola, “cualquiera que se instale en su móvil la app BetOver podrá ayudar a localizar locales de juego en su ciudad e introducir –por ejemplo– datos sobre su proximidad a colegios, institutos, parques, polideportivos, etc.”

Ruiz Múzquiz matiza que la legislación sobre la cercanía a la que estos locales pueden estar de centros educativos varía entre comunidades autónomas. “En Murcia –que es la comunidad con mayor proporción de salas de juego por habitante– es de 500 metros, mientras que en Madrid la distancia permitida es de 100 metros. Sin embargo, en Madrid hay una moratoria de diez años para adaptarse a estos requisitos”.

La aplicación –que está ahora en fase de desarrollo– cuenta con los datos iniciales cedidos por la plataforma Stop casas de apuestas. Gracias a esta iniciativa, BetOver cuenta ya con más de 6.000 de estos negocios registrados en la app y unos 1.000 centros educativos. “Esto nos sirve como punto de arranque”, señalan.

La organización Stop casas de apuestas, que ha realizado una extracción y análisis de datos, acompañado de un informe y un mapa interactivo estima que, solo en el municipio de Madrid, existen unas 400 casas de juego y apuestas. De ellas, en el 75 % pertenecen a Sportium y Codere, que prácticamente tienen un duopolio del mercado en la ciudad, advierte.

El equipo no busca dar una foto fija de las casas de juego existentes, en cambio quieren que sea un mapa dinámico que abarque todas las comunidades autónomas y que esté en actualización constante.

Por eso –destaca Barragán– “vamos a necesitar una red de colaboradores, editores y moderadores distribuidos por todo el territorio. Estas personas no solo irán añadiendo nuevos datos, sino que también nos ayudarán a confirmar su veracidad, algo que ya hemos visto se hace con bastante éxito en otras plataformas de colaboración ciudadana”.

Fase beta inicial

BetOver ha superado una fase beta inicial, en la que ha sido probada por los responsables del proyecto y colaboradores. “En el mapa ya se pueden añadir nuevas casas de apuestas y centros educativos que no estén listados. Además, queremos incluir notificaciones que alertarán sobre negocios de este tipo cercanos a tu localización para que los usuarios ayuden a validar los nuevos datos. También se podrán subir fotos de los locales”, comenta García Viñola.

Cuando un usuario dé de alta un local que no esté registrado aún en la app–dice la diseñadora–, “podrá añadir información sobre si cumple o no otros aspectos regulados por la ley. Por ejemplo, si permiten fumar, regalan alcohol como reclamo o no tienen control de acceso de menores. Es una manera para que cualquier vecino que esté concienciado con este tema dispongan de datos para una denuncia”.

Al abrir la aplicación lo que se ve es el mapa de la ciudad –en esta primera versión solo de Madrid– y un montón de puntos negros que corresponden a casas de apuestas que están a menos de 500 metros de centros educativos, mientras que los rojos se refieren a las que están a más de 500 metros. Por su parte, los puntos azules representan colegios e institutos y los verdes, centros deportivos y parques infantiles.

Calles convertidas en ‘minivegas’

“Mira, todos estos puntos negros están en la calle Bravo Murillo [Madrid], que ya es un auténtico ‘minivegas’, la zona de Usera también está a tope, ¡pero en el barrio de Salamanca no se ve ni una!”, apunta el CEO. “Estos locales han invadido los barrios más desfavorecidos y castigados por problemas como el paro juvenil y el absentismo escolar. ¡Es tremendo!”, se lamenta.

El equipo se ha dedicado estos últimos meses a hacer pruebas de campo, Ruiz Múzquiz dice que “en estos paseos te puedes llevar sorpresas, como ver locales que por fuera se anuncian como una ferretería y en realidad son casas de apuestas. También nos hemos encontrado con locales sin ningún tipo de control de acceso que llegan directamente desde la calle por un pasillo a las máquinas tragaperras. Todo esto se podrá registrar en la app.

“Lo que estamos haciendo ahora es validar que tenemos una buena tecnología de base que nos permita presentar muchísimos puntos en un móvil, que sea usable y que con la geolocalización puedas darte de alta donde quieras”, dice Ruiz Múzquiz. “También se podrán corregir ubicaciones de locales de juego cuyas coordenadas no hayan sido bien introducidas, lo cual es importante por el tema de las distancias con centros educativos, por ejemplo”, agrega.

‘Cazar’ casas de apuestas

Los responsables dicen que su proyecto nace de una preocupación genuina por la invasión de estos locales de las calles de los barrios empobrecidos de nuestras ciudades. “El índice más alto en Europa de adolescentes enganchados al juego está en España y es un fenómeno que se ha disparado últimamente”, dice David Barragán. Una afirmación que corrobora el estudio 'Jóvenes, juegos de azar y apuestas', realizado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia de Fad.

Además de desarrollar la app, el grupo ha iniciado colaboraciones con asociaciones como Aventura 2000 y Masi, que trabajan con niñas y niños de barrios de la periferia madrileña que están en un contexto de riesgo. Una de las propuestas es que los adolescentes participen en el mapeo de casas de juego. “En lugar de cazar pokemons, ‘cazarían’ casas de apuestas de su barrio como una forma de tomar conciencia de este problema”, señala Pablo Ruiz Múzquiz.

En realidad, lo que equipo pretende con el lanzamiento de esta app no es el lucro, ni hacerse famosos, bromean. “Lo que de verdad nos gustaría es que toda esta invasión de locales de juego y apuestas en nuestros barrios se detuviera, que la legislación se endureciera y que nuestra aplicación sirva como herramienta para alentar la denuncia”, concluye el CEO de Kaleidos.

El brote mundial de coronavirus ha podido finalmente con el mayor congreso de telecomunicaciones del mundo. Barcelona se queda este año sin su gran evento tecnológico, con el que esperaba atraer a miles de visitantes a la ciudad con un impacto económico millonario.

La GSMA, organizadora del Mobile World Congress (MWC), ha decidido cancelar la edición de este año del congreso por el brote internacional de coronavirus y después de que una treintena de empresas haya anunciado que no asistirían, han informado fuentes conocedoras a Europa Press.

La asociación ha tomado esta decisión después de la reunión de este miércoles de su comité, formado por 26 empresas y operadores de la industria móvil, entre las que se encuentran Telefónica, Orange, Vodafone, Deutsche Telekom, Telenor, Verizon, NTT Docomo, AT&T y Turkcell.

Entre las compañías que forman el comité de la GSMA, se encuentran Orange, Vodafone, Deutsche Telekom, NTT Docomo y AT&T, que son algunas de las empresas que habían anunciado que no asistirán al MWC por el coronavirus.

Este mismo miércoles ha habido otra reunión en la que estaban las administraciones implicadas y se ha decidido comparecer en rueda de prensa conjunta a las 10.30 horas del jueves en Fira de Barcelona, donde se iba a celebrar el MWC.

En la rueda, estará representado el Estado a través de la Delegación del Gobierno, la Generalitat, los Ayuntamiento de Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), además de la GSM y de Fira de Barcelona.

Edición 2020

El MWC de este año estaba previsto del lunes 24 al jueves 27 de febrero en Barcelona y L'Hospitalet, en los recintos de Montjuïc y Gran Via de Fira de Barcelona y La Farga de L'Hospitalet.

La GSMA preveía más de 110.000 asistentes de 200 países -un poco más que el récord de participación de hace un año-, y un impacto económico de 492 millones de euros en su decimoquinta edición en Barcelona.

El salón tenía como lema Limitless intelligent connectivity (Conectividad inteligente ilimitada) y preveía generar alrededor de 14.100 empleos temporales, además de contar inicialmente con la participación de 2.800 empresas.

LG, La primera en cancelar

Las cancelaciones de asistencia de empresas al Mobile empezaron el martes 4 de febrero con LG Electronics y, en una semana, el listado ya ha llegado a más de una treintena, con ausencias destacadas como Ericsson, Sony, Intel, Cisco, McAfee, Rakuten, Nokia y British Telecom.

También han anunciado que no acudirán al congreso Nvidia, Amazon, TCL, Gigaset, Unidigi, Vivo, Facebook, Telnet -la primera española en cancelar su participación-, Accedian, Mediatek, CommScope, Sprint y HMD Global, entre otras.

Medidas preventivas desde finales de enero

Antes de que las compañías empezarán a cancelar su asistencia, el miércoles 29 de enero, la GSMA comunicó por primera vez que estaba analizando el “potencial impacto” del coronavirus en la celebración del Mobile, y aseguró que el salón se iba a desarrollar como estaba planeado y que no había registrado ninguna incidencia en las acreditaciones.

En ese mismo comunicado, la asociación ya indicó que estaban tomando medidas preventivas para garantizar la seguridad sanitaria en el congreso.

Dos días más tarde, el viernes 31 de enero, los organizadores del MWC insistieron en que las acreditaciones no habían tenido ningún impacto por el coronavirus y que el congreso se mantenía, y anunciaron más medidas sanitarias, como más limpieza y desinfección y más apoyo médico, además de paneles con información en los recintos feriales.

Recomendó a los asistentes no darse la mano

El siguiente comunicado llegó el martes 4 de febrero, el mismo día de la primera cancelación con LG, en el que la GSMA ya confirmó que había un “impacto mínimo” en la celebración del Mobile, pese a que remarcó que el salón continuaba como esta previsto.

Explicó que iba a implementar medidas preventivas adicionales contra el brote mundial, como un protocolo de cambio de micrófonos para los conferenciantes y sugerir a los asistentes abstenerse de saludarse estrechándose la mano.

Otra batería de medidas llegó el jueves 6 de febrero, con un teléfono de atención médica durante 24 horas, un día antes de la anulación de Ericsson, que tenía más de 6.000 metros cuadrados expositivos en el congreso, decisión que la GSMA lamentó y admitió que tendría impacto en el MWC 2020.

Las últimas medidas que adoptó la GSMA fue la de prohibir la entrada a los participantes del Mobile llegados de la provincia Hubai (China), con capital Wuhan; medir la temperatura a los congresistas; pedir a los asistentes que hubieran estado en China demostrar que han estado fuera del país 14 días antes del evento, y al resto certificar que no habían estado en contacto con nadie infectado por el coronavirus.

La GSMA, entidad organizadora del Mobile World Congress (MWC), celebrará este viernes en Barcelona su consejo general ordinario, convocado hace meses y que tiene lugar cada año antes del salón, en el que puede analizar si cancela o no su celebración, después de las bajas de compañías que se han ido sucediendo en los últimos días ante el brote de coronavirus, han informado fuentes conocedoras a Europa Press.

El MWC debe celebrarse del lunes 24 de febrero al jueves 27 en los recintos de Montjuïc y Gran Via de Fira de Barcelona, y también cuenta con actividades en La Farga de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Este mismo martes, la estadounidense Intel y la china Vivo han confirmado que no participarán en el congreso mundial de móviles, sumándose a otras compañías como Ericsson, Amazon, Sony, LG, Umidigi, Nvidia, NTT Docomo y Gigaset, mientras que el fabricante tecnológico chino Xiaomi sí que ha confirmado su presencia en el MWC de Barcelona.

Medidas preventivas

Hasta el momento, desde la GSMA, se han aumentado las medidas preventivas tras la alerta del coronavirus, de modo que los participantes del MWC llegados de Hubai (China) no podrán acceder al evento, y se medirá la temperatura a todos los asistentes.

Además, todos las personas que hayan estado en China necesitarán una prueba que demuestre que han estado fuera del país 14 días antes del evento, que prevé la participación de 2.800 expositores.

Estas medidas se suman a otras preventivas como el aumento de dispensadores de jabón desinfectante, el cambio de micrófonos de los conferenciantes y la recomendación a los asistentes de abstenerse de saludarse dándose la mano.

Además, este año el teléfono 24 horas para incidencias que pone a disposición el MWC también contará con una persona específica que atenderá llamadas en materia de salud y se dispondrá de dotaciones del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), como en ediciones anteriores.