Hay una mujer que, mientras ustedes leen esto, está esperando. Una cita, una plaza, una respuesta que no llega. Reunió el valor una vez y no piensa reunirlo dos. No sale en ningún titular, porque a ella todavía no la ha matado nadie. Al final de cada pacto y de cada nombramiento hay una mujer esperando, y lo que ella espera no es tiempo administrativo. Es tiempo de su vida.

Esta misma semana, el Gobierno andaluz de Juanma Moreno ha aprobado el decreto que entrega a Vox las competencias en violencia de género. Las Unidades de Valoración Integral pasan a la consejería que dirige el líder de la ultraderecha. Y conviene explicar qué son, porque no es un tecnicismo: son los equipos que redactan, a petición del juzgado, el informe que dice si una mujer está en peligro y si su agresor va a volver. Es el papel del que depende que a una se la crea. A partir de ahora lo gestiona el partido que sostiene que la violencia machista es un invento. El mismo que en 2019 pidió por escrito, en el Parlamento andaluz, la lista con los nombres y apellidos de los profesionales que trabajan en esas unidades.

Andalucía encabeza las cifras de mujeres asesinadas en España. Y aun así, cuando llegó la hora de repartir consejerías, su protección entró en el lote. Ahí está resumido lo que quiero decir hoy: la igualdad se ha convertido en moneda de cambio, y quien la usa como moneda no paga con algo suyo. Paga con nosotras.

No es un caso aislado: es un método, y ya lo hemos visto funcionar. En la Comunidad Valenciana, la consejería que dirigía Vox sustituyó “violencia de género” por “violencia intrafamiliar” en la formación de la policía local; el escándalo obligó al PP a rectificar, pero ni siquiera entonces se recuperó el término. En el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por PP y Vox, no hubo declaración institucional ni el 25 de noviembre ni el 8 de marzo: la ultraderecha bloqueó los textos y el PP lo aceptó para no romper el pacto. En Extremadura se recortaron las partidas de igualdad mientras las de tauromaquia pasaban de menos de 100.000 euros a casi 900.000. Cuatro comunidades gobiernan hoy PP y Vox juntos —Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía— y en las cuatro se repite el guion: primero se recorta la partida, después se borra la palabra.

Aquí hemos oído muchas veces que eso no va con nosotros, que aquí hay moderación. Pues bien, Coalición Canaria proclamó en 2023 que la ultraderecha era una línea roja y desde entonces le ha ido abriendo, una por una, las puertas de nuestras instituciones, siempre de la mano del Partido Popular. En Arona, tercer municipio de esta isla, Vox entró en el gobierno municipal en enero de 2025: uno de sus concejales, que además es consejero de Vox en el Cabildo de Tenerife, asumió la segunda tenencia de alcaldía y las áreas de Turismo, Cultura y Patrimonio Histórico, y su compañera de grupo, las de Promoción Económica, Sector Primario y Empleo. Rosa Dávila y Lope Afonso salieron a justificarlo en nombre de la “estabilidad”. Dos meses después, en Granadilla de Abona, CC recuperó la Alcaldía con los votos de Vox frente a una alcaldesa socialista, en un acuerdo firmado en la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias. No en una sala de partido: en la sede del Gobierno de todas las canarias y de todos los canarios.

Y en Arona, en la madrugada del 20 de febrero de este año, un hombre mató a su hijo Yared, de diez años, y dejó a la madre del niño herida de gravedad: el noveno menor asesinado por violencia vicaria en Canarias desde 2013. El Ayuntamiento decretó dos días de luto y publicó un comunicado que sigue colgado en la web municipal. Habla de un “trágico suceso” que “se saldó con el fallecimiento de un menor” y con “una mujer herida de gravedad”. Ni asesinato, ni violencia machista, ni violencia vicaria. El hombre que lo hizo no aparece: no hay padre, no hay agresor, no hay nadie. La madre tampoco es la madre: es “una mujer”. Y el compromiso que se reitera al final no es con la igualdad, sino con “la convivencia pacífica en el municipio”. Un niño asesinado por su padre para destrozar a su madre, convertido en un accidente sin autor.

Y borrar la palabra no es un matiz de vocabulario. Es la diferencia entre entender que a una mujer la matan por ser mujer o creer que fue una desgracia que pasó. Quien no lo nombra, no lo combate. Y quien no lo combate, deja sola a la siguiente.

¿Y qué ha hecho Fernando Clavijo con la igualdad mientras se abrían esas puertas? Tratarla como el área que se reparte cuando ya se han repartido las que de verdad interesan. En tres años de mandato, la dirección del Instituto Canario de Igualdad, el organismo que coordina en estas islas la protección de las mujeres víctimas de violencia machista, se ha convertido en parte del precio de un pacto, ocupada por quien no acredita trayectoria alguna en la materia. Hemos llegado incluso a hablar de cargos que parecen heredables. Lo digo con cuidado, porque detrás hay una familia que acaba de despedir a una madre y ahí no hay ninguna mujer a la que señalar: mi crítica no va contra una persona, va contra una forma de gobernar. La herencia que importa no es la de una madre a una hija, sino la de un partido que ha hecho suya un área entera y la administra como patrimonio propio. Y cuando un área se posee, da lo mismo quién la ocupe: lo que se cubre no es una responsabilidad pública, es un peaje.

A nadie se le ocurriría poner al frente de Hacienda a quien no sabe leer un presupuesto. Con la igualdad sí, porque se da por hecho que basta con la buena voluntad. Y cuando quien manda no sabe, no pasa nada estruendoso: sencillamente, no se hace. El daño de una política que no existe es un daño callado, y por eso sale tan barato.

Que nadie diga después que no lo vio venir. Andalucía no es una anomalía: son las luces largas sobre el camino que se pretende recorrer. Primero se pacta por estabilidad. Luego se cede un área. Luego se cambia una palabra. Y un día resulta que quien decide si una mujer corre peligro es quien lleva años repitiendo que ese peligro no existe. ¿Alguien cree que si mañana hacen falta los votos de Vox en el Parlamento de Canarias o en este Cabildo, la igualdad no volverá a la mesa de reparto? Es lo primero que se ofrece, porque es lo que menos les cuesta.

Los socialistas estamos empeñados en bloquear ese camino, pleno a pleno y municipio a municipio. Coalición Canaria y el Partido Popular, en abrirlo. Esa es, sin adornos, la diferencia. Y aquí, en casa, Rosa Dávila cometió además el error de dejar las políticas contra la violencia de género del Cabildo de Tenerife en manos del Partido Popular. Eso lo estamos pagando ya las mujeres de esta isla.

Porque cada retraso tiene nombre de mujer. Cada plaza que no se convoca es una que sigue durmiendo en casa de su madre con dos criaturas. Cada programa que no se diseña es una chiquilla de quince años que no tendrá quien le explique que lo que le está pasando tiene nombre y no es culpa suya. Quedarse atrás no se mide en escaños ni en encuestas: se mide en vidas frustradas y en mujeres que lo perdieron todo por no soltar a tiempo la mano equivocada.

Las mujeres de estas islas no somos un asiento en una mesa de negociación. La igualdad no es un cargo de reparto: es, para muchas, lo único que se interpone entre su vida y el peor de los finales. Quien la tenga por un peaje, que la suelte.

La frase socorrida, casi de socorro, “ponte en mi lugar”, se suele comer sola, sin acompañamiento y con escaso éxito por parte de la persona que pide. Ponerse en el lugar del otro, de la otra, exige una infinita generosidad y una capacidad muy grande de cariño.

No son buenos tiempos para las suplencias afectivas ni para las sustituciones compasivas. Casi nadie se compadece de ni tiene ánimo de entregarse. Sucede algo así entre los países de la Unión Europea después de los sucesos de Ceuta y sus derivadas ideológicas. Nadie quiere verse en una de esas, por eso muchos apelan al espanto y a la exageración interesada, esta última casi siempre. La iglesia católica actual, su jerarquía máxima, se mantiene en la excepcionalidad respecto a los poderes de la Tierra. Surca los mares y los aires como alma que no lleva el diablo y parece entregarse a los más débiles. Se dice que nació para eso.

Otras instituciones europeas, no se sabe ni para qué nacieron ni en qué lugar están ahora. Si se trataba de demonizar y desautorizar a España, más bien a su gobierno, la jugada ha sido nefasta para sus actores principales. ¿Quién se responsabiliza de los muertos en el asalto? Son los muertos más anónimos y con más titulares periodísticos concebibles.

Una vez (Aznar) López se fotografió delante de un mapa en el que el territorio de Marruecos, y del Sahara exespañol, tenía el mismo color que Ceuta, Melilla y el Archipiélago canario, o viceversa. Casi nadie dijo nada, quizás porque la foto fue tomada en Marruecos y con el rey. Tampoco ha aparecido estos días.

Por lo que llevamos de verano, este agosto parece que va a ser un mes cargado de inmundicias e historias para no dormir. El pesado eclipse es una de ellas, hasta en la sopa. Solo falta algún negacionista del hecho para inundar el panorama. El tal Bosé debe estar de vacaciones paracientíficas.

Como siempre, hay buenas noticias: el otro día me tocaron cinco libros, por sorteo en la librería Alberti de Madrid, de las editoriales del grupo Contexto: ¡qué ilusión! Entre ellos, uno de Evelyn Waugh. Muchas gracias a mi librería de guardia y cariño.

Y las mejores butifarras, que para ello me he convocado, son las del norte de Catalunya, cerca de Palamós y de Palafrugell. Acompañadas de fesolets, de monchetas o de alguna seta de temporada, excelente placer gastronómica sin un ápice de nostalgia.

Pero es inevitable que mi paladar vuele a Can Punyetes, en Barcelona, o a Can Torrades, en Begur. Amb vi de la terra, si us plau.

Salga usted del antiguo Estanco Número 5 de la Plaza de la Candelaria y eche a caminar en dirección Las Teresitas. 1.000 metros después se encontrará con el monumento que una dictadura erigió a su dictador (dejó constancia de ello para siempre el No-Do, altavoz oficial del gobierno franquista de obligada exhibición “en los cines de España, posesiones y colonias”). Una pausa, cogemos aire.

Sigamos. Desde este punto, subamos por la Rambla, dejemos el Heliodoro a nuestra izquierda. Un poquito más, hasta la Avenida Reyes Católicos. Aquí hubo unos almacenes de empaquetado de plátanos de la multinacional Fyffes; durante el acaudillamiento del Movimiento Nacional por parte del caudillo ensalzado con el monumento de nuestra parada anterior fueron convertidos en campo de concentración. De plátanos pasó a acoger personas hacinadas, tinerfeñas, durante más de una década.

[¿Sabía que...? El entonces cónsul de Suecia en las islas adquirió con cargo a su bolsillo y donó, tan desprendido, unos rollos de alambre de espino para que esa cárcel política fuera más segura, mire a ver].

La cosa es que aquel Estanco Número 5 de la Plaza de la Candelaria tuvo como responsable a un joven chicharrero, pero no duró mucho: tras la salida golpista de Canarias de Francisco Franco Bahamonde (el caudillo ensalzado con el monumento que antes vimos y que, según visión literaria umbraliana, merendaba chocolate con soconusco mientras firmaba sentencias de muerte), en algún momento posterior a ese julio del 36… alguien irrumpe en el estanco-librería y apresa al veinteañero regente del negocio, Domingo López Torres, chicharrero, que no mató a nadie, poeta, ensayista, llevado preso a los salones-prisión de Fyffes, tan cerquita, en el corazón de Santa Cruz, meses después metido en un saco y tirado al mar.

Asesinado, como tantas otras personas, entonces, allí, aquí.

[¿Sabía que...? En su cautiverio escribió Domingo el poemario Lo imprevisto, punzante, devorador. Allí dejó dicho, por ejemplo: “¡qué profundo correr por mares de silencio! / las empinadas desbocadas venas / rompiendo limpios mares pudorosos / con la brisa, el calor, la flor, el grito. / ampulosas redondas nubes grises”. Al unísono, otro preso, un ilustrador cuasi olvidado (Luis Ortiz Rosales) iba poniendo a aquellos versos sus ilustraciones, punzantes, devoradoras. La obra en cautiverio de los dos represaliados y prontamente muertos fue publicada 44 años después, en democracia, por la Universidad de La Laguna].

Recapitulemos: recorramos el paseo a la inversa: del estanco de la Plaza de la Candelaria del joven Domingo López Torres (1935-1936) al campo de concentración franquista de Fyffes, a donde trajeron a Domingo para sacarlo a ahogarse en las aguas que bañaban su propia ciudad; se dice que a veces metían gatos vivos en el saco de los represaliados (1936-1950); y de allí al monumento a Franco (1966-allí sigue-6 décadas más tarde-para vergüenza de propios y extraños-por desvergüenza del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife-que asombra a cada paso con nuevas excusas zafias-punzantes-devoradoras-para no quitar de la vista la vanagloria monumental indubitada a un dictador).

[¿Sabía que...? El Gobierno de Canarias acaba de acordar que el Día de las Letras Canarias del año próximo esté dedicado a nuestro poeta, santacrucero, preso, represaliado, muerto ahogado arrojado al mar en un saco. Cómo pedirle perdón a Domingo porque 90 años después le dediquemos un recuerdo a su vida y obra mientras, a cinco minutos de su aún recordado Estanco Número 5, su propia ciudad mantiene en pedestal la escultura erigida en honor al dictador de aquella dictadura que lo asesinó, como “prueba de adhesión de los isleños a la figura de nuestro jefe de Estado” (archivo digital público de RTVE y Filmoteca Nacional: episodio No-Do 1212 (NOT N 1212 C). Cómo pedirle perdón].

Duración del paseo: hora y cuarto. Dificultad: insoportable.

Llevan años diciéndonos que la culpa es del cambio climático, del calor, del exceso de producción o del mercado.

Siempre aparece una excusa distinta.

Mientras, el agricultor vende su plátano por una miseria y el consumidor lo paga a precio de oro en el supermercado.

La pregunta es muy sencilla: ¿dónde se queda todo ese dinero?

Pero la realidad es otra. El verdadero problema es que el modelo actual del plátano ha quedado obsoleto. Es un modelo que lleva demasiados años repitiendo las mismas crisis. El agricultor trabaja más, invierte más, asume más riesgos y, sin embargo, cada año cobra menos por su fruta.

No existe una planificación real de la producción ni de la comercialización.

Las organizaciones de productores de plátanos (OPP) siguen comercializando cada una por su lado, defendiendo sus propios intereses en lugar de actuar con una estrategia común para proteger el precio final percibido por el agricultor local. Mientras el sector siga dividido, el agricultor seguirá siendo el que pague las consecuencias.

El Decreto 48/2018 ya establece que las organizaciones de productores deben planificar la producción y comercializar en beneficio del agricultor. El problema no es la falta de normas. El problema es que no se aplican.

A todo esto se suma un reparto del Posei para el plátano (141,1 millones de euros al año) que necesita ser cambiado y la falta de investigación, ensayos y herramientas fitosanitarias para combatir las plagas actuales y prepararnos para las que puedan llegar en el futuro.

Las soluciones existen. Los agricultores llevamos tiempo proponiendo un cambio de modelo basado en medidas concretas.

Los datos hablan por sí solos.

Cada año hay menos agricultores.

Cada año desaparecen más pequeñas y medianas explotaciones familiares.

Con la ropa todavía mojada, un grupo de chicos pedía pan frente a un pequeño comercio de Ceuta. Acababan de llegar a la ciudad desde Marruecos, como otras 60.000 personas. Una cámara los enfocaba desde lo alto de un muro. Un reportero de televisión narraba la escena (también desde arriba) y advertía, como en un espectáculo, del supuesto peligro que se ceñiría sobre las calles cuando cayera la noche. Desde la comodidad del plató, la presentadora del programa lo interrumpió para apretar el gatillo, y disparó. El pan que se hace en Ceuta es para la gente de Ceuta, dijo.

Frente al televisor, mucha gente se hacía preguntas que, por responsabilidad, nadie debería abalanzarse a resolver en una frase así. Mientras tanto, en una de las tantas fronteras de la muerte, el peligro ya había hecho de las suyas cobrándose las primeras vidas. Hasta la fecha, ya roza el centenar el número de personas migrantes que han muerto ahogadas en su intento de llegar a Ceuta.

Tras los primeros cruces, los agitadores de turno intentaron llenar de odio las redes sociales. Algunos creadores de contenido, entre foto y foto en la playa, también se creyeron con el derecho de distinguir al “buen” del “mal migrante”. No por casualidad, el magnate multimillonario Elon Musk se mofaba de la crisis humanitaria con un vídeo en su red social ‘X’ en el que la comparaba con escenas de Guerra mundial Z, una película sobre una invasión de muertos vivientes que quieren acabar con la humanidad. De hacer todo lo posible por acabar con la humanidad él sabe mucho.

En Hombres contra el fuego, un capítulo de Black Mirror, los militares salen a acabar con una plaga de cucarachas que asola al país. Lo que no sabían era que un chip implantado en sus cerebros les impedía ver lo que estaban cazando en realidad: personas vulnerables. Hoy este chip deshumanizador lo diseñan aquellos que creen decidir quién se merece el pan; los que criminalizan a nuestros vecinos, que buscan ejercer su derecho a moverse; los líderes que instrumentalizan las vidas; los amantes de términos como avalancha o invasión; los cazadores de votos que quieren sacar rédito de la incertidumbre y del dolor ajeno.

Este fin de semana, algunas serpientes desesperadas por esparcir su veneno (como aquellas de las que habla la autora Irene Cuevas en su libro Animal Print) mostraron una vez más que, si estuviera en su mano, los que se hubieran contado por miles serían los muertos. Por suerte, se han topado con vecinos y vecinas que no quieren que nadie haga saltar por los aires décadas de convivencia. Por suerte, o más bien por responsabilidad, decenas de periodistas formados y entidades especializadas siguen trabajando a destajo para que se respeten los derechos fundamentales de las personas que han cruzado y de las familias de los fallecidos.

Y para aquellos que se han llenado la boca estos días hablando de “los nuestros”, estos muertos también son nuestros. Igual que el hombre de 30 años que ha fallecido en un hospital de El Hierro tras llegar en un cayuco. Igual que el bebé que también murió después de cruzar la ruta canaria. Igual que la mujer que ni siquiera pudo llegar a tierra porque su cuerpo no resistió al viaje. Ojalá todos ellos hubieran podido llegar y, como escribió Almudena Grandes, besar el pan.

Son muchas las páginas y memes en que en nuestros días se recurre al insulto como único argumento contra quienes, siendo personas trabajadoras empobrecidas o jóvenes sin vivienda e independencia económica, sin embargo, acaban sosteniendo discursos que parecen ir contra los propios intereses de su clase y votando a opciones conservadoras y ultraconservadoras.

Todos los días podemos leer diagnósticos de este tipo: “fachapobres”, “ignorantes”, “incultos”, “estúpidos” y demás calificativos dentro del mismo rango de desprecio. Y esos insultos proceden, con demasiada frecuencia, de personas y grupos de la izquierda mediática.

¿Confundir una decisión política con una incapacidad intelectual permite realmente comprender este fenómeno o nos aleja de ello? ¿No se esconde un desinterés real por la gente y sus problemas de siempre?

En el mundo clásico ya se conocía este modus operandi. Por ejemplo, Tucídides señalaba hace veinticinco siglos que el temor incidía en el juicio político, porque cuando las personas se reconocen inseguras, la coherencia ideológica no es un objetivo preocupante; se ocupan antes de su protección porque el miedo reduce el horizonte de decisión y desplaza la reflexión hacia la supervivencia súbita. Como cuando recibimos un pisotón: retiramos el pie de inmediato al extremo contrario, por instinto de protección, aunque al otro lado haya un abismo. Recordaré cómo de niña, mientras me ahogaba en el mar, por puro instinto de conservación de la vida, intentaba apoyarme con fuerza en la persona maravillosa que me socorría, hasta el punto de que requirió ayuda externa, pese a casi duplicarme en tamaño y peso. Una no se pregunta si es coherente intentar hundir a quien la rescata. El instinto no deja tiempo para esas preguntas. No tiene tiempo de eso. En la hostelería, por ejemplo, con horarios agotadores de apertura y cierre, adaptados a las exigencias del turismo, ajeno a los ritmos biológicos de quienes trabajan, con sueldos míseros que obligan a hacer horas extra mal pagadas, tampoco la gente tiene tiempo de hacerse preguntas muchas veces.

Para pensar también se necesita descansar. Un sistema que depende de la disponibilidad permanente del trabajador difícilmente favorece el descanso; y sin descanso, el pensamiento crítico se vuelve un lujo. Para eso, buenas dosis de fútbol, fiestas, romerías y macroconciertos; y Sísifo, a empujar de nuevo al día siguiente la piedra interminable de esta sinrazón.

El ser humano de hoy, según la sociología, psicología, filosofía y neurociencia, aun con el enorme progreso tecnológico, está rodeado de incertidumbres. En España, las cifras de los niveles macroeconómicos permiten a representantes políticos lanzar mensajes jubilosos desde los hemiciclos, sin embargo, padecemos los estragos de la crisis habitacional, sueldos precarios, emergencia climática, turistificación y ecocidios diversos, que, además, en Canarias están enmarcados por la colonización histórica, y agravados por una colonización de la política, que también es histórica. Esto lo que produce entre las personas más desfavorecidas por el sistema es miedo económico, ansias de reconocimiento y sensación de abandono.

No obstante, ¿por qué no nos preguntamos con honestidad cuál es el verdadero problema, antes de insultar de una forma tan simplista? No parece lógico que nadie se acueste sensato y se levante una mañana con la decisión tomada de votar contra sus propios intereses. Quizá sea la mezcla de experiencias, emociones, identidad, expectativas con la cultura en general, el lenguaje y los medios de comunicación y redes sociales las que incidan en las decisiones políticas.

La sociología también (Pierre Bourdieu, Gramsci…) ha abordado en profundidad este fenómeno, y más nos valdría tenerla en cuenta, porque cuando las instituciones hablan un idioma que la gente no entiende y no se escucha a la más desfavorecida —proceda de donde proceda—, esta termina buscando respuestas en el otro lado, el lado oscuro del miedo. En la oscuridad todo es confuso y siempre hay allí quienes se manejan muy bien, con gafas de infrarrojos —¿será casual el nombrecito? El mismo Plutarco argumentaba que quienes prometen prosperidad no siempre atraen al pueblo. Este es más proclive a seguir a quienes le dan la sensación de dignidad, pese a ser falsa o falseada. Otra cosa distinta, demasiado prolija para abordarlo ahora, es cómo el liberalismo y los imperialismos tecnocráticos recientes trabajan afanosamente para manejar voluntades, mediante falsas verdades, el control de los medios y los bulos a través de los algoritmos.

En la farsa —comedia— predominan los disfraces ridículos, como esclavos vestidos de amo; los malabarismos con el lenguaje y el cinismo —“hijo de fruta”—; la música, como los macroconciertos; y un final festivo, como romerías, festival de sensaciones — copa y tapa—, que buscan la diversión momentánea por encima de todo, por encima del rigor y la honestidad y que dan la falsa sensación de prosperidad. En la farsa romana, Plauto ejercía la crítica subversiva a través de los actores; el problema es cuando la farsa salta del escenario y los personajes se confunden entre el griterío en el patio de butacas y comienzan a ser insultados. Ahí ya es difícil vislumbrar el retorno, detectar qué hay detrás de las máscaras, bajar el telón y encender las luces.

Por otro lado, según datos del CIS, en España, son entre el 25% y el 35% de votantes, que se autoidentifican dentro de las clases bajas, pobres o trabajadoras, las que se inclinan por votar a opciones de derecha. Pero no existe un patrón único en el que “los pobres” voten de una determinada manera, sin una coyuntura compleja que lo propicie. Suponer este voto extensible a toda la clase trabajadora, puede invisibilizar su diversidad política; y reducir el problema a la idea de “la ignorancia” y “la estupidez” también contribuye a su revictimización.

Por tanto, en mi opinión, que un porcentaje determinado entre las rentas más bajas apoye posiciones políticas conservadoras o destructoras de sus propios derechos adquiridos —como ya ha podido observarse en Argentina—, no puede evidenciar una súbita pérdida de neuronas colectivas. Más bien nos debería obligar a preguntarnos cuándo y por qué se rompió el vínculo entre su experiencia cotidiana y quienes debieran representarle, gobiernos, partidos y sindicatos. En este punto la inteligencia es como la energía, ni se crea ni se destruye, se transforma. Es el miedo con todas sus máscaras. Si no hay un tejido comunitario ecosocial, sólido, que actúe de red cuando la gente se tambalea, el miedo ante el abismo, conduce a tomas de posición escoradas al conservadurismo, donde se siente rescatada y, en apariencia, dignificada.

Por último, detrás del insulto, creo que hay otra cosa que revisar, algo incómoda también, pero más camuflada. Se trata del desprecio, que no es otra cosa que una forma de aporofobia. En mi opinión, el problema es que se ha sustituido el esfuerzo por comprender, por la comodidad de despreciar. Se acepta, usa y abusa de la gente pobre siempre que vote correctamente —pese a las traiciones continuadas para que siga manteniendo el sistema sobre sus espaldas—, pero se la desprecia cuando deja de hacerlo. Es entonces cuando la víctima se transforma en culpable. ¿Y qué hemos hecho en realidad? Dejarla sola en medio de la confusión. Esa sí se me antoja una forma sutil y perversa de traición, con la que salimos perdiendo todas, menos el lado oscuro.

¿Quiénes son “los tontos” entonces? El CIS no arroja datos sobre esto. Pero intentar comprender la complejidad que nos lleva al insulto y al desprecio, es aprender más de nosotras, ser mejores para colaborar con las demás para que también puedan ser mejores. En mi opinión, intentar comprender todos estos condicionantes, los de “las otras” y “los nuestros” hace que Tucídides y Plutarco sigan siendo contemporáneos.

No estamos ante 50.000 decisiones migratorias individuales que coincidieron fortuitamente en el mismo lugar y momento. Tampoco ante una mera actuación de redes clandestinas que consiguieron eludir durante unas horas la vigilancia de dos Estados. Cuando una masa equivalente a más de la mitad de la población de Ceuta atraviesa una frontera, altera el control efectivo del territorio y regresa mayoritariamente cuando el país de procedencia restablece su actuación, el componente migratorio deja de ser la explicación principal. Las personas fueron el instrumento; la presión sobre España fue el resultado estratégico.

La denominación más rigurosa es la de operación de presión híbrida mediante la instrumentalización de población civil. No fue una invasión militar convencional, porque quienes entraron no constituían unidades armadas ni pretendían aparentemente combatir u ocupar el territorio. Pero sí se produjo una penetración masiva no consentida, capaz de saturar las instituciones, desbordar las fuerzas fronterizas, alterar gravemente la vida de una ciudad y exponer la incapacidad temporal del Estado para controlar una parte de su territorio.

Desde la doctrina de seguridad, estamos ante una acción situada deliberadamente por debajo del umbral de la guerra, pero orientada a producir efectos propios de una actuación hostil: pérdida temporal del control fronterizo, saturación institucional, presión sobre el Gobierno, exposición pública de vulnerabilidades y condicionamiento de la voluntad política del Estado.

La Unión Europea reconoce expresamente como instrumentalización la actuación de un tercer Estado o de un actor hostil que facilita el movimiento de personas hacia sus fronteras con la finalidad de desestabilizar a la Unión o a uno de sus Estados miembros y poner en riesgo funciones esenciales, entre ellas el mantenimiento del orden público y la salvaguardia de la seguridad nacional.

Esta distinción no es un ejercicio semántico. La forma de nombrar una crisis determina también la forma de responder a ella.

Si se califica lo sucedido únicamente como “crisis migratoria”, el debate queda reducido a acogida, devoluciones, centros de estancia, procedimientos de extranjería, barreras fronterizas y gestión humanitaria. Se administra a las personas que han entrado, pero se evita identificar la estructura de poder que hizo posible el desbordamiento y el objetivo político perseguido mediante él.

Ese marco resulta especialmente cómodo para Marruecos. Rabat puede aparecer después como el socio indispensable que colabora para solucionar una crisis cuya apertura, intensidad y finalización dependen, en gran medida, de su propia actuación. España termina agradeciendo la cooperación de quien dispone materialmente de la llave con la que se regula la presión sobre su frontera.

El verdadero problema estratégico es precisamente ese: un Estado extranjero ha demostrado que puede modular el control efectivo de una frontera española. Puede contener durante meses a miles de personas, permitir que se aproximen, reducir su vigilancia, restablecerla posteriormente y facilitar después su retorno.

No es necesario afirmar, sin una investigación concluyente, que cada movimiento fue organizado directamente desde el Gobierno marroquí. Tampoco hace falta reconstruir previamente toda una cadena formal de órdenes para identificar la naturaleza estratégica del fenómeno.

Basta constatar que una movilización de semejante magnitud difícilmente habría sido posible con una actuación preventiva eficaz de las autoridades marroquíes y que el flujo se redujo cuando estas decidieron intervenir. La posibilidad material de abrir, cerrar o modular una frontera española desde el otro lado constituye, por sí misma, una vulnerabilidad de primer orden.

El precedente de 2021 debería haber eliminado cualquier ingenuidad. Entonces entraron en Ceuta unas 8.000 personas durante la crisis diplomática provocada por la hospitalización en España de Brahim Gali. El Parlamento Europeo denunció expresamente la utilización de menores por parte de las autoridades marroquíes. Cinco años después, el mismo instrumento ha reaparecido a una escala muy superior.

Por ello, la respuesta no puede limitarse a instalar una barrera flotante en el litoral. Esa infraestructura puede tener una utilidad concreta para canalizar determinadas entradas marítimas, evitar que algunas personas rodeen el espigón y facilitar una actuación más segura de las patrullas.

También puede responder a la situación jurídica creada por la doctrina del Tribunal Supremo sobre la imposibilidad de aplicar automáticamente el rechazo inmediato previsto en la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería a quienes son interceptados en el mar intentando alcanzar Ceuta o Melilla a nado.

Pero confundir esa cuestión jurídica y operativa con el problema estratégico sería un error. Una barrera marítima puede ordenar una ruta de inmigración irregular. No disuade a un Estado que esté dispuesto a emplear decenas de miles de personas para desbordar una frontera.

Ceuta ya dispone de una estructura militar relevante. La Comandancia General integra, entre otras unidades, el Tercio Duque de Alba de La Legión, el Grupo de Regulares número 54, el Regimiento de Caballería Montesa, unidades de Artillería, Ingenieros y Logística. Su misión incluye la defensa militar inmediata del territorio español comprendido dentro de su zona de responsabilidad.

La existencia de esas unidades no resuelve, sin embargo, la cuestión esencial: qué umbral activa su despliegue operativo ante una operación híbrida masiva.

Una fuerza militar puede estar acuartelada y, pese a ello, no producir una verdadera disuasión si el actor que ejerce la presión considera que el Gobierno no está dispuesto a movilizarla a tiempo. La capacidad material solo genera disuasión cuando existe también la voluntad política creíble de emplearla dentro de la legalidad.

España necesitaba demostrar desde el primer momento que una entrada de semejante magnitud provocaría una respuesta estatal extraordinaria. No para emplear indiscriminadamente la fuerza militar contra civiles, sino para asegurar los perímetros, proteger las infraestructuras críticas, impedir la extensión del desorden, garantizar la libertad de movimiento de las fuerzas policiales y acreditar que el Estado conservaba el dominio efectivo del territorio.

Las Fuerzas Armadas no tendrían que sustituir a la Guardia Civil ni a la Policía Nacional en las funciones ordinarias de control de fronteras o extranjería. Su misión sería distinta: asegurar el territorio, proteger las instalaciones esenciales, sostener la continuidad del Estado y respaldar operativamente a las fuerzas responsables del control fronterizo cuando la magnitud del fenómeno supere claramente una respuesta policial ordinaria.

El número concreto de efectivos corresponde al planeamiento militar. Pero resulta difícil defender que una respuesta inicial limitada pudiera ser proporcionada al riesgo de desbordamiento que se estaba produciendo. Ante una operación capaz de movilizar a decenas de miles de personas, España debería poder trasladar inmediatamente varios miles de efectivos, mantener una reserva adicional preparada en la península y activar simultáneamente capacidades navales, aéreas, logísticas, sanitarias y de inteligencia.

El eventual revuelo diplomático causado por un despliegue militar masivo habría sido considerable. Pero el daño estratégico provocado por permitir la entrada de 50.000 personas es mucho mayor.

El primer escenario habría proyectado determinación y capacidad de respuesta. El segundo proyecta vulnerabilidad, dependencia de Rabat y ausencia de un umbral de reacción reconocible.

La disuasión no consiste necesariamente en disparar ni en provocar una confrontación. Consiste en que el otro actor sepa que su operación fracasará, que España puede mantener el control de Ceuta sin cooperación marroquí y que cualquier nueva instrumentalización tendrá costes políticos, diplomáticos, económicos y operativos.

España no puede organizar su política hacia Marruecos sobre la ficción de una confianza estratégica permanente. La cooperación bilateral es necesaria en materia comercial, lucha antiterrorista, seguridad marítima y gestión ordinaria de fronteras. Pero Marruecos reivindica Ceuta y Melilla y mantiene intereses territoriales objetivamente incompatibles con los españoles. La cooperación puede existir. La dependencia defensiva no.

También debe evitarse otra confusión. Reforzar militarmente Ceuta no significa convertir automáticamente a Marruecos en enemigo ni preparar una guerra ofensiva. Significa reconocer que la estabilidad fronteriza no puede descansar exclusivamente sobre la voluntad de un Estado que dispone de la capacidad material y de los incentivos políticos necesarios para emplearla como instrumento de negociación.

La defensa de Ceuta tampoco es una excentricidad patriótica ni una cuestión meramente simbólica. Estamos ante territorio español, ante una frontera exterior de la Unión Europea y ante una posición esencial en el Estrecho de Gibraltar, uno de los espacios marítimos de mayor importancia comercial, energética y militar del mundo.

La seguridad de Ceuta afecta al Mediterráneo occidental, al acceso atlántico, a las rutas energéticas, a la libertad de navegación, a la defensa de Canarias y a la credibilidad de la presencia española en el norte de África.

Por tanto, no estamos defendiendo únicamente una ciudad autónoma de poco más de ochenta mil habitantes. Estamos defendiendo la continuidad territorial y política del Estado, la seguridad del flanco sur europeo y una posición geoestratégica esencial.

La Unión Europea ha incorporado la instrumentalización migratoria a su arquitectura de respuesta frente a las amenazas híbridas y ha desarrollado mecanismos de asistencia y reacción para este tipo de situaciones. España debe exigir que esa dimensión europea sea reconocida plenamente.

Pero la jerarquía debe quedar clara: la capacidad nacional debe constituir la primera línea de defensa; la solidaridad europea y aliada debe complementarla, nunca sustituirla.

Europa y la OTAN pueden aportar inteligencia, coordinación, medios tecnológicos, respaldo diplomático y capacidad de disuasión colectiva. Sin embargo, ninguna alianza sustituye la responsabilidad primaria de un Estado de conservar el control efectivo de su territorio.

Además, las amenazas híbridas están diseñadas precisamente para explotar las dudas políticas sobre cuándo y cómo deben activarse los mecanismos colectivos. Se sitúan por debajo del conflicto armado abierto, combinan instrumentos civiles, económicos, informativos, migratorios y de seguridad, y obligan al Estado afectado a decidir si está ante un problema policial, una crisis humanitaria, una actuación hostil o una agresión. Esa ambigüedad no es accidental. Es una parte esencial de la operación.

España necesita, por ello, una doctrina específica de defensa del flanco sur. Esa doctrina no puede quedarse en declaraciones genéricas ni activarse únicamente cuando la frontera ya ha sido desbordada. Debe traducirse en medidas operativas, jurídicas y estratégicas de distinto horizonte temporal.

A corto plazo

Debe producirse un refuerzo inmediato y permanente de la presencia militar y policial en Ceuta y Melilla, acompañado de una capacidad real de proyección rápida desde la península.

Ese refuerzo debe incluir vigilancia aérea y marítima, unidades de reacción, transporte estratégico, medios antidrones, protección de comunicaciones y capacidad para controlar simultáneamente varios puntos de presión.

También debe implantarse un sistema de alerta temprana basada en inteligencia capaz de detectar concentraciones anómalas de personas, campañas coordinadas en redes sociales, movimientos logísticos y cambios en el comportamiento de las fuerzas marroquíes antes de que la situación se transforme en una avalancha.

Las infraestructuras críticas, puerto, helipuerto, depósitos de combustible, instalaciones energéticas, redes de comunicaciones, centros sanitarios, suministro de agua y accesos urbanos, deben quedar protegidas desde el primer momento de cualquier crisis.

España debe, además, exigir formalmente a la Unión Europea la activación de los instrumentos de respuesta frente a la instrumentalización de población civil y dejar constancia de que no se trata únicamente de una incidencia migratoria nacional, sino de una amenaza contra una frontera exterior europea.

A medio plazo

Ceuta y Melilla deben disponer de una autonomía logística real: reservas suficientes de combustible, alimentos, material sanitario, agua, comunicaciones, equipamiento y capacidad de sostenimiento operativo para resistir durante semanas sin depender de una conexión inmediata y permanente con la península.

Debe establecerse un mecanismo permanente de coordinación civil-militar para el flanco sur, con protocolos de activación, mando, empleo y desescalada previamente definidos.

No se trata necesariamente de crear una nueva macroestructura burocrática, sino de garantizar que Presidencia del Gobierno, Seguridad Nacional, Defensa, Interior, Exteriores, inteligencia, autoridades autonómicas y mandos operativos sepan con antelación qué órgano decide, qué medios se movilizan y qué umbral activa cada fase de respuesta.

El marco jurídico también debe adaptarse para diferenciar claramente dos planos que no pueden confundirse.

Por un lado, la situación individual de cada persona que atraviesa la frontera, que debe resolverse con pleno respeto a la legalidad, a los derechos fundamentales y a los procedimientos de extranjería y protección internacional.

Por otro, la respuesta del Estado frente a una instrumentalización masiva organizada, facilitada o deliberadamente tolerada por un tercer Estado.

La protección jurídica de las personas no puede utilizarse como pretexto para negar la existencia de una operación hostil. Pero la identificación de esa operación tampoco puede servir para eliminar garantías individuales.

España debe disponer, además, de un catálogo previamente definido de respuestas diplomáticas, económicas y operativas, graduadas conforme a la entidad de los hechos, a la solidez de su atribución y al nivel de amenaza producido.

Las consecuencias no pueden improvisarse después de cada episodio ni depender enteramente de la coyuntura política. El actor que instrumentaliza debe conocer de antemano que sus decisiones tendrán costes previsibles y proporcionados.

A largo plazo

España debe construir una doctrina nacional de defensa del flanco sur que asuma expresamente que la estabilidad fronteriza no puede depender de la voluntad de Rabat.

Esa doctrina debe integrar Ceuta, Melilla, Canarias, el Estrecho y el mar de Alborán como un único espacio estratégico, aunque cada territorio presente vulnerabilidades y necesidades operativas diferentes.

Debe desarrollarse una capacidad propia de vigilancia, interdicción, inteligencia y disuasión que reduzca la vulnerabilidad estructural y permita detectar, contener y responder a una operación híbrida antes de que produzca un hecho consumado.

Ceuta y Melilla deben incorporarse a la planificación de defensa nacional como posiciones prioritarias, no como apéndices territoriales cuya seguridad dependa de la cooperación del Estado vecino.

España también debe recuperar su capacidad de atribución pública y de respuesta política. Cuando las evidencias permitan identificar al actor responsable, el Estado debe estar dispuesto a nombrarlo, explicar la naturaleza de la operación y construir alianzas europeas e internacionales sobre una descripción veraz de los hechos. La prudencia diplomática no puede convertirse en silencio estratégico.

El respeto de los derechos individuales de quienes atraviesan la frontera es plenamente compatible con esta posición. Una democracia puede tramitar cada situación conforme a la ley y, al mismo tiempo, identificar que el fenómeno agregado constituye una operación de presión hostil.

Proteger a las personas utilizadas no exige negar que están siendo utilizadas.

Tampoco debe confundirse a las personas movilizadas con el actor que las instrumentaliza. Muchas pueden actuar impulsadas por expectativas económicas, desesperación, desinformación o promesas difundidas a través de redes sociales. Precisamente por eso la utilización de población civil resulta tan eficaz: convierte a personas vulnerables en instrumentos de presión y coloca al Estado receptor ante un dilema político, jurídico y moral extremadamente complejo.

La responsabilidad estratégica no recae sobre cada individuo que cruza, sino sobre quien crea, facilita, tolera o explota deliberadamente las condiciones que hacen posible una movilización masiva.

Ceuta no sufrió simplemente una llegada excepcional de inmigrantes. España fue sometida a una prueba de soberanía: decenas de miles de personas atravesaron su frontera, se midió su capacidad de reacción y se demostró que el flujo podía detenerse desde el otro lado.

La respuesta no puede ser una boya, un expediente de extranjería y una declaración de preocupación. Debe ser una política de defensa nacional con horizonte inmediato, medio y largo.

Porque el verdadero riesgo no consiste únicamente en lo que ocurrió. Consiste en que Marruecos, o cualquier otro actor que observe el precedente, concluya que puede volver a hacerlo. La disuasión comienza cuando esa conclusión deja de ser posible.

Tras varios años de espera, el pasado 28 de julio, el Gobierno de Canarias presentó a los rectores de la ULL y la ULPGC -sin conocimiento previo del documento- una propuesta de contrato-programa 2027-2030 que incrementaría en 45 millones de euros, en cuatro años, la financiación autonómica para las universidades públicas canarias.

El jueves 30 de este mismo mes, los rectores Lluís Serra (ULPGC) y Francisco García (ULL) calificaron la oferta de “decepcionante” y advirtieron que “pone en jaque” a las universidades públicas: para 2027 necesitan 290,4 millones solo para cubrir subidas salariales legales, frente a los 286,9 millones ofrecidos, generando un desfase de 15 millones. Para los responsables de nuestras universidades públicas, no se cubren ni los gastos estructurales y cronifica la infrafinanciación. Además, denunciaron penalizaciones económicas “sin precedentes” y que la cifra de 2030 (326 millones de euros) queda muy por debajo del 1% del PIB exigido por la LOSU (unos 600 millones de euros). Un fiasco.

Hay momentos en la historia de un pueblo en los que determinadas decisiones trascienden el ámbito de la gestión cotidiana para situarse en el terreno de lo verdaderamente trascendente. La educación superior es uno de esos espacios donde una sociedad define silenciosamente el modelo de país que desea construir. Lo que hoy decidamos sobre nuestras universidades determinará, en buena medida, la Canarias que heredarán quienes vengan detrás de nosotros.

Las universidades públicas canarias no nacieron únicamente para impartir enseñanzas regladas. Surgieron como una conquista colectiva, fruto de una sociedad que entendió que el conocimiento debía dejar de ser un privilegio para convertirse en un derecho. La Universidad de La Laguna primero y, posteriormente, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria han sido mucho más que centros docentes. Han sido motores de movilidad social, laboratorios de pensamiento crítico, espacios de creación cultural y científica y, sobre todo, instituciones comprometidas con la realidad de un archipiélago que siempre ha tenido que vencer enormes condicionantes derivados de su lejanía, de su fragmentación territorial y de la fragilidad de su modelo económico.

No existe desarrollo posible sin conocimiento. Tampoco existe soberanía efectiva cuando un territorio renuncia a generar su propia inteligencia colectiva. Las sociedades que dependen exclusivamente del conocimiento producido por otros terminan dependiendo también de las decisiones de otros. Esa es una lección que Canarias debería haber aprendido hace mucho tiempo.

Sin embargo, asistimos desde hace años a una evolución que invita a la preocupación. Mientras los grandes discursos institucionales proclaman la importancia de la innovación, de la investigación y de la economía del conocimiento, la realidad cotidiana de nuestras universidades públicas refleja otra situación bien distinta. Financiación insuficiente, dificultades para renovar las plantillas docentes e investigadoras, precariedad entre los jóvenes investigadores, infraestructuras que requieren una modernización constante y una creciente carga burocrática que consume energías que deberían destinarse a enseñar, investigar y transferir conocimiento a la sociedad.

Todo ello ocurre precisamente cuando el mundo atraviesa una de las transformaciones tecnológicas, económicas y ambientales más profundas de su historia reciente. La revolución digital, la inteligencia artificial, la transición energética, el cambio climático, la gestión sostenible del agua, la biodiversidad, la economía azul o la diversificación productiva constituyen desafíos de enorme complejidad para un territorio tan singular como Canarias. Afrontarlos exige disponer de universidades fuertes, capaces de investigar desde el territorio y para el territorio, conectadas con el mundo pero profundamente comprometidas con la realidad insular.

Es precisamente en este contexto cuando proliferan iniciativas orientadas a la implantación de nuevas universidades privadas en Canarias. No se trata de cuestionar la legitimidad de la iniciativa privada ni de negar el pluralismo propio de una sociedad abierta. El debate es otro mucho más profundo: cuál debe ser el papel de las instituciones públicas en la construcción del bien común y qué modelo universitario responde mejor a los intereses estratégicos de Canarias. Qué propuesta garantiza la educación universal, la que propicia un ascenso social no determinado por la condición económica familiar.

Porque la universidad no puede contemplarse únicamente como un mercado de titulaciones ni como un espacio donde la oferta responde exclusivamente a la demanda inmediata. Una universidad es también una institución al servicio del interés general. Investiga enfermedades raras aunque no resulten rentables; estudia el patrimonio histórico aunque no genere beneficios económicos inmediatos; analiza el cambio climático, la pobreza, la cohesión social, la planificación territorial o la conservación de los ecosistemas porque alguien debe hacerlo si aspiramos a construir un futuro sostenible.

El riesgo aparece cuando el sistema público pierde fortaleza al mismo tiempo que se expande una oferta privada cuya lógica responde necesariamente a criterios distintos. Las universidades privadas seleccionan sus ámbitos de actuación conforme a estrategias empresariales perfectamente legítimas. Las universidades públicas, por el contrario, tienen la obligación de atender todas aquellas necesidades que una sociedad considera esenciales, incluso cuando no producen rentabilidad económica.

Por eso la cuestión no consiste en enfrentar dos modelos de manera simplista. La verdadera pregunta es si Canarias puede permitirse debilitar las instituciones que sostienen su capacidad de generar conocimiento propio. Y la respuesta, desde una perspectiva de responsabilidad colectiva, parece evidente. No hay política económica seria sin política científica. No hay diversificación productiva sin investigación. No hay transición ecológica sin universidades que produzcan innovación. No hay igualdad de oportunidades cuando el acceso al conocimiento depende cada vez más de la capacidad económica de las familias.

En demasiadas ocasiones hemos actuado como si el crecimiento consistiera únicamente en multiplicar infraestructuras, aumentar indicadores turísticos o atraer inversiones exteriores. Pero el verdadero desarrollo se mide por la capacidad de un pueblo para construir capital humano, fortalecer sus instituciones y generar inteligencia colectiva. Esa ha sido siempre la principal riqueza de las sociedades más avanzadas.

Canarias necesita un gran pacto por el conocimiento. Un acuerdo que trascienda los ciclos electorales y sitúe la educación superior en el corazón de una estrategia compartida de desarrollo. Un pacto que garantice una financiación suficiente y estable para las universidades públicas; que facilite la incorporación del talento joven; que refuerce la investigación; que promueva la cooperación con empresas e instituciones sin renunciar nunca a la autonomía universitaria; y que establezca criterios rigurosos para cualquier nuevo proyecto universitario que pretenda implantarse en las islas.

No se trata de cerrar puertas. Se trata de ordenar el crecimiento desde la planificación y no desde la improvisación. Canarias conoce demasiado bien las consecuencias de dejar que sea únicamente el mercado quien decida el destino del territorio. Lo hemos aprendido en el urbanismo, en la ocupación del suelo, en el consumo de recursos naturales y en la configuración de nuestro modelo económico. Sería un error repetir esa experiencia en un ámbito tan decisivo como el conocimiento.

La universidad pública constituye uno de los grandes patrimonios colectivos del pueblo canario. No pertenece a los gobiernos de turno ni a quienes la gestionan circunstancialmente. Pertenece a la sociedad que la sostiene y a las generaciones futuras que encontrarán en ella las herramientas para comprender un mundo cada vez más complejo. Defenderla no significa resistirse al cambio. Significa precisamente lo contrario: dotarla de los recursos necesarios para liderar ese cambio desde el compromiso con el interés general.

Un partido nacionalista debería además, en teoría, ser más consciente de que una universidad pública es imprescindible para el fortalecimiento del conocimiento, la identidad, la cohesión social y la capacidad de autogobierno.

Porque el futuro de Canarias no se decidirá únicamente en los mercados internacionales, ni en los consejos de administración, ni siquiera en las instituciones políticas. Se decidirá, sobre todo, en la capacidad que tengamos para formar ciudadanos libres, investigadores excelentes, profesionales comprometidos y personas capaces de pensar por sí mismas.

Y esa tarea, que constituye una de las expresiones más elevadas del servicio público, sigue teniendo en nuestras universidades uno de sus pilares fundamentales. Debilitarlas sería debilitar la esperanza de un país que necesita más conocimiento, más cohesión y más inteligencia compartida para afrontar con confianza los desafíos del siglo XXI.

A ustedes, que han hecho testamento sin que sus madres lo sepan porque cambiaron la redacción por una zona en conflicto bélico; que saben que las mejores historias están al final de la carretera de tierra; que han perdido amigos y sentidos en la guerra; que han visto vidas destrozadas por la migración y han hablado con niñas y niños que llegan de Libia o de Yemen.

Ustedes, que están en contacto permanente con la organización Caminando Fronteras y con Cruz Roja; que atienden las llamadas de familiares que quedaron al otro lado y que, tras saber por las noticias que un cayuco ha naufragado, preguntan “por lo que más quiera” si saben si su hijo, un buen chico al que todo el mundo quiere en el pueblo, está vivo o es un número sin rostro, lejos del amor de su familia, en el cementerio de El Pinar.

Son ustedes, quienes un día leyeron y amaron a Kapuściński, que saben que, si la balanza está permanentemente trucada del lado del poder, la objetividad no existe, quienes deben hablar con sus compañeros para recordarles la inmensa influencia que tienen cada vez que firman con su nombre y su apellido cualquier crónica, más que el dueño de la imprenta, el que pone la pasta o el presidente del Gobierno.

Díganles que recuerden que son el cuarto poder, que con cada decisión de enfoque y tono contribuyen al ruido que mata o, por el contrario, a poner pie en pared y a decir “no en mi nombre”.

Atemperar el discurso para agradar a quienes controlan el discurso interesado que les hace mantener sus privilegios -el de poner a pelear a los pobres contra los pobres- no es lo más responsable en un momento en que se están violando tratados y el derecho internacional que nos hemos dado entre todos tras años de ensayo y error; un derecho que es una red invisible, pero no imaginaria, como una frontera, y que quizá nos salve la vida o el alma cuando tengamos que ser nosotros o nuestros hijos los migrantes climáticos, los refugiados políticos o los ahogados.

Julio del presente año quedó atrás, ya es historia. Entre las hojas del almanaque, hay que consignar que el jueves 30 se conmemoró el Día Mundial contra la Trata de Personas. Pero la trata no espera a que llegue una fecha señalada para seguir captando, trasladando, explotando y destruyendo vidas. Desde el 24 de junio, Venezuela volvía a ocupar titulares por un terremoto que ha dejado a miles de personas enfrentándose, una vez más, a la incertidumbre, a la pérdida y a la ruina.

Y mientras la mayoría observamos esas imágenes con tristeza, una organización respetable, Cáritas Diocesana de Canarias, afontó las consecuencias de la tragedia que, como otras, acapara la atención informativa los primeros días hasta que se va diluyendo. Lo escribe Idaira Alemán Afonso, coordinadora del Centro Lugo de Cáritas Diocesana de Canarias: “Cuando una familia pierde su casa, su trabajo o la posibilidad de alimentar a sus hijos e hijas, la desesperación deja de ser splo una emoción para convertirse en una oportunidad de negocio para quienes viven de explotar a otras personas. Las redes de trata conocen perfectamente ese momento. Saben que una falsa oferta de empleo resulta mucho más creíble cuando alguien siente que no tiene nada que perder. Saben que una madre hará casi cualquier cosa si cree que así podrá sacar adelante a sus hijos e hijas. Saben que el hambre, las deudas o la necesidad de enviar dinero a quienes lo han perdido todo reducen el margen para decir que no. Y saben también que muchas mujeres que ya están siendo explotadas asumirán todavía más violencia para poder continuar enviando más dinero a casa. Las catástrofes no sólo destruyen hogares. También multiplican la vulnerabilidad de quienes ya vivían al límite. Y la vulnerabilidad es el lugar donde la trata encuentra su mejor aliado”.

Desde el citado Centro Lugo llevan treinta y ocho años acompañando a mujeres en contextos de prostitución y víctimas de trata, 655 mujeres en el pasado 2025. Mujeres que un día salieron de su país creyendo que emprendían un viaje hacia una vida mejor. Mujeres que solo querían trabajar, cuidar de sus familias, ofrecer un futuro diferente a sus hijas e hijos o, simplemente, sobrevivir. Hoy, muchas de ellas son venezolanas. En los últimos años hemos visto, en efecto, cómo su presencia ha aumentado de forma constante. Es la nacionalidad más numerosa por detrás de la colombiana y solo en el primer semestre de este año se ha atendido el 89 % del número total de mujeres venezolanas atendidas en todo 2025.

Hemos conocido historias atravesadas por la pobreza, la violencia, la inestabilidad política, el hambre, la desesperanza y la ausencia de oportunidades. Y después de tantos años caminando junto a ellas, hemos aprendido algo esencial: la trata empieza mucho antes de la explotación, empieza cuando una mujer deja de tener alternativas. “Pero también hemos aprendido otra cosa -escribe Idaira Alemán-: la trata no existe únicamente porque existan tratantes, existe porque persiste un mercado dispuesto a comprar aquello que ellos venden. Mientras haya hombres que paguen por acceder al cuerpo de una mujer, el negocio seguirá siendo rentable. Mientras sigamos creyendo que la prostitución ocurre lejos de nuestra vida cotidiana, continuaremos alimentando el silencio que protege a quienes se enriquecen explotando a otras personas. Nos incomoda hablar de prostitución. Nos incomoda hablar de demanda. Nos incomoda reconocer que detrás de muchas puertas hay hombres integrados en nuestra sociedad sosteniendo una industria que mueve miles de millones de euros. Pero lo verdaderamente incómodo debe ser aceptar esa realidad sin hacer nada. A menudo escuchamos frases como ellas están ahí porque quieren, es el trabajo más antiguo del mundo o ¿por qué no se marchan? Y siempre nos hacemos la misma pregunta: ¿Cómo hemos conseguido construir un relato en el que resulta más fácil cuestionar a una mujer explotada que a quien obtiene beneficios de su explotación? Porque detrás de cada anuncio hay una historia que casi nunca vemos. Hay una deuda. Hay una amenaza. Hay una familia a la que mantener. Hay una frontera cruzada con la promesa de una vida mejor. Hay miedo. Hay violencia. Hay trauma. Hay una persona intentando sobrevivir”.

La dirigente de Cáritas afirma que seguirán tocando puertas y compartiendo un café alrededor de una mesa. “Seguiremos creyendo en las mujeres incluso cuando ellas hayan dejado de creer en sí mismas. Pero ojalá llegue el día en que nuestro trabajo deje de ser necesario. Ojalá llegue el día en que ningún terremoto, ninguna guerra, ninguna crisis económica y ninguna frontera vuelvan a convertirse en una oportunidad para quienes hacen negocio con la desesperación humana. Porque ese será el día en que habremos entendido que ninguna sociedad puede llamarse verdaderamente libre, mientras exista una sola mujer cuya libertad pueda comprarse por horas”, concluye.

Considero positiva la decisión del Gobierno estatal de asumir una parte importante de la deuda de las comunidades autónomas, algo más de 83.000 millones de euros, y que en el caso canario asciende a 3.259 millones. Es, sin duda, una buena noticia. Así lo entendió Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) desde un primer momento, aunque matizando algunas de sus formulaciones y cantidades. Curiosamente, la aplauden hoy también aquellos, como Coalición Canaria, que hace apenas un año, de forma demagógica e irresponsable, habían calificado esta condonación como un agravio a Canarias para regalarle dinero a Cataluña. Y señalado, incluso, que la propuesta aumentaría la deuda per cápita canaria con el Estado. O dijeron un disparate entonces o bien aquello tan negativo y perverso se transformó milagrosamente en una circunstancia exitosa, que encima, sin ruborizarse, tratan de apuntarse.

Hay que recordar que, en el marco de la negociación para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, en noviembre de 2023, se anunció el acuerdo del PSOE con ERC que recogía, entre otros aspectos, que el Estado asumiera el 20% de la deuda de Cataluña (1.980 euros por habitante, ajustado a población de 2021).

Manifesté entonces nuestro apoyo a la medida, señalando que esa quita de la deuda debería extenderse “al conjunto de las nacionalidades y regiones, y no solo debe afectar al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) sino también a la deuda suscrita con los bancos; y, asimismo, debe tener en cuenta el esfuerzo realizado por cada comunidad en la contención del gasto o en la aplicación de políticas fiscales”.

De robo a bendición: mentir sale gratis

Sin explicación alguna, CC ha pasado de demonizar la condonación a considerarla una bendición. Su diputada Cristina Valido votó el pasado día 23 de julio en el Congreso de los Diputados la toma en consideración del Proyecto de ley de la condonación de la deuda de las CCAA que permitirá condonar algo más de 83.000 millones de euros de la deuda acumulada por las comunidades del régimen común que lo soliciten. Las mayores cantidades corresponderían a Andalucía (18.791 millones), Cataluña (17.067), Comunidad Valenciana (11.210), Madrid (8.644) y Castilla La Mancha (4.927).

Indigna este cambio de opinión de CC cuando este partido (a través de sus portavoces parlamentarios, la presidenta del Cabildo de Tenerife y otros dirigentes), los portavoces del gobierno canario de CC y PP y el propio Clavijo habían calificado esta propuesta de un maltrato a Canarias para beneficiar a Cataluña. Se dijeron auténticas barbaridades entonces, como que con la nueva propuesta cada canario iba a tener más deuda del Estado que en la actualidad o que se robaba dinero a Canarias para financiar a Cataluña. El presidente Clavijo explicó hace un año que Canarias salía “peor” del acuerdo de condonación, insistiendo en que los canarios van a “tener que pagar una fiesta a la que no han sido invitados”. Rosa Dávila, presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, llegó a afirmar que “lo que no vamos a tolerar es que nuestro dinero vaya a saldar la deuda de otras comunidades”.

Por otra parte, la misma cifra ahora sujeto de quita de la deuda, exactamente 3.259 millones de euros en el caso de nuestra Comunidad, fue calificada de “robo” por los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno de Clavijo. Lo reafirmó el presidente del grupo parlamentario de CC, David Toledo, cuando señaló que “nos están tratando de quitar 1.700 millones de euros, que es el precio que cuestan los siete votos de Junts”. Todos en tromba faltando a la verdad de manera absolutamente intencionada. También sus tertulianos y medios afines.

Por si fuera poco, el Gobierno canario, en una reunión con los portavoces parlamentarios el 17 de enero de 2024, trasladó a Nueva Canarias-Bloque Canarista (por escrito y con el logo del Gobierno de Canarias que aún conservamos), una propuesta disparatada de la consejera de Hacienda donde se solicitaba que Canarias recibiera 10.953 millones de euros (cuando la deuda de la Comunidad Canaria apenas alcanza los 6.500 millones). ¡Es decir que se nos quitara la totalidad de la deuda y además nos “regalaran” 4.500 millones más! Propuesta, evidentemente, más pensada para dinamitar cualquier negociación y para alimentar el “frente anti-Sánchez” con el PP, como ya hizo la propia consejera canaria del PP con su “espantada” del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el 26 de febrero de 2025 cuando se discutió este tema.

50% de reducción

Desde NC-bc hemos defendido la misma idea incluida en la PNL propuesta por nuestro grupo y aprobada el 28 de febrero de 2024 por el Parlamento (en contra de la opinión de la consejera de Hacienda) para que se hiciera con el criterio de quita de la deuda “por población ajustada”, porque nos parece lo más equitativo. De esta manera habríamos superado los 4.400 millones, unos 1.000 millones más. La propuesta del Ministerio de Hacienda, ya hoy incluida en el Proyecto de Ley que inicia su tramitación en el Congreso de los Diputados, y aceptada por el Gobierno canario, supone para Canarias la reducción de su deuda en un 50%, es decir, 3.259 millones de euros.

Aunque en NC-bc seguimos defendiendo nuestro planteamiento (que, como señalaba, fue apoyado por el Parlamento de Canarias) de que el importe de la quita para todas las comunidades sea el importe de la deuda por población ajustada, que es el indicador que se usa en el sistema de financiación autonómica para el reparto de los recursos del sistema, consideramos que la propuesta que se está tramitando es positiva para Canarias. Y nos sorprende que ahora, apenas un año después, sin que se haya modificado ni un solo céntimo ni una coma de la propuesta inicial tan duramente rechazada por el Gobierno canario de las dos derechas, la condonación resulta una maravilla e incluso, casi casi, un invento de CC y de su Gobierno. Cataluña, al parecer, ya no nos roba. Hace falta valor. Escasa memoria. Y nula ética política.

La sincronía de los acontecimientos geopolíticos rara vez obedece al azar; es, por el contrario, el síntoma visible de una convergencia dialéctica mucho más profunda. Responde al deterioro estructural del sistema capitalista global y a la precipitación de crisis que el imperialismo instrumentaliza como palancas de recomposición autoritaria. España atraviesa hoy un periodo de vulnerabilidad multidimensional extrema. A la catástrofe climática encarnada en incendios forestales sin precedentes, se suma una violenta ofensiva interna de acoso judicial e intoxicación mediática diseñada para desestabilizar al Ejecutivo central. Esta ofensiva es ejecutada por la díada reaccionaria española —la alianza orgánica entre el PP y Vox— cuyo brazo armado es el lawfare judicial y mediático, operando como correa de transmisión de una estrategia de desgaste de mayor calado. Y es precisamente en este epicentro de fragilidad política interna donde se activa la válvula de escape exterior: la crisis fronteriza en el sur. La llegada masiva, fuera de los cauces legales, de decenas de miles de personas a Ceuta —un episodio de tal gravedad que el propio Gobierno español ha tenido que calificarlo como una vulneración de la integridad territorial— no es un accidente, sino la pieza de un tablero mayor.

La tragedia fronteriza es, en términos geoestratégicos, un arma de guerra híbrida. Entre el 30 y el 31 de julio de 2026, más de 50.000 personas fueron empujadas a cruzar el límite fronterizo en una operación de dimensiones inéditas, que ya se ha cobrado un trágico saldo de más de sesenta fallecidos en suelo español. Lo que define este suceso como una operación de chantaje no es el flujo humano en sí, sino su fría orquestación: la deliberada inacción y la permisividad calculada de las autoridades de Rabat, que levantaron la vigilancia en puntos neurálgicos como el espigón limítrofe. No hubo falla operativa; hubo un movimiento táctico de la monarquía alauita para asfixiar al Estado español en su momento de mayor debilidad.

Pero Marruecos no actúa en solitario. Lo hace como pieza subordinada —como Estado subimperialista— dentro de una arquitectura geopolítica superior. Su alineamiento con la transacción colonial de los Acuerdos de Abraham, mediante la cual Washington y Tel Aviv avalaron la ocupación ilegal del Sáhara Occidental a cambio del sometimiento incondicional de Rabat a la agenda anglo-sionista, ha transformado al reino norteafricano en el gendarme del Estrecho y en el verdugo de los gobiernos disidentes. La postura del Ejecutivo de Pedro Sánchez en el conflicto de Palestina, su negativa a involucrar a España en la agresión armada estadounidense e israelí contra Irán —bloqueando el uso ofensivo de las bases de Rota y Morón— y su resistencia al incremento desmedido del gasto militar dictado por los Estados Unidos a la OTAN, han activado el mecanismo de castigo del bloque imperialista. Ceuta no es un problema migratorio; es una represalia geopolítica en toda regla.

Esta ofensiva desestabilizadora no es improvisada; está explícitamente teorizada y promovida desde los centros de poder estadounidenses. El reciente informe del Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes, impulsado por el sector neocon liderado por Mario Díaz-Balart bajo la cobertura de Marco Rubio, ha calificado formalmente a Ceuta y Melilla como «territorios bajo administración española situados en Marruecos», instando explícitamente a negociar su estatus. Esta declaración no es una ocurrencia retórica: es un acto de agresión institucional que cuestiona la soberanía española desde la propia legislatura del país hegemón.

A esta presión política se suman las provocaciones de los ideólogos del imperialismo y el sionismo. Michael Rubin, del American Enterprise Institute —vinculado a la maquinaria de inteligencia israelí y conocido por fabricar las falsas pruebas de armas de destrucción masiva que justificaron el genocidio en Irak en 2003—, ha incitado públicamente a Marruecos a organizar una «nueva Marcha Verde». Su plan es claro: enviar excavadoras para derribar las vallas perimetrales y facilitar la invasión de multitudes desarmadas para tomar las ciudades, ejecutando una sustitución demográfica y la expulsión forzosa de la población local. Esta retórica no es un exabrupto; se inscribe en una campaña de desestabilización narrativa que es amplificada por la maquinaria de intoxicación digital de magnates como Elon Musk y por la retórica agresiva de Donald Trump, quien ha sentenciado: «Parece una invasión de un país... y lo mismo nos va a pasar si los republicanos no son elegidos [...] Si no estamos en el poder, nuestro país será invadido en niveles que hacen que España parezca algo menor». Con estas palabras, Trump articula un ataque coordinado para consolidar la narrativa del «Estado fallido» español, reduciendo la tragedia humanitaria a mera coyuntura electoral estadounidense y escalando el chantaje hasta presentar a España como el ensayo generalizado de una invasión continental de los nuevos “bárbaros”.

Para comprender la magnitud del momento histórico, es insoslayable inscribir este chantaje en un marco continental. El alineamiento del gobierno neofascista italiano de Giorgia Meloni, suspendiendo el Acuerdo de Schengen con España y el anuncio de Emmanuel Macron de reforzar militarmente las fronteras francesas con España no son hechos aislados. Obedecen al despliegue de una estrategia coordinada desde la internacional reaccionaria y anticomunista urdida en Washington, orientada a la configuración ideológica y material de un auténtico «IV Reich» en el seno de la Unión Europea. El objetivo central de este bloque es la militarización total del continente para sostener a cualquier costo la confrontación bélica contra la Federación Rusa en Ucrania, mientras se prepara el terreno para la colisión estratégica final contra la República Popular China.

Dentro de este macroproyecto imperialista, el asalto a Ceuta y la amenaza latente sobre Melilla actúan como catalizadores ideológicos de primer orden.

De cara a los procesos electorales en Europa, el ensañamiento con la frontera sur y la exacerbación del racismo institucional buscan inyectar el pánico moral necesario en las sociedades europeas. Es la ingeniería del miedo aplicada para desviar la atención de la crisis sistémica del capital, liquidar cualquier reducto de soberanía popular y catapultar al poder a ejecutivos abiertamente nazifascistas, disciplinados bajo el nuevo orden paneuropeo.

En este tablero de agresiones cruzadas, el pueblo canario debe extraer una lección histórica inaplazable. La vulnerabilidad demostrada en la frontera norteafricana expone la falacia de situar la seguridad del Archipiélago bajo la cobertura del atlantismo o en la subordinación a los intereses geopolíticos de Washington. Marruecos, fortalecido por el aval anglo-sionista en la ocupación del Sáhara Occidental y por la complacencia europea, avanza sin freno en su agenda expansionista sobre las aguas jurisdiccionales y los recursos marinos y mineros contiguos a las Islas Canarias. Pretender que el servilismo militarista a la OTAN o la integración en clústeres de la industria de la guerra blindarán al Archipiélago es una ceguera trágica. Canarias no puede seguir siendo la plataforma logística de retaguardia ni el peón sacrificable de las aventuras imperialistas en África; la verdadera salvaguarda del pueblo canario pasa por la exigencia de la neutralidad, el respeto estricto al Derecho Internacional, el apoyo inequívoco al proceso de descolonización del Sáhara Occidental y la firme oposición a ser arrastrados a la espiral del expansionismo alauita.

Frente a esta embestida, la denuncia, también, debe ser implacable y la respuesta, estratégica. Pretender que la soberanía de Ceuta y Melilla, incluyendo la del Archipiélago Canari, pueda ser objeto de transacción en despachos de Washington, o que su integridad pueda ser asaltada impunemente bajo la instigación de ideólogos sionistas y la complicidad del régimen alauita, constituye un atropello flagrante al Derecho Internacional. Cuestionar el estatus de estas poblaciones para utilizarlas como fichas de cambio geopolítico no solo conculca la legalidad internacional sobre el derecho a la autodeterminación, sino que vulnera de forma directa los derechos fundamentales y la seguridad de miles de ciudadanos. El pueblo canario debe estar muy alerta.

La articulación de la resistencia exige desenmascarar esta maniobra sin caer en el chauvinismo reactivo ni en la xenofobia de baja intensidad que la derecha intenta explotar. Se trata de aplicar la pedagogía política y el análisis de clase a las relaciones internacionales para impedir que el eje anglo-sionista destruya la autodeterminación de los pueblos y consolide su proyecto de dominación neofascista en Europa. El «IV Reich» no es una metáfora retórica ni una exageración alarmista: es el nombre de una arquitectura de poder que se está cementando ante nuestros ojos, y cuya primera línea de trinchera ha sido trazada, hoy, en el Estrecho de Gibraltar.

Leyendo en el Plan de Viviendas de Canarias en lo concerniente a medidas para evitar la existencia de viviendas deshabitadas, en su capítulo I sobre el procedimiento para su declaración, que se recoge entre los capítulos 80 y 98, es necesario abrir el siguiente debate: ¿Cómo es posible que, después de más de veinte años desde la aprobación de la Ley de Vivienda de Canarias y más de una década desde que se reforzó el régimen de las viviendas deshabitadas, apenas se conozcan actuaciones efectivas para aplicar estos artículos?

Los propios datos del gobierno de Canarias hablan de cerca de 211.000 viviendas cerradas, siendo la provincia de Santa Cruz de Tenerife la que cuenta con 110.000 inmueble y la de Las Palmas con 101.000.

Esta ley establece un procedimiento para identificar viviendas deshabitadas, obtener información de compañías suministradoras, ayuntamientos y entidades financieras, crear un registro específico e incluso actuar frente a las personas jurídicas que mantienen viviendas vacías con fines especulativos, un marco legal que existe desde hace años.

Es incomprensible que un instrumento diseñado precisamente para combatir la especulación y movilizar viviendas hacia el alquiler o la venta, apenas haya tenido una aplicación visible, mientras la emergencia habitacional no ha dejado de agravarse y según los datos del Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias,solo en demanda de vivienda social figuran más 34.000 demandantes de vivienda pública.

Esta situación interpela a todos los gobiernos que han tenido responsabilidades en materia de vivienda desde entonces. Quienes impulsaron la norma y quienes han gobernado después, deberían explicar por qué una ley creada para evitar que miles de viviendas estén vacías no se ha desarrollado con la determinación necesaria.

Si existe una herramienta legal para actuar frente a las viviendas deshabitadas de grandes tenedores y personas jurídicas, ¿por qué no se ha utilizado de forma efectiva?

Mientras miles de personas no pueden acceder a una vivienda digna y el gobierno desvía el problema con congresos para más construcciones, más cemento y hasta aprobando decretos que van contra los derechos humanos, como el Decreto 23/2026, de 9 de marzo que exige 12 años de residencia, con el solo fin de camuflar la verdadera lista de demandantes con un claro componente xenófobo y discriminatorio. Decreto demandado conjuntamente ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por Derecho al Techo y el Observatorio DESCA (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales) el pasado 19 de mayo de 2026.

Mantener durante años una ley prácticamente sin aplicar supone desaprovechar un instrumento que ya podría haber contribuido a reducir la especulación, a dejar de ver la vivienda como un activo financiero, avanzando en la defensa de la vivienda como derecho y a aliviar la grave crisis habitacional que sufrimos en Canarias.

Llega agosto y parece que todo se detiene. Las calles se vacían, las agendas se aligeran y hasta el reloj parece caminar un pizco más despacio. Es como si el mundo nos invitara a bajar el ritmo, aunque solo sea por un rato.

Y quizá sea una buena oportunidad para hacer algo que durante el resto del año dejamos para después: ponernos al día con nosotros mismos.

Porque resetearnos no significa necesariamente irnos lejos, apagar el teléfono o pasar un mes entero tumbados al sol. A veces basta con parar. Con pensar. Con preguntarnos cómo estamos, qué queremos conservar y qué cosas ya no necesitamos cargar.

Agosto puede ser ese pequeño paréntesis que nos permita tomar aire y mirar nuestra vida con un poco más de distancia. Revisar prioridades. Ordenar emociones. Recuperar conversaciones pendientes. Volver a esas personas que queremos y que, entre unas cosas y otras, hemos ido dejando para luego.

Agosto es también ese café que tenemos pendiente.

Y también puede ser el momento de disfrutar más de quienes tenemos cerca. De sentarnos a comer sin mirar el reloj, de alargar un café, de dar un paseo, de conversar sin prisas o, simplemente, de estar. Porque durante el resto del año quizá dedicamos muchas horas al trabajo, a las obligaciones y a esa carrera diaria que nos deja poco tiempo para quienes queremos. Agosto puede recordarnos que la vida también está en esos momentos sencillos que compartimos con los nuestros y que, muchas veces, son precisamente los que más echamos de menos cuando vuelven las prisas.

También puede ser un buen momento para recordar que no tenemos que vivir siempre a la misma velocidad. Que cada uno tiene su propio ritmo y que no pasa nada por bajar una marcha cuando el cuerpo, la cabeza o el corazón lo necesitan.

Quizá el verdadero descanso no consista solamente en dejar de trabajar, sino en dejar de exigirnos tanto.

Así que, si agosto nos ofrece una oportunidad, chiquillos… aprovechemosla. No hace falta cambiar de vida. A veces basta con cambiar de perspectiva.

Parar. Pensar. Respirar.

Y después, cuando llegue el momento, volver a arrancar. Pero esta vez a la velocidad que cada uno quiera.

Y si te toca trabajar en agosto, tranquilo, tranquila… que agosto, a veces, llega en septiembre o en octubre.

La presunción de inocencia atraviesa hoy una de sus mayores tensiones: la justicia investiga, pero los medios sentencian antes, y los jueces lo toleran. Las filtraciones sobre la causa que afecta a José Luis Rodríguez Zapatero han vuelto a mostrar cómo la instrucción mediática puede desbordar al proceso judicial, erosionando garantías esenciales y alimentando relatos de culpabilidad sin base contrastada. Cuando la opinión pública se forma antes que el juez, la grieta constitucional se agranda.

La presunción de inocencia, consagrada en el artículo 24.2 de la Constitución, no es solo un principio técnico del proceso penal. Es una garantía estructural del Estado democrático: protege al ciudadano frente al poder punitivo y preserva la legitimidad del sistema judicial. Sin embargo, en España se ha convertido en un derecho cada vez más frágil cuando la investigación penal se desarrolla en paralelo en los medios de comunicación, alimentada por filtraciones policiales o judiciales que nunca deberían producirse.

El caso que afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero vuelve a situar este problema en el centro del debate público. La UDEF ha difundido, o ha permitido que se difunda, hace apenas dos días, información detallada de la investigación: movimientos bancarios, relaciones societarias, pagos y rastreos patrimoniales. Todo ello mientras la causa sigue abierta ante el juez Calama y, según se denuncia, sin que el abogado del investigado haya tenido acceso previo a esos datos. Esta secuencia no es solo irregular; es constitucionalmente preocupante.

Lo cierto es que el secreto de las actuaciones no es opcional. La Ley de Enjuiciamiento Criminal es clara: las diligencias de investigación están sometidas a secreto, salvo decisión expresa del juez instructor. La policía judicial, incluida la UDEF, no puede comunicar información de una causa en curso. Y si lo hace, incurre en una infracción grave del deber de reserva.

Cuando la prensa publica datos que solo pueden proceder de la investigación, se abren dos escenarios igualmente inquietantes:

En ambos casos, el daño institucional es evidente.

La investigación sin comprobación previa por parte del juez Calama o de la UDEF constituye una vulneración añadida del principio de proporcionalidad. A esta erosión de la presunción de inocencia se suma un problema aún más grave: la difusión pública de datos económicos sin que la policía judicial haya verificado previamente si esos ingresos son reales, si están declarados en la renta o si están prescritos a efectos tributarios.

En un Estado de derecho, la investigación penal debe seguir una secuencia lógica: Comprobar la existencia real de los hechos, Verificar su relevancia jurídica, Determinar si están prescritos o ya regularizados y solo entonces valorar si existe indicio delictivo.

Cuando la UDEF, o quien filtre la información, difunde movimientos bancarios sin haber comprobado si corresponden a ingresos declarados, si son operaciones lícitas o si pertenecen a ejercicios fiscales prescritos, se está construyendo un relato de sospecha sin base jurídica suficiente. Y cuando ese relato se publica antes de que el abogado del investigado tenga acceso a la documentación, la vulneración del derecho de defensa es evidente.

Al juez Calama habría que enseñarle que la prescripción tributaria no es un tecnicismo: es una garantía constitucional. La prescripción en materia fiscal protege al ciudadano frente a la indefinición permanente del poder tributario. Si un ingreso pertenece a un ejercicio ya prescrito, no puede ser utilizado para construir una sospecha penal, salvo que existan indicios verificados de delito continuado o de ocultación deliberada.

Difundir información sin estas comprobaciones es, en términos constitucionales, una forma de imputación mediática sin base jurídica.

Como consecuencia de estas irregularidades en el procedimiento judicial que se sigue, aparece, de forma irresponsable, la apariencia de culpabilidad como producto de la precipitación. Cuando se publican cifras sin contexto, sin contraste y sin verificación fiscal, se genera una apariencia de irregularidad que puede ser completamente falsa. La opinión pública recibe números, extractos y movimientos que parecen sospechosos simplemente porque se presentan sin explicación. Y esa apariencia, una vez instalada, es casi imposible de revertir, incluso si la investigación concluye que todo estaba declarado y prescrito.

La justicia no puede permitirse ese tipo de precipitación. La policía judicial tampoco. Y el juez instructor, si conoce estas filtraciones, tiene la obligación de actuar.

La presunción de inocencia también debe proteger frente al linchamiento mediático, si los jueces no la aplican cometen un delito de carácter constitucional. El Tribunal Constitucional ha reiterado que la presunción de inocencia no se limita al juicio oral. Opera desde el inicio de la instrucción para evitar que la opinión pública condene antes que los tribunales. Cuando informes policiales se presentan como hechos probados, cuando se difunden extractos bancarios sin contexto, cuando se construye un relato de culpabilidad anticipada, el derecho fundamental queda herido.

No se trata de blindar a nadie frente a la investigación penal. Se trata de impedir que el proceso se convierta en un espectáculo donde la reputación se destruye antes de que exista una acusación formal.

Una llamada a la regeneración democrática es urgente y necesaria. España necesita una reflexión seria sobre el uso mediático de las investigaciones penales. No es un problema nuevo, pero sí es cada vez más corrosivo. La filtración sistemática de diligencias policiales y judiciales no solo perjudica a los investigados; deteriora la credibilidad de las instituciones y alimenta la percepción de que la justicia se utiliza como arma política.

La presunción de inocencia no es un obstáculo para la verdad. Es la condición necesaria para que la verdad se alcance sin atropellar derechos. Cuando se vulnera, no solo se daña a una persona: se daña al Estado de derecho.

Hay personas que hoy, en Canarias, siguen esperando años para que la Administración les reconozca oficialmente una discapacidad. Mientras esperan, la vida no se detiene. Las oportunidades, tampoco.

No porque estén pidiendo un privilegio. Ni porque quieran vivir de una ayuda pública.

Muchas de ellas simplemente quieren trabajar. Quieren estudiar. Quieren construir un proyecto de vida como cualquier otra persona. Pero mientras ese reconocimiento no llega, tampoco llegan determinados apoyos, adaptaciones o derechos que la ley les reconoce.

Lo más triste es que, cuando por fin reciben la resolución, muchas veces no sienten alegría. Sienten alivio. Y un derecho nunca debería llegar tan tarde como para convertirse únicamente en un alivio.

Conozco esa espera demasiado bien. No la cuento por teoría. La cuento porque también he aprendido lo que significa que un derecho llegue tarde.

Pensaba en todo esto mientras escuchaba estas semanas que el Partido Popular de Tenerife no establece líneas rojas para alcanzar acuerdos con Vox si las urnas así lo permiten.

No cuestiono el derecho de ningún partido a buscar mayorías. Eso forma parte de la democracia. La pregunta que me hago es otra: ¿cuáles son las líneas rojas de una sociedad?

Lo pregunto porque pertenezco a uno de esos colectivos que sabe perfectamente que los derechos nunca fueron un regalo.

Las personas con discapacidad fuimos de las últimas en incorporarnos plenamente a la igualdad de oportunidades. Hubo que luchar para que la accesibilidad dejara de entenderse como una concesión. Para que estudiar en igualdad de condiciones dejara de parecer una excepción. Para que trabajar dependiera del talento y no de una limitación. Para que la dependencia dejara de ser caridad y pasara a ser un derecho.

Nada de eso apareció por casualidad.

Fue el resultado de décadas de esfuerzo de miles de familias, asociaciones y personas que entendieron que una sociedad solo progresa cuando nadie se queda atrás.

Por eso me cuesta escuchar que determinadas políticas sociales se presenten como un lujo o como una carga. Porque cuando uno ha tenido que pelear por derechos tan básicos aprende que ninguno está garantizado para siempre.

No me preocupan las siglas. Me preocupan las ideas. Porque las siglas cambian. Las ideas permanecen. Y las ideas, tarde o temprano, acaban convirtiéndose en leyes. O en la ausencia de ellas.

Me preocupa cualquier idea que cuestione políticas que han permitido avanzar a quienes históricamente han tenido más difícil ejercer sus derechos.

Me preocupa que, en una tierra especialmente vulnerable como Canarias, se minimicen desafíos como el cambio climático o se planteen transformaciones profundas de nuestro territorio sin un debate sereno.

Y me preocupa, sobre todo, cualquier planteamiento que termine debilitando el Estado del bienestar.

Porque el Estado del bienestar no existe para hacer más cómoda la vida de quien ya puede resolverlo todo por sí solo.

Existe para sostener a quien, en algún momento de su vida, necesita que la sociedad no le dé la espalda.

Los derechos sociales nunca son un privilegio para quien los necesita.

Son la diferencia entre poder construir un proyecto de vida o pasar años esperando a que una administración, una resolución o una ayuda decidan cuándo puedes empezar a vivirlo.

Quien nunca ha necesitado una prestación de dependencia, una adaptación en su puesto de trabajo o el reconocimiento de una discapacidad puede llegar a pensar que todo esto son simplemente políticas públicas.

No lo son. Son vidas. Son padres que viven con el miedo de qué ocurrirá con su hijo cuando ellos ya no estén.

Son jóvenes que quieren trabajar y no pueden acceder a determinadas oportunidades porque la Administración todavía no ha reconocido oficialmente una realidad que condiciona cada uno de sus días.

Son personas mayores que fallecen antes de que llegue la ayuda que la ley les prometía.

Por eso los derechos sociales nunca son un privilegio. Son la diferencia entre vivir con autonomía o depender siempre de la buena voluntad de los demás.

Siempre me ha llamado la atención que haya quien considere un exceso proteger a quienes todavía ni siquiera están siendo protegidos.

Quizá ese sea el verdadero debate. No si tenemos demasiados derechos. Sino por qué seguimos llegando tarde a garantizarlos.

No escribo estas líneas para decirle a nadie a quién debe votar. Cada ciudadano debe decidirlo libremente. Pero sí creo que todos tenemos la obligación de preguntarnos qué ideas estamos dispuestos a normalizar y cuáles deberían seguir siendo una línea roja.

Porque las líneas rojas no existen únicamente para facilitar o impedir pactos. Existen para recordarnos aquello que una sociedad nunca debería estar dispuesta a negociar.

Los derechos no se hicieron para quienes nunca los necesitarán. Se hicieron para protegernos el día en que la vida deje de preguntarnos si estamos preparados.

Mientras discutimos sobre pactos, estrategias y mayorías, hay personas que siguen esperando una resolución que la ley decía que debía llegar hace meses.

Ellas no necesitan discursos. Necesitan que el Estado funcione. Necesitan que la igualdad de oportunidades deje de ser una promesa. Necesitan que sus derechos lleguen a tiempo.

Las líneas rojas no deberían depender de un partido ni de una legislatura. Deberían empezar siempre en el mismo lugar: donde una sociedad deja de proteger a quienes más la necesitan.

Porque una democracia no demuestra su grandeza únicamente por la facilidad con la que forma gobiernos. La demuestra, sobre todo, por la firmeza con la que protege la dignidad de las personas más vulnerables.

Los gobiernos cambian. Las mayorías cambian. Las legislaturas terminan.

Pero una sociedad que deja de proteger a quienes más la necesitan termina perdiendo mucho más que un debate político. Termina perdiéndose a sí misma.

El reciente Premio Nacional de Discapacidad Reina Letizia, otorgado a San Cristóbal de La Laguna, es un reconocimiento que nace de la escucha, del rigor en la gestión y del compromiso político.

Hacer un municipio accesible no es una tarea que se consigue en corto plazo. Se necesita tiempo, sobre todo en municipios tan grandes; se necesitan recursos económicos que, obviamente, no pueden suponer el total del presupuesto municipal; y se necesita tener mirada amplia y trabajar en el centro, en los barrios, en las zonas urbanas y en las rústicas... Y eso, en escasos siete u ocho años que se lleva haciendo, es una tarea imposible.

Por si fueran pocos los condicionantes, La Laguna cuenta con un centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad, lo que se traduce en que cualquier actuación que se lleve a cabo en el casco conlleva un trámite administrativo que se alarga en el tiempo. Y esto nos hace ser conscientes, a las asociaciones y a los que necesitamos la transformación, de que, aunque queda muchísima tarea por delante, lo hecho hasta ahora merece aplausos y premios.

El reconocimiento no ha sido exclusivamente por la supresión de barreras arquitectónicas, que también. La eliminación de barreras de la comunicación, la inclusión en la vida municipal plenamente, la inclusión en el ocio, en la cultura, en el deporte, los continuos procesos de mejora... todo ello ha sumado a la hora de obtener este premio. Y no menos importante ha sido contar con órganos como el Consejo Municipal de la Discapacidad, activo y participativo, y figuras como la Defensora de las personas con discapacidad, con un calendario de trabajo definido.

La Laguna ha recibido otros galardones importantes, nacionales e internacionales, que han tenido un efecto positivo en la administración, incentivando a todas las áreas municipales, y también en la ciudadanía, que oye continuamente hablar de discapacidad y accesibilidad y eso sensibiliza, dando un magnífico ejemplo al resto de municipios.

Pensar en La Laguna es, para nosotros, pensar que estamos en casa. Que nos miran de frente y no nos ponen ninguna etiqueta. El éxito de la Laguna está en que trabajan desde la perspectiva de los derechos humanos.

Mi felicitación al personal municipal, a las asociaciones, a los ciudadanos, y mi agradecimiento al equipo de gobierno por el compromiso con nuestro colectivo.

Al canarismo lo entiendo como el conjunto de ideologías o prácticas que tienen como prioridad la defensa de Canarias, de igual manera que se entiende al catalanismo, al galleguismo o al andalucismo en sus respectivos territorios. Es un ámbito político que abarca desde el regionalismo al independentismo. Es tan amplio que creo que, en este siglo XXI -y para que sea una opción útil-, se debe reducir a un espacio más concreto: un ámbito verdaderamente democrático y adaptado a nuestra realidad: lo que llamo soberanismo.

No se trata, como iremos explicando, de renunciar a la identidad canaria, sino de comprender que la identidad, por sí sola, resulta insuficiente para responder a los desafíos que afronta este archipiélago atlántico en un mundo globalizado. El objetivo, creo yo, ya no consiste únicamente en reafirmar quiénes somos -que unos lo saben y muchos no-, sino, sobre todo, en decidir cómo queremos gobernarnos.

Durante buena parte de nuestra historia reciente, el nacionalismo canario ha venido construyendo su discurso sobre la reivindicación de una personalidad histórica diferenciada, de una cultura singular y de un sentimiento colectivo de pertenencia. Esa etapa, de la que mi padre, Victoriano Ríos, fue partícipe, desempeñó una función esencial en la recuperación de la conciencia de pueblo, en la defensa de nuestra historia y en la conquista del autogobierno. Sin embargo, las categorías del nacionalismo tradicional –mi padre intentó construir un moderno nacionalismo que no cuajó- responden a un contexto histórico distinto al que creo que requiere el Pueblo canario, que estaba marcado por la construcción de los Estados nacionales y por la reivindicación identitaria como elemento central de legitimación política. Eso ya no existe: ya no hay homogeneidad racial, ni religiosa, ni siquiera lingüística. Por mucho que queramos reivindicar al guanche, que sigue ahí y es parte de nuestra identidad, ya somos otra cosa.

La Canarias del siglo XXI plantea desafíos distintos. La globalización, la manera de relacionarnos con España y la Unión Europea, los movimientos migratorios, la transformación demográfica, la dependencia económica exterior, la emergencia climática o las crisis económicas, que ahora se focalizan sobre todo en las dificultades que tienen nuestros hijos en el acceso a la vivienda, exigen un proyecto político que sitúe en el foco de la acción política la capacidad efectiva de decidir sobre esos asuntos que afectan directamente a la ciudadanía. Es precisamente ahí donde el soberanismo ofrece una respuesta más adecuada que el nacionalismo clásico, un nacionalismo que se parece cada día más, por vaciamiento, al mero regionalismo.

El soberanismo que propugno no pregunta primero quién pertenece a la comunidad política, sino quién quiere participar en ella y contribuir diariamente a construir País. El sujeto político deja de definirse por el origen, la sangre o los apellidos para fundamentarse en la ciudadanía y en la residencia. Es canario, desde una perspectiva política, quien vive en Canarias, desarrolla aquí su proyecto vital y comparte el compromiso con el futuro de las islas. Y eso también es identidad, pues, a través de la voluntad de integrarse en esta sociedad, se convierte en un espacio compartido de integración.

Este nuevo canarismo parte, naturalmente, del reconocimiento de una identidad singular. Canarias constituye una realidad geográfica, histórica, cultural y económica diferenciada, cuya condición archipelágica genera necesidades específicas que no siempre encuentran una respuesta adecuada desde los centros tradicionales -alejados- de decisión. Esa singularidad continúa siendo el fundamento del proyecto político canario, pero ya no constituye un fin en sí misma. La identidad adquiere sentido cuando se convierte en la base sobre la que construir mayores cotas de autogobierno y mejores condiciones de vida para el Pueblo.

Por ello, el soberanismo no representa necesariamente una ruptura con el Estado -aunque pretenda construir País-, sino la reivindicación permanente de una mayor capacidad de decisión para las instituciones canarias. La cuestión fundamental pasa a ser la búsqueda de nuevos espacios de decisión propia en el ejercicio efectivo de competencias, recursos y responsabilidades allí donde los problemas se producen. La proximidad se convierte en un principio democrático: nadie conoce mejor las necesidades de Canarias que quienes son parte de esa sociedad. De ahí la máxima: “aquí vivimos, aquí decidimos”.

Mientras el nacionalismo que aquí se practica hace lustros que abandonó, por incomprensión o indiferencia, el derecho de autodeterminación reconocido por el Derecho internacional, el soberanismo que se propugna quiere aplicar el foco hacia el derecho democrático a decidir, es decir, que ese Pueblo se pronuncie sobre las políticas públicas que afectan directamente al territorio. No se trata únicamente de decidir sobre el estatus político futuro de Canarias, que también, sino de disponer de los instrumentos necesarios para decidir sobre los problemas que nos acucian: la vivienda, la superpoblación, la energía, la gestión migratoria, la protección del territorio, el modelo turístico, la fiscalidad, las infraestructuras, la educación o la sanidad.

Así, la verdadera soberanía consiste en disponer de los instrumentos necesarios para proteger el interés general de la sociedad canaria. Un pueblo es tanto más soberano cuanto mayor es su capacidad para garantizar servicios públicos de calidad, conservar sus recursos naturales, ordenar adecuadamente su territorio, gestionar sus fronteras administrativas, asegurar oportunidades para las nuevas generaciones y decidir su propio modelo de desarrollo.

Este canarismo, en su vertiente soberanista, ya no necesita legitimarse mediante meros relatos épicos ni construir identidades excluyentes: el clásico godos no, o el más reciente guiris go home-. La legitimidad de ese soberanismo nace de la calle, de la justicia social y de la defensa del bienestar colectivo. La identidad constituye el punto de partida pero no quedarse solo en eso.

El soberanismo canario debe ser profundamente inclusivo. En una sociedad abierta y diversa como la canaria -somos fruto de un mestizaje forjado durante siglos-, el proyecto común no puede construirse sobre criterios étnicos o culturales excluyentes, sino sobre una ciudadanía democrática. Todos aquellos que hacen de Canarias su proyecto de vida deben poder reconocerse en un proyecto político compartido que garantice derechos, deberes y oportunidades en condiciones de igualdad. La identidad canaria se fortalece precisamente cuando es capaz de seguir integrando nuevas aportaciones sin perder sus rasgos esenciales.

Este nuevo paradigma sitúa el interés de Canarias por encima de cualquier otra consideración partidista o ideológica. El soberanismo constituye una forma de entender el ejercicio del poder político desde la defensa permanente de los intereses del archipiélago. Es una cultura política basada en la responsabilidad institucional, en la lealtad hacia la ciudadanía canaria y en la convicción de que las decisiones deben adoptarse, siempre que sea posible, allí donde producen sus efectos.

En definitiva, el canarismo del siglo XXI debe dejar de definirse como un vacuo nacionalismo periférico para afirmarse como un soberanismo autocentrado y democrático. La identidad continúa siendo el elemento que genera cohesión y sentido de pertenencia; la soberanía constituye la herramienta política que permite transformar esa identidad en bienestar, prosperidad y justicia social. El objetivo ya no es únicamente preservar lo que somos, sino disponer de la capacidad necesaria para decidir libremente cómo queremos vivir y cómo queremos construir el futuro de Canarias. Ese debe ser el verdadero horizonte del nuevo canarismo: menos identidad entendida como mera reivindicación simbólica y más soberanía concebida como capacidad efectiva de decidir sobre nuestro propio destino como Pueblo.

Tenemos un problema serio con cómo narramos las realidades que nos duelen. Con la adopción y el acogimiento pasa algo curioso, parece que necesitamos vender el esquema clásico de una infancia que sufre, una administración pública que opera con la precisión de un cirujano suizo y un núcleo familiar maravilloso que, a base de amor y paciencia, borra el pasado y empieza de cero sobre una pulcra página en blanco. Pero spoiler: esa página en blanco no existe. Quienes trabajamos en el ámbito psicopedagógico sabemos perfectamente que las medidas de protección no vienen con perdices al final de la historia, sino con un proceso de acompañamiento e integración emocional de alta complejidad. Si no empezamos a cuestionar las costuras del sistema, seguiremos cronificando el daño en las mismas infancias que prometimos proteger mientras nos colgamos medallas institucionales.

A veces me da por pensar en la mitología clásica, no por ponerme en plan pedante, sino porque el mundo antiguo entendía la psique humana sin tanta laca institucional ni manuales de autoayuda. En el sistema de protección actual operan dos dinámicas inconscientes dignas de tragedia griega. La primera afecta a las familias adoptantes y es el síndrome de Pigmalión: esa necesidad imperiosa de moldear a la persona adoptada para que encaje al milímetro en nuestras expectativas, en nuestro estilo de vida o en lo que sea que imaginábamos en nuestros tableros de Pinterest sobre la mapaternidad. Se asume con una ingenuidad pasmosa que la cotidianidad afectiva actuará como un borrador mágico del trauma temprano y de la memoria biológica. Pero cuando el menor real se distancia del molde idealizado y manifiesta las secuelas lógicas del abandono o de la institucionalización, a los adultos les entra el pánico, la estructura se agrieta y emergen las crisis de apego.

El segundo fantasma es más perverso y opera en el origen. Para validar administrativamente la retirada de una tutela y que todo el mundo duerma tranquilo, el sistema a menudo necesita redactar un relato de buenos y malos digno de una mala película. Es el arquetipo de Lilith: la demonización absoluta de la familia biológica. Reducir a las figuras progenitoras a entes puramente malvados o negligentes queda muy limpio en los informes técnicos, pero le destroza el autoconcepto a la persona menor de edad. En la infancia, la lógica interna es implacable: si mi raíz es defectuosa, yo tengo que estar defectuoso por defecto de fábrica. Nos cuesta horrores asumir que el desamparo casi nunca nace de una maldad mística de manual, sino de la exclusión social, la falta de redes de apoyo, una salud mental vulnerada por el entorno y la pobreza estructural. Cuando el sistema se limita a castigar y estigmatizar en lugar de analizar la violencia estructural, deshumaniza a la familia de origen y condena al sujeto a crecer con miedo de mirarse al espejo por si ve al “monstruo”.

Luego está el peaje invisible, ese elefante en la habitación que casi ninguna institución nombra: el conflicto de lealtades. Al emperador Tiberio lo adoptó Augusto por pura estrategia dinástica y el chaval pagó la novatada a precio de oro: le obligaron a cambiar de nombre, a erradicar su linaje paterno y a divorciarse de la persona a la que amaba para unirse a la hija del emperador, todo muy sano. En la práctica diaria vemos a demasiados adolescentes adoptados viviendo en ese mismo palacio de presiones silenciosas. Sienten que para ser validados del todo, y para demostrar ese “agradecimiento perpetuo” que la sociedad les exige como si les hubieran hecho un favor de caridad, tienen que amputar su pasado y simular que nacieron en un repollo. Obligar a una persona a elegir entre el respeto a su raíz y el amor a las figuras de apego que la crían es una crueldad pedagógica. Ese vínculo con el origen no desaparece por decreto administrativo ni por hacer como que no pasa nada; se queda ahí, enquistado, y acaba emergiendo en forma de sintomatología ansioso-depresiva o mediante una conducta desafiante que vuelve locos a los institutos.

¿Hacia dónde vamos entonces? El espejo en el que debería mirarse el sistema no es la corte de Augusto, sino el mito de Hefesto. A este dios su madre lo arrojó del Olimpo al nacer porque no cumplía con los estándares canónicos de belleza, un desamparo en toda regla. Pero lo recogieron Tetis y Eurínome en una gruta submarina. Y aquí viene lo importante: no utilizaron la magia para borrar su cojera, ni intentaron apuntarlo a clases de milicia para que pareciera un dios de la guerra convencional. Le ofrecieron un entorno predecible, seguro y paciente. Le permitieron ser él, con sus taras. Y en esa gruta, Hefesto desarrolló la forja y transformó su dolor en maestría, convirtiéndose en el artesano más increíble del universo.

Tengo claro que cuestionar el sistema hoy significa exigir tres líneas de actuación urgentes que a la administración le dan bastante alergia. Primero, políticas preventivas reales: dotar de recursos a las familias vulnerables antes de que la retirada de la tutela sea la única opción fácil. Segundo, erradicar el tabú del secreto, apostando firmemente por el acogimiento familiar frente a la adopción y por programas especializados que acompañen la reconstrucción de la historia de vida sin parches ni cuentos. Y tercero, madurez emocional en el mundo adulto para entender que nuestra función no es jugar a ser héroes ni coleccionar finales felices para Instagram, sino ofrecer esa gruta segura para que una infancia herida pueda forjar su propia identidad, con todas sus luces y sus profundas sombras. Todo lo demás es propaganda institucional y literatura barata.

Creo importante abrir un debate serio sobre la ilegalización de las llamadas empresas de “desokupación”, que se esconden tras otras modalidades como falsas inmobiliarias o mediación porque su actividad ha sido objeto de denuncias por presuntas prácticas de acoso, coacciones, intimidación y presión psicológica para conseguir que las personas abandonen una vivienda al margen de un procedimiento judicial y porque atacan a precaristas y personas en una situación económica transitoria, ocasionada por alquileres elevados, pérdida de empleo y hasta por enfermedades. También se puede comprobar su actividad en las redes, incluso en los propios portales de estas organizaciones.

El procedimiento para la recuperación de un inmueble tiene que realizarse únicamente a través de los tribunales y con todas las garantías legales.

Resulta especialmente preocupante que la mayoría de estas actuaciones se dirijan contra personas en situación de vulnerabilidad a través del miedo, la presión constante y las amenazas que hacen que en muchos casos, las víctimas ni siquiera se atrevan a denunciar y por ello, cuando existan indicios de delitos como coacciones, amenazas o acoso, la Fiscalía debería actuar de oficio, ya que el temor puede impedir que las personas afectadas soliciten protección o medidas cautelares.

Planteo esta reflexión ahora porque creo que no se debe normalizar o mirar para otro lado y es durante los meses de julio y agosto, cuando la actividad judicial suele reducirse y parece que algunas de estas empresas intensifican su actividad aprovechando la mayor sensación de indefensión de quienes sufren estas situaciones.

Ninguna familia o persona debería pasar por el sufrimiento de ver acosadas a sus hijas, hijos o familiares para abandonar una vivienda porque cuando se usa la violencia, la intimidación o las coacciones no suelen llevar razón y se vulnera el principio básico de cualquier democracia en la que solo los jueces pueden decidir sobre los derechos de las personas y toda resolución judicial puede ser recurrida con las garantías previstas por la ley.

Si te ves ante esta desagradable situación denúncialo desde el primer momento, desde la primera “visita”, desde el primer contacto. ¿Como actuar ante estas “empresas”?

Junto a estas empresas también existen formas de presión más discretas que son los llamados “desokupas de traje y corbata” quienes, en ocasiones, pueden actuar a través de determinadas agencias inmobiliarias, de supuestos personal shopper inmobiliarios o de otros intermediarios que recurren al desgaste psicológico, al chantaje emocional o a una actitud aparentemente amable y condescendiente para convencer a las personas de que abandonar su vivienda con aquello de que “es lo mejor para ellas”. Aunque los métodos sean diferentes, también pueden generar situaciones de enorme vulnerabilidad e indefensión.

Por otro lado, es imprescindible que las administraciones públicas creen oficinas y programas de información y defensa de las personas inquilinas. Estos servicios deberían actuar como observatorios de estas prácticas, ofrecer asesoramiento jurídico y social, acompañar a las personas afectadas y dotarlas de herramientas para defender eficazmente sus derechos frente a cualquier forma de acoso o presión ilegítima.

Los conflictos relacionados con la vivienda deben resolverse mediante jueces, leyes y políticas públicas que garanticen el derecho a la vivienda, pero nunca mediante el miedo, la intimidación o las coacciones. En una democracia, la Justicia no puede delegarse en empresas privadas, porque ninguna empresa privada, ya se presente como empresa de ‘desokupación’, agencia inmobiliaria o personal shopper inmobiliario, puede situarse por encima de la ley, ni sustituir las funciones que corresponden exclusivamente a los tribunales.