Desde Casa África nos sentimos profundamente orgullosos de haber impulsado, junto a un socio esencial como el Instituto Cervantes, la edición de ‘El español en África subsahariana’ (2026), un libro mayúsculo de 685 páginas, un trabajo coral de 55 autores (africanos y españoles), con cuatro secciones y 31 capítulos que, entre otras cosas, documenta rigurosamente el actual estado de la enseñanza del español en 21 países de la llamada África subsahariana. 

Esta obra no es una simple actualización a un trabajo que se publicó en 2014; es un trabajo de “nueva planta” que hace una foto del español que se habla y se estudia hoy al sur del Sáhara, y que nos ha obligado a reconocer que nuestra lengua está muy viva, que se está moviendo de forma activa y dinámica por toda África, y que su avance es, por encima de cualquier miedo o temor, una gigantesca oportunidad. 

Permítanme primero ponerles en situación: nuestra labor en favor del hispanismo africano no es reciente. Ya por 2014, en Casa África, por iniciativa del entonces jefe del área de Cultura y Educación, Juan Jaime Martínez, impulsamos la primera gran publicación que documentaba la enseñanza del español en la región, y nos desveló que ya entonces había 1,3 millones de estudiantes de español, un mapa humano que desmentía cualquier mirada simplificadora sobre el continente. 

Desde entonces, hemos actuado como un consorcio de diplomacia pública volcado en fomentar el diálogo entre sociedades civiles, conectar como fuese posible a los hispanistas de todo el continente, que son muchos más de los que pensamos. 

Y no nos limitamos a observar; hemos promovido activamente conferencias y grandes encuentros, como la serie de Encuentros de Hispanistas África-España iniciada en 2019, para visibilizar a esa “infraestructura humana” compuesta por profesores e investigadores que sostienen el español en aulas muchas veces masificadas y con recursos limitados. Nuestra alianza con el Instituto Cervantes ha sido el motor de resultados tangibles, como la apertura de una sede del Instituto en Dakar (Senegal) en 2021 y la nueva sede del Aula Cervantes en Abiyán (Costa de Marfil), inaugurada hace muy pocos días. Hoy, en nuestra institución, tanto Ángeles Jurado al frente del área de Cultura y Educación, como Estefanía Calcines al frente de la Mediateca y la página web, continúan trabajando en este fomento del español en África.  

Porque la extensión de todas estas redes de contacto generadas con el impulso conjunto de tantos años de trabajo nos han permitido ahora ser más ambiciosos y exhaustivos para conseguir en este último libro una cifra real, esa foto que les decía era necesario hacer en todos y cada uno de los países africanos que sabemos que impulsan la enseñanza del español. Y la cifra es, sencillamente, impresionante: hoy hay 3.556.675 estudiantes de español en África subsahariana. 

Esta región ya aporta el 13,53% de todos los aprendices de español del mundo. África subsahariana se ha consolidado como la cuarta región del mundo en peso neto de estudiantes, situándose solo por detrás de Estados Unidos, Brasil y la propia Europa. De hecho, de entre los 15 países con mayor número de estudiantes de español en el planeta, cinco ya son africanos: Camerún, Costa de Marfil, Benín, Senegal y Gabón. 

Pero, ¿cómo se aprende español en un territorio tan vasto? El libro, cuya coordinación científica ha recaído en el profesor Javier Serrano Avilés, propone una clasificación muy útil para entender el lugar que ocupa nuestra lengua en los distintos sistemas educativos africanos.  

En algunos países, como Camerún, con 1,2 millones de alumnos, o Costa de Marfil, con alrededor de un millón, el español cuenta con una alta institucionalización: forma parte de manera sólida del currículo oficial y se estudia como una asignatura troncal dentro de la educación pública. En estos contextos, el español no es una rareza ni una opción marginal, sino una lengua presente en las aulas y también en la vida cotidiana de muchos jóvenes.  

En otros países, como Madagascar o Togo, la institucionalización es media: el interés por el idioma crece con fuerza y gana espacio, aunque su enseñanza todavía no alcanza a toda la red de institutos públicos.  

Y existe también un tercer grupo, el de países con baja institucionalización, como Ghana, Sudáfrica o Kenia, donde el español no suele estar incorporado de forma generalizada a la secundaria pública, pero sí mantiene una presencia muy relevante en las universidades y en determinados centros privados, especialmente aquellos vinculados a élites académicas, profesionales o internacionales. 

Lo más relevante para nosotros es que el 85% de estos estudiantes proceden de la enseñanza secundaria pública. Esto significa que el español en África no es un lujo para unos pocos, sino una decisión educativa de Estado que garantiza que millones de jóvenes crezcan vinculados a nuestra cultura. Muchos países, en este caso países francófonos, incluyen el español como opción de segunda lengua. 

Detrás de cada cifra hay una historia personal que nosotros queremos poner en valor. El éxito del español en África responde a motores muy diversos. Nuestro querido Pepe Naranjo, periodista canario que lleva dos décadas informando de y desde África, cuenta en un delicioso artículo que pone colofón al libro diversas anécdotas sobre cómo a través del idioma español ha vivido innumerables experiencias por todo el continente. 

Desde explicarle a jóvenes enganchados a La Liga en un rincón perdido de un afluente del río Congo qué significaban palabras en español que escuchaban cada semana durante las retransmisiones de los partidos a oír en una remota aldea del interior de Mali a un emigrante retornado por las vacaciones decirle que vivía y trabajaba en Roquetas de Mar.  

 “Puede parecer algo banal –escribe Naranjo- pero la emigración y el fútbol, así como la música cubana y las telenovelas latinoamericanas, han sido probablemente los mejores embajadores de la lengua española entre los pueblos africanos en las últimas décadas”. 

Nuestra experiencia por África nos ha enseñado que el español se percibe como una lengua de diálogo y no de dominación. Frente al declive de otras lenguas coloniales, el español ofrece una conexión con lo latino, con el fútbol global y con la música, pero también con una literatura propia, la afrohispánica, que está africanizando los currículos universitarios desde Senegal hasta Sudáfrica. 

Desde Casa África siempre hemos defendido que la lengua es una herramienta de desarrollo. El español actúa como un “vehículo de confianza” para las empresas. Como bien señala el presidente de la Cámara de Comercio de España en Senegal, Ramón Nicolau, dominar el español es un acelerador de redes empresariales. 

En un reciente acto con hispanistas en Senegal, en el que se desveló el dato de los 3,5 millones de estudiantes, Nicolau recordó que tener a más de tres millones de personas con conocimientos de español en África facilita que nuestras empresas aterricen en mercados emergentes. No es solo hablar el mismo idioma; es compartir un ecosistema de negocios que es el segundo más importante del mundo en términos económicos, solo superado por el inglés. El español da oportunidades de inserción laboral a los jóvenes africanos, permitiéndoles trabajar en organismos internacionales, en proyectos de cooperación o en el creciente sector turístico y comercial. De ahí a que sea fundamental hacer entender que es miope considerar que la enseñanza del español en África pueda vincularse al fenómeno migratorio hacia España: es un puente de doble vía. 

Este libro no es una meta, sino un punto de partida. Nos plantea el reto de no caer en la autocomplacencia, porque somos muy conscientes de que esta cifra se ha logrado prácticamente sin inversión desde las instituciones españolas. Existe aún una brecha considerable entre el enorme volumen de estudiantes y el apoyo institucional que reciben. Por ejemplo, Benín tiene tantos estudiantes como Alemania, pero una infraestructura de apoyo infinitamente menor. 

Por ello, tal y como anunció el director del Cervantes, nuestro amigo Luis García Montero, hemos dado un paso estratégico fundamental: la creación del Observatorio del Español en Contextos Africanos (OECA). Este centro, coordinado por el Instituto Cervantes, nos permitirá realizar un seguimiento estable, detectar necesidades de formación de profesores y ofrecer información fiable para diseñar mejores estrategias de cooperación. 

En definitiva, que ante la responsabilidad que nos otorga conocer esta cifra, a las instituciones públicas nos toca ahora entender que África no es un destinatario pasivo de nuestra lengua. Debemos estar ahí. Los africanos están apropiándose del español, hibridándolo y dándole nuevos significados. Y eso es maravilloso. El futuro del español ya lo estamos construyendo junto a los africanos. Y África subsahariana es, no tengan duda, el espacio donde ese futuro se está inventando con más fuerza, entusiasmo y esperanza. 

Cuando el psiquiatra estadounidense Douglas Kelley recorrió las celdas de los jerarcas nazis durante los juicios de Núremberg contra la jerarquía del régimen nazi, el mundo esperaba que su diagnóstico confirmara la monstruosidad clínica, la psicopatía excepcional, la deformación moral irrepetible de aquella cúpula criminal. Sin embargo, su hallazgo fue mucho más desasosegante: la absoluta e inquietante normalidad de los verdugos. No había en ellos una esencia diabólica que los diferenciara del resto de mortales, sino una perturbadora capacidad de adaptación a un sistema que convertía el exterminio en trámite administrativo y la crueldad en política de Estado.

Su advertencia, rescatada por la historiografía y el cine, pulverizó el mito consolador de que el nazismo fue un virus exclusivo del alma alemana. Kelley demostró que el estereotipo del nazi —ese burócrata utilitarista, gélido, ambicioso, capaz de justificar la eliminación de la mitad de la población si los cálculos de poder así lo exigían— habita en estado latente en cualquier sociedad. Es una simiente que no germina en el vacío, sino que aguarda la confluencia de tres elementos: las condiciones materiales propicias para el descontento, una crisis institucional profunda y, sobre todo, el vector político adecuado que la active, la discipline y la dirija hacia la toma del Estado.

La historia total no admite discusión: el fascismo nunca asalta los centros de poder de forma aislada ni mediante un golpe de mano tradicional; siempre accede gracias a la claudicación y la complicidad activa de la derecha tradicional. Es la derecha respetable, la de los salones alfombrados y la retórica de la moderación, la que le franquea la entrada creyendo que podrá instrumentalizarlo. El paradigma de esta verdad incómoda es la agonía de la República de Weimar, donde un Franz von Papen —refinado, aristocrático y cínico— abrió la cancillería a Adolf Hitler convencido de que lo usaría como títere. Lo domesticaría en seis meses, le confió a un amigo. Meses después, la democracia alemana era cenizas y la dictadura se devoraba a sus padrinos.

Esa misma pulsión suicida es la que escenificó Alberto Núñez Feijóo en su entrevista del pasado 17 de junio en el plató de El Hormiguero, ante un Pablo Motos convertido en anfitrión complaciente de la banalización del horror. Aquella noche no asistimos a un simple ejercicio de retórica televisiva de un líder de la oposición; asistimos a la representación pública de una capitulación moral. Al asumir a Vox como un socio natural, legítimo e institucional, al negarse a “demonizar” —ese fue el término elegido— a una formación abiertamente reaccionaria bajo el pretexto del pragmatismo electoral, la derecha española no solo ha alfombrado el camino hacia la barbarie cotidiana, sino que ha asumido que la extrema derecha no es un peligro para la democracia, sino un instrumento útil para la reconquista del poder.

Sin embargo, para que este desembarco neofascista sea viable no basta con la mera voluntad de coalición. Se requiere una demolición previa de la legitimidad democrática, un desgaste calculado de las instituciones que convenza a la ciudadanía de que el sistema está podrido y que solo una sacudida autoritaria puede regenerarlo. Aquí es donde la advertencia de Kelley engarza directamente con la estrategia contemporánea del lawfare: la perversa conjunción judicial, policial y mediática diseñada para derrocar a un gobierno legítimo mediante la construcción de un relato de Estado criminal, corrupto y fallido. La guerra judicial no busca la verdad ni la justicia; busca la resonancia política, la destrucción civil del adversario y, como objetivo último, el blanqueamiento definitivo del fascismo bajo la apariencia de una cruzada moral regeneracionista.

Asistimos en España a una sincronización perfecta, una maquinaria de precisión que opera en tres tiempos. Primero, determinadas terminales judiciales abren causas sin base probatoria sólida —los procesos inquisitoriales contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, o contra su hermano David Sánchez son el ejemplo paradigmático— basándose en denuncias de organizaciones ultraderechistas o en recortes de prensa. Segundo, las causas son inmediatamente amplificadas por un ecosistema mediático afín que las presenta como escándalos de Estado, sin esperar siquiera a su viabilidad procesal. Y tercero, las redes sociales y los platós televisivos convierten la sospecha en sentencia, intoxicando el debate público y erosionando la presunción de inocencia hasta convertirla en papel mojado. No se busca la verdad jurídica; se busca el “caso abierto”, la foto de la declaración judicial y el titular demoledor.

Dentro de este engranaje de asedio, la pieza maestra de la cacería institucional ha sido el inédito cerco contra la Fiscalía General del Estado y su máximo responsable, Álvaro García Ortiz. Esta maniobra de demolición persigue un fin nítidamente político y estratégico: descabezar y maniatar a la máxima autoridad de un Ministerio Fiscal que cometió el “delito” imperdonable de mantenerse firme en la defensa del principio de legalidad al respaldar la aplicación de la ley de amnistía para los soberanistas catalanes encausados por el procés. Al someter al Fiscal General a una persecución penal sin precedentes —con imputaciones que se sostienen sobre interpretaciones forzadas y filtraciones interesadas—, el bloque judicial y mediático reaccionario consigue descoyuntar el último dique institucional que oponía resistencia frontal a los excesos del lawfare. Con una Fiscalía General neutralizada bajo la amenaza del banquillo, el aparato corporativo conservador elimina el contrapeso interno que aún recordaba que el Ministerio Público no es un brazo ejecutor de la oposición. El camino queda así completamente despejado para acelerar el derrocamiento del Ejecutivo mediante una ofensiva penal unilateral, desbocada y libre de frenos institucionales.

Esta estrategia de acoso y derribo ha encontrado su caja de resonancia más agresiva en el propio Congreso de los Diputados. Las últimas intervenciones de la cúpula de lo que ya actúa abiertamente como un “partido judicial”, espoleado por el propio Feijóo y las huestes de Vox, han traspasado todos los límites institucionales que sostienen una democracia sana. Criminalizar al presidente del Gobierno, tildarlo de “capo”, de “cobarde”, de “delincuente confeso”, y recurrir a una violencia verbal sin precedentes en sede parlamentaria no es una rabieta pasajera de la oposición ni una simple deriva de crispación. Es la preparación psicológica del terreno para justificar cualquier medida excepcional. Es la construcción meticulosa del pretexto, la fabricación del enemigo interno sobre el que cargará la culpa de todos los males cuando llegue el momento de la desestabilización permanente.

Lo flagrante y profundamente paradójico de este escenario es el absoluto cinismo de quienes lideran la ofensiva. Mientras se levantan sumarios de la nada y se agita la sospecha mediática sobre el entorno familiar del Ejecutivo, el Estado español contempla atónito cómo el Partido Popular —una organización históricamente imputada y condenada por corrupción estructural, con las ramificaciones de la trama Gürtel, la contabilidad opaca de los papeles de Bárcenas y el uso criminal de los recursos del Estado en la operación Kitchen— pretende erigirse en heraldo de la regeneración ética y en juez de la moralidad ajena. Esa impunidad flagrante, esa capacidad de mirar hacia otro lado mientras se procesa al adversario, constituye otra forma aún más perversa de normalización: la de una oligarquía que considera el aparato estatal como su propiedad privada y que no duda en incendiar la convivencia democrática si pierde el control de los presupuestos públicos y los resortes del poder administrativo.

El peligro que se avecina ante una confluencia gubernamental entre el Partido Popular y Vox tras las próximas elecciones no es un mero cambio de siglas ni una alternancia más en el turno bipartidista. Es una mutación sistémica hacia un modelo de Estado neofascista, policial y represor. Bajo la falsa bandera del orden y la seguridad, lo que se pretende configurar es un régimen de exclusión donde la desigualdad se convierta en ley escrita y la disidencia en delito. El concepto de “prioridad nacional” que pretenden implantar no es más que el eufemismo técnico para la segregación institucional, una herramienta xenófoba y antiinmigración diseñada para despojar de derechos fundamentales a la población migrante y fracturar a la clase trabajadora bajo el manto divisorio del odio identitario. Mientras una minoría acumula privilegios, el conflicto se redirige hacia los de abajo y los de fuera.

Esta alianza no oculta sus cartas. Se alimenta de un anticomunismo visceral que opera como el gran pretexto ideológico para criminalizar la disidencia, perseguir los movimientos sociales y justificar el ejercicio de la violencia discursiva, judicial y política contra cualquiera que cuestione los intereses de las élites dominantes. Cualquier reivindicación de justicia social es tachada de “marxismo cultural”; cualquier protesta legítima, de “golpismo callejero”. A esta matriz se suma una misoginia militante que no es accidental sino estructurante: busca desmantelar las conquistas históricas de las mujeres, devolviéndolas —con discursos edulcorados sobre la natalidad y la familia natural— a una estructura de subordinación patriarcal que el nacionalcatolicismo consagró durante cuarenta años de dictadura.

Porque en España, a diferencia de la Alemania de entreguerras, el virus no necesita inventar una mitología nueva ni importar iconografías exóticas. Le basta con reactivar el sustrato del franquismo sociológico que nunca fue plenamente depurado durante la Transición. La dictadura franquista no terminó en un colapso militar, sino que negoció su propia continuidad bajo nuevas formas. El enaltecimiento y la justificación de aquel régimen, camuflados hoy bajo cínicas “leyes de concordia” —que equiparan a víctimas y verdugos—, constituyen el núcleo duro de su proyecto hegemónico. Es la normalización del terror de Estado del pasado para legitimar el retroceso democrático del presente y del futuro. Es la reivindicación de que aquel orden era necesario, y que acaso sería deseable recuperarlo.

El pueblo español debe despertar de la anestesia mediática que convierte el avance del neofascismo en un espectáculo de entretenimiento nocturno, en un motivo más de tertulia intrascendente entre chascarrillos y cortes publicitarios. Lo que Douglas Kelley advirtió ante las celdas de Núremberg se está cocinando hoy, con meticulosidad y paciencia, en los despachos políticos, en los juzgados del conservadurismo corporativo, en las redacciones de los medios intoxicadores y en los platós de la televisión privada: la construcción de un sentido común reaccionario que acepte el racismo, el lawfare, la intolerancia y la pérdida paulatina de libertades como el precio inevitable para salvaguardar el poder de los de siempre y devolver al país a un orden que nunca debió ser cuestionado.

Si la confluencia entre el Partido Popular y Vox se materializa en las urnas y se consolida en el gobierno, las estructuras del Estado serán utilizadas para demoler la democracia desde dentro, del mismo modo que lo hicieron quienes hoy blanquean como socios aceptables. La advertencia está dada, documentada y testada por la historia. La responsabilidad de frenar el horror, antes de que el ruido mediático nos anestesie por completo y el fascismo nos parezca un mal menor, sigue estando en manos de la memoria, la vigilancia democrática y la movilización popular. No habrá tribunal en el futuro que nos absuelva de haber mirado hacia otro lado mientras los verdugos normales volvían a pasearse por los pasillos del poder.

Hace unos días un policía me multó por aparcar en una plaza reservada para personas con movilidad reducida.

Le enseñé el justificante de la solicitud de renovación de mi tarjeta. Le mostré el mensaje que acredita que el expediente está en trámite. Le expliqué que había presentado todo correctamente y que llevo meses esperando respuesta de la Administración.

El agente me escuchó, me comprendió y aun así me multó. Me indicó, además, que debía presentar un pliego de alegaciones a través de la sede electrónica del Ayuntamiento correspondiente para recurrir la sanción.

No le culpo. Estaba aplicando la normativa.

Pero cuando volví a casa solo podía pensar en una pregunta muy simple: ¿cómo es posible que una persona pueda ser sancionada por un retraso que no ha provocado?

No ha sido un caso aislado. Ya he recibido otra multa en circunstancias similares mientras sigo esperando la renovación de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida.

Mi tarjeta caducó el 18 de enero de este año. Antes de esa fecha seguí el procedimiento establecido: presentar la solicitud a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias, aportando la documentación requerida. Todo en tiempo y forma.

Desde entonces, sigo esperando.

En marzo recibí un mensaje informándome de que el expediente había comenzado a tramitarse. Después de eso, silencio.

Mientras tanto, la vida no se detiene. Hay que acudir a citas médicas, hacer gestiones, comprar, desplazarse. En definitiva, seguir con la rutina diaria.

Y ahí aparece el problema, porque, aunque la tarjeta ha caducado, la necesidad que la justifica sigue exactamente igual.

Lo que cambia no es la situación de la persona, sino su exposición a sanciones por una demora administrativa que no controla.

Durante este tiempo he tenido que recurrir las multas, aportar documentación y demostrar algo que ya estaba acreditado: que la renovación está solicitada y en trámite.

Es decir, además de esperar meses una respuesta, tengo que invertir tiempo y energía en corregir las consecuencias de esa espera.

Pero hay una parte del problema que me preocupa aún más.

Yo puedo defenderme. Puedo presentar alegaciones por vía telemática, guardar justificantes y hacer seguimiento del expediente. No todo el mundo puede.

¿Qué ocurre con una persona mayor que no maneja herramientas digitales? ¿Qué ocurre con alguien que depende de terceros para cualquier trámite? ¿Qué ocurre con quien recibe una sanción lejos de su domicilio y no tiene facilidad para desplazarse a reclamar?

Estas situaciones no son excepcionales. Son reales.

A menudo hablamos de accesibilidad en términos de infraestructuras: rampas, ascensores, transporte adaptado. Pero hay otra barrera menos visible e igual de importante: la burocrática.

Una administración inaccesible no es solo la que impide el acceso físico, sino también la que convierte un derecho reconocido en un proceso incierto, lento y desigual.

En algunos casos, los expedientes parecen avanzar cuando la persona afectada acude presencialmente a insistir. Si eso es así, la pregunta es evidente: ¿para qué sirve entonces la vía electrónica si no garantiza el mismo trato?

No se trata de pedir privilegios ni de cuestionar a los agentes que aplican la normativa que tienen que cumplir.

Se trata de algo mucho más básico: coherencia administrativa.

Si una persona cumple con todos los requisitos y presenta su solicitud en tiempo y forma, la Administración debería responder en un plazo razonable. Y mientras no lo hace, no debería generar situaciones que derivan en sanciones para quien no tiene ninguna responsabilidad en la demora.

Hoy me encuentro con una situación difícil de explicar en términos de lógica: una tarjeta caducada, un expediente en trámite y dos multas por el camino.

Pero el problema de fondo no es la multa.

Es la incertidumbre.

Salir de casa sin saber si puedes ser sancionado por un retraso ajeno no es una situación aceptable para nadie, y menos aún para una persona con movilidad reducida.

Porque al final, la cuestión es muy simple: la tarjeta puede caducar. La discapacidad no

La visita del Papa León XIV a las Islas Canarias fue mucho más que un acto religioso, institucional o mediático. Fue un acontecimiento de enorme dimensión humana, organizado en un tiempo extraordinariamente breve y sostenido por el trabajo coordinado de muchas personas que entendieron que el verdadero objetivo no era el lucimiento de la organización, sino que el mensaje llegara claro. Y llegó.

Llegó porque detrás hubo coordinación, planificación, generosidad y una entrega que fue mucho más allá de la responsabilidad estrictamente asignada a cada cual. 

En actos de esta naturaleza, lo habitual sería disponer de muchos meses de trabajo, incluso cerca de un año, para preparar cada fase, cada recorrido, cada espacio, cada dispositivo de seguridad, cada atención institucional y cada necesidad de comunicación. Sin embargo, en esta ocasión, todo tuvo que hacerse en apenas dos meses. Ese dato, por sí solo, ayuda a comprender la dimensión del trabajo realizado.

Organizar una visita de estas características no consiste únicamente en colocar autoridades, diseñar recorridos o prever una cobertura informativa. Exige comprender la finalidad del acto, identificar sus objetivos, coordinar instituciones, ordenar espacios, prever riesgos, facilitar el trabajo de los medios, garantizar la seguridad y cuidar a quienes participan, asisten o prestan servicio. 

Todo ello, además, en un contexto especialmente sensible: la visita de Su Santidad el Papa León XIV a unas islas que son frontera, acogida, dolor, esperanza y testimonio directo de la realidad migratoria.

España es un país aconfesional y, precisamente por eso, conviene mirar este tipo de acontecimientos con serenidad y rigor. La aconfesionalidad del Estado no impide reconocer el interés social, institucional y humano de una visita papal, especialmente cuando el mensaje central no se dirige solo a la comunidad católica, sino al conjunto de la sociedad. Creyentes y no creyentes podían entender el fondo de lo que allí se estaba expresando: la necesidad de atender a quienes migran, a quienes arriesgan la vida, a quienes buscan protegerse y proteger a los suyos.

Pero tampoco puede olvidarse que se trataba de una visita del Papa y, por tanto, de un acontecimiento con una dimensión religiosa esencial. En ese plano, la participación de los clérigos, de las personas consagradas y de quienes asumieron las funciones propias de la liturgia fue determinante para que la celebración mantuviera su sentido profundo, su solemnidad y su autenticidad. La parte religiosa no fue un añadido al acto, sino uno de sus ejes naturales. 

También ahí hubo orden, preparación, respeto a los tiempos, a los signos, a los espacios sagrados y a los gestos propios de la liturgia. Porque en una visita de estas características, lo institucional, lo social y lo religioso no compiten entre sí: deben convivir con equilibrio para que el mensaje pueda comprenderse en toda su dimensión.

La finalidad era la visita de León XIV. Pero el objetivo era más profundo: que se escuchara, sin interferencias, un mensaje de atención a la necesidad más básica del ser humano: sobrevivir.

Para que ese mensaje pudiera escucharse alto y claro, fue imprescindible una coordinación real entre protocolo, comunicación y seguridad. No una coordinación teórica, de manual o de organigrama, sino una coordinación vivida, práctica y diaria, construida a base de reuniones, ajustes, conversaciones, decisiones rápidas y renuncias personales. Cada área tenía su función, pero ninguna podía trabajar aislada. El protocolo necesitaba de la seguridad. La seguridad necesitaba de la comunicación. La comunicación necesitaba comprender los tiempos, los espacios y los gestos del acto. Y todas necesitaban avanzar en la misma dirección.

Esa es, probablemente, una de las grandes lecciones que deja esta visita: cuando las áreas implicadas trabajan como piezas de una misma maquinaria, el acto deja de ser una suma de tareas para convertirse en una acción común.

En cualquier profesión hay mejores y peores profesionales. También los hay en protocolo, en comunicación, en seguridad, en producción, en gestión institucional o en cualquier otro ámbito. Pero cuando un acto sale adelante en circunstancias tan exigentes, no es porque cada persona se haya limitado a cumplir lo justo, sino porque muchas han decidido implicarse más allá de lo que les correspondía. Y eso se notó.

Se notó en quienes asumieron tareas que, en otras circunstancias, quizá no habrían formado parte de sus funciones. Se notó en quienes resolvieron problemas sin esperar reconocimiento. Se notó en quienes colocaron sillas, revisaron espacios, acompañaron recorridos, atendieron indicaciones, corrigieron detalles, facilitaron accesos o simplemente estuvieron donde hacía falta estar. Se notó en las personas voluntarias, en los equipos técnicos, en el personal institucional, en quienes trabajaron antes de que empezara el acto y siguieron trabajando cuando ya había terminado.

Ese tipo de entrega no siempre se ve, pero se percibe. Porque cuando un acto está hecho con alma, el resultado tiene otra calidad. No se trata solo de que “salga bien”. Se trata de que tenga sentido.

También hubo que gestionar algo que siempre aparece en los grandes acontecimientos: los egos. Los egos de las áreas, de los cargos, de las instituciones, de los equipos y, a veces, de las personas. En actos de esta dimensión, cada decisión puede generar tensiones, cada espacio puede ser disputado y cada protagonismo puede convertirse en ruido. Por eso es tan importante que alguien recuerde, una y otra vez, cuál es el objetivo principal.

En esta visita, el objetivo no era que brillara una estructura organizativa, ni que sobresaliera un departamento, ni que se impusiera una mirada sobre otra. El objetivo era que el mensaje llegara limpio.

Y llegó porque hubo un trabajo serio, coordinado y profundamente comprometido. Porque no se dejaron los detalles al azar. Porque se entendió que cada gesto podía ayudar o distraer. Porque se cuidó lo grande y también lo pequeño. Porque se trabajó con la conciencia de que, detrás de la visita, había una realidad humana que no podía quedar tapada por la solemnidad del acontecimiento.

La voz que se alzó fue la de una de las autoridades más cualificadas para trasladar ese mensaje al mundo: Su Santidad el Papa León XIV. Pero para que esa voz se escuchara con claridad, fue necesario el trabajo de muchas otras voces silenciosas. Voces que no ocuparon titulares, pero hicieron posible que el mensaje no se perdiera entre fallos, improvisaciones o descoordinaciones.

Y el mensaje fue claro: todas las instituciones, organismos y gobiernos implicados están obligados a atender a las personas migrantes. A mirarlas. A protegerlas. A no reducirlas a números, estadísticas o debates incómodos. A comprender que, antes que cualquier otra consideración política, administrativa o territorial, hay una obligación humana.

Canarias conoce bien esa realidad. La conoce por su geografía, por su historia y por su presente. Por eso, la visita del Papa adquirió aquí una fuerza especial. No habló de una realidad lejana. Habló de algo que las islas ven, sienten y gestionan desde hace años. De vidas que llegan. De vidas que se pierden. De familias que esperan. De instituciones que deben responder. De una sociedad que no puede acostumbrarse al sufrimiento.

Por eso era tan importante que nada empañara el mensaje. Que no hubiera ruido. Que la organización acompañara, pero no tapara. Que el protocolo ordenara, la comunicación amplificara y la seguridad protegiera. Que cada área hiciera su trabajo, sí, pero sobre todo que todas lo hicieran juntas.

Lo verdaderamente destacable de esta visita no fue únicamente que se organizara un acto complejo en poco tiempo. Fue que se hizo con rigor, con coordinación y con una implicación que habla muy bien de las personas que participaron. Personas que, cumpliendo con su trabajo o haciéndolo como voluntarias, entendieron la trascendencia de lo que estaba ocurriendo. Y personas que asistieron a los actos con un comportamiento admirable, de respeto, tanto en la explanada del muelle, como en todos los lugares en los que tuvieron la oportunidad de saludar al Santo Padre. Esas personas serán las encargadas de difundir el mensaje.

Porque hay actos que se preparan. Y hay actos que, además, se sostienen con alma. Este fue uno de ellos.

La visita de León XIV a Canarias dejó una imagen de organización eficaz, sí, pero sobre todo dejó la evidencia de que cuando protocolo, comunicación y seguridad trabajan de manera coordinada, generosa y consciente, el mensaje puede llegar sin distorsiones. Y cuando el mensaje tiene que ver con la dignidad humana, esa claridad no es un detalle menor: es una responsabilidad.

Se alzó una voz alta y clara. Y detrás de esa voz hubo muchas manos, muchas horas y muchas personas que hicieron posible que se escuchara.

Con orden, con respeto… Y con humanidad en cada gesto.

Qué nos dice la experiencia de Estados Unidos tras más de un año de persecución migratoria

La relación entre salud mental y políticas migratorias represivas ya no es un debate lejano para Europa. El 17 de junio de 2026, el Parlamento Europeo aprobó en Estrasburgo, por 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones, una reforma del Reglamento de Retorno que endurece de forma sustancial el control y la expulsión de personas extranjeras en situación irregular: habilita la creación de centros de deportación fuera de la Unión Europea, amplía la detención hasta veinticuatro meses —con una posible prórroga de seis más— y otorga a las autoridades nacionales nuevas facultades de registro domiciliario [1].

El debate público se ha centrado, sobre todo, en la eficacia de estas medidas y en su compatibilidad con el derecho internacional. Pero la evidencia psicológica apunta a otro coste, menos visible y mucho más extendido: el deterioro de la salud mental de personas migrantes que llevan años, a veces décadas, viviendo, trabajando y criando a sus hijos e hijas en suelo europeo.

No hablamos solo de quienes podrían ser expulsados. Hablamos de comunidades enteras que empiezan a vivir bajo un clima de incertidumbre, hipervigilancia y miedo crónico [3][4].

Un modelo que ya conocemos: la sombra de ICE sobre Europa

La nueva normativa europea no instaura, como tal, devoluciones sumarias en frontera: de hecho, exige expresamente que los acuerdos con terceros países respeten el principio de no devolución. Lo que sí introduce es una arquitectura de control mucho más amplia, con centros de internamiento en países extracomunitarios, detenciones más prolongadas, registros domiciliarios y una obligación estricta de cooperación para las personas sujetas a expulsión [1].

Varios eurodiputados y organizaciones humanitarias han señalado el parecido de este modelo con el que Estados Unidos ha desplegado a través de ICE en los últimos años, advirtiendo del riesgo de normalizar la detención de personas sin antecedentes penales y de extender controles cada vez más invasivos [1]. Desde Cáritas Europa se ha alertado de que este tipo de medidas puede “estigmatizar y criminalizar” a la población migrante en un momento en que las sociedades europeas necesitan más cohesión, no menos [1].

Desde la psicología social, esta arquitectura institucional convierte el miedo en una condición estructural, no en una respuesta puntual a una amenaza concreta. Es exactamente el mecanismo que la literatura ha documentado en Estados Unidos durante el último año y medio: cuando el control migratorio se intensifica, el miedo deja de depender del riesgo real de cada persona y empieza a regular la vida cotidiana de comunidades enteras [6][8].

Estrés crónico, ansiedad y trauma psicológico

A diferencia del estrés agudo, ligado a un evento puntual, la amenaza migratoria sostenida genera estrés crónico, uno de los factores más dañinos para la salud mental. La evidencia clínica disponible en Europa ya apunta en esta dirección: un estudio realizado en España sobre personas internadas en Centros de Internamiento de Extranjeros encontró que siete de cada diez desarrollan sintomatología ansiosa y depresiva clínicamente significativa, y que dos de cada diez llegan a intentar autolesionarse durante su estancia [2].

La literatura internacional sobre detención migratoria, desarrollada inicialmente en contextos australianos y británicos, coincide en que la incertidumbre sobre el propio futuro legal es, en sí misma, un factor traumático, con independencia de la duración de la detención [10][11][12].

Familias migrantes asentadas en Europa: cuando los años vividos aquí no protegen

Una parte importante de las personas que pueden verse afectadas por esta reforma no son personas recién llegadas, sino padres y madres que llevan años trabajando, pagando impuestos y criando a hijos e hijas escolarizados en España, Francia, Alemania o Italia. La ampliación de los plazos de detención y la creación de centros de deportación introducen una tensión constante en estos núcleos familiares, alterando vínculos afectivos y rutinas básicas [13][14].

La experiencia estadounidense, tras más de un año de intensificación de las actuaciones de ICE, resulta especialmente reveladora. Una encuesta de KFF y The New York Times realizada en 2025 encontró que más del 20% de las personas migrantes adultas conocía a alguien arrestado, detenido o deportado desde enero de ese año, y que cuatro de cada diez temía que esto pudiera ocurrirle a un familiar cercano. Tres de cada diez habían limitado su participación en actividades fuera del hogar por miedo a llamar la atención sobre su situación migratoria [6].

Niños, niñas y adolescentes: crecer bajo la amenaza

La evidencia sobre los efectos en la infancia es especialmente contundente. Un informe del Urban Institute, también de 2025, encontró que casi la mitad de los progenitores en familias migrantes con hijos temía ser abordado por las autoridades de inmigración, y un 42% temía que esto le ocurriera a un familiar cercano. Un 15% había observado un aumento del estrés, la ansiedad o la tristeza en sus hijos a causa de esta preocupación, cifra que se eleva al 27% en familias de estatus migratorio mixto [7].

Desde la psicología del desarrollo sabemos que crecer en un entorno donde la separación familiar es una posibilidad real y constante puede generar estrés tóxico, una forma de estrés prolongado que compromete el desarrollo emocional, cognitivo y social a largo plazo [15]. No hace falta que la separación llegue a producirse: basta con que se perciba como posible.

Lo que ya sabemos: la lección de Estados Unidos tras más de un año de ICE

Europa tiene la oportunidad, poco habitual, de observar lo que ya ha ocurrido antes de decidir hacia dónde camina. Tras más de un año de intensificación de las políticas migratorias en Estados Unidos, los datos disponibles son contundentes.

Una encuesta a profesionales sanitarios realizada por Physicians for Human Rights en 2025 encontró que el 84% de quienes trabajan con población migrante había observado un descenso significativo o moderado en las visitas de sus pacientes desde enero de ese año, y que en un 28% de los casos la atención en salud mental se había visto directamente afectada. El miedo a la deportación fue el motivo más citado, señalado por cerca de la mitad de las personas encuestadas [8].

En el extremo más grave, Human Rights Watch ha documentado que la tasa de mortalidad en los centros de detención de ICE en 2026 va camino de ser la más alta en veinte años: dieciocho personas habían fallecido en lo que iba de año en el momento del informe, cinco de ellas por aparente suicidio [9].

Estos datos no son anecdóticos: son la fotografía de lo que ocurre cuando una sociedad institucionaliza el miedo migratorio durante un periodo prolongado. Es, precisamente, el escenario hacia el que avanza el nuevo marco europeo, salvo que decidamos, como sociedad y como profesionales de la salud, anticiparnos a él.

Impacto comunitario y retraimiento social

Las políticas represivas no afectan solo a quienes están en riesgo directo de expulsión. Modifican el comportamiento de comunidades enteras. La literatura sobre el llamado “efecto disuasorio” muestra cómo el miedo a la exposición institucional reduce el uso de servicios sanitarios, educativos y sociales, incluso entre personas con residencia regularizada [6][8].

Este retraimiento tiene un coste colectivo: dificulta la prevención en salud mental, debilita la cohesión social y refuerza dinámicas de exclusión que perpetúan el sufrimiento psicológico a largo plazo.

La experiencia clínica: lo que ya describen los profesionales en España

Profesionales de la salud mental que trabajan con población migrante en España describen un patrón muy similar al documentado en Estados Unidos: hipervigilancia, dificultad para proyectar el futuro y un miedo persistente que no desaparece con el tiempo. El llamado síndrome de deportabilidad —la sensación sostenida de que la propia vida puede desmoronarse por una decisión administrativa— actúa como factor de riesgo psicológico incluso en personas que nunca han sido detenidas [2].

Estos testimonios clínicos coinciden con la literatura científica internacional, que insiste en la necesidad de enfoques terapéuticos informados por el trauma y sensibles al contexto sociopolítico [10].

Implicaciones sociales y de salud pública

Diversos organismos internacionales han advertido que las políticas migratorias basadas en la persecución y el castigo generan daños psicológicos evitables, especialmente en la infancia [3][5]. Reducir la incertidumbre legal, proteger la unidad familiar y garantizar el acceso a servicios de salud mental no son solo medidas humanitarias: son intervenciones preventivas con un alto retorno social.

Organizaciones como el Comité Internacional de Rescate han advertido de que la nueva normativa europea corre el riesgo de dejar lagunas legales que desprotejan a las personas migrantes [1]. La experiencia estadounidense sugiere que ese riesgo no es solo retórico: es medible, y ya tiene cifras.

Conclusión

Europa se encuentra ante una decisión que va mucho más allá del control de fronteras. La reforma aprobada en junio de 2026 puede convertirse en un determinante estructural de la salud mental de millones de personas que llevan años formando parte de nuestras sociedades. Estados Unidos nos ha mostrado, en poco más de un año, lo que ocurre cuando el miedo se institucionaliza: más ansiedad, más depresión, menos acceso a la salud y un coste humano que tardará generaciones en revertirse. Ignorar esta evidencia no nos hace más seguros. Nos hace, simplemente, menos responsables con quienes ya conviven con nosotros.

Bibliografía y fuentes

Las democracias rara vez se deterioran de un día para otro. No suelen hacerlo mediante grandes rupturas ni acontecimientos espectaculares: con frecuencia comienzan a erosionarse a través de decisiones aparentemente menores, gestos simbólicos que algunos consideran irrelevantes y que, sin embargo, revelan una determinada forma de entender el poder.

La cultura es uno de esos ámbitos donde resulta más fácil identificar esa deriva. No hablamos únicamente de libros retirados de bibliotecas, de espectáculos cancelados o de programaciones culturales alteradas por razones ideológicas. Hablamos también de algo más profundo: de la pretensión de decidir quién merece ser recordado y quién no, quién forma parte del patrimonio colectivo y quién debe ser apartado de él.

La reciente decisión del Ayuntamiento de Algete (Madrid) de retirar el nombre de Joan Manuel Serrat de un edificio municipal dedicado a la cultura trasciende el ámbito local. No porque el reconocimiento a un vecino ilustre sea en sí mismo discutible, sino porque obliga a preguntarnos por qué es necesario borrar un nombre para colocar otro. Y cuando la pregunta se formula, la respuesta parece inevitable.

Joan Manuel Serrat no es patrimonio de una ideología. No pertenece a un partido político ni a una corriente de pensamiento determinada. Pertenece a varias generaciones de españoles que crecieron escuchando sus canciones, descubriendo la poesía a través de sus versos o encontrando en su música una forma de interpretar el mundo, de sentirlo, de amarlo y de intentar mejorarlo.

Su obra forma parte de una memoria sentimental compartida, de una memoria colectiva que hasta ahora parecía indiscutible. Porque resulta inquietante que, cada vez con mayor frecuencia, asistamos a episodios en los que determinadas expresiones culturales son cuestionadas no por su valor artístico, sino por las opiniones de quienes las crearon. Como si el mérito cultural dependiera de la afinidad ideológica con quienes gobiernan en cada momento. La cultura nunca debería superar ninguna prueba de pureza política, porque la cultura no nació para ser evaluada desde la sospecha.

Una democracia madura es aquella que protege la libertad de quienes piensan como nosotros, pero también la de quienes discrepan. Es aquella que entiende que la creación artística es, por naturaleza, incómoda, diversa y plural. Y es aquella que sabe distinguir entre el debate político legítimo y la tentación de convertir la cultura en un territorio sometido a vigilancia ideológica.

España conoce demasiado bien las consecuencias de los tiempos en los que artistas, escritores e intelectuales eran observados y perseguidos por expresar ideas diferentes. Precisamente por eso, la Constitución consagró la libertad de creación como una de las expresiones más nobles de nuestra democracia.

La libertad cultural no es un adorno del sistema democrático, sino una garantía esencial. Cuando se cuestiona el legado de un creador por motivos ideológicos, cuando se pretende reescribir simbólicamente el espacio público para hacerlo más uniforme y menos plural, lo que está en juego no es únicamente el nombre de una placa. Lo que está en juego es la capacidad de una sociedad para convivir con la diversidad de ideas, sensibilidades y expresiones que la conforman.

Tal vez convendría que prestásemos, a partir de ahora, más atención a “aquellas pequeñas cosas”, como cantaba el maestro Serrat. Porque las sociedades abiertas no empiezan a perder libertad cuando desaparecen los grandes símbolos, sino cuando dejan de defender los pequeños. Cuando se normaliza que la discrepancia se convierta en señalamiento o que la pluralidad se transforme en sospecha. O, peor aún, cuando la cultura pasa a ser un instrumento político de confrontación.

Una democracia segura de sí misma no necesita borrar nombres. Necesita preservar la memoria de quienes contribuyeron a hacerla más libre, más crítica y más diversa. Y también, como en el caso que nos ocupa, más sonoramente hermosa.

Hace más de un mes publicamos en este periódico que el poderoso grupo platanero Félix Santiago Melián SL iba a desahuciar, en el norte de Gran Canaria -concretamente en el municipio de Guía-, a más de cien personas. Luego surgieron otras noticias: el barco con hantavirus, la visita del Papa y el modo breaking news, que en ocasiones no permite a los redactores hacer seguimiento de todos los temas que se tratan a lo largo del año, todos ellos importantes.

Sin embargo, este caso no deja de ser llamativo por el número de desalojos, porque algunas de las personas amenazadas de desahucio tienen menores a cargo y por la situación de vulnerabilidad extrema de algunos vecinos del poblado de Mr. Leacock, ya que algunos están en tratamiento como la diálisis.

Nos preguntamos qué ha sido de la reunión interinstitucional anunciada en prensa, en la que se iban a coordinar el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Guía para evitar que el desalojo se produzca o, en caso de producirse, que estas personas tengan una alternativa habitacional. Nos preguntamos -aunque esto ya se deba a que los periodistas nos hacemos muchas preguntas- si nadie quiere asumir la responsabilidad de esta gestión a un año de las elecciones, porque se trata de personas de origen migrante, de otra religión y otro idioma, sujetas a toda suerte de prejuicios aporofóbicos o islamófobos.

Pero esa idea nos la quitamos inmediatamente de la cabeza, porque el Papa acaba de visitar la isla precisamente para decir que las vidas migrantes importan, y esta redactora vio con sus propios ojos la Plaza de Santa Ana llena de gente alzando la mirada para ver a León XIV, escuchar el mensaje que traía y sentirse cerca de Dios. Lo malo de alzar mucho la mirada es no ver a quien tienes al lado, sufriendo como un proscrito, mientras los mismos acaparadores de siempre hacen malvivir a las mismas mayorías de siempre y, además, las enfrentan entre sí.

Pensamos que el asunto se ha podido traspapelar, así que desde este periódico estaremos atentos, haciendo las preguntas oportunas y esperando tener más suerte con ellas en los próximos días (o formulándolas mejor).

Migrar no es un delito. Dar la espalda a quien lo hace por una necesidad acuciante es sinónimo de indiferencia hacia la dignidad humana. Este fenómeno es la respuesta no deseada ante situaciones extremas como la crisis climática, las guerras y el hambre, que empujan a quienes las sufren a dejar atrás su tierra de origen, con el horizonte puesto en otro lugar que les brinde las oportunidades que jamás han tenido. En el camino, muchos de esos migrantes mueren y sus cuerpos son abandonados, sin que nadie los entierre ni rece por su alma; otros sufren violaciones, secuestros por redes dedicadas a las tratas de blancas o son forzados a integrar milicias que alimentan numerosos conflictos bélicos en el norte y centro de África. Por no quedar, ni siquiera quedan sus huellas sobre la tierra y el polvo por donde transitaron en su éxodo, mezcla de esperanza y muerte.    

La reciente visita del papa León XIV a Canarias tuvo como epicentro su denuncia pública hacia la situación que afecta a miles personas procedentes de países como Senegal, Gambia y Marruecos, entre otros, que se desplazan obligatoriamente desde África Occidental a través de la conocida como ruta atlántica o ruta de Canarias, y que ha generado una crisis migratoria sin precedentes.      

Seamos creyentes o no, lo cierto es que hay que aplaudir que dicha autoridad religiosa alzase su voz contra las mafias que trafican con quienes sobreviven a base de dejar su tierra, destacando la ayuda y la solidaridad que reciben de la sociedad canaria a su llegada a nuestras islas en condiciones extremas. No obstante, este señalamiento choca abiertamente con el discurso que, precisamente, enarbola parte de esa misma sociedad, de claro componente racista y xenófobo, procedente tanto de ciertas formaciones políticas como de determinados medios de comunicación y, de manera más preocupante, de una parte de la propia ciudadanía.

No en vano, han sido bastantes los comentarios referidos a que, durante su visita, el Papa no prestó atención a la situación del pueblo canario, que está harto de escuchar los problemas que perjudican a quienes son de aquí. 

Esto es una mínima muestra de que hay un sector amplio que estuvo en contra del motivo real de la visita papal, que no acepta que, poco a poco, transitamos hacia una sociedad mestiza y multicultural, producto de la llegada de personas de África Occidental, entre otras, sin que ello signifique la renuncia a la historia y la identidad insular que hemos labrado durante siglos. 

Por tanto, existe una clara discriminación racial, asociada al color de la piel de esos migrantes. Ahora, el hijo del vecino juega con un niño africano, de edad parecida, en el parque de un barrio cualquiera; en los centros educativos públicos, las hijas de obreros comparten aula con chicos originarios de Gambia, recibiendo idénticas oportunidades porque la enseñanza pública no discrimina en relación a la renta y el estatus social; y en el deporte vernáculo de la lucha canaria hay puntales de Mali y Senegal, convertidos en un referente en el terrero y la grada, luciendo con orgullo una equipación que les ha servido de redención tras su viaje en patera o cayuco.

A diferencia de la población latinoamericana asentada en las Islas, los migrantes africanos están de paso hacia la Península, pero el simple hecho de convivir temporalmente con nosotros le otorga el respeto y los mínimos derechos de carácter universal que debe tener toda persona, independientemente de su condición social, raza o religión, porque no son animales a los que se pueda vapulear e insultar gratuitamente ni abandonar a su suerte. Tienen nombre y apellidos, procedencia, acervo cultural, honradez y una vida que es única.  

El verdadero problema del racismo y la xenofobia en Canarias contra la migración africana está asociado al dinero. Como españoles, la Constitución protege los derechos y deberes de la ciudadanía, pero el migrante africano es el culpable de que no se cumplan. Tenemos leyes que rigen la convivencia, pero el migrante africano es el causante de que se vulneren. Dentro del sistema público de enseñanza, el alumnado se permite el lujo de desaprovechar la oportunidad de formarse y cuestiona el trabajo de los docentes, amparados por sus madres y padres, que refuerzan esa conducta negativa, pero el migrante africano es el que genera ese ambiente enrarecido. Vivimos en una sociedad patriarcal, donde está asentada la violencia de género, a pesar de las campañas institucionales para erradicarla y de la importancia de la coeducación, pero el migrante africano es el culpable de la gran cantidad de mujeres blancas canarias maltratadas. Tenemos políticos que han esquilmado los recursos públicos, abanderando una falsa preocupación por solucionar los problemas de Canarias, esos de los que todo el mundo se queja diariamente, pero el migrante canario es el responsable de su desaparición y que nunca se reintegren en las arcas del Estado. Una parte de la economía canaria es economía sumergida, se destruyen parajes naturales y arqueológicos por la masificación turística y la gentrificación ha llevado a una nueva especulación inmobiliaria, pero el migrante africano causa todo esto y mucho más.    

Por eso, la excusa de que vivimos mal siempre emerge con fuerza entre quienes piensan así, asociada a su poder adquisitivo, nivel consumismo, ostentación y lucha por escalar en la pirámide social a costa del endeudamiento. Cuando su poder económico disminuye, surge la frustración, que conduce a la irracionalidad. Muchas personas pretenden volver a décadas atrás cuando el dinero proveniente de la burbuja de la construcción se nos caía de los bolsillos. Quieren ese nivel de materialismo y gasto, de ahí que en la situación actual, inmersa en una crisis de valores y financiera, busquen culpables directos entre quienes solo son víctimas. 

En realidad, los canarios xenófobos y racistas proyectan así sus frustraciones. No aceptan que una persona negra viva como ellos en su propia isla y, continuamente, tienen en su boca el argumento de que los recursos públicos se gastan en ellos, sin olvidar que les quitan los puestos de trabajo y traen inseguridad. Pero no es coherente que el resto de canarios asumamos ese discurso, que no justifica nada, salvo la persecución de las personas por su color de piel y procedencia. 

Por unos días, la presencia papal disminuyó intencionadamente el ruido social de quienes se focalizan en los africanos con afán de eliminarlos. La clase trabajadora canaria está participando activa y conscientemente del discurso de la derecha y la ultraderecha, que señala en todo momento a ese colectivo racializado como el culpable de los males que azotan a su sociedad y, por ende, de sus fracasos asociados al dinero. Esto les convierte en el altavoz de un continuo relato xenófobo y racista, ya que no quieren razonar qué factores determinan esa coyuntura y cuáles son sus posibles soluciones. Siempre habrá un chivo expiatorio al que echarle la culpa, sin tener pruebas, lo mismo que hicieron los nazis con los judíos o los serbios con los musulmanes en la exYugoslavia.

Ahora que el Papa se ha marchado, la hipocresía, las expresiones y los prejuicios contra los africanos se instalarán de nuevo en conversaciones y gestos cotidianos. A lo mejor, todos deberíamos aprender del Sumo Pontífice que, de siendo de raza blanca y vistiendo de blanco, abraza a negros. 

Luprecio Álvarez del Pulgar fue condenado en un tribunal popular y con jurado a veinte años de cárcel atenuada, acusado de contrabando de baratijas, cosas de comer y tabaco. Luprecio actuaba en aquel mercado de contrabandos, colonias de la India y sábanas de Portugal que se concentraba en la parte alta de la ciudad llamada Santa Lucía. Nadie se hubiera percatado de su actividad delictiva, pero ocurrió lo que suele ocurrir en estos casos: de un hilo pequeñito alguien decidió tirar y sacó madeja. 

Mis recuerdos olfativos todavía son capaces de rememorar aquellos olores de Santa Lucía y convertirlos en aromas de los tiempos inciertos, como ahora. Alguien mató a alguien, alguien robó a alguien. Casi todas robaron a todas, y escaparon. Mary tenía un corderito y también escapó. Las cosas no las pudo hacer peor la computadora de 2001. Una odisea en el espacio y nadie le insultó llamándole IA: todavía se era prudente con el uso de la palabra “inteligencia”.

La jefa de todo aquello, hoy retirada, se pregunta, ¿es necesario buscar extrasueldos con un buen sueldo de ex? No sabe responder. Las acusaciones no quieren empezar por ahí. Las defensas, es su papel, intentan zafarse. Los acusados se pervierten a sí mismos con la pantomima. Nadie lo entiende.

Al poco de iniciar mi peripecia enseñante, me sorprendió el afán policial de la mayoría de mis compañeros y compañeras: todas, y sobre todo, todos, querían castigar, perseguir, señalar, juzgar al cabo. La primera noche en un viaje escolar a Ibiza, acabé manifestando en una comisaría de policía local que yo no era eso, policía, sino profesor de filosofía y literatura. Me dejaron libre por los pelos, a mis alumnos también. Mis alumnas contemplaban el desafuero desde la única terraza que en aquella rambla estaba abierta a aquellas horas.

Probablemente sea esa una de las razones de los males patrios: cuando solo somos ex, actuamos de estraperlistas. Cuando enseñantes, se nos confunde con policías. Cuando libres, se empeñan en las cadenas y en Cartagena.  

Cuando lectores, formamos parte de una estadística, como la de la reciente y clausurada Feria del Libro de Madrid: nadie ha tenido en cuenta la repercusión negativa del evento en la visita del Papa, aunque sí parece que viceversa, para justificar ciertos descensos de ingresos y visitantes. Menos mal que la directora de la Feria es periodista. Todo fuera de lugar.

Un simulacro suele entenderse como una actividad planificada cuyo propósito es preparar a las personas para afrontar una situación real. A través de la práctica, los participantes aprenden procedimientos, identifican riesgos y mejoran su capacidad de respuesta ante acontecimientos que pueden afectar a la seguridad, la salud o el funcionamiento de una organización. Sin embargo, el concepto también puede emplearse en un sentido figurado para describir conductas que consisten en representar una realidad que no existe. Desde esta perspectiva, puede interpretarse como una forma de simulacro permanente, un ejercicio continuado de construcción de apariencias destinado a proyectar una imagen determinada ante los demás.

Es cierto que la hipocresía radica en la distancia existente entre lo que una persona dice y lo que realmente piensa, entre los valores que proclama y las conductas que practica, o entre la imagen que pretende transmitir y su comportamiento cotidiano. En este sentido, puede considerarse una representación cuidadosamente organizada en la que cada gesto, cada palabra y cada acción forman parte de una escenificación destinada a influir en la percepción de los demás.

Si imagináramos la hipocresía como un simulacro formal, el primer paso consistiría en definir el objetivo de la representación, de forma que quien participa en este debe decidir qué imagen desea proyectar. Puede tratarse de una persona comprometida con determinadas causas sociales, de alguien que defiende determinados principios éticos o de quienes muestran preocupación por el bienestar colectivo, sabiendo que lo importante no es la autenticidad de esos valores, sino la conveniencia de aparentarlos. Una vez establecido el objetivo, comenzaría la fase de diseño. Al igual que en cualquier simulacro real se identifican escenarios y procedimientos, en este ejercicio metafórico se elaboran discursos, argumentos y comportamientos destinados a reforzar la imagen elegida. La siguiente etapa correspondería a la preparación de la participación, a través de la recepción de instrucciones sobre cómo actuar. Esta fase requiere una notable capacidad de adaptación, ya que el participante debe ser capaz de justificar contradicciones, minimizar inconsistencias y ofrecer explicaciones convincentes cuando alguien cuestione la diferencia entre sus palabras y sus actos.

El escenario desempeña también un papel fundamental, porque la hipocresía rara vez se desarrolla en privado. Necesita espectadores, de forma que la visibilidad suele ser más importante que la coherencia interna. En dicho escenario, durante la ejecución del simulacro los participantes ponen en práctica las habilidades adquiridas. Expresan opiniones que consideran socialmente aceptables, apoyan públicamente determinadas causas o defienden principios que, probablemente, no aplican en su vida cotidiana. La finalidad es generar confianza y admiración mediante una representación cuidadosamente construida de forma que, cuanto más convincente resulte la actuación, mayor será la probabilidad de que el público acepte la imagen proyectada como auténtica.

Sin embargo, al igual que sucede en cualquier simulacro, la ejecución no está exenta de riesgos, siendo la principal amenaza la aparición de evidencias que revelen la diferencia entre la representación y la realidad. De hecho, mientras que la jefatura del Estado de la Ciudad del Vaticano hablaba de paz y amor en relación con la inmigración durante su visita a Canarias, esos mismos días, en la Unión Europea se aprobaba el Pacto sobre Migración y Asilo, reflejando un endurecimiento progresivo de la política migratoria donde, sintetizándolo mucho, la agilidad en los retornos y la externalización, previo pago de su importe, son dos de sus principales signos de identidad. Y, mientras tanto, de una parte y de otra, no se dejaban de agitar las banderitas. Y si eso no es ser hipócritas, que baje dios y lo vea…

Quienes somos producto de barrio (Schamann, 61) y del éxodo rural de las décadas de los 50-60-70, cuando volvíamos al campo a visitar a nuestras familias a quedarnos y recriarnos allí, notábamos la progresiva desafección, si no religiosa, sí eclesiástica. Mi madre nos soltaba a mi hermano y a mí largas temporadas en Vecindario. En cierta ocasión, el mayor de mis tíos, que en paz descanse, le preguntó a mi padre: ¿oye, Juan, ¿por qué tus hijos no me piden la bendición?, a lo que mi padre respondió: no me la piden ni a mí y te la van a pedir a ti. Era el proceso de urbanización y secularización de la sociedad, el abandono progresivo de algunos ritos católicos y la impronta natural de una sociedad laica que soltaba lastres morales y sotanas. Eran los tempranos años 70. Pero los procesos históricos no son lineales, y repetimos arretrancos del pasado. Por eso observo con incredulidad las colas interminables pidiendo la bendición a Robert Francis, y me acuerdo de la Edad Media. Una tropa de creyentes y no creyentes en dios padre todo poderoso. 

Poderosísimo, porque con tanta expectación construida y generada, el milagro estaba al caer; de hecho, algunos quisieron ver al mesías en el atardecer del horizonte de Tefía, una aparición extraña sobrevolando por encima de Las Parcelas, pero no, era un guirre de esos pollos nuevos que anidan entre Los Molinos y Aguas Verdes. Y es que el aparato de agitación y propaganda religioso y laico ha construido una atmósfera asfixiante para normalizar que Robert Francis es el enviado. Y muchos se lo comieron. Los medios de comunicación y el periodismo irreflexivo, sin escatimar gastos en atrezos, crearon un clima propicio para que apareciera la virgen. Y a algunos se les apareció en modo relaciones, dietas, o selfis para las redes… del pescador. Porque en un contexto de miedos e incertidumbres generados por el ultracapitalismo inhumano, la gente necesita agarrarse a una tacha hirviendo que los salve, y el aparato de propaganda lo sabe. Y tanto lo vendieron, que algunas personas asistentes sufrieron de palpitaciones, temblores espasmódicos, premoniciones y calambres. Ya faltaba poco para el milagro y muchos periodistas querían dar la primicia. Y lo invocaron por activa a ver si se salvaban de la mediocridad y el anonimato histórico. Fíjate tú que cuando el avión se averió, muchos pensaron que era un castigo divino o una maldición del diablo porque los humanos se han portado mal. Y es verdad que algunos se han portado muy mal. Incluso hubo quien vio a Robert con un mono azul medio tiznado diciendo que era un problema de bujías. En la RTVC dijeron que no despegaba por el suave viento de cola. Una tempestad lagunera de esas bíblicas. Menos mal que los fanáticos son los otros. 

Lo discutieron en sendas redacciones y llegaron a la conclusión de que para activar el marco mental religioso debían usar conceptos lingüísticos apropiados como su santidad, el santo padre, el enviado y legítimo representante de dios en la tierra, el jefe de todos los creyentes, etcétera. Todo en mayúscula. Rebuscaron en su currículum desde que nació, algo susceptible de interpretarse sobrenatural. Pero no, por ahora el tipo es normal. Tiempo hay de inventarse un milagro para santificarlo. Comparado con los demás papas, todavía es un pibito. Hay tiempo. 

Y he aquí que al final obró el milagro y se hizo su voluntad. Consistió en que algunas gentes progresistas (socialistas sería exagerar) expresaran que lo extraordinario de Robert es que habla de solidaridad, de justicia y de ayudar a quien lo necesita, sin reparar en que cualquier persona con un mínimo de humanidad dice lo mismo. Consistió en ocultar deliberadamente que atacó derechos de las mujeres, que obvió sanciones a los pederastas por la justicia ordinaria, y que no mencionó la guerra imperialista de EE.UU. y Netanyahu. Consistió en que se olvidaran por unos días de la separación de poderes. Muchos liberal-progresistas fliparon obnubilados y entraron en su marco mental y político con sus mejores galas, a destriparse por estar a unos centímetros del delegado de padre dios en la tierra. ¿De qué necesitan salvarse? Ni dios lo sabe, pero por si acaso, buscan la bendición papal porque, según dicen, es algo que no se puede explicar con palabras. Claro que no. Es imposible explicar con palabras semejante irracionalidad. Qué alegría cuando les dijeron ¡vayan a la casa del Señor! Dios los bendiga y el señor los coja confesados. Por si acaso. 

Todo el Estado y sus representantes bien vestidos al servicio de la cruzada católica para desquitarse de tanto islam. Dos millones de euros de propina a la diócesis, dos millones de policías, militares, guardias civiles, municipales, aviones y unidades del subsuelo. Actividades públicas, clases y exámenes, carreteras y autopistas, suspendidas. ¡Cámbate! Un milagro que las playas las dejaran abiertas. Desde todos los puntos de las islas y allende los mares y la geografía insular y celestial, peregrinaron flotando por encima de las nubes, como Heidi, en éxtasis profundo y lacrimosa euforia. Difícil no creer en dioses y cosas del otro mundo con semejante movilización de personas y recursos.

A los infieles solo nos queda esperar (rezar también) que no nos crucifiquen. Y a las mujeres infieles, que las eximan de la hoguera. En realidad, para concluir con la contrarreforma que amenaza nuestra democracia, bastaría con incluir la crucifixión y la hoguera en el código penal para toda persona que no comulgue con la deriva de los tiempos actuales. Y nadie protestaría, porque con la campaña que ha hecho el periodismo extreme, todo el mundo lo entendería… lo de la crucifixión y la quema de brujas me refiero.

Sin embargo, hay cosas que sí han cambiado, antes, cuando pedías la bendición, te ponían la mano en la cabeza o te daban unas pesetas. Ahora, en cambio, le damos dos millones de euros al delegado de dios en la tierra para que sigan repartiendo hostias. Al final, la cruzada ha remontado su descrédito, y el resultado al descanso es: islam 1, cristianismo 2. 

Días atrás acudí a comprar pescado a uno de esos templos del despilfarro y la opulencia que tanto alegran las pajarillas al consumidor moderno que son las grandes superficies y me sucedió algo que me hizo caer en la cuenta de hasta qué punto tienen las palabras poder para cambiar el mundo. Había en la pescadería unos hermosos ejemplares de ese manjar del mar que los canarios llamamos pámpano y un par de canastas de humildes chicharros, casi saltando, de lo fresco que estaban, como si acabaran de sacarlos del agua. Pedí al mozalbete que tuvo la amabilidad de atenderme, casi un adolescente, con apenas unos pelillos en el bozo, que me pusiera uno de aquellos pámpanos, cortado en rodajas, y un kilito de chicharros, simplemente desbuchados. Me respondió de inmediato de forma tajante, con filigrana sintáctica incluida, mientras señalaba a los interfectos: 

—“Ni esto son pámpanos, caballero, sino rufos africanos, ni esto son chicharros, sino jureles”. 

Quedé atónito. ¿Cómo era posible que yo, que presumo de conocer bien el pescado de nuestro litoral, me equivocara en la identificación de especies marinas tan comunes para cualquier isleño medianamente familiarizado con la mar?  

—“Bueno, estos no serán pámpanos, aunque se les parece mucho, sino rufos -respondí a mi contradictor, cuando me recuperé del soponcio-, pero que estos sean jureles me parece más discutible, porque el jurel es un pescado grande y además atabletado, no pequeño y redondo como este”.  

—“Pues yo le aseguro a usted que estos no son ni pámpanos ni chicharros, sino rufos y jureles. Me lo va a discutir usted a mí, que soy pescadero de toda la vida”. 

La actitud categórica del chico provocó en mí una reacción de resignada aceptación. “Si habla con tanta seguridad, debe de ser verdad. Estaré espeso hoy -me dije para mis adentros-”. Tras este momento de amarga claudicación, por una suerte de sugestión mi cabeza creyó columbrar diferencias no bien definidas entre los peces que tenía delante de mí y mis pámpanos y chicharros de toda la vida. ¿Sería que lo que estaba viendo no eran ni pámpanos ni chicharros “atuales”, como dirían nuestros pescadores, sino especies parecidas, y que esas diferencias sutiles explicarían los cambios de nombre que tan perplejo me habían dejado?  

Y, puesto que en la pescadería de mis desengaños no había más que rufos y jureles, pues un rufo en rodajas para hacer a la plancha con ajo y un poco de pimienta y un kilo de jureles desbuchados para freír pedí, por favor, al atildado y tenaz empleado que me pusiera. Con toda la profesionalidad y diligencia de que fue capaz, el militante defensor de nombres nuevos me escamó y cortó en rodajas el primer rufo que le vino a la mano y me desbuchó un puñado de lo que él llamaba jureles (aunque yo estaba seguro de que eran chicharros), me empaquetó ambos pedidos en una espléndida bandeja de plástico, que envolvió en dos capas del mismo material, por si acaso los desdichados hijos de la mar tenían la tentación de escaparse para volver a su medio natural, y regresé al hogar dulce hogar un tanto escamado, con un nombre extraño en la cabeza (rufo), que había usurpado el puesto de uno familiar, y otro desplazado de su referente habitual (jurel). 

Para almorzar, decidí freírme un par de los jureles de marras y hacerme a la plancha una rodajita del rufo recién adquirido. Al llevármelos a la boca, no sin cierta aprensión, el paladar me convenció de que, en efecto, el pescadero tenía razón: aquellos bichos acuáticos que había comprado no podían ser ni pámpanos ni chicharros, porque no sabían ni a una cosa ni a la otra. ¿Cómo era posible que peces que eran exactamente iguales a los que he llamado toda la vida pámpanos y chicharros no tuvieran el sabor de siempre? La explicación era muy sencilla: mi pescado no sabía a pámpano ni a chicharro porque le habían cambiado el nombre. Como la realidad depende del nombre, el cambio de nombre había cambiado la cosa. Ahí radica la gravedad de asunto que nos ocupa. Cuando cambiamos el nombre de las cosas, no cambiamos sólo el ruido o la etiqueta sonora del significante. Cambiamos fundamentalmente su significación y, con él, la sensibilidad y la forma de percibir la cosa designada; la forma de relacionarnos con ella. Lo que quiere decir que los cambios de nombre alteran en mayor o menor medida el ecosistema lingüístico de la gente que los padece. Y no es que el cambio de significante carezca de importancia. Todo lo contrario. También la musicalidad y el ritmo juegan un papel destacadísimo en la percepción del mundo. Evidentemente, no entran de la misma forma por el oído humano monosílabos como rufo y jurel que trisílabos como pámpano y chicharro. Pero quien se lleva la peor parte en el desaguisado que comentamos son los contenidos espirituales y su influencia en los sentidos corporales.

Por eso deberían las grandes superficies y franquicias nacionales o internacionales que hacen negocio u operan en Canarias respetar no sólo los productos y la ecología del lugar, sino también el lenguaje de sus gentes, para no ser cómplices de la desaparición de su forma de ver, sentir, oler, gustar y palpar. Los consumidores canarios no deberían permitir que los establecimientos comerciales les den rufo o jurel por pámpano o chicharro, porque, cuando les dan rufo o jurel por pámpano o chicharro, es como si les dieran gato por liebre. Cuando el canario come rufo o jurel, no come pámpano o chicharro, aunque el pescado designado sea exactamente el mismo, porque lo que come la gente no es pescado, carne, fruta o verdura en abstracto, sino el pescado, la carne, la fruta o la verdura que ella designan con sus propias palabras. Los nombres de las cosas no son inocuos, como piensa tanta gente inocente y quieren hacerle creer los tiburones que se aprovechan de ella, sino que es quien nos proporciona el sabor, el olor, el color, etc., que las caracteriza. Los nombres están cargados de la experiencia, sensibilidad, ideología y cultura a que inducen tanto sus valores denotativos como sus valores connotativos. 

Además, los hurtos idiomáticos que nos ocupan son tanto más graves si tenemos en cuenta que afectan a uno de los pilares de nuestra identidad, que es la mar. Los canarios somos marítimos y volcánicos a la vez, porque de mar y lava están hechas las islas y de mar y lava estamos hechos nosotros mismos. Y, si perdemos los nombres que hemos dado a la mar y sus cosas (baja, caleta, caletón, bajío, bajón, cherne, vieja, chicharro, seba, maresía, marullo, guadrao, majuga, chumacera, leito…) y a nuestros volcanes y las suyas (malpaís, caldera, fajana, jameos, roques, furnias…), entonces desaparecemos. No son los canarismos pámpano y chicharro palabras del montón, como pueden serlo el atezado con que designamos la capa de argamasa que echamos a los pisos para que queden lisos o el creyón con que designamos el lápiz de color, por ejemplo, sino palabras de potente caballaje identitario. Tan importante es chicharro en nuestro vocabulario dialectal, que de él deriva uno de los gentilicios más característicos de las Islas: el chicharrero con que se designa a los naturales de Santa Cruz de Tenerife (y, por extensión, a los tinerfeños todos, por lo menos, desde las otras islas) y hasta a su propia ciudad, en su forma simplificada el Chicharro: “Vamos para el Chicharro”, dice a veces el castizo chicharrero a sus paisanos cuando se encuentra fuera de su medio natural, para dar fuerza expresiva a su apego a ella. No, no es el canarismo chicharro, que viene rodando a las islas de Portugal o Andalucía desde tiempos inmemoriales, una palabra más, sino una palabra especial. Por eso, si nos la cambian por un jurel cualquiera, nos embruman el entendimiento. 

No falta quien piense que el cambio de los nombres dialectales por nombres generales es inevitable, porque, con la globalización, la clientela de los centros comerciales no es sólo local, sino también nacional e internacional. Se trata de un sofisma. En realidad, el mantenimiento de los nombres tradicionales, es decir, el respeto por la sensibilidad y la forma de ver el mundo de la gente de los lugares concretos, no es incompatibles con la globalización ni con el hecho de que los forasteros puedan integrarse con todas las de la ley en la sociedad o el pueblo que han elegido para vivir y hasta para hacer negocios. Lo que ocurre es que el viene de fuera tiene la obligación moral de esforzarse por aprender los nombres, la cultura y las costumbres de la tierra que lo acoge, para no atentar contra la identidad de su gente y enriquecer a su vez su propia alma y su propia cultura. Todos los nombres del mundo -incluso los más generales- tienen su propio medio ambiente, que hay que respetar por encima de todo, porque son la razón de ser del grupo humano que los usa. El mundo no tiene sentido sin palabras. 

Tan fuera de lugar están los nombres de pámpano o chicharro en las pescaderías de Madrid o Burgos como los de rufo o jurel en las de Canarias; como tan fuera de lugar están los nombres ingleses room y door, por ejemplo, en el mundo hispano como los nombres españoles habitación y puerta en el mundo anglosajón. Cada pueblo tiene su propia ecología lingüística, que hay que respetar siempre, porque es quien da sentido a su vida. Los nombres locales no son un problema para la comprensión del ser humano, como piensan los que presumen de universalistas, sino una fuente de enriquecimiento para él. No hay que temer a la abundancia de nombres. Eso que algunos llaman “inflación verbal” es bien una ingenuidad de indocumentados, bien una treta de mercachifles o dictadores para controlar a la gente con esas peligrosas simplezas que algunos denominan “español neutro” o “español deslocalizado”, que no es otra cosa que una entelequia, porque no hay lengua o, mejor, manifestación de una lengua, sin localización determinada, sin lugar concreto que ponga los referentes y sin personas de carne y hueso que las hablen; una entelequia hecha a base de las palabras de los que lo diseñan, con exclusión de las de los demás. No, no se trata de español neutro o deslocalizado, sino de español perfectamente localizado; localizado en el ámbito cultural, ideológico, referencia, etc., de aquellos que lo promueven, con exclusión del español de los demás. El español neutro implica un acto de exaltación y un acto de enajenación a la vez. De exaltación de lo propio y de enajenación de lo de los otros. Cuantos más nombres haya, más rica y diversa será nuestra experiencia del mundo y de la realidad que vivimos y más libres seremos, porque, como hemos dicho ya, los nombres no se limitan a poner etiquetitas sonoras a las cosas, sino que las inventan. Son los verdaderos dioses; criaturas divinas. Por eso es tan necesario no sólo la protección o salvaguarda de la diversidad biológica, cultural e ideológica del planeta, para que el mundo no se nos extinga, como se viene diciendo con toda justeza desde hace mucho tiempo, sino también de su diversidad idiomática, que es quien, en definitiva, lo hace posible, porque le da nombre, y quien garantiza la libertad de expresión del ser humano.

El puerto pesquero se convirtió en el símbolo más visible de la inacción y la improvisación institucional del Ministerio del Interior español. La falta de recursos, planificación y respuesta eficaz derivaron en una vulneración flagrante de los derechos fundamentales de las personas migrantes

Entre agosto y noviembre de 2020, Gran Canaria vivió una crisis migratoria muy dura. Ante el aumento de llegadas por la ruta canaria, el Gobierno de España improvisó en el muelle de Arguineguín un campamento que llegó a concentrar hasta unas 2.600 personas en condiciones de hacinamiento indignas. Numerosas instituciones y organizaciones humanitarias exigieron el cierre inmediato de las instalaciones en el que llamaron el “muelle de la vergüenza”. 

El puerto pesquero de Arguineguín se convirtió en el símbolo más visible de la inacción y la improvisación institucional del Ministerio del Interior español. La falta de recursos, planificación y respuesta eficaz derivaron en una vulneración flagrante de los derechos fundamentales de las personas migrantes. Las imágenes del muelle, que dieron la vuelta al mundo, evidenciaron la ausencia de una estrategia adecuada y la falta de respeto hacia la dignidad de quienes buscaban protección y un futuro mejor.

En su visita a Gran Canaria el pasado jueves, León XIV se acercó a este muelle de pescadores - “símbolo mundial de la ruta atlántica”- para recordar a quienes perdieron su vida en ella, denunciar el trato que recibieron y reciben las personas migrantes, reconocer el trabajo de organizaciones, voluntariado e instituciones que los atienden y convertir el lugar en símbolo de acogida, integración y esperanza. En su estancia en la isla, León XIV insistió en trasladar a la humanidad la necesidad de abrazar la paz, amparar a las personas migrantes, cuestionar las políticas migratorias europeas y defender la dignidad humana, los derechos humanos y la justicia social. Este hecho histórico nos debe servir para pararnos a pensar detenida y profundamente sobre todo ello en estos tiempos convulsos. 

Vivimos una época marcada por profundas tensiones internacionales, por el avance de los discursos de odio y por una creciente polarización política y social que amenaza con erosionar los fundamentos democráticos construidos durante décadas. Las guerras, los desplazamientos forzados, las desigualdades económicas y el deterioro ambiental generan incertidumbre y miedo en amplios sectores de la población. En medio de ese contexto convulso, territorios como Canarias adquieren un valor simbólico y político singular como espacios de convivencia, diversidad y encuentro entre culturas.

La historia del archipiélago canario ha estado siempre vinculada al intercambio humano. Su posición geográfica, en medio del Atlántico y entre continentes, convirtió a las islas en lugar de paso, de acogida y de mestizaje cultural. Europa, África y América confluyen en Canarias no solo desde el punto de vista geográfico, sino también desde una realidad humana que ha moldeado la identidad insular a lo largo de los siglos. Esa mezcla de influencias constituye hoy uno de los principales patrimonios sociales y culturales del archipiélago.

La diversidad no debe entenderse como una amenaza, sino como una oportunidad colectiva. Sin embargo, en muchos lugares resurgen posiciones políticas que convierten la diferencia en motivo de confrontación. Se alimentan prejuicios contra quienes piensan distinto, profesan otra religión o proceden de otros países, mientras crecen discursos que simplifican la complejidad social mediante el miedo y la exclusión.

Frente a ello, resulta imprescindible reivindicar una cultura democrática basada en el respeto mutuo, el pluralismo y el diálogo. La democracia no consiste únicamente en votar; requiere una convivencia asentada en principios éticos y sociales que reconozcan la dignidad de todas las personas. Sin pluralismo no existe una democracia plena.

La convivencia democrática exige fortalecer los espacios de encuentro. Las sociedades más cohesionadas son aquellas capaces de dialogar desde sus diferencias sin convertirlas en trincheras irreconciliables. El respeto a la diversidad cultural, religiosa y social implica construir valores comunes desde el reconocimiento del otro y un compromiso activo con los derechos humanos.

En Canarias, esta realidad posee una relevancia especial. El archipiélago ha conocido los efectos de la emigración, la pobreza y la dependencia exterior. Miles de canarios tuvieron que abandonar su tierra buscando oportunidades, una memoria que debería reforzar la empatía hacia quienes hoy llegan huyendo de la guerra, el hambre o la desesperación. Las migraciones forman parte de la historia de la humanidad y deben abordarse desde la cooperación y el respeto a la dignidad humana.

Las islas se encuentran además en una posición sensible ante grandes desafíos globales. La crisis climática, la escasez de recursos y la dependencia energética obligan a repensar el modelo de desarrollo. La sostenibilidad no puede separarse de la justicia social ni del bienestar colectivo. Por eso resulta fundamental avanzar hacia modelos económicos que prioricen la sostenibilidad ambiental, la soberanía energética y el equilibrio territorial. El progreso debe situar a las personas y al territorio en el centro de las decisiones políticas.

Muchas son las consecuencias de la ultraperificidad y de un modelo de desarrollo que, pese al crecimiento económico y turístico, no ha logrado garantizar el bienestar de una parte importante de la población. El archipiélago mantiene algunas de las tasas más elevadas de pobreza y exclusión social del Estado, mientras la desigualdad se acentúa y el acceso a una vivienda digna se convierte en un problema cada vez más grave para miles de familias. A ello se suma la presión sobre el territorio y los servicios públicos, la precariedad laboral y las dificultades derivadas de la insularidad. Esta realidad es utilizada a menudo de manera irresponsable por determinados grupos políticos - de extrema derecha y de algunos que se llaman progresistas- para señalar a colectivos vulnerables y alimentar la xenofobia.

La defensa de la democracia y sus valores también pasa por combatir las desigualdades. Allí donde existen exclusión y precariedad se debilita la confianza colectiva. Las políticas públicas deben garantizar derechos básicos como la vivienda, la educación, la sanidad y el empleo digno.

En este contexto, la cultura es una herramienta esencial para construir ciudadanía crítica y cohesionada. A través de la educación y el intercambio cultural se fortalecen valores como la empatía, la convivencia y el pensamiento democrático. Las sociedades que fomentan el diálogo son menos vulnerables a los extremismos.

También las tradiciones espirituales y religiosas pueden contribuir a generar puentes de entendimiento cuando se sitúan al servicio de la dignidad humana, la justicia y la paz. La convivencia democrática exige reconocer la libertad de conciencia y el derecho de cada persona a vivir conforme a sus valores dentro del respeto a los derechos comunes.

Canarias posee condiciones singulares para convertirse en un referente de convivencia atlántica. Su realidad multicultural y su posición estratégica la sitúan en un lugar privilegiado para impulsar una visión basada en la cooperación entre pueblos y culturas. Esa vocación de encuentro debe formar parte de un proyecto comprometido con la paz, la sostenibilidad y la justicia social.

Pero defender esos valores requiere valentía cívica. Es necesario combatir activamente los discursos xenófobos, racistas o autoritarios que intentan normalizar la exclusión. La democracia necesita una ciudadanía comprometida con los derechos humanos y con la construcción de sociedades inclusivas.

En tiempos de incertidumbre global, resulta más necesario que nunca recuperar el valor de la convivencia. Frente a quienes pretenden dividir mediante el miedo, es imprescindible reivindicar la solidaridad, el diálogo y la cooperación para afrontar los desafíos del presente y del futuro. Canarias puede y debe seguir siendo un espacio abierto al mundo, donde la diversidad sea fuente de riqueza colectiva.

La paz no es solamente la ausencia de guerra. Se construye garantizando dignidad, igualdad y oportunidades para todas las personas; defendiendo la democracia frente al autoritarismo, fortaleciendo los servicios públicos y protegiendo el medio ambiente. En una época marcada por la confrontación y la zozobra, apostar por la convivencia y el pluralismo constituye una condición imprescindible para construir un futuro más justo y humano.

La visita y el mensaje del papa León XIV nos deben servir igualmente para reflexionar sobre convivencia, diversidad y democracia en tiempos de incertidumbre.

ATI nació y ha venido ejerciendo la medianería en los ayuntamientos de Tenerife, en el Cabildo y pocos años después, vestida de “nacionalista canaria”, en el Gobierno de Canarias, de intereses empresariales perfectamente identificables tras las decisiones políticas que han venido tomando en asuntos urbanísticos, de ordenación del territorio, de grandes equipamientos comerciales, de inversiones en infraestructuras…

Me ha llevado tiempo, casi 20 años, pero al final creo haberlo entendido. Y ha sido Ayuso quien me lo ha logrado explicar. Gracias. 

Fue un día ya lejano cuando un novel alcalde de La Laguna, ya alcalde por tanto y no estudiante de secundaria obligatoria, expresó su disposición a que Canarias se convirtiera en “Estado Libre Asociado”. Vamos: como Puerto Rico con relación a los Estados Unidos.

Yo no sabía muy bien qué es lo que proponía. Y me quedé con la sensación de que él tampoco. Pero sí que lo sabía. ¡Acabo de caer en la cuenta!

Los ciudadanos de Puerto Rico tienen ciudadanía norteamericana y su país, la bella Borinquen, disfruta de autogobierno. Pero los portorriqueños no pueden votar en las elecciones norteamericanas. Y, sin embargo, el Congreso de los Estados Unidos tiene autoridad para aprobar leyes obligatorias para la población boricua, aunque ésta no haya participado en la elección de sus miembros ni cuente con los dos senadores que representan a cada uno de los Estados federados.

¿Será algo así como una colonia de los yanquis la Preciosa, como “la llaman los bardos que cantan su historia” que decía el inolvidable “lamento” borincano?, cuyo estatus proviene de la entrega que hizo la Monarquía española a los Estados Unidos, allá por 1898. Eran tiempos expansivos del naciente imperialismo yanqui.

Ayuso, como dije, me ha ayudado a entender lo que quería decir por aquel entonces el inefable presidente del Gobierno de Canarias, que viniéndose arriba añadía: “Y si Estado Libre Asociado significa la independencia del Archipiélago, ¿qué problema hay?”.

Ayuso se ha negado a cumplir el decreto estatal sobre la distribución solidaria de menores migrantes no acompañados y lo ha impugnado, presentando un recurso jurisdiccional. Es decir, que los menores no acompañados que llegan a Canarias por la arriesgadísima ruta atlántica se queden en nuestras Islas atendidos por nuestras Instituciones públicas y por las entidades privadas humanitarias. Como si fuera un territorio ajeno, un país tercero, algo parecido a como es Albania, a estos efectos, para la Unión Europea y para Meloni.

Ayuso también ha decretado que los estudiantes canarios en Madrid se queden sin bono de transporte, discriminándolos y yendo más allá que la propia Prioridad Nacional de Vox -la del mismísimo Abascal que quiere hundir al Open ARMS- que el PP vergonzosamente viene acatando en cada vez más comunidades autónomas donde son socios de los neofascistas. Y el Gobierno de Canarias, gobierno de perdedores pero con toda legitimidad constitucional y estatutaria, calladita la boca. ¡Sssssh!

Ayuso, en coherencia con las salvajadas de ignorancia y racismo que prodigó en su gira por tierras mexicanas, tiene clara cuál es la posición que corresponde a Canarias: será la de una colonia o “Estado Libre Asociado” de instituciones subordinadas en muchos terrenos y de ciudadanos sin derechos políticos. Siempre, en todo caso, una tierra, unos habitantes y unas instituciones no equiparados a los de los territorios de la Metrópoli.

Siempre he pensado, y no es ninguna novedad que lo diga ahora, que ATI nació y ha venido ejerciendo la medianería en los ayuntamientos de Tenerife, en el Cabildo y pocos años después vestida de “nacionalista canaria” en el Gobierno de Canarias, de intereses empresariales perfectamente identificables tras las decisiones políticas que han venido tomando en asuntos urbanísticos, de ordenación del territorio, de grandes equipamientos comerciales, de inversiones en infraestructuras… y de las que han dejado de tomar en materia sanitaria y hospitalaria, de financiación educativa, universitaria, de apoyo a la dependencia, entre tantas otras. Intereses empresariales, por cierto, perfectamente respetables; pero insaciables y demasiado hegemónicos, a través de sus “medianeros”, sobre las entidades y las políticas públicas isleñas, políticas que pagamos todos y que deben responder a los intereses, necesidades y expectativas de la mayoría.

Pero, tal vez por mis pocas entendederas, he tardado en convencerme de que también son medianeros del más tétrico conservadurismo español que representan el peor PP (el de Aznar y Ayuso, aunque figure Feijóo) y Vox, cada vez más indistinguibles: el centralista, insolidario, cínico a más no poder y cada vez más preñado de xenofobia, racismo y supremacismo. ¡Ah! y despectivo y ¿colonialista? con Canarias y con los canarios.

Y Clavijo calladito. Lo que cambian los tiempos, Venancio, qué te parece. ¿O no?

¿Se imaginan sus imprecaciones si la tercera de la cuarta parte de lo que el PP le está haciendo a Canarias proviniera de gobiernos o instituciones regidas por por gobiernos progresistas o por el PSOE?

Está fuera de discusión que el fútbol es mucho más que un deporte, tal y como corroboran las cifras irrebatibles en torno al denominado deporte rey: en todo el mundo lo practican alrededor de 250 millones de personas y unos 3.500 millones lo consideran su deporte favorito o uno de sus deportes favoritos.

Pero, más allá de los datos incontestables, el fútbol ofrece un cauce de comunicación que propicia las relaciones y el diálogo entre clases sociales, es un lugar de encuentro intergeneracional, actúa como pulsión de emociones y vía de escape, es un territorio de sueños de gloria y se erige en un vehículo de cohesión social al brindar a sus practicantes y seguidores un sentido de pertenencia a un barrio, un pueblo, una isla o un país. Y todo ello, a pesar de que se trata solo de un juego, aunque de evidente dimensión universal.

Por estas y otras razones, este auténtico acontecimiento sociológico ha sido abordado desde múltiples ópticas. Citaremos tan solo cuatro. 

Una crónica social, cultural y humana 

En su libro El fútbol: mitos, ritos y símbolos (1980), Vicente Verdú explora en profundidad los aspectos culturales y simbólicos del fútbol. Cuentos de fútbol (1995) es una selección realizada por Jorge Valdano de 24 relatos de destacados escritores españoles y latinoamericanos como Bryce Echenique, Eduardo Galeano, Roa Bastos, Mario Benedetti, Roberto Fontanarrosa, José Luis Sampedro, Francisco Umbral, Manuel Vicent y el propio Valdano, entre otros. El fantasista (2006) es una novela en la que el escritor chileno Hernán Rivera Letelier aborda de manera entrañable el mundo del fútbol amateur. Por último, Puro fútbol (2013), de Roberto Fontanarrosa, es una reflexión sobre la importancia del fútbol en la sociedad argentina expresada a través de una serie de cuentos, en los que el autor nos muestra la pasión, la rivalidad y la locura que rodean a este deporte.

En consecuencia, abordar la historia del fútbol en Lanzarote equivale, en la práctica, a describir la evolución de la propia isla y su población a lo largo del siglo XX y el primer cuarto del XXI. En efecto, Historia y estadística del fútbol en Lanzarote, de José A. Márquez Umpiérrez (Arrecife, 1946), trasciende la dimensión de una obra sobre un deporte de masas para convertirse en una crónica social, cultural y humana que abarca más de cien años de vida insular y se materializa en un trabajo colosal de casi dos mil páginas, ordenadas en tres tomos y un amplio anexo.

El fútbol y la vida cotidiana

Nos encontramos ante un trabajo historiográfico excepcional. Pepe Márquez ha estudiado en profundidad y de manera continuada el desarrollo del fútbol insular, desde los orígenes de este deporte a escala mundial y su llegada a las Islas Canarias, hasta los primeros pasos del fútbol lanzaroteño, la etapa previa a la Guerra Civil, los años de la posguerra y la consolidación de clubes, terrenos de juego y competiciones. Por tanto, esta obra ofrece un relato completo, minucioso y honesto del panorama futbolístico lanzaroteño desde sus inicios hasta la actualidad.

El índice general ya revela la magnitud del proyecto, pues cada tomo corresponde a una etapa histórica concreta, contextualizada en su época y vinculada a los cambios sociales, económicos y políticos de la isla. Pepe Márquez desvela cómo el fútbol se fue integrando en la vida cotidiana, primero como práctica restringida a determinados círculos sociales y, más tarde, como auténtico deporte de masas, reflejando fielmente a la comunidad que lo adoptó, como sucedió en tantos otros lugares del planeta.

Pepe Márquez conoce muy bien la historia que narra. Su voz se percibe en el esmero por las fuentes, en la exhaustividad de los datos y en la recuperación de nombres que, de otro modo, se perderían en el olvido: clubes modestos, directivos anónimos, árbitros, entrenadores, jugadores y aficionados que sostuvieron el fútbol insular en épocas de entusiasmo, así como en tiempos de crisis. Esa mirada desde dentro, crítica cuando es necesario, pero siempre comprometida, dota a la obra de autenticidad.

El fútbol y su contexto social

En Historia y estadística del fútbol en Lanzarote, el lector encontrará una narración cronológica exhaustiva y datos e hitos de enorme valor documental: campos deportivos, torneos emblemáticos como el San Ginés, campeones regionales desde 1930 y listas de dirigentes, árbitros, entrenadores y jugadores lanzaroteños que trascendieron el ámbito insular. Todo ello conforma un archivo imprescindible para comprender el fútbol de Lanzarote en su totalidad.

Tal y como se indica en la introducción, el autor es consciente de que el fútbol no puede desligarse del contexto social que lo rodea. Las luchas internas, la desorganización directiva, las crisis recurrentes y los momentos de esplendor se analizan no como hechos aislados, sino como reflejo de una sociedad en constante transformación. El fútbol aparece aquí como un espejo y un motor, como un espacio de rivalidad y conflicto, pero también como un elemento de cohesión.

Pepe Márquez vivió el fútbol como jugador y entrenador antes de dedicarse a la investigación y la documentación. Su experiencia directa del deporte en una época marcada por la escasez de recursos, el esfuerzo colectivo y la pasión le permitió comprender el fútbol como un fenómeno social profundamente arraigado en la vida insular, lo que ha dado lugar a varios libros, documentales y exposiciones fotográficas. 

Documentar la historia del fútbol

Pero este ingente trabajo no se entiende sin la personalidad de su autor. Pepe Márquez es un apasionado del fútbol que ha recopilado una gran cantidad de información a lo largo del tiempo. Su proyecto para documentar la historia del fútbol en Lanzarote es el resultado de décadas de compilación de datos, anécdotas, resultados y crónicas acumulados con paciencia y rigor. En sus propias palabras, gran parte del esfuerzo ha consistido en seleccionar testimonios, archivos de clubes, fotografías antiguas y publicaciones locales para reconstruir con fidelidad la evolución de este deporte desde sus orígenes hasta la actualidad y poner en valor el papel de la afición, del fútbol base y de los numerosos clubes modestos que han sostenido el deporte en cada municipio.

Su compromiso se materializó en 2003 con la publicación de Historia del fútbol en Lanzarote, que escribió junto a Antonio J. Montelongo Fránquiz y Francisco Hernández Delgado. Esta obra pionera, la primera dedicada por completo al balompié insular, supuso un hito cultural y deportivo en Lanzarote. Con un enfoque cronológico riguroso y una abundante recopilación de datos y fotografías, el libro sentó las bases para el estudio del fútbol como elemento clave de la identidad social de la isla, y destacó su evolución desde una práctica inicialmente vinculada a las clases acomodadas hasta su plena popularización.

Más que un historiador del fútbol

A partir de entonces, continuó investigando, ampliando archivos, entrevistando a protagonistas, revisando actas, prensa histórica y fondos fotográficos. El resultado es Historia y estadística del fútbol en Lanzarote, una obra enciclopédica concebida como un relato completo del fútbol insular. Sin embargo, estos sólidos avales no le facilitaron la publicación de la obra, ya que tuvo que luchar durante años para conseguir el apoyo institucional, convencido de que la gran cantidad de información recopilada merecía ser preservada, difundida y protegida para que esta memoria colectiva no se perdiera con el tiempo.

Pepe Márquez es, más que un historiador del fútbol, un guardián de la memoria colectiva, cuyo trabajo responde a un compromiso personal con la isla, su gente y un deporte que, durante más de un siglo, ha sido punto de encuentro y pasión popular.

Historia y estadística del fútbol en Lanzarote es una obra destinada a perdurar. Un legado documental y emocional que trasciende generaciones e invita al aficionado, al investigador o al simple lector curioso a comprender cómo un balón, que ayer rodaba por polvorientos campos de tierra y hoy lo hace por alfombras de césped sintético, ha sido capaz de articular tantos sueños compartidos.

Nota: Prólogo del libro Historia y estadística del fútbol en Lanzarote, publicado por el Cabildo de Lanzarote y presentado en la SCRD Torrelavega el 10 de junio de 2026.

Dentro del actual tsunami conservador y ultra contra el Estado social se incluyen las propuestas dirigidas a la desprotección de las personas más vulnerables y el calculado debilitamiento de los servicios públicos sanitario y educativo. En ese marco, las universidades públicas constituyen uno de sus objetivos. Lo podemos observar nítidamente en Isabel Díaz Ayuso y su poco disimulado intento de estrangulamiento financiero de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Canarias no es ajena a esa devastadora ola. Su Gobierno, el de CC y PP, al mal financiarlos, castiga a los centros superiores de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria; y, como casi siempre, no solo elude sus competencias y responsabilidades, sino que intenta despejar el balón hacia el Ejecutivo central, convirtiendo al autogobierno en una especie de elemento decorativo.

Cierto es que, afortunadamente, en las Islas se han venido produciendo las primeras reacciones ante esa situación tan negativa que condiciona el presente y pone en riesgo el futuro de nuestros centros superiores. Como la publicación del Manifiesto en defensa de las Universidades Públicas Canarias, suscrito ya por más de 4.000 personas. En su texto se destaca el preocupante clima de descrédito y ataque a la institución universitaria, tanto a nivel internacional como estatal, que cuestiona “el valor de la universidad pública, tachándola erróneamente de gasto superfluo o insinuando que debería limitarse a una visión utilitarista. Debemos alertar sobre estas tendencias: cuando se deslegitima y debilita a la universidad, se erosiona un pilar de la democracia y el progreso social”.

Se recuerda, además, que estas instituciones han actuado como un poderoso ascensor social, “formando a generaciones de canarias y canarios que fueron las primeras personas de su familia en acceder a la universidad, entre ellas, miles de mujeres que encontraron en la universidad el único espacio donde su talento no dependía de su apellido ni de su género”. Así sucedió en mi ámbito familiar y en miles de personas de mi generación y posteriores, que pudieron cursar estudios superiores en las universidades públicas canarias.

El Manifiesto asegura, asimismo, que defender las universidades públicas es defender una sociedad más “justa e ilustrada”, e instando a un compromiso “firme y concreto en defensa de nuestras universidades públicas canarias”. Exigiendo, por ello, a las administraciones competentes que cumplan plenamente el mandato legal del artículo 55 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) en materia de financiación.

1% del PIB canario

Por otra parte, se acaba de crear la Asociación de Universidades Públicas Canarias (UPCAN), que encabezan los dos rectores de las universidades canarias, Francisco García Rodríguez (ULL) y Lluís Serra Majem (ULPGC), “con la voluntad de fomentar la cooperación universitaria, promover su internacionalización y su compromiso social”. Ambos rectores sostuvieron en su presentación que van a solicitar claridad de criterios y estándares de calidad en un sistema donde operan también otras instituciones.

En su acto de constitución, la UPCAN reclamó alcanzar para nuestro sistema universitario el 1% del PIB canario en el año 2030, como establece la LOSU, lo que supondría disponer de un presupuesto que superaría los 500 millones de euros para las dos instituciones, frente a los menos de 300 con los que cuentan ahora.

Esa circunstancia, disponer hoy de una financiación en torno al 0,5% de nuestro PIB, se produce cuando la Comunidad Canaria cuenta con un Presupuesto que supera en este ejercicio de 2026 los 12.500 millones de euros; y, también, con la realidad de un Gobierno, el de las dos derechas, que ha dejado de ejecutar una media de 1.143 millones anuales en 2023, 2024 y 2025, es decir, más de 3.400 millones en lo que va de legislatura. Mala gestión de los dineros públicos y desatención de nuestras universidades.

Frente a la naciente reacción social y de la comunidad universitaria, el grupo de Coalición Canaria responde presentando en el Parlamento una Proposición No de Ley (PNL) con el rimbombante título de “impulso de un acuerdo para el cumplimiento del objetivo de financiación universitaria pública previsto en la Ley Orgánica del Sistema Universitario”. En ella, lejos de asumir algún compromiso de mejora de la financiación de nuestras universidades públicas, CC sitúa la responsabilidad también en este tema en el Gobierno de España, como ya es marca de la casa. 

Competencia y contrato programa

Por eso, nuestro grupo parlamentario presentó una enmienda a la totalidad a esa PNL de CC. Poniendo el acento en que, según refleja el artículo 134 del Estatuto de Autonomía de Canarias, la enseñanza superior es nuestra competencia y por tanto es deber del Gobierno de Canarias su adecuada y suficiente financiación. 

La enmienda de Nueva Canarias, defendida de forma argumentada por nuestra diputada Carmen Hernández, plantea que se atienda la solicitud conjunta de los dos rectores de las universidades públicas, entregada por escrito a la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura el 30 de junio de 2025, “de crecimiento mínimo de su financiación estructural en los presupuestos de 2026 de 25,7 millones de euros, 13,8 millones para la universidad de La Laguna y 11,9 millones para la Universidad de las Palmas de Gran Canaria”, incorporando en el presupuesto vigente estas cantidades.

Asimismo, insta al Gobierno canario a presentar, en un plazo máximo de tres meses, un contrato programa negociado con las universidades públicas canarias, que, conteniendo los instrumentos de programación y financiación plurianuales, incluya los objetivos a conseguir, los recursos financieros para ello y los mecanismos de evaluación del grado de consecución de dichos objetivos. “Esta financiación por objetivos deberá ser adicional a la financiación estructural basal y a la financiación por necesidades singulares de nuestras universidades, tal como establece el artículo 56 de la LOSU”.

Reclamando, además, al Gobierno estatal la reactivación inmediata de la comisión de trabajo creada para el análisis y desarrollo del artículo 55 de la LOSU, que pretende destinar como mínimo el 1% del PIB al gasto público en educación universitaria pública en el conjunto del Estado, “con la participación de las comunidades autónomas, las universidades y los consejos sociales universitarios, sin eludir que la competencia en materia de enseñanza universitaria compete a la Comunidad Autónoma de Canarias y, por tanto, su deber de una financiación suficiente de las universidades canarias”.

Quiero apuntar, asimismo, el retroceso que ha sufrido en las cuentas públicas canarias la I+D+i con 21,8 millones de euros menos en 2026 que, en el Presupuesto de 2023, el último del pacto de Progreso, pese a que el global presupuestario es de 2.310 millones más que en 2023. Incumpliendo el Pacto Canario por la Ciencia y mostrando que la ciencia no es una prioridad para este Gobierno.

La actual ofensiva ultra ve en las universidades solo un negocio y, por eso, trata de debilitar a las públicas para favorecer a las privadas. Desde NC-bc rechazamos por completo ese modelo. Consideramos que nuestras universidades públicas constituyen un patrimonio de la sociedad canaria. Que merecen ser respetadas y apoyadas, recibiendo un trato justo del Gobierno de Canarias. Abandonarlas, como está sucediendo, supone un grave perjuicio para la sociedad de las Islas, para su docencia e investigación, para una mejor formación de su ciudadanía, para poder competir en un mundo cada vez más cambiante y donde la I+D+i es una piedra angular. Urge, por ello, un cambio de rumbo, cumpliendo la Ley, mejorando su financiación y, en definitiva, siendo consecuentes con el hecho de que la educación superior y la investigación científica son claves para para el futuro de Canarias, para su transformación y para la diversificación de su economía. Tenemos competencias y hay recursos económicos. Falta decisión política, saber priorizar el gasto público y hacer una gestión eficiente.

Las circunstancias quisieron que coincidiéramos en el espacio de RadioTelevisión Canaria (RTVC), ‘Buenos días, Canarias’, durante el que se transmitía la llegada de un cayuco al puerto de La Restinga, en El Hierro, hace poco más de un año. El imprevisible final tenía reservada la carta de la zozobra de la embarcación que, según se supo con posterioridad, procedía de Guinea Conakry, a más de dos mil kilómetros del enclave herreño, con unas ciento cincuenta personas a bordo.

Estábamos en plena conexión. Fue una experiencia singular, de esas que se viven con una intensidad fuera de lo común, en vivo y en directo, como suele repetirse hasta en los ‘spots’ promocionales ya en desuso. Pasaban los minutos, la tensión fue creciendo, el cayuco había volcado, cuando ya tocaba los diques del pequeño embarcadero…, a duras penas, con la imagen reflejada en las pantallas interiores, mientras se sobresaltaba -sin que apenas se notara- la ilación del relato de la periodista presentadora y coordinadora, Pilar Rumeu, consciente de la gravedad de la situación y con mucho temple, mascándose la tragedia indeseada, la impotencia en la distancia pero también allí en el Mar de las Calmas, donde gritos, brazos, saltos, lamentos y movimientos a la desesperada convergían en una precipitada y apurada operación de salvamento y rescate, en la que participaban no solo los operarios de Salvamento Marítimo, una unidad Salvamar, sino también voluntarios, cruzrojistas y miembros de clubes de buceo (Si alguien aún dudaba de lo que es la solidaridad activa, allí pudo comprobar cómo los resortes, en tratándose de vidas humanas, funcionaron con diligencia).

Se entrecortaba, como es natural, el relato de Eduardo Pulido, redactor de RTVC, y el desespero de los noes de su cámara, Maribel Armas, desbordados ambos ante el suceso cuya magnitud aún se desconocía. Se sabía que ellos estaban allí, que su testimonio era de una gran trascendencia periodística y mediática, que eran notarios afectados por el dolor y la impotencia. Juani Brito, la directora del programa, se movió con su destreza habitual, ultimando esos detalles que, inapreciables, son de gran valor sobre todo en los directos. Y aquel era uno de primerísimo orden. Porque ante todo, fueron periodistas: lo que veían y contaban iba a ser imagen de portada, eran las secuencias de aquello que debían visionar las autoridades y representantes institucionales que se reunían por enésima vez en el lugar de los hechos, en busca de una solución exenta de peligros y de riesgos, una solución a esa tragedia humana que no distingue entre hombres, mujeres y niños, embarazadas y nadadores que apenas flotan o de hecho no saben y que, según se supo, se cobró en La Restinga siete víctimas más. Eran las imágenes y el desespero que debían ver esos comisionados y si alguien las pasa a las autoridades de los países africanos y a las mafias traficantes de seres humanos, aunque dudemos de su dolor, mejor; a ver si las conciencias impulsan otras medidas pues una cosa es intentarlo, a la desesperada, en busca de la tierra de promisión, y otra muy distinta, jugarse la vida.

Murieron en la orilla, al cabo de más de dos mil kilómetros de su partida. Su travesía solo sirvió para eso: para morir. Qué cruel y qué triste. La experiencia, a nuestros años, también marcó. Y días pasados, coincidiendo con el Papa León XIV por estos lares, con tantos mensajes sustanciosos tan cerca del escenario del drama, merece ser recordada.

Lo llamaron Fable.

Fábula.

Tres días después, una orden del secretario de Comercio estadounidense Howard Lutnick recordó que, aunque viva en la nube, la inteligencia artificial sigue dependiendo de pasaportes, licencias y decisiones muy terrenales.

Anthropic presentó Fable 5 y Mythos 5 como la nueva frontera: más capacidad, más razonamiento, más utilidad. Otra promesa más de ese futuro inevitable que la industria lleva años vendiendo.

Y tres días después, la fábula se encontró con algo mucho más viejo que cualquier modelo de lenguaje: el Estado. No una inteligencia artificial maligna ni un enjambre de agentes descontrolados. Solo una orden administrativa, un régimen de control de exportaciones y la constatación de que la nube, de repente, tiene frontera.

Según Anthropic, el Gobierno exigió suspender el acceso a Fable 5 y Mythos 5 a cualquier ciudadano extranjero, dentro o fuera de Estados Unidos, incluyendo a los propios empleados de la empresa que no tuvieran pasaporte americano. El resultado fue tan absurdo como inevitable: si no puedes separar en tiempo real quién puede mirar y quién no, lo más seguro es apagarlo todo. Para todo el mundo. Americanos incluidos. Clientes incluidos.

La nube, de pronto, tenía pasaporte.

La explicación que ha trascendido —según Anthropic— apuntaba a un jailbreak (una forma de forzar al modelo a saltarse sus restricciones o comportarse fuera de los límites previstos) en el que el modelo leía código y señalaba fallos. Dicho así parece grave. El problema es que esa misma capacidad, encontrar agujeros en el código, es exactamente lo que usan los equipos de ciberseguridad todos los días. La misma herramienta que asusta al Gobierno es la que usan para defender sistemas. La diferencia, claro, está en quién la tiene y para qué la usa. Y esa frontera no siempre está tan clara como nos gustaría.

Lo inquietante no es que el Estado quiera vigilar modelos que pueden tocar temas sensibles de seguridad o defensa. Eso era previsible. La IA de frontera ya no es un experimento de laboratorio. Cuando un modelo puede analizar código complejo, ayudar en investigación científica o automatizar tareas de alto riesgo, el Estado entra en la habitación. La pregunta no es si entra, sino cómo lo hace: con qué pruebas, con qué proceso y con qué posibilidad real de que la empresa pueda defenderse o pedir aclaraciones.

Porque si con una demostración limitada o una sospecha poco explicada ya puedes retirar un modelo que está en producción, el problema deja de ser solo de Anthropic. Es de toda la industria. Porque ningún modelo de frontera es perfecto. Ningún sistema complejo está libre de comportamientos raros. Y si exiges que no tenga ningún fallo antes de dejarlo salir, lo que estás haciendo no es regular. Es fingir que la tecnología real puede existir sin parecerse a la tecnología real.

Los nombres que eligió Anthropic son casi demasiado perfectos: Fable. Mythos. Fábula y mito. La industria lleva tiempo poniendo a sus modelos nombres con resonancia literaria o mitológica, como si cada lanzamiento formara parte de una historia más grande. No son solo actualizaciones técnicas. Son relatos. Promesas. Cada nuevo modelo parece acercarnos un poco más a algo que todavía no sabemos muy bien cómo nombrar sin ponernos solemnes.

Pero la fábula se tropieza siempre con la realidad: jurisdicciones, pasaportes, centros de datos, chips, cables, abogados, tensiones geopolíticas y funcionarios que pueden convertir una capacidad técnica en cuestión de seguridad nacional de la noche a la mañana.

Nos gusta imaginar la IA como algo etéreo, flotando en la nube. En realidad tiene suelo, tiene dueño, tiene fronteras y tiene interruptores. Y también tiene algoritmos que no están escritos en código, sino en poder. Un poder que, como sabemos desde mucho antes de que existieran estos modelos, no siempre destaca por su precisión ni por su sutileza.

Durante años el relato fue bastante cómodo: Europa regula demasiado y frena; Estados Unidos innova y deja hacer. Este episodio complica esa historia. Europa puede ahogarte a base de formularios y plazos. Estados Unidos puede simplemente apagar el interruptor cuando le da la gana. Y ninguna de las dos opciones da mucha confianza si eres una empresa que intenta construir algo serio.

Y hay una ironía añadida. Anthropic siempre se ha presentado como la empresa más responsable y prudente del sector, la que hablaba de seguridad y evaluación antes que nadie. No era la del «move fast and break things». Aun así, le han apagado la fábula.

Quizá la lección más clara sea esta: ya no basta con tener mejores modelos ni mejores controles de seguridad. La IA de frontera está dejando de ser un producto comercial para convertirse en algo que los Estados ven como infraestructura crítica. Y cuando algo se considera infraestructura crítica, rara vez sigue perteneciendo del todo a quien lo construyó.

La fábula no se rompió porque una máquina se volviera demasiado lista.

Se rompió porque el mundo real, con toda su lentitud y su burocracia, decidió que también tenía algo que decir. Y lo dijo de la forma más sencilla posible: apagando el interruptor.

Junio de 2026 quedará escrito en la historia de Canarias. Lo recordaremos por muchas razones, pero una de ellas será imborrable: fue el mes en que un Papa visitó por primera vez nuestro archipiélago.

Como comunicador, he tenido el privilegio de vivir este acontecimiento desde dentro. El pasado jueves trabajé junto al equipo de Radiotelevisión Canaria, todo un honor contarlo para los espectadores de Televisión Canaria. Fue una jornada intensa, emocionante y profesionalmente inolvidable. No todos los días se narra una página de la historia.

Más allá de las imágenes, de los protocolos y de las enormes medidas de seguridad, me quedo con algo mucho más importante: los mensajes. He escuchado con atención cada discurso del Papa. Y debo reconocer que muchas de sus palabras me han gustado profundamente. Especialmente aquellas que han puesto el foco en los derechos humanos, en la dignidad de las personas migrantes, en la necesidad de construir una sociedad más justa y en la obligación moral de no mirar hacia otro lado ante el sufrimiento ajeno.

Canarias sabe mucho de fronteras, de acogida y de esperanza. Por eso, cuando el Papa habló de humanidad, de solidaridad y de respeto a la dignidad de cada persona, sus palabras encontraron aquí un eco especial.

Sin embargo, precisamente porque esperaba mucho de esta visita, también me acompañó una cierta tristeza.

Me dolió comprobar que se perdió una oportunidad histórica para acercarse de manera clara y valiente a la comunidad LGTBIQ+. No lo digo por mí. Lo digo pensando en tantas personas creyentes que viven su fe con autenticidad y que, al mismo tiempo, siguen esperando un gesto inequívoco de reconocimiento, de cariño y de inclusión.

Hay católicos gays, lesbianas, bisexuales y trans que aman a su Iglesia. Personas que rezan, que participan en sus comunidades y que siguen sintiéndose parte de ella a pesar de las dificultades. Esta visita pudo haber sido una ocasión extraordinaria para tender puentes. Un pequeño gesto habría significado muchísimo para muchos corazones.

Y si hubo una oportunidad perdida que me produjo aún más dolor fue la de no reunirse con las víctimas canarias de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia. Ninguna institución que aspire a predicar el amor puede olvidar a quienes han sufrido dentro de ella. Ninguna agenda, por importante que sea, debería dejar fuera a quienes llevan años esperando una palabra de escucha, una mirada de reconocimiento o un gesto de reparación.

Porque la reparación no borra el daño, pero ayuda a dignificar a quienes lo padecieron.

Escuchar a las víctimas no habría sido un acto político. Habría sido un acto profundamente evangélico. Una forma de hacer Iglesia. Una forma de hacer comunidad. Una forma de demostrar que el dolor de esas personas importa.

Por eso me quedo con sentimientos encontrados.

Por un lado, la alegría inmensa de haber contado un acontecimiento histórico. La satisfacción profesional de formar parte de una cobertura que permanecerá en la memoria colectiva de Canarias. El orgullo de haber visto a miles de personas emocionarse ante una visita que jamás imaginaron vivir.

Por otro, la sensación de que algunos silencios pesaron demasiado.

Junio seguirá siendo el mes del Orgullo. El mes de los colores que reivindican la diversidad, la igualdad y el derecho a ser uno mismo. Y en Canarias también será, para siempre, el mes en que un Papa nos visitó por primera vez.

Qué hermoso habría sido que ambas realidades se hubieran encontrado un poco más. Porque el arcoíris no le quita nada al blanco.

Al contrario. Con lo bien que le sienta.

Seis y media de la mañana. Me despierta el sonido estridente del despertador del móvil. Lo apago y espero que vuelva a sonar dentro de cinco minutos, como siempre suele hacer, porque soy de las que programan la alarma cada cinco minutos durante veinte, por si me quedo dormida. A la tercera vez que suena, ya me levanto.

Lo hago con un talante tranquilo, sosegado, cansado de la semana, pero inquieto. Sé que hoy es un día diferente. Sé que hoy es un día especial. Sé que hoy Tenerife se va a llenar de emoción, de fe, de cristiandad y de valores. Y, por eso, la pereza se vence de otra manera.

Después de acicalarme, pasar por la ducha, tomar un vaso de leche rápido y enfundarme el traje, salgo de casa. Nada más coger el coche ya se nota un ambiente diferente. Bajo por la carretera general de la Cuesta, desde Finca España, que es donde vivo, y comienzo a ver en las paradas de guaguas, saliendo de los portales y caminando por las aceras, a grupos de dos, tres, cuatro o cinco personas. Algunas van solas. La mayoría lleva gorros o gorras, mochilas y algún refrigerio. Todos se disponen a bajar a Santa Cruz.

Van muy temprano, como yo. Son las ocho de la mañana y bajan a Santa Cruz porque quieren ver al Papa. Hoy todos vamos a ver al Papa.

Las guaguas pasan llenas. Hay bastante tráfico; no como un día cualquiera de trabajo, pero sí el suficiente para notar que algo importante está ocurriendo. Me emociona ver cómo en las paradas hay desde niños hasta mayores, familias enteras y grupos de amigos. Algunos incluso han encargado camisetas conmemorativas para no olvidar este día. Son camisetas blancas con un texto en la espalda que recuerda la efeméride tan importante que vamos a vivir. Un recuerdo para que, cuando dentro de unos años vuelvan a ver las fotos y lean esas palabras, puedan emocionarse de nuevo. También para dejar un legado a quienes vengan después.

Una vez llego a Santa Cruz, mucho más fácilmente de lo que imaginaba, entro en el aparcamiento y me dispongo a acudir al punto de encuentro desde donde nos dirigiríamos a la explanada del puerto.

Empieza a verse mucha gente. Muchísima gente.

También comenzamos a encontrarnos con los voluntarios, todas esas personas que llevan meses preparando la organización y que se han volcado para que todo salga bien. Personas que estaban allí para cuidar especialmente a quienes más lo necesitan: mayores, personas con diabetes, con alguna discapacidad o con cualquier otra circunstancia que requiriera atención. Verlos trabajar con tanta entrega y cariño fue emocionante.

Me emocionó contemplar a todos caminando hacia un mismo destino, hacia un mismo lugar, movidos por una misma ilusión. Una ilusión compartida. Y eso une. Une a un pueblo, une a una ciudad y une a una isla.

Llegaban guaguas desde el sur y desde el norte. Venían compañeros desde El Hierro, que habían salido muy temprano en barco para poder estar presentes.

Nada más pasar por la zona del mercado, se abre un portal y me encuentro con un matrimonio amigo. Nos saludamos con alegría.

— ¿Y ustedes?

— A ver al Papa.

— Hombre, claro que sí.

Y es que creo que pocas cosas podían mover a tanta gente como la visita del Papa León XIV. Un hecho histórico que esta isla jamás olvidará. 

Fue impresionante contemplar desde lo alto aquella explanada perfectamente organizada por sectores. Miles de personas con sus gorros y camisetas, guardando un respeto absoluto mientras escuchaban las palabras del Santo Padre. Un Papa que tuvo palabras de cariño, amor y respeto hacia esta tierra. Recibió aplausos y vítores, pero lo que más me impresionó fue el silencio sepulcral que se vivió durante la misa. Un silencio capaz de poner los pelos de punta.

Tengo que reconocer que fui una privilegiada. Según el protocolo, me correspondió sentarme en una esquina lateral del escenario. Justamente por allí pasó el Papa junto a toda la comitiva.

Lo tuve muy cerca, apenas a metro y medio. Pude mirarle a los ojos y nos transmitió una paz inmensa. Pero, sobre todo, quiero quedarme con los valores que mueve la fe cristiana: la bondad, la solidaridad, el cariño, el respeto y la capacidad de perdonar.

Mi padre siempre me decía: Tú pon la otra mejilla. Y es verdad que no siempre es fácil, pero esos valores siguen teniendo sentido hoy. Todos ellos los encarnó una persona que quiso estar aquí, que quiso estar presente y que también quiso poner el foco en un aspecto fundamental de lo que somos como pueblo: la solidaridad de Canarias ante el fenómeno migratorio.

Habló de ese mar que nos une y que nos separa. De ese mar que ha sido el escenario del sufrimiento de muchas personas que buscaban una vida mejor. Y lo definió como el mar del amor.

Sí, un mar recorrido muchas veces por la tristeza, porque muchos no llegan a su destino. Porque dejan atrás a sus familias, su pasado y toda una vida. Pero es también un mar de amor, porque lo que impulsa a esas personas a partir es el amor hacia los suyos y el deseo de ofrecerles un futuro mejor. Y porque lo que mueve al pueblo canario a recibirlos con los brazos abiertos es también el amor.

Por eso me emocionó profundamente escuchar esas palabras.

Y así quiero terminar.

Con el amor que sentí aquella mañana en todas las personas que caminaban, como una servidora, hacia el puerto para ver al Papa. A todos nos movía el amor.

Ese amor fue precisamente del que habló el Papa.

Y ese amor es, quizás, el que mejor define a esta tierra.

Con el amor me quedo.

Y con amor para todos.

Viva el Papa León XIV.