Cada mes de agosto, España recuerda la muerte de Federico García Lorca, fusilado en 1936 por fuerzas falangistas y represivas vinculadas al golpe militar que desencadenó la Guerra Civil. Su asesinato simboliza una de las mayores agresiones contra la cultura y la libertad intelectual en la historia contemporánea de España. Noventa años después, su obra sigue viva mientras los ecos de quienes ordenaron su muerte se pierden en las sombras de la historia.

Lorca nació en 1898 en Fuente Vaqueros, en la Vega de Granada. Allí aprendió a escuchar el rumor de la tierra, las canciones populares y las historias sencillas de la gente humilde. Desde niño comprendió que la poesía no era un lujo reservado a unos pocos, sino una forma de entender la condición humana.

Su llegada a la Residencia de Estudiantes de Madrid fue decisiva. Compartió inquietudes con Salvador Dalí, Luis Buñuel y otros jóvenes llamados a transformar la cultura española. Mientras algunos buscaban la modernidad en la ruptura con el pasado, Lorca supo armonizar la tradición popular con las vanguardias de su tiempo. Nadie como él consiguió convertir el alma de Andalucía en una creación universal.

El éxito llegó pronto con Romancero gitano, pero nunca permitió que la fama domesticara su conciencia. Viajó a Nueva York y quedó impresionado por una sociedad deslumbrante y al mismo tiempo desigual. Aquella experiencia dio origen a Poeta en Nueva York, donde denunció la deshumanización y la injusticia con una intensidad pocas veces alcanzada en la literatura contemporánea.

Lorca no fue un militante político al uso. Su compromiso era más profundo y más amplio. Estaba del lado de quienes sufrían exclusión, pobreza o discriminación. Él mismo lo expresó con palabras que constituyen una verdadera declaración de principios: “Yo soy partidario de los pobres. Yo siempre seré partidario de los que no tienen nada”.

Toda su obra está atravesada por una defensa apasionada de la libertad individual. En uno de sus versos más conocidos escribió: “En la bandera de la libertad bordé el amor más grande de mi vida”.

Quizá por ello comprendió mejor que nadie el sufrimiento provocado por las convenciones sociales y los prejuicios. Sus personajes viven atrapados entre sus deseos y las normas impuestas por una sociedad intolerante. Lorca sabía que el dolor humano suele ocultarse tras las apariencias. Como escribió: “Hay cosas encerradas dentro de los muros que, si salieran de pronto a la calle y gritaran, llenarían el mundo”.

Obras como Bodas de sangre, Yerma o La casa de Bernarda Alba no son únicamente piezas teatrales magistrales; son una denuncia de todas las formas de opresión que sofocan la vida y la felicidad de las personas.

Su concepción del arte estaba íntimamente ligada a la realidad humana. No entendía la cultura como un entretenimiento para minorías privilegiadas. Por eso afirmó: “El teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana”.

Y también advirtió: “Un pueblo que no ayuda y no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo”.

Cuando estalló la Guerra Civil en julio de 1936, España ya se encontraba desgarrada por el enfrentamiento y el odio. En aquel ambiente envenenado, la inteligencia, la sensibilidad y la libertad eran vistas por algunos como amenazas. Lorca regresó a Granada buscando seguridad. No la encontró.

Fue detenido y fusilado en agosto de 1936 en algún paraje entre Víznar y Alfacar. Nunca tuvo un juicio justo. Su asesinato fue el resultado de la intolerancia política, los resentimientos personales y el odio hacia todo lo que representaba. En resumen, la ejecución de Lorca fue un acto de represión política y social: la libertad creadora, la cultura y la diversidad de España.

Sin embargo, quienes intentaron borrar su voz fracasaron. Porque un poeta auténtico no desaparece con la muerte. Sus palabras siguen respirando en cada generación. Lorca había comprendido como pocos la fragilidad de la esperanza humana cuando escribió: “El más terrible de todos los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza muerta”.

Pero también sabía que la creación artística constituye una forma de resistencia frente al olvido. “Porque yo no soy un hombre, ni un poeta, ni una hoja, pero sí un pulso herido que presiente el más allá”.

Esa herida sigue latiendo casi un siglo después. Los hombres que ordenaron y ejecutaron su muerte quedaron atrapados en las sombras de la historia. Federico García Lorca, en cambio, permanece. Su poesía continúa recordándonos que la libertad, la belleza y la dignidad humana pueden ser perseguidas, pero nunca vencidas.

Quizás esa sea la lección más importante que nos deja Lorca. Frente al odio eligió la cultura; frente a la intolerancia, la libertad; frente al miedo, la palabra.

Federico García Lorca murió ante un pelotón de fusilamiento; el poeta, sin embargo, sigue viviendo entre nosotros.

A finales de los años noventa del pasado siglo se extendió en el Archipiélago una amplia sensibilidad sobre el crecimiento turístico y sus consecuencias, junto a una elevada preocupación en torno a la protección del territorio y del medio natural. Tenía, entre otros precedentes, movilización social para salvar El Rincón (Tenerife) y Veneguera (Gran Canaria). También significativas manifestaciones en islas como Lanzarote reclamando la contención del modelo turístico. Y una de las propuestas centrales de aquel amplio movimiento social era el establecimiento de una moratoria en el crecimiento de nuevas plazas alojativas. En consecuencia, el Gobierno que presidí (1999/2003) tomó decisiones trascendentales en la apuesta por un desarrollo sostenible en las Islas y, en la definición de un modelo turístico contenido y con futuro.

Éramos plenamente conscientes de que para tomar decisiones sólidas y fundamentadas que tuvieran impacto real era preciso primero paralizar la concesión de licencias y los procesos urbanizadores para poder planificar; y abrir un periodo de amplia reflexión colectiva, con participación de universidades, ayuntamientos y cabildos, empresarios, sindicatos, colegios profesionales o colectivos ecologistas; así se hizo. Por eso, en primer lugar, aprobamos la Ley 6/2001 de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y del Turismo en Canarias, que posibilitó extinguir la eficacia de los planes parciales que no cumplieron con los deberes urbanísticos y dio cobertura a desclasificar cerca de 300.000 camas sin coste alguno para el erario, entre ellas las 20.000 de Veneguera. Y que fue esencial para salvar este enclave de Gran Canaria de los proyectos de construcción planteados, situación que fue luego completada con la Ley 6/2003, de 6 de marzo, que declaró el barranco de Veneguera como espacio natural protegido.

Posteriormente, en abril de 2003, se aprobarían la Ley 19/2003 de Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, por unanimidad del Parlamento. Entre sus objetivos se encuentra la necesidad de afrontar la cualificación desde la renovación de la planta alojativa y la modernización de las ciudades turísticas sin ocupar más territorio y privilegiando la calidad a la cantidad. Apostando por la diversificación de la oferta. Asimismo, la ley de las directrices incluía limitaciones cuantitativas al crecimiento alojativo y establecía criterios de calidad para ese crecimiento.

Cero euros en indemnizaciones a la moratoria 2001-2003

Esas normas fueron objeto de 14 reclamaciones judiciales. Tras los procedimientos ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y el Tribunal Supremo (TS), todas las sentencias definitivas dieron la razón al Gobierno canario de entonces. De los 866,6 millones de euros reclamados, se indemnizó exactamente con cero euros. Por tanto, Clavijo y sus voceros mienten cuando tratan de asociar sentencias condenatorias a la moratoria 2001-2003. No las hubo. Defendimos el interés general y, legítimamente, particulares que se consideraron afectados recurrieron a los tribunales. Pero ganamos todas las sentencias.

Por tanto, la falsedad de Clavijo es desmentida por las 14 sentencias ganadas en el TSJC y el TS y por los propios documentos oficiales del Gobierno de Canarias. Así ocurre en la Adenda a la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias del ejercicio 2025, firmada el 17 de julio de 2026. En ella se señala la previsión del pago por “sentencias relativas a la moratoria de construcción que estaban pendientes de reclasificación de suelo y fijación de indemnización, respecto al artículo 17.1 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo”. Como ven, nada que ver con la moratoria de 2001 y 2003.

Igualmente sucede con la respuesta oficial de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, fechada el 28 de abril de 2025, a la solicitud de nuestra diputada Esther González en torno a la responsabilidad patrimonial devenida por la aplicación de la Ley 6/2001 y de la Ley 19/2003, así como de la Ley 6/2009. Es tan clara como tajante: “En cuanto a las indemnizaciones que se refieren a las dos primeras leyes (Ley 6/2001 y Ley 19/2003), todas las sentencias fueron desestimatorias por lo que no hubo indemnizaciones por responsabilidad Patrimonial”. Señalando, por otra parte, que el Gobierno “trabajaba ”en la ejecución de las sentencias respecto “al 17.1 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo”. Ley que generó efectos indemnizatorios, no las otras.

500 millones por la moratoria de 2009

Por tanto, las “indemnizaciones”, que por lo que sabemos ya se han pagado, se deben al incumplimiento del artículo 17.1 de la precitada ley 6/2009, aprobada por los grupos parlamentarios de CC y PP en solitario. Desconocemos las razones por las que ese gobierno no contestó las solicitudes de algunos promotores inmobiliarios que se acogieron a ese artículo 17.1, inacción de la administración que da origen a sentencias favorables a estos en los tribunales

A partir de estas sentencias, el Gobierno ha llegado a una serie de Acuerdos extrajudiciales con 8 promotores dueños de las parcelas para pagarles una cantidad enorme de dinero, que puede estar en torno a los 500 millones de euros, aunque no lo sabemos con certeza, pues todo este proceso se ha realizado con total opacidad para la opinión pública.

Hay que recordar que las sentencias no plantean el importe de las indemnizaciones sino el cumplimiento del citado artículo 17.1 de desclasificación de las parcelas a rústico y negociar en su caso la indemnización a los promotores o, en su caso, optar la administración autonómica por la expropiación de dichas parcelas. La Adenda a la Cuenta General del ejercicio 2025 lo deja claro: “Las sentencias no condenaban a pagar, pero si a la aplicación del artículo 17.1, de cuya materialización se derivaría la correspondiente indemnización”.

Sin embargo, y con la información que hasta ahora tenemos, los Acuerdos extrajudiciales firmados por el Gobierno de Clavijo no parece que hayan defendido el interés general de la comunidad autónoma, sino que ha aceptado las peticiones de los promotores reclamantes.

Se puede calificar de “negocio redondo” para estos. Si un Acuerdo extrajudicial es una negociación entre los intereses de dos partes, el triunfo de los particulares es por goleada: se llevan en torno a 500 millones de dinero público, se quedan con las parcelas, que no son desclasificadas, y, asimismo, mantienen los derechos edificatorios de esos suelos. El problema, muy relevante, es que quien lo paga no son los miembros del Gobierno ni su presidente, es el conjunto de la sociedad canaria. Es a nuestra gente a la que se le van a detraer 500 millones de euros de las cuentas públicas de este año 2026 que bien vendrían para atender la sanidad, la educación o la dependencia, por solo hablar de estos servicios públicos fundamentales. Estos acuerdos no se pagan “con la pólvora del rey” sino con el dinero de todas y todos los canarios.

Y, además, el Gobierno lo ha hecho con un total oscurantismo y falta de transparencia y pretende darlo por cerrado. Desconocemos quién negoció, qué informes técnicos se utilizaron, qué cantidades reclamaba cada particular, qué valoraciones hizo la Administración y por qué se alcanzaron finalmente los acuerdos anunciados. Toda esta información ya la ha pedido el grupo parlamentario de Nueva Canarias y en cuanto la tengamos, si nos la dan, la haremos llegar a la opinión pública.

El presidente Clavijo falta a la verdad cuando dice que esta era la única solución posible a esas sentencias. Ya habrá tiempo de hablar de esto cuando tengamos toda la información. Además, en contra de todas las evidencias y testimonios de fuentes oficiales, sigue intentando achacar la responsabilidad de estas indemnizaciones a las leyes de moratoria de los años 2001 y 2003, no reconociendo que fue la ley 6/2009 la causante de este quebranto patrimonial para Canarias.

Nuevas limitaciones al crecimiento

Y, sobre todo, trata de trasladar a la opinión pública la idea de que no es posible moderar el crecimiento turístico, porque eso genera indemnizaciones y cuesta dinero. Aunque la historia demuestra lo contrario: las moratorias de 2001 y 2003 desclasificaron cientos de miles de camas (entre ellas las de Veneguera) y establecieron límites al crecimiento en los años siguientes sin que supusieran perjuicio alguno para las arcas públicas. 

Ahora, casi treinta años después, vuelve a haber un movimiento social amplio favorable a establecer límites al crecimiento turístico y de atenuar las consecuencias negativas del modelo: dificultades crecientes en el acceso a la vivienda, colapsos de tráfico, problemas de saneamiento, mayor consumo eléctrico y de agua, afectación negativa en el comercio tradicional y en la vida cotidiana de los barrios… Con una opinión pública cada vez más crítica con sus ‘efectos colaterales’.

Y, desde Nueva Canarias-Bloque Canarista, seguimos defendiendo que la respuesta está en una imprescindible modulación del crecimiento turístico, estableciendo una moratoria; así como impulsando otras medidas, como la implantación de una tasa turística a quienes nos visitan, como existe cada vez en más destinos en el mundo. Pero este Gobierno circula por otro lado: niega la tasa y apoya nuevos macroproyectos y un crecimiento de visitantes sin límite. Poniendo en peligro el territorio, el medio natural y la convivencia. Las arcas públicas. Y el propio futuro del turismo.

Antonio Narváez, el magistrado ponente del Tribunal Supremo que ha suspendido cautelarmente el derecho al voto de los españoles nacionalizados (lo que se conoce como ley de nietos) no se ha inhibido de participar en el lío político judicial a pesar de haberle dicho al líder de la oposición que deseaba que el PP ganara las elecciones y que Alberto Núñez Feijóo llegara a la presidencia del gobierno lo antes posible. 

Un juez que es capaz de mostrarse seguidor acérrimo y empedernido (casi hooligan) del presidente de un partido interesado en cargarse la ley de nietos no puede tomar la decisión de suspender cautelarmente las altas en el censo electoral de los españoles nacionalizados. Tiene que inhibirse y dar paso a otro juez que fuera imparcial. Si ya son españoles no se les puede privar de su derecho a votar sin que hayan sido condenados previamente a no ejercer su derecho volitivo. 

Un juez no solo tiene que ser imparcial sino que además debe parecerlo sin ninguna duda ni mácula. Lo peor de esta historia completamente surrealista es que hace unos años el propio Feijóo reclamó y exigió al Gobierno de España que los nietos de los españoles que emigraron fundamentalmente a América después de la guerra civil tuvieran derecho al voto en nuestro país. 

Primero Manuel Fraga y después Núñez Feijóo proclamaron esta exigencia a los cuatro vientos en los mítines electorales celebrados en la diáspora hispanoamericana. Lo que antes defendían hasta la extenuación hoy lo rechazan sin pudor ni solución de continuidad. Da toda la impresión de que ahora se oponen a la ley de nietos que tanto reclamaban y exigían solo por llevar la contraria al gobierno y tratar de perjudicarlo con vistas a las próximas elecciones del año que viene. Es inaudito y vergonzoso. 

El PP asevera que no está en contra de que voten los nietos de exiliados políticos que son en su mayoría republicanos progresistas. Precisamente son los potenciales votantes de la izquierda española. En cambio, la oposición española se opone a que voten los nietos de los emigrantes económicos o laborales, que en buena parte prosperaron y se enriquecieron en América y que votarían seguramente a la derecha conservadora por su condición de clase pudiente. 

La derechona española es tan estulta que quiere que voten los potenciales votantes de izquierda pero no los nietos de los que se fueron de España y montaron un negocio rentable y lucrativo que los hicieron ricos y conservadores. O sea, que están en contra de su potencial electorado en el extranjero mientras que están a favor del potencial electorado de la izquierda. Todo sea por fastidiar a Sánchez. De coña. 

Entre ático y ático y tiro porque me toca, el PP sigue obsesionado con Ceuta al mismo tiempo que rechaza junto a Vox el reparto de los niños migrantes entre sus comunidades autónomas, como dicta expresamente la ley. Pura hipocresía. Estos días los líderes de la derecha y ultraderecha españolas han puesto a parir a Marruecos por su supuesta actuación colaboradora en la entrada masiva de migrantes en España. 

Esta misma semana Marruecos firmó una alianza con Estados Unidos e Israel, dos de los países más queridos por la derechona española, que ha demostrado ser muy afín a Donald Trump y Benjamin Netanyahu. A ver cómo explican a sus simpatizantes y votantes que están proponiendo medidas tajantes contra Marruecos mientras que su rey firma tratados de alianzas con Israel y Estados Unidos. Son actores de una política extravagante y abstrusa.

El vicesecretario del PP y diputado Juan Bravo mostró esta semana en el Congreso de los Diputados una foto de un machete para ilustrar su perorata sobre la violencia armada que supuestamente existe en Ceuta por culpa de los migrantes. Este tramposo no dijo que ese machete pertenecía a una banda de atracadores formada por cuatro españoles ceutíes y un solo marroquí. La indecencia y la inmoralidad de esta gente ansiosa de poder no tiene límites.

Para rematar la pinocha, los patriotas de hojalata y los ultras del Real Madrid se han cabreado mucho con Mbappé, Vinícius y Konaté por su indisposición de llevar una camiseta de apoyo a Ceuta en los prolegómenos de su partido en Elche. 

Tras el falso y estridente escándalo, Mbappé se ha visto obligado a explicar su gesto. Siempre se ha mostrado en contra del racismo y de la ultraderecha. Evidentemente la crisis de Ceuta ha sido capitalizada por la extrema derecha y la derecha extrema, tal y como ocurrió en su día con la bandera española y el himno nacional. 

Mbappé no está en contra de los ceutíes, a los que apoya, pero no quiere priorizar el respaldo a Ceuta antes que el duelo por los 141 migrantes ahogados en la pequeña travesía. O el sufrimiento de los migrantes sin hogar. El sufrimiento es muy distinto en un bando o en otro. Mbappé tiene más razón que un santo ante las engañosas campañas de apoyo a Ceuta, que están siendo manipuladas por los sectores más ultras a los que les importa un rábano los ceutíes porque su leit motiv consiste en atacar a los migrantes pobres, pero nunca a los ricos. 

Afortunadamente, España es mucho más que estos impresentables ultras. Fueron los empresarios valencianos los que idearon esta campaña de apoyo a Ceuta inmersa en los partidos de fútbol. Curiosamente, el presidente de estos empresarios valencianos hizo negocios con una empresa marroquí a la que vendió buena parte de sus acciones. El hombre debía tener remordimientos. Por eso creó una campaña en la que mezcla la política con el deporte, que está terminantemente prohibido por los organismos oficiales. Si un jugador lleva una camiseta de apoyo a Palestina, lo sancionan con el pueril argumento de que es se está politizando el deporte, pero cuando los intereses políticos coinciden con el establishment los muy cretinos aplauden la injerencia en el fútbol o en cualquier otro deporte.

No me cabe la menor duda de que la tribu de Ayuso tratará despectivamente a los descendientes de españoles como los nietos de la fruta, incluidos sus votantes. sobre todo teniendo en cuenta que ella es la principal hija de la gran fruta de España.

Como socia fundadora de La Voz de los Adoptados, contemplo hoy con una mezcla amarga de desencanto y frustración la deriva de un proyecto que nació con una vocación claramente transformadora: la de fiscalizar el sistema, ser esa piedra en el zapato de las instituciones y defender sin tibiezas los derechos de nuestro colectivo. Pero tras casi diecisiete años de andadura, la verdad es que duele constatar lo que pudo haber sido y no es. Una asociación que debió liderar la vanguardia del activismo se encuentra anclada en el mismo punto de partida, desdibujada en un discurso inofensivo, acomodado y con ciertos rasgos happy flower. Esquiva los debates incómodos y las grietas estructurales de la adopción, dejando desamparadas a aquellas personas asociadas que ya no encuentran en ella ni representación ni representatividad real. En las batallas jurídicas y políticas de verdadero calado, allí donde nos jugamos la dignidad y la reparación, a La Voz de los Adoptados sencillamente ni se la ve ni se la espera.

Esta inacción resulta especialmente sangrante cuando comprobamos cómo la trinchera del activismo real tiene que seguir empujando a pulmón, muchas veces a título individual o desde redes más pequeñas e independientes, contra el muro de un marco legal abiertamente obsoleto. En España, el artículo 178 del Código Civil insiste en perpetuar esa premisa que durante décadas se juzgó inamovible: la ruptura absoluta con la familia de origen como requisito obligatorio para integrarse en la nueva. Un borrón y cuenta nueva en toda regla. Es un modelo sustitutivo que, aunque se pensó en su momento para proteger a niños y niñas, muestra unas costuras enormes cuando la persona alcanza la madurez y la realidad de sus orígenes o su identidad reclamada irrumpen con fuerza.

Ahí está el caso de Olmo Gómez Aldaz para recordarnos el alcance y la urgencia de esta revisión. Olmo ha conseguido un reconocimiento institucional inédito en nuestro país: la Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, sumada a la resolución del Instituto Gogora del Gobierno Vasco. El propio Estado ha certificado oficialmente que fue víctima de sustracción, separado e integrado en una adopción sin el consentimiento libre y legítimo de sus progenitores. Toda esta investigación, su testimonio y la trastienda de su combate jurídico han quedado plasmados en su libro DOGA 2025: La batalla por mi identidad y en su plataforma web (gomezaldaz.com), convertidos hoy en espacios indispensables de documentación y pedagogía pública. Y es que la paradoja es sangrante. A pesar de semejante respaldo estatal y de contar con sentencias firmes que determinan su filiación biológica manteniendo la convivencia de sus identidades, el ordenamiento civil ordinario lo atrapa en un laberinto infinito de rigideces cuando intenta anular la adopción o ajustar plenamente su estatus. Su pelea, y la queja colectiva ante el Defensor del Pueblo que ha venido después, deja al descubierto esa herida profunda que en el derecho filiativo llamamos desposesión identitaria: esa trampa legal que te fuerza a elegir entre la validez de tu adopción o el reconocimiento de tus orígenes, sin permitir una coexistencia armónica de ambas realidades.

Ahora bien, conviene aclararlo sin rodeos: exigir una revisión normativa no significa cargar a ciegas contra la institución de la adopción ni pedir que se revoquen adopciones de forma masiva. La vida está llena de matices. Como ocurre en multitud de vivencias individuales, muchas personas adoptadas no desean ni necesitan alterar su filiación, recuperar sus apellidos o mover un solo papel del registro. A veces, la búsqueda o el reconocimiento se reduce a algo tan íntimo como conservar el nombre de pila que te pusieron al nacer o, sencillamente, quedarse exactamente como están.

Es aquí donde la perspectiva feminista y el enfoque de derechos humanos nos dan la clave fundamental: el activismo por los derechos en la adopción no se mueve por el deseo o la necesidad individual, sino por una cuestión de solidaridad política para reparar el daño real infligido a otras personas por un sistema rígido.

Para comprender el sentido de esta queja al Defensor del Pueblo ayuda acudir a la analogía del matrimonio igualitario. Legislar y reconocer el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo no obligó a la población heterosexual a modificar sus matrimonios ni les impuso un modelo único a nadie. Lo que hizo esa norma garantista fue abrir un espacio de protección real para que quienes antes estaban en los márgenes pudiesen formalizar su vida con plenitud de derechos. Con esto pasa exactamente lo mismo. Exigir una reforma del Código Civil y de la Ley del Registro Civil que elimine la desposesión identitaria no va a obligar a ninguna persona adoptada a remover su pasado, sus apellidos o sus orígenes si no lo desea. Lo que consigue es construir una arquitectura legal flexible y justa. Una vía para que quien necesite reparar su historia, reescribir su filiación o hacer convivir sus identidades, pueda hacerlo con todo el respaldo y el itinerario que la ley exige.

Atajar las disfunciones de los artículos 178 y 180 del Código Civil ante el Defensor del Pueblo es una pura cuestión de justicia restaurativa. Se trata de pasar de un modelo de adopción monolítico a uno respetuoso con la diversidad de las vidas reales, alineado con los propios avances en memoria democrática. Para sumar apoyos en esta causa, cualquier persona interesada puede adherirse formalmente a la queja n.º 26097224 a través del portal institucional del Defensor del Pueblo. El activismo real no pide privilegios ni se pierde en discursos edulcorados; exige garantías para que cada persona adoptada sea, por fin, la única dueña de su propia historia.

Me preocupa que ya no podamos pensar en público, y no solo por el dicho consabido de que todas las opiniones deban resultar respetables. Hace tiempo que sabemos que la desinformación ha marcado una polarización y el desgaste de cualquier conversación común, hasta el punto de que muchas veces ya ni podemos estar seguros de lo que se discute. Pero acabaremos callándonos del todo, no porque hayamos dejado de pensar lo que pensamos, sino porque no podremos más con la violencia que provoca decirlo.

Leo que una amiga escribió en redes un mensaje crítico sobre un programa de televisión y recibió doscientos mensajes tremendos; algunos le deseaban directamente la muerte.

En el caso de una escritora desinvitada a una ponencia en Granada, el desacuerdo deja de formularse como argumento y llega convertido en amenaza y expulsión. La cultura deja de ser un espacio que debería admitir la contradicción, el matiz y, claramente, la incomodidad que supone desenredar lo que no entendemos de nuestros propios prejuicios y pensar qué hay en el argumento del otro que pueda tener algún sentido.

¿Se puede estar frontalmente contra un gobierno y defender un boicot político o institucional a un país y, al mismo tiempo, preguntarse si una escritora que rechaza el boicot cultural debe quedar fuera de una conversación literaria por pensar así? ¿Una cosa invalida necesariamente la otra? Hace mucho que las burbujas solo nos enseñan, mayoritariamente, lo que está cerca de nuestro propio pensamiento. Y empieza a resultar muy difícil saber qué ocurre cuando en esa misma burbuja no encontramos discusión, sino una avalancha de insultos, o cuando un lugar creado precisamente para la conversación decide que determinadas posiciones no deben llegar a formularse.

Si dejamos de discutir qué dice alguien y empezamos a decidir si tiene derecho a decirlo, estableceremos de antemano cuáles pueden comparecer en el espacio público. Y, obviamente, todos sabemos que un espacio público en el que solo se puede hablar después de haber demostrado que se piensa como dicta la ortodoxia deja de ser un espacio de pensamiento.

La oposición ciudadana, política y de diversos colectivos sociales frente a la designación de Las Palmas de Gran Canaria como sede del Mundial 2030 y la consecuente remodelación del Estadio de Gran Canaria se fundamenta en sólidos argumentos económicos, sociales y de gestión. Las principales razones para rechazar este proyecto se sustentan en cuatro pilares fundamentales: 

1. Despilfarro de dinero público y prioridades sociales invertidas 

Inicialmente, el proyecto La Nube se presupuestó en 174,7 millones de euros. Tras quedar desierto el primer concurso público porque ninguna constructora quiso asumir los riesgos logísticos y financieros, las administraciones se vieron obligadas a elevar el presupuesto base un 34%, alcanzando los 234,8 millones de euros actuales a los que ya concurren tres empresas. Esta multimillonaria inyección de dinero institucional contrasta con las históricas listas de espera del Servicio Canario de la Salud, la falta de plazas en residencias públicas para mayores y el déficit de infraestructuras educativas bioclimáticas en el archipiélago. Para el residente local, la cara oculta del macroevento augura, además, una aceleración de la crisis habitacional y una escalada generalizada en el coste de la vida. 

2. Infraestructuras sobredimensionadas y el patrón de los sobrecostes 

La ampliación elevará el aforo del estadio de las 32.400 localidades actuales a más de 44.000 espectadores. Esta capacidad máxima solo se aprovechará durante el puñado de partidos de la cita mundialista, dejando después un recinto multiusos idóneo para conciertos, pero crónicamente sobredimensionado y costoso de mantener. 

Existe un riesgo real de no llegar a tiempo debido a la improvisación, la falta de planificación y la envergadura de la obra. Las grandes infraestructuras en Canarias tienden a sufrir sobrecostes sistemáticos, retrasos crónicos o paralizaciones por la burocracia, los imprevistos geológicos o la contestación judicial. Los ejemplos históricos son claros: la Metroguagua pasó de 100 millones de euros a casi el doble y está retrasada hasta 2028, obligando al Ayuntamiento a devolver 13 millones en subvenciones más 3 millones en intereses de demora. El salto de Chira se encareció de 409 a 598 millones por el incremento de materias primas y la conflictividad ambiental. La carretera de La Aldea pasó de 153 a 181 millones con vencimiento en 2027. En el soterramiento de Belén María, el mal estado del terreno ha alargado los plazos indefinidamente, castigando el tráfico de la Avenida Marítima, mientras que la remodelación del barranco de Guiniguada se encuentra en los tribunales por la exigencia vecinal de su suspensión. 

3. El ejemplo de las ciudades que han dado un paso atrás 

A diferencia de Gran Canaria, varias capitales de provincia han renunciado formalmente a ser sedes del Mundial porque las exigencias financieras de la FIFA hipotecaban sus presupuestos locales. Málaga se retiró al confirmar que las obras superarían los 250 millones de euros, sumado al problema logístico de dejar al Málaga C.F. sin estadio varias temporadas. La alcaldesa de Gijón rechazó firmar el cuaderno de cargas de 150 millones declarando tajantemente que “lo que la FIFA  

quiere no se puede comprar“ y que aceptar esas condiciones supondría ”hipotecar la ciudad para casi toda la vida“. A Coruña descartó su candidatura tras valorar que la ampliación obligatoria costaría unos 100 millones de euros, optando por una reforma propia e independiente con apoyo privado para evitar la masificación y la gentrificación urbana. Asimismo, en Donostia-San Sebastián las instituciones manifiestan serias dudas por el caos de movilidad y el coste público, mientras plataformas vecinales han remitido una carta abierta a la FIFA para exigir que el Mundial no se celebre en su ciudad. 

4. Contradicción geopolítica e imposiciones de la FIFA 

Para amplios sectores de las islas, que España organice el torneo de la mano de Marruecos resulta sumamente polémico al utilizarse como herramienta de blanqueamiento geopolítico para un régimen que mantiene un pulso constante con los intereses de Canarias. Rabat sigue adelante con su estrategia de hechos consumados en el Sáhara Occidental mediante macroproyectos civiles y planes de rearme militar —incluyendo la intención de desplegar submarinos— en zonas muy próximas a las islas, utilizando recurrentemente la presión migratoria en las fronteras como moneda de cambio político.

La tensión de la candidatura conjunta ya es visible a nivel deportivo: el Gobierno marroquí da por hecho que la final debe jugarse en su futuro Estadio Rey Hassan II de 115.000 espectadores, forzando una agresividad diplomática que ha obligado a la FIFA a desmentir la asignación. De hecho, el diario The Times desveló que el controvertido presidente de la FIFA, Gianni Infantino, supuestamente ofreció a las autoridades marroquíes el derecho a albergar la gran final a cambio de una declaración de apoyo de su federación de fútbol. 

Conclusión: Un peaje excesivo para los canarios 

Aunque el nuevo formato reúne a un volumen masivo de selecciones, Gran Canaria solo albergaría entre 3 y 4 encuentros de la fase de grupos, con una alta probabilidad de recibir partidos entre selecciones de menor cartel futbolístico cobrados a precio de oro. 

El argumento de que el Mundial 2030 es un «premio» para la afición canaria se desmorona ante un peaje económico desproporcionado. Asistir a un solo encuentro costará más que un abono de temporada entero de la UD Las Palmas en La Liga regular. Si sumamos los parkings especiales regulados y la comida a precio de aeropuerto debido al monopolio comercial de la FIFA, la experiencia se convierte en una trampa para nuestros bolsillos. En una comunidad autónoma con salarios estructuralmente bajos y altas tasas de pobreza, la televisión se posiciona como la única alternativa sensata: un formato gratuito en abierto protegido por ley que salvaguarda la economía familiar sin arrodillarse ante las élites globales.

Llevamos demasiado tiempo hablando del conflicto entre residentes, propietarios y actividad turística en las llamadas “zonas turísticas” de Canarias. Y digo “zonas turísticas” entre comillas de manera deliberada, porque Gran Canaria es una isla turística, pero también es una isla para vivir.

Este es un problema complejo y los problemas complejos no se solucionan con recetas mágicas. Durante demasiado tiempo hemos escuchado respuestas aparentemente sencillas, e incluso posiciones que cambian dependiendo de dónde se pronuncien: una cosa en un municipio, otra en otra institución y otra cuando toca legislar. Creo que debemos huir de eso.

Necesitamos una solución seria, jurídicamente sólida y, sobre todo, pensada para durar. Y mi punto de partida es muy claro: primero, el derecho del propietario. Quien compró legalmente una propiedad debe poder decidir sobre ella dentro de unas reglas claras. Y si las reglas actuales no responden a la realidad social que vivimos, nuestra obligación como responsables públicos no es escondernos detrás de ellas. Es cambiarlas.

Legislar para que la gente pueda vivir en su propiedad

Aquí quiero ser especialmente claro. No me conformo con decir que un propietario podrá vivir en su inmueble únicamente allí donde hoy esté reconocido el uso residencial. Creo que precisamente debemos abordar ese problema.

Tenemos que legislar para que una persona pueda vivir en una propiedad adquirida legalmente cuando ese inmueble reúna las condiciones objetivas exigibles para ser habitado. Naturalmente, con requisitos: seguridad, salubridad, habitabilidad, reglas de convivencia y todas las garantías que establezca la ley.

Pero no podemos dar la espalda a la realidad. Canarias atraviesa un gravísimo problema de acceso a la vivienda y, en el sur de Gran Canaria, lo conocen especialmente bien miles de trabajadores y sus familias. En ese contexto debemos hacernos una pregunta bastante sencilla: ¿qué sentido tiene sacar a una persona de una vivienda perfectamente habitable cuando las propias administraciones no hemos sido capaces de ofrecer alternativas residenciales asequibles y reales?

Hablamos de personas que trabajan en nuestros hoteles, restaurantes, comercios, servicios públicos y empresas vinculadas directa o indirectamente al turismo. Personas que hacen posible cada día el funcionamiento de nuestro principal sector económico. No parece razonable decirles que son imprescindibles para trabajar en una “zona turística”, pero que no pueden vivir en ella simplemente porque una clasificación concebida hace décadas lo impide, incluso cuando el inmueble reúne todas las condiciones necesarias. Creo que eso merece ser revisado.

Una isla turística también tiene que ser una isla habitable

Defiendo el turismo. Lo he hecho durante años desde responsabilidades públicas y lo seguiré haciendo. Son conceptos compatibles por lógica. Es nuestro principal motor económico y debemos garantizar que siga siendo competitivo, moderno y de calidad. Lo que un consejero busca y persigue es la armonio del destino. Armonía entre todas las partes para que los implicados puedan realizar su plan de vida, satisfechos en sus deberes y obligaciones. 

Pero precisamente por eso debemos recordar para qué sirve la economía: el turismo debe generar riqueza para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. No tendría sentido que el éxito turístico terminara dificultando que las personas que sostienen esa actividad puedan encontrar un lugar donde vivir.

Por eso tampoco comparto la idea de presentar al residente como una amenaza para el turismo. La calidad turística no depende de expulsar residentes. Depende de tener buenos establecimientos, buenas instalaciones, limpieza, seguridad, servicios, renovación, profesionalidad y estándares de calidad exigentes. Ese debe ser nuestro debate.

Lo importante son los estándares de calidad

Si una empresa explotadora garantiza esos estándares, perfecto. Las buenas empresas turísticas son necesarias y deben tener seguridad para desarrollar su actividad. Pero si un propietario individual puede explotar turísticamente su inmueble cumpliendo exactamente los requisitos que establece la legislación, creo que también debemos estudiar esa posibilidad.

Lo importante debe ser cómo se presta el servicio y qué calidad recibe quien nos visita. Una regulación turística moderna debe controlar resultados, estándares, conservación, seguridad y calidad; no proteger modelos de negocio concretos por encima del derecho legítimo de propiedad.

El propietario decide sobre su propiedad

Ese principio debe quedar perfectamente establecido. Un propietario puede querer vivir en su inmueble, ponerlo en explotación turística, incorporarlo voluntariamente a una empresa explotadora o desarrollar individualmente una actividad turística si la legislación lo permite y cumple los requisitos establecidos. Además, considero que es injusto aplicar leyes restrictivas modernas sobre propiedades adquiridas de forma totalmente legítima y libre en el pasado.

Nuestra obligación debe ser construir un marco jurídico que permita ordenar esas posibilidades, no imponer que una propiedad privada quede necesariamente vinculada a los intereses económicos de un tercero. Por eso creo que también tenemos que revisar el principio de unidad de explotación. No para destruirlo, sino para actualizarlo.

La unidad de explotación debe servir para garantizar profesionalidad y calidad, no para otorgar a una empresa derechos sobre propiedades cuyos titulares no han decidido participar en ese negocio.

Y las comunidades deben tener mucho más que decir

El segundo gran principio tiene que ser reforzar el papel de las comunidades de propietarios. Porque dentro de un complejo existen propiedades individuales, pero también existe patrimonio común: piscinas, jardines, recepciones, accesos, instalaciones y servicios. Y las decisiones sobre aquello que pertenece a todos no pueden adoptarse al margen de quienes son sus propietarios.

Por eso mi posición es sencilla: el propietario debe decidir sobre su propiedad y la comunidad debe tener capacidad real para decidir sobre lo común. Habrá que establecer las mayorías, los procedimientos, los límites y su encaje jurídico, pero creo que ese debe ser uno de los principios sobre los que construyamos una nueva regulación.

Ni residencializarlo todo ni mantener una ficción

Tampoco propongo convertir toda la planta turística en residencial. Sería irresponsable. Gran Canaria necesita preservar su capacidad alojativa y mantener una industria turística fuerte.

Pero tampoco podemos mantener ficciones jurídicas cuando la realidad ha cambiado. Hay complejos turísticos, residenciales y mixtos. Y existen miles de personas que viven desde hace años en inmuebles situados en las denominadas “zonas turísticas”. La política tiene dos posibilidades ante esa realidad: ignorarla o regularla. Yo prefiero regularla.

Una solución que no enfrente a nadie

No debemos plantear este debate como residentes contra empresarios ni propietarios contra explotadores. Aquí debe haber espacio para todos: para el propietario, para la comunidad, para quien legítimamente quiere explotar turísticamente y para las empresas que desarrollan correctamente su actividad.

Lo que necesitamos son reglas claras, seguridad jurídica, estándares de calidad y una legislación adaptada a la Canarias actual. Sin soluciones mágicas. Sin posiciones diferentes dependiendo de la institución en la que uno se encuentre. Y sin convertir en culpables del problema a quienes simplemente han comprado o viven legalmente en una propiedad.

También hay que reconocer a quienes llevan años dando la batalla

Quiero hacer también un reconocimiento expreso a todas las personas afectadas que, de forma individual o a través de distintas plataformas, llevan años defendiendo sus derechos, estudiando la normativa, organizándose y haciendo visible una realidad que durante demasiado tiempo no siempre ha recibido la atención que merecía. Su trabajo ha sido imprescindible.

La política debe aprender de ese esfuerzo. No podemos acercarnos a estos colectivos únicamente cuando conviene escucharlos y después olvidarnos del problema cuando cambia el momento político. Una cuestión de esta magnitud exige continuidad, coherencia y compromiso.

Las personas afectadas han conseguido hacerse oír por mérito propio. Han mantenido vivo el debate y han obligado a las instituciones a mirar de frente una realidad que existe. Mi intención no es sustituir ese trabajo ni apropiarme de él. Es sumar: escuchar, ayudar desde la responsabilidad política que me corresponda y dar fuerza institucional a unas reivindicaciones que merecen una respuesta clara y duradera.

Por eso quiero que sepan que, en ese camino, cuentan conmigo. No para decirles lo que tienen que defender, sino para acompañar, trabajar y contribuir a que todo ese esfuerzo termine convirtiéndose en soluciones.

Mi posición parte de algo muy sencillo: primero, respetar el derecho del propietario. Después, construir una regulación que permita ordenar todas las demás realidades.

Porque Gran Canaria necesita turismo, pero también necesita vivienda. Necesita empresas, pero también necesita residentes. Y, especialmente, necesita que las personas que trabajan y hacen posible cada día nuestro éxito turístico puedan desarrollar aquí también su proyecto de vida.

Una Gran Canaria turística debe ser también una Gran Canaria habitable. Ese equilibrio no solo es posible. Creo que es imprescindible.

Leemos en los medios de comunicación que el precio del diésel nos va a dar este invierno fuertes dolores de cabeza. Las razones del este incremento son diversas, pero son esencialmente fruto de una concatenación de factores que empieza en los ataques ucranianos a las refinerías rusas, sigue con una reducción progresiva de hasta un 20% de la capacidad industrial de refino europea (35 refinerías desmanteladas desde 2009) y lo remata los diversos conflictos en Oriente Medio, especialmente el desatado entre Irán y los Estados Unidos. 

El diésel mueve a la mayoría de los camiones de mercancías en nuestras autopistas, el transporte público, la maquinaria agrícola y la industria pesada. Si nos encontramos ante un mercado mundial en el que hay una media diaria de cuatro millones de barriles de diésel menos que hace unos años, ahí podremos entender que este combustible esté hoy en precios récord por todo el mundo y que acumule noticias y portadas de cualquier medio de comunicación preocupado por la economía global. Su encarecimiento asusta, en la medida en que actúa como un nuevo impuesto devastador para el mundo. 

Además del precio, la consiguiente escasez se ve condicionada por esta vulnerable geografía mundial que actúa como un condicionante fundamental para nuestras vidas, para nuestro día a día, para el coste de buena parte de lo que consumimos o lo que impulsa nuestros vehículos. 

Ya les hablé en artículos anteriores sobre el Estrecho de Ormuz, esa fina franja marítima ubicada entre Irán y la península Arábiga, el espacio por donde habitualmente circula una quinta parte del petróleo y el gas del mundo (21,6 millones de barriles al día), y que ahora, tras los ataques estadounidenses y la respuesta iraní, ha visto caer su flujo a apenas 4,9 millones de barriles. Por Ormuz logran pasar ahora una decena de buques. Arabia Saudí intentó encontrar un camino alternativo para su petróleo transportando crudo hacia el Mar Rojo por un oleoducto que ya ha sido atacado por los iraníes y su uso suspendido preventivamente. 

El constreñimiento de Ormuz trasladó de inmediato toda la tensión a otro Estrecho ubicado más hacia el sur, el de Bab el-Mandeb. Es el estrecho por el que pasan las mercancías que se dirigen al Canal de Suez, el paso de la economía global entre Asia y Europa. Bab el-Mandeb es un paso de apenas 32 kilómetros por el que hasta ahora ha circulado cerca del 15% de la economía mundial (el 22% del tráfico de contenedores) y entre 7 y 9 millones de barriles de petróleo al día. 

Irán también se ha ocupado ahí de presionar a través de las milicias hutíes, logrando avances que obviamente han cuestionado todas y cada una de las declaraciones en las que el presidente norteamericano, Donald Trump, dice haber solucionado los problemas de Oriente Medio. La captura por parte de los hutíes de la ciudad portuaria de Moca (la que da nombre al café) y de la isla de Perim, en el centro del estrecho, les han otorgado la llave del segundo cuello de botella marítimo clave en la región: Irán tiene el control visual y domina una isla desde la que puede disparar a cualquier buque de mercancías. 

La consecuencia la vemos y empezamos a sufrir todos. Sin seguridad en Bab el-Mandeb, ya no existe atajo entre Asia y Europa: los buques se ven obligados a circunnavegar África por el Cabo de Buena Esperanza (Sudáfrica), lo que añade hasta 20 días adicionales de viaje (y el consiguiente consumo de combustible, los costes de los fletes y las primas de los seguros). Suez ya ha visto una reducción en pocos días de hasta un 70%, y el país que lo controla, Egipto, ha perdido ya más de 7.000 millones de dólares. 

De ahí que estemos asistiendo a una transformación geoestratégica profunda en el mundo. La crueldad con la que se desarrolla esta nueva geopolítica global de los estrechos es ya citada por analistas y expertos como un nuevo nacionalismo marítimo: las reglas internacionales establecidas por Naciones Unidas están siendo reemplazadas por el chantaje y la imposición de peajes en los puntos de estrangulamiento del planeta. Los Estrechos y el control de las rutas marítimas son los nuevos tesoros. Se han erigido en instrumentos de chantaje.  

De esta lección global con lo que está ocurriendo en Ormuz y Bab el-Mandeb, España (y también Europa) deben ser capaces de entender la moraleja. Quien domina los estrechos ostenta una herramienta de poder inmensa, una importantísima influencia geopolítica. 

¿Empezamos, pues, a entender lo que nos jugamos en Ceuta y Melilla? ¿Tenemos claro qué es el Estrecho de Gibraltar? Es la puerta entre el Atlántico y el Mediterráneo, el nexo fundamental entre Europa y África. Fundamental para España, trascendental para Europa. 

De ahí a que haya tantas voces afirmando ya que la de Ceuta no es tanto una crisis migratoria sino el aviso de que esto no es más que un asalto del pulso geopolítico que nos viene. Porque la seguridad de Ceuta, Melilla y el Estrecho de Gibraltar forman parte del mismo esquema de disputa global por el que vimos primero estallar la pelea por Ormuz y después por Bab el-Mandeb. Es importante que la ciudadanía entienda cómo se conectan las piezas del tablero.  

Una pista de que nuestro Gobierno está entendiendo lo que tenemos en juego la dio ayer el presidente Pedro Sánchez, que junto a la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica Sara Aagesen y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, asistieron a la presentación del inicio de los trabajos de la primera fase del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, el llamado Proyecto Onuba, que con 1.000 millones de euros de inversión por parte de la empresa Moeve (la Cepsa de toda la vida) será capaz de producir 45.000 toneladas de hidrógeno renovable con una planta de 300 megavatios. 

Los discursos de presentación del proyecto dieron la clave de qué está haciendo España apostando por el nuevo vector energético, el hidrógeno verde, del que tantas veces les he hablado en diversos artículos. 

“España y Europa han dependido demasiado de la energía que producían otros. Cada guerra nos recuerda el enorme precio que pagamos por ello”, dijo el presidente Sánchez, que añadió que “no podemos dejar nuestro suministro a merced de guerras injustificadas ni pagar los platos rotos de quienes convierten la energía en una pieza más de sus juegos de poder”. Blanco y en botella. 

Moreno Bonilla, por su parte, celebró la “oportunidad extraordinaria” que supone convertir España “en la gran factoría de producción y exportación de hidrógeno renovable” de Europa. El objetivo es que la planta en la que se empieza a trabajar entre en operación en 2029, y a medio plazo Moeve promete invertir 5.000 millones para acabar produciendo 300.000 toneladas, la mitad del objetivo nacional que se ha propuesto el Gobierno. 

¿Y dónde se ubica exactamente la gigantesca apuesta española por el hidrógeno verde? Pues en Huelva, a las puertas del Estrecho de Gibraltar, la ubicación perfecta para el transporte marítimo desde y hacia el Atlántico y con acceso a todo el Mediterráneo para conectar con los países europeos y del norte de África. 

Insisto, en un momento en el que empezamos a sufrir las consecuencias que tendrá el auge del precio del diésel y en el que estas nuevas guerras por los estrechos nos anticipan un futuro complejo para el suministro energético, es fundamental que como ciudadanos entendamos qué está pasando. 

Que más allá de la polarización política en nuestro país, la partida geopolítica está en marcha y que los que juegan más fuerte ya miran hacia el Estrecho de Gibraltar y lo hacen sin respetar el derecho internacional, sin importarle la vida de miles de migrantes que buscan una vida mejor y hasta aprovechando el enfado que nos produce que cada vez salga más caro llenar el depósito de nuestro vehículo. 

¿Se acuerdan de las ratas?

Durante unos días ocuparon titulares, tertulias, redes sociales y declaraciones políticas. Se convirtieron en el símbolo de una polémica que llevó a Canarias a las portadas nacionales e internacionales.

Y quizá convenga volver atrás.

No para hablar de ratas. Para hablar de miedo y de memoria.

Porque hubo un momento en el que desde Canarias se lanzaron mensajes que hicieron que muchos ciudadanos miráramos aquel barco de otra manera. Un barco que, de repente, parecía representar una amenaza para nuestras costas, nuestra población y nuestra seguridad.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, fue uno de los principales protagonistas de aquella posición.

Y tenía derecho a estar preocupado. Por supuesto que sí. Un presidente tiene la obligación de preocuparse por la seguridad de sus ciudadanos, pero también tiene una responsabilidad extraordinariamente importante: medir sus palabras, porque cuando un ciudadano expresa miedo, expresa miedo. Cuando lo hace el presidente de una comunidad autónoma, sus palabras pueden convertirse en alarma.

Y ahí está, a mi juicio, el verdadero problema.

Durante aquellos días se habló de ratas que podían llegar a la costa y de riesgos que terminaron siendo descartados por los informes sanitarios. El Gobierno de España llegó incluso a ordenar la acogida del buque en Granadilla después de la oposición de Clavijo al fondeo.

El miedo encontró un altavoz institucional.

¿Cuántos tuvimos miedo? ¿Cuántos miramos aquel barco de otra manera? ¿Cuántos pensamos que estábamos ante una amenaza mayor de la que finalmente fue?

Y, sobre todo, ¿cuántos dejamos que aquel miedo cambiara nuestra manera de mirar a quienes viajaban en él?

Porque detrás de aquel barco había personas de 23 nacionalidades que no habían elegido enfermar ni convertirse en protagonistas involuntarias de una batalla política.

Conviene decirlo con claridad: el brote fue real y fue grave. La OMS registró 13 casos y tres fallecimientos. Precisamente por eso la respuesta debía estar en manos de quienes saben de salud pública.

España activó los protocolos. Las autoridades sanitarias coordinaron el operativo. Se realizó el seguimiento de pasajeros y contactos. La crisis fue gestionada.

Pero hay algo que me parece todavía más importante: después, la Organización Mundial de la Salud reconoció esa respuesta.

Su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacó la profesionalidad y serenidad de los sanitarios, la coordinación de las autoridades españolas y la solidaridad de la población canaria. También calificó la decisión española de acoger el barco como un acto de solidaridad y deber moral.

Eso también fue Canarias.

Mientras la polémica llenaba titulares, hubo profesionales trabajando en silencio, instituciones coordinándose y ciudadanos demostrando solidaridad.

Y eso debería formar parte de nuestra memoria, porque quizá una de las cosas más inquietantes del miedo político es su capacidad para instalarse rápidamente y desaparecer después.

Primero llega la alarma. Después otra noticia. Y aquello que dijimos desaparece. Pero las palabras no desaparecen tan fácilmente para quien las escuchó cuando tenía miedo.

Por eso debemos recordar. No para alimentar nuevamente la alarma, sino para comparar, preguntarnos qué ocurrió realmente y aprender.

Y aquí aparece una pregunta incómoda: ¿Quién pidió perdón?

El 12 de mayo, el ministro Ángel Víctor Torres pidió públicamente a Fernando Clavijo que reconociera sus errores y se disculpara por sus acusaciones. Pero, hasta donde consta públicamente, aquella disculpa no llegó.

No creo que un político tenga que acertar siempre. Los políticos son seres humanos y también se equivocan. Lo que sí deberíamos exigirles es algo mucho más sencillo: que sepan reconocerlo.

Pedir perdón no debilita a un político. Lo engrandece. Reconocer un error no es perder autoridad. Es demostrar que se tiene.

Fernando Clavijo es el presidente de todos los canarios: de quienes le votaron y de quienes no; de quienes estuvieron de acuerdo con sus palabras y de quienes las cuestionaron. Y precisamente por eso sus palabras tienen un peso que va mucho más allá de una declaración política.

Mientras escribo estas líneas, Ceuta vuelve a ocupar los titulares. Un informe policial conocido estos días apunta a que la entrada masiva de migrantes de finales de julio fue planificada y señala una actuación permisiva e incluso un posible guiado por parte de agentes marroquíes. Pero la propia información conocida hasta ahora no permite convertir todas esas conclusiones en una verdad definitiva ni atribuir la operación al Gobierno de Marruecos como Estado. La investigación judicial sigue abierta y existen también discrepancias sobre qué información previa recibió el Ejecutivo.

Y ahí está la lección.

Cuidado con lo que escuchamos. Cuidado con lo que compartimos. Cuidado con lo que damos por cierto simplemente porque lo repiten muchas veces.

Porque entre una información, una interpretación y una verdad existe una distancia que, cuando hay miedo, podemos recorrer demasiado deprisa.

Lo vimos con las ratas.

Y quizá volvamos a verlo mañana con otra historia, con otro barco, con otra frontera o con otro miedo.

Canarias debería recordar su propia historia. Sabemos lo que significa marcharse, hacer una maleta, cruzar un océano y llegar a un lugar donde nadie te conoce.

Durante generaciones, miles de canarios emigraron a Venezuela, Cuba, Argentina, Uruguay, México y tantos otros lugares. Muchos de nuestros abuelos y bisabuelos fueron los extranjeros: los que llegaron desde fuera, tuvieron que empezar de nuevo y necesitaron que alguien les abriera una puerta.

Por eso las fronteras pueden separar territorios, pero no deberían separar dignidades.

Proteger a nuestra población es una obligación. Proteger no significa deshumanizar. Tener miedo no nos da permiso para convertir al otro en una amenaza antes de conocerlo. Por eso, cuando pienso hoy en aquellas ratas, no pienso solamente en los roedores.

Pienso en la facilidad con la que una crisis puede convertir a personas en titulares. En la facilidad con la que el miedo puede convertirse en una herramienta política.

¿Qué sentimos aquel día? ¿Qué creímos? ¿Qué dijimos? ¿Qué compartimos? ¿Cuánto tardamos en olvidar?

Las emergencias sanitarias deben gestionarlas los sanitarios. Las decisiones deben tomarse con ciencia. Los gobiernos deben coordinarse. Y los políticos deberían pensar dos veces antes de convertir una emergencia en una batalla política.

Porque el miedo es demasiado poderoso para utilizarlo alegremente. Y una sociedad asustada es una sociedad vulnerable.

Hoy las ratas ya no ocupan nuestros titulares. El barco se fue. El brote terminó. Los pasajeros siguieron sus vidas. Nosotros seguimos con las nuestras.

Pero yo no quiero olvidar.

No quiero olvidar el miedo que se generó. No quiero olvidar las palabras que escuchamos. No quiero olvidar que hubo una respuesta sanitaria reconocida por la Organización Mundial de la Salud.

Y tampoco quiero olvidar que, cuando un político se equivoca, existe una palabra que debería formar parte de su vocabulario tanto como “responsabilidad”: perdón

Porque las ratas se fueron. El barco también. Los titulares cambiaron.

Pero la memoria debería quedarse.

Y la próxima vez que el miedo vuelva a llamar a nuestra puerta, quizá deberíamos recordar aquella historia antes de abrirle.

Porque un presidente puede equivocarse. Lo que no debería hacer nunca es pedirle a su pueblo que olvide que tuvo miedo.

He estado durante años escuchando a líderes y a alguna lideresa de ATI/Coalición Canaria clamar que el abandono “del Estado” acabaría convirtiendo a Canarias en una nueva Lesbos o en una Lampedusa 2, invadida por los migrantes llegados en pateras y cayucos.

Viví en 2006, a propósito de una “invasión”, la convocatoria de una manifestación de rechazo -jaleada, cómo no, por los editoriales de El Día- en Santa Cruz. Detrás de la convocatoria estaba visiblemente un asesor en nómina del entonces alcalde de la capital tinerfeña. Tenía nombre de Evangelista, pero no se llamaba Marcos, ni Lucas, ni Juan. Fue un completo fracaso.

He leído cómo Clavijo, líder entre los líderes, el mismo que anunció que Canarias sería la Dubai del siglo XXI, esclavitud incluida, of course, ha promovido reuniones de alto nivel con autoridades y empresarios marroquíes, llegando lamentablemente a involucrar hasta a las universidades canarias.

Han tratado y acordado sobre asuntos y proyectos, alguno de los cuales se desarrollarían en territorios del Sahara pendientes de descolonización, por ejemplo en materia portuaria, contraviniendo la legalidad internacional (artículo 73 de la Carta de NU). La misma legalidad que ha invocado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para anular el Convenio de Pesca entre la UE y Marruecos, porque afecta a recursos naturales del Sahara y ese tipo de acuerdos requieren el consentimiento de los representantes del pueblo saharahui, que para la ONU es el Frente Polisario.

Y, lo que me faltaba, su diputada al Congreso ha exigido al Gobierno que no “colabore con una dictadura”, la monarquía alauíta, casi al unísono que el susodicho líder entre los líderes sentenciaba que “la derecha, la ultraderecha y la izquierda” manipulan políticamente la migración. 

¡Ah!, me olvidaba que ATI-Coalición Canaria -la mismita que defiende a capa y espada en monumento dedicado Franco-Ángel Salvador de Santa Cruz, ahora ya ante los tribunales huérfana de argumentos relacionados con sus valores artísticos o de cualquier clase- no es ni de derechas ni de ultraderecha ni de izquierdas. Son simplemente criollos y, como todos los criollismos, tapadera de intereses económicos perfectamente visibles en todo lo que promueven. Y, por cierto, también en lo que no promueven, como el fortalecimiento de la sanidad pública, para dejarle más campo libre a quien(es) todos sabemos.

Decía John Lynch en Las revoluciones hispanoamericanas, que el criollismo pasó de ser “realista” a ser independentista, en el último momento, porque “no representaban a la Nación, sino (que eran) un grupo dirigente” y que “para ellos la independencia significaba el control de la política y de la clientela”. ¿Les suena?

Es una falta de respeto diaria a la inteligencia de los canarios que sólo se pueden permitir por el control omnímodo que ejercen sobre la inmensa mayoría de los medios de información del Archipiélago. Iba a decir que ¡hasta de la Cadena Ser!, pero no me atrevo.Y no digamos sobre los de titularidad atinómica, que diría Juan Fernando, perdón autonómica.

Ya sólo les falta sumarse al bulo de que Marruecos tiene chantajeado a Sánchez, después de haberle espiado a través del programa Pegasus, de patente israelí.

No sé si tendrán material para chantajearle, después de ese espionaje ilegal. Yo concedí, como tantas personas, mi voto y mi representación a Sánchez. Y, en consecuencia, tiene mi confianza.

Lo que sí pienso, cada vez que oigo manejar ese “argumento” es que si Marruecos tuviera o tuviese esa información, también la tendrían sus amos y protectores: Trump y Netanyahu.Y si Sánchez estuviera actuando o dejando de actuar por “acongojamiento” (ya saben) en relación a los graves acontecimiento de Ceuta, con mayor razón habría dejado de plantarle cara a Trump en asuntos como el de su exigencia de que la UE suba hasta el 5% los gastos en defensa para dedicarlos a comprar armamento a las empresas norteamericanas, o en relación al genocidio de Gaza perpetrado por el gobierno israelí o respecto a la guerra contra Irán, prohibiendo el uso de las bases en España para buques y aeronaves destronarían Irán. ¿O es que cada uno de estos asuntos no tiene una trascendencia estratégica para ese dúo siniestro infinitamente mayor que los acontecimientos de Ceuta?

El líder que no es de derechas ni de izquierdas, sino canario, se habrá puesto a pensar en algún momento de su trascendental agenda qué nos ocurriría en Canarias si Marruecos levantara la cortinas y diera vía libre, o promoviera o promoviese una flota de pateras y cayucos hacia las costas canarias.

Seguramente no habrá tenido ni un segundo, ni cabeza, para imaginárselo.

Por eso Sánchez, y cualquier otro estadista, tiene que seguir las enseñanzas impartidas desde tiempos de Maquiavelo y actuar con prudencia y con realismo político cuando ha de vérselas con un régimen como el marroquí que es vecino indisociable, con el que habrá que seguir coexistiendo y que históricamente ha dado pruebas de que está dispuesto a utilizar como carne de cañón a su propio pueblo, o mejor dicho a la gente más pobre de su propio pueblo. Que no es poca. ¿O nadie se acuerda de la Marcha Verde?

Hay barrios que envejecen y barrios a los que se deja envejecer. San Francisco pertenece, cada vez más, al segundo grupo.

Durante años se ha hablado de rehabilitación, de proyectos, de futuras actuaciones y de soluciones que deberían llegar. Mientras tanto, los vecinos continúan viviendo entre edificios deteriorados, humedades, filtraciones, grietas y problemas de saneamiento. El tiempo pasa, las viviendas envejecen y la solución definitiva sigue sin llegar.

No estamos hablando de una fachada que necesita una mano de pintura. Estamos hablando de viviendas en las que vive gente. Familias, mayores y niños que tienen derecho a preguntarse cuánto tiempo más deben esperar para disfrutar de unas condiciones residenciales propias de una ciudad europea del siglo XXI.

Las informaciones aparecidas durante los últimos meses deberían encender todas las alarmas. Se han publicado denuncias sobre degradación e insalubridad. Se ha hablado de grietas y humedades, de filtraciones, de problemas de saneamiento y aguas fecales. Incluso han aparecido titulares tan gráficos como “el suelo cruje bajo sus pies”.

Cuando las noticias sobre un barrio comienzan a utilizar este vocabulario, ya no estamos ante un problema meramente estético. Estamos ante un problema de dignidad residencial.

Y lo más preocupante es que nada de esto surge de repente. El deterioro se acumula año tras año. Una pequeña filtración que no se soluciona termina convirtiéndose en humedad; una instalación envejecida continúa degradándose; una grieta genera preocupación; una reparación aplazada se convierte mañana en una actuación más cara. Mientras tanto, quienes viven allí contemplan cómo se suceden anuncios, visitas, declaraciones y promesas.

¿Cuántos años más?

Ese es probablemente el aspecto más difícil de justificar. San Francisco no apareció ayer, sus problemas tampoco.

Sin embargo, a finales de 2025 todavía se informaba de la ausencia de elementos esenciales para poner en marcha determinadas actuaciones de rehabilitación: estudios, proyectos y financiación.

Y llegamos a 2026 hablando otra vez de deterioro, otra vez de rehabilitación, otra vez de esperar.

La pregunta resulta inevitable:

¿Cuántos años más tienen que esperar los vecinos?

Porque el tiempo administrativo y el tiempo de una familia son cosas muy diferentes. Para una Administración, cinco años pueden ser expedientes, presupuestos, proyectos y procedimientos. Para una persona de 70 años que vive en una vivienda deteriorada, cinco años son una parte considerable de la vida que le queda. Para un niño, son prácticamente media infancia.

Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad profundamente transformada durante las últimas décadas.

Se han remodelado avenidas. Se han creado nuevos espacios públicos. Se han peatonalizado calles. Se han construido parques, paseos y equipamientos. Determinadas zonas de la ciudad han experimentado transformaciones extraordinarias.

Y eso está bien.

Pero precisamente por eso resulta más difícil aceptar que existan vecinos cuya principal preocupación no sea tener una calle más bonita, sino saber cuándo se solucionarán las humedades, las filtraciones o el saneamiento de sus viviendas.

Una ciudad no puede medir su progreso únicamente por la imagen de sus zonas más privilegiadas. También debe hacerlo por las condiciones en las que viven quienes habitan sus barrios más modestos. Porque la desigualdad urbana no aparece solamente en las estadísticas de renta. También se ve en una pared húmeda, en una grieta, en una tubería deteriorada, en un edificio envejecido.

Ante esta situación, la respuesta habitual vuelve a ser la misma: rehabilitar. Pero deberíamos empezar a preguntarnos si esa palabra se ha convertido en una especie de respuesta automática. Rehabilitar puede ser perfectamente razonable cuando un edificio conserva buenas condiciones estructurales y una inversión permite prolongar sustancialmente su vida útil. Pero no necesariamente tiene sentido en todos los casos. 

Porque un edificio no deja de tener décadas simplemente porque se rehabilite su fachada. Detrás permanecen su diseño original, determinadas instalaciones, las limitaciones de accesibilidad, la distribución, las estructuras y numerosos elementos concebidos para las necesidades de otra época. Por eso, antes de comprometer grandes cantidades de dinero público, debería hacerse una comparación rigurosa.

¿Cuánto cuesta rehabilitar cada bloque?

¿Cuántos años adicionales de vida útil proporciona esa inversión?

¿Qué nuevas actuaciones serán necesarias dentro de diez o veinte años?

¿Y cuánto costaría sustituirlo por un edificio completamente nuevo?

Las administraciones deberían poner esos números encima de la mesa. Quizá haya llegado el momento de aceptar una realidad incómoda: Puede que algunos edificios de San Francisco merezcan ser rehabilitados, pero también puede ocurrir que, después de décadas de deterioro, algunos simplemente hayan llegado al final de su ciclo. Y si los informes técnicos y económicos lo confirman, no debería existir ningún tabú en decirlo.

Hay que derribarlos. No para abandonar San Francisco. No para expulsar a sus habitantes. No para convertir el barrio en una operación especulativa. Sino exactamente para lo contrario: Para que sus vecinos puedan seguir viviendo en San Francisco, pero en viviendas dignas y nuevas.

Tirar los edificios, no el barrio. Esta distinción es fundamental. Un barrio no son cuatro paredes. Un barrio son sus vecinos, sus familias, sus relaciones, sus recuerdos, sus comercios y su historia. Todo eso debe conservarse.

Lo que no existe ninguna obligación moral de conservar indefinidamente son unos edificios cuando técnica y económicamente haya dejado de tener sentido hacerlo. La solución podría ejecutarse progresivamente: realojamiento temporal, demolición de los bloques que corresponda, construcción de las nuevas viviendas y retorno garantizado de sus residentes.

Sin expulsar a nadie.

Sin desarraigar a las familias.

Y aprovechando la intervención para resolver de una sola vez problemas de accesibilidad, aislamiento, saneamiento, eficiencia energética e instalaciones que mediante pequeñas actuaciones pueden prolongarse durante décadas.

San Francisco no necesita otra década de titulares anunciando que algún día llegará su rehabilitación. Necesita decisiones. Y la primera debería ser conocer la verdad: en qué estado se encuentra realmente cada edificio y cuánto cuesta mantenerlo durante las próximas décadas frente a sustituirlo. Que se encarguen estudios independientes. Que se publiquen. Que los vecinos puedan conocerlos.

Y que después se tome una decisión pensando no en cómo llegar al siguiente presupuesto, sino en cómo queremos que sea San Francisco dentro de treinta años. Porque existe un momento en el que reparar deja de ser prudencia y empieza a convertirse simplemente en una manera de administrar el deterioro.

San Francisco lleva demasiado tiempo esperando. Si determinados edificios todavía pueden recuperarse razonablemente, que se rehabiliten. Pero si los informes demuestran que algunos bloques han agotado su vida útil, tengamos el valor de hacer lo que llevamos demasiado tiempo evitando: tirarlos y construir viviendas nuevas para sus vecinos.

San Francisco no necesita que le prometan eternamente que algún día estará mejor. Necesita dejar de vivir peor.

A veces tengo la incómoda sensación de que vivimos en un país que se pasa el día conmemorando, que no es lo mismo que recordando

Llega corriendo Julieta, que nada tiene que ver con la de los espíritus, y me alarma con dos aniversarios: la olvidada quiniela de los partidos de fútbol, ochenta años, y la presente Televisión Española, (TVE), setenta. Ambas, nacidas en la oprobiosa, igual que la Agencia EFE, la ONCE y Radio Nacional de España (RNE). Julieta es muy así, espástica, y no hay que asustarse con sus veleidades y requiebros. Me pregunta si me voy a unir a las celebraciones, y no sé qué responder. A veces tengo la incómoda sensación de que vivimos en un país que se pasa el día conmemorando, que no es lo mismo que recordando. 

Me dice también Julieta que los Estados Unidos ya no tienen el monopolio de los diplodocus pues han aparecido los restos de uno en Teruel. Qué bien, le digo, alguien se forrará con los muñequitos en distinta forma y tamaño. Me reprocha que no tenga nada más que decir ante un descubrimiento de la paleontología española. ¡Hasta ahí podíamos llegar! le digo, si es española merece titulares. Porque estamos en una época, otra vez, en que las cosas deben de ser patrióticas, sobre todo, y después ya se verá lo que son. Por ejemplo, los mencionados aniversarios, por ejemplo, quitarles el derecho al voto, o suspenderlo, a casi medio millón de españoles para que el tribunal Supremo reflexione. ¿Hasta dónde llegarán las insensateces y sus autores? Hasta que descubran, desvelen o lo que sea, me dice Julieta, que se les ha dado la nacionalidad española porque han prometido votar una cosa, ¿qué cosa? Julieta calla y sonríe: no se cree ni a sí misma. Pero eso con los bulos no importa, lo que importa es que calen y se difundan.

También se celebró estos días el quinto centenario del Consejo de Estado, celebración un poco forzada pero que ha calado con el empeño de su presidenta, Carmen Calvo. También querían que calara, ya desde 2025, el bicentenario de la Policía Nacional, pero ha resultado imposible por inconcebible. Hicieron un billete de lotería nacional conmemorativo: la patria.

La patria, la Patria, y las patrias, puede que estén, sobre todo, en las loterías oficiales, en el cupón de la ONCE, un poco menos en RTVE, mientras mande los rojos, dice Julieta, imposible. Cervantes se dio cuenta: “Don Quijote armado y pensativo, con la más triste y melancólica figura que pudiera formar la misma tristeza (…)”.

-No estéis tan triste, buen hombre, porque no habéis caído en las manos de algún cruel Osiris, sino en las de Roque Guinart, que tienen más de compasivas que de rigurosas“.

Julieta vuelve al reproche, esta vez inducido por la cita, y le cuento que el Guinardó fue mi primer barrio, y el de Juan Marsé, y que los bandoleros me caen bien en casi todas las andanzas que se cuentan de ellos, y este es el caso. Le da igual, comemos rápido en Casa Manolo, en Arguelles, y nos perdemos en el cine a ver Cronos digna película de relato social, documental y casi procesal. Para que todo rime, una cena ligera en el café Comercial. Nunca me han gustado en consonante.

En 2012 Alvesson y Spicer, catedráticos de comportamiento organizativo de la universidad de Lund (Suecia) y de la londinense Bayes Business School, respectivamente, acuñaron el concepto de “estupidez funcional” para explicar el comportamiento de las empresas y organizaciones contemporáneas. En la actualidad, para que las empresas funcionen, es necesario que los trabajadores acepten de manera acrítica las órdenes de los superiores. Y los superiores, a menudo, se limitan a copiar de manera acrítica, a hacer lo que otros hacen, siguiendo modas de gestión y no parándose a pensar hasta qué punto lo que resulta útil en otros contextos lo es en el suyo. Un buen ejemplo de organizaciones en las que domina este tipo de prácticas lo constituyen las universidades. Y un buen ejemplo de una práctica que sigue este modo de actuar es la manera que tenemos como sociedad de relacionarnos con la tecnología. ¿Por qué tomamos las decisiones que tomamos? Pues, a menudo, y cada vez más, porque es lo que nos ha recomendado la IA. Y, aunque la propia IA avisa de que sus respuestas pueden contener errores, como se usa de manera acrítica acaba conformando la realidad del mundo en que nos toca vivir. 

En la actualidad parece que se ha aceptado que lo que las universidades tienen que hacer es impartir títulos “prácticos” que ayuden al alumnado a encontrar un empleo, y a los empleadores a encontrar personal preparado. Gracias a la extensión de este tipo de ideas que el Grado en Administración y Dirección de Empresas es el que más alumnado concentra en las universidades españolas. Yo imparto clases de Sociología, asignatura que van a eliminar, en un Grado en Contabilidad y Finanzas, que podría considerarse el primo pobre de ADE (muchas personas que no consiguen entrar en ese grado se matriculan en él). Todos los años, al empezar el curso, pregunto al alumnado por qué han elegido sus estudios, y muchas personas responden “porque es una carrera que tiene muchas salidas”. Aunque en Sociología ya aprenderán que hay que operacionalizar conceptos antes de intentar dar respuestas a cualquier fenómeno social, este año, para hacerme una idea del tipo de información al que accede mi alumnado, he hecho el experimento de preguntar a la IA gratuita de un conocido buscador si el Grado en Contabilidad y Finanzas tiene muchas salidas. La respuesta de la IA: “Sí, el grado en Contabilidad y Finanzas es una de las titulaciones con mayor tasa de empleabilidad y más salidas laborales del sistema universitario español”. Tras intentar “dialogar” y hacer preguntas a la IA, conseguí que me dijera en qué datos se basa para realizar esa afirmación, y me remitió a las dos principales fuentes que existen al respecto, el Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) y el U-Ranking, elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). 

Así que accedí a este último, y busqué el área “Finanzas y Contabilidad”. Las estadísticas que se ofrecen señalan que, de las 1.446 personas que obtuvieron dicho título en 2020, estaban afiliadas a la Seguridad Social cuatro años después un 81,2%. La mayoría de la gente necesita trabajar para vivir. Así que, salvo que sigan estudiando, lo normal es que la mayoría de quienes terminaron unos estudios estén, cuatro años después, dados de alta en la Seguridad Social. Los dos indicadores siguientes sí son más interesantes. El ajuste al nivel de estudios de esta área es de un 32%: una de cada tres personas que obtienen un título universitario en esas áreas, cuatro años después de haberlo obtenido, cotizan a la seguridad social en un grupo que requiere nivel de estudios universitarios. O, como le digo yo a mi alumnado: la mayoría de ustedes (dos terceras partes) acabarán trabajando en algo relacionado con la contabilidad y/o las finanzas, pero en algo para lo que hace falta título universitario. Y la base media de cotización de cotización anual de los titulados que trabajan a tiempo completo era de 28.057 euros. 

Hace ya 130 años, en Las Reglas del método sociológico, Durkheim, uno de los padres fundadores de la disciplina, decía que la sociología comparativa no es una rama de la sociología, sino la sociología misma. Así que, para contextualizar los datos anteriores se me ocurrió compararlos con los del Grado en Sociología. Es un grado que obtienen menos personas, 845; su tasa de afiliación a la Seguridad Social a los cuatro años es algo menor (71,2%) al igual que su base de cotización (27.237 euros). Pero el ajuste al nivel de estudios era mucho mayor, un 42,2%. Así que, con los datos en la mano, mientras que sólo uno de cada 3 personas con un título en Contabilidad y Finanzas acaban cuatro años después trabajando de lo suyo (de universitarios), 4,2 de cada 10 personas que obtiene un título de Sociología lo hacen. ¿Y el título en ADE? Lo obtuvieron, en 2020, 14.988 personas en toda España. Cuatro años después (2024) estaban afiliados el 80,3% de esas personas, con una base media de cotización de 32.427 euros, y un ajuste al nivel de estudios casi calcado al de Sociología, 42,1%. 

Las universidades españolas son un magnífico ejemplo de “estupidez funcional”. Muchas de las personas a las que imparto clase en primero en la Facultad de Economía y Empresa reconocen que lo que les apasiona es otra cosa, pero piensan que a la universidad han de ir a estudiar algo “que tenga salidas”. Pues resulta que quienes estudian Sociología, normalmente porque les gusta, acaban teniendo tantas salidas como ellos. Y ahora parece que muchas universidades españolas se están planteando suprimir la enseñanza de la sociología. Si para que las organizaciones funcionen es necesario que quienes participan en las mismas abdiquen de su capacidad de pensar y se comporten como estúpidos(as) es seguramente una buena idea. Claro que, según Alvesson y Spicer, la estupidez funcional es práctica a corto plazo, pero acaba siendo letal, a largo plazo. 

Siendo una contradicción en sí misma, estos días nos vemos abocados a alegrarnos porque los saharauis (algunos) van a ser españoles. Nos alegramos porque esto supone una reparación de derechos histórica a un pueblo que fue abandonado a su suerte en 1975. Abandonado mientras le caían bombas y napalm en las cabezas en una marcha no-pacífica y verde. Sin embargo, y al mismo tiempo, alguien debe contar la verdad del asunto. Y es que los saharauis son del Sáhara, del Sáhara Occidental. Una patria con un océano lleno de peces, unas minas llenas de fosfatos, unas dunas llenas de arena fina y unas gentes con su propia cultura e identidad. 

No tienen pasaporte, tienen historias que son contadas en voz alta en los campamentos de refugiados de Argelia, y en voz baja, muy baja, en el territorio del Sáhara ocupado. Viven bajo el hostigamiento de Marruecos, quizás eso les empiece a sonar. La cuestión es que la España franquista en 1958, en una ocurrencia tipo Trump, proclamó al Sáhara é Ifni provincias españolas, intentando evadir las ya incipientes normas internacionales sobre descolonización. 

Hecho el estropicio jurídico (por no hablar del humano o moral), el régimen caía en su propia trampa: ahora esas personas a las que consideraba meras conquistas, humanos de segunda, medios para un fin, habían adquirido iguales derechos que el resto de españoles. Pero ojo: España nunca tuvo la soberanía del Sáhara, solo su administración. Por tanto, la declaración de provincias fue ilegal y esta nacionalidad que ahora se otorga es, en esencia, un paquete tardío y envenenado. Un brindis a legitimar a los colonizadores de antaño. A lo lejos canta Mariem Hassan “Ana saharauia” (“yo soy saharaui”), mientras el siroco va borrando las huellas de un pueblo maltratado por todos. Pero quién soy yo para decirle a un apátrida que no tome un pasaporte maldito cuando se lo dan. Maldita suerte la suya. 

El Memorando de Entendimiento firmado en Cardiff el 14 de septiembre de 2026 trasciende con mucho la coyuntura británica. No estamos ante una simple alianza táctica, sino ante el síntoma inequívoco de la quiebra del modelo centralista de Westminster y de la crisis orgánica de hegemonía del bloque dominante. Suscribieron el documento John Swinney, jefe del Gobierno escocés y líder del SNP (Scottish National Party / Partido Nacional Escocés); Rhun ap Iorwerth, dirigente de Plaid Cymru (Partido de Gales) y ministro principal galés, y Michelle O’Neill, líder de Sinn Féin en Irlanda del Norte. Los tres participaron en calidad de máximos responsables de sus respectivas formaciones políticas, sin actuar formalmente en representación de los Ejecutivos regionales, subrayando el carácter de alianza estratégica entre movimientos de emancipación nacional.

Los firmantes articulan proyectos con dinámicas históricas específicas —el SNP persigue la convocatoria de un nuevo referéndum de independencia para Escocia; Plaid Cymru defiende la ampliación del autogobierno galés dentro de un proceso destituyente del Estado unitario; y Sinn Féin abandera la reunificación de la isla de Irlanda—, pero coinciden en un eje doctrinal irrenunciable: el ejercicio efectivo del derecho a la autodeterminación. El propio texto lo proclama sin ambages: «Para quienes observan en estas islas —y para quienes observan en todo el mundo— no podría haber una señal más clara de que el tiempo de Westminster está llegando a su fin».

Ese agotamiento estructural del Estado centralizado e imperial británico se inscribe en una mutación geopolítica de alcance planetario: la crisis irreversible del orden unipolar imperialista y el avance hacia un horizonte multipolar. Esta transición encuentra sustento doctrinal e institucional en instrumentos de la diplomacia colectiva como la Declaración de Nueva Delhi de los BRICS (acrónimo del bloque geopolítico integrado por Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y sus nuevos Estados miembros), adoptada el 13 de septiembre de 2026. Dicho texto propugna la refundación de las relaciones internacionales sobre los pilares del multilateralismo polisémico, la igualdad soberana de los Estados, la no injerencia en los asuntos internos y la observancia estricta del Derecho Internacional.

Frente a esta inevitable redistribución del poder global, la respuesta estratégica del bloque atlantista ha sido la hipertrofia militar y el atrincheramiento ideológico. Asistimos a la implantación coercitiva de una economía de guerra y a la derivación sistemática de recursos públicos hacia los complejos militares e industriales, desmantelando los derechos sociales y precarizando las condiciones de vida de la clase trabajadora. Para legitimar esta transferencia de rentas hacia el capital armamentístico, las oligarquías occidentales reactivan el supremacismo neocolonial que dibuja a la metrópoli imperial como un «jardín» que debe ser protegido frente a la «selva» exterior mediante el bloqueo, la sanción unilateral o la intervención militar directa. Esta lógica segregadora constituye el caldo de cultivo ideal para el neofascismo, el racismo institucional y el autoritarismo de Estado, diseñados para fracturar la conciencia de clase y neutralizar la resistencia popular.

En este tablero de confrontación, la libre determinación de los pueblos emerge como la herramienta jurídica y política indispensable para la salvaguarda de la paz y la soberanía material. La Carta de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), en su artículo 1.2, consagra como principio rector la cooperación fundada en el respeto a la igualdad de derechos y a la autodeterminación de las naciones. Este precepto adquiere fuerza vincular e indisoluble en el artículo 1 común al PIDCP (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) y al PIDESC (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), al tipificar que «todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación» para fijar su condición política y proveer a su desarrollo económico y social.

Asimismo, la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de la ONU, de 14 de diciembre de 1960 —Carta Magna de la Descolonización—, resolvió que «todos los pueblos tienen un derecho inalienable a la plena libertad, al ejercicio de su soberanía y a la integridad de su territorio nacional», exigiendo el traspaso incondicional del poder a los pueblos no autónomos. El control efectivo sobre la propia estructura productiva y los recursos estratégicos es la premisa sine qua non para liquidar la subordinación neocolonial.

El Acuerdo de Cardiff se entronca directamente con esta doctrina internacionalista al afirmar: «Cada una de nuestras naciones tiene el derecho a determinar su propio futuro, por medios democráticos y de acuerdo con la voluntad de su pueblo». Y añade: «Ningún gobierno de Westminster tiene derecho a bloquear la democracia ni a socavar el principio de que nuestros pueblos decidirán su propio futuro». Si bien el memorando reconoce las «distintas posturas constitucionales» de los firmantes, sitúa la legitimidad democrática por encima de la legalidad formal impuesta por el centro imperial. Reclama además que el Ejecutivo británico «prepare, planifique y facilite el cambio constitucional», señalando la urgencia de desmontar la arquitectura económica caduca de Whitehall —término que designa al centro neurálgico del poder administrativo, ministerial y ejecutivo del Estado británico concentrado en Londres— para poner la riqueza energética al servicio de la mayoría social.

La extrapolación de estas premisas al Estado español resulta insoslayable. El régimen constitucional de 1978 padece un colapso de legitimidad frente a las aspiraciones explícitas de soberanía, principalmente, hoy, de Catalunya y Euskal Herria. Su arquitectura jurídica opera como un dispositivo de petrificación centralista al servicio de las corporaciones privadas, la oligarquía financiera y bancaria de la metrópoli. Pretender encorsetar las realidades nacionales mediante el fetichismo legal o la coerción judicial ignora que la norma positiva no es más que la cristalización formal de una correlación de fuerzas determinada. Una articulación democrática y pacífica entre pueblos solo puede emanar del pacto libremente asumido desde el ejercicio de la soberanía originaria.

En este entramado de contradicciones, Canarias padece una vulnerabilidad geopolítica crítica. Relegado históricamente a una condición periférica y dependiente, el Archipiélago experimenta una peligrosa mutación estructural: su conversión acelerada en plataforma logística, tecnológica y militar avanzada de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) para proyectar operaciones hacia el Sahel, África Occidental y el Magreb. Bajo la cobertura del discurso oficial de la «diversificación económica», consorcios tecnológicos y clústeres de la industria armamentística absorben ingentes recursos públicos para desarrollar infraestructuras de doble uso militar. Esta deriva integra a las islas en el engranaje de agresiones imperiales, transformándolas en «zona hostil» y objetivo táctico directo en eventuales conflictos bélicos, vulnerando el mandato democrático dictado por el pueblo canario el 12 de marzo de 1986, cuando votó mayoritariamente contra la permanencia en la OTAN.

La viabilidad procedimental de la autodeterminación cuenta con referencias claras en el Derecho Comparado. El caso de Nueva Caledonia en relación con la República Francesa resulta ilustrativo: El Acuerdo de Bougival (12 de julio de 2025) fue suscrito en Francia entre el Gobierno central y representantes lealistas e independentistas Kanakos para fijar un nuevo modelo estatutario tras el fin del ciclo de Numea y la crisis institucional de 2024: Define a Nueva Caledonia como un “Estado autónomo” integrado en la República Francesa; introducen la consulta obligatoria a las autoridades locales sobre la estrategia militar en el Indo-Pacífico y prevén un mecanismo para una eventual cesión en materia de defensa; y se reconoce la nacionalidad caledoniana. El precedente demostró que el ejercicio de la soberanía puede articularse mediante vías internacionalmente homologadas y jurídicamente ordenadas. Canarias, como territorio geográficamente africano y de significación ultraperiférica, dotado de una identidad histórica diferenciada y una vocación pacifista ratificada en las urnas, exige un proceso análogo de restitución soberana.

Frente a la arquitectura del vasallaje atlantista, la respuesta estratégica de la clase trabajadora canaria debe ser la consecución de un Estatuto de Neutralidad Activa para el Archipiélago, como una de las expresiones del derecho a la autodeterminación. Un régimen normativo garantizado internacionalmente que declare al territorio canario estrictamente desnuclearizado, libre de armas de destrucción masiva, exento de bases militares extranjeras y blindado ante su instrumentalización para guerras de agresión o maniobras imperiales. Este Estatuto debe incorporar una cláusula de salvaguarda que impida la «guantanamización» de las islas: evitando que, mediante la aplicación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, el suelo canario sea convertido en una cárcel a cielo abierto y un centro de reclusión exterior para las masas migrantes desposeídas por el expolio neocolonial en sus países de origen.

La neutralidad territorial activa no es un postulado utópico, sino una figura con amplio anclaje en el Derecho Internacional Público. Las Islas Åland representan un modelo de desmilitarización y neutralidad garantizado por convenios internacionales vigentes, conservando un estatus sui generis respetado por las potencias globales. Asimismo, la República de Malta consagra en el artículo 1 de su Constitución el principio de neutralidad activa, definiéndose como un Estado no alineado que prohíbe la instalación de bases extranjeras y persigue activamente la paz. Para Canarias, la neutralidad no significa aislamiento, sino la condición previa para erigirse en un puente tricontinental de cooperación, diplomacia de paz y solidaridad con los pueblos del Sur global.

Desmantelar la falacia del centralismo atlantista es una tarea urgente para frenar la deriva hacia el rearme global y el neofascismo. La autodeterminación de las naciones y el establecimiento de franjas de neutralidad activa en territorios de alta sensibilidad geoestratégica no dividen a las clases populares; al contrario, constituyen la premisa material para levantar una alternativa fundada en la paz, la justicia redistributiva y la emancipación social. Frente al diktat de la economía de guerra y la subordinación imperial, la libre determinación de los pueblos señala el único camino firme hacia un orden multipolar, justo y democrático.

Lo prioritario en nuestras islas es normalizar (en el sentido noble de ‘reconocer lo que es normal’, no en el perverso de ‘imponer normas’) los puntos de vista idiomáticos de la gente insular, fundamental para su autoestima y reconocimiento y también para que los demás la conozcan como realmente es, no como los tópicos castellanistas, folcloristas o indigenistas dicen que es. Como escribe el poeta Manuel Padorno, “Canarias es un país singular, naciendo a su personalidad constitucional; tenemos un sentimiento de paisaje singular, ni peninsular ni europeo, y sus habitantes están dotados, en todos los sentidos, de una imaginación singular, propia (sin que todavía se cotice en el mercado cultural a no ser desde la propia conciencia españolista). Una de nuestras grandes tareas sigue siendo hacernos entender y que nos respeten; dar a conocer, airear, por sus ya reconocidas virtudes, nuestra habla, nuestro español-canario, nuestro vocabulario”. Sólo a partir del conocimiento verdadero o científico de lo que se es y del orgullo de serlo está uno en condiciones de promocionar y colocar lo propio en el lugar que le corresponde en el contexto nacional e internacional; en el lugar que le corresponde en el mundo. Porque Canarias, como el resto de los pueblos de la Tierra, tiene su puesto en el mundo y su obligación es encontrarlo y exigir que se respete. 

Y, por supuesto, que no basta con esto para garantizar el futuro, porque vivimos en un mundo abierto y enormemente competitivo. En la era de la patria humana o aldea global, al canario no le conviene encerrarse en su rincón, mirarse narcisistamente el ombligo o rezongar malhumoradamente, lamiéndose la llaga, por los agravios que dice hacerle los intransigentes, los que se consideran el centro del universo, sin respeto por los demás. Si hoy, ante los problemas de superpoblación y contaminación que aquejan a la Tierra toda, el ser humano mira a otros mundos, porque sabe que el ensimismamiento en su pequeño planeta significa el suicidio, ¿cómo no va a tener que mirar el canario más allá de la punta del muelle? Tiene que echarse al mundo entero, a la Península y Europa, principalmente, a imponer sus puntos de vista, como hizo en América casi desde el mismo instante en que los europeos hollaron aquellas para ellos extrañas tierras, que tantas ilusiones y esperanzas despertaron en todo el viejo continente, inundándolas con sus palabras, su gastronomía, su música, sus costumbres, su sangre. Como señala nuestro Viera y Clavijo, “sus campos (los de Canarias) enviaron a aquel vasto continente las semillas, plantas, ganados, aves, bestias de labor de que carecían; sus naturales conquistaron con valor inmortal mucha parte de este nuevo mundo, hasta ennoblecerlo, civilizarlo y cultivarlo, siendo sus abundantes frutos sudor de los isleños, y sus copiosas cosechas sangre suya”. Por eso se encuentra el canario allá como en casa. Yo, que tengo vocación americanista y que he estado en varios lugares de aquel inmenso continente (Cuba, México, Chile, Colombia y Perú) en distintas ocasiones, he de decir que lo que he encontrado allí es en buena medida una versión más o menos conservadora o más o menos innovadora de mi tierra insular. O, como hacen tantos jóvenes canarios de hoy, que viajan a la Península, Europa y el resto del mundo (muchos de ellos a través del programa Erasmus) a prepararse mejor, impartir clases o buscarse la vida de otra manera y que, luego, cuando vuelven a la tierra, tanto contribuyen a mejorar su porvenir.

En efecto, la obligación del canario es canarizar el mundo hispánico, del que forma parte ineludible, como la del castellano es castellanizarlo, la del gallego, galleguizarlo, la del vasco, vasconizarlo, la del catalán, catalanizarlo, la del cubano, cubanizarlo, la del mejicano, mejicanizarlo y así sucesivamente. No se trata de quedarse egoístamente con lo que uno tiene, sino compartirlo generosamente con los demás, para enriquecerlo y hacerlo más grande. Compartir la gastronomía, la literatura, la idiosincrasia, las ideas, las palabras. Cuanto más generalizada se encuentra una palabra, más rica y grande se hace. Las palabras verdaderamente grandes son las palabras de todos, porque abarcan mayor ámbito de humanidad, no las palabras que se quedan encerradas en el terruño. 

Por eso, Canarias, Galicia, el País Vasco, Cataluña… no deben perder ni un minuto quejándose de los agravios del oficialismo castellanista (al fin y al cabo, Castilla ha cumplido con su deber histórico cuando ha intentado castellanizar el orbe hispánico) o de cualquier otra comunidad hermana, ni dejarse llevar por la mimosa tentación de abandonar un proyecto de civilización de una enorme envergadura, que se ha construido también con la voluntad e inteligencia de su gente, sino intentar canarizar, galleguizar, vasconizar y catalanizar a Castilla y al resto de las comunidades hispanohablantes. Sólo con la lucha civil entre todas sus comunidades, intentando cada uno colocar lo que pueda de su partrimonio en el de todos, se enriquecerán y fortalecerán la cultura y la lengua hispanas en su diversidad y complementariedad, como sostenía don Miguel de Unamuno, y estarán sus gentes preparadas para enfrentarse a los enormes retos que les aguardan, que son la pugna con la lengua y la cultura anglosajonas, con la lengua y la cultura árabes, con la lengua y la cultura chinas y con la lengua y la cultura rusas, que son sus verdaderos rivales en el inquietante y agresivo mundo en que nos encontramos instalados todos, y en el que todo dios quiere marcar el paso a los demás, según sus propios intereses. Así de sencilla es la cosa: de la capacidad que tengan para mantener la unidad, agrandar y fortalecer la lengua y la cultura que han construido entre todos y que todos tienen la obligación de seguir enriqueciendo con su inventiva y talento, depende el futuro de los canarios y de los hispanos todos. “¿Por qué no reflexionamos lo suficiente -escribe Antonio López Ortega- sobre el papel de España en el mundo? Frente a colosos como Rusia o China, por lo demás omnívoras, ¿cómo nos ubicamos? Frente a la América hispánica, que es como un espejo histórico, ¿por qué siempre estamos rezagados, como si eso no fuera parte de nosotros? Frente al mundo anglosajón, que es nuestro verdadero rival idiomático, ¿cómo nos diferenciamos para volvernos más atractivos? Debate sobre los particularismos sin debate nacional es oficio de ciegos, pues mientras estamos celebrando los carnavales de Santa Cruz, la universidad de Salamanca se llena de estudiantes chinos que vienen a aprender español para luego hacer negocios en Hispanoamérica”.

Bien planteado el problema que nos ocupa, no es sólo que los castellanos, los andaluces y los americanos de habla española no sean enemigos de los canarios. Es que tampoco lo son en realidad sus rivales culturales ingleses, chinos, árabes o rusos; o el resto de la gente del planeta Tierra. Como sabe toda persona mínimamente consciente de los problemas del mundo actual, los verdaderos enemigos de los canarios de hoy, como del resto de la humanidad toda, son el cambio climático, la deforestación, la superpoblación, la merma de la diversidad biológica, los virus letales que asolan por igual a todos los pueblos del planeta, las nuevas tecnologías (particularmente, la mal llamada “inteligencia artificial”), la miseria y la violencia, que obligan a los desheredados del mundo a migrar a los países ricos, donde deben ser acogidos y protegidos como se merecen, la tiranía de los poderosos, cada vez más ávidos de riqueza y poder, los conflictos que plantea la convivencia de los distintos, etc., que amenazan con acabar con la vida inteligente y no inteligente en la Tierra. Y, para luchar contra todos estos pavorosos enemigos de la humanidad, incluso la unión de toda la gente del mundo es poca.

En definitiva, que la solución para canarios, gallegos, vascos, catalanes, etcétera, no está en abandonar la patria de la lengua hispana y recluirse en su pequeño predio por la incomprensión de los viejos casticistas, sino exigir el lugar que les corresponde en ella. Huir de malhumores y rezongos, como diría Borges, y trabajar duramente y aplicar la inteligencia, la comprensión, la generosidad y la solidaridad, que son los fundamentos de la civilidad. Realmente, al castellano no se le combate con resentimiento o maldiciendo su supuesta actitud arrogante o conquistadora (cada cual es como es), sino siendo tan atrevido y valiente como él; defendiendo los puntos de vista propios con rigor e intentado mejorarlo en civilización y decencia. Hay que elevarse por encima de la tierra e integrarse en la patria de la lengua, la patria de las almas, que es la que permite mayor ámbito de unidad. “Si el hombre ha de ser embrión de una humanidad futura -advierte Unamuno-, más elevada que esta, de una verdadera hermandad humana, es preciso que empiece por emanciparse de la tierra, haciéndose de ella dueño en vez de ser esclavo. Toda la historia del género humano es una constante lucha por emanciparse de la animalidad y de la tierra”. Aquellos que se encierran excesivamente en la tribu corren el riesgo de quedar aislados del mundo. 

Y esto que digo para los canarios en general puede decirse igualmente para los habitantes de cada una de las Islas en particular, tan dados a encerrarse en el terruño o pequeño espacio de confort, como dice el tópico moderno, en que viven y a poner el grito en el cielo cada vez que alguien se atreve a cambiar sus rutinas de cada día o, supuestamente, complicarles la vida con novedades. “Nos invaden los grancanarios (o canariones)”, oigo decir a veces a algunos de mis paisanos de Fuerteventura que se resisten a salir de la Tindaya, la Caldereta, la Rosa de la Monja, el Tesejerague o la Rosa de Tinojay donde nacieron y donde probablemente rendirán cuentas al Creador. “Tengo un pedazo de tierra / con la que el gofio aseguro; / cuatro jairas me dan queso; / a mí qué mi importa el mundo” cantaban sus abuelos y la misma cantinela siguen entonando con nostalgia acompañados del timplillo algunos de ellos. Y yo les digo, en serio, no en broma: “Pues hacen bien los grancanarios en invadirte, a ver si despiertas y también dejas tú en ellos algo de lo tuyo; que los grancanarios vienen a buscar en tu tierra lo que tú no le llevas a la de ellos”. En efecto, la obligación del majorero es majorerizar a las Islas, como la del grancanario es grancanizarlas, la del lanzaroteño, lanzaroteñizarlas, la del tinerfeño, tinerfeñizarlas, la del palmero, palmerizarlas, la del gomero, gomerizarlas, y la de los herreños, herreñizarlas, para hacerlas más grandes y cohesionadas entre sí. Es lo que hicieron los majoreros y conejeros cuando, en los siglos pasados, aventaron por todo el Archipiélago las voces prehispánicas (guanil, beletén, tafeña, gofio, guirre…), normandas (malpaís, mareta, cardón, roque…), árabes o bereberes (majalulo, fuchir, téfana…), etc., que habían adaptado al español del bereber, el francés antiguo o el árabe casi cien años antes de que terminaran de conquistarse las realengas Gran Canaria, La Palma y Tenerife, y los neologismos españoles (gavia, rosa, tablero, natero, apañada…) que habían tenido que crear para denominar las cosas que necesitaron inventar aguzando el ingenio para adaptarse a la nueva realidad; lo que hicieron los tinerfeños o babilones y los palmeros, cuando en los ciclos prósperos de antaño, se trasladaban a Fuerteventura y Lanzarote a ayudar a recoger los opimos frutos que daban las veceras tierras orientales del Archipiélago, dejando en ellas sus palabras, sus tradiciones, su sudor, sus ilusiones y hasta su sangre; lo que ha hecho el grancanario sacando su aspiración de /s/ implosiva, su tensión consonántica, su yeísmo, su neutralización de la oposición vosotros / ustedes en favor de ustedes, etcétera, de los límites insulares e imponiéndoselos al resto de los canarios; lo que podrían hacer los gomeros con su silbo, si prosperan los proyectos de la consejería de Educación del gobierno autónomo de extender su enseñanza a todas las escuelas de Canarias; lo que están haciendo los tinerfeños con su barraquito, que ha enriquecido la carta del ritual del café en casi todo el Archipiélago, etc. No otra cosa que majorerizar a Canarias es lo que, dentro de mis limitadísimas posibilidades, he intentado hacer yo desde que llegué a la Universidad de La Laguna en el año de 1976 a estudiar filología española. Uno sólo puede enseñar lo que es y lo que sabe. Aportando cada cual lo que sabe y puede a la lengua y la cultura de todos, compartiendo lo suyo con los demás, regando su saber por todas las Islas y el resto del mundo, sumando lo propio al patrimonio de los otros, sobrevivirán los canarios al peligroso mundo moderno y harán grande a Canarias; y, con ello, a la cultura hispana, para legar mundo mejor o, por lo menos, sostenible a nuestros niños, que son el “porvenir de nuestros huesos y de nuestro amor”. 

Juan José López Burniol fue columnista cada sábado en La Vanguardia. Hasta que el periódico interrumpió su colaboración por causa de un artículo que no se llegó a publicar. Ese artículo llevaba por título La Revancha y mi inquietud no es otra que saber si sufrió la venerable e imprescindible libertad de información. De otra manera, saber si reconocemos en este episodio la mano de Salvador Illa o la de Junqueras, que son los que mandan en Cataluña.

Primero se hace preciso diseccionar el artículo. En el mismo se afirma que hay en nuestro país un ansia de revancha alojada en nuestra conciencia fraticida y que se traduce en una guerra civil híbrida. Que el gobierno ha formulado un nuevo pacto de San Sebastián y conspira para abolir la monarquía y dar pasos hacia una república multinacional y confederal. Estoy seguro de que Juan José ha tenido mejores días. Burniol es notario.

Compara la crisis de Ceuta con los acontecimientos del 98. Todo el mundo puede tener una mala tarde. En San Sebastián se llamaba a la rebelión y en el 98 un sistema poco democrático y corrupto perdió sus colonias. Nada que ver.

Pero la tesis subyacente ya merece mejor atención. En el exilio republicano se soñó la transición, prescindir del pasado para pactar el futuro. Los lideres republicanos lo deseaban inmersos en un síndrome de Estocolmo conocedores de no haber hecho las cosas bien. Resuena el eco con la voz de Azaña, paz, piedad y perdón.

En La Hija del Capitán, Pushkin inaugura una frase para siempre: “mi costumbre es condenar a muerte y perdonar a toda suerte”. La Memoria Histórica es cosa que dicha con cuatro palabras faltan cuatro mil y que dicho con cuatro mil se echan de menos cuatro, si queremos oír a Magdalena Blesa.

Terminada la guerra, un bando pudo identificar y dar sepultura oficial a sus seres queridos. Los del otro bando no pudieron. ¿ Muchos creen que noventa años después viva un español tan mal nacido que se oponga a que otros identifiquen y den una digna sepultura pendiente.?

El error de Zapatero y Sánchez fue revisar el perdón con políticas unipartidistas. Hemos trabajado los españoles y hemos avanzado revisando el pasado con políticas bipartidistas, que dirían en el Capitolio. Pero Zapatero hipotecó un futuro unánime dando el turno a una derechona mediática donde no cabe un cantamañanas más, que son esos que saben un poco de todo y mucho de nada. En todo esto ha faltado grandeza porque repito que no creo que nadie se oponga a aceptar que es cierto que hubo un día que nos condenamos a muerte unos a otros, pero que también es verdad que en otro momento nos comprometimos a perdonar a toda suerte. Insisto, la mayoría de los españoles aprobarían las dignas sepulturas y un trato a la dictadura que no es otro que el que se merece. La dictadura no entendió ni una de las tres palabras dichas por Azaña.

Lo contrario de una epidemia de cantamañanas es poner en el Boletín Oficial del Estado una norma que se puede titular, paz, piedad y perdón. Aceptada por la inmensa mayoría. Faltó grandeza y ahora nos mamamos la tranca. Ese desencuentro es un lugar donde todo vale y vale todo. Hoy, la única regla es que no hay reglas. Aquí echó sus cartas el notario. Le sobraron palabras, más de cuatro y menos de cuatro mil.

España ha construido en la última década un relato del que, con razón, nos sentíamos orgullosos: el de un país que lideraba en Europa la transición hacia las energías limpias, que multiplicaba su potencia renovable año tras año y que se diferenciaba de otros socios europeos, más rezagados o más dependientes de los combustibles fósiles, por su apuesta decidida por el sol, el viento y el futuro. El ejemplo más palpables es que en 2025 las renovables generaron el 55,5% de la electricidad y España terminó el año con saldo eléctrico exportador por cuarto año consecutivo. Ese relato se ha visto ahora seriamente comprometido. Mientras el Gobierno impulsa la renovación de la central nuclear de Almaraz, alargando la vida de una instalación que debería estar en la senda del cierre, mantiene paralizada, año tras año, la implantación de la eólica marina, precisamente la tecnología que más podría consolidar ese liderazgo renovable en la próxima década. Esta contradicción no es un matiz técnico. Es un cambio de rumbo que hay que señalar con toda claridad.

Alargar la vida de Almaraz no es, como se pretende presentar, una decisión neutra de garantía de suministro. Es una opción política que consolida un modelo energético del pasado en un momento en que Europa entera debería estar acelerando, no ralentizando, su tránsito hacia las renovables. Almaraz es una central que arrastra decisiones aplazadas durante años, que genera residuos radiactivos sin solución definitiva de almacenamiento, y que compite por los mismos recursos de inversión y de atención regulatoria que deberían destinarse a desplegar la potencia renovable que España necesita para cumplir sus propios compromisos climáticos. Es, sin duda alguna, una de las fuentes de generación de energía más caras, frente a la eólica y la solar, las mas baratas en estos momentos.

Además, no es cierto que aporte una seguridad real al sistema. Estamos viendo cómo en Europa se están produciendo paradas temporales y reducciones de potencia debido a la escasez de agua y las olas de calor extremo. Las centrales nucleares necesitan enormes cantidades de agua de los ríos o del mar para refrigerar sus reactores. Cuando hay sequía extrema, surgen dos problemas críticos: el caudal de los ríos baja demasiado (los sistemas no pueden succionar agua suficiente) o el agua está demasiado caliente (por ley no pueden devolverla al río a altas temperaturas para no destruir el ecosistema protegido). Este verano se han tenido que parar centrales en Rumanía, Hungría, Francia y Suiza. El cambio climático y las sequías afectan directamente a su fiabilidad. Por otra parte, Europa importa el 100% del uranio que necesita y Rusia controla el 46% de la capacidad mundial de su enriquecimiento. China y Rusia controlarán el 60% en 2030.

Cada euro y cada hora de gestión política dedicados a prolongar el parque nuclear -siguiendo los dictados del oligopolio energético- son un euro y una hora que no se dedican a resolver los cuellos de botella que hoy frenan la eólica marina, el almacenamiento o la modernización de la red eléctrica.

Y ese frenazo es, precisamente, lo más grave de esta historia. La eólica marina lleva años atrapada en una maraña de planificación, informes ambientales, recursos administrativos y falta de decisión política que ha convertido a España, y de forma muy especial a Canarias, en un ejemplo de potencial desaprovechado. Tenemos en nuestras aguas algunas de las mejores condiciones de viento de toda Europa para el desarrollo de la eólica marina flotante, una tecnología en la que podíamos haber sido pioneros a nivel continental.

Las islas son un territorio especialmente vulnerable a la dependencia energética porque durante décadas han tenido que importar prácticamente todo el combustible necesario para generar electricidad y garantizar el transporte. Pero, al mismo tiempo, poseen algunos de los mejores recursos renovables de Europa. El sol, el viento y el océano pueden convertirse en una auténtica fuente de soberanía.

Gran Canaria puede ser un laboratorio avanzado de ese nuevo modelo. El desarrollo de la eólica marina, unido al almacenamiento energético, la desalación, la electrificación del transporte, la generación fotovoltaica distribuida y proyectos como Salto de Chira, puede permitir avanzar hacia un sistema mucho menos dependiente de los combustibles fósiles.

Sin embargo, la tramitación de proyectos se eterniza, y mientras tanto otros países de nuestro entorno, con condiciones de viento comparables o incluso peores, avanzan con parques operativos y cadenas industriales consolidadas. No es exagerado decir que estamos regalando a otros la ventaja competitiva que un día tuvimos.

El sector de las renovables lleva tiempo advirtiendo de esta contradicción, y no lo hace desde la confrontación gratuita, sino desde el conocimiento profundo de lo que está en juego. Las principales asociaciones empresariales del sector eólico y solar, junto con organizaciones ambientales de referencia, han cuestionado con dureza esta decisión, señalando que prolongar la vida de una central nuclear mientras se mantiene bloqueada la eólica marina envía la peor señal posible a los inversores, a la industria y a los propios territorios que, como el nuestro, llevan años preparando proyectos, alianzas tecnológicas y expectativas de empleo verde en torno a esta tecnología. No hablamos solo de electrones. Hablamos de una cadena industrial completa, de puertos, de astilleros, de ingeniería especializada y de miles de empleos cualificados que podrían anclarse en nuestras costas si existiera la voluntad política de desbloquear los proyectos.

Conviene además desmontar el argumento con el que se suele justificar la prórroga nuclear: que es imprescindible para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico mientras las renovables terminan de desplegarse. Ese argumento se sostiene mucho peor de lo que parece cuando se examina con rigor. La verdadera causa de la lentitud renovable no es una limitación tecnológica ni una falta de recursos naturales, sino precisamente la parálisis administrativa que arrastran los proyectos de eólica marina desde hace años. Es decir, se utiliza como justificación para mantener la nuclear el mismo problema que el propio Gobierno se ha negado a resolver: su persistente lentitud regulatoria. Es un argumento circular que convierte la inacción en pretexto para perpetuar el statu quo, en lugar de resolver de una vez la planificación marítima y agilizar las autorizaciones ambientales con las garantías necesarias, pero sin la parálisis actual.

El contexto en el que se toma esta decisión acrecienta, todavía más, su gravedad. El calentamiento global no da tregua: cada año que pasa sin acelerar la descarbonización es un año que acerca a Europa, y a Canarias de forma muy particular por nuestra condición de territorio insular y vulnerable, a los escenarios climáticos más severos que la ciencia lleva décadas advirtiendo.

Al mismo tiempo, la inseguridad energética europea, agravada por la dependencia histórica del gas - ahora especialmente de Rusia y EEUU- y por la inestabilidad geopolítica en nuestro entorno inmediato, exige precisamente lo contrario de lo que estamos haciendo: menos dependencia de infraestructuras centralizadas y vulnerables, y más despliegue rápido de generación renovable distribuida, que es, además, la que ofrece mayor autonomía estratégica frente a terceros países.

Apostar por prolongar el modelo nuclear mientras se frena la eólica marina no refuerza nuestra seguridad energética. La debilita, porque perpetúa la dependencia de infraestructuras rígidas, de larga construcción y de elevados costes de gestión, en lugar de construir un sistema flexible, diversificado y verdaderamente soberano.

Lo más preocupante, además, es lo que esta decisión dice sobre el liderazgo europeo de España. Durante años hemos defendido, con legitimidad ganada a pulso, que España podía y debía ser la locomotora renovable de Europa, el país que demostraba que la transición energética era compatible con el crecimiento económico y con la creación de empleo de calidad. Esa diferenciación, ese activo reputacional e industrial, se construyó con decisiones valientes y con inversión sostenida. Ahora, con este paso atrás, corremos el riesgo de diluir esa ventaja competitiva justo cuando más falta nos hace, en un momento en que la Unión Europea necesita ejemplos concretos de países capaces de acelerar, no de titubear, en su hoja de ruta climática.

Desde el Cabildo de Gran Canaria lo decimos con toda claridad: no se puede pretender liderar la transición energética en Europa mientras se bloquea, año tras año, la tecnología que más potencial tiene para consolidar ese liderazgo en el Atlántico. Exigimos que se desbloquee de manera definitiva la planificación de la eólica marina, con calendarios claros, seguridad jurídica para los proyectos e inversión decidida en la infraestructura portuaria e industrial necesaria para acompañar su desarrollo. Exigimos, igualmente, que cualquier decisión sobre el futuro del parque nuclear se tome con un horizonte de cierre ordenado y no como una prórroga indefinida que compita por los recursos y la atención política que las renovables necesitan. Canarias tiene la ambición, el viento y la vocación de ser protagonista de esa transición. Lo que necesitamos es que el Gobierno de España recupere la valentía que un día nos diferenció, y que hoy, con esta decisión, empieza a ponerse en cuestión.

Si la oferta hecha por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esta semana, consistente en abonar cinco mil dólares a quienes votaban al Partido Republicano en la próxima convocatoria electoral, para conservar sus mayorías en el Congreso, si eso se consuma o cristaliza, procede concluir una frase simple: Democracia, apaga y vámonos.

Vaya concepto de la democracia que tiene el señor presidente. Cierto que para él todo se compra y todo se vende; pero hombre, no, el sistema está concebido de otra manera y orientado a otras finalidades. Ya Sir Winston Churchill lo señalaba: “La democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre. Con excepción de todos los demás”.

Ese ser excéntrico y que calificaríamos de cantinflesco si no fuera porque el gran cómico mejicano Mario Moreno es un personaje muy serio que fue un ejemplo de crítica social para el mundo de habla hispana, se permite mofarse de cuantos han abrazado la causa democrática en el pasado, en el presente y en el futuro. Es decir, que se pasa por el forro de sus caprichos los principios elementales por los que muchísimas personas en todo el mundo han dado sus vidas.

Y diciendo eso, cree que puede manejar a los ciudadanos como marionetas (Ya lo hace, pero bueno, él alegará que está legitimado por las urnas y quienes le ríen las gracias para no comprometerse seguirán cultivando una indolencia mayúscula merecedora de reprobación).

Les ahorramos todas las explicaciones sobre cómo funcionaría ese método del abono a los votantes y cómo comprobar la voluntad de éstos -si es que allí, en USA, el voto sigue siendo secreto- para hacer efectivo el montante de los cinco mil; pero si a otros gobernantes les da por plagiar la idea o se inventan un sucedáneo, se acabó lo que se daba. Sabemos que más de uno argumentará que, en otras latitudes, puede que no muy lejanas, no se ofrece dinero sino, a cambio, otras dádivas u opciones que compensarían (¿compensarían? el valor de un voto cuyo precio, así, quedaría establecido en la cuantía del oferente. Pero eso es indigno y quiebra cualquier ética elemental.

¿Se imaginan a los candidatos, a los partidos y a las coaliciones recaudando para pagar a los (mis) votantes? ¿Se imaginan las colas de acreedores? ¿Eso no es monetizar sin límite y desnaturalizar el proceso? Si ahora, en cualquier lado, se han alcanzado altos niveles de incredulidad y las opciones poco o nada democráticas -esas a las que los derechos sociales y el Estado del bienestar les suena a música terraplanista- viven fases de auge y entusiasmo, con campañas en las que el ‘leit moltiv’ sea pagar por votar, estaríamos ante algo cada vez más palpable: el nuevo desorden mundial.

Confiesen, por lo menos los creyentes, que esto se hunde.

Y no le rían las gracias al gringo.   

Lo sucedido a finales de julio en Ceuta tiene diversas lecturas. La de la dura realidad de los movimientos migratorios que se producen, y se seguirán produciendo en el futuro, en distintas partes del mundo. La de la crisis humanitaria, con más de 150 fallecidos, de los que nadie habla; y, tras el regreso a Marruecos de casi 70.000 personas, las enormes dificultades para atender adecuadamente a casi diez mil, de ellos más de cuatro mil menores. La de la convivencia en la ciudad autónoma y las fuertes tensiones sociales que viven sus habitantes. Las del expansionismo marroquí y los intereses geopolíticos internacionales en esta zona del mundo. La de los errores y contradicciones del Gobierno español ante una situación de una gran complejidad. La del irresponsable oportunismo, trufado de racismo e insolidaridad, de las derechas conservadoras y ultras, estas últimas las más beneficiadas electoralmente del conflicto. Y, asimismo, la de la falta de unidad y liderazgo por parte de la Unión Europea. 

La primera dimensión es la situación que vive Ceuta y sus habitantes, en una crisis de convivencia; y, asimismo, la de miles de personas inmigrantes que se encuentran mal atendidas. Hay que entender el impacto que supone la súbita entrada de 80.000 personas en una ciudad de apenas 19 km2 (por dimensionar, casi 15 veces más pequeña que la isla de El Hierro) y 83.000 habitantes, en la que conviven cristianos y musulmanes (en torno al 42%), entre otras religiones. Y, en estos momentos, la permanencia de casi 10.000, muchos de ellos sin techo y sin recursos; sin olvidar que, aunque se dispusiera de centros para acogerlos, estos, sean los de adultos o los de menores, no son cárceles.

Cierto es que la actitud de dirigentes de algunas formaciones políticas, especialmente, pero no solo, de la extrema derecha, voceros en las radicalizadas redes sociales y, también, determinados medios de comunicación, ha contribuido a alimentar la crispación, a potenciar el alarmismo. Ninguno busca bajar la tensión. Ni ofrecer soluciones razonables y humanitarias al conflicto. Ni informar objetivamente. Todo lo contrario. Se trata de echar más leña al fuego y aprovecharlo para fustigar al Gobierno central, aunque el asunto sea extremadamente delicado y cualquier chispa pudiera terminar generando consecuencias irreversibles.

La algarabía de Feijóo y Abascal ante el desgaste que esta crisis supone para el Gobierno de Sánchez es cortoplacismo oportunista y no precisamente una muestra de capacidad de análisis y brillantez política. El problema de Ceuta (y de las relaciones con Marruecos) va mucho más allá de los aciertos y errores del actual Ejecutivo y les tocará gestionarlo si algún día llegan a gobernar.

Derivaciones a comunidades, la solución

Por la experiencia acumulada en Canarias y en otras zonas del mundo (como Lesbos o Lampedusa) respecto a los fenómenos migratorios se puede constatar que la forma de atemperar esta crisis es proceder a derivaciones. Como sucedió en Arguineguín y en el periodo reciente: de los 101.000 migrantes que alcanzaron las costas canarias entre 2023 y junio de este año 2026, solo permanece en las islas el 5%, algo más de 5.000, de los que 2.400 son menores no acompañados. Por lo tanto, más de 95.000 ya no se encuentran en nuestra comunidad. Una política adecuada, las derivaciones, que se puede quebrar con la ultraderecha en el poder, vistas sus actuaciones en las comunidades autónomas y el seguimiento que el PP hace de estas. 

Las comunidades fronterizas no pueden gestionar en solitario crisis de semejantes dimensiones que, sin duda, volverán a repetirse. Como en el caso canario, la ciudad autónoma de Ceuta no se encuentra en condiciones de abordar por sí sola la gestión de la actuación humanitaria con esas diez mil personas. Por lo que debería procederse a su reparto entre las comunidades autónomas, teniendo en cuenta su peso económico y demográfico.

Una decisión que debía ejecutarse ya en el caso de los menores no acompañados, tras la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería (ley orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social). Pero también en el de los adultos, cuyas distintas circunstancias podrían ser analizadas en otros territorios antes de tomar decisiones sobre su permanencia o no en el Estado español. Ahí es donde las comunidades, la mayoría dirigidas por el PP, solo o en alianza con Vox, pueden expresar abiertamente su responsabilidad, su visión de estado y su solidaridad con Ceuta, no con proclamas incendiarias, palabrería y patriotismo de banderita. Patético resulta, además, que muchos de los que se dieron golpes de pecho en la reciente visita del Papa, que aplaudieron su discurso sobre el imprescindible trato humanitario a los migrantes, se desmarquen por completo y muestren los máximos niveles de insolidaridad.  

Las difíciles relaciones con Marruecos

La otra dimensión muy relevante es de carácter geopolítico: las relaciones con Marruecos y su papel en esta zona del mundo. Estamos hablando de un estado con un régimen político autoritario en el que la Monarquía dispone de un poder casi absoluto. Por lo que cuesta creer que allí suceda algo sin que lo controlen y promuevan o, al menos, lo autoricen y toleren. Tiene, además, una vocación. expansionista, como se observa en el caso del Sahara; y su voracidad no se sacia pese al respaldo de Sánchez o Clavijo a sus tesis autonomistas en la antigua colonia española, intentando culminar el trabajo -la invasión y ocupación- iniciado por la marcha verde en 1975.

Su expansionismo no queda limitado al Sahara e incluye zonas de Argelia y Mauritania, así como Ceuta y Melilla, como han afirmado algunos ministros del Gobierno marroquí. ¿Y Canarias? Por ahora sus reclamaciones se ‘limitan’ a las aguas, el espacio aéreo o el dominio sobre las riquezas minerales que hay en el subsuelo marino que poseen grandes cantidades de las denominadas llamadas tierras raras (minerales como el telurio, cobalto o níquel) muy codiciadas en la industria tecnológica.

Esta actitud expansionista dificulta las relaciones entre Marruecos y el Estado español y la propia Unión Europea. Más aún cuando se ve apoyada por

Israel y Estados Unidos, muy interesados en la posición geoestratégica de Marruecos y no menos en el debilitamiento de la UE, uno de los objetivos de las políticas de Trump. Un apoyo que envalentona aún más al régimen de Mohamed VI.

Prudencia, firmeza y unidad

En el caso que nos ocupa ha sido el PSOE el que, contra viento y marea, ha defendido casi en solitario la no implicación directa de Marruecos en la entrada masiva de finales de julio en Ceuta. Lo que algunos atribuyen a una muestra de prudencia en las siempre complicadas relaciones con Marruecos y la intención de evitar males mayores a corto plazo. Aunque la prudencia siempre es conveniente en cualquier ámbito, también en las relaciones internacionales, la firmeza no lo es menos.

Convendría que el PSOE rectificara y actuara con firmeza, exigiendo a Marruecos que cumpla con la legalidad internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas en el caso del Sahara y no dando alas al conjunto de sus ansias expansionistas en la región. Se ha demostrado suficientemente que la aceptación de los distintos chantajes marroquíes se convierte en parches coyunturales que no frenan en absluto sus aspiraciones. Viéndose favorecida, como ocurre respecto a Ceuta, por la división política en España y en la Unión Europea. Resulta imprescindible superar la actual debilidad y desunión. Actuando con firmeza y unidad, como hizo la sociedad canaria y su Parlamento exigiendo reiteradamente las derivaciones.