Hay algo profundamente revelador en el hecho de leer un programa técnico, con sus puntos esquemáticos, sus objetivos docentes y sus credenciales impecables, y sentir que cada uno de esos apartados tiene el grosor de una cicatriz propia. Cuando vi anunciada la acción formativa organizada por la Dirección General de Infancia sobre la búsqueda de orígenes e historia de vida, mi primera reacción no fue la de la profesional que analiza una propuesta metodológica para el sistema de protección. Fue la respuesta visceral e ineludible de alguien que lleva esa materia prima grabada en la propia trayectoria. Alberto Rodríguez, un referente indiscutible desde su trabajo como psicólogo en Adoptia, sintetiza en un temario lo que para muchas personas ha sido, y sigue siendo, una labor de reconstrucción a ciegas, un puzle al que le faltaban piezas esenciales o cuyas piezas estaban guardadas bajo llave en despachos religiosos o institucionales.

Durante años, la narrativa oficial sobre la adopción y el acogimiento se instaló en un lugar confortablemente luminoso. Se hablaba del “nuevo comienzo”, de la oportunidad, de la página en blanco. Pero la realidad de quienes hemos crecido bajo la figura de la protección o la adopción es que nadie nace como una hoja en blanco. Nacemos con capítulos previos, a veces fragmentados, a veces dolorosos o empañados por la negligencia y la adversidad temprana, pero inevitablemente nuestros. Pretender que la historia comienza el día de la resolución judicial o la llegada al hogar adoptivo no solo es una ficción piadosa, es una negligencia técnica que genera un vacío identitario de consecuencias devastadoras a medio y largo plazo.

El temario de las jornadas acierta de lleno al marcar una distinción crucial que muchas veces se pasa por alto en la práctica cotidiana: la historia de vida no es el libro de vida. El libro de vida es la herramienta, el soporte gráfico, la manualidad donde se pegan fotos y se anotan fechas significativamente neutras. La historia de vida es el proceso psicosocial, dinámico y a menudo turbulento, mediante el cual una persona integra sus fracturas, comprende las razones de la separación de su familia biológica y logra dar sentido a su narrativa personal sin sentirse dividida entre dos mundos, a veces, irreconciliables. Para quien somos adoptadas o adoptados, la búsqueda de orígenes no empieza cuando se cumple la mayoría de edad y se acude a un registro o se solicita la apertura de un expediente. Empieza mucho antes, en la infancia, en las preguntas no formuladas por miedo a herir la lealtad de la familia adoptiva, en los silencios piadosos de los profesionales o en la falta de herramientas de un sistema que durante décadas prefirió el borrón y cuenta nueva.

Es incuestionable el avance técnico que supone situar estas jornadas en la agenda pública de nuestro archipiélago. Que la administración competente promueva un espacio para clarificar conceptos como expediente, orígenes o historia de vida, y para abordar el trabajo según la fase del ciclo vital, demuestra que la intervención protectora está empezando a madurar. Sin embargo, no puedo evitar observar esta iniciativa con cierta ambivalencia reflexiva. Por un lado, me satisface ver que la técnica se sofistica y que se dota a los equipos técnicos de herramientas metodológicas sólidas. Por otro lado, me pregunto cuántas veces hemos llegado tarde. Cuántos adolescentes han transitado por recursos de protección cargando con la etiqueta de “conductas disruptivas” cuando lo que padecían era el dolor sordo y sin nombre de no saber de dónde venían ni por qué estaban allí.

El trabajo sobre los orígenes requiere de una delicadeza técnica que roza el arte, pero sobre todo exige despojar a los profesionales de la tentación del control. La búsqueda de orígenes no es un trámite administrativo ni una concesión que el sistema otorga a la persona adoptada cuando considera que está “preparada”. Es un derecho inalienable vinculado a la identidad. A menudo se observa en la práctica institucional un sesgo hiperprotector que retrasa o burocratiza el acceso a la propia información bajo el pretexto de proteger al menor de un sufrimiento inevitable. La paradoja es desgarradora: la falta de verdad genera infinitamente más trauma que la verdad por dura que esta sea, siempre que vaya acompañada del sostén profesional y afectivo adecuado.

Ahí reside uno de los puntos clave del programa: quién debe participar y cómo implicar a las familias. Las familias adoptivas y acogedoras suelen moverse entre el temor a la pérdida y el deseo de acompañar. Si los profesionales no han elaborado previamente sus propios prejuicios sobre la familia biológica, difícilmente podrán sostener a nadie en el proceso de mirar hacia su pasado. Se necesita mucha madurez profesional para entender que la familia de origen no compite con la familia que cuida; ocupa un lugar diferente pero irrenunciable en la arquitectura emocional de la persona.

Mirando el horizonte de la intervención en nuestras islas, estas jornadas en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife no deberían quedarse en un mero evento formativo de dos días para cumplir el expediente de la capacitación continua. Tienen que ser el catalizador de un cambio estructural en los protocolos de los servicios de protección. No sirve de nada formar a los profesionales en la importancia de la historia de vida si luego los expedientes siguen acumulando polvo con datos incompletos, si la coordinación entre los equipos se fragmenta, o si el acompañamiento posterior a la búsqueda de orígenes se interrumpe justo cuando emergen los dilemas más complejos.

Integrar el pasado no es un lujo teórico ni un ejercicio de nostalgia; es la condición indispensable para habitar el presente con solvencia y proyectar un futuro con autonomía. Quienes hemos recorrido ese camino sabemos que la búsqueda de orígenes rara vez ofrece respuestas perfectas o finales de cuento. Muchas veces lo que se encuentra son sombras, vacíos o realidades complejas de asimilar. Pero incluso el hallazgo de un dato amargo es infinitamente más sano que la incertidumbre perenne. La verdad restaura la dignidad.

Es momento de que la administración pública asuma que el trabajo con la historia de vida forma parte del núcleo duro de la protección infantil, no como un apéndice optativo o una buena práctica reservada a técnicos especialmente sensibilizados, sino como un estándar exigible en cada expediente. Saludo la oportunidad de esta formación y la solidez de quien la imparte, con la convicción de que solo cuando el sistema sea capaz de mirar de frente la historia completa de los niños que tutela, podrá ofrecerles una verdadera oportunidad de reparación.

La izquierda no puede seguir viviendo del miedo a la derecha: necesita recuperar la confianza de quienes han dejado de creer en ella.

“Oye, abre los ojos, mira hacia arriba”.

Llevo un tiempo dándole vueltas a esta frase. Creo que encierra una advertencia que buena parte de la izquierda debería escuchar. Pero no para mirar a la derecha. Para mirarse al espejo.

Escribo desde una posición ideológica que no escondo, pero defender los valores de la izquierda no significa justificar todas las decisiones de sus dirigentes. Cuestionarlos no es hacerle el juego al adversario. Al contrario: si creemos en la igualdad, la justicia social, la solidaridad y la libertad, tenemos la obligación de exigir que quienes dicen representarlas estén a la altura.

Y tengo la sensación de que esa exigencia lleva demasiado tiempo en segundo plano.

La izquierda parece haber desarrollado una extraordinaria capacidad para explicar por qué la derecha es peligrosa, pero no siempre demuestra la misma habilidad para explicar por qué debería ser la alternativa. Ha convertido demasiadas veces el miedo al adversario en su principal argumento electoral.

Pero no se puede pedir eternamente que te voten para evitar que gane otro. Hay que ofrecer razones para que quieran votarte.

Mientras los partidos discuten sus equilibrios internos, hay familias que no pueden pagar un alquiler, jóvenes que no consiguen emanciparse y trabajadores que encadenan empleos sin estabilidad. La sanidad pública soporta una presión enorme y muchas personas siguen esperando soluciones a problemas que condicionan su vida cotidiana.

No necesitan discursos interminables. Necesitan respuestas.

No basta con aprobar derechos si después no se garantiza que puedan ejercerse. No basta con defender los servicios públicos si acceder a ellos continúa siendo una carrera de obstáculos. La política también se mide por la distancia entre lo que promete y lo que consigue.

Me preocupa que, ante la decepción ciudadana, algunos partidos respondan como si todo fuera un problema de comunicación. Como si bastara con explicar mejor lo que han hecho. Quizá el problema no sea que la gente no entienda el mensaje, sino que lleva demasiado tiempo esperando resultados.

Hay que recuperar la capacidad de escuchar sin preparar inmediatamente una respuesta defensiva. Escuchar a quienes siguen votando a la izquierda, a quienes han dejado de hacerlo y también a quienes nunca la han votado. No para renunciar a los principios, sino para comprender qué está ocurriendo fuera de los despachos.

La ciudadanía no tiene la obligación de permanecer fiel a ninguna organización política. Son los partidos quienes tienen que demostrar que merecen esa confianza.

Y lo que está ocurriendo en distintos lugares del mundo debería servirnos para reflexionar, aunque no debamos confundir realidades diferentes.

En Serbia, el movimiento estudiantil surgido de las protestas contra la corrupción y la gestión del poder consiguió una victoria histórica frente al bloque de Aleksandar Vučić. La movilización creció tras el derrumbe de la estación de Novi Sad, en noviembre de 2024, que causó 16 muertos. La Lista Estudiantil obtuvo el 53,01% de los votos y 140 escaños, frente al 38,98% y los 103 escaños de la candidatura vinculada a Vučić.

No fue la victoria de un partido tradicional de izquierdas, sino la de una movilización ciudadana que consiguió transformar la indignación en una alternativa política.

Hungría ofrece otra lectura. Péter Magyar y su formación TISZA derrotaron en abril de 2026 a Viktor Orbán, poniendo fin a dieciséis años de Gobierno. Pero conviene precisar que TISZA es una formación de centro-derecha. Su victoria refleja el desgaste de un poder prolongado y la voluntad de cambio de una parte importante de la sociedad.

Brasil, en cambio, ofrece una victoria vinculada inequívocamente a la izquierda. Luiz Inácio Lula da Silva logró la reelección el pasado 25 de octubre frente a Flávio Bolsonaro, con el 51,79% de los votos válidos, frente al 48,21% de su adversario. Una victoria importante, aunque también deja una advertencia: el país continúa profundamente dividido. Ganar unas elecciones no significa que todos los problemas estén resueltos ni que el respaldo recibido sea incondicional.

Y llegamos a Estados Unidos. Las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre han dejado un resultado de enorme trascendencia. Los demócratas han conseguido el control de la Cámara de Representantes y del Senado, en un importante revés para Donald Trump. 

Tampoco debemos interpretar esta victoria como una recuperación automática de la izquierda internacional. El Partido Demócrata no representa exactamente el mismo espacio ideológico que la izquierda europea. Lo que sí demuestra este resultado es que el electorado puede cambiar de posición cuando considera que el poder necesita límites y que sus preocupaciones no están siendo atendidas.

Serbia, Hungría, Brasil y Estados Unidos no cuentan la misma historia. Pero nos recuerdan algo esencial: ningún poder tiene garantizada la confianza de quienes lo sostienen.

Los ciudadanos no votan solamente desde la ideología. Votan desde sus circunstancias, sus preocupaciones y sus expectativas. Por eso la izquierda necesita algo más que renovar caras, eslóganes o estrategias electorales. Necesita revisar profundamente su relación con la sociedad.

Tiene que dejar de confundir la autocrítica con la debilidad. Reconocer un error no significa dar argumentos al adversario; significa demostrar que todavía existe capacidad para aprender y corregir. Tiene que recuperar las calles, los barrios y los espacios cotidianos. Preguntar antes de responder. Cumplir antes de volver a prometer.

Y, sobre todo, tiene que volver a ilusionar.

No quiero una izquierda que renuncie a sus principios para conseguir votos. Quiero una izquierda que demuestre que esos principios sirven para mejorar la vida de las personas. Que no se conforme con tener razón en sus discursos mientras pierde credibilidad en la calle. Que entienda que la ciudadanía no necesita tutores ideológicos, sino representantes dispuestos a escucharla y rendir cuentas.

Tampoco quiero una izquierda que considere que cualquier crítica es una deslealtad. Hay demasiadas personas que han dejado de sentirse representadas como para seguir respondiendo con reproches a quienes plantean preguntas incómodas.

Quizá ha llegado el momento de entender que no siempre se pierde porque el adversario haya convencido mejor. A veces se pierde porque uno ha dejado de escuchar, se ha alejado de la realidad o ha terminado creyendo que sus votantes siempre estarán ahí.

No lo estarán.

La confianza no se hereda. Se construye. Y cuando se pierde, no se recupera señalando al que se ha marchado. Se recupera demostrando que merece la pena volver.

Por eso regreso a aquella frase del comienzo: “Oye, abre los ojos”. No es una invitación a mirar al adversario ni a organizar otra campaña contra la derecha. Es una invitación a mirar a la gente: a quienes no llegan a final de mes, a quienes esperan una oportunidad y a quienes un día depositaron su esperanza en la izquierda y hoy ya no saben en quién confiar.

Porque todavía hay mucho que defender, muchos derechos que conquistar y muchas vidas que mejorar. Pero para hacerlo no basta con recordar lo que fuimos ni con advertir de lo que otros pueden llegar a ser.

Hay que demostrar lo que podemos ofrecer.

La izquierda no necesita que la ciudadanía abra los ojos para descubrir el peligro de la derecha. Necesita abrir los suyos para descubrir por qué tanta gente ha dejado de mirarla con esperanza.

Ni tampoco el fascista de Abascal

Pero Trump ha perdido por goleada y también por goleada sus homecillos patéticos de andar por casa, aquí en España.

Y debemos los demócratas y progresistas de todo el mundo estar contentos y respirar aliviados porque la marea antidemocrática de los megarricos y sus títeres en las Instituciones va cayendo en picado.

La sociedad norteamericana ha dado un ejemplo vibrante de energía cívica, la misma energía que alentó durante los años sesenta y setenta la oposición a la guerra de Vietnam y la movilización legendaria en defensa de los derechos civiles.

A mí, qué quieren que les diga, me han emocionado mucho las victorias de mujeres de estirpe indígena, afroamericana o musulmana.

La elección como senadora por Minnesota de una nativa americana, Peggy Flanagan, comprometida a la implantación del programa Medicare For All y al desmantelamiento del ICE, la banda de matones de Trump. Sí, la de “ICE fuera ahora” de las calles de Minneápolis, de Bruce Sprinsteeng.

Y el retorno de los hispanos, que han sido elegidas y elegidos como gobernadores y como representantes al Congreso en buena parte de aquellos territorios que los Estados Unidos arrebataron a México, a través del Tratado Guadalupe Hidalgo (1848), de una superficie equivalente a cinco veces la de España: la de la totalidad o buena parte de los Estados de California, Nuevo México, Arizona, Texas, Colorado, Nevada, Kansas, Oklahoma, Wyoming y Utah.

Por eso toda la ristra de payasitos del trumpismo por estos lares están hoy que no saben dónde meterse.

Ayer, sin ir más lejos, Feijóo se atrevió a pedir que no se celebre la huelga general del 11N, “69 muertos después” de la tragedia ferroviaria de Urda. En realidad, lo que quería decir es “vamos a seguir manipulando esas muertes hasta las elecciones”, no sea que la huelga general nos recuerde a todos el voto de PP y Vox no sólo contra los decretos-leyes Mari Carmen, sino contra todas las iniciativas sobre vivienda promovidas por el Gobierno progresista. Y, cómo no, el boicoteo de los gobiernos autonómicos que dirige (es un decir) o en los que participa el Partido Popular a la aplicación de la vigente Ley de Vivienda. También por parte del Gobierno de Canarias, que no se nos olvide.

Mi convicción -y la reiteraré cada vez que tenga ocasión de hacerlo- es que la derecha real, y sus bufonitos en las instituciones, está llevando al abismo la democracia española. Esa convivencia democrática que tan a regañadientes aceptaron los poderes fácticos que se lucraron y sostuvieron al franquismo.

Les estorba la independencia y el sometimiento de los jueces a leyes iguales para todos, el pluralismo informativo, los derechos sociales y laborales, el reconocimiento de la pluralidad territorial y cultural de la sociedad española.Y, al fin y al cabo, las libertades públicas y los derechos de participación: porque estos derechos activae civitatis, de ciudadanía activa, siempre serán una herramienta para la defensa de los servicios públicos y las políticas para la corrección de las desigualdades. Por eso las leyes mordaza y todo tipo de insidias contra la acampada de Sol.

Esa derecha real, la de verdad, se ha venido arriba en los últimos años con el auge de los trumps y toda la série de acólitos de los megarricos y sus intereses. Se han crecido tanto que se nos han desnudado en vivo y en directo. Somos y queremos lo mismo. La coalición PP/Vox al Senado, así, sin ningún tipo de tapujos, ha dejado claro que se trata de recuperar el control del Tribunal Constitucional, para que debidamente domesticado bendiga un programa legislativo diseñado para desmantelar la Constitución, sin necesidad de tramitar el procedimiento para la Reforma. 

Por eso, Trump ha perdido “aunque no estaba en las papeletas”. Y con él han perdido Feijóo y Abascal, sus monaguillos.

Y aunque tampoco estaba en las papeletas, ha ganado Gerónimo, el apache al que toda la filmografía yankee de la epopeya de la Conquista del Oeste (léase Genocidio de los pueblos aborígenes, pléase) dibujó como un salvaje, a forest best, y era un nativo americano que hablaba español y estaba bautizado. Y que se rebeló cuando los norteamericanos blancos y anglosajones invadieron las tierras de sus antepasados, cuyos títulos de propiedad habían sido reconocidos por la monarquía española, como en tantos lugares de América.

Así que la extrema derecha está en declive. Y la democracia, los derechos civiles y las políticas y servicios públicos, otra vez en alza.

Por eso estoy contento.

Dimitió Óscar Puente. Lo hizo, además, después de someterse a una durísima comparecencia que se podía haber ahorrado. Nadie podía obligarle, una vez tomada la decisión de marcharse, a soportar la vileza de la jauría, pero compareció, dio todas las explicaciones, respondió a las críticas y, entonces sí, se marchó.

La talla política del ya exministro ha quedado confirmada, al tiempo que se ha hecho evidente la condición miserable de quienes, una vez más, han jugado con los muertos.

Lo hicieron tras los atentados del 11 de marzo de 2004, mintiendo sin rubor ni vergüenza sobre su autoría, colocando en la casilla de la mentira más repugnante su apuesta electoral: 192 cadáveres y más de 2.000 heridos contra un puñado de votos.

Repitieron la jugada en 2006, con el descarrilamiento del metro de Valencia, con 43 muertos y 47 heridos.

Los que ahora piden saber la verdad, borraron parte del contenido de las cajas negras la misma noche del siniestro e hicieron desaparecer el libro de averías del tren siniestrado.

No les bastó con eso y llegaron a contratar a una consultora de comunicación para preparar las declaraciones de los técnicos, instruyéndoles con un argumentario que blindaba la gestión política, desplazando la responsabilidad al maquinista fallecido.

Las víctimas y sus familiares pasaron un auténtico calvario hasta conseguir, catorce años después, que reconocieran su responsabilidad cuatro directivos de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana.

Lo mismo sucedió con la tragedia de Angrois, en julio de 2013, que causó la muerte a 80 personas, provocando heridas a más de 140.

Ahí sí existía el famoso ERTMS, pero estaba desconectado por decisión política, para evitar retrasos. Por supuesto, el presidente gallego, un tal Alberto Núñez Feijóo, se negó de manera sistemática a que se abriera una comisión de investigación en el Parlamento gallego.

Luego llegaron los infames protocolos de la vergüenza y los 7.291 muertos abandonados en las residencias. La explicación, propia de una psicópata, de una auténtica desalmada, es que “iban a morir igual”, que Quirón no tenía sitio para tanto viejo.

Imposible olvidar los 234 fallecidos a causa de la Dana en Valencia, víctimas de la incapacidad de una consejera y de la ausencia de un president, absorbido por tareas mayores mientras se ahogaban aquellos a quienes debía proteger.

Eso sí, mantuvo informado telepáticamente a Feijóo, porque en el teléfono no figuraban ni llamadas ni mensajes, y lo forzaron a dimitir al año, cuando el dolor de las familias se convirtió en clamor durante el funeral de Estado.

Con ese historial, el Partido Popular ha tenido la desfachatez de exigir responsabilidades políticas a un ministro que desde el primer momento dio la cara y, lo más importante, facilitó toda la información que había a su alcance.

Y es ahí cuando se equivocó Óscar Puente. Nunca debió revelar lo sucedido en el Centro de Control de Atocha.

Tendría que haber comparecido ante la prensa diciendo que no tenía ni idea de por qué dos trenes habían chocado. Que vaya una mala suerte. Que mira qué casualidad.

Tendría que haber dicho que ni la AEMET ni la Confederación Hidrográfica del Júcar le habían avisado y que no sabía que existía el Es-Alert.

Lo triste es que a la jauría de chacales del Partido Popular y Vox se le unieron algunas voces de esa cosa que llaman izquierda a la izquierda de la izquierda que no se sabe bien dónde está.

“El ministro ha señalado a un trabajador”, clamaban indignados, cuando la única explicación de lo sucedido es, precisamente, la sucesión de instrucciones erróneas que emanaron del Centro de Control.

Por eso chocaron los trenes y eso es lo que contó el ministro. Luego podremos hablar si debiera haber más plantilla, más medios o más formación, pero la ciudadanía tenía todo el derecho a conocer la causa inmediata tras el siniestro.

Óscar Puente ha dado una lección de dignidad. Otros han elegido seguir siendo lo que son, una jauría de chacales. 

Legó el franquismo muchos males. Entre otros, que sigamos aludiendo a ese periodo nefasto de nuestra historia para explicar el presente. Pero no hay otra: con la retórica falangista a mano, inundaron la sociedad de consignas que se utilizan por doquier, desconociendo su origen, o conociéndolo, que es peor. Un político de izquierdas, es un suponer, habló el otro día de inasequibles al desaliento, como si nada. Puede que no hubiera mejor forma de expresar lo que fuera. Puede. Pero ocurre que a las personas que utilizan esos latiguillos de retórica nacionalsindicalista no les chirría el oído, por jóvenes, por ignorantes, por amabas cosas.

Lo de las adhesiones inquebrantables también viene de ahí y de las más casposas esencias de la dictadura. Cuando escucho la expresión, se me aparece el rostro infecto con bigote de Girón de Velasco, el ministro de las universidades laborales con las que compensó para la historia, o creyó que compensaba, su atraco a manos llenas de las arcas públicas y privadas. Uno más. Estuvo dando la lata hasta el final, y casi lo consigue: volver al pasado, con sus amigos del golpe de estado del 23-F de 1981. Sería, es, una buena pregunta para políticos actuales y pasados, dónde estaban aquel día. Puede que ya muchos no hubieran nacido y otras prefieren olvidarlo. Yo tuve un episodio que podríamos titular “García y el sexo”, por lo que me traía entre manos la noche insomne aquella y por la radio que tenía puesta, todo al mismo tiempo. Estaba preparando mis clases de literatura española del entonces COU, mi primer año de profesor, y saltaron los tiros en Radio 3 que aquella tarde, como otras, era mi sintonía: daban en directo las votaciones de investidura de Calvo Sotelo. Después todo se precipitó en aquel piso que pretendía ser comuna: mi novia se fue a casa de su madre y no salió en tres días, después de dos horas de intentos telefónicos, hablé con mi padre: aquello no iba a ir a ningún sitio. A medida que pasaba la tarde, surgieron personajes propios y extraños, Jesús, nuestra loca de cabecera que hacía punto, la pareja del oscense y la pelirroja, aprendices de vegetarianos, que llenaban la bañera con ramas supuestamente afrodisíacas, la que hoy sería mi cuñada francesa, otra hija de militar que andaba por allí, y una foránea que me pretendía ante mi timidez y que me consiguió aquella noche, con José María García.

¿A cuento de qué viene todo esto? A cuento de los que no quieren memoria de nuestra historia reciente y menos de la lejana. El líder de la ultraderecha hablaba con desprecio de la reciente visita del presidente del Gobierno de España al Guernika que está en el Reina Sofía. (Con lo bien que cuidabas tú el Museo) Y a cuento de que si se produce una catástrofe política de vuelco a las derechas, lo primero que intentarán borrar es la memoria.

Por eso me lo tomo con humor y rechifla: casi me lleva a un primer matrimonio aquella noche golpista. No fue tal porque los tiempos no estaban para tales maniobras. Me salvó el rey de entonces.

Al día siguiente me enfrasqué con mis alumnas y alumnos en la generación del 27, un buen asunto para aquellos simpatizantes del golpe con la boca pequeña. “Recuérdalo tú y recuérdalo a otros” les recité de Cernuda.

Dante describe en La Divina Comedia el camino al infierno, de ahí que a los escenarios donde se desata el horror se les llame dantescos. En las puertas del infierno Dante pregunta dónde se encuentra, la respuesta de Virgilio es magistral: “Es el sitio de que hice ya advertencia, donde verás las gentes dolorosas que perdieron el don de la inteligencia” . 

La obra es una alegoría sobre la condición humana. Dante representa a toda la humanidad, no en vano, el viaje al infierno es un recorrido de nueve paradas por los pecados capitales. Virgilio, el poeta, representa la razón. La enseñanza de la obra literaria es clara; somos nosotros los que construimos nuestro propio infierno.

Dantesco fue el escenario de la DANA de Valencia, de la que se cumple el segundo aniversario en estos días. Dantesco es el paisaje que queda tras un incendio como los que arrasan nuestros bosques. Dantesco ha sido el adjetivo utilizado por los testigos directos y por los supervivientes de los accidentes ferroviarios acontecidos en España. Dantescas son las imágenes del planeta revelándose contra la acción del ser humano.

Advertidos estamos de la cercanía del infierno, pero, como describe Dante, la debilidad del hombre arrasa con cualquier posibilidad de tomar decisiones encaminadas a evitar los escenarios dantescos que estamos viviendo y viviremos. 

La ciencia nos ha advertido con suficiente contundencia y claridad sobre las consecuencias de esta vorágine destructiva que nos arrastra al averno. No hay fallo en el discurso, ni quiebra en el conocimiento. Hay certezas y probidad. El sistema se está devorando a sí mismo.

Conscientes de la insignificancia de nuestra existencia individual nos aferramos a la pretenciosa eternidad de dejar huella en la historia. Desde la pandemia la vida es una huida hacia la nada en un tren de alta velocidad. La felicidad del clic de la tarjeta bancaria. La vacuidad en las relaciones, la frivolidad como norma del comportamiento. ¡Cuán miserable hace de la vida la vanidad humana!

De la mano de la codicia arrasamos un planeta finito, sufrimos ya el calor del infierno, pero no queremos renunciar a la riqueza que alimenta la avaricia de una pequeña parte de la humanidad. 

Genocidios ideológicos y religiosos a cambio de resort turísticos. Bestias liderando el imperio, desahuciados alimentando buitres, aspirantes a don nadie liderando audiencias La crueldad como reclamo, la ignorancia como guía. 

En el infierno del odio no hay atisbo de conocimiento en las cátedras, ni compasión en el poder, ni producción en la riqueza, ni comunidad en el ágora, ni acogimiento en el Oikos, ni verdad en el discurso. No hay política en las polis. No hay economía en el fraude. 

No hay siglos de distancia entre el infierno de Dante y el de nuestros días. No se distinguen las diferencias entre las escenas dantescas de la Divina Comedia de las consecuencias de este sistema de vida occidental que, bajo el motor de un capitalismo suicida, es la causa directa del infierno en que se está convirtiendo la vida en el planeta. 

Nuestros privilegios son la lujuria que adormece la conciencia y alimenta la vanidad. Sometidos a la cultura de una individualidad tóxica que promociona la arrogancia, hace mucho tiempo que no nos miramos en el espejo de la humildad pues su reflejo resultaría horrendo. No somos la sociedad que creemos ser. Somos el producto de un sistema fallido que produce escenarios dantescos. 

Hay mucho que hacer para enfrentar el infierno. La impotencia es el eslogan de la ultraderecha. Debemos parar. Dejar de huir y dedicar tiempo a observar, pensar, razonar, entender y actuar. Hacer examen de conciencia. Rechazar el patriotismo de la traición y la cobardía.

Debemos recuperar el camino de la virtud y del conocimiento. La vía no es la de la brutalidad sino la ética de la razón. Los valores que hicieron grande a la humanidad no se compaginan con los que destruyen la vida. Priorizar la economía frente a la supervivencia del planeta es construir el infierno para la humanidad. 

No hay atajos ni soluciones mágicas. No habrá tecnología, ni conejos que salgan de la chistera, ni súper héroes con capa que vuelen para venir a salvarnos. Si somos nosotros los creadores del infierno, somos nosotros los llamados a combatirlo. La capacidad de razonar está al alcance de todos y cada uno de nosotros. 

Un sistema que es violento con el planeta y con las personas no ofrece refugio ni paz. Las calles arden y seguirán ardiendo. Es la ausencia de futuro.

Durante los últimos meses he ido escribiendo en estas páginas, artículo a artículo, sobre los movimientos que están reordenando el tablero geoestratégico en el que se mueve Canarias. He hablado del deshielo del Ártico y de las nuevas rutas que abre a la rivalidad entre Estados Unidos, Rusia y China. De Suez y del mar Rojo. De Ormuz y de los desvíos por el cabo de Buena Esperanza. De la estrategia portuaria de Estado de Marruecos, con Tánger Med, Nador, Agadir y Dajla como piezas de un mismo plan. De sus pretensiones sobre nuestras aguas y sobre el Monte Tropic. De su empeño en que renunciemos a la seguridad aérea del Sáhara Occidental, que se presta desde Gando. De la compra del 45% de Boluda Maritime Terminals por la empresa pública Marsa Maroc. De los Acuerdos de Abraham y del rearme marroquí a poco más de cien kilómetros de nuestras costas. Lo he hecho, como dije hace unos días ante los investigadores de la Universidad y operarios portuarios, sin alarmismo, pero también sin ingenuidad.

Hoy tengo que añadir una pieza sobrevenida, y no es una pieza menor. El pasado viernes 30 de octubre el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue incapaz de renovar el mandato de la MINURSO, la misión creada en 1991 para vigilar el alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario y organizar un referéndum de autodeterminación que nunca llegó a celebrarse. Rusia vetó el texto presentado por Estados Unidos, que había obtenido once votos a favor y las abstenciones de China, Pakistán y Somalia. Aquel borrador quitaba la «R» de referéndum del nombre de la misión, que pasaría a llamarse MINUSO, y consagraba el plan de autonomía marroquí como único marco de negociación. Acto seguido, Washington votó en contra de la propuesta rusa, que planteaba prorrogar la misión un año más en sus términos de siempre y que solo logró tres apoyos. El mandato expiró a medianoche del sábado 31. Treinta y cinco años después, Naciones Unidas abandona el Sáhara sin haber cumplido el encargo para el que llegó.

La reacción de las partes dice mucho del escenario que se abre. El Gabinete Real marroquí calificó la no renovación como «un avance importante» y anunció que la presencia de la misión, «su personal, vehículos, equipos y símbolos», debe cesar en los próximos días. Dio además por suspendido el proceso político de la ONU. Su ministro de Exteriores, Naser Burita, llegó a decir que no intentó siquiera convencer a Moscú de que no vetara, porque Marruecos ganaba en cualquiera de los dos escenarios y avanzó que buscará sacar el expediente del Sáhara de la Cuarta Comisión de la Asamblea General, la encargada de la descolonización. El Frente Polisario habló de «día histórico» y agradeció el veto ruso. Argelia expresó su «profundo pesar» y culpó al sesgo del texto estadounidense, «inclinado excesiva y descaradamente» a favor de Rabat.

Todos celebran o lamentan. Pero, objetivamente, se produce un vacío real. Un alto responsable de la misión definía hace poco su tarea como un «cable de alarma» político, no solo entre Marruecos y el Polisario, sino también entre Marruecos y Argelia. Ese cable ha dejado de existir. Conviene recordar que el Polisario dio por roto el alto el fuego en 2020 y que desde entonces vive un conflicto de baja intensidad con Marruecos, que controla de hecho alrededor del 80% del territorio. Hasta ahora ambos ejércitos se abstenían de intervenir en las zonas patrulladas por los observadores. Sin ellos, crece el riesgo de que las persecuciones en caliente se extiendan más allá de las fronteras de Mauritania o de Argelia y de que un conflicto enquistado adquiera una dimensión internacional. Y todo ello frente a nuestras costas.

No soy el único que mira con inquietud lo que viene. En estos días se han multiplicado las voces expertas, y casi todas coinciden en una palabra: incertidumbre. Riccardo Fabiani, analista de Crisis Group para el norte de África, lo resumía sin rodeos: «todo es incierto y la incertidumbre domina la situación». Y señalaba el riesgo más inmediato: que Rabat ocupe militarmente la llamada zona colchón, la franja que hasta ahora patrullaban los observadores, una medida «potencialmente escalatoria, con consecuencias peligrosas para la estabilidad regional». Crisis Group lleva tiempo describiendo la secuencia que podría desencadenarse: avance marroquí, ataques del Polisario lanzados directamente desde territorio argelino, persecución de las tropas marroquíes al otro lado de la frontera y, en el peor de los casos, un choque directo entre Marruecos y Argelia.

La analista Hannah Rae Armstrong, especialista en el Magreb y el Sahel, ya había calificado el borrador estadounidense de «receta para el regreso al conflicto», que elevaba «de forma inmediata y brusca» el riesgo de escalada. El propio secretario general de la ONU, António Guterres, ha expresado su preocupación por la seguridad en el territorio y ha recordado que el fin de la misión «no anula» los derechos del pueblo saharaui, «en particular, su derecho inalienable a la libre determinación». Y Oxfam alerta de que la desaparición de la vigilancia pone en riesgo a la población civil y a las decenas de miles de refugiados que siguen en los campamentos de Argelia.

Hay también lecturas desde la otra orilla, y conviene conocerlas. Analistas próximos a Rabat sostienen que el veto ruso no cambia el rumbo, porque la resolución 2797 de 2025, que situó la autonomía marroquí como base de la negociación, sigue vigente. El Real Instituto Elcano, en un análisis reciente sobre el medio siglo transcurrido desde la retirada española, constata una «tendencia internacional abrumadora» a favor de la autonomía. Es decir: Marruecos tiene el viento diplomático a favor, pero ha perdido al árbitro sobre el terreno. Y esa combinación es precisamente la más peligrosa. Quien se sabe respaldado y ya no se siente observado tiene la tentación de acelerar.

Más cerca de nosotros, el catedrático José María Peredo advertía hace unas semanas que «una cosa es desbloquear una situación y otra, dejar en manos de un país la decisión unilateral o de una potencia dominante la resolución del conflicto». Y recordaba que cualquier cambio de soberanía sobre aguas cuya delimitación es hoy distinta obligará a contar con otros actores. Canarias es uno de ellos. A unos cien kilómetros de la costa del Sáhara, cualquier alteración del estatus jurídico de ese territorio repercute directamente sobre nuestros espacios marítimos, nuestros recursos y el espacio aéreo que gestionamos.

Saco de todo ello una conclusión. Los expertos discrepan sobre quién gana con la salida de la MINURSO, pero coinciden en quién pierde: la estabilidad. Y la estabilidad del Atlántico Medio es, para Canarias, una condición de supervivencia económica y social.

Lo que se dibuja no es un simple fracaso diplomático. Es la cristalización de bloques. De un lado, Estados Unidos, Marruecos e Israel, que van a intentar imponer la anexión del Sáhara como hecho consumado. El embajador estadounidense lo dijo sin rodeos: hay que «intentar algo diferente». Y ese algo diferente tiene respaldo militar. Washington ha blindado por ley, a través de la Sección 1268 de su Ley de Autorización de la Defensa Nacional, una alianza de diez años con Rabat. Marruecos maneja ya un presupuesto de defensa cercano a los 15.300 millones de dólares, recibe cazas F-16 Block 72, sistemas antiaéreos Barak MX y radares israelíes, y levanta un polo de fabricación de drones. España, en cambio, no tiene ningún compromiso de seguridad equivalente, ni con Rabat ni con Washington. Y la OTAN hace aguas, tras el pulso de Donald Trump.

Del otro lado, Argelia y Rusia. Apenas un día antes de la votación, en la cumbre Rusia-África, el presidente Tebboune agradecía públicamente a Moscú su «constante apoyo» a la autodeterminación saharaui. Al día siguiente llegó el veto. Rusia, que viene ampliando su influencia en el Sahel y en África Occidental, encuentra en el Sáhara otro escenario en el que medir fuerzas con Estados Unidos, lejos de Ucrania pero muy cerca de Europa. Y Argelia, con sus relaciones con Marruecos rotas desde 2021, no va a aceptar la anexión. Es un nuevo frente de confrontación en nuestra vecindad inmediata.

Y está China, que se abstuvo ante el texto estadounidense y votó a favor del ruso. Pekín juega otra partida, la económica: puertos, infraestructuras, materias primas, acceso a mercados. No le interesa un conflicto abierto que encarezca las rutas, pero tampoco renunciará a sacar provecho del desorden. Su papel está por ver, y será decisivo.

Bajo todo esto late lo que de verdad se disputa: el control de buena parte de África, del Atlántico Medio, del Estrecho y del Mediterráneo. Lo vengo diciendo desde hace tiempo. Lo que ocurre aquí al lado no es un episodio aislado. Es la manifestación más visible de una recomposición de alianzas que tiene a Marruecos como beneficiario y a Canarias como frontera expuesta.

Alguien podría pensar que la retirada de unos cientos de observadores en el desierto poco tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Se equivoca. Cada una de las preocupaciones que he planteado en estos meses se agrava con la salida de la MINURSO.

Empiezo por Dajla. Un puerto de unos 1.300 millones de euros que se construye en un territorio ocupado y pendiente de descolonización, que aspira a captar los tráficos de transbordo, los servicios y la redistribución logística hacia África Occidental que hoy encuentran en el Puerto de La Luz y de Las Palmas su escala natural. Sin presencia de Naciones Unidas, Rabat acelerará la normalización de esas inversiones y buscará legitimarlas ante empresas e instituciones europeas, también canarias. Lo dije en enero y lo repito: potenciar Dajla supone un atentado contra el derecho internacional y contra nuestro puerto. Y el Estado español, al que la ONU sigue considerando potencia administradora de ese territorio, no puede alegar ignorancia. Debe acabar con las equidistancias y el desprecio al Derecho Internacional y a los Derechos Humanos.

Sigo por nuestras aguas. Marruecos aprobó en 2020 sus leyes de delimitación marítima incluyendo las aguas saharauis, y pretende extender su plataforma continental hasta las 350 millas, alcanzando el Monte Tropic, al suroeste de El Hierro, con sus reservas de telurio, cobalto, níquel y tierras raras. Si consigue sacar el Sáhara de la agenda descolonizadora, intentará presentar esas aguas como propias sin freno jurídico alguno. La delimitación con Canarias dejaría de ser una discusión entre un Estado y un territorio no autónomo para convertirse, a sus ojos, en una negociación entre iguales. Eso es inaceptable.

Continúo con el espacio aéreo. La gestión de la región de información de vuelo que cubre el Sáhara Occidental se presta desde Gran Canaria. Marruecos lleva tiempo reclamándola, y el fin de la misión le dará nuevos argumentos para exigir lo que considera un atributo de su soberanía. Renunciar a ella sería un error de enorme calado: perderíamos capacidad de control, de información y de seguridad sobre un espacio que en los próximos meses puede ser escenario de tensiones militares.

No olvido la migración. Lo hemos visto en Ceuta: cuando le conviene, Marruecos flexibiliza el control de su frontera como demostración de fuerza. Un Sáhara inestable, con movimientos de tropas, desplazamientos de población y un Sahel en descomposición, es el caldo de cultivo perfecto para nuevas presiones sobre la ruta atlántica. Y somos los cabildos, los ayuntamientos y la Comunidad Autónoma quienes damos la primera respuesta.

Y vuelvo a los puertos. La operación de Marsa Maroc sobre el 45% de Boluda Maritime Terminals que, aunque parece que cuenta con la oposición del CNI y todavía está pendiente de autorización por la Junta de Inversiones Exteriores, adquiere en este contexto una gravedad añadida. ¿Vamos a permitir que una empresa pública de un Estado que acaba de dar por liquidado el proceso de la ONU en el Sáhara, y que compite directamente con nosotros, se siente en los órganos de decisión de nuestras autoridades portuarias? Si antes había razones para paralizarla, hoy hay más.

Hay además una paradoja que no quiero dejar pasar. La crisis de Ormuz y la inseguridad en el mar Rojo están empujando a muchas navieras hacia el cabo de Buena Esperanza. La historia nos dice que eso puede ser una oportunidad para La Luz: los cierres del canal de Suez en 1956 y en 1967 dispararon nuestros tráficos. Pero esa oportunidad solo existe si el Atlántico Medio es percibido como un espacio estable. Un conflicto abierto en el Sáhara, a las puertas del Archipiélago, encarecería seguros, alteraría escalas y convertiría nuestra centralidad oceánica en un factor de riesgo. Nuestra posición es una fortaleza solo si somos capaces de protegerla.

El giro de 2022, cuando Pedro Sánchez asumió la posición marroquí sobre el Sáhara buscando, aparentemente, estabilizar la relación bilateral, no ha traído la estabilidad prometida. Ha alimentado la percepción de que España cede cuando se le presiona. Y un socio que percibe que presionando obtiene resultados seguirá presionando, no se olviden de lo sucedido en Ceuta. Que el Congreso acabe de aprobar la ley que concede la nacionalidad española a los saharauis demuestra, por cierto, que la sociedad española no ha olvidado su responsabilidad histórica con ese pueblo.

Por eso planteo con claridad lo que entiendo que hay que hacer. Que España y Europa defiendan en Naciones Unidas algún mecanismo de observación que impida que el vacío dejado por la MINURSO lo llenen las armas, y que se oponga a que el Sáhara salga de la agenda de descolonización. Que la Unión Europea deje de mirar solo al este y construya una estrategia atlántica con Canarias en el centro de la decisión, no en su margen. Que el Estado blinde jurídica y políticamente nuestras aguas, el Monte Tropic y la gestión de la seguridad aérea desde Gando, y que no haya cesión alguna en ninguna mesa bilateral sin que Canarias esté presente. Que se paralice la entrada de Marsa Maroc en Boluda. Que se refuercen la vigilancia marítima y aérea y la protección de nuestras infraestructuras críticas: puertos, aeropuertos, cables submarinos y sistemas energéticos. Y que se apueste de una vez por la eólica marina y por las renovables, porque en este nuevo Atlántico la autonomía energética también es seguridad.

Decir todo esto no es un acto de hostilidad hacia Marruecos ni hacia su pueblo, con el que Canarias mantiene lazos históricos, comerciales y humanos que valoramos y queremos preservar. La cooperación es imprescindible; la dependencia, no. Pero no se puede construir una relación de vecindad madura sobre la ambigüedad calculada de una de las partes, ni sobre la renuncia permanente de la otra.

Cuando se retiran quienes vigilan, quedan quienes imponen. Esa es la lección que no deberíamos tener que aprender en carne propia. Marruecos jugará las cartas que le dejemos jugar y Estados Unidos, Israel, Rusia y China harán lo propio con las suyas. Depende de nosotros, de España y de Europa, que Canarias no sea el tapete sobre el que otros reparten la partida. Defender nuestra posición en el Atlántico no es una cuestión ideológica, es una obligación institucional y  como presidente del Cabildo de Gran Canaria no voy a dejar de ejercerla. Pero no puedo dejar de plantear que me preocupan que casi todos los demás interlocutores políticos e institucionales estén tan callados ante lo que estamos viviendo.

En el recuerdo. Al eterno amigo Dave Watts (*)

La entrada a aquel lugar mágico estaba perimetrada por flores cálidas en el frío, vides verdes o marrones, plantas de todo tipo y raza, y por mucha laurisilva y silencio natural.

Al fondo, siempre un árbol, el gran árbol tronco, laurel y sombra: EL ÁRBOL. Y debajo, el acopio de amistad de todos menos uno, ese uno traidor.

Dave ahora está en la zona empinada del camino, y el viejo, el Román padre, en la parte baja o llana. Hay una pelota de rugby que simula un juguete de crío sobre el suelo arenoso y quiere que la amen, lo que significa ponerse a jugar.

Había que verlos: la pelota haraposa, destornillada, haciendo de transmisora de alegrías y aquellos dos desconocidos, o conocidos en aquel mismo momento, construyendo lindezas que animaban el cotarro, la cantina idílica repleta de risas y fiestas. Escena inolvidable, de pura magia, divertida y humana sin edulcorantes.

Querido Dave, que sepas que te recuerdo en todos los lugares en que nos abrazamos, pero sobre todo hoy, en este momento que escribo, me queda esa luz: la pista chinija, el balón destrozado, el juego, la amistad y todo aquel esplendor sonriente que cargabas en esa piel tan negra y bella, en esa gran persona que eres y serás para siempre.

Ahora entro por ese mismo lugar, en mis deseadas escapadas a las medianías altas con amigos puros, veces y veces, pero ya no encuentro el balón de rugby, tampoco estás tú y algo menos ya mi padre. Los amigos, los de verdad, se mantienen con la carga de los años…

Pero, en cambio, sí sueño con que algún día aparecerás por allí para despertarnos, y entonces esa inesperada visita será una escena que se repetirá en bucle hasta el final de los tiempos.

Es verdad que quedó pendiente el concierto, que también algún día llegará, porque tú eres capaz de esa magia.

Te quiero, y claro que te echo de menos: en todos los rincones en que nos vimos.

Dave, ¿a dónde van las palabras que no se quedaron? ¿Y las miradas que un día partieron? ¿A dónde van? En ese lugar, nos vemos.

Ya verás.

*Dave Watts, amigo, músico, diyey y productor, falleció en Tenerife, su lugar de residencia, el 27 de octubre de 2024.

El 8 de enero de 1976, el periódico El Día publicaba el anuncio de aprobación de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela de Formación del Profesorado de EGB de La Laguna, autorizada el 24 de diciembre de 1975 por el gobernador civil. Tras aquella fórmula legal se escondía una necesidad mucho más profunda: disponer de un espacio para organizarnos cuando el franquismo daba sus últimos coletazos y comenzaba la transición democrática.

Culminaba así un año de reuniones clandestinas en las aulas de la Universidad de La Laguna y en pisos particulares, a los que accedíamos con prudencia ante la vigilancia constante de la Brigada de Investigación Social. La primera Junta Directiva estuvo presidida por Manuel Fernández Reyes, con Josefina Pérez González como vicepresidenta, Manuel Marrero Morales como secretario y Corpus Montero Larrión como tesorero. Fueron vocales Antonio Cabrera Expósito, Jesús-A. Coello Núñez, Wladimiro Raya Herrera, Carlos Bravo Sánchez, Francisco Aguilar Topham, María Blanca Gabaldón López y Humberto Ascanio Montesinos. En sus primeros meses, la Asociación alcanzó los 455 miembros.

Aquel movimiento venía gestándose desde el curso anterior, con las Primeras Jornadas de Educación, que reunieron mesas redondas y conferencias sobre Canarias. Queríamos comprender nuestra realidad a través de autores como Viéitez, Bergasa, J. Alemán y Carballo Cotanda, mientras leíamos a Bertolt Brecht, Marta Harnecker, Freire, Lenin, Marx, Marcuse y los escritores del boom latinoamericano y canario. Aquellos encuentros sociopolíticos y culturales tuvieron continuidad y desembocaron en la I Escuela de Verano de Canarias, celebrada del 5 al 11 de julio de 1978, incluidos sábado y domingo, sin subvención alguna, en la Escuela de Magisterio de La Laguna.

La coordinadora que impulsó las Escuelas de Verano nació con carácter nacional canario. En ella confluyeron fundamentalmente dos corrientes: la izquierda, con militantes y simpatizantes del PCE y otros partidos, y el nacionalismo, donde coincidían cristianos autogestionarios y sectores heterodoxos de izquierda. Nos separaban a veces largos debates, pero compartíamos objetivos. El ministro de la UCD Íñigo Cavero llegó a calificar las Escuelas de Verano de «sarampión pasajero». El tiempo demostraría lo contrario.

La Asociación fue también la cobertura legal para potenciar el Movimiento de Maestros, que actuaba paralelamente a las coordinadoras de «penenes» (PNNs) de la Universidad y de Enseñanzas Medias. Durante varios años, el profesorado no universitario compartió sede y multicopista con el Colegio de Doctores y Licenciados, en la calle de San Agustín de La Laguna.

En 1976, la organización y la presión del profesorado obligaron a abrir una primera vía de representación democrática. El ministro de Educación Carlos Robles Piquer convocó, durante el tercer trimestre del curso 1975-1976, elecciones a representantes provinciales del profesorado de EGB. En Las Palmas se acordó presentar a Manuel Meneses Fernández; en Santa Cruz de Tenerife, la asamblea eligió a Manuel Marrero Morales.

Todavía no se habían celebrado el referéndum constitucional ni las primeras elecciones generales y municipales. Por eso, aquella votación constituyó un ensayo democrático de enorme importancia: más de 100.000 maestros y maestras participaban en el primer proceso electoral de estas características dentro de su colectivo tras cuarenta años de dictadura. Con mesas electorales y actas de los resultados ante notario, con todas las garantías.

La candidatura unificada de Santa Cruz de Tenerife contó con José Francisco Martín Martín, Ángel Martín Falcón Domínguez y Rosario Oviedo Blanco, que apoyaron a Manuel Marrero Morales. Con modestos carteles multicopiados recorrimos Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, defendiendo un “cauce representativo, democrático e independiente”: que todas las voces fueran escuchadas, que cada maestro tuviera un voto y que las decisiones dependieran exclusivamente de los acuerdos colectivos del profesorado, sin subordinación a la Administración, los partidos políticos u otras organizaciones. Conviene recordar que los interinos ni siquiera tenían reconocido el derecho al voto en los claustros.

Los resultados publicados por La Tarde fueron contundentes: de los 1.860 votos emitidos, obtuvimos 1.245; Francisco Humberto Cabrera Alonso, del S.E.M., consiguió 440, y Florentino Sánchez Cid, 89. Hubo 52 votos nulos, 33 en blanco y uno para José Francisco Martín Martín. Como dato revelador de aquella época, los partidos políticos seguían prohibidos, salvo Falange Española, cuyo jefe provincial en Santa Cruz de Tenerife era precisamente el representante de la candidatura que quedó en segundo lugar.

De entre las cincuenta personas elegidas como representantes provinciales solo dos eran mujeres: Ofelia Díaz Muñoz (León) y Blanca Baños Gómez (Logroño). Había también representación de Ceuta y de Melilla; pero ya no había del Sahara Occidental pues se había entregado a Marruecos y a Mauritania en los Acuerdos de Madrid (14 de noviembre de 1975). De entre los cincuenta representantes, 33 éramos candidatos de las Coordinadoras y del movimiento asambleario, 15 eran del Sindicato vertical SEM (controlado por el régimen) y además, 4 que procedían de dicho Sindicato se adhirieron a los planteamientos de la representación de las Coordinadoras, pasando a ser 37 frente a 15. El Ministerio buscaba interlocutores válidos en cada provincia, pero buena parte del profesorado entendió aquellos cargos como provisionales, a la espera de una representación sindical o colegiada definitiva. Seguía abierto el debate sobre la forma de organización más adecuada.

El curso 1976-1977 fue trepidante: reuniones semanales de representantes de centros, asambleas semanales o quincenales y encuentros mensuales de coordinación en Madrid. Se preparaba una gran movilización. Aunque nuestros sueldos rondaban las 12.000 pesetas, la reivindicación económica no ocupaba el centro de la plataforma. Defendíamos la participación democrática, la estabilidad laboral de interinos y contratados, la igualdad salarial por igual trabajo, el rechazo al decreto de regulación de plantillas, la escolarización total y gratuita de los cuatro a los dieciséis años y una jubilación voluntaria a los sesenta años o con treinta de servicio, y obligatoria a los sesenta y cinco, siempre con el cien por cien de los haberes en activo.

Reclamábamos también formación permanente adaptada a las peculiaridades de Canarias, participación docente en los programas de enseñanza y en las disposiciones legales, decisiones de los centros compartidas por todo el profesorado, mayor atención a la infancia y un máximo de 28 alumnos por aula. El programa quedaba abierto a las sugerencias y peticiones mayoritarias del colectivo.

En octubre de 1976, el ministro Aurelio Menéndez convocó la primera y última negociación con los «representantes provisionales», celebrada en la sede del INCIE, en Madrid, donde nos encerramos desde el primer día. Allí estaba el germen de los Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza, que se agruparían inicialmente en la Unión Confederal de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza, hoy STEs-Intersindical.

Pertenecí a su Secretariado Confederal durante los primeros veinticinco años. Como también lo hicieron en distintos momentos durante esos años Jorge Mendoza, Federico Roldán, Bernardino Ruiz, Pepe Navarro, Fernando Pérez, Esther García, Ricardo García… entre otros. Ahora, cuando el 4 de noviembre se conmemoran en Madrid los cincuenta años de aquel nacimiento, conviene recordar que los sindicatos de enseñanza no surgieron por concesión de nadie: fueron fruto de la organización, la participación democrática y la lucha colectiva de miles de maestros y maestras. Y, además, manteníanos y cumplíamos una máxima: nadie puede estar liberado más de 3 cursos.

Recuperar esta historia es reconocer a quienes, en condiciones difíciles, contribuyeron a conquistar derechos laborales y educativos y a construir una escuela más democrática. También es recordar que la independencia, la participación y la defensa de la enseñanza pública no fueron palabras vacías, sino compromisos que dieron sentido a todo un movimiento.

La lengua escrita convierte a los hablantes en comunicadores más o menos especializados y con mayor o menor responsabilidad social; en especialistas en una técnica que hay que aprender artificialmente, porque de un mero truco para hacer más grande la palabra en el tiempo y el espacio se trata. Por eso, al contrario que la lengua hablada, que, por ser natural, primaria o espontánea, se aprende en casa o en la calle, la lengua escrita se aprende en la escuela. De una parte, convierte la escritura al hablante en trazador de signos gráficos más o menos misteriosos, en perito de la letra y de la composición material de textos, simples o complejos, con inventio, dispositivo y elocutio, como quería la vieja Retórica. Y de otra, convierte la escritura al oyente en lector, recogedor visual o intérprete de la letra trazada por otro o por él mismo, que debe conocer de la mejor manera posible para poder interpretarla en su recto sentido. Y, como todo arte u oficio, ambas especialidades (la de trazador de letras y la de lector de ellas) pueden ejercerse de forma más o menos profesional o eficiente. 

La del que escribe puede ejercerse de dos maneras radicalmente distintas: de forma altamente especializada o atildada, con mejor o peor caligrafía (antes la caligrafía era un arte, como la misma palabra indica) y textos reales (históricos) o de fantasía (literarios) de más o menos calado, que es lo que hicieron Homero, Tucídides, Horacio, César, Dante, Cervantes, Shakespeare Dostoievski o Rulfo, por poner unos cuantos ejemplos de los más eminentes; o de forma más o menos chapucera o deficiente, que es lo que hacen aquellos que carecen de pericia para escribir una línea a derechas, incapaces de escribir textos con sentido claro y hasta plagados de faltas de ortografía, que, en el mejor de los casos, sólo sirven como documentos para descubrir la pronunciación de etapas pasadas del idioma. Bien sabido es que no hay cosa mala que no tenga algo bueno. 

También la especialidad del que recoge e interpreta lo escrito puede ejercerse de dos formas distintas: de forma altamente cualificada, que es lo que hacen los lectores especialistas de una época o un período histórico determinado, como historiadores, críticos literarios o paleógrafos, expertos no sólo en la lectura de los textos de que se trata, sino también en su tradición lectora; o de forma precaria, como hace el lector ingenuo o ignaro, más o menos desconocedor de la historia de la escritura y de la tradición interpretativa de los textos. De “analfabetismo funcional” ha llegado a hablar la UNESCO en estos casos. Se trata, efectivamente, de personas altamente peligrosas para la cultura de todos, porque pueden llegar a tergiversar el sentido de los documentos históricos y de los monumentos literarios objeto de su atención, que son los que han creado y criado a los pueblos que los atesoran, e imponer lecturas más o menos descabelladas o erróneas, que tergiversan el genuino sentido de la tradición. 

Es lo que ha pasado en Canarias con el apellido Boutier, los topónimos Arrecife y Los Llanos (este último recogido por Elizabeth Murray a su manera bajo la forma Lojonos en su Tenerife y sus seis satélites) y los nombres comunes esquén y zamarro, por ejemplo, convertidos por lectores no muy atildados en Bontier, Acatife, Los Hornos (con h aspirada, según interpretan los autores de la deturpación), efequén y tamarco. En efecto, el apellido de Pierre Boutier, uno de los capellanes del viejo conquistador normando Jean de Béthencourt, se leyó durante mucho tiempo como Bontier en los textos canarios (así aparece en las ediciones de Le Canarien y en las obras de los historiadores insulares, incluido Viera, hasta bien avanzado el siglo XX), hasta que el erudito austriaco D. J. Wölfel advirtió, en el artículo “La falsificación del ‘Canarien’”, que se trataba de una lectura equivocada del apellido francés Boutier, con la u original convertida en n. El topónimo Arrecife, nombre de lo que el citado Le Canarien llama “gran aldea” del Lanzarote prehispánico, se leyó como Acatife hasta que el mismo Wölfel descubrió, en su Monumenta linguae canariae, que se trataba de una lectura equivocada del nombre de origen árabe Arrecife (hoy denominación de la capital de la isla conejera), con la r del original convertida en c, la e de la segunda sílaba en a y la c en t. El topónimo Lojonos (Los Llanos) de la citada Isabel Murray ha sido leído como Los Hornos por determinados traductores y estudiosos de la obra de esta viajera inglesa, hasta que el profesor José Juan Batista Rodríguez de la Universidad de La Laguna advirtió en su excelente “Aportaciones extranjeras al estudio del español de Canarias” que se trataba de una mala lectura del nombre español Los Llanos, con la palatal inglesa j (representante de la ll española) convertida en jota. El nombre común majorero esquén, designativo de casa de oración o adoratorio (y también de mero corral de piedra), se ha leído como efequén hasta que el profesor Juan Álvarez Delgado señaló en sus “Notas sobre el español de Canarias” que se trataba de una lectura equivocada del guanchismo esquén (variante lesque, con aglutinación del artículo determinado, por fonética sintáctica), tan frecuente en la toponimia tradicional de Fuerteventura, con la s larga del texto original (la Historia de la conquista de las siete islas de Canaria, de Abreu Galindo) convertida en f, que es piedra en la que tropiezan con frecuencia las personas que desconocen la historia de la ortografía de nuestra lengua. Según se dice, incluso ilustres profesores de literatura española han llegado a leer el verso “El aire se serena” (con la s larga de la ortografía gótica) de la “Oda a Salinas”, de fray Luis de León, como “El aire fe ferena”. Y el nombre común zamarro, designativo del vestido de pieles de los antiguos habitantes de las Islas Canarias, se ha leído tradicionalmente y se sigue leyendo en la actualidad como tamarco, aunque el profesor Hernández Cabrera de la Universidad de La Laguna ha llamado la atención sobre la posibilidad de que se trate de una falsa lectura del nombre común español zamarro, con la z convertida en t y la segunda r de la rr en c. 

Las consecuencias de estos errores de lectura de los especialistas suelen ser fatales para la cultura verdadera, por cuanto, una vez que las mismas se convierten en tradición o en mitos, cuesta mucho erradicarlas de la conciencia colectiva. En Canarias, sabemos hace mucho tiempo ya que, en efecto, Acatife, efequén, tamarco y Los Hornos son falsas lecturas de Arrecife, esquén, zamarro y Los Llanos, pero hay gente que sigue hablando de Acatife (de Asociación cultural Acatife, Festival Acatife, Inmobiliaria Acatife…, se habla en Lanzarote), efequén (de efequenes como adoratorios específicos de la población preeuropea de Fuerteventura se habla en el discurso de los prehistoriadores de Canarias), tamarco y Los Hornos como si no se hubiera descubierto la superchería. 

Y hasta seguimos sacando conclusiones de ellas, como cuando se postula que la ausencia de /s/ implosiva en el supuesto Los Hornos de Murray es prueba de la existencia de aspiración en el español de Canarias del siglo XIX. Sólo de la falsa lectura Bontier nos hemos librado los isleños con el paso de los años, tal vez porque se trata de un antropónimo sin gran valor simbólico. Todo ello pone claramente de manifiesto el importante papel que juega la fantasía en la cultura de los pueblos. Como es de sobra sabido hace bastante tiempo, de falsas interpretaciones del nombre latino legio ‘legión’ (de Legio VI Victrix, concretamente) y del gentilicio bereber Canarii surgieron los leones del escudo de la provincia de León y los canes del escudo de las Islas Canarias (hoy eliminados de él, con buen tino), aunque, al parecer, ni el nombre de León haya tenido nunca nada que ver con los leones ni el de Canarias con los perros.

Considero un acierto que se decidiera denominar Unidad del Pueblo Canario (UPC) a la confluencia de las izquierdas nacionalistas y confederales para las trascendentales elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Y valoro, sobre todo, que se alcanzara el mayor grado de unidad, que Canarias fuera la primera comunidad del Estado en el logro de un amplio acuerdo y que no se enfangara el debate en la pelea en torno a los puestos en las listas electorales, como lamentablemente sucedió en otros lugares. 

A comienzos de la etapa democrática, otra UPC (Unión del Pueblo Canario) fue una de las experiencias de mayor unidad de las organizaciones de izquierdas y sectores populares de nuestra historia, logrando un importante apoyo ciudadano en las urnas. Con un programa de reivindicaciones democráticas, sociales y nacionales. Lo analicé, creo que sin nostalgia, pero intentando, eso sí, tratar de recuperar la memoria, en mi libro La Unión del Pueblo Canario, luces y sombras del nacionalismo autodeterminista de los 70-80. 

Aquella UPC surgía en plena transición en un contexto en el que se iniciaba el camino de superación de las lacras de la larga dictadura y se luchaba por conquistar derechos básicos. La actual lo hace en un momento político bien distinto, en el que las derechas quieren impulsar una enorme involución social en beneficio de unos pocos. En el que nos jugamos la propia democracia. 

Una confluencia necesaria

Creo que la denominación Unidad del Pueblo Canario (UPC) contiene suficientes elementos que definen muy bien la confluencia, hoy más necesaria que nunca. Y que la hace atractiva para muchos hombres y mujeres de las plurales izquierdas canarias. Una propuesta modesta y comprometida, sin apoyos empresariales ni mediáticos, que ha puesto nerviosa a la derecha canaria y a sus acomodados voceros y voceras.

Unidad, al incluir a una fuerza canarista de izquierda y a organizaciones estatalistas de izquierdas con vocación federal o de carácter ecologista, así como a varios grupos municipales; y, asimismo, y no es menos importante, al responder al anhelo de miles de personas progresistas que no perdonarían, y con razón, que no se llegara a acuerdos básicos cuando la ultraderecha amenaza con arrasar con los servicios públicos, las pensiones y las libertades. Esa reclamación mayoritaria, la de la unidad, no podía ser desoída en ningún caso. Aunque algunos se empeñen en ponerse arbóreos tapones.

Del pueblo. Esa es otra importante clave. Las propuestas no son, como gran parte de las de CC y Prica, a beneficio del empresariado. Como hacen cuando bajan los impuestos a los más ricos, realizan cambios legislativos para favorecer la especulación en vivienda o permiten e impulsan un desarrollismo sin límites. O alardean, lo hizo en su momento su líder Clavijo, de los bajos costes salariales de Canarias como un “atractivo” de nuestra tierra. 

En lugar de obediencia canaria practican la completa sumisión a los poderosos del Archipiélago y sirven a sus muy particulares intereses. Además, votaron en 2023, y votarán mañana, junto a Vox, la investidura de Feijóo. Y gobernarán Canarias con la extrema derecha si les hacen falta sus votos tras las autonómicas de mayo. No lo duden.

Por contra, el programa de UPC es nítidamente progresista. Se centra en la vivienda, para facilitar el acceso de las clases populares a un hogar. En la mejora de los salarios. En la defensa de los servicios públicos frente a quienes en Canarias los financian mal y los gestionan peor (¿5% del PIB para educación en el año 2050, señores y señoras de CC y sus amigos de Prica o, ya puestos, en el siglo XXII?). En un modelo de desarrollo armónico y contenido que impida más ocupación territorial y más problemas medioambientales, que no expulse a la gente de sus barrios. En el respaldo a las pensiones públicas que Abascal y Feijóo privatizarán si llegan al Gobierno. En medidas que favorezcan la emancipación de nuestros jóvenes. En el compromiso con los avances feministas y del colectivo LGTBIQA+.

Canario. Desde una canariedad integradora y acogedora, no excluyente ni supremacista. Que huye de complejos y de la cultura de la queja permanente. Desde una visión positiva de las oportunidades que brinda el autogobierno para cambiar las cosas desde aquí, sin responsabilizar siempre a terceros de las cosas que se hacen mal en esta tierra: fiscalidad, especulación, insuficiente financiación de los servicios públicos, maltrato al territorio o desastrosas políticas de vivienda. Comprometidos con nuestra historia y patrimonio, y en construir un mejor futuro para los que aquí vivimos.

Sin jaula

Canarios, pero sin jaula. Ni la jaula del centralismo asfixiante que no reconoce nuestras especificidades, necesidades y derechos. Ni la jaula, también opresiva, del regionalismo conservador que es incapaz de ser corresponsable ni en la fiscalidad ni en el imprescindible buen gobierno de las numerosas competencias que, en los más diversos ámbitos, tiene nuestra nacionalidad. Que pide mucho y no hace nada para transformar esta tierra y sus elevados niveles de pobreza. Que beneficia a los que mejor están.

Unidad del Pueblo Canario. Un inmenso reto y una no menor responsabilidad ante uno de los momentos más críticos de nuestra historia reciente, en el que los avances conseguidos tras el final de la dictadura franquista pueden ser arrollados por la intransigencia, el desprecio, la deshumanización, la violencia y el odio de las derechas más extremas.

Transcurridos dos días, después de un somero repaso a varias fuentes, no hay constancia de una pretendida réplica pública de los grupos políticos que cogobiernan el Cabildo Insular de Tenerife, tal como había solicitado el portavoz socialista, Aarón Afonso, después de haber reprobado una intervención plenaria del consejero y concejal del Ayuntamiento de Arona, el ultraderechista Naím Yánez. Una infeliz intervención que se condensa en la siguiente afirmación: dijo Yánez que se sentía más representado por una persona de León, por compartir la nacionalidad española, que por otra nacida en Senegal. Y se quedó tan ancho pues invitado luego a rectificar, se negó. “No, para nada”. El portavoz socialista, Aarón Afonso, que si por algo se caracteriza es por su mesura y ecuanimidad, calificó las palabras de Yánez de racistas y xenófobas y, como se lo habían servido en bandeja, exigió una condena expresa de la alianza gubernamental.

A estas alturas serán pocos los que se sorprendan de manifestaciones como las del portavoz ultraderechista. Suenan cada vez más radicalizadas y desafiantes. Para el portavoz socialista, según recogía la primera versión de DiariodeAvisos.com, la gravedad de estas palabras reside en introducir una distinción por nacionalidad que menosprecia la aportación y el arraigo de las personas de origen senegalés que forman parte de la sociedad tinerfeña. Los socialistas rechazaron que se utilice una referencia a las candidaturas electorales para señalar a una comunidad por su origen.

Aarón Afonso expresó la indignación de su grupo por haber tenido que escuchar “una intervención racista y absolutamente reprochable y condenable” en el salón de plenos de la primera institución insular. El portavoz defendió el carácter integrador de Tenerife y recordó la historia de emigración y exilio de Canarias.

En su respuesta, reivindicó el trabajo y la dedicación de las personas de la comunidad senegalesa que lleva décadas viviendo en la isla. No olvidemos que su integración también se configura en la participación activa en competiciones de lucha canaria de distintas categorías. Afonso defendió que el conocimiento de Tenerife, de sus municipios y de las necesidades de su población es fundamental para representar sus intereses en el Senado. De eso no entienden en la ultraderecha, a la que poco importan la cordura y la sensatez política cuando se trata de avanzar en las conquistas de segmentos de la sociedad. 

El portavoz socialista reclamó al vicepresidente insular, Lope Afonso, una reacción más contundente. Señaló que, por su experiencia en un municipio multicultural como Puerto de la Cruz y por su trato con la comunidad senegalesa, esperaba una condena clara de las declaraciones de Yánez. Bien entrada la noche del viernes no había llegado. Ni en las horas posteriores, que ya son días. El Grupo Socialista seguía considerando que la convivencia y el respeto a las personas, con independencia de su origen, deben contar con una defensa inequívoca por parte de las instituciones y sus representantes.

Por eso, es probable que sus palabras finales hicieran fruncir el ceño a los integrantes de la alianza:

“Valórenlo y piénsenlo. ¿Con qué compañeros de viaje quieren trabajar en los próximos años?”.

En 2005, la Electronic Frontier Foundation (EFF) descubrió algo extraño en algunas impresoras láser en color. Cada página llevaba una trama de diminutos puntos amarillos, invisibles a simple vista. En los modelos DocuColor de Xerox, la EFF consiguió descifrar el patrón: contenía el número de serie de la impresora, la fecha y la hora en que se había impreso la página. Quien sostenía la hoja veía un texto, una fotografía o una factura. La máquina había añadido algo más.

La historia tuvo una segunda vida doce años después. En 2017, Reality Winner, empleada de una contratista de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA), imprimió un informe clasificado que terminó en la redacción de The Intercept. Publicado el documento escaneado, un investigador de seguridad abrió el PDF, amplió un trozo de margen en blanco, invirtió los colores y leyó la trama con la herramienta de la EFF: impresora con número de serie 29535218, 9 de mayo de 2017, 18:20. La fecha coincidía con la del sumario. Es importante precisar: nadie ha demostrado que fueran los puntos los que llevaron al FBI hasta Winner; la agencia tenía otras pistas. De las seis personas que imprimieron el informe, solo ella había escrito a The Intercept desde el trabajo. Pero el episodio demostró en público que una hoja aparentemente anónima transporta datos forenses invisibles capaces de estrechar el círculo. Winner se declaró culpable y fue condenada a cinco años y tres meses de prisión.

Eso es lo interesante de aquella historia. Los puntos no decían «Reality Winner». Decían máquina, fecha, hora. La identidad apareció cuando esa información se encontró con otras.

Me acordé de ellos leyendo el artículo 50 del Reglamento europeo de Inteligencia Artificial. Desde el 2 de agosto, los proveedores de sistemas que generan contenido sintético, sea texto, imagen, audio o vídeo, deben hacer que sus resultados se puedan detectar como artificiales mediante marcas legibles por máquinas; a los sistemas que ya estaban en el mercado se les ha dado de plazo hasta el 2 de diciembre. La norma excluye las herramientas que se limitan a funciones de edición estándar o que no alteran sustancialmente lo que el usuario escribió ni su significado. Y quien publique textos generados con IA para informar sobre asuntos de interés general debe decirlo, salvo que haya habido una revisión humana sustantiva y alguien asuma la responsabilidad editorial de lo publicado. La propia Comisión aclara, en sus preguntas frecuentes, que pasar un corrector ortográfico no cuenta como revisión humana.

Una sociedad en la que las imágenes, las voces y los textos sintéticos resultan cada vez más convincentes necesita mejores maneras de saber de dónde vienen las cosas. El problema empieza cuando la palabra «procedencia» parece más sencilla de lo que es.

Google utiliza SynthID para marcar también el texto que genera Gemini. No esconde una secuencia secreta de caracteres entre las palabras. Durante la generación inclina ligeramente las probabilidades con las que el modelo elige unas palabras frente a otras, y deja un patrón estadístico que después se puede detectar. La propia documentación de Google reconoce que la confianza del detector se reduce mucho si el texto se reescribe a fondo o se traduce, y que la marca es menos eficaz en las respuestas factuales.

Pregunté a Google si aquella marca podía identificar a la persona que había generado el texto. La respuesta fue inequívoca: no. Según una portavoz de la compañía, las marcas de SynthID «no se pueden utilizar para identificar al usuario que realizó una consulta o creó el contenido» y solo indican si el contenido procede de un determinado modelo generativo.

Es una acotación fundamental. Una marca de procedencia no es, por sí misma, una marca personal.

Pero tampoco lo era el número de serie de una impresora.

Lo digo también por mí. Empleo estas herramientas a diario, y lo declaro cuando toca. Lo que no he aceptado es que un texto que termino firmando pueda llevar algo que no sé leer, que no sé cómo se puso y que nadie me ha explicado. Entiendo que una prótesis dental lleve número de serie: es control sanitario y el paciente lo sabe. Un texto no es una prótesis. Y en una democracia, los rastros que un ciudadano deja en lo que publica no deberían imponerse sin una base jurídica clara, información suficiente y garantías proporcionales.

La cuestión viene después: qué puede saberse cuando una señal técnica se combina con registros de cuentas, sesiones, dispositivos, direcciones IP u horarios. No afirmo que Google haga esa correlación; la empresa asegura que no. Lo que digo es que la capacidad identificativa de un dato no siempre reside dentro del dato.

Jacobo Castellanos, responsable de IA y confianza en WITNESS y copresidente del grupo de amenazas y daños del propio C2PA, el principal estándar de procedencia que se está desplegando, me dio una fórmula mejor para trazar la frontera: how, not whom. Cómo, no quién. La procedencia debería explicar la «receta» de un contenido: qué herramientas intervinieron, qué transformaciones sufrió, si salió de una cámara o se modificó después. Todo eso puede hacerse sin identificar a la persona que estaba detrás, y el estándar, dice, intenta preservar precisamente esa separación.

La diferencia deja de ser técnica cuando pensamos en un periodista bajo un régimen autoritario: le interesa demostrar que una fotografía salió de una cámara, no dejar un hilo que lleve hasta quien pulsó el disparador. WITNESS contempla incluso que un Gobierno obligue a los periodistas a registrarse y vincule cada publicación a su identidad como condición para ejercer. Y añade una advertencia que conviene guardar: que un contenido no lleve credencial no lo convierte en falso; hay razones legítimas para no llevarla, de la seguridad a la falta de acceso a las herramientas.

Rory Mir, que dirige el área de acceso abierto y de relación con la comunidad tecnológica de la EFF, apunta en la misma dirección. Me dijo que el usuario debería saber cuándo se le aplica una marca de agua y que los legisladores no deberían hacerla obligatoria: será siempre imperfecta y burlable, pero puede crear nuevas piezas de información potencialmente identificables. Y que hay que preservar la expresión anónima, también la de quien usa la inteligencia artificial solo para traducir su mensaje.

Y luego está la vieja ley según la cual toda cerradura termina conociendo su ganzúa.

Sabrina Ramonov no es una hacker escondida en un sótano. Es una emprendedora formada en informática y física en Berkeley, ha fundado varias compañías tecnológicas y vendió una de ellas, dedicada a inteligencia artificial, y vive dentro del ecosistema que desarrolla estas tecnologías. También ha publicado una herramienta llamada, sin rodeos, Watermark Remover. Promete limpiar caracteres invisibles y metadatos de los archivos, C2PA incluido, y, para el texto, reescribirlo con el fin de reducir las señales estadísticas escondidas en la elección de palabras. No promete invisibilidad: su propia página advierte de que ninguna herramienta puede garantizar lo que dirá cada detector.

Su mera existencia plantea una paradoja. Quien quiere ocultar una huella con malas intenciones tiene incentivos para aprender a borrarla. Un periodista, un denunciante o un disidente pueden tener razones legítimas para hacer exactamente lo mismo. Y el usuario corriente la conservará porque ni siquiera sabe que está ahí. La misma tecnología trata, de entrada, tres situaciones morales distintas. Eso debería pesar cuando se habla de proporcionalidad.

También intenté que Europa explicara las reglas que acaba de poner en marcha. La Oficina Europea de Inteligencia Artificial me remitió al Servicio de Portavoces. El Servicio de Portavoces me envió enlaces y me derivó a Europe Direct. El correo terminaba advirtiendo de que su contenido no podía atribuirse a quien lo había escrito. El Consejo de Europa, pese a los amables esfuerzos de un miembro de su gabinete de prensa —a quien incluso adelanté por escrito mis preguntas— por conseguir que «un experto respondiera», terminó disculpándose: «Lo lamento, pero el servicio responsable no me ha proporcionado las respuestas». La Agencia Española de Protección de Datos, a pesar de mostrar interés en abordar mis preguntas inicialmente, finalmente no respondió.

Llevo suficientes años en esto para reconocer la escena: quienes menos obligación tienen de explicarse lo hacen con más facilidad; quienes administran las reglas ofrecen procedimientos y derivaciones. La Comisión me dio abundante información sobre transparencia a través de enlaces. Lo que no conseguí fue una persona dispuesta a explicarla en público.

La ironía viene al caso porque procedencia, atribución y responsabilidad no son la misma cosa. La primera explica cómo llegó algo hasta nosotros; la segunda, quién estaba detrás; la tercera, quién responde cuando aquello tiene consecuencias. Hay gente intentando evitar que autenticidad acabe significando vigilancia.

Pero los puntos amarillos dejaron una enseñanza que ha envejecido demasiado bien: la información técnica aparentemente inocua cambia de significado cuando se combina con el resto del mundo. Hace dos décadas eran un número de serie, una fecha y una hora impresos en amarillo. Ahora pueden ser probabilidades ligeramente inclinadas entre una palabra y la siguiente.

WITNESS ha encontrado la frontera correcta con tres palabras: how, not whom. Saber cómo se hizo algo nos ayuda a decidir cuánto confiar en ello. Saber quién estaba detrás es otra pregunta.

Y hay ocasiones en las que no tenemos ningún derecho a hacerla.

A los políticos hay que exigirles buena gestión en los buenos y en los malos momentos. Por ejemplo, el ex presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón gestionó fatalmente la crisis de la Dana en la que murieron ahogadas 233 personas. Por eso se le pedía la dimisión ya que prefirió alargar una sobremesa con una periodista en un reservado de restaurante mientras sus paisanos perecían bajo la gota fría que inundó sus calles y sus casas

Un político llega a su mayor bajeza moral cuando utiliza los muertos de manera electoralista y partidista. Los muertos de un accidente, de un atentado terrorista o de una catástrofe natural no son de nadie y menos de los partidos políticos. Tratar de aprovechar una tragedia como esta para lograr votos viscerales es miserable.

En España tenemos una tradición macabra y censurable de la derecha ultra y su relación con los muertos. Cada vez que había un atentado terrorista con víctimas mortales el PP lo aprovechaba desde la oposición para tratar de quebrar al gobierno. En cambio, cuando estaban en el gobierno no utilizaban ni manoseaban miserablemente a los difuntos.

Otro ejemplo claro es la Dana de Valencia, que produjo 233 muertos hace dos años. El PP no solo no pidió ninguna dimisión sino que Carlos Mazón tardó más de un año en irse. Los gerifaltes del PP pidieron pocas horas después de la catástrofe ferroviaria la dimisión del ministro de Transportes. Son las dos varas de medir de siempre.

Nunca se vio a ningún dirigente del PP pedir la dimisión de Mazón por los 233 fallecidos por la dana o de Ayuso por la muerte de 7.291 ancianos en las residencias madrileñas durante la pandemia o de Moreno Bonilla por los fallos del cribado de cáncer de mama en Andalucía o a Mañueco por los incendios forestales más graves de la historia en Castilla y León. Es la ley del embudo, fonil en Canarias. 

Hay que recordar que en la época más cruel de ETA, los actuales dirigentes de Vox pertenecían al PP. Ni que decir tiene que los dirigentes de la oposición ya han aprovechado las muertes en el accidente de decenas de compatriotas en las vías ferroviarias para pedir la dimisión o cese del ministro, al que consideran el principal culpable.

Como si el ministro se dedicara a dar instrucciones a los controladores ferroviarios o a los maquinistas con la misma facilidad con la que escribe tweets a destajo. Otra cosa es la responsabilidad política, algo que por cierto el principal partido de la oposición ha obviado en los casos que han afectado a sus propios barones.

A casi todo el mundo le ha parecido fatal y censurable que se señale a un trabajador como culpable principal del trágico accidente. A mí también me lo parece. Sin embargo no es baladí que se culpe al ministro de esa acusación. El ministro se limitó a contar, en la primera rueda de prensa pocas horas después del accidente, todos los datos que le habían proporcionado sus técnicos y colaboradores sobre la catástrofe.

Cuando la Guardia Civil señaló antes que el ministro al trabajador ferroviario que dio las órdenes a los maquinistas de los trenes siniestrados, ningún patriota de hojalata de la oposición acusó al Benemérito Cuerpo de nada ni pidió la dimisión de sus agentes que intentaron interrogar al controlador siguiendo la vía de investigación de una juez, aunque el acusado se ha negado dentro de su derecho a no declarar.

Un mismo hecho es, según la oposición, algo gravísimo si lo hace el ministro más odiado por la derecha, casi al mismo nivel de Pedro Sánchez, y a la vez una banalidad, algo insustancial, si los protagonistas visten con uniforme verde. Cada uno cumple con su obligación. Si Oscar Puente no hubiese informado del error del trabajador, los mismos que ahora tratan de lincharlo lo habrían tildado de manipulador y censor por haberles ocultado un dato tan esencial para entender la tragedia. Eso no significa que el trabajador sea el único culpable (o el único inocente) de la catástrofe, ni mucho menos. Las responsabilidades pueden ser múltiples y compartidas. Unas no excluyen necesariamente a otras.

Cuando ocurrió el accidente ferroviario de Angrois en 2013, en el que murieron 80 personas y 144 resultaron heridas, M. Rajoy era el presidente del Gobierno de España y Alberto Núñez Feijóo el presidente de la Xunta de Galicia. Tanto el uno como el otro justificaron la catástrofe como un error humano.

De hecho solo fue condenado el maquinista. El mismo Feijóo que ahora exculpa al trabajador, apuntó justo lo contrario hace 13 años cuando gobernaba el PP. Feijóo habló de error humano y votó cuatro veces en contra de la creación de una comisión de investigación del accidente del tren de Angrois en el Parlamento de Galicia.

Es el mismo Feijóo que hoy proclama que hay que conocer absolutamente todo del accidente de Urda. La ley del fonil. Para pedir dimisiones de otros hay que tener primero fuerza moral y en este caso se carece de ella. 

Entiendo que la derecha y la ultraderecha no soporten a Óscar Puente porque está continuamente poniéndolos firmes y jamás se arredra cuando contesta a la oposición en X, en el Congreso y sobre todo en el Senado, donde el PP tiene por ahora mayoría absoluta y quiere además renovarla en un pacto que ha firmado con Vox. 

Vox es el único partido que no suspendió los actos de precampaña electoral por el grave accidente de trenes. Este es el partido que dice que defiende a los españoles “muy españoles y mucho españoles” (en palabras de M. Rajoy) pero que luego no es capaz ni de respetar un minuto de silencio por la memoria de los muertos en este trágico accidente ferroviario.

Menudos patriotas de hojalata que no respetan ni la memoria de sus propios compatriotas. Son buitres carroñeros picando votos a través de una tragedia humana. 

La oposición ya ha condenado al ministro antes de que se conozcan las causas exactas y rigurosas del accidente. Los dirigentes del PP Tellado y Muñoz y el de Vox Santiago Abascal ya se han adelantado a pedir la dimisión o el cese de Puente. Es algo habitual en la política necrófaga. 

El líder de la oposición, que ahora está en modo presidente virtual de España, no pidió la dimisión del ministro tras el accidente porque Feijóo quiere mantener las formas entre sus votantes más moderados para ganar de calle las próximas elecciones. Ahora está en modo gentleman exquisito que quiere dar una imagen institucional seria e incluso fúnebre, aunque si rascas un poco se le ve el plumero. 

A los políticos hay que exigirles buena gestión en los buenos y en los malos momentos. Por ejemplo, el ex presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón gestionó fatalmente la crisis de la Dana en la que murieron ahogadas 233 personas. Por eso se le pedía la dimisión ya que prefirió alargar una sobremesa con una periodista en un reservado de restaurante mientras sus paisanos perecían bajo la gota fría que inundó sus calles y sus casas.

La oposición en Valencia pidió la dimisión de Mazón por su infame comportamiento pero su partido, el mismo que pide la dimisión de Puente, lo mantuvo indecentemente un año a pesar de las protestas y cabreo general en la Comunidad Valenciana.

 Otro ejemplo es la horrible gestión que hizo el gobierno de Aznar tras los atentados del 11M: el presidente y su ministro del Interior mintieron reiteradamente a los españoles para hacer creer que el atentado que causó 192 muertos y 1.856 heridos era obra de ETA cuando ya se sabía que había sido un comando yihadista. Hubo amenazas a España después de que Aznar apoyará a George Bush en la guerra de Irak. Esta fue su perdición y por eso, entre otras cosas, perdieron las elecciones de 2004, a pesar de que las encuestas les daban como ganadores.

La oposición ahora aprieta a Sánchez porque cree que el accidente ferroviario le quitará votos al gobierno en beneficio de PP y Vox. Es así de triste: desgracia tras desgracia, miseria tras miseria. El acuerdo de estos dos partidos que presentarán listas conjuntas al Senado ha posibilitado que en Canarias la ultraderecha ponga en sus papeletas a dos candidatos que no viven en las islas.

Es una tomadura de pelo no solo de Vox sino también del PP, que se lo permite y facilita en esas papeletas. Esta falta de respeto a Canarias debería ser más que suficiente razón para no votar a la derecha que se une a la ultraderecha para seguir controlando el Senado.

Lo que hacen estos dos partidos en realidad con Canarias es ningunearla al no presentar candidatos que vivan en el archipiélago sino en la península. En política se cae muy bajo cuando se utiliza a los muertos de un accidente para ganar votos. También cuando se colocan en las listas a candidatos paracaidcistas. 

Presentar listas de Canarias a la supuesta cámara territorial con candidatos cuneros que no viven aquí es insultante, irrespetuoso, surrealista y vomitivo. Propio de godos jediondos, acertado término que usaba con frecuencia el recordado Manolo Vieira. Aunque en este caso no sea para reír sino para llorar.

El mapa de esta externalización revela con claridad cómo la red ferroviaria pública se ha convertido en un nicho preferente de acumulación para corporaciones privadas, tanto nacionales como transnacionales. Leído con atención, ese mapa es algo más que un organigrama: es una radiografía social

Nueve meses bastaron para que la línea Madrid-Sevilla despojara al relato oficial de su barniz de modernidad tecnológica y devolviera a la superficie su verdadera estructura material. El 18 de enero de 2026, en Adamuz, la fractura inadvertida de un carril, según informaciones iniciales, provocó el descarrilamiento de un tren de la privada Iryo y la consiguiente embestida de un Alvia de Renfe: un impacto que se cobró cuarenta y seis vidas. El 28 de octubre de 2026, en Urda, las cifras provisionales del desastre alcanzaron los sesenta y nueve fallecidos y decenas de heridos —entre los que constan trabajadores, viajeros autóctonos y ciudadanos extranjeros—, tras detenerse seis convoyes por una caída del sistema LZB y autorizarse la marcha normal desde el centro de control de Atocha, lo que derivó en la colisión por alcance del AVE sobre el Iryo parado. Dos siniestros en apariencia heterogéneos, pero perfectamente unificados por una misma lógica de fondo.

Esa lógica no reside en ninguna pieza mecánica: reside en una manera de organizar el trabajo, el riesgo y el beneficio que ha encontrado en el ferrocarril público uno de sus territorios más rentables. Una vía férrea no es solo acero, balasto y electrónica; es trabajo acumulado y decisiones congeladas, jerarquías de prioridad invisibles al ojo que únicamente se hacen patentes cuando se rompen. Lo que se partió en Adamuz y lo que se apagó en Urda no fueron componentes aislados de un mecanismo: fueron los puntos débiles de una relación social que lleva décadas solidificándose en forma de pliegos de condiciones, contratos de mantenimiento y umbrales de alarma calibrados por partida doble, todo ello en la contratación del sector público en favor del capital de corporaciones privadas.

Hay, además, algo de emblemático en la coexistencia forzada entre el sistema agotado y el sistema prometido: lo viejo no termina de morir, lo nuevo no acaba de nacer, y en ese intervalo se prodigan los fenómenos que el lenguaje oficial bautiza, con deliberada neutralidad, como «incidencias», cuando en realidad son monstruosas tragedias humanas. La catástrofe no es la irrupción del azar en un mundo ordenado; es la forma violenta en que un orden aplaza sus propias cuentas pendientes hasta que ellas mismas se cobran solas. Y cuando lo hacen, el poder se apresura a rebautizarlas como fatalidad.

La alta velocidad española nació en 1992, cuando Sevilla preparaba su exposición universal, y nació como nacen los escaparates: para ser mirada. Un país que quería exhibirse ante el mundo como potencia tecnológica fabricó en tiempo récord su objeto de demostración, y la modernidad se entendió desde el primer día como espectáculo y fotografía oficial, no como proceso; como inauguración, no como conservación perseverante de lo inaugurado. Treinta y cuatro años después, esa inversión del orden —la apariencia por delante de la sustancia— ha terminado pasando su factura a la sustancia misma: el carril, la soldadura, la señal, el puesto de mando. La arteria pionera de la alta velocidad española continúa operando bajo la cobertura del sistema de protección LZB, desplegado en 1992 y concebido para las exigencias de otro tiempo. La migración programada hacia la norma europea de seguridad ferroviaria ERTMS acumula un historial de aplazamientos que trasciende cualquier imprevisto técnico o error fortuito de un operario: es el resultado sistemático de priorizar la continuidad comercial y la contención del gasto sobre la sustitución integral de una tecnología exhausta. Conviene detenerse en la palabra. Llamar «fortuito» o “incomprensible” a lo que se decidió no remediar durante años no es una descripción; es una toma de posición. El azar o lo inexplicable es el nombre que el poder da a sus propias prioridades cuando conviene no firmarlas.

En esta arquitectura, la columna vertebral del mantenimiento de las instalaciones esenciales se segrega en un entramado de uniones temporales de empresas privadas que asumen la ejecución operativa, mientras el administrador público Adif conserva la titularidad formal de la seguridad y ejerce de cómodo paraguas institucional. Apenas en la víspera de la catástrofe ferroviaria de Urda, el Consejo de Ministros autorizó una inyección complementaria de 11,5 millones de euros para paliar las disfunciones derivadas de la convivencia forzada entre el viejo soporte y el nuevo. Un parche presupuestario de ese tipo es la forma contable de una confesión: el mal era conocido, estaba inventariado y se administraba como coste soportable. La pregunta que ninguna comisión de investigación quiere formular es sencilla: soportable para quién.

El mapa de esta externalización revela con claridad cómo la red ferroviaria pública se ha convertido en un nicho preferente de acumulación para corporaciones privadas, tanto nacionales como transnacionales. Leído con atención, ese mapa es algo más que un organigrama: es una radiografía social. Muestra quién extrae, quién ejecuta, quién responde y quién paga, y demuestra que las cuatro funciones han sido escrupulosamente repartidas entre actores distintos, de modo que ninguna coincida entera en las mismas manos. El contrato del mantenimiento de las instalaciones de control de tráfico, enclavamientos y circuitos de señalización recae en la UTE GTS Sistem Mantenimiento Madrid-Sevilla. En ella convergen Hitachi Rail GTS Spain —filial de origen japonés integrada en el conglomerado multinacional Hitachi Ltd., que absorbió el negocio de transporte terrestre de la francesa Thales— con un 80% de participación, y la firma de capital nacional Sistemas y Montajes Industriales SA (Sistem), radicada en Getafe, con el 20% restante. Mientras el gigante nipón registra máximos históricos de ingresos en su división industrial de movilidad y Sistem consolida una facturación multimillonaria en el mercado estatal con resultados positivos y recurrentes, la infraestructura real acumula tensiones operativas que el sector ha aprendido a nombrar con eufemismo: «convivencia entre sistemas». 

La conservación de la infraestructura física y los aparatos de vía en el sector de Adamuz se adjudicó, por su parte, a la UTE Hornachuelos y Antequera. En este consorcio concurren corporaciones de marcado peso económico: la constructora de capital español FCC (Fomento de Construcciones y Contratas) —cuyo accionista de control es el grupo mexicano encabezado por Carlos Slim—, que cerró los nueve primeros meses de 2026 disparando su beneficio neto atribuido hasta los 230 millones de euros, un 46,6% más que en el ejercicio anterior, y superando los 8.000 millones de cifra de negocio; Ferrovial, multinacional de origen español con sede legal en los Países Bajos y fuerte implantación internacional, que reportó un beneficio operativo de 848 millones de euros y un EBITDA ajustado de 1.210 millones en idéntico periodo; el Grupo Azvi, constructora de capital nacional que supera de forma sostenida los 1.000 millones de euros de cifra de negocio y consolida ganancias por encima de los 72 millones de EBITDA anuales; y la firma de matriz española OHLA (Obrascón Huarte Lain), que tras arrastrar ejercicios de reestructuración financiera revirtió los números rojos en sus balances más recientes logrando un beneficio neto de 26 millones de euros en su último ejercicio completo cerrado y consolidando un EBITDA superior a los 130 millones de euros, apuntalado por una cartera comercial que supera los 7.000 millones.

Conviene precisar la significación de este indicador financiero: el EBITDA alude a las ganancias operativas brutas antes de descontar impuestos, costes financieros de la deuda y la depreciación del capital invertido. Que las magnitudes de EBITDA de estas corporaciones alcancen cotas multimillonarias demuestra la ingente capacidad de extracción de rentabilidad del negocio del mantenimiento, una masa de beneficio operativo de la que se apropian los accionistas privados mientras la reinversión efectiva en la infraestructura real se reduce al mínimo imprescindible. La colosal acumulación de beneficios, la solvencia patrimonial y el reparto masivo de dividendos de estas corporaciones privadas contrastan dramáticamente con el deterioro acelerado de unas vías sometidas al estrés ininterrumpido de la explotación comercial. Y sin embargo no hay aquí dos fenómenos paralelos, sino uno solo visto desde sus extremos: el excedente que no se reinvierte en el carril es, exactamente, el excedente que remunera al accionista. La degradación de la infraestructura y la excelencia de los resultados financieros no discurren por cauces separados que casualmente se cruzan; son el mismo cauce, con distinto nombre en cada orilla. La seguridad, en este modelo, deja de ser un derecho y se convierte en un costo que hay que minimizar; la vida, en una variable de ajuste.

En Adamuz, todo apunta a que el desencadenante mecánico fue la quiebra del carril, sobre la que pesaban anomalías de nivelación detectadas con anterioridad y dudas directas sobre las soldaduras aplicadas en intervenciones recientes. Los circuitos de supervisión no emitieron una alerta automatizada previa al colapso debido a la calibración de sus umbrales eléctricos y a una sensibilidad que Adif no exigió incrementar para no encarecer la factura de mantenimiento ni ralentizar las frecuencias. Esa redacción administrativa encierra una operación económica elemental: un umbral de alarma es también un precio. Fijar la sensibilidad del sistema en función de la factura equivale a asignar, de manera implícita y sin debate público, un valor monetario máximo a la vida del viajero. El riesgo, en consecuencia, no se eliminó: se transfirió a quienes viajaban, que no firmaron pliego alguno ni estuvieron presentes en mesa de contratación alguna.  

En Urda, la interrupción inicial del LZB detuvo seis convoyes, y la posterior orden de circulación ordinaria emitida desde el centro de control de Atocha completó la cadena del desastre con la colisión por alcance del AVE sobre el Iryo parado. El diagnóstico apresurado hablará de «error humano»; el diagnóstico serio preguntará quién diseñó los protocolos, con qué dotación de personal y con qué márgenes de tiempo, quién decidió que la circulación se reanudara antes de que la duda se disipara. Los procedimientos no son neutrales: distribuyen la capacidad de decidir y, con ella, la carga de morir. Y cuando el sistema falla, el último eslabón operativo —quien teclea la orden, quien vigila la pantalla— es a la vez el más frágil, el menos formado y el peor pagado: sobre él, previsiblemente, descargará el aparato todo el peso de la imputación. El «error humano» es así la coartada perfecta: individualiza la culpa, disuelve la responsabilidad sistémica y deja intacta la arquitectura que organizó el riesgo.

Ambos episodios exponen los eslabones de un mismo modelo en el que la dispersión contractual cumple una función idónea: diluir las responsabilidades penales y políticas en una nebulosa de pliegos, subcontratas y alegaciones cruzadas, ocultando el enriquecimiento privado detrás de la entidad gestora estatal. Esa dispersión no es un defecto de construcción: es una de sus piezas maestras. La unión temporal de empresas opera, en el terreno que aquí importa, como una máquina de fragmentar la imputación. El titular de la seguridad no ejecuta; el ejecutante no decide; el decisor se disuelve en capas sucesivas de subcontratación; y cada eslabón custodia apenas un fragmento de la cadena causal, insuficiente en solitario para sostener ante un tribunal la responsabilidad plena de alguien concreto. El derecho penal, forjado para autores individuales y acciones determinadas, se encuentra estructuralmente desarmado frente a un daño producido por un sistema: puede alcanzar a quien firmó, dificultosamente a quien decidió, nunca a quien se benefició. El beneficio, sin embargo, está ahí, documentado, auditado y celebrado en las notas corporativas a la prensa: es la única pieza de ambas catástrofes que jamás será provisional. Mientras la investigación penal desciende, como por gravedad, hacia los estamentos inferiores —el técnico, el operador, el jefe de turno—, la arquitectura que organizó el riesgo permanece intacta, y con ella su rendimiento. El Estado, entretanto, absorbe el descrédito y las indemnizaciones: socialización de las pérdidas, apropiación privada del excedente. La fórmula es antigua; la externalización la ha industrializado.

Mientras tanto, en la arena política e instrumental, la ofensiva mediática y parlamentaria desatada desde la derecha y la ultraderecha encauza el descontento social hacia el choque puramente partidista. Concentrar el fuego en el Ejecutivo español y personalizarlo en la figura del ministro de Transportes, Óscar Puente, cumple una rigurosa función ideológica: levantar un tupido manto de oscuridad sobre el entramado de intereses empresariales que se benefician de esta privatización de hecho. El bloque reaccionario focaliza la agitación en la gestión coyuntural del Gobierno para evitar cuidadosamente cualquier cuestionamiento del modelo de acumulación privada y subcontratación sistemática que sus propias fuerzas impulsaron y consolidaron. Al reducir el debate a la cacería política o a la negligencia individual de un cargo público, la superestructura política protege las espaldas de las multinacionales y contratistas que ordeñan el presupuesto público. La maniobra no sería posible sin la cooperación de un material previo: un sentido común criado durante décadas en la escuela del espectáculo, que pide culpables y no causas, rostros y no estructuras, dimisiones y no balances. Esa demanda espontánea de un responsable individual es el punto de apoyo exacto sobre el que pivota toda la operación. La indignación legítima de millones de personas se canaliza hacia la pieza más fungible del engranaje —el ministro de turno— y se agota en ella, como se agota un fuego artificial: mucho estruendo, ninguna consecuencia para el montaje. Sacrificar un nombre para salvar un modelo es una técnica de gobierno que ejecutan con idéntica disciplina quienes lo defienden y quienes dicen querer cambiarlo todo.

Los balances financieros de estas corporaciones demuestran que la externalización no responde a la búsqueda de la excelencia técnica, sino a la valorización del capital mediante la mercantilización de servicios e infraestructuras esenciales. La línea Madrid-Sevilla no constituye una fisura aislada en la red, sino la expresión terminante de un sistema donde la seguridad colectiva y la vida de la clase trabajadora se subordinan a la maximización de la tasa de beneficio. Ni Adamuz ni Urda son anomalías del mercado; son su consecuencia objetiva. El problema no es de nombres ni de gestiones. Es de relaciones sociales. Mientras la infraestructura siga siendo tratada como un activo financiero y no como un derecho colectivo, mientras el mantenimiento se rija por la lógica del contrato y no por la de la seguridad, mientras el beneficio privado se alimente de la degradación de lo público y el Estado actúe como garante último de las pérdidas, la lista de víctimas seguirá encontrando nuevas estaciones. Mientras la responsabilidad siga fragmentándose entre uniones de mercantiles temporales e intermediarios públicos sumisos a la lógica corporativa, y mientras el combate político se contenga en las bambalinas del espectáculo institucional, la siguiente fractura de la infraestructura continuará siendo solo una cuestión de tiempo y de punto kilométrico. La única manera de interrumpir esa serie no es cambiar al operario u operarios de Atocha ni al ministro, sino alterar la dirección en que fluye el excedente y el lugar que ocupa la vida en la contabilidad del capital.

Rusia organiza un Foro con presencia de 48 países africanos (con 22 presidentes) a los que promete acceso a tecnología bajo el compromiso de la no injerencia en sus regímenes políticos

Esta semana, la actualidad del continente africano ha pasado por Moscú. Los pasados miércoles 28 y jueves 29 de octubre, la capital rusa acogió la llamada III Cumbre y Foro Económico y Humanitario Rusia-África. La cita contó con la asistencia de delegaciones pertenecientes a 48 países africanos, 22 de ellos representados directamente por sus jefes de Estado o de Gobierno. El encuentro fue copresidido por el presidente ruso, Vladimir Putin, y por el presidente de Burundi y presidente de turno de la Unión Africana, Évariste Ndayishimiye. Asimismo, acudieron los máximos representantes de las principales organizaciones regionales del continente, entre ellas la Unión Africana (UA), la Zona de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA) y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO). 

La imagen de un Kremlin repleto de mandatarios africanos y representantes de organismos multilaterales del Sur Global va más allá de la propaganda: constituye una constatación visual de que África está decidida a estar presente sin complejos en todas las mesas y cada una de las mesas donde se debate el equilibrio internacional. 

Durante la sesión plenaria y a lo largo de una maratoniana agenda de reuniones bilaterales cara a cara con prácticamente cada uno de los 22 presidentes asistentes, Putin articuló un discurso cuidadosamente diseñado para la audiencia africana. Denunció lo que calificó de “prácticas neocoloniales” e “injerencias mediante la deuda” por parte de Occidente, prometiendo una relación basada en la no injerencia y la “soberanía tecnológica”. 

Entre sus ofertas concretas, el mandatario ruso destacó la disposición a compartir tecnologías digitales, el impulso a proyectos de energía nuclear civil (como la central que Rosatom construye en Egipto -El Dabaa- o los proyectos pactados con Etiopía y Ruanda), el incremento de becas universitarias hasta alcanzar los 40.000 estudiantes africanos en Rusia y el compromiso de suministro de grano y fertilizantes. Durante los primeros nueve meses de 2026, las exportaciones rusas de productos agrícolas a África superaron los 13 millones de toneladas. 

Sin embargo, vamos a dimensionar con números lo que en la práctica hay detrás de esta foto, porque más allá de las promesas y la retórica diplomática, los datos fríos dibujan un panorama de realizaciones sensiblemente más modesto. En el plano comercial, el intercambio de mercancías entre Rusia y África se situó en 27.100 millones de dólares en 2025, una cifra muy alejada del objetivo de 40.000 millones anunciado por Moscú en la cumbre de Sochi de 2019. Esta cantidad palidece si se compara con los 348.000 millones de dólares registrados por el comercio chino o con los casi 355.000 millones de euros (aproximadamente 395.000 millones de dólares) del intercambio bilateral con la Unión Europea. 

Incluso en el ámbito militar, donde Rusia ha proyectado su perfil más visible mediante el despliegue del Africa Corps (heredero de la red mercenaria Wagner) en los países del Sahel y en otros como la República Centroafricana, las exportaciones globales de armamento ruso han caído un 64 % entre 2021 y 2025. En el Sahel, la sustitución de la presencia occidental por tropas rusas no ha traído la estabilidad prometida, como hemos puesto de manifiesto en multitud de artículos desde Casa África, además de en nuestras jornadas de seguridad sobre esta zona del mundo.  

La violencia extremista en la región saheliana se ha disparado, hasta el punto de concentrar más del 50% de las muertes por terrorismo en el mundo. A ello se suma la erosión de la reputación de Rusia a cuenta del reclutamiento de miles de jóvenes africanos para ser utilizados en el frente de la guerra de Ucrania, un hecho investigado y denunciado de forma creciente por gobiernos y por organizaciones de la sociedad civil en África. 

La misma Amnistía Internacional, coincidiendo con la cumbre, ha emitido un comunicado pidiendo a los líderes africanos que exijan el fin del “reclutamiento coercitivo y engañoso” de ciudadanos africanos, lo que para esta ONG internacional constituye un caso de trata de personas. En Camerún, por ejemplo, un colectivo llamado 'Devuelvan a nuestros hijos y hermanos' se manifestó frente la Embajada rusa en Yaundé coincidiendo con la Cumbre. Una organización que analiza la actividad militar rusa en África, llamada All eyes on Wagner, cifra en al menos 1.417 los africanos reclutados en el ejército ruso, de los que más de 300 habrían muerto. 

No olvidemos, además, que Rusia está también presente en el terrible conflicto de Sudán, ahora mismo la mayor catástrofe humanitaria del planeta, con aporte de armamento a una de las partes y también implicado en el tráfico de oro, uno de los minerales que obviamente condiciona este conflicto.  

Pero para comprender por qué los líderes africanos acuden a Moscú a pesar de estas evidentes limitaciones y con escenarios más que criticables, es necesario superar los marcos de análisis paternalistas con los que hemos estado tantos años mirando hacia nuestros vecinos. 

Como bien han definido los investigadores del think tank (centro de pensamiento) británico Chatham House, las diplomacias del continente están practicando un “no alineamiento diversificado”. Los gobiernos africanos no asisten a la capital rusa por sumisión ideológica ni por estar deslumbrados por el poder del Kremlin. Acuden porque, en el actual escenario multipolar, consideran que su deber es diversificar al máximo sus alianzas para ganar margen de negociación, buscar apoyos puntuales y reformar la gobernanza multilateral. Esa es lo que algunos llaman realpolitik o el verdadero nuevo panorama geopolítico global: “Por interés, te quiero, Andrés”. 

Se llama pragmatismo: si soy un país africano y quiero grandes infraestructuras, carreteras o ferrocarriles, recurro a China. Si quiero inyecciones de liquidez en mi economía, inversiones agroalimentarias o mejorar la logística de mis puertos, miraré hacia las monarquías del Golfo (Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí o Catar). Si quiero energía nuclear, material militar o seguridad para el entorno de mi gobierno, tiraré de Rusia o de Turquía. 

Y en este esquema, ¿dónde queda Occidente? Pues para la ayuda al desarrollo o para afianzar y mantener la arquitectura financiera multilateral 

Las propias sociedades civiles africanas respaldan la autonomía de este enfoque. Según encuestas de la red Afrobarometer, el 72% de los ciudadanos africanos consultados sostiene de forma categórica que sus respectivos países deben permanecer neutrales ante la guerra en Ucrania, rechazando ser arrastrados a disputas entre bloques externos. 

Como tuvimos ocasión de analizar de forma monográfica hace unos días en la sede de Casa África durante la presentación del Cuaderno de Estrategia 237 del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) enfocado al Cuerno de África, la lección es aplicable a todo el continente: África ha dejado de ser un objeto de intervención asistencial para consolidarse como un conjunto de socios diversos e igualitarios en el orden mundial. Y sus países, que quieren más presencia y peso en el orden global, han entendido que esta diversificación es el único camino. 

Salvando las distancias, vecinos europeos como Italia están dando pasos decididos para articular su propia personalidad estratégica mediante iniciativas como el Plan Mattei. Esta estrategia italiana busca posicionar a Roma como un puente energético, económico y logístico con el continente, articulando inversiones prioritarias en infraestructuras, energía, agricultura y educación a cambio de acuerdos bilaterales de estabilidad y cooperación mutua. 

Del mismo modo, España debe consolidar y potenciar su propia personalidad e instrumentos –por ejemplo, ya tiene aprobada y en marcha una Estrategia España-África, y además ejerce acciones de diplomacia pública desde una institución como Casa África- para definir una política de Estado con voz propia, ágil, ambiciosa y con vocación de permanencia. 

La vía para reconstruir una alianza sólida y duradera entre Europa y África pasa, pues, por comprender la legitimidad de la autonomía estratégica africana. Europa y España deben ofrecer lo que África legítimamente reclama: transferencia tecnológica real, industrialización local, financiación productiva y una cooperación fundada en la escucha activa y el beneficio mutuo. Solo desde el tú a tú, desde la consideración de África como un actor soberano e indispensable seremos capaces de edificar relaciones de futuro basadas en el respeto y el rigor estratégico que demanda nuestro tiempo. 

¿Tendrán que pasar y echarlo abajo todo, sin piedad ni consideraciones; desmontar la memoria que consuela y que se alía con la justicia, reventar los soportes que tranquilizan a los necesitados, alterar los pilares del bienestar, enfermar lo sanitario, ignorantar lo educativo; favorecer a una camarilla para que pueda flotar —incluso sin mojarse— en el océano de una realidad donde una agitada masa —más desdichada, maniatada y amordazada que nunca— bracea para no hundirse en el marasmo; generar odios y malquerencias, potenciar ineptitudes, abanderar cinismos y variopintas violencias, estimular abismos, realzar mediocridades; repatrioterar con colorines lo ajado, lo desgastado de tanta penosa e insulsa loa a una nación de la que lo desconocen todo; cerrar las casas de auxilio, clausurar los espacios de convivencia y consuelo, armar a los fanáticos, suprimir las garantías legales, exprimir las paciencias, alentar las vísceras, chapotear en desechos, caldear ánimos, aniquilar a los indefensos, anular a los útiles, despreciar a los sabios, humillar a los trabajadores, escupir sobre la dignidad de nuestras mujeres, desangrar a los desiguales, mortificar a los que aman, importunar hasta el hartazgo a los filántropos; tendrán, tendrán, tendrán… para que de las cenizas de lo que termine quedando tras esta inmisericorde destrucción del mundo que hemos conocido —mejorable, sin duda, pero no merecedor de esta catástrofe— surja un grupo de personas serias, responsables, cabales, juiciosas, íntegras, rectas, formales, solventes, rigurosas, ecuánimes, confiables, conscientes de lo que se ha perdido y de lo que es imperativo que se vuelva a conseguir, y se logre, y se gane; y se consolide, y dure, y se proyecte en lo que quede de siglo, incluso en los que han de venir con posterioridad; y sea posible la unidad, pero la de verdad —no la de retóricas formas e imposibles contenidos— para que un régimen constituyente vuelva a formarse, libre de ataduras regias y de vividores, y de tipos emperchados sujetos a la sopaboba, y de mercenarios armados con argumentarios chipirifláuticos, y de bambús meciéndose en sus escaños al viento de los poderes fácticos, y de necios adiestrados en el aplauso fácil y las más zafias groserías, meros claques amarrados a ese sueldo que, con sudor y sacrificio, abona el mismo pueblo al que desprecian, y que el mejor país deseado pueda tener definitivamente una verdadera oportunidad para lograr, aunque impregnada la memoria del horripilante destrozo, su imperecedera y merecida prosperidad? ¿Tendrán que pasar? Para llegar al cielo, ¿primero el infierno? Así debe pensar el condenado a muerte mientras contempla al pelotón de fusilamiento.

De la noche a la mañana, 20.000 plazas aéreas fueron canceladas de golpe. Cuatro conexiones semanales fulminadas unilateralmente por el gigante británico Jet2 desde Mánchester y Londres, Volotea anula las conexiones con Francia y hay cero margen de reacción para nuestros hoteles, restaurantes, taxis, comercios… Y entonces, ¿cuál es la garantía para el destino y qué herramientas existen para no verse afectado por decisiones que se toman a miles de kilómetros de distancia?

Lamento decirles que este hecho no es un accidente de mercado ni un imprevisto técnico. Es el saldo real y frío del modelo de turoperación tradicional al que nos tienen acostumbrados, y del que parece no haber escapatoria. También la prueba fehaciente de que entregar las llaves de nuestra conectividad a despachos extranjeros no genera estabilidad, sino una dependencia suicida.

¿Qué pasó exactamente con Jet2?

A mediados de octubre de 2026, la aerolínea y turoperador británico Jet2 comunicó por sorpresa que el 30 de octubre realizaría su último vuelo con la isla.

Canceló sin previo aviso la ruta directa entre Mánchester y La Palma y eliminó los vuelos previstos desde Londres-Stansted que iban a arrancar en noviembre. El resultado inmediato: La Palma perdió de la noche a la mañana cuatro conexiones semanales y entre 15.000 y 20.000 plazas aéreas de invierno. El impacto local: hoteles, casas rurales, restaurantes, taxis, guías y comercios se quedaron colgados a las puertas de la temporada alta.

¿Cómo son realmente estos acuerdos?

Cuando el Cabildo o una administración pública anuncian que han alcanzado un acuerdo con una aerolínea en realidad lo que firman es un contrato de patrocinio publicitario o comarketing. Con dinero público de los impuestos de todos, se paga a la compañía privada para que ponga fotos de La Palma en la portada de su página web, envíe correos a sus clientes promocionando la isla o publique anuncios en sus revistas a bordo. Estos acuerdos están vigentes hasta 2028, pero no dan garantía de retorno.

Por otro lado, la Orden de 27 de enero de 2026, publicada el 23 de febrero, recogió dos expedientes favorables de Jet2, que son los de subvenciones aéreas 0006‑2025, Londres-Stansted-La Palma, y 0007-2025, Birmingham‑La Palma.

La subvención no exigía transportar pasajeros y la ayuda económica se condicionaba principalmente a la capacidad aérea operada durante un número mínimo de semanas. En palabras del presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, con el acuerdo se “marca un antes y un después en la estrategia de conectividad de nuestra isla”. “Hoy no solo celebramos el aterrizaje de una compañía líder como Jet2 y su turoperador Jet2holidays, sino que celebramos la consolidación de un modelo turístico que está demostrando una fortaleza y una capacidad de recuperación admirables”.

¿Dónde está la trampa y por qué no funciona?

Se paga por hacer publicidad, no por garantizar vuelos: El contrato obliga a la aerolínea a poner anuncios, pero no la obliga a mantener los aviones volando ni un solo día. Legalmente, la compañía cumple cobrando el dinero de la campaña de publicidad y, al día siguiente, si sus cuentas globales dicen que gana más dinero llevando ese avión a Turquía, Egipto o el Caribe, cancela la ruta y se van.

Se paga por ofrecer plazas, no por ocuparlas. Existe una diferencia decisiva entre ofrecer plazas y conseguir visitantes. Las bases reguladoras vinculaban la ayuda a los asientos efectivamente operados, aunque estuvieran vacíos, sin establecer una ocupación mínima como requisito independiente de pago. Por tanto, el mecanismo podía incentivar la apertura de rutas, pero no garantizaba por sí mismo su rentabilidad, su permanencia a largo plazo ni un retorno económico concreto para las empresas palmeras.

Riesgo total para La Palma, riesgo cero para la multinacional. Si el vuelo viene lleno, la aerolínea cobra el billete y el patrocinio. Si la aerolínea decide irse, el dinero público de la promoción ya se ha gastado y no se recupera. La Palma asume todo el impacto económico y la multinacional se va a otro destino sin perder un solo euro. ¡Vaya negociazo!

En resumen, no han fallado los paisajes, ni los fondos marinos, ni nuestro cielo, ni la gastronomía, ni nuestra gente, ni los hosteleros. Ha fallado un sistema de gestión pública que lleva años regalando dinero en contratos de publicidad a multinacionales extranjeras que no tienen ningún compromiso de permanencia ni lealtad con los destinos y mucho menos interés en garantizar la supervivencia de este a largo plazo.

El diseño de esta estrategia se enfocaba parcialmente a proteger el dinero público, pero no a garantizar el resultado turístico global y su retorno. No basta con que el avión tenga 189 asientos disponibles si llegan pocos viajeros, si las reservas no cubren las expectativas del sector o si la ruta desaparece tras unos meses.

La cancelación de Jet2 hace necesario conocer cuánto dinero público se comprometió, cuánto llegó a abonarse y qué consecuencias administrativas se derivan de la retirada. ¿Y ahora qué?

¿Qué reveló este fracaso?

-Ineficiencia en el uso de fondos públicos: invertir dinero público en subsidiar promociones de turoperadores privados no genera compromiso ni lealtad con el destino. El turoperador cobra la ayuda y, en cuanto sus métricas globales cambian el 0,5%, traslada el avión a otros destinos que son más interesantes.

-Falta de estrategia pública de comercialización: la Administración insular admitió que “la compañía no supo interpretar el producto La Palma”. Si el Cabildo deja la narrativa de la isla en manos del catálogo comercial de un tercero, el fracaso está garantizado.

-Anatomía del chantaje: las negociaciones tradicionales se reducen a un pulso en que el turoperador exige más subvenciones por plaza vacía o rebajas de tarifas aeroportuarias, mientras que la isla asume todo el riesgo financiero.

-La trampa de escala y el choque de modelos: La Palma es una isla con una escala alojativa reducida (casas rurales, pequeños hoteles familiares, complejos de dimensión media). No tenemos ‑ni debemos tener‑ la infraestructura de grandes resorts estandarizados de las islas capitalinas. Sin embargo, la gran turoperación europea (TUI, Jet2...) opera exclusivamente bajo la lógica del gran volumen de sol y playa. Cuando un turoperador desembarca en La Palma, pretende forzar a nuestro destino a encajar en la horma del turismo masivo. Al no encontrar miles de camas hiperconcentradas a precio de saldo, la operativa les resulta menos rentable que en otros destinos y cancelan la ruta sin contemplaciones.

Las matemáticas de la turoperación tradicional

Nos han repetido hasta la saciedad que debemos someternos a las exigencias de las grandes multinacionales turísticas porque “traen el pan a la isla”. Sin embargo, según datos de la ONU Turismo y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en los destinos insulares dominados por el paquete turístico tradicional existe un fenómeno devastador llamado fuga turística (tourism leakage) y entre el 78% y el 92% del dinero gastado en paquetes jamás llega a la economía local. Hagamos las cuentas que nunca te han querido enseñar, veamos qué ocurre exactamente cuando un turista de turoperador compra un paquete para venir a La Palma frente a lo que ocurre cuando controlamos nuestra comercialización. ONU Turismo dice que por cada 100 euros gastados pasa esto:

-78 euros se van a la sede del turoperador o a la agencia extranjera, aviación, tasas internacionales, seguros y comisiones…

-14 euros van a costes fijos del hotel y proveedores multinacionales.

-8 euros llegan a las economías locales, o lo que es lo mismo, llegan a La Palma.

Por lo tanto, cada vez que un turoperador tradicional trae un vuelo a La Palma casi 80 de cada 100 euros ni siquiera llegan a pisar suelo palmero. 

Pero eso sí, ahora cabe reflexionar sobre esto. La Palma asume el desgaste de las carreteras, el agua de nuestros acuíferos, la gestión de los residuos y la saturación de las infraestructuras. Nos dejan las migajas del banquete y, cuando sus márgenes globales bajan el 0,5%, nos apagan los aviones y nos dejan en la estacada, mientras que el beneficio económico se evapora antes de que el avión despegue de Europa. Y lo que es más sangrante: el Cabildo ha financiado esta trampa con cientos de miles de euros públicos en convenios de comarketing que solo han servido para subvencionar a los mismos turoperadores que hoy nos dejan tirados.

Hay alternativas y están funcionando

La evidencia internacional nos muestra que, frente al discurso del miedo que intenta convencerte de que “sin los grandes turoperadores no somos nada”, otros archipiélagos atlánticos e islas del mundo sufrieron lo mismo, lo analizaron, se plantaron y cambiaron las reglas del juego. Han demostrado que cortar el cordón umbilical con los intermediarios extractivos no solo es posible, sino infinitamente más rentable. Aquí varios ejemplos:

-Islas Azores (Portugal): rechazaron la construcción de grandes resorts y la dependencia de paquetes cerrados. Reorientaron su conectividad hacia vuelos regulares y venta directa combinada con la certificación de destino sostenible. Resultado: aumentaron el gasto medio por visitante el 35%, lograron que el 80% de los ingresos turísticos se quede en pymes locales y mantienen vuelos estables los 365 días del año.

-Islandia: eliminó las subvenciones opacas a turoperadores y creó un fondo de desarrollo de rutas condicionado a la estabilidad anual de los vuelos regulares. Hoy, más del 65% de sus visitantes son viajeros independientes que contratan directamente con empresas locales, erradicando la intermediación que vaciaba sus recursos.

-República de Palaos: pasó de sufrir la masificación de charters a instaurar la plataforma de fidelización regenerativa y el Palau Pledge. Lograron que el 80% de los ingresos del turismo se inviertan directamente en las comunidades locales y en la regeneración de su entorno natural.

La solución: estrategias de turismo regenerativo

-Fin de los cheques en blanco: cero euros de dinero público para turoperadores de paquete cerrado. Reorientar el presupuesto insular a convenios con aviación regular que garantice conectividades todo el año.

-Plataforma digital y comercialización directa: un gran motor digital público que conecte directamente los vuelos regulares con nuestras casas rurales, hoteles pequeños, empresas de senderismo, guías, rent a cars locales, bodegas, fincas o empresas marinas. Eliminar comisiones de los intermediarios extranjeros para que ese 80% que no llega, esta vez sí, sea distribuido en el bienestar de los residentes.

-Corredores aéreos entre islas: una solución que ha salvado islas diminutas en Hawái inyectando dinero en la economía local y regenerando su territorio al redirigir de forma selectiva el flujo masivo de visitantes que aterrizan en las islas de mayor tamaño hacia el resto. Se convierte así el volumen de los grandes aeropuertos en turismo de valor y se aumenta significativamente la media de estancia en esas islas.

-Ecotasa: para recuperar la soberanía en La Palma, la reforestación de nuestros montes y senderos, y nuestros fondos marinos, y también para apoyar desde el turismo otros sectores como la agricultura, vivienda y educación; en definitiva, que el turismo sea uno de los motores del bienestar de las familias que residen en la isla.

-El valor de la autenticidad: hay que dejar de competir en volumen para competir en valor.

El turismo regenerativo supone un auténtico cambio de paradigma. Mientras que el turismo sostenible busca minimizar los impactos negativos de la actividad turística sobre el territorio, el turismo regenerativo va mucho más allá: sitúa a las personas que habitan el destino y al propio territorio en el centro del modelo turístico, en lugar de poner el foco exclusivamente en el visitante.

Ya no se trata simplemente de reducir los daños o de evitar el deterioro de los lugares que visitamos, sino de generar un impacto positivo, recuperar los ecosistemas, fortalecer las comunidades locales y mejorar la calidad de vida de quienes residen en el territorio.

Porque el verdadero éxito del turismo no debería medirse solo por lo que disfruta quien nos visita, sino por lo que gana y mejora la comunidad que lo recibe.

El momento de decidir es ahora

La estampida de los turoperadores ha dejado al descubierto la vergüenza de un modelo agotado y la extrema fragilidad de un sistema obsoleto. Sin embargo, este cierre de puertas nos ha regalado la mayor oportunidad que un destino puede recibir.

Podemos seguir como hasta ahora: agachando la cabeza, mendigando vuelos a multinacionales que nos desprecian y asistiendo en silencio a cómo el coste de la vida se encarece para las familias palmeras, cómo los recursos naturales se explotan sin retorno ni control, cómo nuestros jóvenes se ven abocados a la emigración por la falta de oportunidades y empleo precario, cómo nuestros mayores sufren el aislamiento sin servicios públicos que garanticen su bienestar social y cómo el acceso a una vivienda digna se vuelve un hito impensable... 

O mejor podemos apostar por transformar el modelo turístico porque la evidencia internacional demuestra que sí hay alternativas.

Hace tiempo que dejé de intentar entender la política. Ahora intento entender el país.

Cada mañana hago lo mismo que millones de españoles. Enciendo la radio. Abro un periódico. Miro el móvil mientras tomo el primer café. Busco, como cualquiera, comprender qué ha ocurrido mientras dormía. Sin embargo, desde hace un tiempo, al cabo de unos minutos siempre me invade la misma sensación: cada medio parece contar un país diferente.

Uno asegura que todo funciona razonablemente bien. Otro afirma que vivimos una crisis sin precedentes.

Uno habla de avances. Otro solo encuentra retrocesos.

Uno invita a la esperanza. Otro anuncia el desastre.

Apago la radio. Cierro el periódico. Dejo el teléfono sobre la mesa.

Y camino hasta el baño. Levanto la cabeza. Me miro al espejo. Hasta hace poco solo veía mi reflejo.

Ahora empiezo a ver el país que aparece detrás de él. 

No ocurrió de un día para otro. Las cosas importantes casi nunca suceden así. Fue despacio. Como se agrietan las paredes de una casa. Al principio nadie percibe la fisura. Después parece un simple detalle.

Hasta que un día descubres que la grieta lleva mucho tiempo creciendo sin que nadie quisiera verla.

Eso es exactamente lo que siento cuando observo lo que ocurre a mi alrededor. No me preocupa que existan personas que piensen distinto que yo. Sería absurdo.

La democracia consiste precisamente en eso: en convivir con ideas diferentes.

Lo que me preocupa es otra cosa. Tengo la sensación de que hemos dejado de escucharnos. Que cada vez buscamos más aquello que confirma lo que ya pensamos y menos aquello que puede hacernos cambiar de opinión.

Que confundimos información con reafirmación.

Que preferimos un titular que nos dé la razón antes que una noticia que nos obligue a reflexionar.

Que discutimos demasiado y dialogamos demasiado poco. Y cuando eso ocurre, todos perdemos.

Da igual dónde nos situemos, porque el ruido nunca pregunta a quién votas antes de arrasarlo todo.

Quizá esa preocupación tenga mucho que ver con mi forma de mirar la vida.

Vivo con una discapacidad visual y aprendí hace tiempo que, cuando las instituciones fallan, quienes primero sienten sus consecuencias suelen ser siempre los mismos.

Las personas mayores. Las personas con discapacidad. Quienes dependen de una ayuda pública. Quienes esperan una resolución administrativa. Quienes necesitan que la sanidad funcione. Quienes no tienen un altavoz desde el que hacerse escuchar.

Mientras el país discute sin descanso sobre casi todo, ellos siguen esperando.

Esperando una valoración. Una prestación. Una respuesta. Una oportunidad.

Y, sin embargo, rara vez ocupan el centro de la conversación.

Tal vez porque el enfrentamiento siempre genera más audiencia que la gestión.

Seguí mirándome en el espejo. Entonces comprendí que el problema no era la política.

Ni siquiera eran los políticos.

El problema empezaba mucho antes. Empezaba el día en que un ciudadano dejaba de confiar.

Cuando una persona deja de creer que las instituciones pueden resolver los problemas con independencia y eficacia.

Cuando duda de casi todo antes incluso de conocer los hechos.Cuando la sospecha sustituye a la confianza.

No hablo de confiar ciegamente.

Eso tampoco sería sano.

Toda democracia necesita ciudadanos críticos.

Pero una sociedad tampoco puede vivir instalada en la sospecha permanente.

Porque cuando dejamos de confiar en todo, terminamos creyendo únicamente a quienes piensan exactamente como nosotros.

Y ese es un camino peligroso. Porque nos empobrece. Nos encierra. Y acaba convirtiendo el desacuerdo en una frontera.

Apoyé las manos sobre el lavabo. Por primera vez dejé de mirar el espejo. Y empecé a mirarme a mí.

Me pregunté cuántas veces había compartido una noticia sin detenerme lo suficiente a comprenderla.

Cuántas veces había escuchado solo a quienes reforzaban mis propias ideas.

Cuántas veces había contribuido, sin darme cuenta, a ese ruido que tanto criticaba.

Comprendí entonces que el espejo nunca había querido hablarme de gobiernos. Ni de partidos. Ni de ideologías.

Quería hablarme de nosotros.

De cómo la confianza se construye muy despacio y puede romperse en apenas unos minutos. De cómo resulta mucho más sencillo desacreditar que comprender.

Mucho más fácil etiquetar que escuchar. Mucho más rentable alimentar el enfrentamiento que buscar puntos de encuentro.

Y comprendí algo que me produjo más tristeza que enfado.

Los países no empiezan a romperse cuando unos ciudadanos piensan diferente de otros. Empiezan a romperse cuando dejan de reconocerse entre ellos. Cuando la conversación desaparece. Cuando la desconfianza ocupa el lugar del respeto. Cuando olvidamos que las instituciones existen para proteger derechos y no para convertirse en el escenario permanente de nuestras batallas.

Apagué la luz.

El espejo volvió a ser únicamente un espejo.

Mi rostro seguía siendo el mismo. Pero el país continuaba detrás. Esperándonos a todos. No para decidir quién gana la próxima discusión. Sino para preguntarnos si todavía somos capaces de recuperar algo tan sencillo y tan difícil como la confianza.

Porque quizá el mayor desafío de una democracia no sea conseguir que todos pensemos igual.

Quizá el verdadero desafío consista en que, pensando diferente, todavía seamos capaces de reconocernos cuando volvamos a mirarnos en el mismo espejo.

Es sencillamente intolerable escuchar a Feijóo hablar de responsabilidades políticas precisamente el día en que se cumplen dos años de la infame sobremesa de El Ventorro, del tardío e inútil CECOPI y de una gestión criminal que costó la vida a 233 personas en Valencia.

Hay que recordar que el mismo Feijóo que ahora exige responsabilidades políticas, formó parte de la estrategia de intoxicación de Mazón, al tratar de encubrir su desaparición mientras los ríos se desbordaban y se gestaba la tragedia.

Fue el mismo Feijóo que ahora pide explicaciones el que afirmó que había estado en contacto permanente con Mazón, el cual le habría estado informado en tiempo real. Una mentira repugnante que desmintieron los registros de llamadas, demostrando la catadura moral del aspirante a presidente.

El mismo Feijóo que ahora pide explicaciones y exige que se sepa la verdad, fue el que mintió de manera indigna e irresponsable, difundiendo bulos, negando que la Generalitat dispusiera de información más que suficiente proporcionada por diferentes organismos públicos, en su afán de exonerar a su president.

Feijóo, además de mentir tratando de encubrirlo, mantuvo a Mazón al frente de la Generalitat, negando la existencia de responsabilidades políticas hasta que la repulsa de las víctimas estalló en el funeral de estado, forzando su dimisión un año después.

La legitimidad de Feijóo para pedir responsabilidades políticas es sencillamente inexistente y el que a pesar de ello las pida no es más que una muestra de cinismo y más cuando está por ver que esas responsabilidades existan y que estén detrás de las causas del siniestro.

Los muertos siempre duelen y no hay muertos de primera y de segunda, pero las causas detrás de los fallecimientos no son siempre equiparables.

Los muertos del accidente de Urda son fruto de un error humano producido en el ámbito técnico. Los muertos de la dana se produjeron por negligencia y la paternidad de esa negligencia es indudablemente política. Una diferencia que se empeña en ignorar Feijóo.