La Policía Nacional ha reforzado su presencia en Canarias con 176 agentes, de los que 130 son de nuevo ingreso de la Escala Básica y 46 proceden del concurso general de méritos, unas incorporaciones que permitirán aumentar la capacidad operativa del cuerpo y reforzar la seguridad ciudadana.

En un comunicado, el Ministerio del Interior detalla que, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se incorporan 95 nuevos policías distribuidos entre la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife (50), la Comisaría Local de Tenerife Sur (40), la Comisaría Local de Puerto de la Cruz (2) y el Aeropuerto Tenerife Sur (3).

Por otro lado, en la provincia de Las Palmas se incorporan 35 nuevos policías, destinados en las plantillas de Puerto del Rosario (23) y Arrecife (12). En conjunto, los 130 agentes de nuevo ingreso reforzarán la prestación del servicio policial en todo el archipiélago.

El Ministerio señala que estos efectivos “contribuirán a reforzar las labores de prevención, investigación, respuesta policial y atención al ciudadano, mejorando la capacidad de actuación de la Policía Nacional en todo el territorio provincial”.

En cuanto a los 130 agentes de nuevo ingreso, indica que han superado el correspondiente periodo de formación en la Escuela Nacional de Policía de Ávila y, tras completar un año de prácticas en distintas unidades policiales, inician ahora su destino definitivo, donde continuarán desarrollando su labor al servicio de la ciudadanía.

Los nuevos agentes han sido recibidos en la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, en un acto presidido por el Subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, Jesús Javier Plata Vera, acompañado por el Jefe Superior de Policía de Canarias, Jesús María Gómez Martín, y el Comisario, Jefe Provincial en funciones, Raúl Contreras Sabio.

Junto a estos efectivos, se incorporan 46 agentes procedentes del concurso general de méritos, un proceso de provisión de puestos mediante el cual, policías nacionales destinados hasta ahora en otras plantillas pasan a prestar servicio en diferentes dependencias de Canarias, reforzando igualmente los recursos humanos de la Policía Nacional en el archipiélago.

En conjunto, según Interior, las 176 incorporaciones “permitirán consolidar la presencia policial, reforzar las labores de prevención e investigación, mejorar la atención al ciudadano y ofrecer una respuesta más eficaz a las necesidades de residentes y visitantes”, concluye el comunicado.

Por primera vez en los cincuenta años que lleva imprimiéndose en Tenerife, el decano de la prensa de Canarias, Diario de Avisos, ha derrotado por primera vez a su eterno rival, El Día, en lo que respecta a lectores de sus respectivas ediciones impresas. Según ha informado Diario de Avisos en su edición de este miércoles, la segunda oleada del año del Estudio General de Medios (EGM) ha situado a su edición impresa en una media de 46.000 lectores diarios, 7.000 más que El Día.

Diario de Avisos, que nació en Santa Cruz de La Palma hace 136 años y este 2026 cumple 50 desde que se instaló en la isla de Tenerife. es en este momento el periódico más leído de la provincia occidental por encima su competidor histórico en este territorio. Es la primera vez que ocurre. “Un hito que, en un año tan especial para esta cabecera, adquiere una dimensión aún más significativa desde que fue refundado en el año 2015 por el Grupo Plató del Atlántico, el mayor conglomerado multimedia de Canarias, al que pertenece en la actualidad”, ha resaltado este miércoles el decano en sus páginas.

La segunda oleada de 2026, que recoge la evolución de audiencias entre octubre de

2025 y mayo de 2026, sitúa a Diario de Avisos con 46.000 lectores diarios en la provincia de

Santa Cruz de Tenerife. La cifra supone un crecimiento de 7.000 lectores respecto a la oleada anterior y un incremento del 21% en comparación con el mismo periodo del año 

pasado. El Día, en cambio, registra un retroceso de 9.000 lectores y queda con tan solo 39.000, lo que representa una caída del 27,78% en términos interanuales. 

El Estudio General de Medios (EGM) es la investigación de referencia sobre el consumo de medios de comunicación en España. Fue presentado por primera vez el 30 de octubre de 1968 en Madrid y, desde entonces, se ha consolidado durante casi seis décadas como el instrumento más fiable para medir la audiencia de la prensa, la radio, la televisión y otros soportes. 

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha iniciado la tramitación para la adquisición de 400 nuevas emisoras de radio portátiles digitales destinadas al Servicio de Policía Local, con el objetivo de reforzar y modernizar sus sistemas de comunicación operativa.

La inversión asciende a 543.132 euros y se articula a través del Lote 1 del Sistema Dinámico de Adquisición 24/2022, un instrumento de contratación centralizada de la Administración General del Estado que permite agilizar los procedimientos y favorecer la concurrencia competitiva, con el objetivo de obtener condiciones ajustadas a mercado.

Esta actuación, coordinada entre las áreas de Seguridad y Modernización, se enmarca en el proceso de renovación integral de los terminales de comunicación de la Policía Local, dentro de la estrategia municipal de actualización tecnológica de sus recursos operativos. Los nuevos dispositivos operarán bajo el estándar europeo TETRA e integrados en la red RESCAN del Gobierno de Canarias, lo que permitirá una coordinación directa e interoperable con los distintos servicios de emergencia del Archipiélago.

El suministro contempla equipos de última generación con elevados estándares de resistencia y seguridad. Las emisoras dispondrán de certificación IP65/66/67, que garantiza su funcionamiento en condiciones adversas, así como frente a polvo, agua, impactos y uso intensivo en intervenciones policiales. Asimismo, incorporan cifrado TEA2 y sistemas de autenticación activa, orientados a garantizar la confidencialidad e integridad de las comunicaciones operativas.

Cada terminal contará con baterías inteligentes de alta capacidad de 2.150 mAh y un sistema de carga dual mediante cargador de sobremesa con doble posición, lo que permitirá a cada agente disponer de autonomía operativa continua mediante baterías de repuesto listas para su uso.

Los equipos incorporarán además antena dual TETRA/GPS para localización y seguimiento, así como microaltavoces con cancelación de ruido, diseñados para mejorar la claridad de las comunicaciones en entornos especialmente ruidosos o de alta complejidad operativa. Asimismo, permitirán la programación remota desde un servidor centralizado, facilitando la actualización y configuración de los terminales sin necesidad de retirada física de los equipos.

En materia de sostenibilidad, los dispositivos cumplen con la Directiva Europea 2009/125/CE de diseño ecológico y eficiencia energética, lo que contribuye a la implantación de soluciones tecnológicas más eficientes y de menor consumo energético.

El concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Íñiguez, ha señalado que “la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria continúa su proceso de modernización tecnológica para ofrecer una mejor respuesta en materia de seguridad a la ciudadanía. En este caso incorporaremos 400 nuevas emisoras, con una inversión de más de medio millón de euros, que nos permitirán mejorar la conexión con el CEMELPA, así como con la red autonómica RESCAN y la coordinación con el resto de operadores, ya sean cuerpos y fuerzas de seguridad, otros servicios municipales o los servicios sanitarios”.

Íñiguez ha añadido que “este paso en la modernización es uno más dentro de un proceso continuo que ha permitido a la Policía Local disponer de herramientas para geolocalizar tanto los incidentes como a los propios agentes, mejorando así la capacidad de respuesta ante cualquier emergencia”.

El contrato incluye no solo el suministro de los equipos en un plazo de 60 días naturales, sino también la programación inicial de los terminales, la formación técnica necesaria para su correcta gestión y una garantía ampliada de cinco años para averías eléctricas y mecánicas.

Con la llegada del verano, la icónica chocolatina que Binter reparte a sus pasajeros en todos sus vuelos se retira del servicio a bordo y se sustituye por alternativas que no vean afectado su estado por el calor.

Entre el 1 de julio y el 14 de octubre, los productos que la aerolínea canaria ofrecerá como snack de cortesía serán Donuts glasé, galletas multicereales integrales o papas Munchitos. La rotación de productos se realizará según el horario del vuelo y las necesidades de los pasajeros, para seguir ofreciendo un servicio a bordo de calidad y muy conectado con los sabores de Canarias.

Apuesta por el producto canario

La aerolínea ha reforzado la presencia de Canarias a bordo de cada vuelo a través de los sabores de las islas avanzando así en su propósito de aportar valor a la sociedad y ser motor de desarrollo regional.

A lo largo del tiempo, ha ido integrando de forma progresiva productos y marcas locales en el servicio a los pasajeros, construyendo una experiencia cada vez más conectada con su origen.

Detrás de cada elección hay una intención clara: apoyar al tejido productivo canario y poner en valor la calidad de lo cercano. Productores, empresas y marcas que forman parte de la identidad de las islas para diseñar una propuesta cuidada y coherente con el bienestar del pasajero.

“En este curso no vamos a tratar este problema como un problema individual, ni exclusivamente psiquiátrico, porque estamos ante una realidad que, por su origen y por su magnitud, es un problema social, o en todo caso, biopsicosocial. El suicidio no es la enfermedad de alguien aislado, sino un problema comunitario y de interés común”, expuso José Manuel Rodríguez Pellejero, psicólogo Clínico y Doctor de la ULPGC, en el curso Juventud y Suicidio en Canarias, que se está desarrollando en la Universidad de Verano de Maspalomas.

En su ponencia, Niveles de Prevención: Lugares, Vínculos y Formas de vida, Rodríguez Pellejero, manifestó que el suicido se puede prevenir en muchos casos. “La probabilidad de prevenirlo aumenta cuanto antes empiece la prevención. El suicidio se previene antes de las crisis suicidas. La prevención en crisis no es prevención, sino tratamiento de la conducta suicida. Cuando no hemos podido evitar llegar a ese punto, la prevención más efectiva ya ha fracasado”.

A la presentación de la primera jornada asistieron Elena Álamo Vega, concejala de Presidencia, Recursos Humanos, Cultura, Igualdad, Juventud y Educación del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana; Guillermo Morales, director de la Universidad de Verano de Maspalomas, y Eduardo Armas, concejal de Obras de Vías y Obras de SBT.

Como coordinador de este curso, José Manuel Rodríguez Pellejero, explicó que las ponencias no se han centrado en una visión exclusivamente clínica y psicopatológica y ponen el foco en un modelo de Salud Pública, sólido y basado en las evidencias. “Un enfoque centrado en la prevención comunitaria, en la construcción de una sociedad más vivible y en la creación de lugares y relaciones de vida. Prevenir el suicidio en Canarias es hacer que los jóvenes quieran vivir y seguir creciendo en este mundo, en esta tierra, con nosotros”.

En su opinión, “el suicidio no es un fenómeno aislado ni inexplicable. Está profundamente conectado con factores sociales, educativos, familiares y emocionales. Sin embargo, no vamos a caer en la trampa de trasladar la responsabilidad que tenemos todos y todas únicamente en los sanitarios, ni en los docentes, ni en las familias. Todos participamos, de alguna manera, en la construcción de lugares para la vida. Y si no lo hacemos, igual estamos construyendo contextos que se vuelven invisibles. Esta es una responsabilidad de todos, aunque el mensaje abrumador sea el de: ”Tienes un problema“, ”la familia tiene un problema“, 

Según expuso, los estudios muestran que la reducción del suicidio juvenil está más relacionada “con los contextos de desarrollo, que con la atención a la crisis individual. Sin embargo, el énfasis político y sanitario se ha centrado casi exclusivamente en intervenir cuando la crisis está presente. En este sentido, la paradoja de la prevención de Geoffrey Rose recuerda que, la mayoría de los casos de suicidio, no provienen de individuos de alto riesgo clínico, sino del conjunto de la población, gente con un malestar moderado o no identificado. Por eso, si seguimos entendiendo la prevención como la intervención en crisis, las cifras no dejarán de crecer. Nuestro objetivo es impulsar un compromiso que trascienda los hospitales y sitúe la prevención en el conjunto de la sociedad. Sin olvidar nunca que, detrás de cada dato hay jóvenes con nombres y apellidos, con un sufrimiento que, en muchos casos, ha sido silencioso, silenciado o que no hemos querido escuchar”.

El papel de los medios de comunicación

Yaiza Perera Soler, Jefa de sección en el periódico El Mundo y coordinadora del proyecto informativo Once Vidas, explicó que, según sus datos, “cada día mueren en España once personas por suicidio. Son vidas rotas por un intenso sufrimiento y desesperanza a los que no se ha podido dar respuesta a tiempo. El suicidio es un problema social de primer orden que, no solo supone la pérdida de vidas, sino un impacto emocional devastador en el entorno familiar y comunitario, pero, a pesar de ello, sigue siendo una realidad oculta y profundamente estigmatizada, y también en los medios de comunicación”. 

Para la redactora de El Mundo, los periodistas históricamente han hablado de este asunto “moviéndose entre los extremos, pasando de silenciarlo para evitar un efecto imitación en personas vulnerables, al estridente ruido del sensacionalismo”. En su opinión, ambas opciones aumentan el riesgo de muerte por suicidio. “La Organización Mundial de la Salud lleva más de dos décadas marcando el camino adecuado, con formación e implicación responsable que ayude a la sociedad a comprender mejor la compleja conducta suicida y a derribar mitos, que acerquen los recursos de ayuda y ofrezcan testimonios de esperanza”.  

La Universidad de Verano de Maspalomas está organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria. 

El catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Fernando Bruquetas de Castro ha llevado a cabo un estudio de carácter excepcional sobre los fondos inquisitoriales conservados en Canarias, centrado en los linajes, los expedientes de limpieza de sangre y los mecanismos de control social ejercidos por el Tribunal del Santo Oficio sobre la población isleña durante los primeros siglos de la Edad Moderna.

El resultado de esta investigación se materializa en la obra Genealogías de la Inquisición de Canarias, publicada por la Editorial Genealógica Canaria (Edigeca), un trabajo en dos volúmenes que sistematiza y analiza documentación de gran valor histórico procedente del archivo conservado en el Museo Canario, uno de los principales depósitos documentales sobre la historia social del archipiélago. 

El primer tomo, que se presenta este jueves, 2 de julio a las 19:00 horas en la Biblioteca Municipal de Santa Brígida, se centra en los textos del inquisidor Martín Jiménez fechados en 1525, destinados al uso interno del tribunal inquisitorial. Estos documentos recogen testimonios de personas convertidas al catolicismo en la isla de Gran Canaria y constituyen una fuente directa para el estudio de la población sometida a vigilancia religiosa y social.

El acto de presentación, en el que estará el autor de la obra, contará con la presencia del alcalde de Santa Brígida, José Armengol y la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Santa Brígida, Avelina Fernández Manrique de Lara, en el marco de la programación cultural vinculada a la Batalla del Batán, organizada por el consistorio local.

La obra de Bruquetas de Castro no se limita a la reconstrucción narrativa de la actividad inquisitorial. Su enfoque es fundamentalmente documental al recopilar, transcribir y organizar información relativa a familias canarias investigadas por el Tribunal del Santo Oficio, incluyendo datos sobre origen, parentescos, movilidad y antecedentes. El objetivo es ofrecer una herramienta rigurosa para el análisis de las estructuras sociales y de los sistemas de control basados en la ascendencia y la pureza de sangre.

Más allá de su valor historiográfico, el trabajo permite observar la diversidad de procedencias que configuraron la sociedad canaria en el tránsito entre los siglos XV y XVI, con conexiones peninsulares, judeoconversas, moriscas y africanas, en un contexto de intensa movilidad humana asociado a la conquista, la repoblación y la expansión económica, especialmente vinculada a los ingenios azucareros y a las redes comerciales atlánticas.

Los denominados Libros de Genealogías de la Inquisición de Canarias se conservan en el fondo archivístico del Museo Canario. Con más de 20.000 folios, constituyen uno de los conjuntos documentales inquisitoriales más extensos de España. Su estado de conservación es irregular, debido a su historia material (incluida su recuperación tras haber sido desechados en el siglo XX), aunque gran parte del contenido sigue siendo legible.

La edición actual ha optado por una transcripción fiel al documento original, respetando la terminología de los escribanos de la época, junto con una actualización ortográfica al español contemporáneo para facilitar su consulta. Este equilibrio entre fidelidad paleográfica y accesibilidad convierte la obra en un instrumento de referencia para investigadores nacionales e internacionales, así como para genealogistas y estudiosos de la historia social de Canarias.

En palabras del propio Bruquetas de Castro, los edictos inquisitoriales se publicaban reiteradamente para obligar a los llamados “nuevos cristianos” a declarar su parentesco y procedencia. Aunque el mandato afectaba a conversos de distintas religiones, la vigilancia se centraba especialmente en los judeoconversos, considerados por el tribunal como un grupo de mayor sospecha doctrinal.

La llegada de estos colectivos al archipiélago fue constante a finales del siglo XV y comienzos del XVI, en paralelo a los procesos de conquista y colonización de las islas de realengo. Su integración en la economía insular (en ingenios azucareros, actividades agrícolas, transporte o servicio doméstico), junto con la presencia de moriscos y población africana, contribuyó a la configuración de una sociedad mestiza bajo la jurisdicción de la Corona de Castilla.

31 personas han muerto por ahogamiento en los primeros seis meses de este año, según ha informado la asociación para la prevención de accidentes acuáticos 'Canarias, 1500 Km de Costa'. Entre las víctimas hay tres menores y la cifra supone un incremento del 15% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando perdieron la vida en el mar 27 personas.

Además, sumando a los heridos, el total de afectados en zonas de costa e instalaciones acuáticas de Canarias durante el primer semestre del año, alcanza las 97 personas, superando en un 23% la cifra del anterior ejercicio, 79. A las seis muertes por sumersión registradas en junio, entre las que figuran dos menores (de 1 y 4 años de edad, respectivamente), ahogados en piscinas en Fuerteventura y Lanzarote, se suman cuatro accidentados críticos, dos graves, dos leves y dos rescatados ilesos. El resultado son doce personas en estado crítico, trece heridos de carácter grave, diez moderados, doce leves y diecinueve sin daños.

La asociación ha detallado en un comunicado que estos primeros seis meses concluyen con 6 fallecidos en espacios acuáticos, 4 heridos críticos, dos graves, dos leves y dos rescatados ilesos. Además, 14 menores se han visto afectados en lo que va de año. Tres han fallecido, cinco han resultado heridos de gravedad, dos moderados, dos 2 leves y dos han resultado indemnes.

La piscina es el entorno más común en los ahogamientos protagonizados por niños en las islas, donde el 90 % de los percances en el agua se producen por una falta de atención y vigilancia de los adultos a su cargo. De acuerdo a estas cifras, la media mensual de óbitos se sitúa en 5 personas, de las que 22 fueron hombres y 9 mujeres.

De enero a junio de este año, el 61% de las personas que murieron ahogadas, 19, así como el 47% de los afectados totales, 46, se habían metido en el mar durante prealertas y alertas activadas por el Gobierno de Canarias por fenómenos costeros adversos. Así mismo, 12 de las víctimas mortales contabilizadas entre enero y junio fueron adultos, otras once, de edad desconocida y 5 tenían más de 60 años.

De los identificados por nacionalidad, 15 de los decesos correspondieron a extranjeros y, por actividad, el 48% de los fallecimientos pertenecen a bañistas (15), el 22%, a personas clasificadas en el epígrafe 'otros' (afectados que, tras un golpe de mar o un resbalón, caen al agua desde un muelle, un acantilado o un paseo marítimo (7), el 10 % a submarinistas (3), otro 10 % a pescadores (3), y el mismo porcentaje de víctimas se reportó sin esta información (3).

Tenerife continúa, un mes más, a la cabeza en fallecidos, con un 13 episodios de sumersión con final trágico, seguida de Fuerteventura con 6; Gran Canaria, con 5; El Hierro 3; La Gomera 2; y Lanzarote 2, mientras que en La Graciosa no se ha registrado fallecimiento alguno.

Un 52% de las muertes en el agua sucedieron en horario de tarde, el 23% de mañana, y un 6% de noche.  Más de la mitad de los siniestros ocurrieron en playas (58% de los casos), el 24% en puertos y zonas de costa, el 10% en piscinas y el 8 % en charcones y piscinas naturales.

La Asamblea Electoral de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) ha reelegido este martes por unanimidad a Pedro Ortega como presidente de la organización para un nuevo mandato de cuatro años.

Según ha informado la Patronal en una nota de prensa, en la nueva ejecutiva repiten José Cristóbal García como vicepresidente ejecutivo, así como Juan Ramírez y María de la Salud Gil como vicepresidentes, mientras que se incorpora como nuevo vicepresidente Germán Carlos Suárez.

Asimismo, José Antonio Newport y Beatriz Salazar asumirán las vicepresidencias representativas de Fuerteventura y Lanzarote, respectivamente, mientras que Virgilio Correa continuará desempeñando el cargo de tesorero.

Durante su intervención tras ser proclamado presidente, Ortega fijó cinco grandes retos estratégicos para impulsar la competitividad y el desarrollo económico del archipiélago durante los próximos años.

Entre ellos, defendió la necesidad de mejorar la productividad de las empresas, reducir el absentismo laboral, reforzar la formación y desarrollar políticas que favorezcan la captación y retención del talento, apostando por una mayor conexión entre la Formación Profesional, la universidad y el tejido empresarial.

También reclamó una administración pública “más ágil, eficiente y digitalizada”, al considerar que el exceso de burocracia ralentiza la inversión y dificulta la ejecución de proyectos estratégicos para Canarias.

Mientras, en materia de vivienda, propuso impulsar una gran alianza entre administraciones y sector privado para incrementar la oferta de vivienda asequible, facilitar la disponibilidad de suelo, mejorar la planificación urbanística y eliminar los obstáculos que frenan la promoción de nuevas viviendas.

También reivindicó el papel estratégico de Canarias como plataforma atlántica entre Europa, África y América, defendiendo que el archipiélago reúne las condiciones para consolidarse como un enclave de referencia para la Unión Europea en ámbitos como la energía, la innovación, la sostenibilidad y la logística.

Por último, Ortega subrayó la importancia de preservar los instrumentos que sostienen la competitividad de Canarias, con especial referencia al Régimen Económico y Fiscal (REF) y a la conectividad, que calificó como elementos esenciales para compensar las singularidades del archipiélago y garantizar la igualdad de condiciones de las empresas canarias.

La consejera de Sanidad del Gobierno canario, Esther Monzón, se ha comprometido este martes a seguir ampliando de forma progresiva la red de enfermería escolar en las islas y ha avanzado la incorporación una veintena de nuevas profesionales el próximo curso, en función de criterios técnicos, disponibilidad presupuestaria y existencia de personal suficiente.

Durante una comisión parlamentaria, Monzón ha explicado que el programa conjunto entre las consejerías de Sanidad y Educación cuenta actualmente con 23 enfermeras escolares que prestan servicio en 63 centros públicos de todas las islas, con una media de 800 alumnos por profesional.

La consejera ha asegurado que el proyecto, iniciado como experiencia piloto en el curso 2022-2023, ha demostrado su utilidad y eficacia, hasta el punto de que más del 90 % de las incidencias sanitarias se resuelven en los propios centros educativos, lo que evita derivaciones innecesarias, reduce el absentismo escolar y optimiza recursos del sistema sanitario, según ha dicho.

Asimismo, ha indicado que durante el último curso las enfermeras escolares realizaron unas 2.500 acciones educativas que alcanzaron a más de 20.000 alumnos y cerca de 3.000 docentes, familias y trabajadores no docentes, dentro de una estrategia centrada en la prevención y la promoción de hábitos de vida saludables, si bien esta línea no sustituye las acciones en atención primaria y la sanidad pública.

Monzón ha recalcado que el objetivo es consolidar y fortalecer el programa y ha defendido que la prevención y la educación para la salud constituyen una de las líneas estratégicas del nuevo Plan de Salud de Canarias.

Por su parte, el diputado de Vox que había formulado la pregunta, Javier Nieto, ha demandado una mayor coordinación entre Sanidad y Educación para extender esta figura a los centros educativos y ha defendido que la enfermería del futuro debe orientarse hacia la prevención, la promoción de la salud comunitaria y la atención a la cronicidad.

También ha sostenido que la presencia de profesionales sanitarios en los colegios permitiría atender incidencias menores y ofrecer mayor seguridad jurídica y asistencial al profesorado.

Servicio de pediatría en Haría

También durante la comisión, y en respuesta a una pregunta del diputado de Nueva Canarias Yone Caraballo, la consejera ha descartado por el momento implantar un servicio específico de pediatría en la zona básica de salud de Haría, en Lanzarote, y ha defendido que la atención a los 423 menores del municipio está plenamente garantizada mediante los equipos de Costa Teguise, Teguise y Arrecife.

Monzón ha argumentado que el déficit nacional de pediatras obliga a priorizar los recursos disponibles y ha señalado que la actividad pediátrica hospitalaria en la isla ha aumentado un 26 % entre 2023 y 2025, lo que hace también necesario reforzar el Hospital Molina Orosa.

Ha recordado asimismo la puesta en marcha de nuevas consultas especializadas en el consultorio de Mala, en Haría, que han evitado más de 1.500 desplazamientos de pacientes al hospital.

Sin embargo, Caraballo ha insistido en que las familias del norte de Lanzarote siguen teniendo que recorrer decenas de kilómetros para acudir al pediatra y ha defendido que Haría continúa siendo uno de los municipios más olvidados en materia sanitaria, junto a otras reivindicaciones como la implantación de una ambulancia sanitarizada.

En su respuesta, Monzón ha apuntado que los tiempos de desplazamiento hasta las consultas pediátricas de referencia son asumibles, al señalar que el trayecto en coche desde Haría hasta Costa Teguise ronda los 18 minutos, hasta Teguise unos 20 y hasta Arrecife alrededor de media hora, por lo que la organización actual permite garantizar la atención infantil con criterios de eficiencia y disponibilidad de profesionales.

Transporte sanitario no urgente en La Palma

Asimismo, el diputado del PSOE Jorge Tomás González ha preguntado respecto al transporte sanitario no urgente en La Palma, sobre el que Monzón ha reconocido las dificultades derivadas del incremento de la actividad asistencial y de las alteraciones viarias ocasionadas por la erupción volcánica y diversas obras.

Sin embargo, la consejera ha defendido la idoneidad de las medidas adoptadas para optimizar rutas y priorizar los casos clínicamente más sensibles.

La consejera ha avanzado que el nuevo pliego del transporte sanitario terrestre que está preparando la Consejería elevará de 11 a 17 el número de ambulancias en la isla, un incremento superior al 50 %, con dos unidades operativas las 24 horas y un refuerzo específico en el Valle de Aridane, la comarca noroeste y el norte palmero.

El diputado socialista Jorge Tomás González ha denunciado en su turno los retrasos que sufren numerosos pacientes para llegar a consultas y tratamientos, y ha reclamado abrir un debate sobre la recuperación de la gestión directa del servicio, al considerar que el actual modelo dificulta el acceso efectivo y digno a la atención sanitaria en la isla

A ello, Monzón le ha respondido que quien ideó y licitó el actual modelo de transporte sanitario no urgente fue el anterior Gobierno, liderado por el PSOE. 

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín ha iniciado esta semana las obras de ampliación del servicio de Urgencias, una actuación que supondrá una inversión de 790.000 euros y permitirá incorporar 552 metros cuadrados y unas 47 nuevas plazas asistenciales antes de que finalice 2026.

Los trabajos de reforma se desarrolla en el espacio que el centro hospitalario, que actualmente dispone de 110 puestos de atención en Urgencias, habilitó a principios de año como área provisional para pacientes, ha informado este martes la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en un comunicado.

La nueva zona contará con camas y sillones para pacientes, salas de espera para usuarios y familiares, consultas médicas y de enfermería, un área específica para urgencias psiquiátricas y geriátricas, espacios de medicación y un punto de información.

Además, las nuevas instalaciones estarán integradas con el actual servicio de Urgencias para mejorar la organización y el aprovechamiento de los espacios ya operativos.

El proyecto también contempla la ampliación de las puertas de acceso y la creación de un área de corta estancia.

Según la Consejería, las obras responden al aumento de la demanda asistencial y al envejecimiento de la población de referencia, que supera las 358.000 personas mayores de 14 años.

El servicio de Urgencias del centro hospitalario ha visto incrementada su actividad en un ocho por ciento en los dos últimos años, llegando a los 100.000 pacientes atendidos en un año, con un incremento anual de 10.000 personas.

También se ha producido un aumento en la atención de población con patologías crónicas de alta complejidad, indica la nota al señalar que el envejecimiento de la población se traduce en un mayor número de personas mayores con patologías crónicas atendidas en el servicio de Urgencias.

En materia de personal, el gasto del servicio de Urgencias ascendió a 15 millones de euros en 2025 y el presupuesto previsto para 2026 alcanza los 19 millones.

Además, la plantilla se ha reforzado con diez médicos y otros 21 profesionales de enfermería y auxiliares.

La Consejería ha explicado que el objetivo de estas obras es seguir trabajando “por una atención sanitaria eficiente y centrada en la persona, mejorando la confortabilidad de pacientes, familiares y profesionales en un servicio tan sensible del hospital”. 

Víctimas de un hombre acusado de abusar durante casi dos décadas de tres hermanas y una sobrina de su esposa desde niñas aprovechando que pasaban largas temporadas a su cuidado han relatado cómo las usó para satisfacer sus deseos sexuales ya cuando tenían solo 11, 10 y hasta 3 o 4 años de edad, en un juicio iniciado este martes en Las Palmas de Gran Canaria.

Han declarado en todos los casos a través de una pantalla de videoconferencia para evitar encararse a su agresor, jóvenes y mujeres de hasta 30 años en la actualidad han coincidido en afirmar que el procesado llegó a sentirse tan impune al lograr prolongar sus abusos sin que nadie lo impidiera que pasó de asaltarlas cuando estaban solas a hacerlo en presencia de otras y a hacerles comentarios de índole sexual en público.

Hasta el punto de que “hubo veces en que estábamos todos en la misma cama”, varias de las víctimas e incluso algún hijo varón del enjuiciado de menos edad aún, y no tuvo reparo alguno en usar a una u otra de las chicas y niñas para obtener placer, ha relatado una de ellas.

Una mujer ahora de 30 años que ha contado que, en su caso concreto, abandonó la vivienda de su madre en Mauritania para ir a vivir desde muy pequeña con su hermana y su esposo en su casa de Las Palmas de Gran Canaria, donde el hombre la sometía a tocamientos o abusos de forma habitual a partir de que cumplió 7 u 8 años, aproximadamente.

Desde entonces -ha dicho-, “podía suceder en cualquier momento”: mientras veían dibujos animados en un sofá, presentándose en su cama en mitad de la noche o llevándola en su coche a un lugar apartado.

La víctima ha referido que durante lustros soportó en silencio los abusos, datados por la Fiscalía entre 2003 y 2020, porque veía al acusado como una figura de autoridad a su agresor y le repetía que “era nuestro secreto”. Al crecer este comenzó a ofrecerle recompensas para que no hablara.

“Si sabía que quería algo me lo compraba y solía también darme dinero”, ha declarado.

Y tanto ella como otras víctimas, que llevan años recibiendo asistencia psicológica para superar sus traumas, una vez salieron a la luz los hechos, han confesado que otra razón por la que callaban es porque acabaron por creer que ellas también eran culpables de lo que sucedía.

En similares términos se ha expresado otra de las mujeres, que ha rememorado cómo, “a veces, estaba sola en la habitación, durmiendo, y me despertaba y se me estaba acostando al lado o ya me estaba tocando” directamente.

Y cómo fue actuando cada vez con más confianza según iba creciendo, cuando “me enseñaba vídeos pornográficos, me invitaba a cigarros” y, además, al igual que en los casos de otras, “me daba dinero para que me callara”, ha añadido.

Por esos y otros hechos, el fiscal ha solicitado, en principio, 29 años de cárcel para el acusado, en un juicio que proseguirá este miércoles en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, a cargo de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. 

Ayoub perdió un ojo, pero hoy llora por los dos. Este martes también perdió su casa en El Becerril de Guía, su pasaporte y los papeles del médico que atestiguan, junto a las cicatrices de su cara, las cinco intervenciones quirúrgicas a las que se ha sometido. “Estábamos esperando a ver qué iba a decir el Juzgado, pero cuando llegaron me largaron sin dejarme coger mis papeles”, dice, entre lágrimas, señalando a la retroexcavadora que puede verse desde la calle Doctor Chil, donde la Guardia Civil expulsó a la prensa, lejos del desahucio, y donde se han ido reuniendo vecinos y curiosos, algunos con niños, que se encuentran de vacaciones, como los niños desalojados del poblado, que no pudieron evitar verlo. Entre los espectadores había opiniones encontradas: algunos se solidarizaban con las familias y otros justificaban el desalojo por tratarse de “okupas”.

El joven Ayoub es una de las más de 50 personas que han sido desalojadas del poblado de Mr. Leacock; un desahucio masivo para el que se desplegó un dispositivo de más de 50 guardias civiles, una veintena de policías locales, una unidad de bomberos, una ambulancia y dos psicólogas de Cruz Roja. Con este desahucio terminan historias de más de 20 años, como la de Larbi Njima, que llegó en patera por sus propios medios al cruce de Arinaga en 2003. “Todo el mundo sabe lo que pasa aquí. ¿A dónde nos vamos ahora?”.

Los últimos momentos que los vecinos pasaron en sus casas no fueron ni siquiera privados, ya que la prensa, antes de ser también desalojada de la primera línea, entraba y salía de las residencias, grababa imágenes para la televisión o cortes para la radio; pero, a pocos minutos del desahucio, y a pesar de que se conocía la sentencia desde 2025 y de que el Ayuntamiento de Guía solicitó públicamente ayuda interinstitucional en el mes de abril, ya solo se podía certificar el rumor del desalojo. Un desalojo de casas con número y buzón, ya que algunos de esos residentes fueron empadronados en el poblado por la intermediación del grupo que hoy les desahucia, Félix Santiago Melián S.L., cuando trabajaron para ellos.

“No sé dónde pasaré la noche”

Abdel Albateui lleva viviendo en la finca desde 2014 y, desde hace más de cuatro años, está buscando una habitación para alquilar, “pero sólo son para estudiantes”, cuenta a este periódico. “Hay una universidad privada aquí y, entonces, no hay alquiler para nosotros”, explica. Asegura que, como él, la mayoría de sus vecinos gastaron mucho dinero en autoconstruirse las viviendas; en su caso gastó más de seis mil euros en bloques, cemento y material para construir su habitación, “con su ducha y su cocina”, donde ha vivido con su mujer y su hijo.

Abdel tiene estudios y trabajo, pero no tiene dónde vivir. Estudió varias carreras: primero, educador social; después, ayudante de Enfermería; y en Canarias, Mecánica Industrial. “Desde que llegué aquí, siempre luchando, estudiando, trabajando, yo sólo. He conseguido todo lo mío solo. Nadie me ha ayudado en nada”, y concluye: “si nos tenemos que ir, dejamos todo esto aquí atrás y ya está”. Horas después, cuando volvemos a hablar con él, nos confiesa que está “totalmente derrotado”. No sabe qué hacer, dónde ir ni dónde pasará esta noche.

Multado en su propio desahucio y con orden de expulsión

“Hay gente que no tiene a dónde ir”, se lamenta Miriam Bani, una joven que ha vivido en el poblado durante seis años, hasta que se fue hace un par de semanas. Su marido, que estaba dentro intentando negociar con la policía para poder quedarse algunos días más, ha sido desalojado y multado con más de 500 euros y con una orden de expulsión, ya que es de origen marroquí y está en proceso de regularización. Ambos siguen empadronados en la vivienda de la que han sido desahuciados. Miriam critica que a la gente no le están dejando entrar por sus cosas, ni por su documentación, como a sus vecinos, que no les han dejado ir “ni por su ropa, ni por comida, ni por pasaporte, ni por nada; con la misma ropa que llevaban puesta, les han echado”, asegura.

Cuenta que algunos de los que tenían niños “se han atrincherado, porque ni el Gobierno canario, ni el Cabildo, ni el Ayuntamiento les han ayudado”. Lo último que les han dicho es que, si ellos entran y les sacan y se quedan con los niños en la calle, directamente se los quitan y se los llevan a un centro“, sostiene la joven.

Ausencia institucional

Durante el lanzamiento no se personó en la finca ningún representante de las tres instituciones con competencias en materia de vivienda. Desde este periódico hemos preguntado al Ayuntamiento y al Gobierno de Canarias por el desalojo, las consecuencias o las alternativas habitacionales, sin obtener respuesta. Tampoco se supo nada acerca de la colaboración interinstitucional que solicitó en el mes de abril el alcalde socialista de Guía, Alfredo Gonçalvez, cuyo objetivo era amortiguar el impacto que el desahucio de este martes tendría sobre las vidas de más de 50 personas. Canarias Ahora nunca pudo conocer el número de informes de vulnerabilidad tramitados desde Servicios Sociales del Ayuntamiento, ni cómo fue la colaboración que, aseguran, mantuvieron en todo momento con el Juzgado.

“Racismo inmobiliario”

Por su parte, Víctor Suárez, de la asociación ecologista Tamaranae, se refiere al lanzamiento como “la imagen total de la vergüenza de nuestra sociedad. Un lugar donde recibimos a 18 millones de turistas, donde supuestamente tenemos bonanza económica, y un sistema de bienestar y un estado de derecho”, declara. “Pues aquí vemos nuestro estado de derecho: personas vulnerables sin ninguna alternativa habitacional, con menores, que van a ser puestos en la calle”.

Presente con una pancarta, el colectivo Derecho al Techo denunció el caso y se refirió a lo que han sufrido los afectados como “racismo inmobiliario”. “Estas personas no son malas madres ni malos padres; son personas que no pueden acceder a un mercado inmobiliario desbocado”, expresó Tito Martín, portavoz del colectivo.

Fueron precisamente miembros de Derecho al Techo quienes ayudaron a Ayoub, que seguía llorando, a encontrar su pasaporte; el resto de sus pertenencias, materiales e inmateriales, ya están bajo los escombros de lo que un día fue -tantos días- su casa.

Si se analiza con detenimiento el monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife cuya desaparición ya se oficializó este martes por parte del Gobierno, se puede llegar a la conclusión de que sí, es un monumento a Franco, pero “el héroe” que ocupa la figura central del conjunto arquitectónico obra de Juan de Ávalos “sí representa a Franco, pero no se le parece”. Al menos esa fue la aportación a la memoria democrática que hizo en el último pleno del Ayuntamiento de la capital tinerfeña la concejala de Planificación del Territorio, Zaida Rodríguez, tratando de echar por tierra una moción del PSOE que pedía lo que finalmente se ha conseguido: el desmantelamiento del monumento de la Avenida de Anaga.

La concejala, del PP, confesó que nació cuando Franco ya había muerto. Y en este periodo democrático vivió feliz en Tenerife, estudió Derecho y se metió en el Partido Popular, donde ha hecho su particular carrera política hasta llegar tan lejos. Sus conocimientos sobre la obra en cuestión los expuso sin ningún tipo de complejos citando al autor, según dijo: “El penacho significa la isla de Tenerife. El arcángel, que es un arcángel, no un ángel, por lo tanto, la fuente nunca se puede denominar ángel porque es un arcángel, no simboliza absolutamente nada. El héroe, sí, simboliza a Franco, sí señor, pero no se le parece. No existe ni una sola placa, no existe ni una sola placa que señale que eso se relaciona con nada, porque no se pusieron placas, ni antes, ni cuando se inauguró, ni durante el tiempo que estuvo, ni nosotros mismos que bueno… Se ha hablado de perdón, tampoco se ha resignificado nunca. Por lo tanto, el único nombre que formalmente consta en el expediente y en los archivos se llama Monumento a la Paz”. Obvió, claro está, que se refería a la paz impuesta tras un golpe de Estado, una guerra civil y la represión posterior que ella no vivió porque no había nacido.

45 millones de euros

A esos argumentos tan contundentes, la concejala añadió unos cuantos más. El primero, el del valor económico de la obra, que cifró en 45 millones de euros. ¿Y de dónde sacó esa cantidad tan concreta la responsable del distrito Salud-La Salle? Pues muy sencillo, de “multiplicar por 1,66166” los 7,5 millones de pesetas que costó erigirlo, dinero que salió de una cuestación popular que fue el eufemismo bajo el cual se agruparon los donativos voluntarios con todos aquellos procedentes de personas a las que se obligó por ser sospechosas de desafectas al régimen, que pasaron por caja. Lo malo es que multiplicando esos 7,5 millones de pesetas por los 1.66166 que dijo la concejala, la cantidad que saldría no llega a los 13 millones, y que solo aplicando la equivalencia de cambio oficial pesetas-euros, de 166,386, aparece una cifra parecida: 45.075,91 euros, a la que le seguirían faltando tres ceros para llegar al valor que la concejala otorga al monumento a Franco. Nadie de su grupo de gobierno le echó una mano para salir de ese error, que sostuvo en todas sus intervenciones para acusar al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez de querer tirar 45 millones a la basura “por ideología”.

El otra razón de peso que arguyó la señora Rodríguez tras elogiar las palabras que en el mismo sentido había pronunciado el portavoz de Vox, fue el de la coyuntura política y los intereses políticos de Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, cuyo nombre no solo estuvo en su boca sino también en la del portavoz de Coalición Canaria en el consistorio, José Alberto Díaz-Estébanez, al que hay que animar muy poco para que despliegue todo el catálogo anti PSOE que tiene su partido para cualquier ocasión que se tercie.

Pero el argumento que nadie se esperaba por parte de la concejala fue el de la voz popular, que ella, muy científicamente, situó en Facebook. En esa red social ella ha encontrado algunas reflexiones muy interesantes de la ciudadanía que sintetizó en las siguientes: “Si estuviera en Las Palmas de Gran Canaria se nombraría de otra manera”. “La historia no se cambia, que nos estamos quedando sin nada y lo único que prevalecerá será lo que hacen los políticos que de bueno, nada, y será la historia de las nuevas generaciones. Viva España”. “Se lo llevarán también para Las Palmas de Gran Canaria, como el crucero Canarias, que como lo quitan de la calle del edificio de Méndez Núñez, ah, que por qué no quitan el edificio de Méndez Núñez…”

Sólo dos días laborables después, este martes, tenía entrada en las oficinas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife una notificación del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática informando al grupo de gobierno, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular, de que el famoso Monumento a la Victoria, inaugurado en 1964 para homenajear a Franco y ensalzar su triunfo sobre los sublevados en la Guerra Civil, mucho antes de que naciera la concejala de Planificación del Territorio, ha de ser retirado del espacio público. Su entrada en el catálogo de vestigios contrarios a la Ley de Memoria Democrática así lo obliga.

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado la precaria situación en la que se encuentran numerosos trabajadores y trabajadoras fijos discontinuos pertenecientes a las empresas del Grupo ALSA en Canarias. Según advierte la organización en un comunicado, tras haber finalizado su periodo de actividad laboral, la compañía sigue sin facilitarles la documentación acreditativa (el conocido como certificado de empresa), un trámite que, según fuentes sindicales, resulta “imprescindible para tramitar y cobrar la prestación por desempleo”.

Ante el bloqueo de esta gestión vital para los ingresos de la plantilla, José Antonio Rodríguez Casas, delegado de personal por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Canarias, registró un requerimiento formal dirigido a la dirección de la empresa el pasado 29 de junio de 2026 en Telde. En este escrito, el representante sindical expone que contaban con información de que dichos documentos “debían haber sido emitidos desde el pasado 26 de junio del 2026”.

Sin embargo, transcurridos varios días desde esa fecha, la realidad es muy distinta. La misiva subraya que los compañeros afectados continúan trasladando “de forma reiterada que siguen sin poder acceder a ellos ni tramitar correctamente su prestación por desempleo”. Desde el sindicato alertan de que cada día de retraso supone un “grave perjuicio económico” para quienes dependen de estos ingresos para mantener a sus familias. El delegado califica de “preocupante” el hecho de que esta gestión continúe “sin haberse materializado para un número importante de trabajadores y trabajadoras”.

CCOO ha elevado tres exigencias concretas a los responsables del Grupo ALSA para tratar de desbloquear el cobro de las prestaciones. En primer lugar, solicitan la “confirmación inmediata del estado de emisión y comunicación” de los documentos retenidos. En segundo lugar, reclaman una “explicación de los motivos del retraso” y, por último, exigen que se fije una “fecha exacta en la que todos los certificados quedarán correctamente tramitados”. El objetivo principal de estas demandas es garantizar que las personas afectadas puedan empezar a percibir su paro “sin más demoras”.

El sindicato ha querido lanzar una advertencia a la dirección de la empresa, recordando que permanecer pasivos ante un problema del que ya tienen conocimiento formal supone asumir directamente la responsabilidad de que el daño a la plantilla continúe. Por ello, dada “la gravedad del perjuicio” que este retraso está ocasionando, esperan que la compañía actúe con la máxima diligencia y aporte una respuesta “a la mayor brevedad posible”, procediendo a la “inmediata regularización de esta situación”. Desde CCOO aseguran que no cesarán en su empeño de seguir exigiendo soluciones urgentes para defender los derechos de todo el personal afectado.

El vecino de Lanzarote desaparecido en La Guaira (Venezuela), Carlos Javier Murgas Hernández, fue localizado sin vida este lunes. Así lo ha confirmado a Canarias Ahora su familia, que llevaba buscándolo desde que tuvieron lugar los dos terremotos. Su esposa, Adriana Cuneo, quiere agradecer a todas las personas que se han implicado en la búsqueda de Carlos Javier y también a las que se han hecho eco de su angustia ''dando visibilidad a lo que ocurre en La Guaira''. Cuneo recuerda que Venezuela todavía necesita ayuda: ''Aún hay mucha gente pasando por este calvario allí y hay que seguir dándoles voz''.

La última vez que sus familiares tuvieron contacto con él, Carlos Javier estaba en el Edificio Breña Sol, en Carabellada (La Guaira). Esta zona, tal y como confirmaron las autoridades venezolanas, fue una de las más afectadas por la catástrofe. Entonces, su esposa contó a esta redacción que lo que se necesitaba eran equipos y maquinaria para retirar los escombros y tratar de salvar las vidas de todas las personas que pudieran estar atrapadas.

El último balance ofrecido por el presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, eleva a 1.719 el número de personas fallecidas y a 5.034 la cifra de heridos. Además, los terremotos han afectado a, al menos, 15.866 familias. Tras los temblores de magnitud 7,3 y 7,5 que provocaron la catástrofe, el país ha registrado más de 600 réplicas. La última tuvo lugar durante la mañana de este lunes y fue de 4,2. Según las autoridades venezolanas, al menos 855 edificios resultaron afectados y 189 sufrieron un ''colapso total''. Por otra parte, se han desplegado en el país 3.319 rescatistas extranjeros con 140 perros y 49 vehículos de apoyo, según Caracas.

El Gobierno de Canarias ha anunciado este martes que trabaja en un plan de actuación para los próximos tres meses que pretende responder a las necesidades básicas de los canarios, sus descendientes, y población afectada por los terremotos de Venezuela. Así, el Ejecutivo regional está analizando cuáles son las necesidades más urgentes detectadas sobre el terreno, especialmente en los estados más afectados: Miranda, Caracas y La Guaira.

Entre las necesidades más urgentes detectadas figuran agua potable y alimentos no perecederos, preferiblemente enlatados y de alto valor proteico. Asimismo, en el ámbito sanitario se ha identificado la necesidad de antiinflamatorios, analgésicos, medicación específica para enfermedades crónicas —como diabetes, tensión arterial o afecciones cardiovasculares—, mascarillas, guantes y bolsas de colostomía.

Lo anunciaron hace un año y el día ha llegado. La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), cierra sus oficinas de Gran Canarias tras los recortes en su financiación. Durante este año solo han tenido un trabajador de los cuatro que llegaron a tener en años anteriores. No desaparecerán del archipiélago, pero desde ahora seguirán presentes con viajes desde Madrid. 

La portavoz de ACNUR en España, Paula Barrachina, ha declarado a este periódico que “nuestro objetivo es poder recuperar los fondos necesarios para reabrir la presencia en Canarias. Esta es una prioridad, especialmente en el contexto del Pacto Europeo de Migración y Asilo, donde es clave mantener una presencia continua en las Canarias y otros puntos de la geografía española”.

Las oficinas de Canarias no son las únicas que cierran. También lo hacen las de Ceuta, Melilla, Málaga y Algeciras. “Seguiremos tan comprometidos como lo hemos estado siempre y trabajando para apoyar a las personas refugiadas en España y que el impacto sea el menor posible”, ha subrayado Barrachina.  

Durante el último año en España han reducido su personal a la mitad. En Madrid también se eliminaron varios puestos, incluido en el área de protección. Los ajustes los han realizado en diferentes fases para facilitar una mejor transición y asegurar la continuidad de los proyectos en la medida de lo posible. “Hemos tenido que reducir actividades clave como el apoyo en interpretación y asistencia jurídica en todo el territorio”, asegura la portavoz de Acnur, y añade que en Canarias, “seguiremos muy presentes a través de viajes frecuentes y del trabajo con nuestros socios sobre el terreno, para seguir apoyando a las personas con necesidades de protección, a las autoridades y a la sociedad civil. El proyecto de intérpretes seguirá funcionando”, concluye. 

A nivel global, ACNUR va a eliminar aproximadamente 3.500 puestos de trabajo. Estima una reducción global de los costos de personal de alrededor del 30%. Para este año tiene un presupuesto similar al de los anteriores, que prácticamente no cambia desde 2015, unos 3.400 millones de dólares, pero el número de refugiados es casi el doble. Actualmente, en el mundo hay 117 millones de personas desplazadas a la fuerza.  

Su financiación procedente de Estados Unidos cayó de 2.100 millones de dólares en 2024 a 840 millones en 2025. Europa también está contribuyendo menos (por ejemplo, Francia y Alemania). Sin embargo, desde ACNUR aseguran que España es el país del mundo que más dinero aporta en donaciones particulares. 

El impacto de estos recortes en las personas refugiadas ha sido “devastador”, aseguran desde ACNUR, y está afectando a medicamentos esenciales, refugio de emergencia, alimentos, artículos de socorro, agua potable y servicios de protección, incluidos los dirigidos a la infancia y a personas supervivientes de violencia sexual y trata, se han reducido o suspendido.

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha supervisado este martes la finalización de las obras de acondicionamiento de la GC-20, la nueva circunvalación de Arucas (Gran Canaria).

El Ejecutivo regional ha explicado que esta infraestructura, que ha contado con un presupuesto de 19.565.883,04 euros financiado a través del Convenio de Carreteras Canarias-Estado, mejorará la fluidez del tráfico y reforzará la conectividad del norte de Gran Canaria.

Durante la visita, Rodríguez ha señalado que esta vía “ofrecerá a los vecinos de Arucas y a todos los usuarios del norte de Gran Canaria una infraestructura más moderna, más segura y preparada para responder a las necesidades de movilidad de las próximas décadas”.

Mientras, la subdelegada del Gobierno en la provincia de Las Palmas, Teresa Mayans, ha apuntado que esta inversión pública “impacta directamente en la seguridad vial porque reduce drásticamente los puntos conflictivos de alta congestión en los accesos a Arucas, protegiendo la vida de las personas”.

Los trabajos, adjudicados a la unión temporal de empresas (UTE) SACYR Construcciones S.A.U. - SATOCAN S.A., han contemplado el acondicionamiento de 1,5 kilómetros de la circunvalación mediante la construcción de dos pasos inferiores en las glorietas de la Cruz Roja y de Visvique.

Más de 30.000 vehículos diarios

Esta actuación permite que la vía principal discurra soterrada en este tramo, lo que reduce las retenciones en uno de los accesos con mayor intensidad de tráfico de la isla, por donde transitan más de 30.000 vehículos diarios.

La intervención ha ampliado la plataforma de la carretera de los anteriores 15 metros hasta los 28,5 metros de anchura y el proyecto ha incorporado dos carriles principales por sentido de circulación; nuevos ramales de conexión con las glorietas, arcenes, aceras y muros de contención; la remodelación de los enlaces con las carreteras de Santidad y Visvique; y la ampliación de la obra de drenaje sobre el barranco de Arucas para adaptarla a la nueva configuración de la vía.

Finalmente, la Consejería ha señalado que las obras se encuentran prácticamente concluidas, a falta de los últimos trabajos de asfaltado y acabados de ajardinamiento que se completan durante este martes.

A las 12.00 horas de este martes, la hora prevista para el desalojo masivo en el conocido como poblado de Mr. Leacock en el Becerril de Guía, en Gran Canaria, 53 agentes de la Guardia civil y una decena de la Policía Local están en lo que llaman tareas de apoyo a la comitiva judicial. Así ha comenzado el desalojo de unas 100 personas, entre las que se encuentran familias con menores que están dentro del poblado, al encontrarse ya de vacaciones escolares.

“El Ayuntamiento nos cerró la puerta y se lavó las manos”, cuenta a los medios Etuani, uno de los vecinos. El hasta hoy residente del poblado de Mr. Leacock explica que este lunes visitaron las viviendas miembros de la Guardia Civil, pero que “él no ha hablado con Servicios Sociales” ni los ha visto por allí.

El dispositivo de la Guardia Civil dio órdenes a la prensa de abandonar la propiedad privada que iba a ser desalojada, “por motivos de seguridad”, y la envió a la loma de la calle Doctor Chill, desde donde también vieron lo poco que se podía ver a tal distancia vecinos y curiosos.

La Guardia Civil y la Policía local procedieron al corte de la carretera desde la entrada del poblado hasta la rotonda de la escultura de Guanarteme Artemi Semidán y tras el visto bueno de la comitiva judicial se procedió al corte de la luz en el poblado y se dio acceso a las máquinas retroescavadoras para derrivar las casas en las que algunos de sus residentes llevaban hasta 23 años viviendo, algunos de ellos, empadronados por la empresa que desahucia, el Grupo Félix Santiago Melián, mientras eran trabajadores en sus tierras.

El caso de Essaadi ha sido un doble impacto porque además de quedarse sin casa se le ha impuesto una multa de 501euros, con advertencia de expulsión del país.

A las 16.00 horas ya no quedaban residentes.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, ha acordado la incorporación al Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática de nuevos vestigios que constituyen expresiones de exaltación de la sublevación militar de 1936, la Guerra de España, la dictadura franquista y de sus conexiones con otros regímenes totalitarios.

Entre esos monumentos ha acordado la incorporación del denominado Monumento a la Victoria, conocido popularmente como Monumento a Franco, fue inaugurado en 1964 con la finalidad expresa de conmemorar la victoria militar del bando sublevado y perpetuar en el espacio público la memoria de la dictadura franquista.

La Comisión Técnica ha estimado que el conjunto escultórico y su programa iconográfico presentan la Guerra de España como una “Cruzada” salvadora y exaltan la figura de Francisco Franco y el triunfo del régimen surgido del golpe de Estado de 1936. Se trata, además, de uno de los conjuntos monumentales franquistas de mayor dimensión conservados en España y de uno de los principales hitos de la arquitectura conmemorativa del régimen.

La resolución se produce después de que el Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias rechazara su declaración como Bien de Interés Cultural por amplísima mayoría y sin votos en contra, al considerar que no concurren valores patrimoniales suficientes que justifiquen la conservación de un monumento cuya finalidad esencial es la exaltación de la dictadura.

El Ministerio señala que las resoluciones, adoptadas tras el análisis de la Comisión Técnica de Expertos prevista en el Real Decreto 1040/25 que desarrolla la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, afectan además de al Monumento a la Victoria de Santa Cruz de Tenerife; al Monumento a los Rumanos Caídos, en Majadahonda (Madrid); y a las inscripciones en honor a José Antonio Primo de Rivera existentes en las catedrales de Murcia y Almería.

El ministro, Ángel Víctor Torres, ha explicado en rueda de prensa que retirar estos vestigios es “un acto de dignidad democrática y una garantía de que las nuevas generaciones no hereden espacios públicos presididos por la exaltación del odio y la dictadura.”

El ministro informó de que se trabaja en el estudio de más vestigios y recordó que se están ejecutando los procedimientos relativos a la Cruz de los Caídos de Cáceres y al Monumento a las Víctimas del Crucero Baleares, en Palma. Torres ha señalado también la culminación con éxito de la retirada del panteón de Vjekoslav Luburić, en Carcaixent, mediante la retirada de la simbología de exaltación fascista y su futura contextualización histórica, “motivo por el cual hemos recibido una carta del ministro de Exteriores Serbio, agradeciendo la aplicación de la Ley de Memoria”, ha añadido.

Con estas actuaciones, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática continúa desarrollando las previsiones de la Ley de Memoria Democrática para garantizar que el espacio público sea coherente con los valores constitucionales y los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. “La retirada o resignificación de símbolos de exaltación franquista responde a un imperativo legal para su adecuada contextualización desde los principios democráticos y el respeto a las víctimas de la guerra de España, de la dictadura y de su conexión con os regímenes totalitarios del siglo XX”.

En Canarias se registraron 18.333 defunciones en 2025, lo que supone un aumento del 4,5% respecto al año anterior, según los datos provisionales del informe Defunciones según la Causa de Muerte, publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De esta cifra, más de la mitad de las muertes fueron debidas a tumores o enfermedades del sistema circulatorio -4.892 (+0,6%) y 4.533 (+3,6%), respecticamente- pero el mayor aumento se produjo en la mortalidad por enfermedades del sistema respiratorio, hasta las 2.898, lo que supone un repunte del 17,7%.

Además, hubo 850 fallecimientos en Canarias por enfermedades del sistema nervioso (+7,7%) y 938 del sistema digestivo, lo que representa un 1,7% más que el año anterior.

Mietras, en España se hubo 441.270 defunciones en 2025, un ligero aumento respecto al año anterior (433.527 en 2024). Así, el pasado año fallecieron 222.711 hombres y 218.559 mujeres, que en tasa bruta de mortalidad se sitúa en 894,1 fallecidos por cada 100.000 habitantes (919,7 en hombres y 869,4 en mujeres).

Causas de las muertes

El 95,7% de las defunciones fueron por causas naturales y el 4,3% por causas externas. La principal causa de muerte natural fueron los tumores, con un 26,3 por ciento del total de defunciones, seguidos de las enfermedades del sistema circulatorio (25,7%); no hay variaciones significativas causas respecto a 2024.

Por segundo año consecutivo la tasa de muertes por tumores (235,4 por 100.000 habitantes) fue superior a la de las enfermedades del sistema circulatorio (230,0); en tercer lugar volvieron a figurar las enfermedades del sistema respiratorio, con el 12,4% de las defunciones, lo que supuso un aumento del 9% respecto a 2024.

Concretamente, las enfermedades isquémicas del corazón fueron la causa de muerte más frecuente en 2025, con 26.711 personas fallecidas, un 1,8% menos que en 2024. Por detrás, en el grupo de enfermedades del sistema circulatorio se situaron las enfermedades cerebrovasculares, con 22.341 defunciones (un 2,4% menos). Entre los tumores, las causas más frecuentes fueron cáncer de bronquios y pulmón (23.479 defunciones, un 0,9% más que en 2024) y cáncer de colon (10.610 fallecidos, un 1,5% más).

Entre las enfermedades más frecuentes, los mayores aumentos de muertes se dieron por neumonía (8,5% más) e insuficiencia renal (5,1%). Por el contrario, las que más descendieron fueron la diabetes mellitus (-3,4%) y las enfermedades cerebrovasculares (-2,4%).

Por sexo, las principales causas en los hombres fueron las enfermedades isquémicas del corazón (16.830 fallecidos), el cáncer de bronquios y pulmón (16.722) y las enfermedades cerebrovasculares (9.988). En las mujeres fueron la demencia (15.344 fallecidas), las enfermedades cerebrovasculares (12.353) y la insuficiencia cardiaca (11.194).

Leve aumento en las causas no naturales

En 2025 hubo 19.042 fallecimientos por causas externas, 691 más que en el año anterior (3,8%). Por sexo, fallecieron 11.992 hombres (un 3,3% más) y 7.050 mujeres (un 4,5% más); las caídas accidentales fueron la primera causa de muerte externa, por tercer año consecutivo, con 4.814 fallecidos (un 8,2% más).

La segunda fue el ahogamiento, sumersión y sofocación (con 3.899, un 6,7% más que en 2024); la tercera, los suicidios (con 3.808) que se reduce un 3,7 por ciento, y, finalmente, el número de fallecidos por accidentes de tráfico que disminuyó un 4,3%.

Por sexo, las causas de muerte externa más frecuentes entre los hombres fueron los suicidios (2.784 fallecidos) y las caídas accidentales (2.590). En las mujeres lo fueron las caídas accidentales (2.224 fallecidas) y el ahogamiento, sumersión y sofocación (1.805).

Atendiendo a las principales causas de muerte, las mayores tasas por 100.000 habitantes de defunciones por tumores se registraron en Asturias (381,3), Castilla y León (317,9) y Galicia (305,2). Y las menores en las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta (150,5 y 161,3, respectivamente) y en la Comunidad de Madrid (192,0).

Las mayores tasas de defunciones por enfermedades del sistema circulatorio se dieron en Asturias (342,7), Galicia (330,7) y Aragón (313,4). Y las menores en la ciudad autónoma de Melilla (150,5), Comunidad de Madrid (162,5) y Baleares (181,2).

Galicia presentó la mayor tasa de defunciones por enfermedades del sistema respiratorio (163,1), seguida de Castilla y León (148,7) y Cantabria (144,8). Por su parte las menores tasas se dieron en Baleares, Aragón y la ciudad autónoma de Melilla (74,9, 77,9 y 79,3, respectivamente).

Los mayores aumentos en las tasas de defunciones por tumores respecto a 2024 se produjeron en Asturias (7,8%), Murcia (4,9%) y la ciudad autónoma de Ceuta (2,6%). Los mayores descensos, en la ciudad autónoma de Melilla (-7,7%), Cantabria (-5,3%) y La Rioja (-3,5%).

La Rioja (-7,6%), Baleares (-6,8%) y Murcia (-5,3%) presentaron los mayores descensos en las tasas de defunciones por enfermedades del sistema circulatorio. Los mayores aumentos se observaron en las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta y en Canarias (del 26,4%, 4,7% y 2,8%, respectivamente).

En las enfermedades del sistema respiratorio las tasas de defunción aumentaron en todas las comunidades, excepto en Aragón (-8,2%), Asturias (-2,4%) y La Rioja (-0,9%). Los mayores aumentos se registraron en la ciudad autónoma de Melilla (45,9%), País Vasco (25,9%) y Murcia (18,7%).