El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha aprobado este miércoles la adjudicación del contrato del servicio de seguridad en el Parque Nacional del Teide por importe de 3.361.385 euros hasta 2029, y que supondrá la incorporación de un total de 27 efectivos de una empresa privada. El PSOE de Tenerife, por su parte, ha criticado que la corporación haya preferido externalizar este servicio, apostando por lo privado, en lugar de recurrir a la bolsa pública de empleo, cuestión que no ha sido aclarada por el equipo de Gobierno (CC y PP).

El contrato, que supondrá la incorporación a finales de mes de 13 “guardas rurales” de una empresa privada, tendrá una duración inicial de 3 años a partir del día siguiente a la formalización y el gasto se distribuirá de forma plurianual entre 2026 y 2029, según ha indicado la corporación insular.

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, subraya que la adjudicación del contrato responde al compromiso del Cabildo de Tenerife con la protección de los espacios naturales “garantizando una gestión profesional, segura y eficiente del parque”, al tiempo que se asegura la prevención de riesgos y la atención rápida ante cualquier contingencia.

El director de Medio Natural, Pedro Millán, señala que dichos espacios estarán “supervisados y gestionados por los propios agentes de medio ambiente” del Parque, quienes organizarán y controlarán las tareas de vigilancia de estos nuevos compañeros.

“La gran extensión del Parque, los múltiples accesos y el número de visitantes exigían más protección y con este trabajo conjunto vamos a poder cumplir todas las necesidades para ganar en más conservación y protección de una joya única en el mundo como es el Teide”, añade Millán.

El servicio de seguridad, explica el Cabildo, se centrará en la prevención y protección del Parque Nacional del Teide asegurando la integridad del espacio natural frente a cualquier actividad que pueda constituir una infracción administrativa o delictiva.

Entre sus funciones principales destacan la actuación rápida ante emergencias, accidentes, incendios y otros siniestros, la vigilancia de áreas dentro y fuera del Parque, incluyendo los miradores de Chipeque, Ayosa, Lomo del Retamar y Los Poleos, y la coordinación de medidas preventivas y planes de contingencia para garantizar la seguridad de visitantes y trabajadores.

El equipo adjudicatario, expone el Cabildo, cuenta con un “coordinador experimentado en parques nacionales”, formación específica en primeros auxilios y técnicas de observación y vigilancia, así como conocimiento de idiomas, lo que facilita la atención a turistas y visitantes internacionales.

Además, se dispone de una bolsa de horas adicional para la administración, garantizando flexibilidad ante cualquier necesidad del Parque.

Según el Cabildo, el acuerdo marca un “hito” en la gestión de la seguridad de los parques nacionales en Tenerife y refuerza la capacidad de la institución para proteger uno de los principales atractivos turísticos y naturales de la isla combinando prevención, vigilancia y actuación rápida frente a situaciones de riesgo.

El contrato incluye la obligación de formalización dentro de los cinco días hábiles posteriores a la notificación para asegurar que los servicios comiencen de manera inmediata y cumplir con los estándares de calidad y seguridad establecidos. 

Una privatización de un servicio

El PSOE de Tenerife, sin embargo, ha considerado que esta decisión de poner el servicio en manos privadas consolida un modelo que sustituye al personal público en un espacio protegido.

La secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, ha afirmado que “no tiene sentido sustituir a personal público preparado por empresas privadas en un espacio como el Teide”, y ha cuestionado que el Cabildo no haya optado por reforzar los recursos propios.

Raya ha señalado que existen profesionales que han superado procesos selectivos y que podrían incorporarse al servicio público, pero ha acusado a la corporación insular de “ignorar” esta posibilidad y apostar por la externalización del servicio.

En su opinión, la protección de un parque nacional requiere personal especializado, con autoridad y conocimiento del entorno, y no puede equipararse a la prestación de un servicio ordinario.

“Estamos hablando de un Parque Nacional, no de un servicio cualquiera o de un parque temático”, ha manifestado la dirigente socialista.

El PSOE ha advertido además de las limitaciones de la seguridad privada en este ámbito, especialmente en lo relativo a la capacidad sancionadora y de intervención en un espacio natural protegido.

Para los socialistas, esta decisión compromete el modelo de gestión del Parque Nacional del Teide a medio plazo y responde a una política “basada en la reducción del sector público y el aumento de la externalización”.

Por ello, Raya ha reclamado al Cabildo que reconsidere esta adjudicación y refuerce el servicio con personal público que ha superado los procesos de selección.

“El Teide no se defiende privatizando su seguridad, sino dotándolo de más medios y personal público”, ha concluido. 

El PSOE de Tenerife ha forzado la celebración de un pleno extraordinario en el Cabildo insular para abordar las medidas que debe adoptar la corporación ante el encarecimiento de la vida que está sufriendo la ciudadanía tinerfeña como consecuencia de la crisis internacional, con especial impacto en ámbitos tan sensibles como la gasolina o la alimentación.

La secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, ha señalado que “no se puede pedir más esfuerzo a las familias de Tenerife mientras el Cabildo ”mira hacia otro lado ante la subida del coste de la vida y dedica cantidades obscenas a propaganda y autobombo“. Por ello, considera que una de las primeras decisiones que debería adoptar la presidenta insular, Rosa Dávila, es la supresión del nuevo impuesto de un céntimo por litro de gasolina que puso en marcha este mismo año el grupo de Gobierno (CC y el PP). ”Lo mínimo que puede hacer quien presume de estar al lado de la gente es dejar de meter la mano en el bolsillo de los tinerfeños cada vez que repostan“, afirma.

La dirigente socialista sostiene que el Cabildo no puede permanecer impasible mientras cada vez cuesta más llenar el depósito, hacer la compra o sostener la economía de muchas familias. “La inflación, la incertidumbre internacional y el encarecimiento de productos básicos exigen una respuesta seria, inmediata y útil. Lo que no puede haber es silencio institucional para los problemas reales y barra libre para la propaganda”, indica.

En este sentido, Tamara Raya critica que esta situación coincida con “un récord de gasto obsceno en propaganda” por parte de la presidenta insular. “Rosa Dávila ha disparado el presupuesto de su gabinete hasta superar los seis millones y medio de euros este año, de los que ya se ha gastado más de 430.000 euros sólo en su autobombo personal, casi 5.000 euros al día le ha costado a los tinerfeños y tinerfeñas que Rosa Dávila se publicite en los medios de comunicación y las redes sociales durante los tres primeros meses de este año, mientras miles de tinerfeños tienen que hacer cuentas cada semana para poder afrontar el combustible, la cesta de la compra o el recibo de cualquier gasto básico”, denuncia.

La secretaria general del PSOE de Tenerife añade que esa política de autobombo se retrata también en decisiones “tan frívolas como destinar más de 72.000 euros al llamado Día de Tenerife o pagar 1.300 euros del bolsillo de la ciudadanía para que la presidenta salga en un podcast”. “Ese es el modelo de Rosa Dávila: propaganda para ella, pero ninguna respuesta real para la gente que peor lo está pasando”, subraya.

Para el PSOE de Tenerife, el pleno extraordinario debe servir para obligar a la presidenta del Cabildo a explicar con claridad qué medidas piensa adoptar para paliar los efectos económicos de la crisis y de qué lado está: “Si del lado de las familias, los trabajadores y los pequeños negocios que sufren la carestía de la vida, o del lado de la propaganda, el escaparate y el despilfarro”.

El Cabildo de Tenerife ha calculado de forma provisional que el paso de la borrasca Therese por la isla dejó unos daños de unos 33,3 millones de euros, principalmente en infraestructuras y en el medio natural.

Así lo han avanzado a los periodistas la presidenta, Rosa Dávila, y el consejero de Presidencia, José Miguel Ruano, que han incidido en que la isla se va a acoger a los fondos de 'Declaración de Zona Afectada Gravemente por Emergencias de Protección Civil' aprobada por el Gobierno central.

Ruano ha comentado que han tenido poco tiempo para afinar en el cálculo de los daños pero ha remarcado que solo en la red de carreteras se alcanzan unos 12,6 millones por lo que esperan captar el 50% de los recursos vía estatal.

Ha relatado que también se contabilizan daños por 5,1 millones en el medio natural entre los que se incluyen senderos, pistas forestales o afecciones en el Parque Nacional del Teide.

De hecho ha apuntado que se necesita ya una aportación en torno a 1,4 millones para reparar pistas forestales y agrícolas y 1,1 millones aproximadamente para la restauración de la masa forestal afectada por las corrientes de agua y evitar “daños de mayor entidad”.

Ruano ha apuntado que el Cabildo actúa como “intermediario” entre la Administración del Estado y los municipios de la isla, que han remitido daños valorados en 15,6 millones en infraestructuras y equipamientos municipales, salvo La Guancha y El Sauzal, que han rehusado optar a los fondos estatales.

Además ha indicado que algunos como San Miguel o Santiago del Teide aún no han enviado el análisis de daños porque se ha pedido en un “muy corto periodo de tiempo” y Puerto de la Cruz ha estimado los daños producidos pero no ha facilitado la información contable “con lo cual es probable que en estos próximos días aumente esta cantidad”.

Los municipios con peticiones económicas más elevadas han puesto sobre la mesa mobiliario urbano, muros rotos, reasfaltados, rebacheados, falsos techos, drenajes y socavones en las vías de interés local, entre ellos 4,3 millones en La Orotava, 1,5 millones en La Victoria, 1,4 millones en La Laguna o 1,2 millones en El Rosario.

La misma cantidad es la que refiere Santa Cruz de Tenerife, mientras que La Matanza estima gastos por 1.041.000 euros, Gúímar por 820.000 euros, Arico, 690.000 euros y Santa Úrsula, 560.000 euros.

Cofinanciación

Ruano ha indicado que la declaración de 'zona catastrófica' viene regulada por dos reales decretos, uno de 2005 y otro de 2007, que regula que obras de emergencia pueden ser cofinanciables por el Estado de tal manera que si el Cabildo con su propio personal restaura una pista forestal o incluso una vía porque se ha caído una piedra de una ladera, “eso no es elegible, son gastos que se afrontan como corporación insular” y no hay “posibilidad técnica” de conseguir financiación.

Según el vicepresidente segundo, “lo que quiere decir es que lo más probable es que aunque nosotros tuviéramos la cantidad total bien definida, no va a ser el Estado el que cubra el 50% de esos gastos, normalmente habrá una aportación del Estado, pero que no podemos cuantificar todavía, pero que no llegará a ese porcentaje porque la financiación va a correr de cuenta de la propia administración insular”.

No obstante, ha comentado que la Delegación del Gobierno ha dado de plazo hasta el 27 de abril para que todos los daños “se cuantifiquen con mayor precisión y se produzca la solicitud específica de la aportación estatal”.

Afortunadamente, ha explicado, “los daños podían haber sido peores” y se afrontarán de manera natural.

El Cabildo de Tenerife ha recibido la donación de dos prendas infantiles de indumentaria tradicional palestina que pasarán a integrarse en los fondos del Museo de Artesanía Iberoamericana (MAIT), ubicado en La Orotava.

Estas piezas, donadas por la periodista de origen palestino Miriam Ghuneim, destacan por estar bordadas con la técnica tradicional Tatreez, una forma de bordado palestino reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2021, informa el Cabildo.

Ambas prendas datan de 1968 y corresponden al pueblo de Turmosaya, en Cisjordania

El consejero de Empleo y Educación, Efraín Medina, ha valorado esta incorporación como una oportunidad para acercar a la ciudadanía la riqueza cultural de otros pueblos a través de la artesanía.

Esta donación está incluida en los actos programados con motivo del Día Europeo de la Artesanía, una iniciativa que busca poner en valor el trabajo artesanal, su diversidad y su papel como elemento clave del patrimonio cultural.

El Tatreez —también conocido como Tatriz o bordado palestino— es una técnica de bordado hecho a mano con profundas raíces culturales, históricas y simbólicas en Palestina.

Practicado durante siglos, especialmente por mujeres en zonas rurales, este arte ha sido transmitido de generación en generación en el ámbito familiar, formando parte esencial de la vida cotidiana y comunitaria.

Antes de 1948, el bordado constituía principalmente una actividad doméstica: las técnicas se aprendían y compartían entre madres, hijas y abuelas, y en muchos casos representaban también una fuente de ingresos.

La nota del Cabildo explica que cada diseño, color y motivo bordado sobre el vestido tradicional —conocido como thobe— narraba una historia, reflejaba la región de origen, el estado civil o el estatus social de la mujer que lo vestía.

Además, los bordados conmemoraban acontecimientos importantes como bodas o nacimientos, y a menudo incorporaban significados espirituales o protectores.

Con la incorporación de estas dos piezas, el MAIT amplía su colección con ejemplos de gran valor etnográfico y simbólico, contribuyendo a preservar y difundir una tradición artesanal reconocida a nivel mundial.

El área de Presidencia, Igualdad y Diversidad, y Proyectos Estratégicos del Cabildo de Tenerife anunció en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de este miércoles la exposición pública de la reforma del Auditorio Adán Martín debido al amplio deterioro en su cubierta de cerámica (trencadís) y las goteras, filtraciones y humedades en diversas zonas, especialmente en la segunda planta y áreas del aparcamiento.

El anuncio cuantifica los trabajos, de momento, en 16,484 millones de euros (sin IGIC, con IGIC asciende a 17,6 millones), ocho menos que los calculados hace cuatro años por los propios técnicos insulares, aunque se trata del proyecto “básico y de ejecución”. Además, y dada la experiencia con el auditorio en sí, inaugurado en 2003 tras múltiples vicisitudes y retrasos, no se debe descartar, para nada, un incremento notable al final, ya que su construcción se presupuestó al principio en 24 millones de euros, pero acabó costando unos 75, un 200% más. 

El plazo de los trabajos, según esta exposición pública, se establece en 32 meses, mientras que los interesados podrán acceder al documento y presentar las alegaciones que crean oportunas durante los próximos 20 días hábiles. Según se aclara en el anuncio de este 1 de abril, “el proyecto quedará definitivamente aprobado si, transcurrido el citado período de exposición pública, no se formulase alegación u objeción alguna, así como si, tras el plazo de consulta interadministrativa de un mes a que se refiere el expresado acuerdo, no hubiera pronunciamiento alguno al respecto y si no se hubieran manifestado disconformidades”.

El anuncio lo firma el director insular de Hacienda, Juan Carlos Pérez Frías, quien se ha encargado de explicar el proyecto de reforma en los últimos plenos o responder a las preguntas de la oposición socialista.

Como mostró a principio de marzo Canarias Ahora, las últimas precipitaciones por la concatenación de tormentas en las Islas han levantado aún más el caro trencadís que caracteriza muchas de las obras de Santiago Calatrava, el polémico arquitecto valenciano. Ha seguido empeorando, pues, uno de los supuestos emblemas de Tenerife.

El Cabildo sigue sin aclarar quién costeará los arreglos

El anuncio no lo aclara y, hasta ahora, tampoco el gobierno insular (CC-PP), pero, en principio, todo apunta a que la reforma la volverán a costear los contribuyentes, salvo que se anuncie lo contrario por haber llegado a un acuerdo con Calatrava o, más bien, las distintas empresas que crearon el auditorio, a las que echa la culpa de los desperfectos el creador.

Como prueban las fotos tomadas a principios de marzo, con imágenes inéditas, como las relativas a la parte trasera del auditorio, hay partes con mucho trencadís perdido y otras, con áreas muy levantadas. Las humedades y goteras han obligado al cierre de la segunda planta de la parte principal, y los cubos o jardineras reconvertidas para recoger agua se multiplican por doquier en los dos niveles del aparcamiento de la parte baja del pretendido emblema.  

El 30% de las personas que sufren diabetes en Canarias, una de las regiones con mayor incidencia, no sabe que tiene esta enfermedad, motivo por el que el Cabildo de Tenerife va a lanzar una campaña de prevención que contempla la instalación de carpas informativas en los 31 municipios de la isla.

En estos espacios se proporcionará información sobre la prevención de la diabetes tipo 2 y se realizará el test FINDRISC, un cuestionario de ocho preguntas diseñado para evaluar el riesgo individual de desarrollar diabetes tipo 2 en los próximos 10 años a personas mayores de 18 años no diagnosticadas, con el fin de estimar su riesgo de desarrollar la enfermedad en los próximos diez años.

Según ha informado este martes en rueda de prensa el consejero insular de Educación para la Prevención, Juan Acosta, las personas con puntuaciones iguales o superiores a 15 serán informadas y derivadas a su profesional sanitario de referencia para su seguimiento, mientras que quienes ya padecen diabetes recibirán asesoramiento específico.

El consejero ha explicado que la primera edición, desarrollada en 2025 en diez municipios, permitió atender a 649 personas, de las cuales 429 realizaron el test, detectándose más de un centenar con riesgo elevado de desarrollar diabetes, “el 100%” de las cuales fueron derivadas a atención primaria.

Asimismo, ha indicado que más del 70% de los participantes presentaban sobrepeso u obesidad, un 23% no consumía frutas y verduras a diario y solo un 30% alcanzaba los niveles recomendados de actividad física.

La segunda edición comenzará el 1 de abril en Arona y se desarrollará hasta el 9 de diciembre, con carpas en cada municipio en horario de 09:30 a 13:30 horas, además de una campaña de difusión en transporte público, centros sanitarios y otros espacios.

Por su parte, el presidente de la Asociación para la Diabetes de Tenerife, Julián González, ha agradecido la continuidad de la iniciativa y ha recordado que “hay más de 70.000 canarios que desconocen que padecen la enfermedad”.

González ha señalado que el objetivo es “mejorar la calidad de vida de quienes padecen y promover hábitos de vida saludables” y ha destacado que en la primera campaña el 70% de los participantes tenía un índice de masa corporal superior a 25 y un 30 % llevaba una vida sedentaria.

La presidenta de la Sociedad Canaria de Endocrinología y Nutrición, Judith López, ha subrayado la importancia de la prevención al indicar que muchas enfermedades metabólicas “son traicioneras, son silentes” y se detectan cuando ya presentan complicaciones.

López ha incidido en que “prevenir diabetes tipo 2 implica prevenir obesidad” y ha señalado que la obesidad también está relacionada con otras formas de diabetes, como la gestacional, así como con la aparición precoz de la diabetes tipo 1.

El vicepresidente del Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Javier Rodríguez, ha advertido sobre la magnitud del problema y ha destacado el impacto de la obesidad, vinculada a hábitos de vida y al aumento del sedentarismo, especialmente tras la pandemia.

Rodríguez ha señalado que la enfermedad cardiovascular es una de las principales causas de muerte en la sociedad occidental y ha vinculado su aparición a factores prevenibles como la alimentación y la actividad física.

Por su parte, la presidenta del Colegio de Enfermería de Santa Cruz de Tenerife, Natalia Pérez, ha indicado que el 15 % de la población adulta en Canarias vive con diabetes, lo que supone unas 230.000 personas, y ha añadido que hasta un 30 % no está diagnosticada.

Pérez ha subrayado que “la diabetes tipo 2 se puede prevenir” y ha defendido el papel de la enfermería en la educación, la detección precoz y el seguimiento de los pacientes, destacando que “la prevención no empieza en el hospital, empieza en la comunidad”.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Díaz, ha afirmado que la campaña busca “salir a la calle y acercarnos a las personas para informar sobre la diabetes y ayudar a quienes pueden estar en riesgo”.

Díaz ha señalado que los profesionales farmacéuticos participarán en las carpas informativas explicando qué es la diabetes, cómo prevenirla y realizando el test FINDRISC, con el objetivo de identificar a personas que podrían no ser conscientes de su riesgo.

Por parte del Gobierno de Canarias, la directora general de Programas Asistenciales, Antonia María Pérez, ha advertido de que “hay personas que tienen diabetes y aún no lo saben”, indicando que “uno de cada 10 y cada 15 personas” la padece y que “entre las que la padecen una de cada tres no lo saben”, por lo que ha considerado “imprescindible seguir impulsando acciones de prevención y detección precoz”.

Asimismo, ha destacado que la diabetes es una enfermedad crónica “de gran impacto”, pero en la que “podemos actuar con eficacia si llegamos a tiempo”, y ha subrayado la necesidad de trabajar de forma coordinada desde distintos niveles asistenciales, señalando que la prevención “requiere la colaboración de atención primaria, de atención hospitalaria, de salud pública, de enfermería, de medicina y de farmacia comunitaria”. 

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha defendido este viernes la legalidad de la incorporación de guardas rurales al servicio de vigilancia del Parque Nacional del Teide, siempre bajo la supervisión de los agentes de medio ambiente. El PSOE, sin embargo, lo tacha de privatización, en línea también con lo expresado por Agentes Forestales y de Medio Ambiente de las administraciones públicas de Canarias, sus sindicatos y los de diversos cuerpos de seguridad del Estado, especialmente los de la Policía Local de municipios como La Orotava. Estos no solo advierten de la privatización de una labor que es pública, sino también de la posible “ilegalidad” de hacerlo, ya que esos nuevos agentes no tienen potestad para poner multas ni cuentan con autoridad.

Dávila ha comparecido en el pleno a petición del grupo Socialista, cuyo portavoz, Aarón Afonso, ha asegurado que las competencias que se atribuyen a los guardas rurales privados corresponden a los agentes de medio ambiente, por lo que ha exigido que se suspenda la licitació, de 3,7 millones de euros, destinada a externalizar los servicios y “privatizar la seguridad”.

“No hipoteque los próximos cinco años de este Cabildo privatizando la seguridad del Parque Nacional, no formalice el contrato, ponga en marcha un programa temporal que incorpore como funcionarios interinos a agentes de medio ambiente”, ha reclamado sin éxito Afonso.

El portavoz de CC, José Miguel Ruano, ha confirmado que el proceso seguirá adelante y ha acusado al representante socialista de plantear “un debate falso”, puesto que la presencia de seguridad privada es habitual en infraestructuras e instituciones públicas y también en otros parques nacionales gestionados por el Estado, sin que ello implique una privatización de las funciones esenciales.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, defendió que el debate sobre el futuro del Teide no gira en torno a la privatización, sino que se trata de protegerlo y preservarlo “a toda costa”, una línea de actuación que el actual gobierno insular asegura estar ejecutando y que no hizo el precedente, sostuvo.

Desde que el Cabildo asumió las competencias de gestión, ha actuado con rapidez y ha definido un Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) con una hoja de ruta que cambiará el modo de visitarlo, explicó.

Se ha pasado de dos a catorce agentes de medio ambiente, se han incorporado nueve técnicos funcionarios de campo y se va a reforzar la presencia continua de Policía Canaria, Policía Local de La Orotava y el Seprona de la Guardia Civil, ha destacado.

Es en ese contexto en el que se incorporarán 16 guardas rurales de una empresa privada, pero que operarán bajo la supervisión de los agentes de medio ambiente, un despliegue que va a permitir una vigilancia permanente y el control del espacio las 24 horas del día durante todo el año, indicó la presidenta.

Esos guardas rurales podrán actuar para proteger los recursos naturales frente a actividades ilegales o inapropiadas, asegurar la seguridad de los visitantes, controlar miradores y accesos conflictivos fuera del parque nacional, actuar con rapidez ante emergencias o regular el acceso nocturno y evitar pernoctaciones ilegales, detalló Dávila.

Por eso rechazó las críticas sobre una posible privatización, ya que se refuerza la capacidad operativa bajo control público, de unos agentes de medio ambiente cuyas funciones propias no asumen.

Para ilustrarlo, comparó este modelo con la presencia de empresas de seguridad en aeropuertos o en edificios institucionales como el propio Cabildo.

Dávila, quien recibió el apoyo de los portavoces de CC, PP y Vox, contrapuso este modelo con lo que calificó de “descontrol y abandono” en el pasado mandato.

Usar la bolsa de agentes de medio ambiente

El representante del PSOE, Aarón Afonso, manifestó que su grupo apoyará siempre la protección del Parque Nacional del Teide, pero mostró un rechazo frontal al modelo planteado por el gobierno insular, al considerar que “la privatización es inexplicable” cuando hay una bolsa de agentes de medio ambiente que podrían ser contratados de manera interina, puesto que este personal público es el que cuenta con competencias específicas para esa labor.

Así lo defienden los sindicatos, las asociaciones de agentes medioambientales y los propios agentes de la Policía Local de La Orotava, argumentó.

Denunció que el Cabildo ha optado por externalizar funciones en lugar de reforzar la función pública, cuando existe margen para ampliar la plantilla de agentes de medio ambiente, habilitados legalmente para las tareas de vigilancia y control.

El tercer carril de la autopista del norte de Tenerife, TF-5, entre Guamasa y el aeropuerto del norte, en sentido Santa Cruz de Tenerife, estará operativo en tres años una vez empiecen los trabajos, previsiblemente en verano, y supondrá un aumento del 50% de la capacidad de esta vía, que soporta una media de 110.000 vehículos al día y picos de hasta 4.500 vehículos por hora, según ha informado este viernes el Cabildo.

Emilio Grande, el ingeniero de la obra, que supone una inversión de 66,4 millones, ha precisado este viernes en rueda de prensa que los trabajos, con una duración de 36 meses, no van implicar el cierre de ninguno de los dos carriles actuales.

El ingeniero responsable del proyecto, que se empezó a redactar en el año 2018, ha confirmado que la obra no implica “muchas” expropiaciones, pues la mayoría ya se realizaron cuando se construyó la autopista, y ha detallado que el 90% del tramo transcurre por dominio público y también hay cesiones de AENA.

Ha detallado que la actuación se desarrollará entre los kilómetros 11 y 15 de la autopista TF-5, en el tramo comprendido entre San Lázaro y la empresa Coca Cola, y la intervención incluye además la mejora de la funcionalidad de los enlaces de Guamasa, el aeropuerto y San Lázaro, con el fin de optimizar los flujos de tráfico “en uno de los puntos más congestionados de la isla”.

El técnico ha recordado que el proyecto comenzó a redactarse en 2018 y que su desarrollo ha requerido años de coordinación con distintas administraciones y entidades, entre ellas los ayuntamientos implicados y AENA.

Asimismo, ha subrayado el crecimiento del tráfico en la zona, al señalar que se ha pasado de unos 5.000 vehículos diarios en la década de 1960 a más de 100.000 en la actualidad, con picos de hasta 12.000 vehículos en horas punta en una infraestructura diseñada para soportar 22.000.

El ingeniero ha añadido que la actuación, actualmente en fase de licitación, busca mejorar la fluidez del tráfico, reforzar la seguridad vial y reorganizar los enlaces para evitar interferencias entre los distintos itinerarios, especialmente entre los desplazamientos hacia Santa Cruz y el Puerto de la Cruz.

Entre las actuaciones más relevantes, ha apuntado a la creación de un nuevo enlace tipo “hipódromo”, que permitirá redistribuir los flujos de tráfico y reducir los puntos de conflicto, así como la reorganización del enlace del aeropuerto, que absorberá parte del tráfico procedente de La Laguna para aliviar la carga en San Lázaro.

Un tanque de tormentas

Esta actuación en la autopista del norte de Tenerife incorporará un sistema de tanques de tormentas, una infraestructura de la red de saneamiento consistente en un depósito dedicado a capturar y retener el agua de lluvia transportada hasta él por los colectores, sobre todo cuando hay precipitaciones muy intensas, para disminuir la posibilidad de inundaciones en los casos en que la capacidad de escurrido del agua es menor que el volumen de lluvia.

Según ha explicado el ingeniero, en el tramo entre La Laguna y el Portezuelo no existen cauces suficientes para evacuar el agua de forma convencional, ya que los barrancos de la zona presentan limitaciones de capacidad, lo que ha obligado a buscar soluciones alternativas, ha agregado.

En este contexto, se prevé la construcción de un total de seis tanques de tormentas —uno de ellos en terrenos de AENA— que permitirán recoger la primera escorrentía, almacenarla temporalmente y tratarla antes de su liberación, evitando así la sobrecarga de los cauces y posibles problemas de inundaciones o contaminación.

Este sistema, habitual en entornos urbanos, ha dicho que se adapta ahora a una infraestructura viaria para hacer frente a fenómenos meteorológicos cada vez más intensos, como los registrados recientemente en Canarias.

En la rueda de prensa también ha participado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo; la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; el vicepresidente Manuel Domínguez y el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, entre otros responsables públicos tanto del Ejecutivo, como de la corporación insular y del Ayuntamiento de La Laguna.

Fernando Clavijo ha resaltado que el Ejecutivo ha actuado ante el “grave problema de movilidad” existente en Tenerife con un trabajo basado en el consenso y la colaboración institucional para sacar adelante actuaciones como el tercer carril de la TF-5.

En su opinión, la movilidad “es mucho más que hacer obras” y requiere un conjunto de medidas orientadas a facilitar los desplazamientos de la ciudadanía, especialmente en áreas con alta concentración de población.

En este sentido, ha subrayado la apuesta por el transporte público, con un incremento de la inversión que, según ha indicado, alcanza los 150 millones de euros anuales en Canarias, sumando aportaciones del Estado, el Gobierno autonómico y los cabildos, así como medidas para aumentar la capacidad de las guaguas.

El consejero de Obras Públicas ha comentado que esta actuación “ya no es una previsión, sino una realidad en marcha”, al encontrarse en fase de licitación tras su publicación el 24 de diciembre.

Según ha indicado, al proceso se han presentado nueve ofertas de empresas y uniones temporales, lo que garantiza la concurrencia y descarta el riesgo de que quede desierto.

Asimismo, ha avanzado que en las próximas semanas se elevará la propuesta de adjudicación, que podría producirse durante el mes de abril, aunque los plazos definitivos dependerán de posibles recursos.

Por último, ha insistido en que el objetivo es iniciar las obras “cuanto antes”, previsablemente en verano, dada la necesidad de esta actuación para mejorar la movilidad en uno de los tramos con mayor intensidad de tráfico de Tenerife.

La presidenta del Cabildo ha afirmado que el tercer carril en la TF-5 supone “un paso decisivo en una prioridad clave para la isla de Tenerife”, al tratarse de una infraestructura “crucial” para mejorar la movilidad y dar respuesta a los atascos que afectan diariamente a miles de personas.

Dávila ha hecho hincapié en que esta actuación no es “una obra más”, sino una respuesta directa a los problemas de desplazamiento, el tiempo invertido en carretera y su impacto tanto en la calidad de vida como en el desarrollo económico de la isla.

Agentes Forestales y de Medio Ambiente de las administraciones públicas de Canarias, sus sindicatos y los de diversos cuerpos de seguridad del Estado, especialmente los de la Policía Local de municipios con superficie en el Parque Nacional del Teide (sobre todo de La Orotava, al que pertenece el 72% de su extensión) han enviado recientemente una carta a la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila (CC), para advertir de la “ilegalidad” de la apuesta del gobierno insular de nacionalistas y conservadores por privatizar la seguridad y vigilancia del célebre espacio, Patrimonio de la Humanidad para la Unesco. 

La creciente presencia desde hace meses de guardas rurales (en realidad, simples trabajadores de seguridad privada) hasta alcanzar la cifra de una docena durante este año, con supuestas competencias y talones para sancionar por cuestiones de tráfico o tropelías medioambientales, supone para estas partes una clara irregularidad que no sólo invade sus competencias, sino que está creando un caos entre los visitantes del paraje sancionados, que luego van a informarse o reclamar a comisarías de Policía por unas multas sin fundamento legal.

En la misiva, y entre otras cosas, le recalcan a Dávila que los agentes de Medio Ambiente son los que, según la normativa vigente, sí tienen la potestad sobre “la tutela de la seguridad ambiental mediante el desempeño de las funciones de vigilancia, policía y custodia de bienes medioambientales y forestales en el Teide. Por tanto, los guardas rurales no tienen competencias para ejercer funciones de vigilancia en espacios naturales protegidos como el Teide, usurpando así las funciones encomendadas a los propios agentes de Medio Ambiente”. Por ello, exigen la eliminación de este servicio y el reconocimiento de estos agentes medioambientales en la protección del Parque Nacional.

La carta la firman los sindicatos CCOO, CGT, Sepca y IGT, aparte de la asociación de agentes de Medio Ambiente de Canarias (Afmacan). Asimismo, se sumaron las centrales CSIF, Intersindical Canarias y UGT de las Policías Locales (especialmente de La Orotava, la que más actúa en el Parque), que se oponen a la “ilegalidad” de la contratación de la empresa privada de guardas rurales para esta vigilancia.

Además, han remitido escritos también a la consejera insular de Medio Ambiente, Blanca Pérez, y al director insular, Pedro Millán, exponiendo los mismos argumentos y reclamando una rectificación que temen claramente que no se dé, más allá de que haya decisiones de otro calado (como jurídicas), porque creen que la apuesta es firme y, por eso, la presencia de guardas rurales no será coyuntural, de meses, sino que, por la prórroga impulsada, se puede prolongar un mínimo de cuatro años.

El Parque “no es una finca rústica, una explotación agraria o coto de caza” 

Entre otros argumentos, y según contextualizan en declaraciones a Canarias Ahora, sostienen que se trata de una contratación “ilegal y perjudicial” para los intereses profesionales que defienden y para una atención idónea del servicio que, por las normas existentes, tienen encomendada los funcionarios públicos. Según recalcan, un parque nacional no puede ser considerado nunca una finca rústica, explotación agraria o coto de caza, donde sí cabría una seguridad privatizada de lo que el gobierno insular de nacionalistas y la derecha del PP llaman “guardas rurales”. 

En este sentido, recuerdan que la legislación urbanística y sectorial prohíbe la parcelación y formación de fincas en su ámbito territorial, lo que hace aún más inviable esa presencia de esos agentes privados. Entre otras cosas, porque la Ley de Seguridad Privada no habilita a los guardas rurales para ejercer funciones en parques nacionales, sino a los agentes forestales y medioambientales, así como a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por ejemplo a la hora de sancionar incumplimientos de las normas de Tráfico. En esta línea, los sindicatos de la Policía Local denuncian que se están asumiendo, de forma ilegal, funciones de ordenación y regulación del tráfico, así como la incoación de denuncias de tráfico con apariencia de agentes de la autoridad, con el consiguiente engaño o confusión creada a los sancionados, algo especialmente evidente en los casos de turistas.

Según remarca, esto supone una vulneración del principio de legalidad y una usurpación de funciones públicas, toda vez que, conforme a lo dispuesto en el artículo 87.2 de la Ley de Seguridad Vial, solo los agentes de la autoridad están investidos de la potestad para suscribir denuncias de tráfico con número de registro. Por eso, advierten de la evidente situación de inseguridad jurídica para la ciudadanía y la propia Administración insular que está generando esta situación desde hace meses, que temen que se agrave en los próximos años ante la prórroga promovida.

También recuerdan que la regulación del acceso a determinados senderos puede encausarse mediante modelos profesionales alternativos y conocidos, ajustados y limitados a funciones de información, orientación y control de aforos, plenamente compatibles con el marco legal y sin invadir ni sustituir las funciones legalmente atribuidas a la función pública.

Canarias Ahora ha solicitado desde hace meses datos actualizados de las sanciones impuestas por estos agentes privados de seguridad en Las Cañadas, pero sin respuesta aún por parte del gobierno de CC y PP. 

Si no fuera porque ha costado la módica, pero chocante cantidad de 1.300,85 euros públicos, es decir, de todos, el diálogo que mantuvo hace unos días la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, con el podcast No, qué va!!! sería incluso gracioso, tendría un punto, esa cosa del atrevimiento, lo alternativo, el intento de acercarse a los jóvenes y usar sus claves y su lenguaje o simplemente mostrarse cercana, desacomplejada y sin muchos escrúpulos (ni siquiera escatológicos). Más allá de vestimentas tradicionales o no, más allá de otras consideraciones, lo cierto es que, al menos si se comprueba la primera pieza de Tik Tok colgada, a modo de resumen o cebo, lo cierto es que resulta al menos discutible el uso de ese dinero de todos para que la presidenta se luzca, se sienta el centro de todo, como que Tenerife casi surge con ella. Y más en un mandato en el que se ha disparado el gasto en publicidad y propaganda en general en el Cabildo y, en especial, en Presidencia (sí, en pacto con ese PP que tanto habla de despilfarro y asesores cuando hace de oposición en cualquier sitio, para luego gastar más).

Y es que, en apenas unos segundos ( ), ese resumen muestra a Rosa Dávila siendo preguntada así: “¿Cuál es el sitio más raro en el que has hecho caca?”, reaccionando bajo las espontáneas (¿?) risas de los presentes en el patio del Museo de la Naturaleza y Arqueología (MUNA), donde se hizo la grabación, y no sin teatralizar la respuesta (de momento, ocultada) con un movimiento de cuerpo considerable, como que le había cogido por sorpresa, como que eso no esperaba que se lo preguntaran y la ponía en un compromiso. 

También cuenta la anécdota del apuro que tuvo un día en compañía del presidente regional, Fernando Clavijo, cuando, de repente, le dijo que había que buscar una farmacia, a lo que el líder de CC le preguntó el motivo para, se supone, no perder tiempo, recordándole que en su famosa mochila tiene casi de todo, con la sorpresa tremenda para Dávila de que también guardaba lo que más precisaba en ese justo momento en el que le había venido la menstruación: una compresa. Y eso que “Fernando Clavijo es muy aburrido”, según remarca.

Además, y a una pregunta más propia de un show mitinero de Ana Oramas en una campaña electoral, como cuando imitó los caminares de Ángel Víctor Torres y su cabeza agachada, responde que sus amigos opinan ahora de “la Rosa política” que “es un coñazo”, para risas de todos los preguntadores.

También destaca esa parte en la que se le recuerda que una ciudad (sin precisar) prohíbe tener relaciones sexuales “en la playa aunque sea de noche”, a lo que Dávila responde llamando “gente aburrida” a los que lo que lo prohiben y confesando que “en la playa lo ha hecho todo el mundo, ¿no?”.      

El resumen incluye también alusiones a lo rápido que se van las semanas y todo por esos módicos 1.300,75 euros de los contribuyentes (tinerfeños incluidos), aunque con la promesa y el anuncio de un nuevo “episodio próximamente” de esta entrevista, cuya factura se aprobó por Presidencia este mismo lunes, 23 de marzo, a la Audiovisuales Alonso y Alonso como contrato menor.

El director insular de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife, Iván Martín, ha pedido este lunes disculpas por permitir la entrada del creador de contenido Bolorino al Centro de Coordinación Operativa Insular (CECOPIN), la reunión insular de emergencias, durante el pasado viernes cuando estaba vigente la alerta por la borrasca Therese, que ha dejado numerosas incidencias en la isla por el fuerte oleaje, el viento y la lluvia.

Martín ha asegurado que la decisión fue tomada a petición del propio creador y siguiendo la práctica habitual con otros medios e instituciones, y la ha justificado en el objetivo de “llegar al mayor número de personas” y en un gesto de “total transparencia”. Cabe señalar que Bolorino no es un medio de comunicación y no tiene acreditación de prensa, se trata de una persona que cuelga contenidos en redes sociales, sobre todo de sucesos.

“Accedimos, como hacemos con otros medios [Bolorino no es un medio de comunicación ni pertenece al gremio periodístico], a que pasen al Cecopin y hagan sus programas”, ha manifestado, y ha añadido que autorizó personalmente el acceso en un momento de “relativa tranquilidad”. Sin embargo, a ningún medio de verdad se le permitió acceso al Cecopin ese día.

El responsable insular de Seguridad y Emergencias ha destacado que su intención fue “llegar a un mayor número de personas con total claridad y transparencia” y que supervisó directamente la estancia del creador de contenidos en el centro.

“No estuvo descalzo nunca, en ningún momento”, ha aseverado, al tiempo que ha reconocido que la emisión se prolongó más de lo previsto (duró más de dos horas, tiempo en el que Bolorino leyó comentarios de sus seguidores e informó a su parroquia de que se tiene que operar una cadera).

Ha subrayado que continuarán trabajando en la mejora de los protocolos del Cecopin y en la certificación del centro en materia de seguridad.

Este mismo lunes, la Asociación de Periodistas de Tenerife (APT) ha censurado que se permitiera la presencia de este influencer en una reunión tan relevante, emitiendo “desde un centro crítico de seguridad y coordinación de emergencias en un momento de máxima preocupación”, teniendo acceso a “información que debe ser reservada”, algo que ha tachado de “inadmisible”.

Esta crítica se suma a la de PSOE y NC, que han pedido explicaciones por lo ocurrido y han criticado la gestión “frívola e irresponsable” de la presidenta insular, Rosa Dávila (CC), al permitir a este personaje sin funciones operativas ni acreditación informativa acceder al Cecopin y grabar allí durante dos horas, accediendo a información reservada, interviniendo y opinando en esta reunión, en la que estaba presente la consejera insular de Seguridad, Blanca Pérez.

El Cabildo de Tenerife, a través del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), destinará 350.000 euros a la reforma y adecuación de la futura Casa Pipa Tenerife, un recurso alojativo impulsado por la Fundación Canaria Pequeño Valiente que permitirá ofrecer alojamiento temporal gratuito a menores con cáncer y a sus familias durante el proceso de tratamiento médico.

La consejera de Acción Social, Águeda Fumero, junto a la directora insular, Yolanda Baumgartner, visitaron la sede de la entidad en Tenerife, donde pudieron conocer de primera mano la labor que desarrolla la fundación y los avances del proyecto, que se ubicará en un inmueble cedido por el Gobierno de Canarias en La Laguna, según ha informado la corporación insular en una nota.

Casa Pipa será un recurso “clave” dentro de la red sociosanitaria, dirigido especialmente a familias procedentes de otras islas o de municipios alejados de los centros hospitalarios, que necesitan permanecer cerca durante largos periodos de tratamiento.

Tal y como recoge el proyecto, estos procesos pueden prolongarse entre uno y dos años y suponen un fuerte impacto emocional, económico y logístico para las familias. De este modo, el nuevo espacio contará con habitaciones adaptadas, zonas comunes, áreas de atención psicológica, social y fisioterapéutica, así como espacios de convivencia y apoyo, con el objetivo de garantizar el bienestar integral de los menores y sus familias durante todo el proceso.

El presidente de la Fundación Canaria Pequeño Valiente, José Juan Jerez, ha agradecido el respaldo institucional y ha destacado que “la Casa Pipa de Tenerife permitirá que las familias que tengan niños con cáncer u otras enfermedades raras que vienen de municipios alejados o de islas no capitalinas puedan tener un espacio cálido y lúdico”.

La visita también ha servido para hacer balance del trabajo conjunto que el Cabildo desarrolla con la Fundación Pequeño Valiente a través del Anillo Insular de Políticas Sociales, en el marco de la atención a enfermedades crónicas. Desde 2016, la entidad forma parte de este sistema de colaboración, que permite financiar programas de atención integral a menores con cáncer y sus familias, incluyendo apoyo psicológico, social, educativo y fisioterapéutico.

En los últimos años, el Cabildo ha incrementado progresivamente su aportación económica a este proyecto, pasando de 141.047 euros en 2023 a 186.047 euros en 2026, lo que habría permitido consolidar un modelo de atención “especializado y continuado”.

Solo en 2025, este programa atendió a 227 menores de forma directa y a 637 familiares de manera indirecta.

No fueron 48.000 euros, como trascendió a principios del pasado mes de febrero. El invento de la presidenta del Cabildo tinerfeño, Rosa Dávila, de instaurar el Día de Tenerife la misma jornada que se celebra el de la Virgen de Candelaria, el 2 de febrero (lo del 15 de agosto representa una celebración mariana genérica en toda España), costó finalmente 70.314 euros, según los datos desgranados reconocidos por el propio gobierno insular. Más de 70.000 euros por un acto en el deteriorado auditorio Adán Martín (que se cae a cachos, Dávila dixit) que, más allá de las personalidades de distintos ámbitos reconocidas por su meritoria trayectoria (a modo de los Premios Canarios ya asentados y creados por Jerónimo Saavedra en 1984), desató duras críticas desde diversos estamentos, especialmente desde el Ayuntamiento de Candelaria, cuya alcaldesa, la socialista Mari Brito, censuró la elección del día y el intento de solapamiento con, a su juicio, claro proselitismo, sobre todo en la figura de la propia presidenta.   

Es cierto que los propios Premios Canarias de Saavedra recibieron críticas al principio, aunque no precisamente por elegir el Día de Canarias para su entrega en el acto principal de una jornada que no existía hasta lograr la autonomía (1982). El invento de Dávila, sobre todo porque hay premios y, por tanto, premiados detrás, puede también cuajar, si bien siempre se cuestionará que se eligiera el Día de Candelaria y el uso político que, al menos a juicio del principal grupo de la oposición en el Cabildo tinerfeño (el PSOE), se ha hecho en su primera edición y, seguramente, en las siguientes.

Además, esos 70.315 euros suponen un nuevo gasto para la Administración que no pasaron por licitación previa. Todas las facturas desgranadas se sitúan por debajo de los preceptivos 15.000 euros que obligan a pedir, al menos, presupuestos a tres empresas, con la excepción de dos: la de 15.588,89 euros de la compañía de trabajos audiovisuales y organización de actos Pantalla Canaria SL, que se encargó de la dirección artística del acto. Sin embargo, se trata de la cifra con el IGIC añadido (7%), con lo que la cantidad presentada sin el impuesto indirecto se situó por debajo de los 15.000 y se evitó esa obligación legal de contrastar y elegir la mejor propuesta por parte de técnicos. La otra es la del uso del auditorio, que se eleva a 16.479, lo que se descuadra con el IGIC (que rondaría los mil euros para no superar los 15.000), si bien en este caso se aplica una regulación específica al tratarse de un bien demanial del que es titular el propio Cabildo.

El resto se distribuye así hasta sumar los 70.315 euros: la actuación de Celso Albelo, adjudicada a Translírica SL, se elevó a 3.675 euros; la de Miriam Reyes (Events Branch SL), a 1.605; la de Compañía Pieles (Laboratorio Escénico SL), a 8.025; la compra de una bandera de Tenerife (Imazu Publicidad SL), a 492,2, y la cobertura informativa del acto (asignada a Mandaya 2323 SL), un total de 2.675. Además, los gastos de difusión se dividieron en varios medios: Ahora TV SL (2.675 euros), Paraíso Creativo Studio SL (5.134,93), Iglesias Arozena Santiago (5.189,50), Gestión Medios Audiovisuales Canarias SLU (2.675) y Radio Televisión Tenerife Canarias Plus SL (2.675). Por su parte, los gastos fotográficos se asignaron a Ilovetheworld Sl (1.926), y los trofeos para los premiados, a Juan Manuel Santos Herrera (1.498). 

Aprobado cinco días antes en Consejo de Gobierno y fuera del orden de día

La celebración de este primer Día de Tenerife el Día de la Candelaria (en algunas mentes, quizás, hasta el primer Día de Rosa Dávila) no se preparó con excesivo tiempo. De hecho, el Consejo de Gobierno lo aprobó el pasado 28 de enero, con lo que el gobierno y los funcionarios tuvieron que darse prisa con los gastos y toda la preparación de asignaciones, presupuestos y organización. Es más, se abordó fuera del orden del día y se tuvo que justificar su urgencia, lo que fue aceptado por unanimidad de los consejeros de CC y PP. Entre los “destinatarios del acto: ciudadanos asistentes y representantes de entidades públicas y privadas más relevantes de la Isla y de Canarias”, según rezó el acuerdo aprobado.

El Cabildo de Tenerife ha afirmado este viernes que iniciará las obras de reparación del Auditorio Adán Martín una vez haya estudiado el proyecto remitido por el arquitecto Santiago Calatrava, que, según la corporación, recibió el pasado 6 de febrero, y que tomará las medidas cautelares precisas para evitar daños a terceros. Sin embargo, no ha dado una fecha concreta para el inicio de las obras, pese a que los desperfectos, que se detectaron por primera vez en 2017, han empeorado por las últimas llucias. Cabe recordar que ya en 2024 el Cabildo anunció que antes de noviembre de ese año recibiría el proyecto, cosa que no ocurrió, y que dicho proyecto debía haber sido remitido en 2023. Sin embargo, con la llegada de Coalición Canaria a la presidencia del Cabildo ese año se concedió una prórroga de otros 18 meses al arquitecto, lo que ha dilatado la resolución del conflicto. La principal disputa es que el arquitecto no quiere asumir el coste de los 24 millones de euros que se calculó que costaría la reparación de los desperfectos.

El Cabildo, en el comunicado difundido este viernes, tampoco aclara esa cuestión: quién costeará las obras, los tinerfeños o el arquitecto. Hay que señalar que el coste total de la construcción del Auditorio resultó tres veces más elevado de lo presupuestado inicialmente. Así, se pasó de 25 millones de euros a más de 75. En cuanto a los desperfectos, se calcularon hace cuatro años en unos 24 millones de euros.

En el comunicado (divulgado 48 horas después de que Canarias Ahora pulicase nuevas fotografías del estado del edifio, al que se le han desprendido en varias zonas el trencadís de la cubierta, donde hay goteras y donde ha tenido que instalarse una red en algunas partes) la corporación insular asegura que el hecho de haber recibido el documento del arquitecto valenciano supone “un avance relevante” dentro del proceso de negociación desarrollado en los últimos años para resolver las incidencias detectadas en el edificio, y poder iniciar las obras necesarias para su reparación.

La recepción de este proyecto representa “un paso significativo” dentro de un procedimiento que la corporación insular “ha impulsado de forma constante con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita ejecutar las actuaciones necesarias para garantizar el correcto estado del inmueble”, añade.

A su vez, subraya que el Cabildo ha trabajado “intensamente” para encontrar una solución entre las partes que evite la prolongación del pleito judicial entablado, y que permita abordar cuanto antes las reparaciones necesarias.

Al respecto, recuerda que los técnicos del Cabildo detectaron en 2017 desperfectos en pequeñas superficies del edificio relacionados con el revestimiento, el trencadís, así como filtraciones por humedades.

Tras la finalización del correspondiente procedimiento administrativo, el Cabildo exigió a los responsables solidarios —el arquitecto Santiago Calatrava, la UTE encargada de las obras, integrada por Acciona Construcción, S.A. y Dragados, S.A. y los directores técnicos de la obra— que procedieran a la reparación de los daños detectados.

Ante esta decisión se interpusieron diversos recursos judiciales y el juez instó a las partes en 2019 a llegar a un acuerdo que pusiera fin a la controversia.

Ello dio lugar a que en 2019 se iniciaran las negociaciones entre las partes con el objetivo de explorar una posible solución consensuada, por lo que el proceso judicial quedó suspendido mientras durasen esas negociaciones. El Gobierno insular de entonces, presidido por el PSOE, dio un plazo de 19 meses al aquitecto para que presentara su proyecto, pero al llegar Rosa Dávila a la corporación, y cuando estaba a punto de cumplirse la fecha límite, esta amplió el plazo, sin explicaciones, 18 meses más, postergando así la rehabilitación.

El Cabildo señala ahora que, tras varias modificaciones instadas por los técnicos de la corporación, finalmente se recibió el pasado 6 de febrero, tres años después.

La institución insular asegura que tomará las “medidas cautelares en este excepcional edificio para evitar daños a terceros”, y añade que, una vez recibido el proyecto de Calatrava, el procedimiento continúa su curso y será el área de Arquitectura y Patrimonio del Cabildo los que estudiarán la propuesta para que las obras se inicien lo antes posible, sin concretar cuándo.

La institución insular insiste en que durante todo este tiempo ha mantenido una actitud “activa” para alcanzar una solución y no ha cesado en su empeño de avanzar en un acuerdo que permita resolver la situación.

El PSOE pide saber quién pagará las obras

Tras conocer el comunicado del Cabildo, el Grupo Socialista en la coproración ha exhortado a la presidenta, Rosa Dávila, a exigir a Calatrava hacerse cargo del coste de las obras, tal y como hizo el PSOE durante el pasado mandato.

Además, ha señalado que la corporación “ha anunciado esto mismo en numerosas ocasiones y lo vuelve a hacer tras publicarse declaraciones del portavoz, Aarón Afonso”, en las que aludía a los desperfectos del edificio.

“Resulta llamativo que el gobierno del Cabildo evite mencionar el acuerdo que adoptamos en el consejo de gobierno en junio de 2022, cuando desde el anterior mandato se concedió a Santiago Calatrava un plazo de 19 meses para presentar el proyecto de rehabilitación del Auditorio. Ese plazo finalizaba en enero de 2024”, ha apostillado.

Por eso sorprende que ahora la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, pretenda presentar como un éxito el hecho de que ese proyecto llegue con más de dos años de retraso, lo que evidencia esta situación es que la gestión del Cabildo en este asunto no está siendo lo suficientemente diligente para resolver un problema que afecta a uno de los principales símbolos culturales de Tenerife, ha indicado Afonso.

Si efectivamente el proyecto ya ha sido presentado, lo que corresponde ahora es que el Cabildo aclare varias cuestiones fundamentales y primero, cuándo está previsto que se apruebe definitivamente ese proyecto, ha continuado el portavoz socialista, para quien sobre todo “lo más importante es saber cuándo comenzarán realmente las obras de rehabilitación del Auditorio de Tenerife”.

Y también “es imprescindible conocer cuál será el coste de esas obras y quién tendrá que asumirlo finalmente: si el propio Cabildo o el arquitecto responsable del proyecto”, ha considerado Afonso.

El grupo Socialista, ha añadido, exige claridad y responsabilidad desde el mandato anterior “y seguimos haciéndolo ahora, porque lo que Tenerife necesita no son anuncios, sino soluciones concretas y plazos claros para resolver definitivamente los problemas del Auditorio”.

El PSOE de Tenerife ha anunciado que no participará en la lectura del manifiesto institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres que se celebrará este viernes en el Cabildo de Tenerife tras la “ruptura del consenso” por parte de Coalición Canaria y el Partido Popular en la elaboración del texto.

La consejera insular y secretaria de Igualdad del PSOE de Tenerife, Priscila de León, ha denunciado que el documento que se pretende leer no es un manifiesto consensuado entre los grupos políticos, como ha sido habitual en años anteriores, sino un texto impulsado por el grupo de gobierno que ha sido elaborado sin contar con el principal partido de la corporación, el Partido Socialista.

Según explica De León, el PSOE no puede participar en un acto institucional basado en un documento que evita señalar los riesgos reales que afrontan los derechos de las mujeres. “Lo que se va a leer no es un manifiesto consensuado, es el fiel reflejo de una moción que tiene que ver con el diagnóstico de la situación, pero sin nombrar en ningún momento el peligro real que tenemos las mujeres de la isla de Tenerife y del mundo, que no es otro que el retroceso en materia de igualdad por la entrada de partidos de ultraderecha como Vox”.

La consejera socialista considera que se trata de “un texto realizado para no molestar a Vox en vez de para reivindicar los derechos de las mujeres”. Además, recuerda que se ha elaborado “sin contar con el principal partido de la corporación, que es el Partido Socialista”.

De León recuerda que en el último pleno insular el PSOE presentó una moción con motivo del 8M y que Coalición Canaria y Partido Popular no solo rechazaron buscar un acuerdo, sino que optaron por presentar un texto alternativo sin consensuar con el Grupo Socialista. “Por tanto, no participaremos en ese paripé”, ha dicho.

A su juicio, esta actitud responde a la estrategia de ambas formaciones de evitar cualquier posicionamiento que pueda incomodar a la ultraderecha. “El principal objetivo parece ser no molestar a Vox, partido con el que PP y CC gobiernan en distintos municipios de Tenerife, como Arona y Granadilla de Abona”.

La consejera socialista ha advertido de que el retroceso en igualdad es una amenaza real cuando la ultraderecha entra en las instituciones. “Cuando la ultraderecha entra a gobernar, la respuesta de las instituciones es como la que hemos vivido estos días atrás en el Ayuntamiento de Arona”.

En ese sentido, De León ha criticado la reacción del gobierno municipal de Arona ante el asesinato de un menor de diez años y las graves heridas sufridas por su madre en un caso de violencia vicaria. “La respuesta del Ayuntamiento fue denominar este acontecimiento como un trágico suceso, obviando que se trata de un caso de violencia de género en su versión más cruel, que es la violencia vicaria”.

Ante esta situación, el PSOE de Tenerife considera que no puede participar en la lectura de un texto institucional que evita denunciar con claridad los retrocesos en materia de igualdad y la amenaza que suponen los discursos negacionistas de la violencia machista.

De forma paralela a este posicionamiento institucional, el PSOE de Tenerife difundirá en sus redes sociales el vídeo “Somos la resistencia, somos memoria”, protagonizado por Tamara Raya, que reivindica la memoria del feminismo socialista y el liderazgo de las mujeres en las instituciones de la isla como respuesta frente a cualquier intento de retroceso en derechos.

El estado de uno de los supuestos emblemas de Tenerife sigue empeorando. Las intensas lluvias dejadas en la Isla por las últimas y concatenadas tormentas han deteriorado aún más algunas de las partes más afectadas de la brillante piel del auditorio Adán Martín, esos azulejos blancos tan característicos de las obras del célebre y, al mismo tiempo, polémico arquitecto valenciano Santiago Calatrava llamados trencadís. Como muestran las imágenes que acompañan a este texto, diversas zonas de una de las creaciones públicas más caras de la historia tinerfeña han seguido levantándose de forma acelerada en las últimas semanas, lo que agrava una situación, de por sí, impropia de un supuesto referente arquitectónico, cultural y también turístico de la Isla del Teide, dado el alto número de visitantes diarios que recibe simplemente para sacarse fotos.

Como prueban las fotos, tomadas en la mañana de este miércoles y con imágenes inéditas, como las relativas a la parte trasera del auditorio, hay partes con mucho trencadís perdido y otras, con áreas muy levantadas. Las humedades y goteras han obligado al cierre de la segunda planta de la parte principal, y los cubos o jardineras reconvertidas para recoger agua se multiplican por doquier en los dos niveles del aparcamiento de la parte baja del pretendido emblema.  

Este lamentable e indignante deterioro se acrecienta mientras continúa la incertidumbre sobre cuándo, quién y por cuánto dinero se afrontará la rehabilitación que se ha ido preparando, sugiriendo, calculando y que es cada vez más perentoria. Una reforma que, según el último informe difundido hace unos cuatro años, requiere un mínimo de 24 millones (habría que actualizar precios por la inflación, y más con la espiral en los materiales de construcción). Curiosamente, esa cifra de 24 millones fue la primera que se dijo que iba a costar esta “escultura” (así la conciben muchos, más que como un auditorio) hace ya tres decenios, si bien al final se multiplicó por tres y alcanzó los 75 millones. Tras años de obras, su inauguración se celebró en 2003. 

Pese a que esta cuestión se abordó en un pleno insular del pasado enero, el director insular de Hacienda del Cabildo de Tenerife, Juan Carlos Pérez Frías, no pudo dar una fecha concreta del comienzo de los trabajos ni tampoco si finalmente los costeará el propio Calatrava, que se niega y echa la culpa a las empresas que ejecutaron sus planos y maquetas, estas compañías o, de nuevo, el dinero de todos los contribuyentes.

Unos trabajos complejos que ya disponen de proyecto  

Pérez Frías, además, reconoció la “complejidad” de los trabajos, aunque sí desveló que, tras cumplirse el plazo de 19 meses dado al arquitecto desde noviembre de 2024, ya disponían, justamente en ese enero, del proyecto técnico, por lo que debían decidir la dirección de obra, que también ha declinado Calatrava. Eso sí, recalcó que han de tratar de alcanzar un acuerdo con las empresas por recomendación del juez que lleva el conflicto sobre a quién corresponde esta corrección de unos desperfectos visibles desde hace ya bastantes años. Hasta tal punto, que la propia presidenta del Cabildo, la nacionalista Rosa Dávila, ha reconocido, de manera literal, que “el auditorio se cae a cachos”.

En esa sesión plenaria, y a preguntas del portavoz del PSOE, Aarón Afonso, el director general detalló los pasos dados durante 2025 con el arquitecto y una empresa especializada para ultimar un proyecto que, según dijo, ya está prácticamente terminado, si bien aún no se ha presentado ni entregado a la oposición, según lo confirmado este miércoles por los socialistas a Canarias Ahora. Este proyecto se solicitó desde enero de 2025, toda vez que se había anunciado su entrega por parte de Calatrava en noviembre de 2024. Sin embargo, y según la explicación de Pérez Frías entonces, había que realizar modificaciones que, finalmente, introdujo esa compañía experta y el resultado cumple las expectativas de los técnicos insulares, si bien aún se desconoce ese contenido ni el presupuesto actualizado. 

En línea con lo que ha hecho hasta ahora la presidenta insular, Rosa Dávila, Pérez Frías criticó la gestión del PSOE y Cs con este expediente en el mandato anterior, aunque se trata de un argumento ya esgrimido por CC y PP desde mediados de 2024. Entonces, Dávila alardeó de haber reimpulsado y acelerado una imprescindible reforma de un “emblema” de Tenerife (término repetido en ese pleno por el director general), pero, desde luego, se han ido incumpliendo los plazos anunciados por el gobierno actual y sigue sin aclararse cuándo se presenta oficialmente el proyecto, cuándo comenzarán las obras, si éstas obligan al cierre total o parcial del auditorio y durante cuánto tiempo, cómo afectará esto a la programación cultural y, sobre todo, quién asume el coste de un hito que ya triplicó su coste inicial.

Aarón Afonso recrimina al gobierno que haya estado un año sin entregarle el proyecto ni informarle de ninguno de los pasos o reuniones celebradas, dejando clara su preocupación por el estado de un pretendido icono de la Isla, que “se cae a cachos”.   

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha confirmado este lunes que se organizarán ejercicios de simulacro de riesgo volcánico en los municipios de Santiago del Teide y Guía de Isora en los meses de octubre y noviembre ante el repunte de la actividad volcánica en la isla.

Tras una reunión del Consejo Insular de Administración Territorial de Tenerife, Dávila ha admitido que los ciudadanos estén “preocupados”, pero al mismo tiempo ha lanzado un mensaje de “serenidad” porque se está dando toda la información que parte del comité científico del Pevolca.

Dávila ha insistido en que el Teide es el “volcán más vigilado del mundo”, con equipos técnicos que no tenía la isla desde hace 10 o 20 años y ahora hay más información y es “transparente y pública”, por lo que apelado a informar con “rigor y veracidad” a través de las fuentes oficiales sin caer en el “amarillismo” ni “alarmar a la población”.

“Probablemente hayamos vivido durante demasiado tiempo de espaldas al volcán”, ha destacado, por lo que es “muy importante” que la población tenga información y sea “consciente” de que vive en unas islas “vulcanológicamente activas”.

En esa línea ha señalado que las recientes erupciones en El Hierro y La Palma han “abierto los ojos” a la sociedad canaria y la actividad volcánica hace que todos estén en “alerta” y “prevenidos”, para lo cual también se están actualizando los planes municipales de emergencia para tener a la población preparada.

Ha defendido el equipo “extraordinario” de científicos que vigila la isla, tanto del IGN como del Involcan, para poder tomar decisiones de protección civil y de emergencia “únicamente” sobre datos científicos.

La presidenta ha indicado que todos los alcaldes de la isla están “informados” de la situación volcánica y ha enmarcado la reunión de este lunes en la posibilidad de que plantearan dudas y cuestiones a los científicos.

“Los alcaldes se han ido bastante satisfechos, en primer lugar, porque el Cabildo de Tenerife va a acompañar a los ayuntamientos, sobre todo aquellos municipios de menos de 50.000 habitantes y también que coinciden con la zona de mayor riesgo volcánico, como es toda la zona roja y amarilla, para en los próximos meses trabajar en la actualización de esos planes de emergencia municipales, lo que le da tranquilidad”, ha comentado.

Dávila entiende que Tenerife vive un “proceso normal” dentro de lo que supone “vivir en unas islas volcánicamente activas” y “no necesariamente” debe acabar en un proceso eruptivo, “pues puede que probablemente vuelva a dormirse”.

No obstante, ha dicho que sí hay “consenso” científico en que hay un “mayor ruido volcánico” en la isla si bien no está acompañado de otros parámetros como la deformación del terreno, emisiones de gases o seísmos perceptibles por la población.

La presidenta ha apuntado también que hay contacto permanente con los turoperadores y agentes del sector turístico para dar “tranquilidad” tanto a los visitantes como a los mercados emisores.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha avanzando este lunes que la empresa Titsa va a implantar de forma progresiva mamparas de seguridad en las guaguas y solicitará al Gobierno de Canarias que en el trámite de modificación de la ley de transporte se considere a los chóferes como “agentes de autoridad” al darles la categoría de policía administrativa.

En declaraciones a raíz de las últimas agresiones sufridas por conductores de la flota, Dávila ha remarcado un “mensaje muy claro y muy contundente” de que no se va a permitir “ningún tipo de agresiones ni violencia” a los trabajadores, de ahí que se haya llegado a un “acuerdo amplio” con los sindicatos para que haya “mayor seguridad” en las guaguas.

Asimismo, ha dicho que Titsa se va a presentar como acusación particular en causas judiciales en las que haya una agresión, como la ocurrida en los últimos días y que se hizo pública a través de un vídeo en las redes sociales.

“No vamos a permitir que ningún energúmeno se vaya de rositas cuando hay una agresión a nuestros conductores. Para nosotros la seguridad de los conductores y por lo tanto, también de los usuarios de las guaguas es una prioridad y lo que hacemos es pasar de las palabras a los hechos”, ha agregado.

Igualmente ha incidido en que las sanciones se van a “endurecer” -van desde 200 hasta los 6.000 euros- y se va a acometer una campaña de información divulgativa “para que todo el mundo sepa que la violencia dentro de las guaguas no les va a salir gratis”.

La presidenta cree que si hay acuerdo entre los grupos parlamentarios, la modificación de la ley de transporte será “relativamente rápida” y hay sentencias en el Tribunal Constitucional que “avalan que puedan convertirse en agente administrativo de manera que puedan levantar acta de forma inmediata a ellos mismos”, lo que también les permite tener la “veracidad de su testimonio frente a la persona que está cometiendo la infracción”.

Dávila ha precisado también que todas las guaguas “llevan instaladas cámaras de manera que todo lo que allí ocurre está siendo grabado y se utiliza después cuando hay un juicio”.

Yeray González, miembro del comité de empresa de Titsa ha indicado que los hechos “no son nuevos” sino que se vienen “sufriendo desde hace tiempo”, y no tanto físicos sino “mayormente verbales” y por ello, ha valorado que el Cabildo se haya puesto de lado de los trabajadores y se empiecen a buscar soluciones para que los conductores puedan “desempeñar” su función.

Agresividad por retrasos

Ha apuntado que hay algunas rutas más conflictivas que otras y ahí se van a intensificar las medidas, subrayando que en muchas ocasiones hay personas que llegan “agresivas” a las guaguas o en otras se enfadan porque hay “retrasos” o “no se pueden subir” si las guaguas van muy llenas.

La consejera de Movilidad del Cabildo, Eulalia García, ha admitido que la situación está “crispada” en el uso de las guaguas si bien ha limitado las incidencias a un 2% del total de los servicios, aunque el objetivo es que haya “agresión cero”.

“Es verdad que hay muchas, probablemente, que no estén cuantificadas como pueden ser, como los insultos, pues muchas veces ni siquiera los conductores o conductoras denuncian esos hechos”, ha señalado.

Ha indicado que la colocación de mamparas va a empezar de forma inmediata y en el caso de la nuevas guaguas que se han adquirido, se hablará con la fábrica para incluirlas antes de la puesta en servicio, al tiempo que no se instalarán en las que están bajo modalidad de 'renting' o las que más antiguas y que se van a retirar.

García ha aclarado también que “no es factible” contar con un vigilante de seguridad en cada uno de los vehículos, “es imposible”, pero sí mejorar la coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad.

El grupo del PSOE en el Cabildo de Tenerife ha denunciado este miércoles la situación “insostenible y de colapso” para la población residente en Anaga por el tráfico y los graves problemas de movilidad, a la que se suman “daños ambientales en un espacio natural protegido” ocasionados por el ingente número de turistas que visitan la zona.

El PSOE también apunta a las dificultades para la conciliación familiar que estos atascos en el parque rural de Anaga generan, a su juicio, y “especialmente”, riesgos en materia de seguridad, al complicar el acceso de ambulancias, bomberos y otros servicios de emergencia.

Los socialistas consideran que el Cabildo “ha mentido a la cara” a los vecinos de Anaga sobre las medidas a tomar contra el colapso de tráfico pues “el grupo de gobierno prometió medidas y obras que no han ejecutado y llevará el asunto a comisión para exigir un cronograma claro”.

“En Anaga llueve sobre mojado. Los vecinos llevan meses soportando una situación insostenible por parte del Cabildo. Les han prometido medidas, les han prometido obras y nada se ha hecho realidad. El nivel de indignación es creciente ante la falta de seriedad, la falta de compromiso y la falta de decencia”, ha criticado el consejero socialista Javier Rodríguez Medina.

Ante el anuncio de movilizaciones vecinales previstas para el próximo mes de marzo, el PSOE de Tenerife ha decidido trasladar formalmente la cuestión a la próxima comisión plenaria para solicitar que el gobierno insular detalle qué medidas concretas tiene previsto implementar y cuál es el cronograma de ejecución para solucionar los problemas de movilidad.

“Recogemos el guante de las quejas vecinales y exigimos claridad, planificación y cumplimiento. Anaga no puede seguir esperando mientras el Cabildo encadena anuncios sin resultados”, ha concluido Rodríguez Medina.

Ya en junio de 2025, el PSOE exigió al Cabildo que aclarase qué medidas estaba adoptando para reducir el colapso de tráfico en Anaga, pero desde entonces no ha mejorado la movilidad en la zona y el número de turistas sigue aumentando, con cifras récord en 2025.

A mediados de los 80, justamente en 1984, Jerónimo Saavedra instauró los llamados Premios Canarias y no pudo evitar críticas por su aportación. Pasados ya cuatro decenios, su invento está más que aceptado y ha ganado mucho prestigio, celebrándose el gran acto justamente el Día de Canarias, el 30 de mayo. A la actual presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila (Coalición Canaria), le ha dado por emular al malogrado primer presidente de la autonomía y este año se ha inventado el Día de Tenerife, que ha hecho coincidir con la festividad de la Patrona, la virgen de Candelaria (no con su fiesta mariana del 15 de agosto), sino con su “cumpleaños”, el 2 de febrero. Por supuesto, ha incorporado los Premios Tenerife, y la celebración de su invento se hizo ese mismo día en el flamante Auditorio Adán Martín, venido a bastante menos por su penoso estado exterior, el de buena parte de su carísimo trencadís. 

Quizás, la aportación de Dávila también cuaje y se afiance, pero ya ha creado ciertos rechazos y críticas por un intento de acaparar atención con gasto de dinero público mediante un acto que ya está siendo cuestionado por la fórmula de contratación escogida. Según ha podido saber este periódico, los contratos para estos fastos se han tramitado a través del área de Presidencia por la vía de la contratación a dedo, es decir, sin haber pedido, al menos, presupuesto a tres empresas para elegir el más apropiado según los criterios fijados.

La oposición socialista no dejará pasar la ocasión de fiscalizar cada euro, según ya han anunciado sus portavoces, pero, de momento, el gobierno insular aún no ha dado detalles de los gastos pese a solicitarlo este periódico este martes y este miércoles.

Aprobado cinco días antes en Consejo de Gobierno y fuera del orden de día

La celebración de este primer Día de Tenerife el Día de la Candelaria no se preparó con excesivo tiempo. De hecho, el Consejo de Gobierno lo aprobó el pasado 28 de enero, con lo que han tenido que correr con los gastos y toda la preparación de asignaciones, presupuestos y organización. Es más, se abordó fuera del orden del día y se tuvo que justificar su urgencia, lo que fue aceptado por unanimidad de los consejeros de CC y PP, el grupo de gobierno. Entre los “destinatarios del acto: ciudadanos asistentes y representantes de entidades públicas y privadas más relevantes de la Isla y de Canarias”, reza el acuerdo aprobado hace apenas una semana.

De los gastos, y aunque sin precisar cifras detalladas en este acuerdo salvo esos 48.000 euros, se alude al “espacio y servicios del Auditorio de Tenerife, servicios de dirección artística y coordinación de la gala de celebración, actuaciones musicales y artísticas”, así como “servicios de iluminación y proyecciones exteriores”. Por supuesto, hasta aquí tienen toda la cobertura legal porque, según queda claro en este documento, existe “conformidad al desarrollo de actos y atenciones protocolarias y representativas”, por lo que “no resulta procedente la emisión de informe preceptivo por la Dirección de la Asesoría Jurídica de esta Corporación, ni tampoco por la Intervención General, dado que no conlleva la aprobación de gasto” (“sin perjuicio de que pueda aumentar”). Eso sí, la justificación de lo desembolsado deberá hacerse ahora, y hacerse bien.

Entre los premiados, y seguramente todos con méritos más que sobrantes, se halla Cristino de Vera, al que ya le entregaron la distinción el 9 de enero de 2025, aunque su reciente fallecimiento hace más sentido y justificado este nuevo homenaje. Pero eso es una cosa y otra bien distinta, las lecturas variopintas sobre un acto que algunos creen a mejor honra e imagen (una más) de la omnipresente presidenta. 

Todo apunta a que esos 48.000 euros suponen una cifra muy inferior de la que finalmente ha costado este primer Día de Tenerife. Resulta difícil que las actuaciones musicales contratadas, el cóctel para 400 personas, la elaboración de vídeos, la iluminación o el caché de Celso Albelo se hayan podido quedar sólo en esos 48.000 euros aprobados en plena improvisación cinco días antes.