La sección de lo contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife ha aceptado las medidas cautelares solicitadas por la Asociación Los Árboles Hablan para pedir el cese urgente de la tala de árboles en el barrio de la Salud de la capital tinerfeña.

El tribunal ha estimado la medida solicitada por la asociación medioambiental en una notificación a la que ha tenido acceso EFE, contra la que no cabe recurso.

La petición estaba fundamentada en un recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife del pasado mes de abril por la que se aprobó el proyecto modificado para la demolición de la iglesia de San Gerardo y la rehabilitación de la zona.

El martes se presentó el escrito para pedir la suspensión cautelar urgente de la tala de árboles desarrollada en ejecución de dicha resolución con el argumento de que la no paralización causaría graves perjuicios medioambientales a las especies amenazadas, pues aún quedan por talar 14 árboles de los 20 emplazados en la zona.

Igualmente se puso de manifiesto en la petición que la aprobación de esta actuación se ha llevado a cabo al margen de cualquier tipo de informe fitosanitario y de valoración de emplazamientos alternativos, constando una mera memoria ambiental en la que además de reconocer el soslayamiento de tales informes se incurre en contradicciones e incoherencias en relación a las especies arbóreas afectadas por la rehabilitación de la zona.

En todo caso, añade, la asociación señala que el consistorio ha adoptado una medida “totalmente desproporcionada” al proceder a la tala de árboles para la habilitación de un aparcamiento de vehículos que la propia Administración cataloga como provisional.

El tribunal ha estimado el recurso al ver “prosperabilidad evidente” al no constar la expedición de informe fitosanitario alguno ni de valoración de emplazamientos alternativos, como exige la Ley sobre protección de arbolado urbano y de arbolado de especial protección de Canarias.

Además, la carencia de informe fitosanitario de cada especie provoca que no se acredite la imposibilidad de su trasplante y por lo tanto, prosigue el tribuna, existen visos de anulabilidad.

Por ello, y sin prejuzgar el resultado del pleito “dado lo embrionario del estado” en que se encuentra por la escasa documentación remitida y no haberse recabado todavía el expediente administrativo que resultará decisivo para alcanzar una convicción definitiva sobre “los hechos controvertidos”, sí estima el tribunal el carácter urgente de la medida.

Al respecto, argumenta que la tala de árboles se desarrolla sin solución de continuidad, una vez iniciada la ejecución de las obras por la empresa contratista, lo que conlleva a la apreciación de urgencia ante la “irreversabilidad” de la acción. 

La mujer acusada de fingir que padecía varios tipos de cáncer y pedir hasta 94.300 euros a familias y amigos, ha rechazado este martes llegar a un acuerdo y ha negado su culpabilidad en la segunda ocasión en la que se fija la fecha para celebrar la vista.

La primera fue el 21 de septiembre pasado y en esa ocasión no compareció, según su abogada por causas justificadas, y ahora también se ha pospuesto la vista para el próximo 9 de febrero de 2027, dado que el Tribunal preveía que iba a aceptar un acuerdo para cumplir la pena.

La procesada se negó a hacer ningún tipo de declaración cuando terminó la sesión que apenas duró unos minutos y en la que se fijó una nueva fecha.

Por ahora la Fiscalía mantiene su petición de penas de un año y diez meses de cárcel por un delito continuado de falsedad documental y otros cinco por el de estafa agravada y la devolución de la mencionada cantidad a diez familiares y amigos a los que habría engañado.

El Ministerio Público también pide que haga frente a multas que suman 7.200 euros y las cantidades que se fijen en ejecución de sentencia en caso de ser condenada y que se corresponden a préstamos solicitados utilizando nombres y datos de terceros, una vez se calculen los intereses generados.

La Fiscalía atribuye a la encausada haber vivido en varios domicilios de España y con la presunta intención de obtener un beneficio patrimonial ilícito decía que tenía diagnosticados distintos tipos de cáncer y que sólo podían ser tratados en una clínica privada, no en la sanidad pública.

Según el relato fiscal, de esta manera al parecer se apropió de 2.000 euros enviados por medio de una transferencia por una amiga a la que dijo que tenía un tumor en la garganta y esófago.

La mujer luego se enteró por medio de un conocido de la infancia que le había entregado 25.000 euros y comprobó después que todo era supuestamente falso, lo que la acusada negó cuando le preguntó, pese a lo cual presentó una denuncia.

A este último le comunicó que padecía cinco cánceres, se había recuperado de cuatro pero el último no podía ser tratado en el Servicio Canario de Salud (SCS), lo que podía implicar su muerte, por lo que le entregó la mencionada cantidad ofreciéndole ella como aval un seguro de vida.

Algunos de estos fondos los recibía en mano por lo que no hay recibos.

La suegra de la encausada denunció que le había dicho que padecía cáncer de matriz, ovarios, esófago, intestino, hígado y sangre por lo que comenzó a pedirle dinero de manera que le transfirió 6.500, 7.000 y 4.010 euros a la cuenta que tenía con su pareja, hijo de la supuesta estafada.

Este último siempre creyó la palabra de su compañera cuando le decía que padecía estas enfermedades en vista del estado de malestar que presentaba continuamente.

También habría utilizado los datos personales de su suegra para obtener tres créditos de 9.600, dos de 5.000, dos de 1.000 y 4.140, 2.257, 3.500 y 3.081 y ante los impagos la entidad bancaria se los comenzó a reclamar a la titular de las cuentas.

Otro tanto ocurrió con el primo de la encausada de quien obtuvo 17.000 euros, el tío de su esposo entregó 17.400 euros más, otro familiar 5.000 y la esposa de este último, 1.000, siempre bajo el argumento de que padecía una grave enfermedad.

Al Ministerio Fiscal le consta que la encausada ha recibido distintos tratamientos en la mencionada clínica privada pero ninguno por enfermedad grave y en algún caso incluso por operaciones de estética.

El exalcalde de Granadilla, Jaime Gonzalez Cejas, del PSOE, y seis concejales se sentarán en el banquillo de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife el próximo 2 de octubre por un presunto delito de prevaricación por el conocido como caso Médano Park, en el que la Fiscalía pide 10 años de inhabilitación para el exprimer edil y entre 7 y 5 a los demás.

El Ministerio Fiscal atribuye a los encausados promover en 2004 la aprobación del plan parcial siendo conscientes de sus irregularidades, entre ellas que el exalcade poseía 440 acciones de la entidad promotora, a pesar de lo cual al parecer no se ausentó en las votaciones que tuvieron lugar en el pleno y en la Junta de Gobierno.

En el Plan General de Ordenación (PGO) del municipio aparece este plan parcial con una superficie de 88.128 metros cuadrados como Suelo Urbanizable Sectorizado No Ordenado (SUSNO), y un uso residencial por lo que era necesario su desarrollo urbanístico pormenorizado, señala la Fiscalía.

No obstante, también se recogían otros fines terciarios, con 3.200 metros cuadrados, dotaciones y equipamientos y de infraestructuras.

La Fiscalía cree que el exalcalde pese a ser socio en la entidad mercantil, dictó el decreto acordando la aprobación inicial del plan parcial y así lo ratificó la Junta de Gobierno, en la que estaban los otros concejales.

Tras diversas subsanaciones este visto bueno se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) en el que el Ayuntamiento se otorgaba el aprovechamiento lucrativo cifrado en 743.500 euros para una parcela y 185.000 para la segunda.

El exalcalde dictó un decretó con la aprobación provisional y luego se remitió a la antigua Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) y al Cabildo desde donde se emitieron informes positivos pero condicionados con algunas correcciones.

El Ayuntamiento defendió que el documento debía ser aprobado, entre otros aspectos porque se recibiría el 10% del aprovechamiento, pero el Ministerio Público recuerda que ello sólo es posible cuando el suelo tiene categoría de urbanizable ordenado, pero no para el no ordenado como era este caso.

Finalmente, la Junta de Gobierno en la que estaban los ahora acusados aprobaron el plan sin que conste que García Cejas se ausentara, tal y como determina la legislación.

A continuación el documento estuvo en información pública, se presentó el proyecto de urbanización, abastecimiento y saneamiento y de ejecución de rotondas de conexión con la carretera y finalmente se procedió a su visto bueno en pleno, pese a que la oposición pidió que se pospusiera hasta aclarar la vinculación de Cejas.

El argumento para continuar la tramitación fue que el aprovechamiento que iba a obtener la Corporación local sumaba casi 927.500 euros, lo que fue apoyado por once concejales del grupo de gobierno y recibido con desconfianza por la oposición que luego acudió a los tribunales.

Posteriormente, el exalcalde ante notario vendió sus 440 acciones a otra entidad mercantil por un total de 212.500 euros con lo que finalmente se desvinculó de la actuación urbanística.

En caso de que no se llegue a un acuerdo de conformidad el juicio se extendería los días 5 y 9 de octubre y dado el tiempo transcurrido las defensas alegarán el atenuante de dilaciones indebidas

El Tribunal Supremo ha puesto el epílogo a uno de los capítulos financieros más polémicos del Cabildo de Tenerife. En una reciente sentencia, la Sala de lo Civil corrige a la Audiencia Provincial y tumba el último intento de la corporación insular para recuperar los cerca de 800.000 euros que pagó entre el 30 de junio de 2014 y el 22 de diciembre de 2016 a Caixabank por los polémicos swaps, los contratos de permuta financiera que el gobierno de Coalición Canaria (CC) firmó en 2011 para tratar de blindarse ante una posible subida de los tipos de interés en los préstamos que en aquel momento tenía en vigor.

El origen de este largo litigio se sitúa a finales de 2010. El Cabildo de Tenerife, entonces presidido por el recientemente fallecido Ricardo Melchior (CC), firmó con varios bancos préstamos a tipo variable por valor de 62 millones de euros para financiar amortizaciones de deudas anteriores. Ante el riesgo de que el euríbor subiera y encareciese las cuotas anuales, la corporación contrató después un seguro de tipos de interés, los conocidos swaps. Entre ellos, uno de 11 millones de euros con La Caixa (luego Caixabank).

Ese swap o contrato de permuta financiera funcionaba de la siguiente manera. Si el euríbor estaba por encima de un tipo fijo pactado, el banco pagaba de más al Cabildo y ese dinero servía para compensar la subida de la cuota del préstamo. Si el euríbor estaba por debajo, era la corporación insular quien debía pagar la diferencia a la entidad financiera.

Tres años después de su firma, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló las operaciones originales de crédito porque el Cabildo de Tenerife había incumplido las normas en el proceso de licitación para contratar. Por tanto, para cumplir el fallo judicial, tuvo que cancelar y amortizar de forma anticipada todos los préstamos el 30 de junio de 2014.

En ese momento, el Cabildo se enfrentó a la disyuntiva de qué hacer con los swap contratados a Caixabank y a otra entidad financiera (el BBVA), que seguían vivos pero ya sin los préstamos a los que en teoría daban cobertura. En un primer momento, el gobierno insular se planteó cancelarlos e incluso preguntó a la entidad financiera cuánto le costaría salir del contrato. Sin embargo, no lo hizo, prefirió esperar hasta la ventana de salida gratuita que habían pactado para el 22 de diciembre de 2016. Calculó que le costaba menos seguir pagando cuotas que asumir el coste de cancelación.

Entre esas fechas, el 30 de junio de 2014 y el 22 de diciembre de 2016, el Cabildo de Tenerife acabaría pagando a Caixabank 791.710,16 euros porque el euríbor había bajado a mínimos históricos. Esa era la cantidad que ahora pretendía recuperar en los tribunales.

Ya había antecedentes en los juzgados. En 2018 había sido rechazada de manera definitiva la demanda que el Cabildo presentó contra otro banco, el BBVA, con quien había firmado un swap de mucho mayor importe. En aquella ocasión, el argumento que utilizó el gobierno insular era que el desplome del euríbor se debió a la intervención del Banco Central Europeo y que, por tanto, era una circunstancia “sobrevenida, extraordinaria e imprevisible” y que las restricciones presupuestarias de 2012 le habían obligado a aceptar una subida del tipo fijo impuesta por el banco. La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife no apreció esos requisitos de imprevisibilidad o desequilibrio y, por tanto, desestimó la demanda.

Cambio de tesis

En la causa contra Caixabank, el Cabildo cambió de tesis. Ya no alegó que esa bajada repentina del euríbor había sido inesperada, sino que el contrato del swap había perdido su razón de ser, y por tanto su eficacia, desde el momento en que se cancelaron los préstamos a los que daba cobertura. La corporación insular presentó la demanda en diciembre de 2020 (con el PSOE en el gobierno) y la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife le dio la razón hasta en dos ocasiones. El órgano provincial entendía que el préstamo y el swap formaban una única operación económica, lo que se conoce como “contratos coligados” y que, por tanto, extinguido el préstamo, el swap no tenía ninguna función, no había riesgo que cubrir.

En aquel momento, el Cabildo entonces presidido por el socialista Pedro Martín celebró la victoria y anunció que por esta vía se podrían recuperar unos seis millones de euros tras las millonarias pérdidas que había generado en intereses esa operación financiera del Gobierno de CC.

Sin embargo, Caixabank decidió elevar el asunto al Supremo, que admitió a trámite el recurso en noviembre de 2023. Dos años y medio después, el alto tribunal ha resuelto corrigiendo a la Audiencia Provincial, desmontando los argumentos del Cabildo de Tenerife y, por tanto, rechazando su pretensión de recuperar los cerca de 800.000 euros (más intereses) que abonó durante esos meses.

El primer argumento de la Sala es de fondo. El Supremo considera que el propósito de cobertura que perseguía el Cabildo al contratar el swap no era, en un sentido jurídico, la causa del contrato, sino un “motivo subjetivo propio” de la corporación. En otras palabras: que al Cabildo le interesara cubrirse no significaba que ese fuera el objeto legal del contrato.

Por otra parte, el tribunal incide en que aunque los préstamos se cancelaran, el Cabildo mantenía un elevado nivel de endeudamiento a interés variable (la corporación insular había vuelto a firmar otras operaciones de crédito tras la cancelación de 2014) y el swap seguía sirviendo de “cobertura genérica”. Por tanto, entiende que no se perdió la causa de ese contrato de permuta financiera ni tampoco se volvió especulativo.

La sentencia remarca que la administración tuvo la posibilidad de cancelar el swap en 2014, pero decidió mantenerlo, confiando en que el euríbor no bajara del tipo fijo pactado. Sólo lo canceló a finales de 2016, aprovechando la ventana sin coste que tenía pactada.

El Cabildo no pidió la nulidad

El Supremo destaca otro aspecto. Entre 2015 y 2017, durante el mandato de Carlos Alonso (CC), el Cabildo de Tenerife revisó los swaps y decidió no reclamar su nulidad. En este periodo, el presidente insular firmó un decreto de convalidación, el Consejo de Gobierno lo ratificó y, en un pleno celebrado el 30 de junio de 2017, Alonso manifestó que no se instaría la revisión de oficio de esos contratos firmados en la etapa de Melchior. El Consejo Consultivo de Canarias, órgano fiscalizador de la comunidad autónoma, avaló también los swaps en un dictamen emitido a finales de ese mismo año.

La Sala de lo Civil sostiene que la pérdida sobrevenida de la causa que alegaba el Cabildo no extingue de forma automática el contrato. Sólo faculta a la parte perjudicada (a la administración) a pedir la resolución mientras esté vigente. En 2020, el momento de reclamar había pasado.

La sentencia destaca, por otra parte, que esa pérdida de la causa del contrato de los swaps deriva de la propia conducta del Cabildo de Tenerife, que había cometido una serie de irregularidades administrativas al contratar los préstamos finalmente cancelados.

Por todo ello, la Sala entiende que “no se dan las circunstancias necesarias para apreciar la causa de extinción del swap” ni, por tanto, para que el Cabildo recupere esos 800.000 euros. El fallo impone a la administración el pago de las costas de primera instancia.

La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife ha emitido en los últimos meses varias sentencias en las que se declara incompetente para resolver los múltiples conflictos surgidos en las zonas turísticas a cuenta del régimen de aprovechamientos turísticos de apartamentos conocidos como time-sharing.

El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TSJUE) declaró en 2024 que para resolver estos pleitos debe tenerse en cuenta el lugar de residencia de los clientes y dónde se ubica la sede de la empresa, que en el caso de este Club es el Reino Unido.

En Inglaterra la legislación sí avala contratos basados en la suscripción de puntos para pertenecer a un club, al contrario de la española, que se ha puesto de forma mayoritaria a favor de los denunciantes.

La Audiencia tinerfeña viene anulando, por falta de competencia, algunas sentencias de los juzgados de primera instancia a favor los clientes, a quienes reconocía su derecho a que les devolvieran las cantidades pagadas que en varios casos superaban las 20.000 libras.

Todo ello con el argumento de que los abogados “únicamente crean una ficción para intentar aforar el pleito a la jurisdicción española” en vez de tener en cuenta la ley de los países en los que residen los clientes y están ubicadas las empresas, en este caso la Isla de Man.

Un criterio que antes no se aceptaba e implicó fallos que obligaban a las compañías a pagar hasta 136 millones a alrededor de un millar de clientes que acudieron a los tribunales donde se les dio la razón antes del pronunciamiento del TSJUE.

La “aclaración” del Tribunal europeo surgió de una pregunta realizada desde los juzgados tinerfeños y malagueños y ya se aplica en los pleitos en los que los abogados de las empresas denunciadas hayan planteado la legitimidad de los tribunales de los países en los que residen los clientes.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife condena a seis años de cárcel y pagar una indemnización de 20.000 euros a un hombre, taxista del municipio tinerfeño de Adeje, acusado de haber violado en medio de un servicio a una joven alemana de 22 años, cuando estaba de vacaciones en la isla, en septiembre de 2022.

En principio la Fiscalía pedía 10 años de prisión y 25.000 euros para el procesado de 36 años y con antecedentes por violencia de género, mientras que su defensa solicitaba la libre absolución.

Además se le impone la prohibición de acercarse o comunicarse con la denunciante durante diez años y cinco de libertad vigilada tras salir de prisión.

Según el relato realizado durante el juicio, los hechos sucedieron después de que la joven abandonara una discoteca en Las Verónicas a las tres de la mañana y cogiese un taxi para regresar al domicilio de sus padres, donde estaba de vacaciones.

Una vez en el taxi, el conductor la condujo a un descampado, donde se produjo la agresión sexual.

La Sala no ha tenido en cuenta que la secuencia de los hechos ha sido contada de dos maneras diferentes por la víctima, intercambiando algunos hechos, algo que la víctima ha justificado por la pérdida de la noción del tiempo y detalles de los que se ha ido olvidando.

Durante el juicio la joven y su padres aseguraron que desde entonces no ha vuelto a ser la misma, que perdió la casa y el trabajo en Alemania, permanece en tratamiento psiquiátrico, tiene tendencias autolíticas y dificultades para salir a la calle.

El acusado negó los hechos y aseguró desconocer cómo habían llegado restos de semen suyos a la ropa y cuerpo de la víctima pero dijo que quizás fue por que ésta había estado tocando diversos elementos del coche como el aparato de música.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a doce años y tres meses de cárcel a cada uno de los tres acusados de robar al menos 194 joyas en viviendas habitadas y que llevaban encima cuando fueron detenidos en el aeropuerto de Tenerife Norte en junio de 2025.

Además de las penas de cárcel, deberán indemnizar a siete víctimas de los robos cerca de 3.000 euros más la cantidad que se fije en la tasación de las joyas sustraídas y los intereses.

La Audiencia, no obstante, los absuelve del cargo de integración en grupo criminal por el que la Fiscalía inicialmente solicitaba otros dos años más de cárcel.

Tras la celebración del juicio en el pasado mes de abril, se da por probado que los acusados, entre diciembre de 2024 y mayo de 2025, se dirigieron a numerosas viviendas de Santa Cruz de Tenerife a las que accedían utilizando ganzúas o un método conocido como bump que no causa daños aparentes en las puertas.

Previamente, verificaban que sus dueños no estaban en el domicilio mediante la colocación de marcadores, lo que les permitió sustraer gran cantidad de objetos de valor y dinero en efectivo, sin causar desperfectos evidentes en los accesos.

Los efectos habrían sido robados en distintas casas aunque no se pudo recuperar la totalidad de los objetos sustraídos entre los que estaban medallas, monedas, relojes o bolígrafos, algunos de los cuales fueron costeados por la aseguradoras, además de supuestamente haber robado casi 5.500 euros de dinero en metálico.

En principio, la Fiscalía contabilizó hasta 14 domicilios, que luego redujo a 12, de los que la Sala da por probados 10.

Serán indemnizadas siete víctimas, ya que las demás han sido compensadas por los seguros.

En el juicio, los acusados negaron su participación en los hechos, alegaron que son amigos desde la infancia, que vinieron a la isla de vacaciones para reencontrarse el 14 de mayo de 2025 y señalaron que las joyas interceptadas las llevaban ocultas en la ropa para no perderlas con el equipaje.

Indicaron que uno de los procesados era joyero y las habría comprado en la isla para repararlas y venderlas en su país de origen, explicación a la que la Sala no atribuye “credibilidad alguna”.

Las pruebas en la que se basó la condena serían, entre otras, imágenes obtenidas de cámaras de seguridad de los edificios en los que actuaron, pese a que en la actualidad alguno de ellos tiene una imagen distinta al haberse dejado crecer su pelo, la barba y llevar gafas; además del testimonio de testigos y el reconocimiento de los objetos.

El fallo, que no es firme, da por probado que los tres acusados se concertaron para cometer varias sustracciones en la isla, donde no tenían ningún arraigo personal, social o familiar y ni siquiera hablaban español.

“Estamos ante una concertación de más de dos personas para llevar a cabo delitos patrimoniales y lucrarse con el producto de los mismos, actividad que no pudo continuar en el tiempo precisamente porque se produjo su interceptación y detención cuando trataban de abandonar la isla”, añade el fallo.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha limitado a 8.150 euros la condena por estafa a una vidente de La Cuesta, en La Laguna, quien hizo creer a una mujer que tenía un tumor, y a la que inicialmente se le había obligado al pago de 18.300 euros, pero mantiene la pena de dos años de cárcel.

En segunda instancia se considera que la cifra determinada por el Juzgado de lo Penal es “desproporcionada” ya que en realidad “sólo” queda como probada “sin ningún género de dudas” la entrega de 8.150 como confirmó la condenada en un audio.

Los sucesivos fallos consideran probado que a finales de mayo de 2022, la víctima acudió a este local porque tenía dolores estomacales cuyo origen atribuía a las hermanas de su pareja.

La encausada, según el fallo, se aprovechó de su vulnerabilidad y le hizo creer que efectivamente estaba siendo perjudicada por prácticas de brujería contra ella y que sufría cáncer, pese a saber que estas afirmaciones no eran ciertas.

La mujer le pidió el pagó de 8.150 euros para realizar unos rituales, que según dijo, la iban a hacer desaparecer el tumor y acabarían con la brujería, lo que la estafada creyó y por lo tanto abonó la mencionada cantidad en efectivo.

Luego convenció a la clienta de que su hijo tenía también un tumor y le pidió 10.150 euros para curarlo, dinero que le habría entregado también en efectivo, pero como las dolencias del joven seguían la condenada requirió otros 16.000 euros “para cerrar el cáncer” que no llegó a entregar.

La vidente presentó un recurso ante la Audiencia que lo estimó de forma parcial en el que alegaba que la víctima acudió al establecimiento de forma voluntaria para solucionar sus problemas de salud, y que cualquier persona sabe lo que se va a encontrar en este tipo de locales.

“Por lo tanto no hubo engaño alguno, nunca le comentó que tuviera cáncer ni tampoco su hijo, ni se le cobraron los 18.300 euros, sino unos 3.000 por los trabajos que le encargó”, por lo que pedía su absolución.

La Audiencia considera que el testimonio de la denunciante ha sido creíble, “no solo por ser firme y persistente” durante el procedimiento, sino porque vino corroborado en lo declarado por sus hermanos, sobre el estado anímico de la denunciante en la fecha de los hechos.

También se confirmó que acudía al establecimiento para sanar sus dolencias, servicios que allí se prestaban y el importante desembolso económico que hizo, además de otras pruebas como los audios y mensajes de whatsapp aportados en los que se demuestra que aportó esos 8.000 euros.

Una psicóloga confirmó que la perjudicada acudió a su consulta por experimentar un alto nivel de estrés tras lo vivido en estas sesiones en las que según dijo, la denunciada insistía en que estaba enferma, aumentado de forma extrema su preocupación por su salud y sometimiento a múltiples pruebas.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a cuatro años y medio de prisión a un guardia civil por un delito de revelación de secretos tras acceder a datos sensibles de personas de su entorno, entre ellas dos exparejas y familiares, mediante sistemas de información utilizados por los agentes en el ejercicio de sus funciones.

El procesado deberá además indemnizar a ocho personas con cantidades que oscilan entre los 1.000 y los 2.000 euros, aunque una de ellas renunció a recibir compensación económica.

La sentencia, emitida hace dos semanas, no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

La Audiencia considera probado que el acusado disponía de acceso a varios sistemas de información con datos que afectan a la intimidad de las personas, entre ellos perfiles policiales, señalamientos, antecedentes penales, domicilios o documentación.

El agente habría consultado información relativa a antiguas parejas, sus nuevas relaciones y compañeros de trabajo, incluidos antecedentes penales, causas en las que habían estado involucrados y multas de tráfico.

El procesado estuvo destinado en los puestos de Tacoronte y Radazul y la investigación interna analizó las consultas que realizó durante varios años, hasta que en 2023 estuvo de baja por depresión.

La investigación sacó también a la luz que había consultado las fichas de una veintena de vehículos, lo que llevó a sospechar inicialmente de una posible actividad relacionada con la compraventa de coches debido al elevado número de registros, así como de cuestiones relacionadas con el narcotráfico, extremos que no llegaron a demostrarse.

Los informáticos de la Guardia Civil declararon durante el juicio que las alarmas saltaron al constatar “el elevado número de consultas recurrentes”, especialmente sobre personas del entorno del acusado.

A raíz de ello se llevó a cabo una auditoría interna en la que se revisaron las consultas realizadas durante el periodo investigado y uno de los técnicos que elaboró el informe descartó durante el juicio que el sistema pudiera haber cometido errores.

La defensa incidió en que algunas consultas se realizaron fuera del horario laboral del acusado y una vez finalizado su turno, aunque los mandos explicaron durante el juicio que en ocasiones los agentes permanecen en sus puestos para terminar diligencias.

Las consultas se centraron especialmente en su exesposa, quien lo había denunciado por malos tratos y que durante la vista mostró su sorpresa y malestar porque el acusado continuara vigilándola después de tantos años.

También consultó información sobre el padre, la hermana y la sobrina de su exesposa, con quienes mantenía malas relaciones, así como sobre otras antiguas parejas.

Una de ellas reconoció que en una ocasión le había pedido que comprobara si un coche que iba a comprar tenía alguna multa pendiente, aunque aseguró desconocer que realizar esa consulta fuera ilegal.

Según se expuso durante el juicio, sus relaciones sentimentales terminaron con denuncias por malos tratos y una de sus exparejas aseguró que tuvo que trasladarse a Lanzarote, donde reside actualmente.

Entre las personas cuyos datos fueron consultados figuran asimismo una hermana de una de sus parejas y el propietario de una vivienda que ésta tenía alquilada.

El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado anular la condena impuesta a finales de 2025 a una compañía propietaria de dos plataformas petrolíferas que la obligaba a pagar 2,8 millones de euros a una remolcadora que prestó sus servicios en el puerto de Granadilla en 2017 y 2018.

La entidad presentó un incidente de nulidad contra la última sentencia poniendo sobre la mesa otros pronunciamientos judiciales que consideran similares al suyo y que vendrían a ratificar su postura, lo que es descartado por el TS al no encontrar similitudes sino más bien imprecisiones en sus alegatos.

Sí le da razón a la propietaria de las plataformas en cuanto a que hubo un error material en las fechas en las que se prestó el servicio, que fue desde noviembre de 2017 a febrero de 2018 y no de esta última fecha hasta junio, como se mantenía hasta ahora, lo que no cambiaría el sentido de la sentencia.

La recurrente argumentó que el TS no debía haber variado los pronunciamientos que siempre habían sido a su favor hasta finales del pasado año, cuando se emitió un fallo basado en “apreciaciones fácticas que no se sustentan en los hechos probados”.

La empresa remolcadora reclamaba el abono de servicios que se consideran esenciales para garantizar la seguridad de estas grandes estructuras de más de cincuenta toneladas, cuyos propietarios se negaban a pagarlos alegando que las tarifas eran abusivas y resultado de una posición de dominio.

En primera instancia un Juzgado de lo mercantil de Santa Cruz de Tenerife dictó una sentencia en contra de los intereses de la remolcadora que fue confirmado por la Audiencia Provincial, donde se ratificó que el precio no estaba debidamente justificado en el pliego de condiciones del puerto.

Pero a continuación el TS, a finales del pasado año, anuló los pronunciamientos anteriores poniéndose del lado de la empresa remolcadora y consideró que los precios de la Autoridad Portuaria son de obligado cumplimiento, hasta que sean impugnados en la vía administrativa.

El último fallo del TS dividió las condenas en dos distintas de 1,4 millones cada una a otras tantas empresas del mismo grupo, más los intereses, lo que incrementará de forma notable la factura finales dado que este litigio se extiende ya desde finales de 2017 que fue cuando se prestó el servicio de remolque.

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha pedido una pena de nueve y seis años de prisión, respectivamente, para los dos acusados de agredir sexualmente a una menor de edad durante una fiesta privada en Tenerife.

El escrito señala que la víctima, menor de edad, acudió a una fiesta que se celebraba en una casa cueva en la isla. El inmueble era propiedad de uno de los acusados y a su vez progenitor de su amigo.

Después del día de fiesta, un grupo de los asistentes se dispuso a dormir, pero la víctima, según recoge el testimonio, no tenía suficiente espacio y se trasladó a otra habitación en la casa, donde permanecía uno de los acusados.

Según recoge la Fiscalía en su escrito, una vez allí, le propuso sentarse junto a él a beber. Más tarde, y con ánimo libidoso, la habría agredido sexualmente a pesar de su estado de somnolencia debido a la ingesta de alcohol.

Finalmente, la víctima consiguió salir de la habitación y se trasladó a otra de las habitaciones de la casa, a donde más tarde accedió el presunto segundo agresor, quien le pidió que le acompañara al baño, donde la agredió sexualmente.

A consecuencia de estos hechos, denunciados por la madre de la menor, la víctima sufriría hoy estrés postraumático, baja autoestima e inseguridad, así como síntomas de depresión y ansiedad, además de síntomas somáticos.

Para el primero de los acusados, la Fiscalía pide para él nueve años de prisión, más ocho años de libertad vigilada y una indeminzación de 18.000 euros por los daños morales causados. Para el segundo, pide seis años de prisión, cinco años de libertad vigilada y 10.000 euros de indeminización a la víctima.

El juicio tendrá lugar el próximo 15 de julio, a las 9.30 horas, en la Sección II de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

El acusado del crimen de Tabaiba, Antonio J. ha insistido este viernes en la sexta sesión del juicio en mantener su inocencia y ha dicho que fue llevado al apartamento de El Rosario donde tuvo lugar el crimen, en 2023, engañado por el considerado organizador de la trama, Toño, quien ese mismo día se quitó la vida.

Ha recordado que lo había conocido unos meses antes porque quería montar con él unas empresas y que también le pidió ayuda para cobrar dinero de deudas, tarea que había llevado a cabo varias veces pero sin recurrir nunca a la violencia.

En las fechas previas Toño insistía en que una persona había golpeado a un familiar suyo menor de edad y lo había dejado en silla de ruedas por lo que le había pedido que le ayudara a vengarse, a lo que él se mostró de acuerdo y por ello quedaron en traerlo a su casa en Güímar.

Pero aquel martes de Carnaval, según lo que ha apuntado durante el juicio, el objetivo era cobrar una cantidad en el apartamento de Toño en Tabaiba y para ello estuvieron hablando por el móvil durante todo el día y lo fue a buscar a su casa sobre las cinco de la tarde.

Durante su testimonio, Antonio J. ha intentado desmontar la versión ofrecida el día antes por el ya condenado en aspectos como que jamás usó guantes o que nunca habló de haber asesinado y descuartizado a otra persona y justificó que no acudiera a la policía porque eran carnavales y su abogada no lo pudo atender.

Fue rotundo al señalar que en ningún momento se planteó que iban a matar a nadie, que sólo se trataba de cobrar una deuda sin violencia como otras ocasiones y luego pensaban ver un partido de fútbol.

En el juicio celebrado hace un año por este asesinato, el acusado quedó absuelto pero luego el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anuló la sentencia al creer que no estaba suficientemente justificado el veredicto, de modo que se enfrenta a una petición de penas por parte de la Fiscalía de 25 años de cárcel y el pago de 150.000 euros.

En la sesión de hoy intervinieron los forenses, que dictaminaron que la muerte de la víctima se debió a siete fuertes golpes que recibió en la cabeza que causaron “un traumatismo severo”, de manera que la muerte no se hubiera podido evitar ni en un hospital.

Las heridas, añadieron, fueron causadas por un objeto duro y contundente compatible con una vara de hierro alargada o una patacabra, como se había planteado en sesiones anteriores. 

El juzgado de guardia en Arona ha acordado este jueves el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de uno de los tres detenidos por su supuesta relación con la muerte violenta de un turista inglés en Tenerife como presunto autor de un delito de homicidio.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), a esta persona se le atribuyen además los delitos de lesiones leves, en referencia a las sufridas por la mujer del fallecido, y un tercero de tentativa de robo con violencia.

Los otros dos detenidos han quedado en libertad provisional como presuntos autores de complicidad o cooperación necesaria en un delito de tentativa de robo con violencia, ha añadido el TSJC.

No obstante, se ha impuesto a uno de ellos la obligación de presentarse periódicamente en el juzgado.

La Policía Nacional detuvo el 23 de junio a tres personas relacionadas con el asalto a un matrimonio de turistas británicos en el sur de Tenerife, en el que el varón, de 88 años, acabó falleciendo dos días más tarde, según informaron a EFE fuentes de la Comisaría provincial.

Los hechos se produjeron en la tarde noche del miércoles de la pasada semana en la zona de Los Cristianos, cuando el matrimonio fue asaltado y el varón sufrió una caída, fruto del forcejeo, y se golpeó en la cabeza.

El personal sanitario que lo atendió lo encontró en parada cardiorrespiratoria, si bien lo pudo estabilizar y trasladar en ambulancia a un centro hospitalario, donde falleció dos días más tarde.

La investigación de estos hechos corre a cargo del grupo de la brigada de Policía Judicial del sur de Tenerife. 

La Audiencia provincial de Santa Cruz de Tenerife ha ratificado la pena impuesta a un médico del hospital de La Gomera acusado de homicidio por imprudencia grave a cumplir seis meses de cárcel e inhabilitación para ejercer durante otros 18 meses.

El facultativo llegó a un acuerdo con la familia por el que la aseguradora pagó 270.000 euros aunque ahora se anulan las atenuantes de reparación del daño y de dilaciones indebidas, en el primer caso porque el pago no lo hizo el médico y en el segundo porque no se aprecian especiales retrasos en el proceso.

Según la sentencia, la víctima era una mujer de 56 años que presentaba factores de riesgo coronario, obesidad, hipercoloesterol, era hipertensa y diabetes y en varias ocasiones había sido atendida por dolores torácicos, por lo que el hospital contaba con su historial médico desde 2004.

El 4 de febrero de 2018 la mujer tenía un dolor leve en el pecho que aumentaba al agacharse, que se agravó dos días después por lo que su hija decidió llevarla al Hospital donde ingresó sobre las 00:30 horas del 7 febrero de 2018, con fiebre, hipertensión y taquicardia.

La paciente fue admitida en urgencias y dada de alta apenas 12 minutos después por lo que estuvo menos de 3 minutos en enfermería, durante los cuales se preparó el protocolo y se concluyó que su dolencia no revestía gravedad.

Por ello, se la mandó al pasillo donde estuvo esperando para ser atendida hasta que lo hizo el médico durante otros nueve minutos, tiempo insuficiente para valorar esta dolencia, según el fallo.

En la sentencia se recoge que la mujer estaba muy cansada y cuando fue atendida por el procesado no se le realizó ni pautó prueba complementaria, ni analítica, ni un electrocardiograma, radiografías, ni se valoró sus antecedentes médicos.

El diagnóstico fue que sufría dolores de los huesos y músculos por lo que, se le inyectó un calmante, prescribió paracetamol, fue enviada a casa y se le recomendó que fuera tratada por su médico de cabecera y regresara a urgencias si empeoraba por lo que volvió a su domicilio, aun con dolores.

“La ausencia del mínimo cuidado y atención más elemental en la profesión por parte del médico de guardia acusado, impidió que la paciente pudiera ser reconocida y valorada por el especialista en cardiología” señala el fallo.

La mujer siguió sufriendo malestar general, fiebre, taquicardia, palidez y signos de congestión pulmonar, por lo que a las ocho de la mañana volvió al Hospital a donde llegó en ambulancia dado que había perdido la conciencia.

En ese momento el médico que la atendió diagnosticó un posible infarto agudo de miocardia y dado que el acusado seguía allí, al ver el resultado del electrocardiograma llegó a la misma conclusión que confirmó el cardiólogo.

Por ello, se decidió trasladarla en helicóptero al hospital de La Candelaria en Tenerife pero mientras esperaba se desaconsejó llevarla al helipuerto y fue sedada e intubada falleciendo pocas horas después.

Las sucesivas sentencias consideran que con un adecuado tratamiento la noche anterior habría muchas posibilidades de que sobreviviera por lo que el facultativo fue acusado de homicidio por imprudencia grave.

Finalmente, tras el acuerdo extrajudicial que consistió en el pago por parte de la compañía de seguros de 270.000 euros, los familiares desistieron de continuar con las acciones judiciales.

La Fiscalía mantuvo la acusación por lo que se impuso la mencionada condena que al ser recurrida ante la Audiencia ha tenido como resultado que se anulen los atenuantes sin que afecte a la duración de la pena de prisión e inhabilitación. EFE

Un hombre acusado de la muerte de otro en el barrio de San Matías, en Santa Cruz de Tenerife, ha aceptado una condena de diez años de prisión y a pagar 180.000 euros al hijo de la víctima.

La condena también incluye que el acusado no podrá comunicarse con la familia del fallecido durante 14 años ni acercarse a menos de 500 metros una vez que salga de prisión y se acepta la expulsión del territorio nacional cuando cumpla 7,5 años de la pena en España a condición de que no vuelva al país durante diez años.

Según la sentencia, el acusado de 38 años llevaba unos ocho meses viviendo en una casa abandonada cuando sobre las 20 horas del 27 de febrero de 2025, se encontró con la víctima de 30 años en la calle y empezó una discusión verbal hasta que el procesado utilizó un cuchillo de 21 centímetros de largo y 10 de ancho.

Con esta arma asestó una “sola, rápida y violenta cuchillada” en el cuello que produjo una herida mortal.

Tras ser detenido el acusado entró en prisión provisional el 30 de enero hasta que se emitió este fallo a puerta cerrada cuyo contenido ha sido dado a conocer ahora por lo que al aceptar el procesado la pena por conformidad se evitó la celebración de un juicio con jurado.

Pese a este episodio violento, el hombre sin recursos estaba plenamente integrado en el barrio y después de estar un tiempo durmiendo en un solar comenzó a ocupar una vivienda.

Los vecinos resaltaron su comportamiento tranquilo, algunos le daban ropa, comida, agua y permitían que cargara el teléfono y bañara en un recinto cercano y aseguran que tenían que ser ellos lo que se acercaran a su vivienda porque él era incapaz de ir a las suyas.

Sin embargo, un par de semanas antes del suceso el otro joven comenzó a quedarse también en el inmueble hasta que en un momento dado el procesado quiso echarlo, lo que dio lugar a esta disputa. 

El dueño de un negocio situado en la localidad de San Isidro, en el municipio tinerfeño de Granadilla de Abona, ha sido condenado por la Audiencia Provincial a tres años y dos meses de prisión y al pago de 43.600 euros por tres delitos de agresión sexual cometidos contra tres trabajadoras, dos de ellos de carácter continuado.

Por los hechos cometidos contra las dos primeras víctimas, el tribunal le ha impuesto un año y tres meses de cárcel por cada una, mientras que por la tercera agresión ha sido condenado a seis meses de prisión, además del abono de 25.000, 18.650 y 6.200 euros, respectivamente, en concepto de responsabilidad civil.

Según los hechos probados, el acusado reconoció que, desde finales de 2022 hasta noviembre de 2023, se aprovechó del miedo de una de las víctimas a perder su empleo y realizó tocamientos reiterados en el establecimiento, lo que derivó en que la mujer solicitara una baja laboral por ansiedad.

Posteriormente, llevó a cabo conductas similares con otra trabajadora, que también sufrió crisis de angustia, y más tarde actuó de la misma manera con una tercera empleada, que comenzó a evitar al acusado y fue despedida poco después.

Las dos primeras víctimas denunciaron los hechos ante la Guardia Civil el 30 de noviembre de 2023.

La Fiscalía solicitaba inicialmente que el procesado indemnizara a las víctimas con 40.000 euros (20.000 para la primera, 15.000 para la segunda y 5.000 para la tercera) y que se le impusieran las mismas penas de prisión que finalmente han sido ratificadas. Antes del juicio, el encausado consignó 50.000 euros en el juzgado.

Durante la vista oral, el empresario aceptó su responsabilidad penal.

El tribunal apreció la atenuante de dilaciones indebidas y le impuso la prohibición de aproximarse a las denunciantes a menos de 500 metros y de comunicarse con ellas durante tres años y medio, plazo que se eleva a cinco años y medio en el caso de la tercera víctima.

La sentencia establece además que el condenado no ingresará en prisión si no delinque durante los próximos cuatro años y cumple con el pago íntegro de la responsabilidad civil, inferior a la cantidad ya depositada en el juzgado.

El Tribunal Supremo ha reconocido por tercera vez en pocos meses el derecho de una madre soltera tinerfeña a disfrutar de diez semanas pagadas adicionales de permiso para el cuidado de sus dos hijos nacidos en 2022, además de las 16 que le correspondían legalmente en aquel momento.

El resultado del fallo judicial implica que la mujer dispondrá de un total de 26 semanas, de las que 16 son su permiso natural, más diez adicionales que hubiesen correspondido al otro progenitor.

El año pasado el Consejo de Ministros aprobó una nueva ampliación duplicando esta prestación hasta las 32 semanas, siempre y cuando los niños hubiesen nacido a partir del mes de agosto de 2024, por lo que estas madres quedaron excluidas de esta ampliación.

Los fallos determinan que otros progenitores en situaciones de monoparentalidad que antes de 2024 acudieron a los tribunales reclamando este derecho puedan ahora hacer uso del mismo pero sólo hasta 26 semanas no 32.

La nueva sentencia se fundamenta en el interés superior del menor y busca evitar la discriminación de los hijos de familias monoparentales al considerar el Supremo que si en una familia biparental el cuidado del hijo se reparte entre dos progenitores, en una monoparental el menor tiene derecho al mismo cuidado.

Tal y como ocurrió en los anteriores casos en primera instancia un Juzgado dio la razón a la madre pero luego la Seguridad Social recurrió el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que lo anuló.

A continuación la mujer recurrió al Supremo por medio de un recurso de unificación de doctrina y apeló a una resolución de los tribunales de Cataluña que se pronunciaba en otro sentido, tal y como ocurrió en los otros dos casos conocidos de la isla.

Durante esta tramitación judicial, el Tribunal Constitucional (TC) declaró que la prohibición de que las familias monoparentales disfruten de los mismos derechos que las restantes es inconstitucional al considerar que de lo contrario se estaría ante una discriminación. 

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife acusa a un hombre del presunto delito de tenencia de moneda falsa, por el que pide cuatro años de prisión, además de una multa equivalente al triple del dinero intervenido, que ascendía a 320 euros, por lo que la cantidad total sería de 960 euros.

En caso de que finalmente se considere que se trata de un delito leve por el mismo concepto, el Ministerio Público aceptaría el pago de una multa de 900 euros.

El acusado circulaba en su vehículo cuando fue sorprendido con una caja en el maletero en la que llevaba once billetes de 20 euros y diez de 10 euros, lo que sumaba la citada cantidad.

Tal y como se demostró posteriormente, la totalidad del dinero era inauténtica y de origen no identificado y la finalidad del encausado, según el Ministerio Fiscal, era su puesta en circulación.

El juicio tendrá lugar el próximo 9 de junio en la sede de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

En caso de celebrarse la vista, han sido citados a declarar los agentes de la Policía que actuaron en el momento de los hechos, así como peritos del Centro Nacional de Análisis de Falsificaciones (CNAF), que elaboraron un informe ratificando que los billetes eran falsos, además del propio acusado.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado que el accidente que sufrió un agente de la Policía Nacional el 13 de mayo de 2021, tras colisionar en coche con el tranvía cerca de la parada Cruz del Señor, en Santa Cruz, tiene carácter laboral, pues el funcionario se dirigía a su puesto de trabajo.

En consecuencia, el tribunal reconoce el derecho del policía a las correspondientes consecuencias económicas y administrativas derivadas de que el percance esté relacionado con su actividad profesional.

En un principio, la Jefatura de la División de Personal de la Dirección General de la Policía acordó que las lesiones sufridas no tenían la consideración de causadas en acto de servicio o con ocasión del mismo.

A raíz del choque, al agente se le diagnosticó una “contusión de hombro izquierdo con tendinitis postraumática y cervicalgia postraumática”, por lo que estuvo de baja médica desde el 13 de mayo de 2021 hasta el 28 de abril de 2022.

El accidente del efectivo, adscrito a la Unidad Central de Repatriaciones, tuvo lugar a las 15:15 horas, cuando se dirigía a cumplir su turno de tarde, que comenzaba a las 15:30, y conducía un vehículo alquilado con el que atravesaba el cruce de la avenida Islas Canarias con la avenida de Venezuela.

En ese momento, fue golpeado en el lateral izquierdo por un tranvía y arrastrado hasta impactar contra un poste, por lo que tuvo que ser asistido en el servicio de urgencias del hospital del seguro concertado para los agentes.

El policía recurrió a los tribunales para reclamar que se declarase que las lesiones sufridas se produjeron durante la prestación de sus servicios profesionales, en el trayecto al lugar de trabajo.

La controversia surgió porque la Administración está obligada a resarcir económicamente al funcionario que sufra daños en acto de servicio, siempre que no medien dolo, negligencia o impericia, y que las lesiones estén directamente relacionadas con las incidencias del trabajo y no se deban a una “pura circunstancia temporal”.

El expediente de averiguación de causas concluyó inicialmente que el incidente no se produjo en acto de servicio y que podría haberse evitado con una conducción “prudente y segura”, al atribuirlo a “falta de atención y exceso de confianza”.

El TSJM recuerda, sin embargo, que los accidentes son por su propia naturaleza imprevisibles y que, en este caso, el siniestro se produjo en “un punto crítico”, con antecedentes de percances similares, hasta el punto de que cinco días después se registró otro accidente en el que también se vio implicado el tranvía.

El reconocimiento de las pretensiones del agente es parcial, al no incluir una luxación diagnosticada en junio de 2021, que prolongó su baja hasta abril de 2022.

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de un condenado a 14 años de cárcel por abusar de dos nietas menores de edad, de los que 8 se corresponden a lo ocurrido con una y 4 a la otra y el pago de 45.000 y 15.000 euros, tal y como pedía la Fiscalía.

En su momento quedó absuelto de dos delitos continuados de exhibición de material pornográfico por el que la Fiscalía le pedía dos años de prisión al atribuirle que en varias ocasiones le exhibió a las niñas videos para adultos.

Al igual que ocurrió en las instancias judiciales anteriores, el Supremo da por probado que el abuelo paterno de ambas cuando tenía entre 66 y 75 años y las niñas desde los 6 hasta los 14 años, abusaba de ellas cuando se quedaba a su cuidado.

El procesado estaba al frente de una cantina situada en Santa Cruz de Tenerife y los fines de semana se hacía cargo de las niñas cuando los padres lo necesitaban.

El hombre, según la sentencia condenatoria, amenazaba a las menores que si contaban algo de lo que les hacía destruirían a la familia.

Ante el Supremo, el condenado alegó que las declaraciones de las víctimas carecían de persistencia dada la corta de edad que tenían y el largo espacio de tiempo transcurrido hasta que presentaron la denuncia y que no existieron síntomas externos ni indicios objetivos apreciables en su entorno.

También que las manifestaciones de los padres no son una prueba directa, sino relatos de referencia, que nadie vio lo ocurrido excepto una testigo, ajena a la familia, que aseguró haber presenciado algunos episodios pero que calló para evitar problemas y cuyo testimonio el acusado cuestiona.

Finalmente, indica que las pruebas periciales psicológicas no resultan concluyentes por cuanto se limitan a afirmar que existen secuelas compatibles con abusos sexuales, si bien, a su juicio, podrían derivar de otro trauma sufrido por las denunciantes.

La respuesta del Supremo es que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la Audiencia provincial ratificaron de forma “razonable y motivada” las pruebas presentadas “de acuerdo con las reglas de la lógica, la razón y las máximas de la experiencia. No se aprecian graves imprecisiones, fisuras, discordancias o quiebras en el relato de la denunciante”.

En cuanto a la credibilidad se indica que no son consideradas “faltas de persistencia el cambio de orden de las afirmaciones, ni sucesivas ampliaciones del relato cuando no se afecta la coherencia y la significación sustancial de lo narrado y evidencia una tendencia a la fabulación imaginativa”, señala el texto legal.

Las niñas debieron ser sometidas a tratamiento psicológico, tuvieron repercusiones físicas, alteraciones de carácter que se manifestaban en rebeldía y problemas para llevar a cabo relaciones con normalidad.