La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife pide una pena de diez años de cárcel para un taxista por agredir sexualmente a una turista, de nacionalidad alemana, en Tenerife.

El escrito de acusación, recogido por Europa Press, señala que la mujer cogió el taxi a las afueras de una discoteca con el fin de regresar a su domicilio, donde estaba pasando unos días de vacaciones con sus padres.

El acusado, que cuenta con antecedentes por violencia de género aunque no computables en la causa, arrancó el vehículo y durante el trayecto le dijo frases, con ánimo libidinoso, como “estás dulce”.

Así, antes de llegar al domicilio, condujo hacia un lugar apartado, aparcó el vehículo y comenzó, sin su consentimiento, a realizarle tocamientos a la mujer mediante palabras y gestos.

Ante esa negativa, se bajó del vehículo y fue hacia la parte derecha del taxi donde se hallaba la mujer en el asiento del copiloto hasta que la tumbó en los dos asientos delanteros y la agredió sexualmente.

La mujer no reaccionó por temor ya que el hombre amenzaba con agredirla físicamente con el puño.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual y solicita también la prohibición de acercarse a la mujer a una distancia inferior a 300 metros o a comunicarse con ella por cualquier medio durante 15 años, diez años de libertad vigilada y una indemnización de 25.000 euros por daños morales.

El juicio arranca el próximo lunes a las 09.30 horas en la Audiencia Provincial.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha impuesto penas de entre tres años y medio y seis años y tres meses de prisión a cuatro de los cinco acusados por robos continuados en casas habitadas, mientras que ha absuelto al quinto procesado.

Dos de los encausados han sido condenados a seis años y tres meses de cárcel; otro ha recibido una pena de cinco años, y un cuarto, tres años y seis meses, al apreciarse en este último caso la atenuante de drogadicción.

La sentencia establece además que los condenados deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria a quince víctimas por los efectos sustraídos y los desperfectos ocasionados, en una cuantía que se fijará en la fase de ejecución de sentencia, por robos cometidos entre finales de 2022 y abril de 2024.

El fallo ordena también la devolución de objetos personales a una de las víctimas y a su hija, recuperados durante el registro del domicilio en el que residía el acusado absuelto, así como de otros bienes incautados a la madre de uno de los condenados.

Al principal encausado, condenado a seis años y tres meses de prisión, se le atribuyen doce delitos; al segundo, con la misma pena, ocho; al condenado a tres años y medio, un solo robo, con la aplicación de la atenuante de drogadicción, y al cuarto procesado se le imponen cinco años de cárcel por otros cinco delitos.

En la actualidad, dos de los condenados se encuentran en prisión preventiva, prorrogada hasta abril de 2028, mientras que otros dos estaban en libertad cuando se celebró el juicio, tras las entradas y registros practicados en abril de 2024 en los domicilios de los acusados.

La Sala considera acreditados una decena de robos, cometidos de forma conjunta o individual, en viviendas de Icod de los Vinos, La Orotava y Arico, así como en un vehículo estacionado en El Médano.

Los delitos supusieron la sustracción de hasta 15.000 euros en efectivo, joyas de oro, 500 euros en otra vivienda, 2.700 euros y cubertería en un tercer inmueble, además de dinero y unas gafas tras romper el cristal de un coche.

La repetición del juicio por el denominado crimen de Tabaiba, en el que fue declarado no culpable Antonio J., comenzará el próximo 19 de junio con un tribunal del jurado y un magistrado presidente distintos a los de la vista anterior.

El caso se refiere al asesinato de Rubén, ocurrido el 21 de febrero de 2023 en un apartamento de Tabaiba (Tenerife), y al posterior suicidio de Toño, propietario de la vivienda y considerado autor intelectual del crimen debido a las deudas por drogas que la víctima mantenía con él.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado parcialmente la sentencia dictada tras el primer juicio y ha ordenado la repetición de la vista únicamente en lo relativo a la absolución de Antonio J., tras estimar los recursos presentados por la Fiscalía, la acusación particular y la defensa del otro acusado, José J.

El TSJC considera correcta la condena impuesta a José J., pero aprecia deficiencias en la motivación del veredicto absolutorio, al entender que se apoya “en premisas erróneas, con claro apartamiento de las máximas de experiencia y de la lógica valoración de la prueba”.

Según el alto tribunal canario, la sentencia contiene una motivación “solo aparente, insuficiente e irracional”, con “errores patentes” y un “vacío motivador” que vulnera el derecho a una resolución fundada y motivada.

En el primer juicio, el jurado absolvió a Antonio J. al considerar que su declaración introducía “dudas razonables” que permitían una explicación alternativa de los hechos.

Sobre la base de ese veredicto, la Audiencia Provincial condenó a José J. a 24 años de prisión y al pago de 153.500 euros de indemnización al padre de la víctima.

No obstante, el TSJC entiende que no existe una versión alternativa sólida de los hechos y que la absolución se basa en “opiniones, no en pruebas”, por lo que ordena celebrar un nuevo juicio con un jurado y un magistrado diferentes.

Entre otros aspectos, el tribunal rechaza que no pueda vincularse al absuelto con los mensajes de WhatsApp hallados en su teléfono, ni que el hecho de no portar un arma o no ocultar su identidad excluya su participación en el crimen.

También descarta que Toño tendiera una supuesta trampa a Antonio J., al considerar ilógico que el presunto planificador del asesinato llevara al lugar del crimen a una tercera persona ajena a los hechos.

La Fiscalía de Menores de Santa Cruz de Tenerife ha abierto diligencias por la agresión a un menor con discapacidad en el barrio de San Isidro, en el municipio de Granadilla, y que se ha viralizado a través de las redes sociales, confirman fuentes de la institución a Europa Press.

Los hechos han sido denunciados por la madre del menor en Televisión Canaria, quien ha comentado que su hijo no había comentado nada de la agresión --presuntamente a cargo de otros cuatro menores-- y que se enteró por parte de otra madre.

Así, ha relatado que el menor se encuentra bajo tratamiento psicológico y que incluso ha solicitado la baja laboral para hacerse cargo de los cuidados de su hijo.

Según se observa en las imágenes, mientras un menor graba la agresión para difundirla en internet, hasta otros tres le daban golpes.

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias no ha activado el protocolo contra el acoso escolar porque los menores no forman parte del mismo centro educativo.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJC ha confirmado la condena a nueve años de prision por tentativa de asesinato impuesta a dos hermanos por un ataque cometido contra su vecino en el municipio de Santa Úrsula (Santa Cruz de Tenerife) el 7 de octubre de 2023.

La resolución desestima íntegramente el recurso de las defensas y ratifica las penas acordadas por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, al entender que la sentencia recurrida “ha examinado y valorado hasta el mínimo detalle las pruebas de cargo y de descargo practicadas” y que no existe lesión del derecho a la presunción de inocencia.

Según declara probado la Sala, los dos procesados, hermanos y vecinos de la víctima, se concertaron para acabar con su vida y acudieron a su domicilio portando uno de ellos un hacha y el otro, un cuchillo. Tras llamarle a la puerta, cuando el perjudicado salió, fue atacado de forma repentina con golpes dirigidos a la cabeza y al cuello. La víctima logró refugiarse en su vivienda “con suma dificultad” y cerrar la puerta, lo que impidió que los acusados completaran el propósito homicida.

El tribunal subraya que la agresión no fue un episodio aislado ni una simple riña, sino una acción planificada y ejecutada con medios idóneos para causar la muerte. En la resolución se afirma que los procesados actuaron “con la clara intención de acabar con la vida de la víctima” o, al menos, se representaron “la alta probabilidad de que se produjera su muerte”, de modo que la conducta encaja en una tentativa acabada de asesinato.

La Sala también destaca la concurrencia de alevosía, al aprovecharse los acusados de la indefensión de la víctima, sorprendida en la puerta de su casa y atacada sin posibilidad real de defensa. La Sala descarta la existencia de eximentes o atenuantes como la embriaguez o el arrebato. En relación con el consumo de alcohol, el tribunal señala que “solo consta que había bebido” y que no se practicó prueba alguna que acreditara una afectación relevante de sus facultades intelectivas o volitivas. Tampoco aprecia una reacción súbita o pasional que permita hablar de arrebato, porque no hubo un desencadenante inmediato que justificara una respuesta de ese tipo, sino una agresión organizada y precedida por la propia iniciativa de los acusados.

En el plano de la individualización de la pena, la resolución mantiene los nueve años de prisión para cada uno de los condenados, al considerar proporcionada la respuesta penal dentro del marco de la tentativa del delito de asesinato.

Además, confirma las penas accesorias de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, la prohibición de residir o acudir al municipio de Santa Úrsula, la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 500 metros y de comunicarse con ella por cualquier medio durante un periodo superior en cinco años a la pena de prisión.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha desestimado íntegramente el recurso de apelación presentado por el promotor del restaurante El Bolullo, situado junto a la playa del mismo nombre, en el municipio de La Orotava (norte de Tenerife). Así, se confirma la sentencia que le condena como autor de un delito contra la ordenación del territorio en el espacio natural protegido de El Rincón.

Este mismo restaurate se vio obligado por ley a reducir hasta en dos ocasiones el aparcamiento ilegal que había proporcionado en la zona para acoger clientes, motivo por el que, además, fue sancionado por el Ayuntamiento.

La resolución judicial, hecha pública este jueves por la Coordinadora El Rincón-Ecologistas en Acción y fechada el 6 de abril de 2026, ratifica la pena impuesta en primera instancia de un año y seis meses de prisión, multa de 12 meses a razón de 20 euros diarios, inhabilitación especial para profesión u oficio relacionado con la construcción hostelera por un año y la obligación de restaurar el equilibrio ecológico perturbado.

Ello implicará la demolición de las construcciones ilegales, que incluyen dos terrazas pavimentadas de 15x40 metros, una estructura acristalada de 10x15 metros, un kiosco-barra de 4x4 metros y una caseta para montacargas o güinche de la playa, además de pagar las costas del procedimiento judicial, señala la organización ecologista.

Los hechos declarados probados señalan que, entre enero de 2018 y marzo de 2021, el acusado ejecutó estas obras en zona de servidumbre de protección del Dominio Público Marítimo-Terrestre y sobre suelo rústico de litoral y costero, sin contar con licencia urbanística ni con la preceptiva autorización de la Viceconsejería de Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, vulnerando la Ley de Costas (Ley 22/1988) y el Plan Especial de El Rincón.

La Audiencia Provincial ha rechazado todos los motivos de impugnación planteados por la defensa, incluidas las alegaciones sobre indefensión, error en la valoración de la prueba, vulneración de la presunción de inocencia y error de prohibición.

El tribunal subraya también que el promotor actuó con pleno conocimiento de la ilegalidad, pues existían numerosos informes técnicos municipales y autonómicos que advertían de que las construcciones no eran autorizables al hallarse en una zona de servidumbre de protección de costas y sobre una edificación previamente declarada ilegal.

La coordinadora advierte, no obstante, de que el promotor continúa desarrollando actividades ilegales y ha podido comprobar que se sigue explotando una vivienda vacacional en el lugar, perfectamente identificable en portales de alquiler turístico, una actividad prohibida en estos suelos rústicos protegidos.

Igualmente, apunta que “sigue bajo sospecha” el chiringuito de la playa, cuya reforma y ampliación fueron denunciadas desde un primer momento ya que se modificó la estructura ampliando su volumen y se cambió la actividad original para convertirlo en un restaurante, todo ello ejecutado en zona de tránsito y servidumbre del dominio público marítimo-terrestre.

La licencia nunca debió ser concedida

Si bien el Ayuntamiento de La Orotava le concedió licencia para estas obras, agrega la coordinadora, en el expediente y en el procedimiento judicial quedó expuesto “de manera clara y manifiesta” que dichas actuaciones fueron contrarias a lo dispuesto en la Ley de Costas y que esa licencia “nunca” debió ser otorgada.

Por ello, se solicitará su revisión y nulidad por la vía contencioso-administrativa.

La sentencia destaca que “el encausado ejecutó obras una y otra vez sin solicitar las preceptivas autorizaciones administrativas, instando posteriormente expedientes para promover la supuesta legalización de lo ya ejecutado”, y concluye que “cualquier persona es necesariamente conocedora de la necesidad de obtener autorizaciones para construir en zona de protección de costas”, por lo que no cabe alegar desconocimiento de la ilegalidad.

Contra esta resolución aún cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, si bien la ratificación de la condena supone un “respaldo judicial contundente” a la legalidad urbanística y ambiental de El Rincón, un espacio protegido por la Ley 5/1992, que lo declaró de interés autonómico por su valor paisajístico, señala la coordinadora, que ejerció la acusación popular.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado la razón al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en su recurso contra la compañía Cepsa, propietaria de la antigua Refinería, a la que ha obligado a pagar 406.500 euros por el servicio de recogida de basura durante el año 2014.

En primera instancia un juzgado estimó el recurso de Cepsa, que actualmente se denomina Moeve, y consideró que no estaba obligada a pagar la tasa dado que en ese ejercicio los alrededores de las instalaciones carecían de contenedores de basura, por lo que el servicio lo tenía que prestar la propia empresa.

El fallo se basaba en actas notariales en las que se acreditaba que el servicio nunca se prestó de forma “real y efectiva”, pero el Ayuntamiento mantuvo que las actas se correspondían a ejercicios posteriores y a momentos puntuales.

La corporación local sostuvo que en las cercanías de este recinto desde 2007 sí existían contenedores e incluso uno estaba situado en el interior de la refinería, que eran utilizados cada día tal y como confirman informes técnicos de 2023 y actas notariales emitidas desde 2018 a 2023.

Los documentos de Cepsa iban en sentido contrario y demostrarían que se vio obligada a asumir este servicio, que el Ayuntamiento incumplió su compromiso de 2013 de instalar 6 recipientes y que los informes municipales se refieren al periodo 2019 a 2021, por lo que no serían considerados “relevantes”.

El TSJC sentencia que lo decisivo en esta cuestión es determinar que el servicio estaba establecido en la zona de influencia de las instalaciones, al margen de que la industria se aprovechara o no del mismo, y cree errónea la conclusión que va en sentido contrario de la sentencia inicial.

Inicialmente se dio la razón a las actas notariales aportadas por Cepsa, en las que se indica que ningún contenedor se encuentra en el perímetro de la Refinería pero sí en la puerta donde se realizaba el vertido.

Sin embargo, el Ayuntamiento presentó un documento en el que se refleja que a la entidad le fue revocada la autorización de autotraslado de residuos en 2012, sin que luego se volviera a conceder y alude a la colocación de contenedores según propuesta de la empresa en 2007.

En concreto, se considera que el punto más adecuado era la puerta donde irían 6 contenedores de 3.200 litros cada uno, lo que determinó el informe del Tribunal Económico Administrativo Municipal (TEAM) que obliga a pagar esta tasa, aunque ahora es posible recurrir ante el Tribunal Supremo (TS).

La causa por los vertidos de aguas fecales en Playa Jardín, Tenerife, se ha archivado para dos de los cinco cargos públicos que estaban siendo investigados. Un auto emitido el 12 de marzo decretó el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones respecto al edil y teniente de alcalde David Hernández y al concejal de Empleo, Alberto Cabo. Ambos del partido Asamblea Ciudadana Portuense (ACP).

El archivo se ha decretado después de que durante la investigación no se hayan derivado indicios contra ellos por no tener competencias de saneamiento en sus áreas, han explicado desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). De este modo, el procedimiento se mantiene contra los otros tres investigados: Blanca Pérez (CC), consejera del Medio Natural del Cabildo de Tenerife y vicepresidenta del Consejo Insular de Aguas (CIAT); Marco Antonio González (PSOE), exalcalde de Puerto de la Cruz; y Javier Davara, gerente del CIAT.

La investigación ha recalado en la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Puerto de la Cruz y comenzó a raíz de una denuncia interpuesta por la Fiscalía de Medio Ambiente de Santa Cruz de Tenerife, después de que el baño en Playa Jardín estuviera desaconsejado durante casi un año por los altos índices de bacterias fecales detectados en el agua. 

''Nosotros siempre supimos que no teníamos competencias en materia de saneamiento ni capacidad de decisión sobre este asunto, y así ha quedado acreditado tras la investigación'', han señalado los concejales en un comunicado.

E.coli y Enterococos

El 21 de junio de 2024, Salud Pública emitió un informe que advertía de la presencia de altos valores de E.coli y Enterococos en el agua de Playa Jardín y recomendaba abstenerse al baño. Fue el 3 de julio de ese mismo año cuando el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz desaconsejó el baño en este tramo de costa, una medida que se mantuvo hasta junio de 2025.

Durante este periodo, las analíticas arrojaban valores de hasta 1.000 unidades bacterianas de E.coli por cada mililitro de muestra, muy por encima de las 250 necesarias para que la calidad del agua se considere ''excelente'' y de las 500 exigidas para que se califique como ''suficiente o buena''. Este dato se desprende de los resultados de las muestras tomadas el 23 de septiembre en los tres puntos establecidos por Salud Pública.

La denuncia de la Fiscalía, a la que tuvo acceso esta redacción, advertía de que la exposición de la población a altos niveles de contaminación fecal aumenta el riesgo de padecer enfermedades transmitidas por las aguas de baño, como patologías respiratorias, diarreas, vómitos o meningitis.

El director de una banda de música de un municipio del norte de Tenerife ha aceptado una pena de dos años de cárcel y el pago de 3.000 euros como indemnización a una menor integrante de la agrupación, que fue víctima de diversos actos que suponen un delito continuado de agresión sexual.

Ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife el acusado, que entonces tenía 38 años, admitió besos a la niña en el local donde guardan los instrumentos y en un callejón, y que le propuso mantener relaciones sexuales con él y con otra integrante de la banda.

El acusado reconoció que entre febrero y junio de 2023 aprovechando los desplazamientos en guagua a las diferentes localidades donde se celebraban las actuaciones, se sentaba junto a la menor, de 16 años, colocando la mano sobre el muslo y otros tocamientos.

En principio la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife solicitaba que se impusieran 5 años de prisión y la indemnización que se fijara en ejecución de sentencia pero finalmente el Ministerio Público rebajó la pena al aceptar el acusado su responsabilidad en los hechos.

También se suspende su entrada en prisión al no tener antecedentes penales siempre y cuando no cometa ningún delito en el plazo de cinco años y haber consignado parte de la indemnización antes de la celebración del juicio, que fue a puerta cerrada y cuyo fallo ha sido dado a conocer ahora.

Como penas accesorias se impone la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros de la víctima o comunicarse con ella por cualquier medio durante cuatro años tras la condena, y no poder ejercer cualquier profesión que suponga contacto con menores a lo largo de siete y libertad vigilada a lo largo de cinco. 

El Tribunal Supremo ha rechazado admitir a trámite el recurso de casación interpuesto por la entidad concesionaria del club privado con piscina Charco de La Arena, situado en la costa de Punta del Hidalgo, en el municipio tinerfeño de La Laguna. Dicho recurso había sido presentado contra la sentencia de la Audiencia Nacional que confirmaba la denegación de la prórroga de la concesión, que data de 1964.

Por tanto, según fuentes del consistorio, la concesión queda definitivamente extinguida ya que “no existe” ya vía judicial para reactivarla, el dominio público marítimo-terrestre “vuelve a estar plenamente disponible para su recuperación” y, por último, Costas y el Ayuntamiento pueden iniciar “sin obstáculos jurídicos” el proceso de restitución y demolición.

El Tribunal Supremo concluyó en su resolución, que es firme, que el recurso presentado carece de fundamentación suficiente y que no existe interés casacional objetivo. En palabras del propio documento: “Se acuerda… su inadmisión a trámite por incumplimiento de los requisitos que establece el artículo 89.2 LJCA para el escrito de preparación, concretamente: falta de fundamentación suficiente”.

Tal y como explican fuentes del Ayuntamiento, la Ley de Costas obliga a recuperar el dominio público cuando cesa el título habilitante. Por tanto, el expediente incluirá: un ata de inspección del estado actual, un requerimiento de desalojo voluntario y retirada de instalaciones, y un plazo para alegaciones.

Si la concesionaria no actúa, añade, Costas puede ejecutar de forma subsidiaria.

La concesión extinguida autorizaba “la ocupación del dominio público marítimo-terrestre con destino a la construcción de un bar restaurante y al acondicionamiento de una charca natural para piscina”. Al extinguirse, detallan las mismas fuentes, “estas instalaciones pasan a ser ocupaciones ilegales y deben demolerse”.

Esa demolición deberá incluir la retirada de las cimentaciones, la restauración de perfiles naturales, la eliminación de elementos artificiales en la charca y, por último, medidas de protección de fauna y flora.

Según las fuentes consultadas, la resolución del Supremo permite, en condiciones de seguridad jurídica puesto que es firme, “devolver el espacio a la ciudadanía, eliminar un uso privado en dominio público y cumplir estrictamente la Ley de Costas”.

El Ayuntamiento considera que la resolución “supone un hito de enorme relevancia para el municipio de La Laguna” y señala que colaborará estrechamente con Costas en el inicio del expediente de recuperación, en la orden de demolición y en la ejecución de las actuaciones necesarias para devolver este espacio a la ciudadanía.

“Esta decisión judicial refuerza la estrategia municipal de protección del litoral y se alinea con el proyecto de recuperación integral de Punta del Hidalgo, actualmente en fase de búsqueda de financiación. La recuperación del Charco de la Arena constituye un paso decisivo hacia un litoral más natural, más seguro, más accesible y más coherente con los valores ambientales que definen a nuestro municipio”, recalca el consistorio.

Por último, el Ayuntamiento de La Laguna reafirma su compromiso con la defensa del dominio público, la protección de los ecosistemas costeros y la mejora del paisaje litoral. “La firmeza de esta resolución nos permite avanzar con determinación en la restauración de un espacio que pertenece a todos y que, tras décadas de ocupación, podrá ser recuperado para el disfrute de la ciudadanía y para la preservación de nuestro patrimonio natural”, concluye.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha acogido este miércoles un juicio en el que la Fiscalía y acusación particular reclaman al exgerente de un restaurante situado en Arona que devuelva 71.000 euros de los que se habría apropiado aprovechándose de que tenía acceso directo a la caja. Además, en sus conclusiones el Ministerio Público y los dueños del negocio piden que también se le imponga una pena de cinco años de prisión y multa de 3.000 euros, por los supuestos delitos de apropiación y falsificación de documentos mientras que la defensa solicita su absolución.

El acusado fue gerente entre 2016 y 2018 tiempo en el que tenía facultades para manejar el programa informático, lo que le permitía controlar la apertura y cierre de la caja registradora, a la que solo tenían acceso también los dueños y por ello podía quedarse con el dinero de las cuentas que anulaba.

Un informe pericial indica que en ese período las cancelaciones se incrementaron en un 59% y si se tiene en cuenta los días de vacaciones o de baja, globalmente la cifra se situaría en un 55%, pese a lo cual el perito no concretó la autoría de estas operaciones.

Tras ser descubierto en julio de 2018, el acusado pidió a su jefe directo que intercediera ante los dueños para que pudiera seguir trabajando, comprometiéndose a ir devolviendo el dinero poco a poco y justificó lo ocurrido porque era ludópata.

El encausado limita las cantidades de las que se habría apropiado de forma irregular a unos 4.000 euros que se corresponden a las invitaciones que hacía a los clientes, niega que tuviera algún acceso personal a la caja y dice que todos los empleados podían hacer uso de la misma desde que el negocio abría sus puertas.

Admite que firmó su baja voluntaria cuando lo citaron días después en el despacho de los dueños del establecimiento, pero lo hizo sin saber exactamente el contenido del documento y eludió concretar si había sido presionado para hacerlo.

El contable declaró que comenzó a sospechar de lo que ocurría desde unos meses antes dado que las cuentas “cuadraban demasiado bien” y además detectó que se producía un número inusual de cancelaciones de comandas hasta que finalmente pudieron confirmar esta operación en una cuenta de algo más de 200 euros.

Cuando le dijeron que sospechaban de que podía estar robando, “bajó la cabeza, no dijo más y se marchó” dijo su jefe directo mientras que otro empleado que estuvo 23 años en el negocio confirmó que el acusado era el responsable de manejar la caja para lo que contaba con su propia clave.

Otro perito cuantificó que en 2016 se habrían sustraído casi 17.000 euros, en 2017, 33.500 y el último año cerca de 21.000 euros y consideró significativo que estos hechos se incrementaran tras su contratación.

Las acusaciones le atribuyen haber modificado las facturas del registro informático de la caja registradora que reflejaban las comandas que se servían en el restaurante, suprimiendo para ello pedidos para que así no aparecieran en el registro informático.

Una vez que posteriormente eran consumidos y efectivamente abonados los importes por los clientes, el acusado se quedaba con el dinero sin llegar a reembolsarlo luego a la caja. 

La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife acogerá la próxima semana el juicio contra tres hombres acusados de robar joyas en diferentes domicilios y que les fueron requisadas cuando pretendían abandonar la isla en avión.

La Fiscalía pide para cada uno de los procesados, que se encuentran en prisión provisional, penas que oscilan entre los siete años y los siete años y medio, si bien en principio se prevé que haya una sentencia de conformidad, lo que implicaría una rebaja de las condenas.

Los tres fueron detenidos en la terminal de un aeropuerto tinerfeño cuando se disponían a abandonar la isla con 194 piezas de joyería que ocultaban entre sus ropas, obtenidas supuestamente tras entrar en las casas de las víctimas utilizando gazúas o un método conocido como bump, que no causa daños aparentes en las puertas.

Las piezas habían sido robadas en catorce domicilios distintos aunque no se pudo recuperar la totalidad de los objetos sustraídos entre los que estaban medallas, monedas, relojes o bolígrafos, algunos de los cuales fueron costeados por las aseguradoras.

Además, se acusa a los procesados de haber robado casi 5.500 euros en metálico.

La Fiscalía también ha solicitado el sobreseimiento provisional de los hechos denunciados en su día por otros diez perjudicados.

La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife ha aceptado reducir de 64 años de cárcel a solo 12 y de 38 a 6 años y medio las penas para dos acusados de agredir sexualmente y prostituir a tres menores utilizando las instalaciones de un pub de Las Verónicas, en Arona, donde trabajaban.

La reducción de las penas se basa en el atenuante muy cualificado de reparación del daño, dado que ambos depositaron antes del juicio celebrado este jueves indemnizaciones mayores de las exigidas por la Fiscalía, que han llegado hasta los 30.000 euros.

Además, la acusación pública también aceptó retirar el cargo de agresión sexual a una cuarta víctima, la única que no estaba acogida en un centro tutelado del Gobierno de Canarias.

En su intervención en la vista oral, los dos acusados mostraron su arrepentimiento, justificaron lo ocurrido por desconocer la edad real de las jóvenes y no ser conscientes de las consecuencias de este delito que no sólo suponía mantener relaciones con ellas sino pagarles y además inducirlas a ejercer la prostitución.

Manifestaron que habían hecho todo lo posible para pagar las indemnizaciones antes del juicio, para lo cual tuvieron que recurrir a familiares y amigos y vender sus vehículos.

Los dos se encuentran desde hace más de dos años en situación de prisión provisional, después de que un educador del centro donde estaban internadas las jóvenes encontrara en el teléfono de una de ellas mensajes de contenido sexual, reservas de hotel para mantener estos encuentros e inducirlas a ejercer la prostitución.

En los terminales la Policía halló fotografías, vídeos y ubicaciones que las situaban en el entorno del centro comercial y de este pub y conversaciones en las que se demostraba que los encausados eran conscientes de que las jóvenes eran menores.

También se detectaron distintos perfiles en las redes sociales en los que las víctimas ofrecían sus servicios como prostitutas y por medio de los cuales los procesados habrían contactado con ellas.

Los dos procesados eran trabajadores de un club situado en un centro comercial, propiedad de la hermana de uno de ellos que era quien regentaba el negocio, mientras que el segundo figuraba como empleado y desarrollaba actividades de ocio nocturno.

El establecimiento tenía tres habitaciones anexas y un baño compartido que era utilizado por los encausados para llevar a cabo actividades laborales pero también para consumar estos encuentros sexuales alternativamente.

Dada la disposición de la Fiscalía a reducir las penas, en la vista solo se contó con la intervención de tres policías que participaron en las investigaciones pero finalmente no declararon.

La Fiscalía retiró el cargo de agresión e inducción a la prostitución de una de las víctimas que tenía 17 años en aquel momento, era amiga de las anteriores y fue inducida por éstas a acostarse con un ciudadano extranjero a cambio de 50 euros.

El notario que a petición de una anciana de Tenerife emitió un poder a favor de la mujer que la cuidaba para que administrara todos sus bienes dijo que ésta se encontraba en sus plenas facultades mentales pese a que en esos momentos estaba encamada y no oía bien.

Ahora los familiares acusan a la cuidadora y a su pareja de apropiación indebida y estafa, por haber vendido la vivienda situada en La Hornera en La Laguna, lo que junto a más dinero en efectivo y la pensión sumarían cerca de 100.000 euros.

En el juicio que tuvo lugar este miércoles en la Audiencia Provincial de Santa Cruz, el Ministerio Público optó en sus conclusiones finales por retirar la acusación, al considerar que el testimonio del notario es clave para determinar que no existió delito alguno y que la cesión fue legal.

La abogada de los familiares que se sienten agraviados mantuvo su petición de seis años de cárcel por apropiación y otro tanto por estafa y la devolución de todo el dinero que dejó en manos de los procesados.

La acusación particular cree que la anciana fue manipulada por el matrimonio, quienes se aprovecharon de su avanzada edad y consumaron un negocio ilegal.

La cuidadora declaró que la anciana estaba peleada con toda la familia por lo que antes de morir le dijo que le otorgaba un poder para poder vender la casa y sacar dinero de la cuenta porque no quería dejarle herencia ninguna a sus nietas y nuera.

Tras la venta, la mujer fue llevada a la casa de la acusada quien aseguró que se gastaron todo el dinero en acondicionar su habitación, reformar la vivienda, pagar algunas deudas y que los fondos sacados del banco estaban en una mesa de noche al lado suyo, por lo que los administraba la anciana.

Los familiares declararon que no pudieron ver a su abuela tras la separación en 2008 de sus padres, que fue bastante conflictiva, lo que no impidió que siempre estuvieran pendientes de ella, y que incluso las echaron del velatorio.

La nuera, por su parte, recordó que la parte superior de la vivienda vendida era propiedad suya, tal y como habían reconocido los juzgados, por lo que reclamaba su devolución, lo que según el fiscal debería aclararse en la vía penal.

El ciudadano alemán de 53 años acusado de haber matado a tiros a su madre, de 82, en el sur de Tenerife ha comparecido este martes ante la autoridad judicial y se ha acogido a su derecho a no declarar, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

El acusado fue trasladado a los los juzgados de Arona desde una unidad médico psiquiátrica en la que permanecía desde su detención.

Ahora, la autoridad judicial ha acordado su reingreso en esa unidad unidad para una nueva valoración.

En caso de que los médicos lo autoricen, será ingresado en prisión preventiva provisional como supuesto autor de un delito de asesinato o de homicidio.

Fuentes de la investigación han detallado que el crimen se produjo en una vivienda de la urbanización Sunflower de Costa del Silencio y que en el lugar se encontraron cinco casquillos de pistola.

La Fiscalía ha rebajado de ocho a cuatro años de inhabilitación la solicitud de pena para el exalcalde del PSOE de Buenavista del Norte (Tenerife) Aurelio Abreu y a su secretario-interventor por presunta prevaricación en la adjudicación directa de un centro de discapacitados al estudio al arquitecto y exconcejal de Santa Cruz de Tenerife Ramiro Cuende, de su mismo partido.

En la sesión que tuvo lugar este martes en la Audiencia Provincial tinerfeña, el Ministerio público tuvo en cuenta en la reducción de la solicitud de penas las dilaciones indebidas en el proceso, dado que la tramitación se inició en un pleno celebrado en 2005, se confirmó una subvención por 162.000 euros desde el Gobierno de Canarias en 2006 y la adjudicación se ejecutó por la vía de urgencia poco después.

La orden de pago se emitió al estudio de Cuende a principios de 2007 y la obra nunca comenzó, porque, según indica el arquitecto, el proyecto se perdió durante una mudanza de su estudio y no pudo ser recuperado hasta 2012, gracias a un informático que así lo confirmó en la sesión del juicio de este martes.

El fiscal calificó de “caprichoso, inverosímil, absurdo y cuestionable” el encargo directo de la obra a este estudio y cree que el otro acusado es responsable por “omisión”, al no haber advertido de la “grosera irregularidad”.

Abreu se negó a responder a las preguntas de la acusación particular y fue rotundo al asegurar que cuando firmó el expediente dio por hecho que todo estaba correcto dada la confianza “plena” que tenía en la entonces responsable de la Concejalía de Servicios Sociales y en los funcionarios.

Aseguró que no participó en las negociaciones con Cuende para adjudicarle de forma directa la redacción del proyecto, lo que en aquel momento le hubiese permitido la ley, por lo que según asegura, tenía en la suficiente información como para firmar y dar vía libre a la orden de pago.

Recordó que el proyecto fue presentado en abril de 2007 al Gobierno de Canarias y así consta en el registro municipal y del ejecutivo autónomo y a continuación aparentemente se perdió para ser luego recuperado en 2012.

El entonces secretario municipal solo respondió a su letrado y lo hizo para señalar que no tuvo nada que ver con la adjudicación, que el contrato que vio no era el modelo habitual, nadie le pidió que informara y dio vía libre al pago por obligación legal, dado que el proyecto ya había sido redactado y entregado.

El exalcalde y denunciante, Antonio José González, declaró que cuando asumió este cargo en 2011 no encontraban el documento y empezaron a sospechar que no se había seguido el procedimiento establecido, por lo que acudieron a los tribunales, alegando también malversación de fondos, acusación que mantienen.

Negó que la denuncia tuviera algo que ver con el enfrentamiento que su padre mantiene con el exalcalde por la parcela en la que se pensaba construir este centro.

Los concejales de Urbanismo y Servicios Sociales en aquellos momentos que intervinieron en la vista, descartaron haber incoado el expediente y delegaron esta responsabilidad en la Junta de Gobierno.

La adjudicación directa a Cuende se consideró la más apropiada ya que había sido el responsable del Centro de Día de Discapacitados, al lado del cual iba a estar la nueva obra, puesto que ambas iban a ser complementarias.

El propio arquitecto mantuvo que seguramente fue recomendado por la ONCE y las monjas que gestionan las instalaciones que ya estaban construidas.

Cuende admitió que cobró el 90% del presupuesto de 180.000 euros y aseguró que jamás ha reclamado el 10% restante y descartó que fuera contratado por su afiliación política.

La acusación particular recordó que de haberse llevado a cabo la obra, el presupuesto hubiese ascendido a casi cinco millones con lo cual se habría causado un daño “incalculable” al municipio, de lo que responsabiliza también al exsecretario por su “burda omisión”

El ciudadano alemán de 53 años acusado de haber asesinado a tiros a su madre, de 82, en el sur de Tenerife pasa este martes sobre las 11.00 horas a disposición judicial en los juzgados de Arona, según ha informado la Guardia Civil.

Fuentes de la investigación han detallado que el crimen se produjo en una vivienda de la urbanización Sunflower de Costa del Silencio y que en el lugar se encontraron cinco casquillos de pistola.

El cuerpo fue localizado el domingo y las circunstancias del asesinato aún están bajo investigación.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife celebra este martes, a partir de las 09.30 horas, el juicio contra el exalcalde de Buenavista del Norte y exvicepresidente del Cabildo, Aurelio Abreu (PSOE), por un presunto delito de prevaricación administrativa con la construcción de un geriátrico en el municipio.

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife pide una pena de ocho años de inhabilitación para empleo y cargo público para Abreu y también el exsecretario del consistorio.

El escrito de Fiscalía, recogido por Europa Press, señala que Abreu adjudicó la redacción del proyecto a un estudio de arquitectura, valorado en 162.000 euros, “con la clamorosa y deliberada elusión de la normativa en materia de contratación administrativa”, algo que por su cargo y experiencia “no podía desconocer”.

Así, se suscribió un contrato por importe de 270.000 euros, de los que 180.000 euros correspondían a la realización del proyecto básico y de ejecución y 90.000 euros a la dirección de la obra, de los cuales el Ayuntamiento abonó por transferencia un total de 160.000 euros.

Igualmente, relata la Fiscalía, el secretario-interventor incurrió en un “incumplimiento deliberado” de la normativa aplicable en materia de contratación administrativa y vulneró los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos y no discriminación, pues no advirtió de la “flagrante y grosera ilegalidad del pago” que se pretendía ordenar.

La Fiscalía sostiene que los hechos son constitutivos de un presunto delito de prevaricación administrativa y de prevaricación administrativa en comisión por omisión y pide que las costas se abonen a la mitad por ambos acusados.

El exalcalde de Buenavista del Norte (Tenerife) Aurelio Abreu se sienta la próxima semana en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife al atribuirle la Fiscalía una presunta prevaricación administrativa en la tramitación de la construcción de una residencia de personas con discapacidad, por la que le pide ocho años de inhabilitación para cargo publico.

La Fiscalía solicitó en 2018 la apertura de juicio oral a Abreu y a un funcionario que ejercía de secretario-interventor para el que le solicita la misma pena por considerar que en 2006 adjudicaron un contrato de 272.000 euros para la redacción del proyecto de esta residencia.

El Ministerio Público expone que Abreu celebró un contrato con una sociedad de otro miembro del PSOE, “con clamorosa y deliberada elusión de la normativa, que por su cargo no podía desconocer, y que imponía, dada la cuantía del contrato, la puesta en marcha de un procedimiento de licitación pública”.

Este trámite legal presuntamente se obvió, según la Fiscalía, “con el propósito de encomendar la redacción de dicho proyecto a unos determinados arquitectos, con exclusión de cualquier otro”.

El contrato consistía en la realización del proyecto básico y de ejecución por lo que se abonaron finalmente 160.000 euros y la dirección de la obra que hubiese implicado el desembolso de otros 90.000 euros de haberse ejecutado.

El fiscal sostiene que el funcionario al dar vía libre al pago de esos 160.000 euros, “omitió deliberadamente el cumplimiento de tal obligación, inherente a su cargo de secretario interventor, de formular reparo, advirtiendo de la flagrante y grosera ilegalidad del pago que se pretendía ordenar”.

En la vista, cuya celebración está prevista para el próximo día 3 de febrero, están llamados a declarar dos exalcaldes y el representante de la adjudicataria.

El fiscal Anticorrupción, Jaime Serrano ha mantenido este martes que los tres acusados de la primera pieza que se juzga del caso Mediador, son autores de un delito de cohecho impropio para los tres acusados mientras que sus defensas han pedido su absolución.

La Fiscalía mantiene su calificación de cohecho impropio, que sería pasivo en el caso del exgeneral de la Guardia Civil, Francisco Espinosa y activo para el empresario, Antonio Batista y el intermediario Marco Antonio Navarro.

En la última jornada previa a conocer el veredicto que probablemente será emitido mañana miércoles, los encausados defendieron también su inocencia y por lo tanto pidieron al jurado la absolución.

El Ministerio Público ha insistido,como ha hecho en las anteriores sesiones, que un funcionario como era el militar, no puede recibir regalos ni dinero al ser incompatible con su condición y cree que tan sólo el haber reconocido que aceptó 1.500 de los 19.500 que se movieron en la supuesta trama implica su condena.

Atribuye a Espinosa haber utilizado sus contactos para que Batista intentara cerrar su negocio de placas fotovoltaicas en las islas después de haberlo conocido por medio del mediador y de cobrar por ello.

A Batista le atribuye también el supuesto soborno al exgeneral por medio de regalos como cajas de puros, comidas, viajes y hacerle llegar por medio de Navarro Tacoronte comisiones de entre 1.500 y 3.000 euros, tal y como éste dijo en una anterior declaración que ha negado posteriormente.

“No tenemos la foto de la entrega de los sobres pero de resto hay suficientes pruebas” ha dicho el fiscal, en referencia a una presunta trama de sobornos a empresarios ofreciéndole favores, que en este caso nunca se concretaron.

El abogado del empresario dice que siempre actuó de buena fe y fue tanto una víctima como un chivo expiatorio y llamó la atención de que siempre exigió que los pagos contaran con facturas y prueba de que no se hacían en B sería que se utilizaban transferencias.

El letrado ha indicado que el único pago que llegó al general fue el mencionado de 1.500 euros cuando éste ya no ejercía este cargo y ya operaba en la esfera privada.

El letrado de Espinosa pidió al Jurado que base su veredicto en pruebas no en sospechas o palabras llamativas como “soborno” y las acusaciones iniciales del mediador llena de “zafiedades” las atribuye a que llevaba varios días en el calabozo y hubiese contado “cualquier cosa que le dijeran”.

También ha relatado la humillación que ha sufrido Espinosa que estuvo cuatro meses en prisión provisional y esta trama lo ha convertido en “un cadáver social” pese a que no hay pruebas de que cobrara sobornos ni en las conocidas fiestas.

El papel en este entramado tan sólo ha sido el de una persona que ha hecho un favor a otra y puso a un empresario en contacto con amigos suyos de Las Palmas de Gran Canaria y que nada de lo que está bajo sospecha puede relacionarse con su función militar.

El defensor de Navarro Tacoronte siguió el relato que éste hizo a primera hora de la mañana y redundó en que su misión era la de ejercer como un intermediario y cobraba por ello y en este caso consiguió que Batista cerrara un acuerdo con una empresa de alquiler de coches.

Otro tanto ocurrió con la inscripción gracias a sus labores de esta entidad en la Zona Especial Canaria (ZEC), lo que según el empresario en realidad nunca le trajo beneficio alguno sino pérdidas.

El hecho de que en sus teléfonos se encontraran miles de conversaciones, videos y documentos, lo atribuye a que carecía de contratos formales y por lo tanto esta era la única manera de que quedara constancia de su trabajo.

El abogado ha dicho que su representado no encaja ni en el lugar de un empresario ni en el de un funcionario por lo que no cabe condenarlo por presunto soborno.

Otra prueba de su inocencia sería que la declaración que hizo tras quedar en libertad en enero de 2023 no se corresponde a la forma de expresarse de Navarro Tacoronte de manera que se plantearía la sospecha de que fue inducida.

Llamó la atención sobre el hecho de que nunca ha sido sancionado por Hacienda por la forma que tenía de hacer los cobros.