La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a cuatro años y medio de prisión a un guardia civil por un delito de revelación de secretos tras acceder a datos sensibles de personas de su entorno, entre ellas dos exparejas y familiares, mediante sistemas de información utilizados por los agentes en el ejercicio de sus funciones.

El procesado deberá además indemnizar a ocho personas con cantidades que oscilan entre los 1.000 y los 2.000 euros, aunque una de ellas renunció a recibir compensación económica.

La sentencia, emitida hace dos semanas, no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

La Audiencia considera probado que el acusado disponía de acceso a varios sistemas de información con datos que afectan a la intimidad de las personas, entre ellos perfiles policiales, señalamientos, antecedentes penales, domicilios o documentación.

El agente habría consultado información relativa a antiguas parejas, sus nuevas relaciones y compañeros de trabajo, incluidos antecedentes penales, causas en las que habían estado involucrados y multas de tráfico.

El procesado estuvo destinado en los puestos de Tacoronte y Radazul y la investigación interna analizó las consultas que realizó durante varios años, hasta que en 2023 estuvo de baja por depresión.

La investigación sacó también a la luz que había consultado las fichas de una veintena de vehículos, lo que llevó a sospechar inicialmente de una posible actividad relacionada con la compraventa de coches debido al elevado número de registros, así como de cuestiones relacionadas con el narcotráfico, extremos que no llegaron a demostrarse.

Los informáticos de la Guardia Civil declararon durante el juicio que las alarmas saltaron al constatar “el elevado número de consultas recurrentes”, especialmente sobre personas del entorno del acusado.

A raíz de ello se llevó a cabo una auditoría interna en la que se revisaron las consultas realizadas durante el periodo investigado y uno de los técnicos que elaboró el informe descartó durante el juicio que el sistema pudiera haber cometido errores.

La defensa incidió en que algunas consultas se realizaron fuera del horario laboral del acusado y una vez finalizado su turno, aunque los mandos explicaron durante el juicio que en ocasiones los agentes permanecen en sus puestos para terminar diligencias.

Las consultas se centraron especialmente en su exesposa, quien lo había denunciado por malos tratos y que durante la vista mostró su sorpresa y malestar porque el acusado continuara vigilándola después de tantos años.

También consultó información sobre el padre, la hermana y la sobrina de su exesposa, con quienes mantenía malas relaciones, así como sobre otras antiguas parejas.

Una de ellas reconoció que en una ocasión le había pedido que comprobara si un coche que iba a comprar tenía alguna multa pendiente, aunque aseguró desconocer que realizar esa consulta fuera ilegal.

Según se expuso durante el juicio, sus relaciones sentimentales terminaron con denuncias por malos tratos y una de sus exparejas aseguró que tuvo que trasladarse a Lanzarote, donde reside actualmente.

Entre las personas cuyos datos fueron consultados figuran asimismo una hermana de una de sus parejas y el propietario de una vivienda que ésta tenía alquilada.

El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado anular la condena impuesta a finales de 2025 a una compañía propietaria de dos plataformas petrolíferas que la obligaba a pagar 2,8 millones de euros a una remolcadora que prestó sus servicios en el puerto de Granadilla en 2017 y 2018.

La entidad presentó un incidente de nulidad contra la última sentencia poniendo sobre la mesa otros pronunciamientos judiciales que consideran similares al suyo y que vendrían a ratificar su postura, lo que es descartado por el TS al no encontrar similitudes sino más bien imprecisiones en sus alegatos.

Sí le da razón a la propietaria de las plataformas en cuanto a que hubo un error material en las fechas en las que se prestó el servicio, que fue desde noviembre de 2017 a febrero de 2018 y no de esta última fecha hasta junio, como se mantenía hasta ahora, lo que no cambiaría el sentido de la sentencia.

La recurrente argumentó que el TS no debía haber variado los pronunciamientos que siempre habían sido a su favor hasta finales del pasado año, cuando se emitió un fallo basado en “apreciaciones fácticas que no se sustentan en los hechos probados”.

La empresa remolcadora reclamaba el abono de servicios que se consideran esenciales para garantizar la seguridad de estas grandes estructuras de más de cincuenta toneladas, cuyos propietarios se negaban a pagarlos alegando que las tarifas eran abusivas y resultado de una posición de dominio.

En primera instancia un Juzgado de lo mercantil de Santa Cruz de Tenerife dictó una sentencia en contra de los intereses de la remolcadora que fue confirmado por la Audiencia Provincial, donde se ratificó que el precio no estaba debidamente justificado en el pliego de condiciones del puerto.

Pero a continuación el TS, a finales del pasado año, anuló los pronunciamientos anteriores poniéndose del lado de la empresa remolcadora y consideró que los precios de la Autoridad Portuaria son de obligado cumplimiento, hasta que sean impugnados en la vía administrativa.

El último fallo del TS dividió las condenas en dos distintas de 1,4 millones cada una a otras tantas empresas del mismo grupo, más los intereses, lo que incrementará de forma notable la factura finales dado que este litigio se extiende ya desde finales de 2017 que fue cuando se prestó el servicio de remolque.

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha pedido una pena de nueve y seis años de prisión, respectivamente, para los dos acusados de agredir sexualmente a una menor de edad durante una fiesta privada en Tenerife.

El escrito señala que la víctima, menor de edad, acudió a una fiesta que se celebraba en una casa cueva en la isla. El inmueble era propiedad de uno de los acusados y a su vez progenitor de su amigo.

Después del día de fiesta, un grupo de los asistentes se dispuso a dormir, pero la víctima, según recoge el testimonio, no tenía suficiente espacio y se trasladó a otra habitación en la casa, donde permanecía uno de los acusados.

Según recoge la Fiscalía en su escrito, una vez allí, le propuso sentarse junto a él a beber. Más tarde, y con ánimo libidoso, la habría agredido sexualmente a pesar de su estado de somnolencia debido a la ingesta de alcohol.

Finalmente, la víctima consiguió salir de la habitación y se trasladó a otra de las habitaciones de la casa, a donde más tarde accedió el presunto segundo agresor, quien le pidió que le acompañara al baño, donde la agredió sexualmente.

A consecuencia de estos hechos, denunciados por la madre de la menor, la víctima sufriría hoy estrés postraumático, baja autoestima e inseguridad, así como síntomas de depresión y ansiedad, además de síntomas somáticos.

Para el primero de los acusados, la Fiscalía pide para él nueve años de prisión, más ocho años de libertad vigilada y una indeminzación de 18.000 euros por los daños morales causados. Para el segundo, pide seis años de prisión, cinco años de libertad vigilada y 10.000 euros de indeminización a la víctima.

El juicio tendrá lugar el próximo 15 de julio, a las 9.30 horas, en la Sección II de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

El acusado del crimen de Tabaiba, Antonio J. ha insistido este viernes en la sexta sesión del juicio en mantener su inocencia y ha dicho que fue llevado al apartamento de El Rosario donde tuvo lugar el crimen, en 2023, engañado por el considerado organizador de la trama, Toño, quien ese mismo día se quitó la vida.

Ha recordado que lo había conocido unos meses antes porque quería montar con él unas empresas y que también le pidió ayuda para cobrar dinero de deudas, tarea que había llevado a cabo varias veces pero sin recurrir nunca a la violencia.

En las fechas previas Toño insistía en que una persona había golpeado a un familiar suyo menor de edad y lo había dejado en silla de ruedas por lo que le había pedido que le ayudara a vengarse, a lo que él se mostró de acuerdo y por ello quedaron en traerlo a su casa en Güímar.

Pero aquel martes de Carnaval, según lo que ha apuntado durante el juicio, el objetivo era cobrar una cantidad en el apartamento de Toño en Tabaiba y para ello estuvieron hablando por el móvil durante todo el día y lo fue a buscar a su casa sobre las cinco de la tarde.

Durante su testimonio, Antonio J. ha intentado desmontar la versión ofrecida el día antes por el ya condenado en aspectos como que jamás usó guantes o que nunca habló de haber asesinado y descuartizado a otra persona y justificó que no acudiera a la policía porque eran carnavales y su abogada no lo pudo atender.

Fue rotundo al señalar que en ningún momento se planteó que iban a matar a nadie, que sólo se trataba de cobrar una deuda sin violencia como otras ocasiones y luego pensaban ver un partido de fútbol.

En el juicio celebrado hace un año por este asesinato, el acusado quedó absuelto pero luego el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anuló la sentencia al creer que no estaba suficientemente justificado el veredicto, de modo que se enfrenta a una petición de penas por parte de la Fiscalía de 25 años de cárcel y el pago de 150.000 euros.

En la sesión de hoy intervinieron los forenses, que dictaminaron que la muerte de la víctima se debió a siete fuertes golpes que recibió en la cabeza que causaron “un traumatismo severo”, de manera que la muerte no se hubiera podido evitar ni en un hospital.

Las heridas, añadieron, fueron causadas por un objeto duro y contundente compatible con una vara de hierro alargada o una patacabra, como se había planteado en sesiones anteriores. 

El juzgado de guardia en Arona ha acordado este jueves el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de uno de los tres detenidos por su supuesta relación con la muerte violenta de un turista inglés en Tenerife como presunto autor de un delito de homicidio.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), a esta persona se le atribuyen además los delitos de lesiones leves, en referencia a las sufridas por la mujer del fallecido, y un tercero de tentativa de robo con violencia.

Los otros dos detenidos han quedado en libertad provisional como presuntos autores de complicidad o cooperación necesaria en un delito de tentativa de robo con violencia, ha añadido el TSJC.

No obstante, se ha impuesto a uno de ellos la obligación de presentarse periódicamente en el juzgado.

La Policía Nacional detuvo el 23 de junio a tres personas relacionadas con el asalto a un matrimonio de turistas británicos en el sur de Tenerife, en el que el varón, de 88 años, acabó falleciendo dos días más tarde, según informaron a EFE fuentes de la Comisaría provincial.

Los hechos se produjeron en la tarde noche del miércoles de la pasada semana en la zona de Los Cristianos, cuando el matrimonio fue asaltado y el varón sufrió una caída, fruto del forcejeo, y se golpeó en la cabeza.

El personal sanitario que lo atendió lo encontró en parada cardiorrespiratoria, si bien lo pudo estabilizar y trasladar en ambulancia a un centro hospitalario, donde falleció dos días más tarde.

La investigación de estos hechos corre a cargo del grupo de la brigada de Policía Judicial del sur de Tenerife. 

La Audiencia provincial de Santa Cruz de Tenerife ha ratificado la pena impuesta a un médico del hospital de La Gomera acusado de homicidio por imprudencia grave a cumplir seis meses de cárcel e inhabilitación para ejercer durante otros 18 meses.

El facultativo llegó a un acuerdo con la familia por el que la aseguradora pagó 270.000 euros aunque ahora se anulan las atenuantes de reparación del daño y de dilaciones indebidas, en el primer caso porque el pago no lo hizo el médico y en el segundo porque no se aprecian especiales retrasos en el proceso.

Según la sentencia, la víctima era una mujer de 56 años que presentaba factores de riesgo coronario, obesidad, hipercoloesterol, era hipertensa y diabetes y en varias ocasiones había sido atendida por dolores torácicos, por lo que el hospital contaba con su historial médico desde 2004.

El 4 de febrero de 2018 la mujer tenía un dolor leve en el pecho que aumentaba al agacharse, que se agravó dos días después por lo que su hija decidió llevarla al Hospital donde ingresó sobre las 00:30 horas del 7 febrero de 2018, con fiebre, hipertensión y taquicardia.

La paciente fue admitida en urgencias y dada de alta apenas 12 minutos después por lo que estuvo menos de 3 minutos en enfermería, durante los cuales se preparó el protocolo y se concluyó que su dolencia no revestía gravedad.

Por ello, se la mandó al pasillo donde estuvo esperando para ser atendida hasta que lo hizo el médico durante otros nueve minutos, tiempo insuficiente para valorar esta dolencia, según el fallo.

En la sentencia se recoge que la mujer estaba muy cansada y cuando fue atendida por el procesado no se le realizó ni pautó prueba complementaria, ni analítica, ni un electrocardiograma, radiografías, ni se valoró sus antecedentes médicos.

El diagnóstico fue que sufría dolores de los huesos y músculos por lo que, se le inyectó un calmante, prescribió paracetamol, fue enviada a casa y se le recomendó que fuera tratada por su médico de cabecera y regresara a urgencias si empeoraba por lo que volvió a su domicilio, aun con dolores.

“La ausencia del mínimo cuidado y atención más elemental en la profesión por parte del médico de guardia acusado, impidió que la paciente pudiera ser reconocida y valorada por el especialista en cardiología” señala el fallo.

La mujer siguió sufriendo malestar general, fiebre, taquicardia, palidez y signos de congestión pulmonar, por lo que a las ocho de la mañana volvió al Hospital a donde llegó en ambulancia dado que había perdido la conciencia.

En ese momento el médico que la atendió diagnosticó un posible infarto agudo de miocardia y dado que el acusado seguía allí, al ver el resultado del electrocardiograma llegó a la misma conclusión que confirmó el cardiólogo.

Por ello, se decidió trasladarla en helicóptero al hospital de La Candelaria en Tenerife pero mientras esperaba se desaconsejó llevarla al helipuerto y fue sedada e intubada falleciendo pocas horas después.

Las sucesivas sentencias consideran que con un adecuado tratamiento la noche anterior habría muchas posibilidades de que sobreviviera por lo que el facultativo fue acusado de homicidio por imprudencia grave.

Finalmente, tras el acuerdo extrajudicial que consistió en el pago por parte de la compañía de seguros de 270.000 euros, los familiares desistieron de continuar con las acciones judiciales.

La Fiscalía mantuvo la acusación por lo que se impuso la mencionada condena que al ser recurrida ante la Audiencia ha tenido como resultado que se anulen los atenuantes sin que afecte a la duración de la pena de prisión e inhabilitación. EFE

Un hombre acusado de la muerte de otro en el barrio de San Matías, en Santa Cruz de Tenerife, ha aceptado una condena de diez años de prisión y a pagar 180.000 euros al hijo de la víctima.

La condena también incluye que el acusado no podrá comunicarse con la familia del fallecido durante 14 años ni acercarse a menos de 500 metros una vez que salga de prisión y se acepta la expulsión del territorio nacional cuando cumpla 7,5 años de la pena en España a condición de que no vuelva al país durante diez años.

Según la sentencia, el acusado de 38 años llevaba unos ocho meses viviendo en una casa abandonada cuando sobre las 20 horas del 27 de febrero de 2025, se encontró con la víctima de 30 años en la calle y empezó una discusión verbal hasta que el procesado utilizó un cuchillo de 21 centímetros de largo y 10 de ancho.

Con esta arma asestó una “sola, rápida y violenta cuchillada” en el cuello que produjo una herida mortal.

Tras ser detenido el acusado entró en prisión provisional el 30 de enero hasta que se emitió este fallo a puerta cerrada cuyo contenido ha sido dado a conocer ahora por lo que al aceptar el procesado la pena por conformidad se evitó la celebración de un juicio con jurado.

Pese a este episodio violento, el hombre sin recursos estaba plenamente integrado en el barrio y después de estar un tiempo durmiendo en un solar comenzó a ocupar una vivienda.

Los vecinos resaltaron su comportamiento tranquilo, algunos le daban ropa, comida, agua y permitían que cargara el teléfono y bañara en un recinto cercano y aseguran que tenían que ser ellos lo que se acercaran a su vivienda porque él era incapaz de ir a las suyas.

Sin embargo, un par de semanas antes del suceso el otro joven comenzó a quedarse también en el inmueble hasta que en un momento dado el procesado quiso echarlo, lo que dio lugar a esta disputa. 

El dueño de un negocio situado en la localidad de San Isidro, en el municipio tinerfeño de Granadilla de Abona, ha sido condenado por la Audiencia Provincial a tres años y dos meses de prisión y al pago de 43.600 euros por tres delitos de agresión sexual cometidos contra tres trabajadoras, dos de ellos de carácter continuado.

Por los hechos cometidos contra las dos primeras víctimas, el tribunal le ha impuesto un año y tres meses de cárcel por cada una, mientras que por la tercera agresión ha sido condenado a seis meses de prisión, además del abono de 25.000, 18.650 y 6.200 euros, respectivamente, en concepto de responsabilidad civil.

Según los hechos probados, el acusado reconoció que, desde finales de 2022 hasta noviembre de 2023, se aprovechó del miedo de una de las víctimas a perder su empleo y realizó tocamientos reiterados en el establecimiento, lo que derivó en que la mujer solicitara una baja laboral por ansiedad.

Posteriormente, llevó a cabo conductas similares con otra trabajadora, que también sufrió crisis de angustia, y más tarde actuó de la misma manera con una tercera empleada, que comenzó a evitar al acusado y fue despedida poco después.

Las dos primeras víctimas denunciaron los hechos ante la Guardia Civil el 30 de noviembre de 2023.

La Fiscalía solicitaba inicialmente que el procesado indemnizara a las víctimas con 40.000 euros (20.000 para la primera, 15.000 para la segunda y 5.000 para la tercera) y que se le impusieran las mismas penas de prisión que finalmente han sido ratificadas. Antes del juicio, el encausado consignó 50.000 euros en el juzgado.

Durante la vista oral, el empresario aceptó su responsabilidad penal.

El tribunal apreció la atenuante de dilaciones indebidas y le impuso la prohibición de aproximarse a las denunciantes a menos de 500 metros y de comunicarse con ellas durante tres años y medio, plazo que se eleva a cinco años y medio en el caso de la tercera víctima.

La sentencia establece además que el condenado no ingresará en prisión si no delinque durante los próximos cuatro años y cumple con el pago íntegro de la responsabilidad civil, inferior a la cantidad ya depositada en el juzgado.

El Tribunal Supremo ha reconocido por tercera vez en pocos meses el derecho de una madre soltera tinerfeña a disfrutar de diez semanas pagadas adicionales de permiso para el cuidado de sus dos hijos nacidos en 2022, además de las 16 que le correspondían legalmente en aquel momento.

El resultado del fallo judicial implica que la mujer dispondrá de un total de 26 semanas, de las que 16 son su permiso natural, más diez adicionales que hubiesen correspondido al otro progenitor.

El año pasado el Consejo de Ministros aprobó una nueva ampliación duplicando esta prestación hasta las 32 semanas, siempre y cuando los niños hubiesen nacido a partir del mes de agosto de 2024, por lo que estas madres quedaron excluidas de esta ampliación.

Los fallos determinan que otros progenitores en situaciones de monoparentalidad que antes de 2024 acudieron a los tribunales reclamando este derecho puedan ahora hacer uso del mismo pero sólo hasta 26 semanas no 32.

La nueva sentencia se fundamenta en el interés superior del menor y busca evitar la discriminación de los hijos de familias monoparentales al considerar el Supremo que si en una familia biparental el cuidado del hijo se reparte entre dos progenitores, en una monoparental el menor tiene derecho al mismo cuidado.

Tal y como ocurrió en los anteriores casos en primera instancia un Juzgado dio la razón a la madre pero luego la Seguridad Social recurrió el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que lo anuló.

A continuación la mujer recurrió al Supremo por medio de un recurso de unificación de doctrina y apeló a una resolución de los tribunales de Cataluña que se pronunciaba en otro sentido, tal y como ocurrió en los otros dos casos conocidos de la isla.

Durante esta tramitación judicial, el Tribunal Constitucional (TC) declaró que la prohibición de que las familias monoparentales disfruten de los mismos derechos que las restantes es inconstitucional al considerar que de lo contrario se estaría ante una discriminación. 

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife acusa a un hombre del presunto delito de tenencia de moneda falsa, por el que pide cuatro años de prisión, además de una multa equivalente al triple del dinero intervenido, que ascendía a 320 euros, por lo que la cantidad total sería de 960 euros.

En caso de que finalmente se considere que se trata de un delito leve por el mismo concepto, el Ministerio Público aceptaría el pago de una multa de 900 euros.

El acusado circulaba en su vehículo cuando fue sorprendido con una caja en el maletero en la que llevaba once billetes de 20 euros y diez de 10 euros, lo que sumaba la citada cantidad.

Tal y como se demostró posteriormente, la totalidad del dinero era inauténtica y de origen no identificado y la finalidad del encausado, según el Ministerio Fiscal, era su puesta en circulación.

El juicio tendrá lugar el próximo 9 de junio en la sede de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

En caso de celebrarse la vista, han sido citados a declarar los agentes de la Policía que actuaron en el momento de los hechos, así como peritos del Centro Nacional de Análisis de Falsificaciones (CNAF), que elaboraron un informe ratificando que los billetes eran falsos, además del propio acusado.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado que el accidente que sufrió un agente de la Policía Nacional el 13 de mayo de 2021, tras colisionar en coche con el tranvía cerca de la parada Cruz del Señor, en Santa Cruz, tiene carácter laboral, pues el funcionario se dirigía a su puesto de trabajo.

En consecuencia, el tribunal reconoce el derecho del policía a las correspondientes consecuencias económicas y administrativas derivadas de que el percance esté relacionado con su actividad profesional.

En un principio, la Jefatura de la División de Personal de la Dirección General de la Policía acordó que las lesiones sufridas no tenían la consideración de causadas en acto de servicio o con ocasión del mismo.

A raíz del choque, al agente se le diagnosticó una “contusión de hombro izquierdo con tendinitis postraumática y cervicalgia postraumática”, por lo que estuvo de baja médica desde el 13 de mayo de 2021 hasta el 28 de abril de 2022.

El accidente del efectivo, adscrito a la Unidad Central de Repatriaciones, tuvo lugar a las 15:15 horas, cuando se dirigía a cumplir su turno de tarde, que comenzaba a las 15:30, y conducía un vehículo alquilado con el que atravesaba el cruce de la avenida Islas Canarias con la avenida de Venezuela.

En ese momento, fue golpeado en el lateral izquierdo por un tranvía y arrastrado hasta impactar contra un poste, por lo que tuvo que ser asistido en el servicio de urgencias del hospital del seguro concertado para los agentes.

El policía recurrió a los tribunales para reclamar que se declarase que las lesiones sufridas se produjeron durante la prestación de sus servicios profesionales, en el trayecto al lugar de trabajo.

La controversia surgió porque la Administración está obligada a resarcir económicamente al funcionario que sufra daños en acto de servicio, siempre que no medien dolo, negligencia o impericia, y que las lesiones estén directamente relacionadas con las incidencias del trabajo y no se deban a una “pura circunstancia temporal”.

El expediente de averiguación de causas concluyó inicialmente que el incidente no se produjo en acto de servicio y que podría haberse evitado con una conducción “prudente y segura”, al atribuirlo a “falta de atención y exceso de confianza”.

El TSJM recuerda, sin embargo, que los accidentes son por su propia naturaleza imprevisibles y que, en este caso, el siniestro se produjo en “un punto crítico”, con antecedentes de percances similares, hasta el punto de que cinco días después se registró otro accidente en el que también se vio implicado el tranvía.

El reconocimiento de las pretensiones del agente es parcial, al no incluir una luxación diagnosticada en junio de 2021, que prolongó su baja hasta abril de 2022.

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de un condenado a 14 años de cárcel por abusar de dos nietas menores de edad, de los que 8 se corresponden a lo ocurrido con una y 4 a la otra y el pago de 45.000 y 15.000 euros, tal y como pedía la Fiscalía.

En su momento quedó absuelto de dos delitos continuados de exhibición de material pornográfico por el que la Fiscalía le pedía dos años de prisión al atribuirle que en varias ocasiones le exhibió a las niñas videos para adultos.

Al igual que ocurrió en las instancias judiciales anteriores, el Supremo da por probado que el abuelo paterno de ambas cuando tenía entre 66 y 75 años y las niñas desde los 6 hasta los 14 años, abusaba de ellas cuando se quedaba a su cuidado.

El procesado estaba al frente de una cantina situada en Santa Cruz de Tenerife y los fines de semana se hacía cargo de las niñas cuando los padres lo necesitaban.

El hombre, según la sentencia condenatoria, amenazaba a las menores que si contaban algo de lo que les hacía destruirían a la familia.

Ante el Supremo, el condenado alegó que las declaraciones de las víctimas carecían de persistencia dada la corta de edad que tenían y el largo espacio de tiempo transcurrido hasta que presentaron la denuncia y que no existieron síntomas externos ni indicios objetivos apreciables en su entorno.

También que las manifestaciones de los padres no son una prueba directa, sino relatos de referencia, que nadie vio lo ocurrido excepto una testigo, ajena a la familia, que aseguró haber presenciado algunos episodios pero que calló para evitar problemas y cuyo testimonio el acusado cuestiona.

Finalmente, indica que las pruebas periciales psicológicas no resultan concluyentes por cuanto se limitan a afirmar que existen secuelas compatibles con abusos sexuales, si bien, a su juicio, podrían derivar de otro trauma sufrido por las denunciantes.

La respuesta del Supremo es que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la Audiencia provincial ratificaron de forma “razonable y motivada” las pruebas presentadas “de acuerdo con las reglas de la lógica, la razón y las máximas de la experiencia. No se aprecian graves imprecisiones, fisuras, discordancias o quiebras en el relato de la denunciante”.

En cuanto a la credibilidad se indica que no son consideradas “faltas de persistencia el cambio de orden de las afirmaciones, ni sucesivas ampliaciones del relato cuando no se afecta la coherencia y la significación sustancial de lo narrado y evidencia una tendencia a la fabulación imaginativa”, señala el texto legal.

Las niñas debieron ser sometidas a tratamiento psicológico, tuvieron repercusiones físicas, alteraciones de carácter que se manifestaban en rebeldía y problemas para llevar a cabo relaciones con normalidad.

El Juzgado de lo Penal nº1 de Santa Cruz de Tenerife ha condenado por un delito de intrusismo profesional a una mujer que ejercía como podóloga en diversas farmacias de Tenerife sin poseer el título académico oficial habilitante ni estar, por tanto, colegiada en el Colegio Oficial de Podólogos de Canarias.

La sentencia, hecha pública por el Colegio Oficial de Podólogos de Santa Cruz de Tenerife, considera probado que la condenada realizó actos propios de la profesión podológica en distintos establecimientos de la isla, utilizando instrumental específico de podología como bisturís, micromotor e instrumental cortante y punzante, además de efectuar diagnósticos sobre patologías del pie, recomendaciones de plantillas y tratamientos a pacientes.

Entre los hechos acreditados por el juzgado figura la atención a pacientes en consultas instaladas en farmacias, donde llegó a medir el arco plantar, detectar alteraciones biomecánicas, recomendar tratamientos ortoprotésicos y tratar patologías como uñas encarnadas utilizando instrumental reservado a profesionales sanitarios titulados en podología. Además, emitía justificantes y facturas identificando los servicios prestados como “consulta de podología”.

La magistrada condena a la falsa podóloga a 20 meses de multa con una cuota diaria de 6 euros.

La resolución judicial también recoge que la condenada era plenamente consciente de que no podía ejercer como podóloga en España, ya que había sido requerida y apercibida previamente por el Colegio Oficial de Podólogos de Canarias desde el año 2018 por carecer de la titulación necesaria para desarrollar esta actividad profesional.

El procedimiento judicial se inició tras la querella presentada por el Colegio Oficial de Podólogos de Canarias en noviembre de 2021, después de recopilar pruebas documentales, grabaciones y testimonios que permitieron acreditar el ejercicio ilegal de la profesión sanitaria.

El Colegio Oficial de Podólogos de Canarias valora positivamente esta sentencia, que aún no es firme, porque refuerza la protección de los pacientes y la seguridad sanitaria, al reconocer la gravedad del ejercicio de profesiones sanitarias sin la formación, habilitación y colegiación obligatorias.

El Colegio recuerda que la podología es una profesión sanitaria regulada cuyo ejercicio requiere estar en posesión del título universitario oficial correspondiente y estar colegiado. El intrusismo profesional supone un riesgo para la salud de los pacientes, especialmente cuando se realizan diagnósticos, tratamientos o procedimientos invasivos sin la cualificación legalmente exigida, advierte.

El Colegio recuerda a la ciudadanía la importancia de comprobar siempre que los profesionales sanitarios están debidamente colegiados antes de someterse a cualquier tratamiento podológico.

A petición del Ayuntamiento de Santa Cruz, el Tribunal Supremo ha emitido un auto a por el que acepta estudiar qué tipos de planeamientos deben ser sometidos a la evaluación ambiental estratégica (EAE) al existir sentencias contradictorias. Uno de los fallos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dio la razón a la corporación local y otro al Gobierno de Canarias, lo que implicó la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU-5), por lo que ahora se quiere sentar jurisprudencia definitiva para estos casos.

El Ayuntamiento aprobó en enero de 2022 la ordenanza provisional para adaptar el régimen de usos del Plan, después de que en 2017 el TSJC emitiera el fallo que dio lugar a que, tal y como ocurre en la actualidad, el plan vigente sea el de 1992.

El Gobierno canario interpuso un recurso contra el acuerdo plenario de 2022 ante el TSJC, que lo estimó, ratificó la nulidad del PGO y fijó que la EAE debe tener carácter continuo para ver si, en un momento dado, determinado problema tiene efectos ambientales.

En todo caso, la exclusión de este mecanismo de control básico debe fijarla el órgano ambiental competente sin que sea la administración autora del plan la que pueda determinarla, lo que daría lugar a su anulación, como ocurrió con el PGO de Santa Cruz, según dictaminó el TSJC.

El Ayuntamiento de Santa Cruz interpuso un recurso de casación recordando las competencias que a las corporaciones locales les otorga la ley y la Constitución, y donde sostiene que la EAE no es un trámite preceptivo en cuestiones como la ordenanza municipal al no generar efectos significativos en el medio ambiente.

Para defender su punto de vista, cita fallos del Supremo y del Tribunal Constitucional (TC) y otro pronunciamiento como sentencia de contraste del TSJC, que desestimó el recurso del Gobierno canario por entender que no era preciso este requisito. 

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha absuelto al exalcalde de Buenavista del Norte Aurelio Abreu (PSOE) y al exsecretario de la corporación municipal, Francisco B., de los delitos de prevaricación y malversación por los que fueron acusados en relación con la prevista construcción de un centro para personas con discapacidad.

Según la sentencia, el proyecto contó con una subvención del Gobierno de Canarias de 160.000 euros sobre un presupuesto total de 270.000 euros, de los que 90.000 euros correspondían a la dirección de obra, adjudicada de forma directa pese a superar el límite legal de 12.000 euros establecido entonces para contratos menores.

La Audiencia considera probado que la contratación fue irregular conforme a la legislación vigente, pero entiende que no alcanza el grado de arbitrariedad e injusticia necesario para apreciar un delito penal, ni tampoco una apropiación indebida de fondos públicos.

El tribunal añade que no puede descartarse que la actuación tuviera carácter urgente y de interés social y subraya que no se ha acreditado que los acusados se lucraran personalmente.

Durante el juicio, la Fiscalía rebajó de ocho a cuatro años la petición de inhabilitación al apreciar dilaciones indebidas, ya que el procedimiento se inició en 2005 y el juicio se celebró a comienzos de este año.

La adjudicación se tramitó por la vía de urgencia en 2006 y se emitió una orden de pago al estudio del arquitecto Ramiro Cuende, quien años después fue concejal socialista en Santa Cruz de Tenerife.

Sin embargo, la obra nunca llegó a iniciarse porque, según explicó el propio arquitecto, el proyecto se perdió durante una mudanza de su estudio y no pudo recuperarse hasta 2012, gracias a la intervención de un informático. 

La titular del Juzgado número dos de La Orotava, en el norte de Tenerife, ha decretado este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido como presunto asesino de su expareja en Santa Úrsula, una mujer de 57 años que fue apuñalada el 6 de mayo, según información facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Tras prestar declaración ante la jueza, el detenido, que además está acusado de herir de gravedad a la madre de la víctima, ha ingresado en la cárcel por un presunto delito de asesinato, con la agravante de parentesco, de género y de aprovechamiento de circunstancias de tiempo y lugar.

También se le imputan delitos de asesinato en grado de tentativa y amenazas.

Como medida cautelar, la jueza ha dictado la prohibición de comunicación con la madre y con el hermano de la fallecida durante la tramitación del procedimiento.

La mujer fue asesinada dos semanas después de haberse separado de su expareja, quien fue detenido poco después de huir de la escena del crimen.

Los hechos tuvieron lugar tras una fuerte discusión en casa de los suegros del detenido, donde apuñaló a la víctima y a la madre de esta, que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. 

Más de un centenar de vecinos de Santa Úrsula participaron este jueves en un minuto de silencio para condenar el asesinato machista de la víctima y la agresión a la madre de esta.

Organizado en la fachada del Ayuntamiento, el alcalde de Santa Úrsula, Juan Manuel Acosta, ha estado acompañado del subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, Jesús Javier Plata, así como por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, entre ellos guardias civiles y policías locales, que han arropado a familiares de la mujer asesinada que se encontraban presentes.

La Audiencia Nacional (AN) ha emitido un auto por medio del cual descarta imponer las medidas cautelares urgentes que había solicitado el Cabildo de Tenerife para evitar el derribo del antiguo silo de grano en el puerto.

La AN opta por abrir una pieza separada para estudiar si es adecuado adoptar la solicitud del Cabildo, una vez que se escuche a la Autoridad Portuaria en el plazo de tres días, decisión ante la que no cabe la presentación de recurso alguno.

El Cabildo justificó la conservación del edificio en que fue construido en 1965, en el marco de la Red Nacional de Silos y Graneros, con la finalidad de hacer frente, tanto a situaciones de desabastecimiento, cómo para regular coyunturas de sobreproducción y de intervención en el mercado triguero.

“El silo del puerto de Santa Cruz de Tenerife -el único que queda en España- se erige cómo una de las mejores representaciones del patrimonio industrial inmueble de la isla, constituyendo un bien con valores sobresalientes y excepcionales en el contexto del Archipiélago canario”, señala.

No obstante, el consejo de administración de la Autoridad Portuaria acordó suspender la licitación del derribo en tanto se esclareciera la calificación del silo como BIC, un trámite que ya ha iniciado el Ministerio de Cultura.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha ratificado la pena de cuatro años y medio de cárcel y el pago de 134.600 euros a una agente inmobiliaria que se apropió del dinero por la expropiación de su vivienda por las obras del tranvía.

Esta persona estuvo sin hogar durante un tiempo hasta que la sociedad municipal de viviendas de La Laguna (Muvisa) le pagó una pensión y finalmente le entregó otros 127.300 euros para que comprara una casa, dada su situación de “especial vulnerabilidad”.

El 15 de septiembre de 2020, la acusada consiguió la representación de esta persona afectada por la expropiación de su vivienda en la que vivía con su madre, de la que era su tutor legal

La acusada estaba autorizada para gestionar todo lo relacionado con esta ocupación, búsqueda de otra casa habitable y negociar con Muvisa, entidad encargada de pagar la expropiación, según el acuerdo fijado con el Cabildo de Tenerife.

Por medio de esta autorización, la acusada recibió en la cuenta bancaria de la inmobiliaria de la que era titular un total de 155.500 euros como depósito para la adquisición de la nueva casa.

El dinero fue ingresado de forma paulatina en distintos conceptos, entre los años 2020 y 2023, cuando la madre ya había fallecido.

La procesada nunca adquirió la nueva casa y el hombre llegó a tener que vivir en la calle, ya que los fondos los dedicó la encausada a usos personales que no tenían nada que ver con la finalidad encomendada pese al precario estado de salud del vecino expropiado.

Ante el Tribunal Superior de Canarias, la procesada reconoció “de forma expresa” haber recibido el dinero de Muvisa pero alegó que nunca existió intención de causar daño ni de quedarse con el dinero sino que “confundió” los fondos con su patrimonio por sus problemas económicos y pensaba devolverlos.

El alto tribunal indica que la Audiencia demostró de forma efectiva en su fallo que se cumplen todos los requisitos del delito de apropiación indebida, por lo que también se le impuso una multa de 1.500 euros.

En un momento dado, otra persona se encargó de conseguirle una vivienda pero cuando se llevó a cabo el acto de firma en la notaría, la procesada no hizo acto de presencia para hacer efectivos los fondos que debía haber custodiado.

La excusa que ofreció es que no podía extender los cheques debido a que había sufrido diversos embargos de Hacienda, cuando en realidad este concepto apenas ascendía a 171 euros.

Muvisa llevó a cabo varios requerimientos por distintas vías que eran respondidos con excusas y dilaciones, alegando que estaba negociando préstamos para devolver lo apropiado.

La empresa pública realojó al hombre de forma temporal, primero pagando un alquiler y luego una pensión, al ser calificado su estado como propio de una persona “de calle o sin hogar”, hasta que finalmente aportó otros 127.300 euros en julio de 2023 y reclamó los 134.600 euros.

Durante el juicio, la procesada aseguró que había buscado una primera vivienda pero que cuando le iban a otorgar la escritura, el expropiado sufrió una indisposición, perdiéndose el depósito, y que también se frustró la compra de una segunda, de manera que cuando intentó hacer lo propio con la tercera ya se había gastado el dinero.

A partir de entonces, la procesada “divagaba y daba excusas” cuando se le requería que aportara el dinero y la entidad financiera confirmó a la Policía que no puede hacerlo porque la cuenta carece de fondos.

La trabajadora social dijo que llegó a hacerle hasta una veintena de llamadas que no contestaba hasta que por whatsapp le comunicó que estaba en La Laguna con un amigo que era trabajador de un banco y “de forma poco apropiada” le dijo que estaba embargada y que no pensaba ir a la cárcel.

Explicó que las casas buscadas o tenían un precio desorbitado o eran inhabitables, hasta que consiguió una cuando ya el conflicto había llegado a los tribunales.

La Policía pudo comprobar que efectivamente existieron tres embargos que apenas ascendían a 170 euros y el resto del dinero había sido apropiado por la agente inmobiliaria sin conocerse más detalles de su destino.

Durante el juicio, la mujer no contestó a las preguntas de la acusación particular y de la Fiscalía y sólo lo hizo a su propia abogada. 

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado la sentencia que absolvió a un vecino de Tenerife acusado de agresión sexual, desestimando los recursos presentados por el fiscal y la acusación particular.

Los hechos juzgados ocurrieron de la noche del 22 al 23 de febrero de 2023, cuando el procesado pernoctó junto con otras personas, entre las que se encontraba la víctima, de 15 años de edad, en un domicilio familiar.

Fue la madre de la menor quien denunció ante la Policía los hechos al día siguiente.

La sentencia que ahora confirma el TSJC, dictada el 15 de julio de 2025 por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, estableció que no quedó finalmente acreditado que el procesado, aprovechando que la menor dormía a su lado, se aproximase a ella e intensase agredirla sexualmente por medio de tocamientos.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a dos años de cárcel y el pago de 71.000 euros al exgerente de un restaurante de Arona, que se había apropiado de dicha cantidad por su acceso a la caja registradora, y además deberá abonar una multa de 1.600 euros.

La sentencia da por probado que entre el 6 de mayo de 2016 y el 29 de junio de 2018, mientras ejercía sus funciones de dirección y gerencia del establecimiento, utilizó sus facultades y conocimiento del programa informático para controlar la apertura y cierre de la caja registradora.

De esta manera podía modificar las ventas a los efectos de corregir cualquier incidencia de facturación que surgiera en la actividad hostelera del local.

“Durante todo el tiempo referido a sabiendas y de manera adecuada para inducir a equivocación en el resultado contable, con un propósito de enriquecimiento ilícito, de manera habitual y en una pluralidad de ocasiones reiteradas en el tiempo, modificaba las facturas del registro informático de las comandas que se servían en el restaurante”, afirma la sentencia.

El encausado suprimía pedidos para que no aparecieran en el registro informático y se quedaba con los importes abonados por los clientes, sin llegar a reembolsarlos en la caja registradora del negocio, indica el fallo, que ha sido recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

El acusado negó los hechos y dijo que si bien ejercía el cargo de maître y era quien más usaba la caja registradora, sus capacidades eran limitadas y entre ellas no estaba la de hacer anulaciones de facturas.

Añadió que, en la práctica diaria, ni él ni otros empleados utilizaban códigos personales para operar, restando relevancia al sistema de claves descrito por los denunciantes.

Un informe pericial indicó que en ese período las cancelaciones se incrementaron en un 59% y si se tiene en cuenta los días de vacaciones o de baja, globalmente la cifra se situaría en un 55%, pese a lo cual el perito no concretó la autoría de estas operaciones.

Tras ser descubierto en julio de 2018, el acusado pidió a su jefe directo que intercediera ante los dueños para que pudiera seguir trabajando, comprometiéndose a ir devolviendo el dinero poco a poco y justificó lo ocurrido porque era aficionado al juego.

El encausado limita las cantidades de las que se habría apropiado de forma irregular a unos 4.000 euros, que se corresponden a las invitaciones que hacía a determinados clientes.

Otro perito cuantificó que en 2016 se habrían sustraído casi 17.000 euros, en 2017 33.500 y el último año cerca de 21.000 euros y consideró significativo que estos hechos se incrementaran tras su contratación.