El Tribunal Supremo ha reconocido por tercera vez en pocos meses el derecho de una madre soltera tinerfeña a disfrutar de diez semanas pagadas adicionales de permiso para el cuidado de sus dos hijos nacidos en 2022, además de las 16 que le correspondían legalmente en aquel momento.

El resultado del fallo judicial implica que la mujer dispondrá de un total de 26 semanas, de las que 16 son su permiso natural, más diez adicionales que hubiesen correspondido al otro progenitor.

El año pasado el Consejo de Ministros aprobó una nueva ampliación duplicando esta prestación hasta las 32 semanas, siempre y cuando los niños hubiesen nacido a partir del mes de agosto de 2024, por lo que estas madres quedaron excluidas de esta ampliación.

Los fallos determinan que otros progenitores en situaciones de monoparentalidad que antes de 2024 acudieron a los tribunales reclamando este derecho puedan ahora hacer uso del mismo pero sólo hasta 26 semanas no 32.

La nueva sentencia se fundamenta en el interés superior del menor y busca evitar la discriminación de los hijos de familias monoparentales al considerar el Supremo que si en una familia biparental el cuidado del hijo se reparte entre dos progenitores, en una monoparental el menor tiene derecho al mismo cuidado.

Tal y como ocurrió en los anteriores casos en primera instancia un Juzgado dio la razón a la madre pero luego la Seguridad Social recurrió el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que lo anuló.

A continuación la mujer recurrió al Supremo por medio de un recurso de unificación de doctrina y apeló a una resolución de los tribunales de Cataluña que se pronunciaba en otro sentido, tal y como ocurrió en los otros dos casos conocidos de la isla.

Durante esta tramitación judicial, el Tribunal Constitucional (TC) declaró que la prohibición de que las familias monoparentales disfruten de los mismos derechos que las restantes es inconstitucional al considerar que de lo contrario se estaría ante una discriminación. 

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife acusa a un hombre del presunto delito de tenencia de moneda falsa, por el que pide cuatro años de prisión, además de una multa equivalente al triple del dinero intervenido, que ascendía a 320 euros, por lo que la cantidad total sería de 960 euros.

En caso de que finalmente se considere que se trata de un delito leve por el mismo concepto, el Ministerio Público aceptaría el pago de una multa de 900 euros.

El acusado circulaba en su vehículo cuando fue sorprendido con una caja en el maletero en la que llevaba once billetes de 20 euros y diez de 10 euros, lo que sumaba la citada cantidad.

Tal y como se demostró posteriormente, la totalidad del dinero era inauténtica y de origen no identificado y la finalidad del encausado, según el Ministerio Fiscal, era su puesta en circulación.

El juicio tendrá lugar el próximo 9 de junio en la sede de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

En caso de celebrarse la vista, han sido citados a declarar los agentes de la Policía que actuaron en el momento de los hechos, así como peritos del Centro Nacional de Análisis de Falsificaciones (CNAF), que elaboraron un informe ratificando que los billetes eran falsos, además del propio acusado.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado que el accidente que sufrió un agente de la Policía Nacional el 13 de mayo de 2021, tras colisionar en coche con el tranvía cerca de la parada Cruz del Señor, en Santa Cruz, tiene carácter laboral, pues el funcionario se dirigía a su puesto de trabajo.

En consecuencia, el tribunal reconoce el derecho del policía a las correspondientes consecuencias económicas y administrativas derivadas de que el percance esté relacionado con su actividad profesional.

En un principio, la Jefatura de la División de Personal de la Dirección General de la Policía acordó que las lesiones sufridas no tenían la consideración de causadas en acto de servicio o con ocasión del mismo.

A raíz del choque, al agente se le diagnosticó una “contusión de hombro izquierdo con tendinitis postraumática y cervicalgia postraumática”, por lo que estuvo de baja médica desde el 13 de mayo de 2021 hasta el 28 de abril de 2022.

El accidente del efectivo, adscrito a la Unidad Central de Repatriaciones, tuvo lugar a las 15:15 horas, cuando se dirigía a cumplir su turno de tarde, que comenzaba a las 15:30, y conducía un vehículo alquilado con el que atravesaba el cruce de la avenida Islas Canarias con la avenida de Venezuela.

En ese momento, fue golpeado en el lateral izquierdo por un tranvía y arrastrado hasta impactar contra un poste, por lo que tuvo que ser asistido en el servicio de urgencias del hospital del seguro concertado para los agentes.

El policía recurrió a los tribunales para reclamar que se declarase que las lesiones sufridas se produjeron durante la prestación de sus servicios profesionales, en el trayecto al lugar de trabajo.

La controversia surgió porque la Administración está obligada a resarcir económicamente al funcionario que sufra daños en acto de servicio, siempre que no medien dolo, negligencia o impericia, y que las lesiones estén directamente relacionadas con las incidencias del trabajo y no se deban a una “pura circunstancia temporal”.

El expediente de averiguación de causas concluyó inicialmente que el incidente no se produjo en acto de servicio y que podría haberse evitado con una conducción “prudente y segura”, al atribuirlo a “falta de atención y exceso de confianza”.

El TSJM recuerda, sin embargo, que los accidentes son por su propia naturaleza imprevisibles y que, en este caso, el siniestro se produjo en “un punto crítico”, con antecedentes de percances similares, hasta el punto de que cinco días después se registró otro accidente en el que también se vio implicado el tranvía.

El reconocimiento de las pretensiones del agente es parcial, al no incluir una luxación diagnosticada en junio de 2021, que prolongó su baja hasta abril de 2022.

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de un condenado a 14 años de cárcel por abusar de dos nietas menores de edad, de los que 8 se corresponden a lo ocurrido con una y 4 a la otra y el pago de 45.000 y 15.000 euros, tal y como pedía la Fiscalía.

En su momento quedó absuelto de dos delitos continuados de exhibición de material pornográfico por el que la Fiscalía le pedía dos años de prisión al atribuirle que en varias ocasiones le exhibió a las niñas videos para adultos.

Al igual que ocurrió en las instancias judiciales anteriores, el Supremo da por probado que el abuelo paterno de ambas cuando tenía entre 66 y 75 años y las niñas desde los 6 hasta los 14 años, abusaba de ellas cuando se quedaba a su cuidado.

El procesado estaba al frente de una cantina situada en Santa Cruz de Tenerife y los fines de semana se hacía cargo de las niñas cuando los padres lo necesitaban.

El hombre, según la sentencia condenatoria, amenazaba a las menores que si contaban algo de lo que les hacía destruirían a la familia.

Ante el Supremo, el condenado alegó que las declaraciones de las víctimas carecían de persistencia dada la corta de edad que tenían y el largo espacio de tiempo transcurrido hasta que presentaron la denuncia y que no existieron síntomas externos ni indicios objetivos apreciables en su entorno.

También que las manifestaciones de los padres no son una prueba directa, sino relatos de referencia, que nadie vio lo ocurrido excepto una testigo, ajena a la familia, que aseguró haber presenciado algunos episodios pero que calló para evitar problemas y cuyo testimonio el acusado cuestiona.

Finalmente, indica que las pruebas periciales psicológicas no resultan concluyentes por cuanto se limitan a afirmar que existen secuelas compatibles con abusos sexuales, si bien, a su juicio, podrían derivar de otro trauma sufrido por las denunciantes.

La respuesta del Supremo es que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la Audiencia provincial ratificaron de forma “razonable y motivada” las pruebas presentadas “de acuerdo con las reglas de la lógica, la razón y las máximas de la experiencia. No se aprecian graves imprecisiones, fisuras, discordancias o quiebras en el relato de la denunciante”.

En cuanto a la credibilidad se indica que no son consideradas “faltas de persistencia el cambio de orden de las afirmaciones, ni sucesivas ampliaciones del relato cuando no se afecta la coherencia y la significación sustancial de lo narrado y evidencia una tendencia a la fabulación imaginativa”, señala el texto legal.

Las niñas debieron ser sometidas a tratamiento psicológico, tuvieron repercusiones físicas, alteraciones de carácter que se manifestaban en rebeldía y problemas para llevar a cabo relaciones con normalidad.

El Juzgado de lo Penal nº1 de Santa Cruz de Tenerife ha condenado por un delito de intrusismo profesional a una mujer que ejercía como podóloga en diversas farmacias de Tenerife sin poseer el título académico oficial habilitante ni estar, por tanto, colegiada en el Colegio Oficial de Podólogos de Canarias.

La sentencia, hecha pública por el Colegio Oficial de Podólogos de Santa Cruz de Tenerife, considera probado que la condenada realizó actos propios de la profesión podológica en distintos establecimientos de la isla, utilizando instrumental específico de podología como bisturís, micromotor e instrumental cortante y punzante, además de efectuar diagnósticos sobre patologías del pie, recomendaciones de plantillas y tratamientos a pacientes.

Entre los hechos acreditados por el juzgado figura la atención a pacientes en consultas instaladas en farmacias, donde llegó a medir el arco plantar, detectar alteraciones biomecánicas, recomendar tratamientos ortoprotésicos y tratar patologías como uñas encarnadas utilizando instrumental reservado a profesionales sanitarios titulados en podología. Además, emitía justificantes y facturas identificando los servicios prestados como “consulta de podología”.

La magistrada condena a la falsa podóloga a 20 meses de multa con una cuota diaria de 6 euros.

La resolución judicial también recoge que la condenada era plenamente consciente de que no podía ejercer como podóloga en España, ya que había sido requerida y apercibida previamente por el Colegio Oficial de Podólogos de Canarias desde el año 2018 por carecer de la titulación necesaria para desarrollar esta actividad profesional.

El procedimiento judicial se inició tras la querella presentada por el Colegio Oficial de Podólogos de Canarias en noviembre de 2021, después de recopilar pruebas documentales, grabaciones y testimonios que permitieron acreditar el ejercicio ilegal de la profesión sanitaria.

El Colegio Oficial de Podólogos de Canarias valora positivamente esta sentencia, que aún no es firme, porque refuerza la protección de los pacientes y la seguridad sanitaria, al reconocer la gravedad del ejercicio de profesiones sanitarias sin la formación, habilitación y colegiación obligatorias.

El Colegio recuerda que la podología es una profesión sanitaria regulada cuyo ejercicio requiere estar en posesión del título universitario oficial correspondiente y estar colegiado. El intrusismo profesional supone un riesgo para la salud de los pacientes, especialmente cuando se realizan diagnósticos, tratamientos o procedimientos invasivos sin la cualificación legalmente exigida, advierte.

El Colegio recuerda a la ciudadanía la importancia de comprobar siempre que los profesionales sanitarios están debidamente colegiados antes de someterse a cualquier tratamiento podológico.

A petición del Ayuntamiento de Santa Cruz, el Tribunal Supremo ha emitido un auto a por el que acepta estudiar qué tipos de planeamientos deben ser sometidos a la evaluación ambiental estratégica (EAE) al existir sentencias contradictorias. Uno de los fallos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dio la razón a la corporación local y otro al Gobierno de Canarias, lo que implicó la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU-5), por lo que ahora se quiere sentar jurisprudencia definitiva para estos casos.

El Ayuntamiento aprobó en enero de 2022 la ordenanza provisional para adaptar el régimen de usos del Plan, después de que en 2017 el TSJC emitiera el fallo que dio lugar a que, tal y como ocurre en la actualidad, el plan vigente sea el de 1992.

El Gobierno canario interpuso un recurso contra el acuerdo plenario de 2022 ante el TSJC, que lo estimó, ratificó la nulidad del PGO y fijó que la EAE debe tener carácter continuo para ver si, en un momento dado, determinado problema tiene efectos ambientales.

En todo caso, la exclusión de este mecanismo de control básico debe fijarla el órgano ambiental competente sin que sea la administración autora del plan la que pueda determinarla, lo que daría lugar a su anulación, como ocurrió con el PGO de Santa Cruz, según dictaminó el TSJC.

El Ayuntamiento de Santa Cruz interpuso un recurso de casación recordando las competencias que a las corporaciones locales les otorga la ley y la Constitución, y donde sostiene que la EAE no es un trámite preceptivo en cuestiones como la ordenanza municipal al no generar efectos significativos en el medio ambiente.

Para defender su punto de vista, cita fallos del Supremo y del Tribunal Constitucional (TC) y otro pronunciamiento como sentencia de contraste del TSJC, que desestimó el recurso del Gobierno canario por entender que no era preciso este requisito. 

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha absuelto al exalcalde de Buenavista del Norte Aurelio Abreu (PSOE) y al exsecretario de la corporación municipal, Francisco B., de los delitos de prevaricación y malversación por los que fueron acusados en relación con la prevista construcción de un centro para personas con discapacidad.

Según la sentencia, el proyecto contó con una subvención del Gobierno de Canarias de 160.000 euros sobre un presupuesto total de 270.000 euros, de los que 90.000 euros correspondían a la dirección de obra, adjudicada de forma directa pese a superar el límite legal de 12.000 euros establecido entonces para contratos menores.

La Audiencia considera probado que la contratación fue irregular conforme a la legislación vigente, pero entiende que no alcanza el grado de arbitrariedad e injusticia necesario para apreciar un delito penal, ni tampoco una apropiación indebida de fondos públicos.

El tribunal añade que no puede descartarse que la actuación tuviera carácter urgente y de interés social y subraya que no se ha acreditado que los acusados se lucraran personalmente.

Durante el juicio, la Fiscalía rebajó de ocho a cuatro años la petición de inhabilitación al apreciar dilaciones indebidas, ya que el procedimiento se inició en 2005 y el juicio se celebró a comienzos de este año.

La adjudicación se tramitó por la vía de urgencia en 2006 y se emitió una orden de pago al estudio del arquitecto Ramiro Cuende, quien años después fue concejal socialista en Santa Cruz de Tenerife.

Sin embargo, la obra nunca llegó a iniciarse porque, según explicó el propio arquitecto, el proyecto se perdió durante una mudanza de su estudio y no pudo recuperarse hasta 2012, gracias a la intervención de un informático. 

La titular del Juzgado número dos de La Orotava, en el norte de Tenerife, ha decretado este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido como presunto asesino de su expareja en Santa Úrsula, una mujer de 57 años que fue apuñalada el 6 de mayo, según información facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Tras prestar declaración ante la jueza, el detenido, que además está acusado de herir de gravedad a la madre de la víctima, ha ingresado en la cárcel por un presunto delito de asesinato, con la agravante de parentesco, de género y de aprovechamiento de circunstancias de tiempo y lugar.

También se le imputan delitos de asesinato en grado de tentativa y amenazas.

Como medida cautelar, la jueza ha dictado la prohibición de comunicación con la madre y con el hermano de la fallecida durante la tramitación del procedimiento.

La mujer fue asesinada dos semanas después de haberse separado de su expareja, quien fue detenido poco después de huir de la escena del crimen.

Los hechos tuvieron lugar tras una fuerte discusión en casa de los suegros del detenido, donde apuñaló a la víctima y a la madre de esta, que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. 

Más de un centenar de vecinos de Santa Úrsula participaron este jueves en un minuto de silencio para condenar el asesinato machista de la víctima y la agresión a la madre de esta.

Organizado en la fachada del Ayuntamiento, el alcalde de Santa Úrsula, Juan Manuel Acosta, ha estado acompañado del subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, Jesús Javier Plata, así como por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, entre ellos guardias civiles y policías locales, que han arropado a familiares de la mujer asesinada que se encontraban presentes.

La Audiencia Nacional (AN) ha emitido un auto por medio del cual descarta imponer las medidas cautelares urgentes que había solicitado el Cabildo de Tenerife para evitar el derribo del antiguo silo de grano en el puerto.

La AN opta por abrir una pieza separada para estudiar si es adecuado adoptar la solicitud del Cabildo, una vez que se escuche a la Autoridad Portuaria en el plazo de tres días, decisión ante la que no cabe la presentación de recurso alguno.

El Cabildo justificó la conservación del edificio en que fue construido en 1965, en el marco de la Red Nacional de Silos y Graneros, con la finalidad de hacer frente, tanto a situaciones de desabastecimiento, cómo para regular coyunturas de sobreproducción y de intervención en el mercado triguero.

“El silo del puerto de Santa Cruz de Tenerife -el único que queda en España- se erige cómo una de las mejores representaciones del patrimonio industrial inmueble de la isla, constituyendo un bien con valores sobresalientes y excepcionales en el contexto del Archipiélago canario”, señala.

No obstante, el consejo de administración de la Autoridad Portuaria acordó suspender la licitación del derribo en tanto se esclareciera la calificación del silo como BIC, un trámite que ya ha iniciado el Ministerio de Cultura.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha ratificado la pena de cuatro años y medio de cárcel y el pago de 134.600 euros a una agente inmobiliaria que se apropió del dinero por la expropiación de su vivienda por las obras del tranvía.

Esta persona estuvo sin hogar durante un tiempo hasta que la sociedad municipal de viviendas de La Laguna (Muvisa) le pagó una pensión y finalmente le entregó otros 127.300 euros para que comprara una casa, dada su situación de “especial vulnerabilidad”.

El 15 de septiembre de 2020, la acusada consiguió la representación de esta persona afectada por la expropiación de su vivienda en la que vivía con su madre, de la que era su tutor legal

La acusada estaba autorizada para gestionar todo lo relacionado con esta ocupación, búsqueda de otra casa habitable y negociar con Muvisa, entidad encargada de pagar la expropiación, según el acuerdo fijado con el Cabildo de Tenerife.

Por medio de esta autorización, la acusada recibió en la cuenta bancaria de la inmobiliaria de la que era titular un total de 155.500 euros como depósito para la adquisición de la nueva casa.

El dinero fue ingresado de forma paulatina en distintos conceptos, entre los años 2020 y 2023, cuando la madre ya había fallecido.

La procesada nunca adquirió la nueva casa y el hombre llegó a tener que vivir en la calle, ya que los fondos los dedicó la encausada a usos personales que no tenían nada que ver con la finalidad encomendada pese al precario estado de salud del vecino expropiado.

Ante el Tribunal Superior de Canarias, la procesada reconoció “de forma expresa” haber recibido el dinero de Muvisa pero alegó que nunca existió intención de causar daño ni de quedarse con el dinero sino que “confundió” los fondos con su patrimonio por sus problemas económicos y pensaba devolverlos.

El alto tribunal indica que la Audiencia demostró de forma efectiva en su fallo que se cumplen todos los requisitos del delito de apropiación indebida, por lo que también se le impuso una multa de 1.500 euros.

En un momento dado, otra persona se encargó de conseguirle una vivienda pero cuando se llevó a cabo el acto de firma en la notaría, la procesada no hizo acto de presencia para hacer efectivos los fondos que debía haber custodiado.

La excusa que ofreció es que no podía extender los cheques debido a que había sufrido diversos embargos de Hacienda, cuando en realidad este concepto apenas ascendía a 171 euros.

Muvisa llevó a cabo varios requerimientos por distintas vías que eran respondidos con excusas y dilaciones, alegando que estaba negociando préstamos para devolver lo apropiado.

La empresa pública realojó al hombre de forma temporal, primero pagando un alquiler y luego una pensión, al ser calificado su estado como propio de una persona “de calle o sin hogar”, hasta que finalmente aportó otros 127.300 euros en julio de 2023 y reclamó los 134.600 euros.

Durante el juicio, la procesada aseguró que había buscado una primera vivienda pero que cuando le iban a otorgar la escritura, el expropiado sufrió una indisposición, perdiéndose el depósito, y que también se frustró la compra de una segunda, de manera que cuando intentó hacer lo propio con la tercera ya se había gastado el dinero.

A partir de entonces, la procesada “divagaba y daba excusas” cuando se le requería que aportara el dinero y la entidad financiera confirmó a la Policía que no puede hacerlo porque la cuenta carece de fondos.

La trabajadora social dijo que llegó a hacerle hasta una veintena de llamadas que no contestaba hasta que por whatsapp le comunicó que estaba en La Laguna con un amigo que era trabajador de un banco y “de forma poco apropiada” le dijo que estaba embargada y que no pensaba ir a la cárcel.

Explicó que las casas buscadas o tenían un precio desorbitado o eran inhabitables, hasta que consiguió una cuando ya el conflicto había llegado a los tribunales.

La Policía pudo comprobar que efectivamente existieron tres embargos que apenas ascendían a 170 euros y el resto del dinero había sido apropiado por la agente inmobiliaria sin conocerse más detalles de su destino.

Durante el juicio, la mujer no contestó a las preguntas de la acusación particular y de la Fiscalía y sólo lo hizo a su propia abogada. 

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado la sentencia que absolvió a un vecino de Tenerife acusado de agresión sexual, desestimando los recursos presentados por el fiscal y la acusación particular.

Los hechos juzgados ocurrieron de la noche del 22 al 23 de febrero de 2023, cuando el procesado pernoctó junto con otras personas, entre las que se encontraba la víctima, de 15 años de edad, en un domicilio familiar.

Fue la madre de la menor quien denunció ante la Policía los hechos al día siguiente.

La sentencia que ahora confirma el TSJC, dictada el 15 de julio de 2025 por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, estableció que no quedó finalmente acreditado que el procesado, aprovechando que la menor dormía a su lado, se aproximase a ella e intensase agredirla sexualmente por medio de tocamientos.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a dos años de cárcel y el pago de 71.000 euros al exgerente de un restaurante de Arona, que se había apropiado de dicha cantidad por su acceso a la caja registradora, y además deberá abonar una multa de 1.600 euros.

La sentencia da por probado que entre el 6 de mayo de 2016 y el 29 de junio de 2018, mientras ejercía sus funciones de dirección y gerencia del establecimiento, utilizó sus facultades y conocimiento del programa informático para controlar la apertura y cierre de la caja registradora.

De esta manera podía modificar las ventas a los efectos de corregir cualquier incidencia de facturación que surgiera en la actividad hostelera del local.

“Durante todo el tiempo referido a sabiendas y de manera adecuada para inducir a equivocación en el resultado contable, con un propósito de enriquecimiento ilícito, de manera habitual y en una pluralidad de ocasiones reiteradas en el tiempo, modificaba las facturas del registro informático de las comandas que se servían en el restaurante”, afirma la sentencia.

El encausado suprimía pedidos para que no aparecieran en el registro informático y se quedaba con los importes abonados por los clientes, sin llegar a reembolsarlos en la caja registradora del negocio, indica el fallo, que ha sido recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

El acusado negó los hechos y dijo que si bien ejercía el cargo de maître y era quien más usaba la caja registradora, sus capacidades eran limitadas y entre ellas no estaba la de hacer anulaciones de facturas.

Añadió que, en la práctica diaria, ni él ni otros empleados utilizaban códigos personales para operar, restando relevancia al sistema de claves descrito por los denunciantes.

Un informe pericial indicó que en ese período las cancelaciones se incrementaron en un 59% y si se tiene en cuenta los días de vacaciones o de baja, globalmente la cifra se situaría en un 55%, pese a lo cual el perito no concretó la autoría de estas operaciones.

Tras ser descubierto en julio de 2018, el acusado pidió a su jefe directo que intercediera ante los dueños para que pudiera seguir trabajando, comprometiéndose a ir devolviendo el dinero poco a poco y justificó lo ocurrido porque era aficionado al juego.

El encausado limita las cantidades de las que se habría apropiado de forma irregular a unos 4.000 euros, que se corresponden a las invitaciones que hacía a determinados clientes.

Otro perito cuantificó que en 2016 se habrían sustraído casi 17.000 euros, en 2017 33.500 y el último año cerca de 21.000 euros y consideró significativo que estos hechos se incrementaran tras su contratación.

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife pide una pena de diez años de cárcel para un taxista por agredir sexualmente a una turista, de nacionalidad alemana, en Tenerife.

El escrito de acusación, recogido por Europa Press, señala que la mujer cogió el taxi a las afueras de una discoteca con el fin de regresar a su domicilio, donde estaba pasando unos días de vacaciones con sus padres.

El acusado, que cuenta con antecedentes por violencia de género aunque no computables en la causa, arrancó el vehículo y durante el trayecto le dijo frases, con ánimo libidinoso, como “estás dulce”.

Así, antes de llegar al domicilio, condujo hacia un lugar apartado, aparcó el vehículo y comenzó, sin su consentimiento, a realizarle tocamientos a la mujer mediante palabras y gestos.

Ante esa negativa, se bajó del vehículo y fue hacia la parte derecha del taxi donde se hallaba la mujer en el asiento del copiloto hasta que la tumbó en los dos asientos delanteros y la agredió sexualmente.

La mujer no reaccionó por temor ya que el hombre amenzaba con agredirla físicamente con el puño.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual y solicita también la prohibición de acercarse a la mujer a una distancia inferior a 300 metros o a comunicarse con ella por cualquier medio durante 15 años, diez años de libertad vigilada y una indemnización de 25.000 euros por daños morales.

El juicio arranca el próximo lunes a las 09.30 horas en la Audiencia Provincial.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha impuesto penas de entre tres años y medio y seis años y tres meses de prisión a cuatro de los cinco acusados por robos continuados en casas habitadas, mientras que ha absuelto al quinto procesado.

Dos de los encausados han sido condenados a seis años y tres meses de cárcel; otro ha recibido una pena de cinco años, y un cuarto, tres años y seis meses, al apreciarse en este último caso la atenuante de drogadicción.

La sentencia establece además que los condenados deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria a quince víctimas por los efectos sustraídos y los desperfectos ocasionados, en una cuantía que se fijará en la fase de ejecución de sentencia, por robos cometidos entre finales de 2022 y abril de 2024.

El fallo ordena también la devolución de objetos personales a una de las víctimas y a su hija, recuperados durante el registro del domicilio en el que residía el acusado absuelto, así como de otros bienes incautados a la madre de uno de los condenados.

Al principal encausado, condenado a seis años y tres meses de prisión, se le atribuyen doce delitos; al segundo, con la misma pena, ocho; al condenado a tres años y medio, un solo robo, con la aplicación de la atenuante de drogadicción, y al cuarto procesado se le imponen cinco años de cárcel por otros cinco delitos.

En la actualidad, dos de los condenados se encuentran en prisión preventiva, prorrogada hasta abril de 2028, mientras que otros dos estaban en libertad cuando se celebró el juicio, tras las entradas y registros practicados en abril de 2024 en los domicilios de los acusados.

La Sala considera acreditados una decena de robos, cometidos de forma conjunta o individual, en viviendas de Icod de los Vinos, La Orotava y Arico, así como en un vehículo estacionado en El Médano.

Los delitos supusieron la sustracción de hasta 15.000 euros en efectivo, joyas de oro, 500 euros en otra vivienda, 2.700 euros y cubertería en un tercer inmueble, además de dinero y unas gafas tras romper el cristal de un coche.

La repetición del juicio por el denominado crimen de Tabaiba, en el que fue declarado no culpable Antonio J., comenzará el próximo 19 de junio con un tribunal del jurado y un magistrado presidente distintos a los de la vista anterior.

El caso se refiere al asesinato de Rubén, ocurrido el 21 de febrero de 2023 en un apartamento de Tabaiba (Tenerife), y al posterior suicidio de Toño, propietario de la vivienda y considerado autor intelectual del crimen debido a las deudas por drogas que la víctima mantenía con él.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado parcialmente la sentencia dictada tras el primer juicio y ha ordenado la repetición de la vista únicamente en lo relativo a la absolución de Antonio J., tras estimar los recursos presentados por la Fiscalía, la acusación particular y la defensa del otro acusado, José J.

El TSJC considera correcta la condena impuesta a José J., pero aprecia deficiencias en la motivación del veredicto absolutorio, al entender que se apoya “en premisas erróneas, con claro apartamiento de las máximas de experiencia y de la lógica valoración de la prueba”.

Según el alto tribunal canario, la sentencia contiene una motivación “solo aparente, insuficiente e irracional”, con “errores patentes” y un “vacío motivador” que vulnera el derecho a una resolución fundada y motivada.

En el primer juicio, el jurado absolvió a Antonio J. al considerar que su declaración introducía “dudas razonables” que permitían una explicación alternativa de los hechos.

Sobre la base de ese veredicto, la Audiencia Provincial condenó a José J. a 24 años de prisión y al pago de 153.500 euros de indemnización al padre de la víctima.

No obstante, el TSJC entiende que no existe una versión alternativa sólida de los hechos y que la absolución se basa en “opiniones, no en pruebas”, por lo que ordena celebrar un nuevo juicio con un jurado y un magistrado diferentes.

Entre otros aspectos, el tribunal rechaza que no pueda vincularse al absuelto con los mensajes de WhatsApp hallados en su teléfono, ni que el hecho de no portar un arma o no ocultar su identidad excluya su participación en el crimen.

También descarta que Toño tendiera una supuesta trampa a Antonio J., al considerar ilógico que el presunto planificador del asesinato llevara al lugar del crimen a una tercera persona ajena a los hechos.

La Fiscalía de Menores de Santa Cruz de Tenerife ha abierto diligencias por la agresión a un menor con discapacidad en el barrio de San Isidro, en el municipio de Granadilla, y que se ha viralizado a través de las redes sociales, confirman fuentes de la institución a Europa Press.

Los hechos han sido denunciados por la madre del menor en Televisión Canaria, quien ha comentado que su hijo no había comentado nada de la agresión --presuntamente a cargo de otros cuatro menores-- y que se enteró por parte de otra madre.

Así, ha relatado que el menor se encuentra bajo tratamiento psicológico y que incluso ha solicitado la baja laboral para hacerse cargo de los cuidados de su hijo.

Según se observa en las imágenes, mientras un menor graba la agresión para difundirla en internet, hasta otros tres le daban golpes.

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias no ha activado el protocolo contra el acoso escolar porque los menores no forman parte del mismo centro educativo.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJC ha confirmado la condena a nueve años de prision por tentativa de asesinato impuesta a dos hermanos por un ataque cometido contra su vecino en el municipio de Santa Úrsula (Santa Cruz de Tenerife) el 7 de octubre de 2023.

La resolución desestima íntegramente el recurso de las defensas y ratifica las penas acordadas por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, al entender que la sentencia recurrida “ha examinado y valorado hasta el mínimo detalle las pruebas de cargo y de descargo practicadas” y que no existe lesión del derecho a la presunción de inocencia.

Según declara probado la Sala, los dos procesados, hermanos y vecinos de la víctima, se concertaron para acabar con su vida y acudieron a su domicilio portando uno de ellos un hacha y el otro, un cuchillo. Tras llamarle a la puerta, cuando el perjudicado salió, fue atacado de forma repentina con golpes dirigidos a la cabeza y al cuello. La víctima logró refugiarse en su vivienda “con suma dificultad” y cerrar la puerta, lo que impidió que los acusados completaran el propósito homicida.

El tribunal subraya que la agresión no fue un episodio aislado ni una simple riña, sino una acción planificada y ejecutada con medios idóneos para causar la muerte. En la resolución se afirma que los procesados actuaron “con la clara intención de acabar con la vida de la víctima” o, al menos, se representaron “la alta probabilidad de que se produjera su muerte”, de modo que la conducta encaja en una tentativa acabada de asesinato.

La Sala también destaca la concurrencia de alevosía, al aprovecharse los acusados de la indefensión de la víctima, sorprendida en la puerta de su casa y atacada sin posibilidad real de defensa. La Sala descarta la existencia de eximentes o atenuantes como la embriaguez o el arrebato. En relación con el consumo de alcohol, el tribunal señala que “solo consta que había bebido” y que no se practicó prueba alguna que acreditara una afectación relevante de sus facultades intelectivas o volitivas. Tampoco aprecia una reacción súbita o pasional que permita hablar de arrebato, porque no hubo un desencadenante inmediato que justificara una respuesta de ese tipo, sino una agresión organizada y precedida por la propia iniciativa de los acusados.

En el plano de la individualización de la pena, la resolución mantiene los nueve años de prisión para cada uno de los condenados, al considerar proporcionada la respuesta penal dentro del marco de la tentativa del delito de asesinato.

Además, confirma las penas accesorias de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, la prohibición de residir o acudir al municipio de Santa Úrsula, la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 500 metros y de comunicarse con ella por cualquier medio durante un periodo superior en cinco años a la pena de prisión.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha desestimado íntegramente el recurso de apelación presentado por el promotor del restaurante El Bolullo, situado junto a la playa del mismo nombre, en el municipio de La Orotava (norte de Tenerife). Así, se confirma la sentencia que le condena como autor de un delito contra la ordenación del territorio en el espacio natural protegido de El Rincón.

Este mismo restaurate se vio obligado por ley a reducir hasta en dos ocasiones el aparcamiento ilegal que había proporcionado en la zona para acoger clientes, motivo por el que, además, fue sancionado por el Ayuntamiento.

La resolución judicial, hecha pública este jueves por la Coordinadora El Rincón-Ecologistas en Acción y fechada el 6 de abril de 2026, ratifica la pena impuesta en primera instancia de un año y seis meses de prisión, multa de 12 meses a razón de 20 euros diarios, inhabilitación especial para profesión u oficio relacionado con la construcción hostelera por un año y la obligación de restaurar el equilibrio ecológico perturbado.

Ello implicará la demolición de las construcciones ilegales, que incluyen dos terrazas pavimentadas de 15x40 metros, una estructura acristalada de 10x15 metros, un kiosco-barra de 4x4 metros y una caseta para montacargas o güinche de la playa, además de pagar las costas del procedimiento judicial, señala la organización ecologista.

Los hechos declarados probados señalan que, entre enero de 2018 y marzo de 2021, el acusado ejecutó estas obras en zona de servidumbre de protección del Dominio Público Marítimo-Terrestre y sobre suelo rústico de litoral y costero, sin contar con licencia urbanística ni con la preceptiva autorización de la Viceconsejería de Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, vulnerando la Ley de Costas (Ley 22/1988) y el Plan Especial de El Rincón.

La Audiencia Provincial ha rechazado todos los motivos de impugnación planteados por la defensa, incluidas las alegaciones sobre indefensión, error en la valoración de la prueba, vulneración de la presunción de inocencia y error de prohibición.

El tribunal subraya también que el promotor actuó con pleno conocimiento de la ilegalidad, pues existían numerosos informes técnicos municipales y autonómicos que advertían de que las construcciones no eran autorizables al hallarse en una zona de servidumbre de protección de costas y sobre una edificación previamente declarada ilegal.

La coordinadora advierte, no obstante, de que el promotor continúa desarrollando actividades ilegales y ha podido comprobar que se sigue explotando una vivienda vacacional en el lugar, perfectamente identificable en portales de alquiler turístico, una actividad prohibida en estos suelos rústicos protegidos.

Igualmente, apunta que “sigue bajo sospecha” el chiringuito de la playa, cuya reforma y ampliación fueron denunciadas desde un primer momento ya que se modificó la estructura ampliando su volumen y se cambió la actividad original para convertirlo en un restaurante, todo ello ejecutado en zona de tránsito y servidumbre del dominio público marítimo-terrestre.

La licencia nunca debió ser concedida

Si bien el Ayuntamiento de La Orotava le concedió licencia para estas obras, agrega la coordinadora, en el expediente y en el procedimiento judicial quedó expuesto “de manera clara y manifiesta” que dichas actuaciones fueron contrarias a lo dispuesto en la Ley de Costas y que esa licencia “nunca” debió ser otorgada.

Por ello, se solicitará su revisión y nulidad por la vía contencioso-administrativa.

La sentencia destaca que “el encausado ejecutó obras una y otra vez sin solicitar las preceptivas autorizaciones administrativas, instando posteriormente expedientes para promover la supuesta legalización de lo ya ejecutado”, y concluye que “cualquier persona es necesariamente conocedora de la necesidad de obtener autorizaciones para construir en zona de protección de costas”, por lo que no cabe alegar desconocimiento de la ilegalidad.

Contra esta resolución aún cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, si bien la ratificación de la condena supone un “respaldo judicial contundente” a la legalidad urbanística y ambiental de El Rincón, un espacio protegido por la Ley 5/1992, que lo declaró de interés autonómico por su valor paisajístico, señala la coordinadora, que ejerció la acusación popular.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado la razón al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en su recurso contra la compañía Cepsa, propietaria de la antigua Refinería, a la que ha obligado a pagar 406.500 euros por el servicio de recogida de basura durante el año 2014.

En primera instancia un juzgado estimó el recurso de Cepsa, que actualmente se denomina Moeve, y consideró que no estaba obligada a pagar la tasa dado que en ese ejercicio los alrededores de las instalaciones carecían de contenedores de basura, por lo que el servicio lo tenía que prestar la propia empresa.

El fallo se basaba en actas notariales en las que se acreditaba que el servicio nunca se prestó de forma “real y efectiva”, pero el Ayuntamiento mantuvo que las actas se correspondían a ejercicios posteriores y a momentos puntuales.

La corporación local sostuvo que en las cercanías de este recinto desde 2007 sí existían contenedores e incluso uno estaba situado en el interior de la refinería, que eran utilizados cada día tal y como confirman informes técnicos de 2023 y actas notariales emitidas desde 2018 a 2023.

Los documentos de Cepsa iban en sentido contrario y demostrarían que se vio obligada a asumir este servicio, que el Ayuntamiento incumplió su compromiso de 2013 de instalar 6 recipientes y que los informes municipales se refieren al periodo 2019 a 2021, por lo que no serían considerados “relevantes”.

El TSJC sentencia que lo decisivo en esta cuestión es determinar que el servicio estaba establecido en la zona de influencia de las instalaciones, al margen de que la industria se aprovechara o no del mismo, y cree errónea la conclusión que va en sentido contrario de la sentencia inicial.

Inicialmente se dio la razón a las actas notariales aportadas por Cepsa, en las que se indica que ningún contenedor se encuentra en el perímetro de la Refinería pero sí en la puerta donde se realizaba el vertido.

Sin embargo, el Ayuntamiento presentó un documento en el que se refleja que a la entidad le fue revocada la autorización de autotraslado de residuos en 2012, sin que luego se volviera a conceder y alude a la colocación de contenedores según propuesta de la empresa en 2007.

En concreto, se considera que el punto más adecuado era la puerta donde irían 6 contenedores de 3.200 litros cada uno, lo que determinó el informe del Tribunal Económico Administrativo Municipal (TEAM) que obliga a pagar esta tasa, aunque ahora es posible recurrir ante el Tribunal Supremo (TS).

La causa por los vertidos de aguas fecales en Playa Jardín, Tenerife, se ha archivado para dos de los cinco cargos públicos que estaban siendo investigados. Un auto emitido el 12 de marzo decretó el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones respecto al edil y teniente de alcalde David Hernández y al concejal de Empleo, Alberto Cabo. Ambos del partido Asamblea Ciudadana Portuense (ACP).

El archivo se ha decretado después de que durante la investigación no se hayan derivado indicios contra ellos por no tener competencias de saneamiento en sus áreas, han explicado desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). De este modo, el procedimiento se mantiene contra los otros tres investigados: Blanca Pérez (CC), consejera del Medio Natural del Cabildo de Tenerife y vicepresidenta del Consejo Insular de Aguas (CIAT); Marco Antonio González (PSOE), exalcalde de Puerto de la Cruz; y Javier Davara, gerente del CIAT.

La investigación ha recalado en la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Puerto de la Cruz y comenzó a raíz de una denuncia interpuesta por la Fiscalía de Medio Ambiente de Santa Cruz de Tenerife, después de que el baño en Playa Jardín estuviera desaconsejado durante casi un año por los altos índices de bacterias fecales detectados en el agua. 

''Nosotros siempre supimos que no teníamos competencias en materia de saneamiento ni capacidad de decisión sobre este asunto, y así ha quedado acreditado tras la investigación'', han señalado los concejales en un comunicado.

E.coli y Enterococos

El 21 de junio de 2024, Salud Pública emitió un informe que advertía de la presencia de altos valores de E.coli y Enterococos en el agua de Playa Jardín y recomendaba abstenerse al baño. Fue el 3 de julio de ese mismo año cuando el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz desaconsejó el baño en este tramo de costa, una medida que se mantuvo hasta junio de 2025.

Durante este periodo, las analíticas arrojaban valores de hasta 1.000 unidades bacterianas de E.coli por cada mililitro de muestra, muy por encima de las 250 necesarias para que la calidad del agua se considere ''excelente'' y de las 500 exigidas para que se califique como ''suficiente o buena''. Este dato se desprende de los resultados de las muestras tomadas el 23 de septiembre en los tres puntos establecidos por Salud Pública.

La denuncia de la Fiscalía, a la que tuvo acceso esta redacción, advertía de que la exposición de la población a altos niveles de contaminación fecal aumenta el riesgo de padecer enfermedades transmitidas por las aguas de baño, como patologías respiratorias, diarreas, vómitos o meningitis.