El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha ratificado la suspensión cautelar de la licencia de demolición de cinco edificaciones en el Paseo de la Barquera de la localidad de San Vicente de la Barquera, resolución del Ayuntamiento vinculada al estudio de detalle de los terrenos del antiguo Hotel Miramar.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC ha desestimado los recursos del Consistorio y de la mercantil promotora contra el auto dictado en noviembre de 2025 por el entonces Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santander, que ya suspendió cautelarmente la ejecutividad de la resolución municipal de septiembre de ese año que concedía la licencia de obras de demolición, y que han sido ejecutadas antes de la ratificación judicial.

Los magistrados del alto tribunal cántabro avalan la decisión del juez y la ponderación realizada en primera instancia, y subrayan así que la demolición podía impedir el control posterior de legalidad al desaparecer el elemento físico sobre el que debía recaer el examen judicial.

“La demolición en sí misma, con independencia de sus consecuencias para personas concretas, impediría el control de la legalidad de la licencia, pues desaparecía el elemento físico y, con él, la posibilidad de verificar (con pruebas periciales, por ejemplo) algunos de los factores que pueden determinar -o no- la conformidad a Derecho de la licencia de demolición”, argumentan en la sentencia, consultada por Europa Press, en la que dan especial valor al perjuicio asociado a la pérdida de uso y a la eventual afectación de derechos de terceros, mientras consideran que el daño invocado por la promotora era reparable económicamente.

Además, la Sala no considera el interés público en la prontitud de la demolición que trae a colación la administración demandada e impone las costas a las partes apelantes. El fallo, dictado el pasado 26 de junio y difundido este viernes, no es firme, ya que contra el mismo cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La parte vecinal que ha promovido este pleito lamenta que la demolición ya se había ejecutado antes del pronunciamiento judicial definitivo, lo que a sus ojos constituye “un precedente preocupante” basado en la máxima de que “primero se derriba, después se litiga”.

En un comunicado, han lamentado la “secuencia” de hechos orientados a “consolidar una situación irreversible antes de que la justicia pudiera pronunciarse en firme”. Y han indicado que la actuación no se ha limitado al derribo de las edificaciones en cuestión, pues durante la ejecución de los trabajos “se habrían realizado obras de urbanización y dotación de servicios en parcelas para las que no existía cobertura en la licencia de demolición”.

Se trata de unos hechos “gravísimos” que, aseguran, han sido denunciados ante el Ayuntamiento, así como tala de árboles -acebos, avellanos, acacias, naranjos, arces y encinas- sin licencia, en una zona de especial protección ambiental dentro del Parque Natural de Oyambre y en un área de anidación y migración de aves junto a la ría de San Vicente. “El caso no solo afecta a una operación urbanística concreta, sino a la credibilidad de la tutela cautelar y al respeto a la legalidad en un entorno de alto valor paisajístico y ecológico”, concluyen.

Comisiones Obreras ha cuestionado la creación de la Agencia de Seguridad y Emergencias mientras el servicio actual “continúa inmerso en el colapso organizativo”.

Así lo ha definido la Sección Sindical de CCOO en el Cuerpo Técnico Auxiliar de Prevención, Extinción y Salvamento del Gobierno de Cantabria en un comunicado, en el que ha opinado que el Ejecutivo “pretende crear una estructura administrativa más compleja sin haber sido capaz de resolver los problemas de personal, gestión e inversiones que arrastra el actual Servicio de Emergencias”.

Mientras la Consejería de Presidencia presenta este proyecto como una reforma destinada a modernizar y mejorar la gestión de emergencias en la comunidad, desde CCOO consideran “imprescindible” analizar previamente la realidad actual, “que continúa deteriorándose tras tres años de legislatura, con graves deficiencias de gestión que afectan directamente tanto a los profesionales como a la calidad del servicio”, ha afirmado.

Manuel Herrero, funcionario del cuerpo de bomberos y portavoz de CCOO en este servicio, ha denunciado que el funcionamiento ordinario del servicio “depende, en gran medida, del esfuerzo extraordinario realizado por su plantilla, que soporta una jornada anual superior en aproximadamente 120 horas respecto al resto de empleados públicos en el mismo régimen de dedicación”.

En este sentido, Herrero ha apuntado que “lejos de corregirse esta situación”, el déficit estructural de personal obliga a recurrir de forma permanente a la realización de horas extraordinarias para garantizar la prestación del servicio. En cifras, ha asegurado que durante el primer semestre del año la plantilla ha realizado más de 14.000 horas extra, “reflejando un modelo organizativo basado en el sobreesfuerzo continuo de los trabajadores y no en una adecuada planificación de los recursos humanos”.

Al hilo, el sindicato ha destacado “la incapacidad preocupante” para ejecutar las inversiones durante esta legislatura en la que, a pesar de disponer de financiación específica para mejorar estos servicios, procedente de fondos que aporta UNESPA -el sector asegurador- y “no del dinero del Gobierno de Cantabria”, se ha ejecutado “menos del 20% de inversiones previstas para la legislatura”, según el sindicato, que ha lamentado que este hecho repercute directamente en la seguridad de los profesionales y en la capacidad operativa, “con infraestructuras deficientes, vehículos envejecidos y más riesgos en cada intervención”.

Por todo ello, Herrero ha reivindicado que la prioridad debe ser “gestionar mejor, no crear una administración más compleja” y ha cuestionado que se aborde un cambio de estructura administrativa “sin resolver los problemas que vienen lastrando el servicio”.

Así, el sindicato ha exigido la cobertura del déficit estructural de personal, la mejora de las condiciones laborales, la ejecución efectiva de las inversiones pendientes y la apertura inmediata de un proceso de negociación con la representación de los trabajadores para garantizar “personal suficiente, instalaciones adecuadas, vehículos seguros y los medios necesarios para prestar el servicio público”.

El dispositivo para evitar el 'macrobotellón' en la playa de El Puntal en Somo, que estará en vigor este viernes y sábado, comenzará a las 15.30 horas. Así lo ha avanzado, en declaraciones a los periodistas, el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, que ha explicado que esa es la hora a la que se prevé que la gente acuda a la playa, por lo ocurrido en años anteriores.

Casares ha recordado que el sábado pasado ya se estableció un dispositivo para evitar el 'macrobotellón' en ese arenal, aunque “en líneas generales no hubo una afluencia masiva”. “Disuadimos a bastantes grupos sueltos de chavales de llevar bebidas alcohólicas en las lanchas, aunque es cierto que pudo haber personas que las llevaran de forma camuflada”, ha matizado.

También ha informado de que en el dispositivo de la semana pasada no hubo propuestas de sanción, ya que ha indicado que el Ayuntamiento de Ribamontán al Mar “no ha llegado a tiempo de tener la ordenanza que prohíbe expresamente el consumo de alcohol en la playa”. Aunque sí que se puede multar por algún problema de seguridad ciudadana, el sábado no hubo.

Por ello, el delegado ha asegurado que en las próximas horas se intensificará el trabajo con una nueva medida, que es la presencia de agentes de seguridad ciudadana y del servicio marítimo de la Guardia Civil a bordo de las lanchas.

Medidas y controles

Por otro lado, Casares ha explicado que las tres empresas que operan con lanchas en la Bahía de Santander (Los Reginas, Tricio y Alsa) prohibirán embarcar con bebidas alcohólicas este viernes y el sábado, y contarán con auxilio policial para evitar que esta restricción genere problemas de seguridad ciudadana en el muelle de Santander desde el que parten las embarcaciones.

Por otro lado, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Cantabria estará presente con sus embarcaciones tanto en el muelle de Santander como en la zona habitual de fondeo de El Puntal. La Guardia Civil intervendrá también en el dispositivo con el helicóptero y drones, efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) y también de Seguridad Ciudadana.

En aras de garantizar la seguridad marítima, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil realizará los pertinentes controles de alcoholemia, aforos, titulación o seguros, entre otros. Asimismo, se reforzarán los controles de alcoholemia por parte del Sector de Tráfico de la Guardia Civil en la zona de Somo.

Finalmente, Casares ha apelado a la responsabilidad para evitar que se produzcan las imágenes “tan bochornosas” que se vieron el año pasado y se respete un espacio natural “de tanto valor para Cantabria”.

La Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Santander ha dictaminado favorablemente dos propuestas que serán elevadas al Pleno municipal del próximo jueves, 30 de julio, para su aprobación definitiva: la designación de los dos festivos locales de 2027, que serán la Virgen del Mar y los Santos Mártires, y el cambio de denominación de la actual Cuesta de las Ánimas por calle del Parlamento.

En relación con el calendario laboral, se establecen como fiestas locales para el próximo año el 17 de mayo (lunes), festividad de la Virgen del Mar, y el 30 de agosto (lunes), festividad de los Santos Mártires.

Según ha informado el Ayuntamiento, la propuesta ha recibido el dictamen favorable, con el voto a favor del PP y la abstención de PSOE, Vox y Grupo Mixto. El PRC no ha estado presente en la sesión.

La elección responde a que la festividad de Santiago Apóstol, 25 de julio, coincidirá en domingo en 2027, lo que permite designar como festivos locales las celebraciones de la patrona de Santander y de los Santos Mártires.

“Garantizamos que Santander pueda seguir celebrando como festivos dos fechas con gran arraigo para los vecinos, reforzamos nuestras tradiciones, y facilitamos la participación de los santanderinos en unas celebraciones que forman parte de nuestra identidad”, ha señalado la alcaldesa, Gema Igual (PP).

Cambio de nombre en una calle

Por otro lado, la Comisión también ha informado favorablemente, por unanimidad de los grupos presentes, sobre la propuesta para modificar la denominación de la actual Cuesta de las Ánimas, que pasará a denominarse calle del Parlamento, una iniciativa presentada por la Asociación de Vecinos Alcázar de Toledo.

La medida cuenta con informes favorables del Centro de Estudios Montañeses, el Parlamento de Cantabria y el Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria, y se ajusta a lo previsto en el Reglamento Municipal de Honores y Distinciones.

Igual ha explicado que esta modificación reconoce el valor institucional y simbólico del Parlamento de Cantabria como una de las principales instituciones de la comunidad autónoma y responde a una iniciativa vecinal que ha seguido todo el procedimiento previsto, con el respaldo de las entidades consultadas.

La sección sindical de la Federación UGT Servicios Públicos en el Gobierno de Cantabria ha denunciado la “falta de personal” de las oficinas comarcales agrarias dependientes de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación.

El sindicato, que viene reclamando la modificación de Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para la especialización del personal que atiende a los ganaderos de la comunidad, ha advertido en un comunicado que, “lejos de solucionarse, se está produciendo un retroceso constante porque hay falta de personal hasta en lo esencial”.

En este sentido, UGT afirmado que “el personal técnico existente no llega a la mitad de las plazas teóricas, faltan agentes de apoyo y no hay jefes en la mitad de las oficinas”. En este sentido, ha resaltado que esta falta de personal afecta directamente a la atención al ciudadano, tanto la presencial como la telefónica o digital.

“Las oficinas comarcales informan, asesoran, facilitan las gestiones para el acceso a servicios y gestionan las ayudas de la PAC con dificultades complejas”, ha explicado UGT.

A juicio del sindicato, esta escasa plantilla de las oficinas comarcales muestra que la apuesta del Gobierno por el mantenimiento y apoyo al sector primario “se queda en buenas palabras y no en hechos”.

Para la sección sindical de UGT en el Gobierno de Cantabria, el mundo rural necesita una “revitalización de inversiones” que pasa por dotar a las oficinas comarcales agrarias del personal técnico necesario para acompañar a los cada vez menos ciudadanos que trabajan el campo y que contribuyen al mantenimiento de la tradición rural y a una gestión forestal “más necesaria que nunca con el cambio climático presente”.

El sindicato ha insistido en reivindicar para el personal de las oficinas comarcales agrarias cántabras “una estructura especializada acorde a los nuevos tiempos con demandas exigentes”. “O se refuerzan del personal técnico al que la ciudadanía tiene derecho o volverá a hacerse realidad la odiada frase en ventanilla de vuelva usted mañana, o al otro o al siguiente, a ver si encuentra aquí quién lo cuide, informe y asesore”, ha sentenciado.

Parte de Cantabria estará este sábado, 25 de julio, en aviso amarillo (peligro bajo) por lluvias y tormentas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Concretamente, las zonas en aviso será el litoral y el centro y valle de Villaverde, en ambos casos entre las 12.00 y las 21.00 horas.

Las lluvias podrían dejar una precipitación acumulada de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. Además, las tormentas podrían venir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, aunque es poco probable, según ha precisado la Delegación de la AEMET en Cantabria.

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander ha ampliado el Código Trauma con la puesta en marcha de un protocolo específico para pacientes pediátricos, un modelo organizativo que adapta al ámbito infantil la coordinación multidisciplinar ya implantada con éxito en adultos.

Operativo desde el pasado 8 de junio, el dispositivo se ha activado ya en nueve ocasiones y permite movilizar de forma simultánea a los profesionales implicados en la atención de niños con traumatismos graves desde antes incluso de su llegada al Hospital, ha informado este viernes el Gobierno.

La instauración de este protocolo supone un paso más en la consolidación del Código Trauma de Valdecilla, un sistema que desde 2022 ha transformado la atención al trauma grave en adultos mediante la coordinación de todos los niveles asistenciales y que ha permitido reducir la mortalidad por traumatismos graves a menos de la mitad en sus cuatro años de andadura.

Ahora, esa misma filosofía de trabajo colaborativo se traslada al ámbito pediátrico, adaptando la organización asistencial a las necesidades específicas de estos pacientes. En este sentido, el objetivo del Código Trauma Pediátrico no es modificar el manejo clínico del paciente, sino mejorar la coordinación entre los profesionales que intervienen en su atención.

La activación del protocolo establece una prioridad asistencial para estos casos y permite que cada servicio conozca con antelación cuál será su cometido, reduciendo tiempos de respuesta y facilitando que todos los recursos necesarios estén preparados desde el primer momento.

Coordinación de servicios

El dispositivo coordina la actuación de profesionales del 061 y de más de una decena de servicios y unidades del Hospital, entre ellos Urgencias Pediátricas, Pediatría y Neonatología, Medicina Intensiva, Anestesiología, Cirugía Pediátrica, Cirugía General y Cirugía Cardiovascular, Neurocirugía, Ortopedia Infantil, Hematología, Radiología, Radiología Infantil y Radiología Intervencionista.

En este modelo de respuesta participan también profesionales de Enfermería, técnicos de Radiología, celadores y el Área de Coordinación de Calidad, conformando un dispositivo multidisciplinar preparado para actuar de forma coordinada ante situaciones de máxima gravedad.

La atención al trauma pediátrico exige una organización especialmente precisa, ya que se trata de situaciones poco frecuentes, pero de elevada complejidad clínica y con necesidad de intervención rápida por parte de diferentes especialistas. En este contexto, disponer de un procedimiento previamente definido permite evitar demoras, mejorar la coordinación y garantizar que cada paciente reciba la atención que precisa en el menor tiempo posible.

Como ocurre con el Código Trauma de adultos, la activación del dispositivo comienza habitualmente con el preaviso del 061, cuyos profesionales comunican al Hospital la llegada de un paciente con traumatismo grave. Esta información permite organizar la respuesta asistencial antes incluso de que el paciente llegue a Urgencias, movilizando de forma anticipada a todos los servicios implicados y reduciendo al máximo los tiempos de actuación.

La implantación del Código Trauma Pediátrico ha sido posible gracias al trabajo conjunto de los diferentes servicios implicados, que han consensuado los criterios de activación, los circuitos de comunicación y la distribución de responsabilidades para ofrecer una atención homogénea y protocolizada, independientemente del momento en que se produzca la urgencia.

Desde su puesta en marcha el pasado mes de junio, el dispositivo se ha activado en nueve ocasiones, una cifra que refleja la utilidad de este modelo organizativo para coordinar la atención de los casos más complejos y seguir perfeccionando un sistema basado en la mejora continua y el análisis conjunto de la práctica asistencial.

El PSOE de Cantabria ha denunciado “el abuso” de la empresa Serveo hacia los trabajadores de limpieza en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. En un comunicado, el secretario de Salud del PSOE, Marcos Agudo, tras la reunión celebrada con el comité de la compañía, ha afirmado que se están produciendo “nuevos abusos e incoherencias” por parte de Serveo.

En este sentido, ha opinado que, desde la entrada en vigor del convenio público-privado entre Ferrovial (hoy Serveo) y el Servicio Cántabro de Salud en 2014, los servicios no clínicos privatizados han supuesto “un problema, una ineficiencia constante y un quebradero de cabeza diario para los trabajadores y los pacientes del Hospital”.

“Los efectivos de limpieza de Valdecilla ya se redujeron en 42 trabajadores en 2014, repercutiendo en una peor prestación del servicio, ha tenido que seguir cubriendo, con menos efectivos, el mismo trabajo, o mayor, al haberse abierto nuevas unidades en el centro”, ha apostillado.

En este sentido, Agudo ha lamentado que, desde hace unos meses, Serveo se ha encargado “de forzar a trabajadores concretos para realizar coberturas de limpieza inasumibles para una sola persona, recurriendo posteriormente a la amonestación, y en algunos casos al despido”.

“El clima en el seno del personal de limpieza del hospital se ha vuelto irrespirable para sus trabajadores y la motivación de los despidos se da un contexto de profunda incoherencia de la empresa. Por un lado, a los trabajadores se les exige la cumplimentación de una guía de limpieza validada por el servicio de prevención de riesgos, pero a realizarse con los mismos efectivos, o inferiores, en un contexto de presión asistencial desbordante como es la época estival”, ha criticado.

Por otra parte, el portavoz sanitario socialista ha denunciado que el perfil de las trabajadoras despedidas es el de las limpiadoras de fin de semana, “donde se trabaja bajo peores circunstancias de personal que lo mínimamente exigido y aún así se les pide que todo se haga según protocolo”.

“No sé si Serveo o la gerencia del hospital saben cómo una sola limpiadora puede hacer la limpieza ordinaria de 24 habitaciones con su baño, las altas que vayan surgiendo y las contingencias que vayan apareciendo durante un turno. En semejantes circunstancias, y con tal carga de trabajo para tan poco personal, cumplir el protocolo marcado de limpieza es directamente imposible”, ha señalado.

Para el socialista “el cumplimiento de la guía de limpieza es incompatible con los tiempos, el ritmo de trabajo y los efectivos de limpieza del centro hospitalario en cualquier unidad, por lo que la persecución de algunos trabajadores hasta abocarles al despido es abusiva”. También ha destacado que las decisiones de reducción de personal vienen “bendecidas por la gerencia y el consejero de Salud del Gobierno cántabro, César Pascual”.

“Ha llevado hasta el extremo de que la jubilación de una limpiadora quede vacante y se cubra con una sola compañera, donde hubo dos, que se encarga de la limpieza de la segunda planta del 2 de noviembre y del área de hematología. Cualquier gestor mínimamente serio establecería, por seguridad, un personal inamovible para una planta como hematología”, ha criticado Agudo.

Según ha recordado, “esta situación no es nueva ni desconocida, ya que las mujeres del servicio de limpieza del Hospital de Valdecilla ya tuvieron que recurrir a los tribunales para que éstos les dieran la razón, en 2024, respecto a la discriminación que las limpiadoras sufrían en términos salariales, respecto de sus compañeros, varones, peones en la realización del mismo trabajo”.