Todos los integrantes de la lista propuesta por la militancia del PSOE de Palencia, que encabezaba Álvaro Bilbao, han renunciado a ocupar sus puestos como protesta por la decisión ratificada por el Comité Federal de sustituirle por la veterana Mariluz Martínez Seijo.

Luis Ángel Marín Paredes y Alicia García Alonso han comunicado este lunes a la Permanente del PSOE de Palencia su decisión irrevocable de renunciar a aparecer en la candidatura socialista por la provincia en las elecciones generales del próximo 29 de Noviembre.

Según la postura manifestada por ambos y tal y como ha trasladado el PSOE de Palencia en un comunicado, la decisión tomada por la Comisión Federal de Listas, ratificada posteriormente por el Comité Federal, choca frontalmente con la voluntad mayoritaria de la militancia palentina que optó de forma prácticamente unánime por Álvaro Bilbao como cabeza de lista.

El listado salido del Comité Provincial con un total de 77 votos a favor y una única abstención y con el respaldo de todas las agrupaciones locales de la provincia, en las que fue propuesto Bilbao, no fue respetado por la Comisión de Listas que optó por eliminarlo y colocar a la actual diputada.

Este hecho ha provocado el malestar de los nombres propuestos inicialmente, por lo que su decisión quiere poner en evidencia el nulo respaldo dado a la militancia que con su voto optó por otro nombre al que figurará finalmente.

Junto a Luis Ángel Marín y Alicia García, también han comunicado su decisión de no aparecer en la candidatura los dos componentes que figuraban como suplentes, Luis Fernando Cantero Mena y Mireia Barrios Bernardos.

El ministro de Transportes y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha arrancado aplausos con una intervención plagada de ironía y de datos en el encuentro que ha mantenido en la Cúpula del Milenio a la que ha acudido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, escoltado por sus ministros vallisoletanos -además de Puente estaba la ministra de Igualdad, Ana Redondo- y por el secretario del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez. Con 50 minutos de retraso, Sánchez llegaba este lunes a Valladolid, donde le esperaban unas 2.800 personas, una parte ha tenido que seguir el mitin desde fuera al cubrirse el aforo.

Óscar Puente ha comenzado recordando que el sábado el PSOE tuvo “un acto precioso en Fuenlabrada, de reivindicación de muchas cosas y sobre todo del poder el amor, el que más consigue, el que más construye”. “Algunos han pretendido burlarse y yo lo reivindico, viva el partido del amor”, ha dicho. Según el ministro “el amor está detrás de las decisiones que tratan de beneficiar a las minorías”. Pero como advirtió a continuación, no toda su charla fue de amor. Ante la visita del presidente argentino Javier Milei, que estará en España este martes, y “haciendo un ejercicio de contención muy grande”, Puente ha optado por un discurso “didáctico” aunque Milei “canta como un gato afónico”, para hablar de sus políticas. Lo ha hecho tirando de tres cifras.

“España este año ha alcanzado el record de afiliados a la Seguridad Social, 26, 6 millones”, ha recordado. Por contra, Argentina ha batido un record más cuestionable: el 45% de trabajadores está en “situación de informalidad”, esto significa que están sin contrato, sin alta en la seguridad social y cobrando en negro. “Once millones de argentinos trabajan sin ningún derecho social.¿Eso quiere Abascal para España?”, ha preguntado el ministro.

La segunda cifra de Puente es referente al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que ha crecido un 66% en España, mientras que en Argentina ha decrecido un 40% desde noviembre de 2023. “Hoy el PP se descuelga con que el SMI no pueda subirlo el gobierno sino que sea fruto del pacto de los empresarios, no es demagogia, la cosa es muy seria”, ha remarcado.

La tercera cifra es la de las 36.000 empresas que ha perdido Argentina desde que Milei llegó a la presidencia mientras que en España, desde que Sánchez está al frente del Ejecutivo “hay 100.000 empresas más”. ·“En esta democracia están en juego las cosas del comer, no entiendo que los argentinos en medio de una crisis sistémica se echen en brazos de cualquiera”, ha lamentado. Puente ha apostado por un SMI “más cerca de los 2.000 euros que de los 1.000” y “se puede conseguir”, ha dicho.

No ha olvidado el tema más candente gracias al “cerebro” de la portavoz del PP, la leonesa Ester Muñoz. “Ahora quieren echarle el guante a las pensiones, crean un problema que no existe igual que las ocupaciones. Va a petar, dice el cerebro de León, menudo análisis, sólo buscan generar miedo”, ha criticado.

“Las pensiones no son un gasto, son una conquista de la clase trabajadora de este país, no se va a ceder nunca, en el gobierno o en la oposición, que saquen sus sucias manos de las pensiones de este país. ¿Les vamos a entregar esa conquista a quienes se resistieron a que las tuviésemos?”, ha cuestionado entre ovaciones.

“Voy a hacer un millón de viviendas, dice el PP, ¿pero con qué mano de obra, si queréis expulsar a los inmigrantes. Pretenden resolver problemas muy complejos con decisiones testosterónicas tomadas de cintura para abajo y no de cuello para arriba”, ha ironizado.

La ministra Ana Redondo ha centrado su discurso en las mujeres. “Las mujeres ya nos hemos sacrificado mucho, no nos vamos a sacrificar más. Nosotras no estamos aquí para sacrificarnos; ya se han sacrificado demasiado nuestras madres y nuestras abuelas”, ha advertido. La ministra ha clamado por el derecho al aborto, que pretende que quede “blindado en la Constitución”. También ha citado el caso por presunto acoso del alcalde de Móstoles (PP) “Lleva más de cuatro meses ahí sentado, en un déjà vu del caso Nevenka de hace veinte años, y ahí está, como que no pasa nada. Acusado de acoso sexual a una compañera de listas y tan ancho”, ha añadido.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha situado las elecciones generales del 29 de noviembre en un contexto que trasciende al país y ha advertido de que en estos comicios también está en juego el “modelo de bienestar” ante una Europa que “parece a punto de implosionar”.

“Tenemos que entender que el 29N son unas elecciones muy importantes para España y para Europa”, ha defendido Martínez durante un mitin de precampaña socialista en Valladolid, en el que ha reivindicado el “posicionamiento valiente” y el “liderazgo político” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez -que también ha participado en el acto-, en el contexto internacional.

El dirigente socialista ha sostenido que es “fundamental” entender la respuesta de la Unión Europea ante el “ataque sin cuartel” que, según ha expresado, protagonizan “regímenes disfrazados de democracia como Rusia, Estados Unidos e Israel” contra el Estado de derecho y el Estado social, informa Efe.

En este contexto, ha advertido contra quienes plantean la necesidad de “sacrificios”, porque, a su juicio, buscan una salida a las crisis basada en “un retorno a 2008, a la austeridad compulsiva, a los hombres de negro” y a que los sacrificios recaigan “siempre” sobre la clase baja. “Europa es la solución y la salida a nuestros problemas. El modelo de bienestar, eso está también en juego”, ha resumido.

Castilla y León ha registrado en 2026 los niveles de contaminación por ozono troposférico más elevados desde 2010, cuando entraron en vigor los actuales límites legales para proteger la salud. El deterioro, coincidente con el verano más cálido del último siglo y medio y los incendios forestales, ha extendido el incumplimiento de los nuevos objetivos europeos para 2030 a seis de las doce zonas en las que se divide la Comunidad, donde viven 1,6 millones de personas, el 66% de la población regional.

Así lo ha recogido el informe presentado este lunes por Ecologistas en Acción, elaborado a partir de los datos de 31 estaciones de medición entre el 1 de enero y el 30 de septiembre. La organización cifra en un 120% el aumento de las superaciones del objetivo legal para la protección de la salud respecto a la media del periodo 2012-2019, anterior a la pandemia.

El ozono troposférico es un contaminante secundario que se forma en la superficie terrestre mediante reacciones químicas entre otros contaminantes, favorecidas por las altas temperaturas y la radiación solar. Entre sus precursores figuran las emisiones del tráfico, determinadas industrias y la ganadería intensiva. Los incendios forestales del verano también han contribuido al problema, según Miguel Ángel Ceballos, coordinador del informe, que apunta especialmente a los grandes fuegos registrados en julio y agosto.

Las seis zonas donde se han superado los nuevos objetivos europeos en al menos una estación son la aglomeración de Valladolid, la cuenca del Ebro, Duero Norte, Duero Sur, Montaña Sur y Soria y Demanda. El informe distingue estos nuevos límites, que deberán cumplirse antes de 2030, de los objetivos legales vigentes: estos últimos se han incumplido en tres zonas, que reúnen a cerca de 800.000 habitantes.

La organización advierte de que toda la población de Castilla y León ha estado expuesta a concentraciones superiores a las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuyos valores son más estrictos que los límites legales. Además, estima que unas 250.000 personas, el 10% de la población autonómica, han respirado durante el trienio 2024-2026 aire con niveles superiores al nuevo objetivo europeo.

Soria y Valladolid, entre las zonas más afectadas

Durante el verano se produjeron 15 superaciones del umbral de información a la población en estaciones de Valladolid y Soria, la cifra más alta en dos décadas, según Ecologistas en Acción. La mayoría se concentraron en la provincia soriana durante la segunda quincena de julio y agosto, coincidiendo con las olas de calor y los incendios de la Sierra Norte de Guadalajara.

El deterioro también ha sido destacable en Miranda de Ebro, donde la organización señala la influencia de la contaminación procedente del entorno de Bilbao. En el sur de Ávila y Segovia apunta a las emisiones del área metropolitana de Madrid, mientras que en el oeste de Salamanca y parte de Zamora puede llegar contaminación desde el entorno de Oporto.

El impacto de la contaminación no se limita a la salud humana, como ha alertado el informe. El ozono perjudica a la vegetación y puede reducir la productividad de cultivos como los cereales. En cuanto a sus efectos sanitarios, el documento cita datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente que atribuyen hasta 500 muertes al ozono en Castilla y León en 2023. También recoge una estimación del Instituto de Salud Carlos III de 340 muertes durante el verano de 2026 por el efecto combinado de las altas temperaturas y la exposición asociada a contaminantes como el ozono, una cifra que no corresponde exclusivamente a este contaminante.

Ecologistas denuncia que la Junta sigue sin aprobar los planes

La organización ecologista ha reclamado a la Junta de Castilla y León que apruebe los planes de mejora de la calidad del aire que considera obligatorios tras varias resoluciones judiciales. Según Ceballos, el Tribunal Supremo confirmó en marzo de 2026 la anulación del plan autonómico aprobado en 2021 y estableció un plazo de seis meses para elaborar nuevas medidas. Ecologistas en Acción ha defendido que ese plazo ha vencido sin que los planes se hayan presentado.

La entidad ha comunicado la situación al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para pedir que se fuerce el cumplimiento de las sentencias y ha solicitado una reunión con el nuevo consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino.

El coordinador autonómico de la organización, Luis Oviedo, ha advertido de que, si la Junta no adopta medidas efectivas, solicitarán actuaciones coercitivas en el procedimiento judicial. Los ecologistas también han reprochado la falta de protocolos municipales frente a episodios de ozono en Burgos, León y Salamanca.

Entre las medidas que ahn propuesto se encuentra reducir el tráfico motorizado, sustituir disolventes orgánicos por alternativas menos contaminantes y actuar sobre las emisiones industriales y ganaderas. También han reclamado mejorar la información a la población vulnerable y reforzar la vigilancia de la calidad del aire, después de que nueve estaciones que medían ozono en El Bierzo y la Montaña Norte hayan dejado de funcionar en los últimos años.

Los ayuntamientos de Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón han aprobado este jueves solicitar al Consejo de Ministros autorización para celebrar una consulta popular sobre la integración del enclave burgalés en Álava, en sendos plenos extraordinarios en los que la moción solo ha contado con los votos en contra del PP.

La propuesta ha sido impulsada por la Mesa para la Integración del Enclave de Treviño en Álava, que solicitó formalmente a finales de septiembre a los ayuntamientos de Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón que la sometiesen a votación en un pleno extraordinario el 1 de octubre.

El Ayuntamiento de Condado de Treviño, gobernado por una coalición entre Treviño Día a Día y PP, decidió aplazar hasta el 15 de octubre el debate, para llevarlo antes a comisión, de modo que la votación ha tenido lugar a las 14:30 de este jueves, después de la celebración del pleno ordinario de octubre.

Mientras, en La Puebla de Arganzón, donde gobierna PNV y tiene representación también EH Bildu, tenían previsto hacerlo el 1 de octubre, pero “por coherencia” y para que ambos plenos se celebrarán el mismo día, lo han convocado para las 19:30 de este jueves.

A favor de solicitar una consulta popular

La moción de la Mesa buscaba que los concejales respondieran a la pregunta ¿Considera usted oportuno que los Plenos de los Ayuntamientos de Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón promuevan una solicitud de segregación del Enclave de Treviño de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para su integración en la Comunidad Autónoma de del País Vasco?.

En Condado de Treviño ha contado con siete votos a favor, los de los concejales de Treviño Día a Día (TDD), Agrupación Independiente Condado de Treviño, PNV y EH-Bildu, frente a los dos votos en contra de los ediles del Partido Popular, por lo que la moción ha salido adelante por mayoría absoluta (7 de 9).

También ha salido adelante en La Puebla de Arganzón, en este caso por unanimidad de todos los ediles, dado que se trata de un asunto “de especial relevancia”, que aborda cuestiones “vitales” para los vecinos, que dependen de convenios entre administraciones para tener garantizado el acceso a servicios básicos.

Así lo ha explicado a EFE el alcalde de La Puebla, Fran Muñoz (PNV), que ha insistido en que la Mesa por la Integración representa al 90 % de los vecinos del enclave, pues forman parte todos los partidos salvo el PP, y ha defendido la necesidad de aprovechar “la venta de oportunidad” que abre la moción.

Muñoz es consciente de que la situación política, con la convocatoria de elecciones generales, no es el escenario más favorable, porque “nadie va a querer mojarse”, ni siquiera el presidente Pedro Sánchez, pues podría pasarle factura en Castilla y León y en Burgos, pero defiende dar voz a los vecinos.

Por su parte, el alcalde de Condado de Treviño, Adolfo Estavillo, ha destacado esta mañana a EFE que el pleno se ha celebrado con normalidad -pese al voto en contra del PP- y, ahora, el Ayuntamiento remitirá la petición al Consejo de Ministros, que tendrá decidir si autoriza o no la consulta popular sobre la segregación.

Ha apelado a la vía del diálogo y ha pedido que no se utilice Treviño para fines partidistas, ni se aproveche el debate para “dividir” a la población; también ha reclamado “más cariño” por parte de las instituciones alavesas.

Un “paripé” sin futuro

El concejal del PP Óscar Arbaizar ha explicado, mientras, su voto en contra, y el de su compañera de partido, en que consideran que la moción es un “paripé” sin recorrido ninguno en Madrid, y enmarca la petición en el contexto de las elecciones municipales, que se celebrarán en mayo del próximo año.

Ha insistido en que “Álava no quiere a Treviño”, solo lo utiliza políticamente, porque si fuera de otro modo habría sido una de las condiciones del pacto de PNV y Bildu con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez; y ha criticado que la Diputación Foral ha reducido sus aportaciones al Enclave.

“Yo solo quiero vivir tranquilo y tener servicios”, ha insistido, y ha defendido los convenios suscritos entre Burgos y Álava, que afectan no solo a los vecinos de Treviño sino también a los de otros pueblos limítrofes, en ambas provincias, como la fórmula para garantizar la atención a los ciudadanos.

Desde la Mesa por la Integración de Treviño en Álava, la portavoz, Arantxa Yarza, se ha mostrado “contenta” con el resultado: “un paso ya está dado”, ha indicado a EFE, y ha destacado que han podido dar voz a los vecinos de Treviño, que quieren poder decidir su futuro

La Junta de Castilla y León irá a la vía judicial para defender los territorio de Burgos

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha advertido este jueves que recurrirán a todas las vías, incluida la judicial, para defender la integridad territorial de Burgos y de la comunidad en el caso del Condado burgalés de Treviño.

Carriedo ha anticipado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la posición de Castilla y León no ha variado sobre ese enclave burgalés en Álava y pasa por la defensa de la integridad territorial de Burgos y de la comunidad y de respeto al Estatuto de Autonomía.

Por ello, ha incidido en recurrirán incluso a la vía judicial si esa integridad se ve vulnerada, y ha defendido que en esta cuestión debe “primar el cumplimiento de la legalidad”.

Castilla y León, dirigida por PP y Vox, es la única comunidad sin Ley LGTBI después de que Asturias haya aprobado su propia normativa. La ley, demandada por el colectivo LGTBI, lleva pendiente desde hace más de una década y cuatro gobiernos: la última mayoría absoluta de Juan Vicente Herrera y todos los gobiernos (en coalición con Ciudadanos y Vox o en minoría) de Alfonso Fernández Mañueco. Las asociaciones LGTBI piden al presidente autonómico que “tome nota” del Partido Popular asturiano, que ha negociado y apoyado la Ley.

La última vez que la vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco (PP), abordó esta cuestión, aseguró que la protección que ofrecía la Ley estatal era suficiente. Las plataformas LGTB han denunciado en varias ocasiones las “maniobras dilatorias” del Partido Popular para no avanzar en la tramitación de la norma, incluso a pesar de haber redactado sus propios proyectos.

“No es que no tengamos ninguna Ley autonómica, es que Castilla y León, que presume muchísimo de sus Servicios Sociales, no tiene ni una sola política pública dirigida al colectivo LGTBIQ+, que somos un porcentaje importante de la población”, protesta la presidenta de Fundación Triángulo Castilla y León, Yolanda Rodríguez, que alerta de unos discursos de odio “más cruentos” y de situaciones de violencia física en la Comunidad.

Hace ya diez años desde que redactó la primera Ley LGTB, y las asociaciones todavía no se explican por qué el PP de Extremadura apoyó una normativa que fue dejada de lado cuando fue replicada en Castilla y León. “En Asturias el PP ha votado a favor del proyecto de Ley, mientras que aquí el PP sabe que lleva más de treinta años en el poder y tiene todas las estrategias electorales para dar de lado a un sector muy grande de la población”, protesta Rodríguez.

Antes de la llegada de Mañueco al Palacio de la Asunción, el PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU y UPL acordaron un texto con las asociaciones LGTBI que incluso contó con el respaldo de una sola de los 'populares', Silvia Clemente, mientras el resto del PP se negó a negociar el texto, que acabó metido en un cajón, bloqueada durante el periodo de enmiendas. Silvia Clemente era entonces presidenta de las Cortes de Castilla y León, quien intentó ser la candidata al gobierno autonómico por Ciudadanos en 2019 y después con su propio partido político.

2019-2021, una legislatura fallida

Ahí ha estado prácticamente desde entonces, precisamente, a pesar de otros vanos intentos: en 2019 el PSOE y el Grupo Mixto (Podemos, UPL y Por Ávila) presentaron de nuevo aquel texto, del que se desmarcó Ciudadanos, ya en el poder. El entonces vicepresidente, Francisco Igea (exCiudadanos) se comprometió a tramitar la Ley Igualdad Social de la Diversidad Sexual desde el gobierno autonómico, que tenía en coalición con el Partido Popular. La Ley ni siquiera se aprobó en Consejo de Gobierno: en mayo de 2021 contó con el último trámite antes de pasar a su aprobación por los miembros del gobierno, y ahí se quedó guardado hasta que Fernández Mañueco adelantara los comicios en diciembre de 2021 con un tuit.

La Ley LGTB se quedó, por lo tanto, otra legislatura sin tramitar. En la primera coalición PP-Vox, ese texto ni siquiera se puso sobre la mesa, mientras que la nueva propuesta socialista pactada con las asociaciones solo se desbloqueó después de que el PP decidiera abstenerse y permitiera su tramitación. Entonces, el PP gobernaba en solitario tras la marcha de Vox de los gobiernos autonómicos. Eso sí, votaron en contra los diputados autonómicos de Vox y los dos expulsados del partido de extrema derecha. El PP proponía que, de tramitarse una Ley –algo que no era prioritario para ellos–, esta debía ser “sólida y hecha con rigor”. Pero, de nuevo, el debate no avanzó, y concluyó la pasada legislatura sin una Ley que refuerce los derechos de los integrantes del colectivo.

“Volvemos a las mismas”

“Tuvimos muy buenas palabras por parte de las representantes del PP que tuvieron la decencia de reunirse con las entidades, pero volvemos a las mismas”, protesta Gema Segoviano, vocal de Segoentiende, asociación LGTBH de Segovia.

La Proposición socialista incluía nuevos términos como el 'sexilio', en alusión a las personas del colectivo LGTBI que se ven obligadas a abandonar sus pueblos por su orientación sexual o identidad de género, abordaba el acceso sanitario a las personas trans y las políticas contra la LGTBIfobia y de odio en las aulas, entre otras.

Castilla y León vuelve a tener un gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox, así que la Ley LGTB ha vuelto a desaparecer de la escena al dejarla fuera del pacto de gobierno entre ambas fuerzas políticas. El Partido Socialista que ahora dirige Carlos Martínez aún no ha registrado una Proposición de Ley al respecto, aunque sí ha presentado dos Proposiciones No de Ley sobre las familias LGTBI y el acoso escolar a menores del colectivo. El PSOE también tiene intención de volver a presentar una Proposición de Ley para proteger de manera específica a estas personas.

Segoviano teme que el tema vuelva a paralizarse, porque no cree que el Partido Popular se vaya a oponer abiertamente a Vox con esta cuestión. “Vamos a ver cómo respiran y volveremos a presentar otro texto, a ver qué sucede esta vez”, anuncia la portavoz de Segoentiende, que muestra su intención de contactar con los partidos políticos cuando se hayan celebrado las elecciones generales del 29 de noviembre.

Las asociaciones exigen que se elabore una Ley actualizada que atienda a las demandas actuales y teme que, si el PP decide negociar un texto, proponga algo “descafeinado” que sirva “para lavarse la cara”, o que se utilice a las mujeres y menores trans “como arma arrojadiza y para meter miedo”. “Si hubiera una Ley podríamos acudir a los tribunales para explicar por qué no se atienden algunas necesidades como las sanitarias y sociales”, concluye la presidenta de Fundación Triángulo Castilla y León, en referencia a la menor trans a la que Sacyl aplazó su terapia hormonal.

El secretario general de UGT Castilla y León, Óscar Lobo, ha criticado que los presupuestos de Alfonso Fernández Mañueco para 2027 sean “barra libre para las empresas” con dinero público entregado “a fondo perdido”. En una rueda de prensa celebrada este viernes, Lobo ha calculado que casi el 20% de las ayudas directas que se recogen sirvan para apoyar la actividad empresarial.

Castilla y León tiene el quinto salario medio más bajo del país, por lo que Lobo ha calculado que esto supone una pérdida de 3.400 euros anuales respecto a la media nacional. El sindicalista ha tildado de“inaceptable” que “se riegue con dinero público a las empresas” mientras los salarios crecen por debajo de la inflación. “Crece la riqueza del conjunto de la comunidad, pero cobramos menos”, ha protestado.

Lobo, que ha negado que las cuentas planteadas por PP y Vox sean “buenas para los trabajadores” porque “no tienen en cuenta la realidad salarial y no resuelven ni corrigen la desigualdad salarial”. Por este motivo ha reclamado “ayudas directas a los trabajadores para mejorar los salarios igual que se le dan ayudas a fondo perdido a las empresas”. También ha pedido que las ayudas a las empresas se vinculen a la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores.

Óscar Lobo ha considerado que a los Presupuestos les falta “ambición” para afrontar el principal problema de Castilla y León: la despoblación y la marcha de personas en busca de “nuevas oportunidades”. “Esta comunidad necesita más gente y no vemos una política pública capaz de atraer y retener población”, ha afeado.

Vivienda

El secretario general autonómico de UGT ha considerado que no basta con las medidas planteadas por el Ejecutivo autonómico. “No es suficiente con las ayudas al alquiler, ni construir unas pocas viviendas, algunas de las cuales van al parque público”, ha manifestado Óscar Lobo, quien ha exigido el Ejecutivo de Mañueco que aplique la Ley de Vivienda y tope los precios del alquiler.

También ha rechazado que las rebajas impositivas se traduzcan en unos mejores servicios públicos y ha considerado que las rebajas a herencias y patrimonios “genera desigualdad”, mientras que las rebajas del tramo autonómico del IRPF se traduce en “unos pocos euros” para la mayoría de los trabajadores.

Lobo ha defendido la importancia del Diálogo Social como herramienta que “garantiza el progreso y la cohesión social” y ha pedido sentarse a negociar y “hablar de cómo se distribuye el dinero público” para “beneficiar al conjunto de los trabajadores”.

Soria Ya ha elegido a Juan Antonio Palomar como cabeza de lista al Congreso de los Diputados y a David Romera Sevillano para el Senado en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, tras celebrar unas primarias exprés en las que ha participado el 57,4 % de los afiliados con derecho a voto.

Según han explicado en una rueda de prensa celebrada este lunes en la sede de la formación, el proceso, desarrollado de forma presencial los días 15, 16 y 17 de octubre, se ha organizado “con rapidez” para poder completar y registrar las candidaturas dentro del plazo establecido.

Palomar, que fue procurador de Soria Ya en las Cortes de Castilla y León durante la pasada legislatura, ha obtenido el 41,93 % de los votos emitidos, mientras que Romera ha logrado el 40,32 %.

El procurador de Soria Ya, Ángel Ceña, ha valorado la participación, especialmente teniendo en cuenta que la votación ha sido exclusivamente presencial y que algunos afiliados residentes en pequeños municipios o fuera de la provincia no han podido desplazarse.

Ceña ha defendido las primarias como una herramienta para garantizar la participación de los afiliados en la elección de sus representantes y ha criticado la “falta de democracia interna” que, a su juicio, caracteriza a otros partidos políticos.

“Estamos cansados de ver dedazos y de ver muchas veces a los mismos candidatos que repiten legislatura tras legislatura”, ha señalado.

Trasladar la voz de los sorianos a las instituciones

En este sentido, Ceña ha presentado a los dos candidatos como personas ajenas a la política profesional que quieren “defender los intereses de la provincia” en las instituciones nacionales.

Palomar, de 48 años, ha asegurado estar “bastante harto” de que Soria no reciba el mismo trato que otras provincias españolas y ha defendido la necesidad de buscar alternativas políticas para conseguir que sus reivindicaciones sean escuchadas.

Tras sus cuatro años como procurador autonómico, ha manifestado su intención de trasladar esa experiencia al Congreso para defender las necesidades de la provincia y contribuir a desbloquear proyectos pendientes porque, según ha afirmado, “si no estamos en las instituciones, no se nos va a oír”.

Por su parte, David Romera, de 30 años, procede de las juventudes de Soria Ya, a las que se incorporó hace aproximadamente un año, y ha participado de forma más activa en la plataforma durante la campaña de las últimas elecciones autonómicas.

El candidato al Senado ha agradecido el respaldo de los afiliados y ha asegurado que afronta la campaña con “mucha fuerza e ilusión” para trasladar la voz de la provincia a las instituciones.

En este sentido, Romera ha defendido que el voto a Soria Ya constituye una alternativa a los partidos tradicionales y ha cuestionado que el denominado voto útil tenga que concentrarse en las formaciones políticas de ámbito nacional.

Críticas a los presupuestos

Durante la comparecencia, Ceña también ha avanzado que Soria Ya estudia presentar una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos de Castilla y León, al considerar que las cuentas “no responden a las necesidades de la provincia”.

El procurador ha señalado que la formación está analizando las partidas y que ofrecerá una valoración detallada con cifras en los próximos días, aunque ha adelantado que, en su opinión, los presupuestos “mantienen la continuidad de las políticas de los últimos años” sin un incremento significativo de los recursos para Soria.

Asimismo, ha criticado que las ayudas por desplazamiento sanitario no se hayan duplicado, como ha asegurado que prometió el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante la campaña electoral, sino que hayan aumentado un 30%.

CSIF ha rechazado este lunes que la Junta de Castilla y León negocie con los sindicatos nuevos decretos para reforzar el operativo contra los incendios forestales anunciado por el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco (PP) la semana pasada ante los medios de comunicación cuando presentó el Proyecto de Presupuestos. El sindicato ha exigido a Fernández Mañueco que rectifique, puesto que no se les ha .

A través de un comunicado, la central sindical ha subrayado que no han recibido ni una sola llamada, convocatoria o propuesta para avanzar en estos decretos y ha calificado como “inadmisible” que el Ejecutivo autonómico recurra a anuncios sin que exista una negociación efectiva.

“Lo que hay que hacer es abordar, de una vez, las deficiencias estructurales del operativo, reforzar la prevención, garantizar medios suficientes y establecer una organización eficaz durante todo el año”, ha remarcado CSIF.

A juicio de la organización de los trabajadores, la actuación del gobierno castellano y leonés ha estado marcada por el incumplimiento de las leyes básicas estatales de Bomberos Forestales y de Agentes Medioambientales.

De hecho, ha destacado que se ha llegado a impedir la tramitación de la Ley del Cuerpo de Agentes Medioambientales de la Comunidad, una norma necesaria para adaptar la regulación autonómica a la legislación básica estatal y mejorar sus condiciones laborales.

Para CSIF, la situación de operativo “no ha cambiado absolutamente nada”, pese a que Castilla y León haya padecido este verano uno de los peores incendios de la historia de España: el de Burgohondo (Ávila), con unas 38.000 hectáreas calcinadas.

“Siguen improvisando, manteniendo un operativo que trabaja en condiciones precarias, imponiendo guardias de un día para otro y modificando calendarios de trabajo sin planificación ni previsión, a costa de la conciliación de quienes tienen que afrontar las emergencias”, ha reprochado a la Junta, a la que acusa de “autocomplacencia”.

La Junta de Castilla y León elige a un gestor de cotos como nuevo director general de Caza –en concreto, figura como titular o arrendatario de tres cotos en la información pública– después de que el anterior fuera cesado tras tres meses en el cargo, según ha informado este jueves el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El nuevo director de Caza, Pesca y Medio Rural, que depende de Vox, es Marco Criado Nicolás, graduado en Ciencias Ambientales y doctor en Geología por la Universidad de Salamanca, donde imparte clases. También ha gestionado cotos de caza entre 2021 y 2025, según el currículum enviado por el Ejecutivo autonómico, y ha sido asesor cinegético de la Federación de Caza de Salamanca.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, (Vox) prometió al inicio de la legislatura “el libre uso” de visores nocturnos acoplables en la caza cuando se autorice el control poblacional por daños agrícolas y ganaderos, algo que ya se ha aprobado.

El gobierno de Alfonso Fernández Mañueco (PP-Vox) también ha elegido director general de Cuidados y Humanización de la Consejería de Sanidad: Rubén Cañizares, graduado en Ciencia Política y Enfermería, cuya profesión ha ejercido en puestos de atención sanitaria en Valladolid (Atención Primaria y hospitalaria) y Salamanca, en el Hospital. Además, Cañizares es concejal del Partido Popular en el municipio salmantino de Villares desde 2023.

En 2026 ha sido elegido jefe de la Unidad de Enfermería, Calidad y Seguridad del Paciente en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Cuenta con formación en Liderazgo Enfermero (Universidad Católica de Ávila), Dirección, gestión y Administración Sanitaria (Universidad Católica San Antonio de Murcia) y Gestión y Planificación Sanitaria (Universidad Europea de Madrid).

Cambio en los Servicios Jurídicos

También se han producido cambios en la dirección de los Servicios Jurídicos, después del cese a petición propia de su titular, María García Fonseca. Fernández Carriedo le ha agradecido los servicios prestados y ha explicado que García Fonseca había adquirido un compromiso para terminar al final de la pasada legislatura, por lo que ahora abandona este puesto.

La nueva directora de Servicios Jurídicos será Ana Isabel González Rodríguez, licenciada en Derecho y que ha trabajado como letrada de la Dirección de los Servicios Jurídicos desde 2022 después de casi dos décadas como letrada-jefe de las consejerías de Empleo, Fomento, Medio Ambiente y Movilidad.

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, continúa sus actos de precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con un mitin este lunes en Valladolid, mientras que el presidente nacional de Vox lo hará el martes en Ponferrada (León).

Según ha informado el PSOE en sus redes sociales, el acto de Sánchez está previsto a partir de las 18:00 horas en la Cúpula del Milenio de la capital vallisoletana, bajo el lema 'La fuerza de la gente'.

Al día siguiente, el martes 20 de octubre, el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, ofrecerá un mitin a las 19.00 horas en la plaza Mayor de Ponferrada (León).

Su siguiente parada en Castilla y León será el jueves, 22 de octubre, en la plaza Mayor de Burgos a las 12.00 horas, según ha informado la formación a través de su perfil de X

El sistema informático de Salud Castilla y León ha caído este jueves durante dos horas y ha afectado al sistema de cita electrónica y de historia clínica en centros de salud y hospitales, así como a la aplicación Sacyl Conecta.

Así lo han confirmado fuentes de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Junta a EFE, que han explicado que esta incidencia ha obligado a los facultativos a realizar las recetas a mano y a pedir cita en ventanilla, lo que puede haber generado colas y retrasos.

La caída de la señal ha comenzado en torno 12.55 horas y se ha extendido más allá de las 14:30 horas, y estas fuentes no han podido precisar las causas de la incidencia.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista ha pedido la comparecencia del consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez, para conocer las causas, consecuencias y medidas aplicadas durante la caída del sistema.

La portavoz socialista de Sanidad, Virginia Jiménez, ha afirmado que no se trata de un mero problema informático, sino que es esta incidencia afecta directamente al funcionamiento de la sanidad pública y a la atención que reciben miles de castellanos y leoneses.

A través de un comunicado, el Grupo Socialista se ha hecho eco de las informaciones que indican una caída del programa MEDORA, para el acceso a las historias clínicas en Atención Primaria, y del sistema JIMENA, utilizado para la gestión de la historia clínica hospitalaria.

La parlamentaria del PSOE ha exigido a la Junta que aclare “qué ha provocado esta situación, cuántos centros sanitarios se han visto afectados, durante cuánto tiempose han interrumpido los servicios y qué consecuencias ha tenido para la atención a los pacientes”.

Además, ha insistido en que el consejero debe explicar también qué medidas de contingencia ha tomado y qué actuaciones piensa llevar a cabo para evitar que se repita una caída del sistema, así como ha defendido que la modernización tecnológica debe ser para dar mejores servicios sanitarios, no para generar nuevas dificultades. 

La Policía Nacional ha recuperado tres de las obras de arte sacro que habían sido sustraídas en templos de Valladolid durante julio y septiembre, en una investigación que permitió el pasado 17 de septiembre la detención de un hombre como supuesto autor de varios delitos contra el patrimonio histórico.

Según han informado este viernes fuentes policiales, los hechos investigados presentaban un carácter excepcional en la provincia, al tratarse de sustracciones de obras de arte sacro del interior de iglesias, una modalidad delictiva poco habitual en la demarcación policial.

La sucesión de varios robos en poco tiempo llevó a los agentes especializados a considerar la posible existencia de una única autoría. La investigación se inició tras las denuncias presentadas por la desaparición de diferentes piezas de valor histórico y artístico en varios templos de la ciudad.

Entre ellas figuraban una talla de madera policromada representando a un ángel del siglo XIX, sustraída de la iglesia de San Felipe Neri; una talla de madera policromada en color oro que representa a un ángel sujetando una trompeta, datada a finales del siglo XVII y sustraída del interior de la Iglesia Penitencial de la Santa Vera Cruz.

También figuraban un cuadro sobre lienzo titulado Ecce Homo, copia del pintor Luis de Morales, y la Séptima Estación del Vía Crucis, denominada Jesús cae por segunda vez, ambas pertenecientes a la Iglesia de San Pablo.

Descripción coincidente del autor

Las declaraciones de los testigos permitieron obtener una descripción coincidente del presunto autor, lo que facilitó el avance de las pesquisas. Las gestiones practicadas por los agentes especializados en delitos contra el patrimonio histórico culminaron con la identificación del sospechoso y la autorización judicial para llevar a cabo una entrada y registro en su domicilio, situado en el barrio de Arturo Eyries de Valladolid.

Durante el registro, efectuado el 17 de septiembre, los investigadores arrestaron al sospechoso e intervinieron diversos objetos presuntamente utilizados para la comisión de los robos, entre ellos bolsas de transporte empleadas para ocultar y trasladar las piezas sustraídas, así como un patinete eléctrico utilizado para desplazarse entre los distintos lugares donde se cometieron los hechos.

No obstante, en aquella intervención no fue posible localizar ninguna de las obras desaparecidas ni determinar la participación de otras personas en los hechos, por lo que la investigación continuó abierta.

Fruto de las posteriores gestiones realizadas, intensificando los controles y vigilancias policiales en diferentes puntos, los agentes han logrado recuperar tres de las piezas denunciadas como sustraídas. En concreto, se ha recuperado la talla de madera policromada en color oro que representa a un ángel sujetando una trompeta, perteneciente a la Iglesia Penitencial de la Santa Vera Cruz.

Asimismo, han sido recuperados el cuadro Ecce Homo, copia del pintor Morales, y la Séptima Estación del Vía Crucis, ambas obras sustraídas del interior de la Iglesia de San Pablo. La investigación continúa abierta con el objetivo de localizar la totalidad de las obras sustraídas y esclarecer completamente las circunstancias de los hechos.

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado en el pleno extraordinario de este viernes una moción del PSOE, enmendada por el PP, para favorecer la colaboración institucional y la implantación de la gigafactoría de baterías eléctricas de la empresa china Gotion en la ciudad.

En esta sesión, sólo se han aprobado las enmiendas de sustitución del grupo popular —con algunos votos a favor y la abstención de los grupos de la oposición (PSOE y Valladolid Toma la Palabra)— y se han rechazado las enmiendas de su socio de gobierno, Vox.

Entre las enmiendas aprobadas se encuentran la reclamación al Gobierno de España que designe un representante para el grupo de trabajo que ya forman Gotion, la Junta de Castilla y León y el Consistorio, y que el Ayuntamiento defenderá la viabilidad del acceso directo a la VA-30 recogido en el PGOU y rechazado por Carreteras del Estado.

Otra medida se centra en la colaboración del Ayuntamiento en la redacción de los instrumentos de planeamiento necesarios para la urbanización y reparcelación de la Vereda de Palomares, donde está previsto que se instalen las fábricas. Por último, el Consistorio se ha comprometido a colaborar con la Junta para que el proyecto de Gotion pueda ser declarado proyecto industrial prioritario.

Trabajo “discreto y sin fisuras”

Antes de la votación, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha insistido en la necesidad de la implicación de todas las administraciones, en particular del Gobierno de España que no se ha incorporado a la Mesa de Trabajo.

Asimismo, ha subrayado que “no hay fisuras entre los socios de gobierno” y ha valorado el trabajo de la teniente de alcalde que ha permitido que el informe de impacto ambiental “esté encarrilado”, a la espera de que concluya el informe de Carreteras del Estado sobre los accesos a la VA-30.

El regidor ha insistido en que el equipo de gobierno va a seguir trabajando sin fisuras y de manera “discreta, decidida y sin hacer ruidos” y ha destacado que esto “no va de medallas ni de campaña electoral, va del corto, medio y el largo plazo del futuro de Valladolid”.

Peticiones de liderazgo

Por su parte, el portavoz socialista, Pedro Herrero, ha justificado que su grupo solicitara este pleno extraordinario en la necesidad de facilitar la implantación de Gotion para que Valladolid “no pierda una inversión histórica” y ha recordado que la ciudad aspira “a tener la primera fábrica integral de vehículos eléctricos en Europa”.

“Debemos de estar todos a una, unida toda la Corporación”, ha señalado, antes de pedir liderazgo al regidor en la adquisición del suelo (la mayoría es de titularidad privada) y la declaración de proyecto industrial prioritario, que depende de la Junta de Castilla y León.

La portavoz de Valladolid Toma la Palabra (VTLP), Rocío Anguita, también ha pedido liderazgo a Carnero, ha criticado el hermetismo del equipo de gobierno y ha recordado que el Gobierno de España ya ha invertido 138 millones del PERTE VEC 5, ya que el plazo para ponerlo en marcha es de cinco años.

Críticas a Puente

Por parte del equipo de gobierno, el concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona (PP), ha explicado que tanto la Junta como el Ayuntamiento mantienen reuniones regulares con la empresa y ha insistido en que, para seguir adelante con este proyecto, se “necesitan muchas cosas”, como una red eléctrica adecuada al tamaño de la empresa.

Las críticas más duras han venido por parte de la teniente de alcalde, Irene Carvajal (Vox), que ha manifestado su apoyo al proyecto, aunque no una aceptación “acrítica” de las peticiones del Gobierno y ha criticado el oportunismo del PSOE.

En concreto, Carvajal ha criticado los “obstáculos” que a su juicio supone la intervención del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (PSOE), en la gestiones para la venta de terrenos de particulares y ha asegurado que negoció con Gotion un precio de 6 euros por metro cuadrado “a espaldas de los empresarios”.

El PSOE de Castilla y León avanza para cerrar sus listas al Congreso y al Senado de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Este miércoles ha cerrado sus propuestas provinciales de candidaturas con una apuesta por la continuidad en el Congreso y cambios en el Senado. Los ministros Óscar Puente y Ana Redondo encabezarán la lista por Valladolid, mientras que el exsecretario general autonómico Luis Tudanca figura como número uno al Senado por Burgos, una decisión respaldada por la dirección provincial que choca con las preferencias de las direcciones autonómica y federal. Será Ferraz quien decida la posición del también exsenador por designación autonómica.

Las candidaturas aprobadas este miércoles por los comités provinciales deben pasar ahora por la Comisión Ejecutiva Autonómica y la Comisión Federal de Listas, que se reunirá el viernes en Ferraz. La aprobación definitiva corresponde al Comité Federal del PSOE, convocado para el sábado 17 de octubre.

El esquema general es el de la continuidad en la Cámara Baja: ocho de los nueve cabezas de lista propuestos repiten respecto a las anteriores elecciones. La principal novedad se encuentra en Palencia, donde el concejal Álvaro Bilbao sustituye a Mariluz Martínez Seijo, que no figura en la candidatura aprobada en la provincia.

En Valladolid, el ministro de Transportes, Óscar Puente, volverá a encabezar la lista al Congreso, con la ministra de Igualdad, Ana Redondo, como número dos. La propuesta provincial sitúa a José Domingo Castaño en el tercer puesto, a María Luis Sanz en el cuarto y a Raúl Crespo en el quinto. La candidatura al Senado estará encabezada por Sara María Galván, acompañada por Carlos Mangas y Yolanda Lanza. La lista vallisoletana deberá completar todavía el procedimiento interno antes de su aprobación definitiva.

Tudanca, número uno al Senado por Burgos

El PSOE en Burgos tenía un problema que resolver: Luis Tudanca y su puesto de salida para la lista del Senado. Los números y los resultados históricos dan al PSOE siempre un representante para la Cámara Alta, de ahí la pugna por la cabeza de lista los socialistas. Tudanca fue apartado de la Secretaría General del PSOE de Castilla y León por el actual líder autonómico, Carlos Martínez, y dejó de ser senador por designación autonómica el pasado septiembre. Ahora, la dirección burgalesa lo coloca al frente de su candidatura a la Cámara Alta, en una propuesta que la Ejecutiva autonómica o la dirección federal todavía pueden modificar.

La Ejecutiva autonómica apelaba a su “neutralidad” para elegir candidatos, algo que se ha zanjado con Tudanca de número 1, gracias al respaldo mayoritario de las asambleas locales. De dos iría Aitana Hernando y de tres Jesúis Puente, con Miguel Ángel Adrián, cerrando.

Sin sorpresas para el Congreso, en el que irán Esther Peña y Álvaro Morales encabezando la candidatura.

Enfrentamiento en León

En León, la elaboración de las candidaturas ha estado marcada por el enfrentamiento entre el secretario provincial, Javier Alfonso Cendón, y el expresidente de la Diputación y alcalde de Camponaraya, Eduardo Morán. Este último protestó por quedarse fuera de la lista al Senado pese a sostener que existía un acuerdo previo para su candidatura. Cendón defendió que el proceso había sido limpio y afirmó que le había ofrecido el tercer puesto, una opción que Morán rechazó al no encabezar la lista, informa Ileón.

La candidatura leonesa sitúa a Cendón al frente del Congreso, seguido por Lorena Valle, exconcejala de Ponferrada, mientras que Salvador Vidal encabeza la propuesta al Senado. El episodio deja abierta la incógnita sobre cómo se resolverán las discrepancias internas una vez concluido el proceso de aprobación.

Continuidad en el Congreso y cambios en el Senado

En el resto de provincias, las propuestas provinciales mantienen a los principales referentes socialistas al frente de las candidaturas al Congreso. Javier Alfonso Cendón lidera la lista de León; David Serrada, la de Salamanca; José Luis Aceves, la de Segovia; Luis Rey, la de Soria; Manuel Arribas, la de Ávila, y Antidio Fagúndez, la de Zamora.

La renovación de los números uno al Senado afecta a cinco provincias. En Ávila, Carlos Montesino releva a Jesús Caro; en Burgos, Tudanca encabeza la propuesta; en Salamanca, el elegido es Carlos Fernández Chanca; en Soria, la concejala Ana Alegre, y en Valladolid, Sara Galván. En las otras cuatro provincias se mantienen Salvador Vidal por León, Rosa Aldea por Palencia, Lirio Martín por Segovia y José Fernández por Zamora.

En Palencia, Álvaro Bilbao encabezará la lista al Congreso y la senadora Rosa Aldea repetirá al frente de la del Senado. En Salamanca, David Serrada será el número uno al Congreso y Carlos Fernández Chanca encabezará la candidatura a la Cámara Alta. En Soria, Luis Rey repetirá al frente de la lista al Congreso, dejando fuera a Virginia Barcones, actual secretaria general de Protección Civil en el Ministerio del Interior, y Ana Alegre será la candidata al Senado. El alcalde Javier Antón, que fue senador en la legislatura que acaba de terminar, es suplente en la lista del Senado.

Por último, Zamora mantiene a Antidio Fagúndez al frente de la candidatura al Congreso y a José Fernández en la del Senado.

La decisión final, en Ferraz

Las propuestas provinciales se trasladarán este jueves a la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Castilla y León. Posteriormente, la Comisión Federal de Listas examinará las candidaturas el viernes antes de elevar su dictamen al Comité Federal, que celebrará su reunión el sábado.

Ese trámite será especialmente relevante en Burgos, donde la propuesta de Tudanca no coincide con la preferencia de las direcciones autonómica y federal. La candidatura aprobada por la provincia expresa la decisión de su militancia, pero no garantiza que el exsecretario autonómico vaya a conservar el primer puesto en la lista definitiva al Senado.

La Junta de Castilla y León prevé aumentar cerca del 12% las inversiones territorializadas en las nueve provincias en sus presupuestos de 2027, aunque con diferencias importantes. Segovia encabeza el crecimiento porcentual, con un 31,59% más que en la referencia de 2024, mientras Valladolid registra el menor avance con el 1,54%. En cifras absolutas, León vuelve a situarse a la cabeza, con 240,51 millones de euros, muy por delante de Valladolid (139,77 millones), Burgos (126,59 millones) y Salamanca (125,13 millones).

En el extremo contrario, Ávila concentra el menor volumen de inversión provincializada, con 86,51 millones, por detrás de Soria (97 millones) y Zamora (98,24 millones). Los datos figuran en la documentación territorializada del proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027, registrada este miércoles en las Cortes por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.

Entre las principales partidas destacan las obras del nuevo Hospital de Aranda de Duero, que cuenta con 28,72 millones de euros, y las del Complejo Asistencial Universitario de Palencia, con otros 23,02 millones. La prevención y extinción de incendios forestales suma partidas cercanas a los 123 millones de euros, mientras que la promoción de vivienda protegida para venta y alquiler cuenta con unos 61,4 millones, según el desglose presupuestario aportado.

León encabeza las inversiones con el instituto de Villaquilambre entre las principales obras

León concentra 240,51 millones de euros en inversiones provincializadas, un 4,51% más que en 2024. La provincia mantiene así la primera posición en volumen de fondos, con actuaciones que van desde la modernización de regadíos hasta las infraestructuras educativas y energéticas.

Una de las inversiones más relevantes es la construcción del nuevo instituto público de Villaquilambre, para la que se consignan 8,46 millones de euros en el presupuesto. Se trata de una de las principales actuaciones educativas previstas en la provincia y de una reivindicación que acumula años de compromisos políticos y movilización vecinal.

La primera piedra se colocó hace alrededor de un mes, después de que la Junta adjudicara las obras por 15,7 millones de euros. El contrato contempla un plazo de ejecución de 24 meses y la previsión autonómica sitúa la puesta en funcionamiento del centro en el curso 2029-2030. La infraestructura llegará así más de una década después del compromiso adquirido en 2019 por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el marco de un acuerdo político para mantener al PP en la Alcaldía de Villaquilambre.

El instituto tendrá capacidad para 690 estudiantes, repartidos entre 480 plazas de Educación Secundaria Obligatoria y 210 de Bachillerato. El proyecto, sin embargo, no incorpora la Formación Profesional que también reclamaban desde el municipio.

La inversión educativa se completa con 3,48 millones para el polideportivo del IES Eras de Renueva, en León capital. En el ámbito agrario, destacan los 12,8 millones destinados a la modernización de los regadíos de Villadangos, distribuidos entre sus dos fases, y los 8,2 millones previstos para el regadío de Valderas. La Red de Calor de León cuenta, por su parte, con una partida de 15 millones.

También figuran 3,88 millones para el edificio Incubatech del Parque Tecnológico de León y 1,42 millones para la Unidad Satélite de Radioterapia de El Bierzo. Las actuaciones en polígonos industriales suman cerca de 11,88 millones de euros.

Valladolid apenas crece un 1,54%

Valladolid es la provincia donde menos aumenta la inversión provincializada. La Junta prevé destinar 139,77 millones de euros, un 1,54% más que en 2024. La cuantía la sitúa en segundo lugar por volumen de fondos, por detrás de León, pero el crecimiento es muy inferior al de Segovia, Palencia, Burgos, Zamora o Ávila.

Entre las principales partidas figuran 11,8 millones para equipamiento hospitalario y 2,98 millones para obras en el Hospital Clínico Universitario. También se destina 9,9 millones a la concentración parcelaria en Tordehumos, Villabrágima, Morales de Campos, Medina de Rioseco y Villanueva de San Mancio.

En el ámbito educativo y deportivo, el presupuesto incluye 4,7 millones para el convenio con el Ayuntamiento de Valladolid destinado a construir el polideportivo del colegio Miguel Delibes. La provincia suma, además, 7,54 millones para urbanización de suelo industrial, con actuaciones como el polígono Alto de San Juan, en Medina de Rioseco, y el vivero de empresas de Medina del Campo.

El hospital de Aranda concentra la principal inversión sanitaria de Burgos

Burgos recibirá 126,59 millones de euros, un 18,59% más. La construcción del nuevo Hospital de Aranda de Duero sobresale entre las partidas, con 28,72 millones, dentro de un bloque sanitario provincial que ronda los 39,39 millones.

En la capital burgalesa se destinan 6,48 millones al aulario del IES Diego de Siloé. También destacan los 4,8 millones para la variante de Salas de los Infantes y otros cuatro millones para conectar el abastecimiento de agua de la Vecindad de Burgos Norte con la capital. El Parque Tecnológico de Burgos recibirá 1,1 millones.

Salamanca: cerca de 16 millones para el equipamiento hospitalario

La inversión en Salamanca asciende a 125,13 millones, un 10,38% más. El equipamiento hospitalario absorbe 15,9 millones, a los que se suman 2,21 millones para el Plan Director del Complejo Hospitalario. En materia ambiental, la provincia contará con ocho millones para medios aéreos de lucha contra los incendios forestales y otros 6,42 millones para tratamientos selvícolas preventivos. La Red de Calor Salamanca Oeste recibe cuatro millones.

Palencia y Segovia registran los mayores incrementos

Palencia protagoniza el segundo mayor incremento provincial, con un 24,89%, hasta alcanzar los 111,53 millones. El grueso de las principales actuaciones sanitarias se concentra en la construcción y equipamiento del Complejo Asistencial Universitario de Palencia, que dispone de 23,02 millones.

Entre las inversiones económicas destacan los 5,4 millones para la incubadora de empresas de Magaz de Pisuerga, los 4,9 millones para el polígono industrial de Villamuriel de Cerrato y otros cuatro millones para modernizar el regadío del Bajo Carrión.

Segovia es la provincia donde más crece la inversión en términos relativos, con un 31,59%, hasta los 100,72 millones. Entre las principales actuaciones figura el centro de salud de Cuéllar, con 5,77 millones, además de 4,58 millones para nuevas infraestructuras hospitalarias en la capital. El polígono industrial de Los Hitales, en Bernuy de Porreros, recibirá cinco millones, mientras que otros 4,4 millones se destinan a un vial de conexión entre la CL-601 y la estación del AVE Segovia-Guiomar.

La vivienda pública también tiene un peso destacado en las cuentas segovianas: se consignan casi siete millones para promociones de alquiler y otros 3,56 millones para vivienda destinada a la venta. Entre los proyectos singulares figura, además, una partida de 525.000 euros para construir un puente tibetano con accesos y senda en San Miguel de Bernuy.

Ávila, Zamora y Soria: incendios, patrimonio y centros sanitarios

Ávila contará con 86,51 millones de euros, un 18,11% más. La actuación con mayor dotación individual es la nueva residencia de personas mayores y centro de día de la capital, con 11,5 millones. El presupuesto contempla otros 6,5 millones para urbanizar el polígono industrial de Vicolozano y 5,3 millones para construir una nave en este espacio. Los tratamientos selvícolas preventivos suman casi nueve millones.

Zamora dispondrá de 98,24 millones, un 18,53% más. Entre las partidas de mayor cuantía figuran los cinco millones para equipamiento hospitalario, los 3,5 millones para mejorar la carretera ZA-321 entre la N-122 y Moralina y los 2,3 millones para rehabilitar el Museo de Semana Santa. El Conservatorio Profesional de Música contará con otros 2,25 millones. En materia de prevención de incendios, destacan los 9,1 millones para tratamientos selvícolas y los 3,79 millones para cuadrillas helitransportadas.

Soria, por su parte, eleva la inversión un 9,13%, hasta los 97 millones. La construcción del centro de salud Soria Norte cuenta con 5,52 millones y la adquisición de equipamiento hospitalario, con otros 7,5 millones. En educación, la ampliación del CIFP La Merced recibe 4,67 millones, mientras que la modernización del Canal Inés Eza dispone de algo más de cinco millones. El polígono industrial Vega de Alcozar, en Langa de Duero, contará con 4,5 millones.

La Policía Nacional investiga como homicidio el hallazgo de una mujer de 83 años muerta, y maniatada, en su vivienda en Burgos, ubicada en la calle Vitoria del barrio de Gamonal, un piso que presentaba indicios de haber sido revuelto pero que no tenía forzada la puerta de entrada.

El hallazgo tuvo lugar pasadas las seis de la tarde, han confirmado a EFE fuentes de la Subdelegación del Gobierno, por parte de una persona cercana a la mujer, en una de las habitaciones de la vivienda, y la Policía Judicial ha iniciado una investigación para esclarecer lo sucedido.

El subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, ha explicado a los medios de comunicación que el suceso se habría producido entre las cuatro y las seis de la tarde, en el espacio de tiempo en el que la mujer se quedó sola en casa desde que se fue su hijo después de comer y llegó una cuidadora de tarde.

La cuidadora dio el aviso

Fue la cuidadora la que encontró a la mujer fallecida y dio el aviso. A continuación llegó la Policía Local y luego la Nacional, cuyas unidades de Científica y Judicial se han hecho cargo de la investigación, que según las primeras hipótesis “y por lo revuelta que estaba la casa” estaría relacionada con un robo.

De la Fuente ha indicado que la mujer presentaba una insuficiencia respiratoria y tenía problemas de movilidad, circunstancias que por sí solas podrían haber provocado su muerte ante la entrada de algún intruso en la vivienda, ya que además se encontraba maniatada, ha confirmado el Subdelegado.

Ha insistido en que el caso está bajo investigación, para esclarecer exactamente lo sucedido, y que aunque la mujer vivía sola su hijo pasaba a diario por el domicilio y, además, contaba con dos mujeres que cuidaban de ella, una por la mañana y otra por la tarde.

Policía Científica ha recabado pruebas en un registro del domicilio, mientras que la unidad Judicial ha tomado declaración a la cuidadora y al entorno de la víctima, y se espera que el informe preliminar de la autopsia aporte información que permita concretar cómo se produjo el fallecimiento.

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ha confirmado este miércoles en Soria que el proyecto de Presupuestos de Castilla y León para el 2027 recoge una reducción de cuatro millones de euros en la aportación de esa comunidad a la cooperación al desarrollo. Pollán no ha concretado exactamente qué partidas se verán afectadas.

En declaraciones a los medios tras visitar una residencia juvenil en Soria, el vicepresidente primero de la Junta ha justificado que esos cuatro millones se destinarán a “la eficiencia del dinero público y del gasto público y a ayudar y tener prioridad para las familias castellanas y leonesas y sus necesidades”.

“Trasladaremos esos 4 millones a más ayudas sociales, a más ayudas a las familias y a conseguir intentar que el dinero de los castellanos y leoneses revierta en los castellanos y leoneses y en el bienestar de las familias”, ha anunciado Carlos Pollán, quien no ha detallado de qué manera revertirá esta cantidad en las familias.

Ha incidido en que esos recursos se destinarán a reforzar las ayudas sociales y a las familias de Castilla y León, con el objetivo de priorizar las necesidades de la población de la Comunidad.

El alcalde de la localidad abulense de El Tiemblo, Arturo Varas, ha solicitado la retirada de la ceniza y otros residuos de las cunetas de la zona afectada por el gran incendio de este verano, con el objetivo de “minimizar la contaminación hídrica” y las captaciones, ante las próximas lluvias.

Varas, tras visitar alguna de las zonas afectadas de esta localidad de unos 4.600 habitantes con la diputada provincial de Por Ávila, Juana Robledo, ha comprobado los efectos de las primeras lluvias sobre el terreno quemado, según ha informado XAV en nota de prensa.

En el 'Charco del Cura', principal captación de agua de la localidad tembleña, ambos han corroborado que el agua “está limpia”, aunque el regidor considera que “hay que estar vigilantes de cara a las próximas lluvias”.

Además, han comprobado el resultado de los trabajos realizados por los voluntarios del Ayuntamiento de El Tiemblo y el personal forestal de la Junta de Castilla y León, instalando diferentes elementos de contención en el entorno de la desembocadura del embalse de El Burguillo.

Uno de los veinte pueblos afectados por el fuego

Tras las primeras lluvias, que cayeron de forma “suave”, las fajinas y albarradas instaladas para evitar arrastres, “hicieron su labor de fijación del suelo y filtración del agua”, según el regidor de este pueblo que ha sido uno de los veinte afectados por el segundo mayor incendio de la historia de España desde que hay registros, con cerca de 38.000 hectáreas quemadas.

No obstante, tanto Varas como Robledo han alertado de la importancia de “seguir actuando tanto en esta zona como en el resto de terreno afectado por el incendio”, poniendo el foco en las cunetas de la antigua carretera de El Tiemblo hasta la Reserva Natural del Valle de Iruelas y La Rinconada.

Según relatan, en la misma “aún se pueden observar las cenizas y el lodo arrastrados por el agua de lluvia”, así como en los entornos de los arroyos y gargantas que bajan del monte.

“Es muy importante que se despejen las cunetas de materia orgánica y otros residuos arrastrados por el agua para evitar que se contaminen nuestras captaciones de agua o, al menos, se minimice todo lo posible el efecto del agua”, ha indicado Arturo Varas.

Asimismo, han recalcado la necesidad de seguir trabajando, como hasta ahora, en construir fajinas, albarradas y diques para fijar suelo y contener los arrastres lo máximo posible, y siempre “siguiendo las indicaciones de los profesionales”.

Sostiene que estas actuaciones “son muy positivas cuando la lluvia cae de manera suave”, pero temen que “vuelvan a llegar lluvias más intensas”, como las caídas en zonas del incendio y que han supuesto “graves arrastres, desbordamientos e incluso agua que ha circulado por fincas y fuera de los cauces”.

En este sentido, tanto Robledo como Varas han advertido de la necesidad de que se actúe “con previsión” y con “la máxima diligencia” por parte tanto de la Junta de Castilla y León como de la Diputación de Ávila para “estar lo suficientemente preparados para evitar más catástrofes”.

La comisión judicial ha decidido aplazar hasta el viernes el desahucio de una madre con dos hijos, uno de ellos menor, del piso donde residen, una vivienda social que tienen subarrendada desde 2002 en la calle Concepción de la capital burgalesa.

Un grupo de unas cincuenta personas se ha concentrado en el portal de la vivienda para paralizar el desahucio, que estaba previsto para esta misma mañana.

Carlos, uno de los portavoces del Sindicato de Vivienda de Burgos, convocante de la concentración, ha explicado que se trata de una familia que tiene subarrendado el inmueble, que es una vivienda social.

Reunión esta tarde

Esta tarde, el sindicato celebrará una reunión para buscar alternativas, aunque ya apuntan la posibilidad de que la entidad propietaria del inmueble formalice un contrato con la familia afectada. En todo caso, ya adelantan que volverán a concentrarse el viernes para evitar que se produzca el desahucio.

“La familia está nerviosa por lo que pueda ocurrir y porque impresiona ver desde la ventana varios coches policiales para apoyar el desahucio”, ha explicado el portavoz del sindicato.

La Junta de Castilla y León, que integran PP y Vox, ha presentado este martes sus presupuestos para 2027, que prevé aprobar en el parlamento tras tres años prorrogados, después de que el partido de extrema derecha abandonara los gobiernos autonómicos de coalición con el PP en 2024, lo que había derivado en un gobierno en minoría de Alfonso Fernández Mañueco, que no pudo sacar adelante sus proyectos de Presupuesto de 2025 y 2026.

El presidente autonómico, su número 2, Carlos Pollán (Vox) y el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, han presentado las cuentas del próximo ejercicio, previstas para una Castilla y León “más eficiente y menos burocrática” y que permiten seguir con el cumplimiento del pacto de gobierno, rubricado en junio de este año. “Son unos Presupuestos útiles con muchas novedades, que buscan mejorar la calidad de vida y que dan cumplimiento al acuerdo de gobierno”, ha defendido el líder del Ejecutivo autonómico.

Alfonso Fernández Mañueco ha subrayado que se trata de los Presupuestos más altos (16.472 millones de euros) y con menores impuestos, puesto que la Ley de Acompañamiento de Medidas Tributarias incluyen una rebaja fiscal estimada de 920 millones de euros. Entre estas disminuciones impositivas se encuentran la reducción del tipo mínimo del 9% al 8,75%, el impulso de la Cuenta Ahorro Vivienda Joven, la deducción por gasto en gimnasios (hasta 150 euros) o la exención impositiva en el medio rural.

Los líderes de PP y Vox se han negado a profundizar en los principales escollos y el presidente ha defendido el “trabajo intenso y codo con codo” de un gobierno “que tiene las ideas claras”. Fernández Mañueco ha sostenido que es posible este aumento de la recaudación con menos impuestos porque “la economía crece”, una idea que también ha reforzado el consejero de Economía, con buenas previsiones para los próximos ejercicios. “La fase de crecimiento económico de Castilla y León nos permite que aumenten las bases imponibles aunque bajen los tipos de gravamen”, ha explicado a los medios.

Recorte de un 33% a las partidas para sindicatos y patronal

El vicepresidente autonómico ha anunciado que está prevista una reducción de un 33% (cuatro millones de euros) en las partidas para los sindicatos y organizaciones empresariales —como en las Cortes de Castilla y León—, aunque ha garantizado que se seguirá cumpliendo con la Ley, tras un primer gobierno PP-Vox salpicado de condenas judiciales derivadas de la supresión de fondos para estas entidades.

Además, se está estudiando cómo se utiliza el dinero público que la Junta de Castilla y León entrega a las ONG. Pollán ha explicado que se valorarán los nuevos convenios a medida que concluyan los convenios en 2027.

Según el desglose proporcionado por el presidente autonómico, la Vivienda es el capítulo “que más crece” respecto a la inversión de 2024, seguida de Suelo industrial para creación de empleo y la Agricultura y Ganadería.

Prioridad nacional

Preguntado sobre la aplicación de la prioridad nacional, el líder de Vox ha explicado que en estas cuentas no se puede detallar la aplicación de este nuevo criterio, aunque ha garantizado su aplicación en el próximo año, incluso a pesar de las dudas presentadas después de las advertencias presentadas por la Comisión Europea de que el número máximo de años de empadronamiento que se pueden pedir es de cinco años, y no de diez como pretende Vox. “Lo vamos a mantener”, ha avanzado Alfonso Fernández Mañueco, respecto a los diez años que, como mínimo, se quieren pedir como empadronados para algunas ayudas.

El PSOE de Castilla y León se aferra a la “neutralidad” de la dirección autonómica del partido para designar a los candidatos al Congreso y al Senado que se aprobarán el próximo sábado de manera definitiva. El problema está en Burgos, donde hay cuatro candidatos a ocupar los cuatro escaños que corresponden a la provincia y que se repartirán entre los dos partidos que obtengan más votos el próximo 29 de noviembre, día en que se celebrarán las elecciones generales.

El secretario de organización del PSOE en Castilla y León, Daniel de la Rosa, ha confirmado que, Esther Peña y Álvaro Morales encabezarán la candidatura al Congreso de los Diputados, mientras que Aitana Hernando, Luis Tudanca, Miguel Ángel Adrián y Jesús Puente se postulan como candidatos al Senado. Aparentemente, el Senado es la única salida que contempla el exlíder del PSOE. Tudanca fue senador por designación autonómica durante un año y desde el momento en que renunció a la secretaría del partido en favor de Carlos Martínez, que en marzo fue candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Sin embargo, el arreglo apenas duró un año. Martínez, acabó prescindiendo de Tudanca el pasado mes de septiembre para colocar en su lugar a la exalcaldesa de Segovia, Clara Martín. En ese momento, Martínez aseguró que Luis Tudanca seguía siendo un activo para el PSOE de Castilla y León y dio a entender que contaría con él, si bien no aclaró cómo o con qué puesto. Parece que no había y no hay una decisión tomada sobre su futuro, de ahí que Luis Tudanca se haya postulado como candidato al Senado junto a otros tres compañeros, pero si los resultados no se desvían de lo que marcan sondeos y encuestas, el PSOE difícilmente sacará más de un escaño en Burgos.

De la Rosa ha explicado en una rueda prensa que, en todo el proceso para elegir a los candidatos, es el Comité Federal el que tiene la última palabra, ya que las asambleas y las propuestas provinciales no son vinculantes. Este martes las agrupaciones municipales celebran asambleas para que los militantes propongan a sus candidatos. El miércoles las ejecutivas provinciales recibirán los resultados y elaborarán sus propuestas, que deberán ser avaladas o no por los respectivos comités provinciales en esa misma jornada. El jueves las ejecutivas autonómicas se reunirán para informar sobre las candidaturas provinciales y trasladarlas a la Comisión Federal de listas, que se reunirá el viernes y será el sábado cuando el Comité Federal apruebe definitivamente las listas.

La Junta de Castilla y León, dirigida por el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, aplicará la 'prioridad nacional' de 10 años en las ayudas —tal y como prevé algún apartado del pacto de gobierno de PP y Vox— pese a las advertencias de la Comisión Europea de que el número máximo de años de empadronamiento que se pueden pedir es de cinco años, y no de diez. “Lo vamos a mantener”, ha avanzado Alfonso Fernández Mañueco en la rueda de prensa en la que ha presentado este martes el Proyecto de Presupuestos de 2027.

Preguntado sobre la aplicación de la prioridad nacional, el líder de Vox y vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha explicado que en estas cuentas no se puede detallar la aplicación de este nuevo criterio, aunque ha garantizado su aplicación en el próximo año. El pacto de gobierno de PP y Vox para Castilla y León incluye la exigencia de empadronamiento de 10 años para acceder a la compra de vivienda protegida y de cinco años para el alquiler. También se requiere un empadronamiento mínimo de cinco años a los menores de 30 años que quieran obtener una ayuda para sufragar parte de los gastos del carnet de conducir.

Más allá ha ido en varias ocasiones el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico (Vox), ha reivindicado desde el parlamento y desde el Gobierno el principio de “los españoles, primero”. El aviso de la Comisión Europea ha sido rubricado por el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, cuyo partido está adscrito al Grupo del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo. Ha sido en respuesta al eurodiputado de Compromís Vicent Marzà, quien planteaba si estas medidas incurrían en una discriminación indirecta incompatible con los artículos 20 y 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

La fiscal ha mantenido este martes penas que suman 112 años de prisión para un hombre acusado de una agresión sexual grupal, cometida en Valladolid contra una mujer que presenta una discapacidad del 59%, han informado a EFE fuentes jurídicas.

La vista oral se ha celebrado a puerta cerrada en la Audiencia Provincial de Valladolid por hechos ocurridos durante la madrugada del 30 de agosto de 2023 en el parque Fuente de la Salud de la capital vallisoletana.

En principio se investigaron hechos cometidos por siete personas, de las que dos son menores y ya han sido juzgados, otro es inimputable, a otro posible autor no le reconoció la víctima y los otros dos supuestos participantes no han sido identificados.

Durante el juicio, la víctima ha ratificado sus acusaciones y ha asegurado que los hechos no ocurrieron con su consentimiento, mientras el acusado, que solo ha respondido a preguntas de su abogado, ha rechazado la versión de la perjudicada.

En concreto, la Fiscalía y la acusación particular demandan catorce años de prisión por cada uno de los siete delitos de violación con violencia e intimidación cometido por varias personas, con carácter vejatorio y contra una persona especialmente vulnerable, de los que acusa al procesado.

También reclaman diez años de cárcel por elaboración de pornografía con persona con discapacidad - se grabaron imágenes de los hechos - y cuatro años por robo con intimidación, mientras la defensa solicita la absolución.

En el apartado de responsabilidad civil, la acusación particular pide cantidades que suman cerca de 155.000 euros.

Durante parte del desarrollo del juicio, en el que han comparecido siete testigos, demás de dos peritos forenses, un grupo de personas ha protestado a las puertas de la Audiencia Provincial con una pancarta de la CGT en la que se podía leer “Basta de agresiones”.

Asaja Castilla y León ha pedido a la consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, que flexibilice los requisitos para hacer quemas controladas de los pastos. En concreto, esta asociación pide que baste con una comunicación de los ganaderos que asegure que se cumplen “unas normas básicas” y que solo “en casos excepcionales” sean los bomberos forestales los que realicen estas quemas.

“Esta es una vieja reivindicación de la organización agraria que nunca ha tenido una respuesta satisfactoria por parte de los titulares anteriores del departamento con competencias en la materia”, ha protestado Asaja a través de un comunicado, en el que ha puesto como ejemplo el último acuerdo de la Consejería de Agricultura y Ganadería (Vox). Por eso le piden a González Corral “que tome nota”.

El titular de la cartera, Joaquín Antonio Pino —quien presidió Asaja Ávila entre 2008 y 2026 y fue vicepresidente autonómico de Asaja entre 2021 y 2025— ha autorizado la quema de rastrojos como medida para controlar el topillo campesino de manera preventiva. Desde el 9 de octubre, basta con que los agricultores comuniquen su intención de realizar una quema de rastrojos en parcelas agrícolas, una decisión que Asaja califica de “acertada y valiente”.

Los trabajos de monitorización han reflejado que el topillo tiene una incidencia “baja o muy baja”, aunque hay “focos iniciales de incremento” y “una evolución que aconseja anticipar la respuesta fitosanitaria” durante esta campaña agrícola 2026/2027. La comisión asesora consideró a finales de septiembre que concurrían “circunstancias técnicas suficientes para declarar una situación fitosanitaria excepcional de carácter preventivo” y adoptar medidas “temporales, proporcionadas y revisables” para prevenir la expansión de las poblaciones y minimizar el riesgo de daños a las explotaciones agrarias.

Una medida que “limpia el monte”

La organización profesional agraria defiende que esta quema “limpia el monte público y privado” y sirve para “preservar la superficie forestal y el arbolado y aumenta los pastizales para el ganado”.

La opa garantiza que la quema de pastos “puede incrementar la carga ganadera en muchos de nuestros montes” a largo plazo y puede “sustituir en gran medida” a los desbroces mecánicos, una práctica que esta organización considera “poco eficiente por el elevado coste económico y el impacto ambiental por el alto consumo de combustibles fósiles”.

Para Asaja, el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco “ha gastado importantes cantidades de dinero de la PAC” en los desbroces mecánicos, “que han podido favorecer mucho a las empresas de servicios, pero poco a los ganaderos”. Preguntado por esta cuestión, el presidente autonómico ha respondido a Asaja: “Tomo nota”.

La Iglesia de San Pedro de Becerril de Campos (Palencia) ha sido desde hace siglos un 'mix' de estilos artísticos: la portada es románica, la bóveda era nervada y los arcos eran del barroco. Tuvo un retablo del plateresco que ahora acoge un templo malagueño y un órgano del siglo XVIII. Añádele ahora un cielo nocturno 'falso' y un trampantojo de enormes planetas flotando en el infinito y tienes San pedro Cultural, el mayor atractivo turístico de la comarca.

La parroquia cerró en la década de 1940 y empezó a tener usos paganos: colegio, alojamiento para caminantes, granero... La estructura se debilitó por el peso del grano y en la década de los 70 tuvieron que derribar la torre campanario por miedo a que cayera sobre las viviendas cercanas. Se hundió la cubierta y sufrió un abandono total, desamparado ante la vandalización y las lluvias.

En 2011, el equipo municipal de Becerril de Campos decidió buscarle una solución y en 2013 consiguió que la restauración de San Pedro fuera incluida en el presupuesto del Ministerio del 1% cultural después de que el Obispado cediera el templo al Ayuntamiento. La condición de la Iglesia, que fuera utilizada a proyectos educativos. Y vaya si lo ha hecho. Arropado por un stellarium estival, San Pedro ahora acoge numerosos objetos científicos y sirve de sala de exposiciones y eventos culturales.

Becerril de Campos ya tenía un Museo de Arte Sacro, así que San Pedro debía tener otro enfoque. “En una visita a Roma quedé impactado con la línea meridiana de la Basílica de los Ángeles”, explica Carlos del Olmo.

El proyecto acabó en manos de tres arquitectos palentinos: Álvaro Gutiérrez, Carlos del Olmo y Juan del Olmo. “Era una ruina total, pero tenía ese encanto de 'ruina encontrada'. Sujetamos todo lo que era sujetable: los arcos, los trozos de bóveda, la fachada oeste, la cubierta y recompusimos la planta del coro”, explica uno de los arquitectos del proyecto, Carlos del Olmo. “Fue un proyecto muy arriesgado, nadie pensó que fuera a tener esta repercusión”, recuerda el alcalde de Becerril, Fran Pérez, también fue el gestor de San Pedro Cultural cuando empezó el proyecto.

Hoy, la iglesia de San Pedro es San Pedro Cultural. Bajo un stellarium que te transporta a una noche de verano, se habla de ciencia, se celebran exposiciones, conciertos, jornadas de cine, desfiles, presentaciones e incluso bodas civiles. El Ayuntamiento calcula que reciben hasta 25.000 visitas al año solo en este espacio cultural que acoge una línea meridiana, tres estenopes que permiten la entrada de la luz solar natural, un meteorito, un simulador de agujeros negros y un péndulo de Foucault.

El exalcalde de Becerril Mario Granda reconoce el ingente trabajo que se ha realizado en todo el proceso. “San Pedro Cultural es el trabajo de muchísimas personas que han aportado ideas, recursos y trabajo. Aquí han echado algunos horas para regular el péndulo... días y noches. Y eso no se paga”, ensalza, en referencia a los miembros de la Agrupación Astronómica Palentina, que se implicó en el proyecto desde el principio.

Difusión de la ciencia y astronomía

Carlos del Olmo era aficionado a la astronomía ya de antes, aunque ahora está en la directiva de la agrupación. El arquitecto recuerda que presentaron el proyecto al concurso de Europa Nostra de Patrimonio, pero no fue premiado. A pesar de ello, las visitas hablan por sí solas y bastan las ovaciones de todos los que visitan Becerril de Campos. “Nos consolamos diciendo que tenemos el premio del público”, bromea.

“La labor fundamental es difundir la ciencia y la astronomía para que la gente tenga más cultura científica y despertar vocaciones científicas entre los niños”, explica uno de los miembros de la Agrupación Astronómica Palentina, Óscar Díez Higuera, amante del coleccionismo que además ha donado diversos objetos científicos.

Hay astrolabios, espectrógrafos, libros de astronomía y navegación, una de las placas solares del Solar Orbiter, una caja de vuelo original prestada por la Agencia Espacial Europea (ESA) y, entre otros, un meteorito que cayó en 2004 cerca de Villalbeto de La Peña, en Palencia, donado por uno de los miembros de la Agrupación Astronómica. Becerril también acoge en sus calles un sistema solar a escala, reducido diez mil millones de veces.

La astronomía se une a la historia y al arte en San Pedro Cultural. Durante la restauración del edificio, se retiró el yeso y cal de un nicho —que se usaba para higienizar las paredes de las iglesias— y aparecieron pinturas medievales en el ábside y una policromía de estrellas rojas en un nicho, que se llena de luz solar una vez al año: en el solsticio de invierno.

Además del coste que tuvo rehabilitar la iglesia y que pagó principalmente el Ministerio, la Diputación de Palencia lleva aportando al proyecto 30.000 euros anuales desde 2016, unos fondos cuyo valor se reconocen. “Hemos conseguido cambiar un poco la dinámica cultural y económica”, apunta Mario Granda. Tanto él como su sucesor en el cargo coinciden en el apoyo económico que ha supuesto: un hotel y tres casas rurales, además del impacto que tiene en los bares del pueblo.

Alba Jiménez lleva nueve meses trabajando junto a Alba Santamaría en San Pedro Cultural. Las dos realizan las visitas guiadas con explicaciones de la historia de la iglesia, el entorno del espacio y el interior. También sirve de punto de información turística y las dos organizan exposiciones, conciertos y otros actos culturales. Hasta noviembre, San Pedro Cultural acoge la exposición “Dos Miradas” con dibujos de galaxias de Ana de Alvear, que esperan que atraiga también a gente de Estados Unidos.

San Pedro Cultural va de ciencia, pero no solo. El centro cultural va del espacio, de sueños, de música y también, por qué no, de filosofía: de lo ridículamente pequeños que somos como planeta, por mucho que a veces nos creamos el centro del universo.

En Paredes de Nava, un pueblo palentino de 1.800 habitantes, un centenar de agricultores se han plantado ante el Ayuntamiento y han reclamado para todo el pueblo el aprovechamiento agrícola y ganadero de las 900 hectáreas de tierras comunales. El consistorio quería acotar casi la mitad de las hectáreas para darle un uso industrial: concretamente, de energías renovables, sobre todo de paneles solares y/o aerogeneradores. Pero no podrá ser, al menos, de momento.

El Ayuntamiento de Paredes desestimó las alegaciones de la Junta Agropecuaria Local el 27 de enero de 2021, que rechazaba el acotamiento aprobado en diciembre de 2020. La Orden de la Consejería de la Presidencia fue emitida el 11 de febrero de 2021. Pese al proceso judicial que estaba en marcha, el Ayuntamiento se negó a paralizar la subasta de estas tierras, que fueron adjudicadas a Ibereólica Renovables S.L., la única empresa que se presentó. Las tierras comunales fueron adjudicadas por 21,2 millones de euros según la adjudicación publicada en el portal de Contratación del Sector Público. El alcalde matiza que esos 21 millones de euros se ingresarían en los próximos 40 años. El valor inicial estimado de la subasta era de 14 millones de euros.

El alcalde de Paredes de Nava y vicepresidente de la Diputación de Palencia, Luis Calderón (PP), asegura desconocer si ahora Ibereólica Renovables reclamará una indemnización si la sentencia finalmente es firme. El regidor sí explica a este diario que la empresa todavía no ha registrado el proyecto ni la evaluación de impacto ambiental en el Ayuntamiento.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado la orden de la Consejería de la Presidencia (11 de febrero de 2021) de la Junta de Castilla y León que autorizaba acotar los bienes comunales de Paredes de Nava y el acuerdo del pleno municipal (27 de enero de 2021), en el que se apoyó la modificación de una ordenanza para convertir 460 hectáreas en suelo industrial con el apoyo del Partido Popular y la abstención del PSOE. La sentencia no es firme.

“Se les está patrimonializando”

“Con su acotamiento para un uso industrial para su posterior adjudicación por precio realmente se les está patrimonializando”, asegura el magistrado del TSJ en la sentencia, a la que ha tenido acceso este diario. Sin embargo, la Ley fija un mínimo de diez años sin uso de las tierras comunales para poder patrimonializarlas.

“Es casi una forma de expulsar a los vecinos”, reprocha el abogado de los agricultores, Pablo Serna. El alcalde contextualiza la situación y asegura que todo el territorio municipal tiene 13.000 hectáreas agrícolas más. Sin embargo, la Junta Agropecuaria Local subraya el papel que tienen estas tierras comunales y que han sido utilizadas por el pueblo “desde tiempos inmemoriales” y que sirven a los agricultores jóvenes, con menos poder adquisitivo o con más cargas familiares.

“Las tierras siempre han tenido un fin social, no especulativo”, defiende la asociación agropecuaria. Juan Carlos (nombre ficticio de uno de los agricultores) recuerda cómo las generaciones pasadas pelearon por el Monte Páramo cuando otra empresa “vino con dinero” y quiso dar uso agrícola privado. “Se movilizaron los vecinos entonces y gracias a nuestros antepasados tenemos las tierras comunales”, explica.

“Nos pertenece a todos”

César también es de Paredes de Nava y defiende su derecho a acceder a las tierras “igual que los otros vecinos”. “Nuestros antepasados lucharon por ello. Es un bien comunal y nos pertenece a todos”, explica a este diario, aunque aclara que actualmente no trabaja ninguno de los lotes del terreno. “Puede cogerlo cualquier vecino. Pagas las cuotas y le puedes dar un uso agrícola, ganadero [pastos] o de caza”, explica. De hecho, el TSJ también aborda la cuestión cinegética, porque considera que se impediría la caza en los terrenos acotados y eso vulneraría el orden de aprovechamientos legalmente establecido.

En el Monte Páramo se cultiva trigo, veza, avena y girasol. Un poco de cebada, aunque es un cultivo menor, según explica César, que explica que algunas parcelas del monte son “curiosas” —mejores— y otras son de peor calidad puesto que la tierra se roturó hace muchísimos años, pero sigue siendo un monte comunal y defiende que siga así, independientemente de su nivel de producción, que —afirma— debería ser recatalogado para ajustarse mejor a la realidad de las tierras.

Por su parte, el Ayuntamiento defiende que la inyección de dinero que recibiría de esta empresa servirá para “mejorar e implementar sus servicios y/o reduciendo sus cargas fiscales”, algo que considera que sería “en beneficio de todos los vecinos”.

La sala del TSJ considera que en realidad la controversia cuestiona “el modelo de vida” de los pueblos que han vivido de la agricultura y utilizado estos bienes comunales frente a quienes ven la posibilidad de “obtener mayores ingresos económicos a través de su adjudicación por precio para la instalación de proyectos energéticos”. Alerta también de que esta situación “afecta a su subsistencia [de los pueblos] y permanencia en el territorio”. “Las tierras comunales no son para especular, son del pueblo”, defiende la Junta Agropecuaria Local, que denuncia “opacidad” en el Ayuntamiento.

El consistorio adjudica lotes (de unas seis hectáreas) cada cinco años. En esta ocasión, la licencia terminaba en octubre de 2021 y al renovarse se contempló la posibilidad de expulsar estos agricultores una vez empezaran las obras del parque de energía renovable. En esas 900 hectáreas de tierras comunales hay unos 70 agricultores que trabajan, según explica la Junta Agropecuaria Local.

Los terrenos comunales son para uso y aprovechamiento por los vecinos del pueblo y, por lo tanto, no por una empresa ajena al municipio, aunque el Ayuntamiento pudiera obtener un mejor precio por el uso de esas tierras. El poder legislativo es el que debe “definir el modelo territorial y buscar la armonización” entre agricultura, ganadería y proyectos de energías renovables, sin que los derechos de los primeros “resulten atropellados por el mayor rendimiento económico de estos”. El Ayuntamiento es quien debe gestionar los bienes comunales, pero corresponde a los vecinos aprovechar estas tierras comunales.

Cabe recurso de casación en un plazo de 30 días. Tanto el Ayuntamiento como la Junta de Castilla y León están estudiando la posibilidad de recurrir la sentencia. El Tribunal impone las costas de los demandados y el abogado de la Junta Agropecuaria Local confía en que la sentencia termine siendo firme y pueda crear jurisprudencia en casos similares.

Las asociaciones agrarias cargan contra los municipios

Serna asegura que esta sentencia podría servir de “apoyo y ayuda” a otros vecinos que vivan situaciones similares y quieran impugnarlo. La Junta Agropecuaria destaca que la “suerte” que ha tenido la asociación es que tenían fondos y han podido acudir al TSJ, una oportunidad que no todos tienen, afirman. Esto podría allanar el terreno para otros vecinos.

De hecho, las asociaciones agrarias de Castilla y León no han tardado en reaccionar. Upa-Coag reprocha que “muchos” ayuntamientos de Castilla y León, “al rebufo de las altas tasas que pueden pagar las empresas inversoras en energías renovables”, coloquen “una alfombra roja” a estas compañías.

Asaja ha pedido prudencia a los ayuntamientos antes de “dejarse embaucar” en macroparques solares ante un sector primario que se siente “acorralado”. “Nos está echando a los pies de los caballos, entre la voracidad de las empresas fotovoltaicas y la expectativa de recibir ingresos fáciles por parte de los ayuntamientos, aunque sea a costa de eliminar a los agricultores de la zona”, denuncia la organización profesional agraria.