La Junta de Castilla y León promociona la empresa de eventos del presidente de la Diputación de Burgos y del PP provincial, Borja Suárez, en su portal de Turismo. Cualquiera que busque qué visitar en Santa Gadea del Cid, un municipio que apenas supera los 160 habitantes, acaba en una web para contratar bodas.

El Monasterio Convento de Nuestra Señora del Espino es un Bien de Interés Cultural (BIC), una figura jurídica para reconocer y proteger elementos del patrimonio cultural, tanto muebles como inmuebles bajo la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Según la web de la Junta, el monasterio “fue fundado por Pedro López de Padilla y su esposa Isabel Pacheco Padilla en 1477. En el convento estuvo, durante un tiempo, el manuscrito original del Cantar del Mío Cid. Actualmente, es un monasterio de la Orden de los Benedictinos. Se visitan la Iglesia y el claustro, ambos góticos y del siglo XV. Destaca una talla gótica de la Virgen”. En el apartado “¿Cuándo visitarlo?”, aparece directamente el enlace a la empresa de Suárez, que publicita todos los servicios que ofrece: bodas, convenciones de empresas y servicios de cáterin.

En el portal de Turismo se informa de multitud de monasterios y se incluyen horarios de visita y tarifas, si bien no se enlazan empresas privadas como es el caso de Eventos El Espino. Según la Consejería de Cultura y Turismo lo ocurrido en este caso es una “desactualización” y se atribuye al error de una empresa externa que se encarga de la información web de Turismo y Patrimonio de Castilla y León. Tras contactar elDiario.es con la Consejería, se ha dado la orden de eliminar el enlace a la empresa de Borja Suárez.

Tal y como publicó elDiario.es, cuando Borja Suárez tomó el acta de concejal en el Ayuntamiento de Burgos incluyó en su declaración de bienes la posesión del 22% de las acciones de Eventos el Espino SL y otro 22% de una empresa relacionada con esta y con los mismos socios, El Granero de San Francisco SL. Al tener más del 10% de acciones de ambas empresas, por ley no podía contratar con el ayuntamiento del que forma parte, y, sin embargo, desde que Suárez entró en la corporación municipal, comenzaron las adjudicaciones de eventos que eran nulas de pleno derecho. Es más, Suárez amplió sus acciones en 2025 hasta llegar a tener el 33%, un tercio de la empresa, y no modificó su declaración de bienes.

Los contratos públicos no son solo del Ayuntamiento, también contrató a Eventos El Espino la Junta de Castilla y León a través de dos de sus consejerías, la de Economía y la de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Una vez que estalló el escándalo, la alcaldesa, Cristina Ayala, pidió un informe al secretario municipal, que concluyó que los contratos son nulos y que Suárez debió elegir entre las acciones y el acta. Aunque desde el Ayuntamiento y desde el PP se argumenta que no se conocía la relación de Suárez con Eventos El Espino, lo cierto es que fue el cáterin elegido para algunos eventos del Partido Popular de Burgos, tal y como publicó elDiario.es.

Mientras los partidos en la oposición, PSOE y Vox, piden su dimisión, Suárez se agarra al acta de concejal argumentando que la culpa es de los técnicos municipales, que no actuaron bloqueando los contratos que se adjudicaron a dedo a su empresa. También insistió en la indefensión que había sentido al no conocer la normativa vigente desde 1984 y 1985 que impide contratar con empresas de cargos públicos. Hasta el momento, Suárez, que asegura que se ha deshecho ya de las acciones que tenía, no ha dimitido. El Ayuntamiento tampoco ha aclarado cómo se va a devolver el dinero público que se pagó a Eventos El Espino.

El tribunal de instancia de Valladolid, sección Instrucción, plaza 6, ha procesado a un médico por delitos de agresión sexual y contra la intimidad cometidos contra ocho víctimas y ha mantenido al investigado en prisión provisional sin fianza, han informado a EFE fuentes del TSJCyL.

El juzgado, que ha dictado el auto de procesamiento por hechos que ocurrieron en el sanatorio privado Sagrado Corazón en siete casos y en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid en otro, mantiene además las medidas cautelares acordadas en marzo de 2025.

Esas medidas abarcan la prohibición de aproximación a las víctimas y de ejercer como médico o facultativo sanitario en centro público o privado, así como el ejercicio de su profesión en consulta privada.

El Juzgado establece que el acusado preste 32.000 euros de fianza para asegurar provisionalmente las cantidades que pudieran llegar a imponerse en concepto de responsabilidad civil. Mantiene la prisión provisional para el investigado ante el riesgo de fuga, teniendo en cuenta la elevada pena que puede corresponderle por los delitos de agresión sexual y por los delitos contra la intimidad.

La Policía Nacional arrestó al médico el 21 de marzo de 2025 en Burgos por un delito de agresión sexual, tras ser denunciado por una paciente a la que realizó tocamientos y grabaciones con su teléfono móvil en la consulta donde prestaba servicio en Valladolid, según explicaron fuentes policiales tras el arresto.

Posteriormente, siete víctimas más plantearon denuncias por hechos similares en Valladolid, mientras otras mujeres las presentaron en Burgos, donde se ocupará de su caso el juzgado que corresponda.

Tras su detención y con la autorización judicial correspondiente, fue practicado un registro de su domicilio en Burgos donde se intervinieron seis teléfonos móviles, dos discos duros, tres tablets, seis tarjetas de memoria, cinco ordenadores portátiles, dos cámaras de fotos, dos minicámaras y tres pendrives, precisaron fuentes policiales.

El poeta y ensayista Tomás Sánchez Santiago, que ha recibido este martes el Premio Castilla y León de las Letras en Valladolid, ha reivindicado la “verdadera cultura” como una “puerta a la esperanza” en un contexto mundial de dudosa “altura moral” y ha recordado que la Comunidad es “tierra de acogida” ante un posible pacto de gobierno de PP y Vox, cuyo cariz se puede intuir teniendo en cuenta las condiciones pactadas en Extremadura, donde ambos partidos han introducido cuestiones como la “prioridad nacional”, algo especialmente cuestionado por su legalidad.

Sánchez Santiago ha recurrido a Fray Luis de León, Beatriz Galindo y Miguel de Unamuno, entre otros como figuras que encontraron en Castilla y León un hogar. “La capacidad crítica, y hasta heterodoxa, de todos ellos viene a recordarnos que nuestra identidad va más allá de un origen, de una clase social, de un apellido”, ha manifestado durante el acto, que también ha homenajeado a María Caamaño, fallecida hace unos días a los 13 años debido al sarcoma de Ewing que padecía y que el año pasado recibió el Premio Castilla y León a los Valores Humanos.

Para el Premio autonómico de las Letras, han retornado “amenazas” como “las exclusiones, el miedo al otro por ser distinto, la exaltación ciega de los propio por encima de los demás, el menosprecio al pensamiento y la imposición de la ignorancia interesada”.Y la cultura “no puede esconder el rostro ante ese panorama”.

Tomás Sánchez Santiago ha aprovechado su participación como portavoz de todos los premiados de esta edición para leer un fragmento de un poema suyo de 2024, El que menos sabe, que hablaba precisamente de la xenofobia emergente.

La Junta de Castilla y León ha reconocido el trabajo en diferentes categorías como la Investigación Científica (Verónica Pascual Boé), las Artes (Nuevo Mester de Juglaría), las Ciencias Sociales y Humanidades (Germán Vega García-Luengos), el Deporte (Laura López Valle), los Valores Humanos y Sociales (Proyecto Hombre) y la Tauromaquia (el Ayuntamiento de Benavente, organizador e impulsor del Toro Enmaromado), además del premio de las Letras.

Los que faltan

En otro momento de sus discurso, ha dispensado un recuerdo a una galería de escritores a los que “no les dio tiempo” a recibir el galardón de las Letras: Aníbal Núñez, José-Miguel Ullán, Enriqueta Antolín, José Manuel de la Huerga, Luis Javier Moreno, Tomás Salvador, David González, José Diego, Avelino Hernández y José Antonio Abella.

“Todos ellos amaban a esta tierra y amaban el peso de las palabras”, ha agregado antes de referirse a la poesía como un “oficio de paciencia”, en palabras del portugués Eugénio de Andrade, “el mayor espacio que conozco de responsabilidad y de resistencia”, que “no está en el mercado ni en los escaparates ni en los enormes titulares de los medios de comunicación: no está allí donde no debe estar”.

Mañueco pide un “gran esfuerzo de concordia”

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha convocado este martes a un “gran esfuerzo de concordia” en el ámbito político, en unos tiempos “muy complejos” y “claramente tensos”, donde concurren “ruido, frases vacías o gestos intrascendentes”.

Ante el auditorio del Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, en su discurso de clausura de la entrega de los Premios Castilla y León 2025, Mañueco ha subrayado que aunque la política implica “discrepancia y debate”, nunca debe convertirse en “descrédito personal”, según recoge EFE.

El presidente en funciones ha apelado al resultado de las recientes elecciones autonómicas y, en este sentido, ha reclamado que los partidos comiencen a hablar de “un proyecto de futuro que ilusione y que ensalce la nobleza del trabajo político”, que garantice “estabilidad y certidumbre”.

Mañueco ha argumentado que Castilla y León afronta este momento con un crecimiento económico “muy dinámico”, con más gente trabajando que nunca, con “los impuestos más bajos” de la historia autonómica y en el “pódium nacional de los grandes servicios públicos”: “Hemos dado pasos de gigante y nuestros objetivos deben ser igual de ambiciosos”.

Humanismo solidario

El dirigente autonómico ha defendido la necesidad de construir una Comunidad “de ciudadanos libres e iguales, sin privilegios, con los mismos derechos y deberes, una solidaridad asegurada y una financiación justa, suficiente e igualitaria”.

La “cultura del esfuerzo” transmitida a los más jóvenes, la garantía de libertad, seguridad jurídica y confianza hacia los emprendedores y el “humanismo solidario” son otros de los rasgos que Mañueco quiere incorporar en la construcción de la futura Castilla y León, entre los que también ha citado la “máxima cohesión social y el mayor cuidado para las personas más vulnerables y necesitadas”.

Mañueco ha apelado también al fortalecimiento de la identidad de Castilla y León, que ha definido como “serena, histórica, cultural”, sin necesitar “gritos para afirmarla”: “Basta con honrarla, con defenderla con orgullo tranquilo”, ha añadido.

El presidente en funciones ha definido a esta tierra como una “de equilibrio, de respeto, de cultura inigualable y sobre todo de progreso”.

“Tenemos talento, recursos, voluntad y, sobre todo, unas gentes orgullosas de nuestro pasado y muy capaces de luchar por nuestro futuro”, ha resumido Mañueco, convencido de que Castilla y León es un lugar donde “soñar y crear, trabajar y sentir, gozar y sufrir, crecer como personas y compartir como paisanos”.

En este punto, ha citado a Victoriano Crémer para referirse a que Castilla y León es “un viejo mar luminoso y cambiante, que conserva su hondón convulso el cántico eterno de la libertad”.

Un grave incendio declarado a las 2:30 de esta madrugada ha devorado las cocheras del servicio municipal de autobuses urbanos de Burgos, ubicadas en la carretera Poza, con daños económicos muy cuantiosos pero sin causar daños personales, ha informado el Ayuntamiento. En este momento, el Cosistorio mantiene conversaciones con empresas privadas para poder dar servicio de transporte urbano, que en este momento tiene seis líneas suspendidas.

La alcaldesa, Cristina Ayala, ha informado a EFE de que un trabajador del servicio -estaban seis en el momento del incendio-, en concreto un conductor que ha conseguido salvar varios autobuses de las llamas, ha tenido que ser trasladado al Hospital Universitario de Burgos herido leve por inhalación de humo.

El incendio, cuyas causas se desconocen, ha afectado a gran parte de las dependencias, así como a la flota de autobuses urbanos, con 39 vehículos afectados, y solo se han salvado las oficinas del complejo.La cubierta de la cocheras ha quedado completamente hundida y algunos vehículos gravemente dañados.El Servicio de Movilidad y Transporte de la ciudad está operando con servicios mínimos desde las 5:30 pero ha sido necesarios suspender las líneas 7, 9, 10, 15, 20 y 23.

La alcaldesa de Burgos, que precisamente tenía prevista una visita a las dependencias municipales esta mañana, se ha acercado con algunos de los concejales del equipo de Gobierno hasta el lugar para valorar la situación, que ha dejado desconcertada a la plantilla municipal.

Además, ha convocado a una reunión urgente a los portavoces de los grupos municipales y atenderá a los medios de comunicación a las 9.30 horas en el Ayuntamiento para informar del suceso.

Un jurado popular ha declarado culpable de un delito de asesinato con alevosía al hombre acusado de matar a golpes a su pareja en Navidad de 2022 en Matamala de Almazán (Soria). También ha considerado al acusado culpable de los delitos de daños en la vivienda de la víctima por el incendio que intentó provocar para ocultar pruebas con un tronco incandescente de una estufa.

El jurado popular ha hecho público este lunes el resultado de su deliberación que ha comenzado esta misma mañana cuando la jueza del caso les ha entregado el objeto de veredicto tras la celebración de la vista oral celebrada la pasada semana.

Tras la lectura del veredicto, la Fiscalía ha reclamado a la jueza la imposición de una pena de cárcel de 25 años de prisión por el delito de asesinato con alevosía con agravantes de parentesco y género, y dos años de prisión por el delito de daños en la vivienda, ambas penas solicitadas también por parte de las acusaciones particulares.

En concepto de responsabilidad civil, las acusaciones han solicitado que el detenido indemnice con 100.000 euros a la hija de la víctima, con la que no convivía ni existía dependencia económica, 50.000 euros a la madre por los perjuicios morales causados, así como 12.000 euros para los dos hermanos.

El Ayuntamiento de Valladolid no suspenderá el régimen sancionador referido a su Zona de Bajas Emisiones (ZBE) hasta contar con una nueva ordenanza al respecto, pese a que se había comprometido a ello en las últimas semanas, lo que ha generado un choque entre PP y Vox.

Ha sido la primera teniente de alcalde y portavoz de Vox, Irene Carvajal, quien ha adelantado este martes la decisión tomada por su socio de gobierno municipal, al que ha advertido de que este cambio de postura respecto a lo anunciado a los vecinos supone una “quiebra de la confianza” entre ambos partidos.

En declaraciones a los medios de comunicación, Carvajal ha detallado que esta postura del PP ha sido trasladada por el alcalde, Jesús Julio Carnero, en una reunión mantenida esta mañana, en la que han discrepado sobre los siguientes pasos para solventar esta situación generada por la anulación de la ZBE por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, por un defecto en su tramitación.

“Cuando ambos partidos políticos hemos salido a los medios a decirles a nuestros convecinos que se va a suspender el régimen sancionador y que se va a hacer lo humano y lo imposible, discúlpenme ustedes y llámenme señora del siglo 19, pero yo sigo pensando que cuando se da una palabra a la palabra hay que cumplirla y que a mí me vale tanto un trato con un choque de manos como llevarlo a escritura pública ante un notario”, ha argumentado la concejala.

Mientras Carvajal ha asegurado que suspender las multas y presentar un recurso ante el Tribunal Supremo “es defendible”, la representante de Vox ha indicado que el PP ha optado por contradecir su compromiso ante los vecinos de suspender el régimen sancionador y evitar el riesgo de perder las ayudas del Ministerio de Transportes.

Lo que ha molestado a Vox es que tanto Carnero como Carvajal se presentaran en el pleno municipal del pasado 30 de marzo con el mensaje de que las multas iban a parar, lo que no ocurrirá hasta que el Ayuntamiento apruebe una nueva ordenanza reguladora de la ZBE, para lo que tendrá que hacer una consulta pública.

Carvajal ha cargado en concreto contra el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, a quien ha responsabilizado de ir con “un mes de retraso”: “No se había puesto a trabajar en ello el concejal competente en la materia”, ha subrayado.

La representante de Vox ha adelantado que, de cara a la próxima normativa, que el Ayuntamiento se propone aprobar a la mayor brevedad posible, la idea es que la activación de la ZBE se active únicamente cuando haya “picos de contaminación”, algo que según la teniente de alcalde en 2025 únicamente ocurrió en cinco ocasiones.

Tras conocer esta situación, el exconcejal de Tráfico y actual concejal socialista, Luis Vélez, ha considerado que el equipo de gobierno es “un chiste de continuo”: “Tendría su gracia si no fuera porque sus torpezas y su nefasta gestión la pagamos todos”, ha escrito en su perfil de la red social X.

El Partido Castellano-Tierra Comunera ha solicitado formalmente a la Junta de Castilla y León que inicie los trámites necesarios para declarar la Fiesta de Villalar de los Comuneros que se celebra cada 23 de abril como Patrimonio Cultural Inmaterial para que reconozca “su extraordinario valor histórico, social, cultural y democrático”. La formación castellanista ha recordado a través de un comunicado que la localidad de Villalar está ya reconocida como Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1996 en la categoría de Sitio Histórico, y que el 23 de abril es oficialmente el Día de Castilla y León según el Estatuto de Autonomía. Sin embargo, considera que este reconocimiento resulta “insuficiente” para una celebración que ha evolucionado “hasta convertirse en una de las manifestaciones culturales y cívicas más relevantes del Estado”.

El PCAS-TC considera que la declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial permitiría “proteger, difundir y fortalecer esta tradición, garantizando su preservación para las futuras generaciones y reconociendo su papel como elemento de cohesión social y expresión democrática”.

Desde la formación castellanista se destaca que la Fiesta de Villalar constituye un “ejemplo excepcional de patrimonio vivo” porque reúne características “plenamente alineadas con la Convención de la UNESCO de 2003 para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial”. El partido ensalza el “carácter único” de los comuneros, puesto que se conmemora “una derrota histórica transformada en símbolo de libertad, justicia y bien común”; que también tiene una dimensión “masiva y participativa” y una pluralidad social y territorial “que convierte la campa en un espacio de convivencia, diálogo e identidad compartida”.

Asimismo, el partido destaca la continuidad histórica y la transmisión intergeneracional de esta celebración, recuperada en 1976 en plena Transición democrática y mantenida desde entonces como un espacio de encuentro ciudadano.

Los castellanistas ponen en valor que, a lo largo de estas cinco décadas, Villalar ha combinado “su dimensión festiva con un profundo contenido reivindicativo” y se ha consolidado “como un referente político, social y cultural de Castilla y León y que trasciende los límites de la Comunidad para fundirse con el resto de los territorios castellanos”.

La Policía Nacional de Zamora ha detenido este lunes a un hombre como supuesto autor de un delito de atentado tras amenazar y agredir físicamente al médico que le atendía en el servicio de Urgencias del hospital Virgen de la Concha de Zamora.

La agresión tuvo lugar a primera hora de esta pasada noche, cuando el paciente que había acudido para recibir asistencia sanitaria comenzó a mostrar una actitud agresiva y amenazante hacia el médico que le atendía y pasó de los insultos a las amenazas graves y después, sorpresivamente, cometió la agresión física, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

El sanitario tuvo que ser auxiliado por sus compañeros y el personal de seguridad hasta que se desplazaron al lugar varias dotaciones de la Policía Nacional para detener al agresor. El supuesto autor de la agresión estaba acompañado de un familiar que, lejos de intentar calmar la situación, también mostró una actitud hostil y amenazante hacia el personal sanitario y gritó de manera agresiva y con frases intimidatorias al facultativo, según dichas fuentes.

Tras concluir la atención sanitaria a ese paciente, los agentes de la Policía Nacional procedieron a su detención y traslado a la comisaría para tramitar las diligencias policiales a remitir al juzgado.

El Colegio condena la agresión

El Colegio de Médicos de Zamora ha condenado la agresión sufrida por un profesional del servicio de Urgencias del Hospital Virgen de la Concha por parte de un paciente, y reclamado a la administración autonómica “medidas firmes y eficaces” para prevenir este tipo de situaciones. El órgano colegial, a través de una nota difundida este lunes por la tarde, ha reclamado medidas para prevenir y erradicar las agresiones a sanitarios y mejorar la seguridad en los centros de trabajo, con el fin de que los médicos y el resto de profesionales sanitarios puedan ejercer su labora “con respeto y protección”.

El Colegio de Médicos de Zamora se ha ofrecido a apoyar y asesorar legalmente a todos los colegiados que sufran algún tipo de agresión en su ámbito profesional, tanto si es física como verbal. Igualmente, ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para que respete y valore la labor fundamental que los médicos realizan “al servicio de la salud pública”. El órgano colegiado también respalda al facultativo agredido en Zamora tanto la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias como la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, que han recordado que toda agresión a un profesional sanitario constituye “una agresión a toda la sociedad y al sistema de salud”.

El presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez (PP), pide al País Vasco y al PNV que respeten el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, y advierte de que pedir al Gobierno un referéndum sobre la integración del enclave burgalés de Treviño en Álava sienta un “precedente peligroso”.

Suárez, presidente también del PP en Burgos, ha criticado las declaraciones que el presidente del PNV, Aitor Esteban, realizó el sábado en La Puebla de Arganzón en la celebración del 'Trebiñu Eguna', y en las que anunció que pedirán a Madrid un referéndum para acabar con la “anomalía” que supone la pertenencia de Treviño a Castilla y León.

A preguntas de los periodistas, Suárez ha asegurado que con esas declaraciones se “ratifican las aviesas intenciones que tiene el nacionalismo vasco con respecto a Treviño”, al que ha acusado de no respetar ni a los castellanos y leoneses, ni a los burgaleses ni tampoco a los treviñeses. Ha recordado que el proceso de cesión de territorios está “recogido, protegido, garantizado y blindado” por el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, y en él que se ampara Burgos para “defenderse”, ha asegurado, frente a lo que considera un “ataque al margen de la legalidad”.

“Que el PNV reclame a Pedro Sánchez una solución para el Condado de Treviño si nombrar en ningún caso la legalidad, el Estatuto de Autonomía es un precedente peligroso”, ha afirmado Suárez, apuntando que el Gobierno está “privilegiando” territorios a través de la financiación autonómica o la potencia energética. Y ha pedido al País Vasco que respete el Estatuto de Autonomía como en Burgos se respeta cualquier norma de rango orgánico: “Aquí estamos hablando de palabras mayores, estamos hablando de la identidad, la historia, la propiedad y el territorio de un pueblo” como es Castilla y León y Burgos.

“Respetando las normas del juego que nos hemos dado cualquier cabe cualquier debate”, ha afirmado Suárez, y ha defendido que la Diputación quiere que los treviñeses tengan los mismos servicios y oportunidades que el resto de vecinos de la provincia, y una administración vertebradora y no divisora.

La Policía Nacional de Aranda de Duero ha detenido y puesto a disposición judicial a un joven de 24 años, a quien se investiga por los delitos de tentativa de homicidio, de tenencia ilícita de armas, tráfico de drogas y delito contra la seguridad vial, después de que el pasado miércoles disparase a un conocido, lo llevase al hospital y huyese.

La alerta policial la dio el personal de seguridad privada del hospital Santos Reyes de Aranda de Duero el pasado 15 de abril a las 19.00 horas, tras detectar en el servicio de Urgencias de un joven con heridas de bala. Las primeras pesquisas revelaron que el autor de los disparos y la víctima se conocían previamente y que el ahora detenido había llevado al otro joven en su vehículo a una zona boscosa y apartada del núcleo urbano de Aranda, y que en un momento dado le disparó con un arma de fuego- al parecer un revólver- alcanzándole en una de sus extremidades inferiores.

Tras identificar al autor, se puso en marcha un dispositivo policial cordinado con efectivos de Policía Nacional y la colaboración de la Policía Local de Aranda para tratar de localizar y detener al sospechoso, de 23 años de edad y residente -al igual que su víctima- en Aranda.

Así, poco antes de las tres de la mañana del día siguiente se interceptó y detuvo al sospechoso en el municipio de Gumiel de Izán, mientras circulaba a bordo del mismo coche en el que huyó tras llevar a su víctima al bosque y después al hospital. En el registro de sus pertenencias y del coche que conducía, todo ello intervenido, se encontraron 84 gramos de hachís y 1.205 euros.

Aunque la vida del herido no corre peligro, la a investigación policial no se da por terminada, y se trabaja para recabar más datos sobre las razones que se encuentran detrás de este violento episodio. También para encontrar y analizar el arma de fuego con el que se produjeron, al menos, dos disparos. Durante el registro minucioso del lugar del suceso, la Policía Científica ha recuperado una de las balas disparadas. Además de todo lo anterior, la Policía Local de Aranda de Duero le imputa un delito contra la seguridad vial, puesto que este sujeto conducía sin poseer permiso de conducción en vigor. Tras ser presentado ante el Tribunal de Instancia- Sección de Instrucción de Aranda de Duero, el detenido ha ingresado en prisión provisional por orden judicial.

Un dogo de la Unidad Canina de la Policía Nacional de Valladolid marcó rápidamente a un hombre que llevaba 3,6 gramos de cocaína rosa. Lo hizo en una redada en una discoteca en la que había unas 300 personas y en la que se produjeron dos detenciones. La operación se desarrolló sobre las 02.00 de la madrugada del domingo y forma parte del Plan estratégico de respuesta policial al consumo y tráfico minorista de drogas en zonas, lugares y locales de ocio. La actuación pretende prevenir preve delitos de especial gravedad o generadores de alarma social, así como la recogida de instrumentos, efectos o pruebas, en especial de tráfico de sustancias estupefacientes y de tenencia ilícita de armas.

En la operación policial participaron agentes del Grupo de Atención al Ciudadano, de la Unidad de Prevención y Reacción y de la Unidad de Guías Caninos con dogos y perros de otras razas especializados en detección de estupefacientes. Dos de los hombres presentes en el establecimiento fueron marcados por el perro de la Unidad de Guías Caninos y se les encontraron sustancias estupefacientes. Al primero de ellos se le intervinieron dos bolsitas de una sustancia en polvo de color rosa que resultó ser tusi o cocaína rosa, con un peso de 3,6 gramos, por lo que fue detenido en ese mismo momento por un delito contra la salud pública. Al segundo se le localizó un trozo de hachís. Cuando se le requirió su documentación para levantarle la correspondiente acta por tenencia de sustancia estupefaciente, comenzó a increpar a los agentes y se negó a cooperar.

Según informa la Policía Nacional “pese a las numerosas advertencias de los agentes que le indicaron que también le iban a levantar un acta por desobediencia”, el hombre “no colaboró en ningún momento” y comenzó a amenazar de muerte a los policías, incrementando la agresividad. Tanto es así que intentó agredir a uno de los agentes, por lo que finalmente fue detenido como presunto autor de un delito de resistencia o desobediencia y otro de amenazas.

En la redada se levantaron 10 actas en el marco de la normativa de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana 4/2015. Un acta por posesión de una pistola simulada y espray lacrimógeno, otra por posesión de una extensible, cuatro actas por droga, tres actas por desobediencia y una por falta de respeto. Ambos detenidos fueron trasladados a dependencias de la Policía Nacional donde han permanecido bajo custodia hasta ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente que ha decretado su libertad.

Todavía puedes realizar la declaración de la renta relativa a 2025 hasta el 30 de junio de 2026. Los contribuyentes tienen derecho a deducciones generales para todo el Estado o propias de Castilla y León, como las que se enuncian a continuación

Por circunstancias personales y familiares:

Sobre la vivienda

Por donativos y donaciones:

Otros conceptos deducibles:

El portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla y León, Carlos Martínez, ha calificado el acuerdo entre PP y Vox en Extremadura anunciado ayer jueves como una “agresión” y ha advertido de que puede ser la antesala de lo que ocurra en Castilla y León en las próximas semanas.

En declaraciones a los medios de información, Martínez ha asegurado este viernes que este pacto “va a ser un modelo para Castilla y León” si no hay una rectificación por parte del presidente autonómico en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, al que ha acusado de haber iniciado ya ese camino tras las elecciones.

El dirigente socialista ha sostenido que el documento firmado en Extremadura, de 23 páginas, supone una “agresión” a distintos colectivos y ámbitos, entre ellos las mujeres, los trabajadores, los migrantes y el medio rural. En concreto, ha criticado que el acuerdo “compra el discurso” de Vox en materia migratoria, al presentar la inmigración como un problema, algo que ha rechazado al considerar que “no lo es ni para Castilla y León ni para la España interior”.

El portavoz socialista también ha advertido de que el pacto incluye medidas que, a su juicio, suponen un retroceso en derechos, como la revisión de políticas de igualdad, la crítica a la labor de los sindicatos o el cuestionamiento de políticas vinculadas al cambio climático. Martínez ha vinculado este escenario con la situación política en Castilla y León y ha alertado de que existe el riesgo de que se replique un acuerdo similar, al considerar que el PP ya ha mostrado una “entrega” a Vox.

“El riesgo está ahí”, ha advertido Martínez, que ha alertado también de que los pactos sucesivos entre PP y Vox puedan recoger aún más reivindicaciones de la “extrema derecha”.

El Ayuntamiento de Burgos pretende cerrar con un “protocolo” la incompatibilidad y los contratos nulos en los que ha incurrido su concejal, presidente de la Diputación y del PP provincial, Borja Suárez. Sin consecuencias y con el alegato del “desamparo” ante el desconocimiento de leyes de 1984 y 1985 que operan en todos los ayuntamientos de España. Es más, Suárez ha llegado a culpar a los técnicos muncipales de la situación, porque según él, debieron avisarle de que no podía tener más del 10% de una empresa y recibir contratos municipales.

Tal y como reveló elDiario.es, Borja Suárez, con un 33% de acciones de Eventos El Espino SL, no podía ser concejal. Sin embargo lo fue y entre 2024 y 2025, su empresa obtuvo cinco contratos del Ayuntamiento para eventos de catering que sumaban más de 8.000 euros, y otros 13 de la empresa municipal Proburgos en 2023,2024 y 2025. Todos han sido declarados nulos. En el Pleno de este viernes, se ha realizado una “toma de razón” por parte del Pleno, y se ha mostrado un protocolo para que los hechos “no se repitan”.

La incompatibilidad, ha explicado el secretario municipal, daba la opción a Suárez a que eligiese entre empresa o acta, pero según él, sólo antes de contratar. Si no ejercitaba la opción se entendía su renuncia al acta. Como el asunto pasó desapercibido, Suárez no sólo compatibilizó ambas cosas sino que su empresa se benefició de contratos y además sigue agarrado al acta. En el Pleno ha asegurado que ya no tiene acciones. “La renuncia al acta o las acciones tuvo que darse antes de los contratos, porque tiene una finalidad preventiva y no puede activarse ex post”, ha afirmado el secretario. Producida la incompatibilidad, sólo cabe, según el secretario, una “toma de razón”.

“Un socio pasivo”

Suárez ha intervenido para aclarar que era un “socio pasivo” y que nunca se produjo un expediente para estudiar su situación de accionista. Lo que ha ocurrido, ha llegado a afirmar incesantemente, es que estaba “desamparado”. “Esto determina la falta de amparo como concejal porque he actuado de forma transparente, tenía un 22% de acciones y lo puse en la declaración de bienes pero en ningún caso fui advertido para tratar de prevenir. Esto se previene en el primer momento para establecer la posibilidad de decidir”, ha lamentado. Respecto al “protocolo”, lo ha considerado necesario para ese “amparo”, porque la publicación de su doble condición de concejal y empresario “ha generado una tormenta” y “en el aspecto personal”, ha pasado “semanas muy complicadas”, aunque “la situación administrativa es la que es”, sin reproche legal, según él. “El protocolo establece una protección. Remarco que me hubiese gustado que este amparo hubiese sido anterior”, se ha defendido.

El concejal de Vox, Fernando Martínez Acitores, ha criticado que Suárez haya dicho lo mismo que en el Pleno anterior: “Que le falta amparo y que le falta amparo ¿Aparte del amparo piensa hacer algo o está orgulloso de lo que está ocurrido?”, ha interpelado. El edil ha recordado que las normas las conocen todos y que no hay más amparo sino más trabajo para la secretaría.

“Se establece una declaración responsable en los contratos menores, ¿esto es más amparo? es menos amparo, da la sensación contrario. No sé qué añade. Secretaría elaborará documento con el régimen legal de incompatibilidades, pero si ya se sabía. Es un protocolo que no aporta nada nuevo. No sé por qué se busca más amparo, si ya lo sabíamos. Estoy desafecto, ya de todo”, ha deplorado.

“Cuando digo que me ha faltado amparo es que me ha faltado amparo”

Según Suárez “lo importante son las intenciones”. “Cuando digo que me ha faltado amparo, es que me ha faltado amparo”, ha insistido. “Ustedes desde que surge la ocasión han pretendido hacer ver otra cosa, con intenciones sucias con respecto a mi participación en la sociedad y en el Ayuntamiento y no se lo puedo tolerar ni a usted ni a nadie. Luego entrarremos en cosas que se han dicho fuera. La parte positiva es que este protocolo nos ayude al margen de otras cuestiones que considero más pueriles. Además, este protocolo podrá extenderse a otras corporaciones para estar más protegidos”, ha defendido.

Más crítica ha sido la concejala socialista Blanca Carpintero al afirmar que “la ley es cristalina y no se necesita el protocolo”, ya que Suárez declaró tener una participación de más del 10% que luego se incrementó y no declaró. “Son incompatibilidades que tenemos en la Ley 53/1984 y en la Ley organica Régimen Electoral ·General de1985, leyes básicas para cualquier estudiante de derecho, y que el presidente de la Diputación no lo conocía”, se ha extrañado. “El amparo lo dan las leyes”, ha informado.

Cristina Ayala “trata de proteger a su jefe”

“La ley es clara, el Ayuntamiento no puede contratar y es irrelevante que se hable de desconocimiento o desamparo”, ha dicho. Carpintero también ha dudado de que nadie supiese que esa empresa era de Suárez cuando “ha pasado por el Monasterio del Espino todo el mundo”. Tal y como informó elDiario.es, el PP de Burgos celebró un encuentro al que acudió el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y la plana mayor del PP provincial. La concejala ha pedido a Suárez que asuma su responsabilidad y ha recordado el caso de otro concejal del PP que fue multado en un control de alcoholemia y dejó el acta. Se ha dirigido a la alcaldesa, Cristina Ayala para decirle que “trata de proteger a su jefe”. “Es el incendio de la etica, no pueden manifestar desconocimiento e incumplir la norma ¿qué ejemplo damos ahí fuera?”, ha cuestionado.

“Intenciones sucias ninguna, cree el ladrón que todos son de su condición. Es concejal, y por ser concejal es presidente de la Diputación, y ahora viene con que no sabía pido perdón...¿por qué pidió perdon y disculpas si no tenía amparo?. Yo no necesitaba más amparo, son cosas de sentido común”, ha contraatacado el concejal de Vox.

“Sucio es llamarme indecente. No he alegado inconocimiento, he alegado desamparo”, ha llegado a decir Suárez, que en el Pleno anterior aseguró que había conocido la situación de incompatibilidad tras la llamada de elDiario.es. “El caso es que da igual tener el 10, que el 10,1. Tiene que haber protección por parte de la administración, ya no tengo participación. Y qué multa se me ha puesto a mí, lo que no se me ha puesto es la posibilidad de defenderme, de decidir, y yo lo pongo en conocimiento del pleno y he sufrido un escarnio permanente ahí fuera. No le pido perdoón por algo que yo haya hecho, sino por algo que no ha hecho el ayuntamiento, se me tenía que haber dado posibilidad de decidir”, ha repetido Suárez.

“Todos sus compañeros del PP lo sabían”

Para Carpintero, el asunto es también “una cuestión de ética” y ha preguntado a quién “pretendía engañar” cuando todos sus compañeros conocían que estaba en el accionariado de Eventos El Espino. “No vale pedir perdón, ha incumplido una ley del 84 y del 85”, ha dicho. La socialista también se ha referido a subvenciones a El Espino por parte de la Diputación y Suárez, sin entrar al fondo del asunto, ha dicho que mentía.

“La falta de ética es mentir, está mintiendo y lo sabe. Ética es lo que le han demostrado mis compañeros que desconocian que tenía la empresa, etica es adelantarse y trasladarlo el pleno, etica es reflejarlo en la declaracion de bienes”, se ha defendido. También ha advertido que el PSOE “tiene un problema” si quiere “abrir el melón de la ética”. No dude de mi comportamiento. El protocolo hubiese evitado todo esto, que tiene una conseciencia, mi desafeccion de las sociedades que son una alternativa al ejercicio politico, no se puede echar por tierra mi labor con sus luces y sombras“, ha comentado.

Cristina Ayala: “Podíamos no haber hecho nada”

El debate lo ha cerrado la alcaldesa, que ha dicho que ética es “meter un escrito cuando sabe que ha sucedido y cuando la alcaldesa pide informe a secretario”. De hecho, no considera que Suárez haya hecho nada mal, sino que han sido los técnicos. “Podiamos no haber hecho nada, podiamos no haber hecho un protocolo, pero en mi autoexigencia etica quiero que se las cosas se hagan como se tienen que hacer, nuestra etica es hacer mejor las cosas, incluso cuando nuestros servicios tecnicos cometen un error como es el caso”, ha zanjado. En el Pleno no se ha tratado qué ocurre con el dinero público que ha recibido la empresa de Suárez y si se va a devolver.

El fraude fiscal por el que se detuvo el miércoles al exalcalde socialista de Trabanca (Salamanca) y expresidente del sindicato penitenciario ACAIP-UGT, José Luis Pascual, alcanza los 3,3 millones, se prolongó durante 15 años y está relacionado con fondos de la Unión Europea para promover el empleo y fijar población en su provincia y en Zamora.

El investigado, que era presidente de tres asociaciones sin ánimo de lucro beneficiarias de más de 20 subvenciones del Fondo Social Europeo y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, había solicitado entre 2010 y 2025 las mismas ayudas para las tres asociaciones, según ha informado este viernes la Guardia Civil en una nota de prensa.

Pascual creó una red de empresas para desviar los fondos mediante la emisión de facturas falsas con operaciones ficticias, entre ellas una supuestamente dedicada a la promoción de la cooperación trasfonteriza en más de 100 localidades de Portugal y España.

Cuentas de varias sociedades para ocultar sus beneficios

Además, utilizó cuentas bancarias de varias sociedades en Portugal bajo su control para ocultar los beneficios de la actividad delictiva, pero en la investigación se ha podido descubrir que destinó cantidades significativas de dinero a inversiones inmobiliarias y a la puesta en marcha de una bodega en una localidad de la provincia de Zamora.

También se está investigando a la pareja del detenido, ya que las subvenciones las obtuvo con su apoyo, “al utilizar su cargo público de funcionario para facilitar el presunto entramado fraudulento”, ha precisado la Guardia Civil.

En esta operación se han hecho cinco registros en los domicilios y locales de empresas relacionados con los dos sospechosos tanto en la provincia de Zamora como de Salamanca, y se han bloqueado 558.375 euros en 16 cuentas bancarias, 40 propiedades e intervenido más de 7.276 euros en moneda fraccionada.

Asimismo, se han incautado numerosos dispositivos electrónicos y sistemas de almacenamiento masivo que todavía están siendo analizados en una operación que es conjunta con personal del Servicio de Aduanas de Zamora, Salamanca y Valladolid y la Agencia Tributaria, bajo la coordinación de la Fiscalía Europea.

La fundación ultracatólica de Abogados Cristianos ha solicitado a la Diputación de Valladolid que censure dos obras concretas incluidas en la exposición “La voz humana”, del artista Nacho Hernández, que se exhibe en el Palacio Pimentel de Valladolid, que estará abierta al público hasta el 3 de mayo de 2026. Poco después de la inauguración de la muestra, justo antes de Semana Santa, Vox criticó que la Diputación Provincial de Valladolid apoyara la celebración religios “como expresión de Fe y de Tradición” en la provincia, mientras se exponen en la sala de su sede “obras que hieren la sensibilidad de los católicos”.

Abogados Cristianos considera que las dos piezas podrían suponer “un delito contra los sentimientos religiosos” porque interpreta que Hernández ha utilizado “la crucifixión de forma ofensiva y como una provocación deliberada en plena Semana Santa y Pascua”, según han señalado a través de un comunicado. No es el primer intento de censura relacionado con la Semana Santa: en febrero un artista y tres miembros del colectivo cultural Konvent declararon como investigados por la performance de una procesión que hicieron en Tarragona. En diciembre, fueron contra un festival porque su cartel recomponía La Sagrada Cena y la Virgen María llevaba gafas de sol.

La organización ha presentado una solicitud de información y una reclamación administrativa ante la Diputación por dos obras concretas: 'Raúl, voz humana. Crucifixión' y 'Crucifixión Edgar Guanipa. Godot', en las que “se utiliza la imagen de la crucifixión de Jesucristo de forma grotesca y vejatoria en una exposición financiada y promovida por una institución pública”. “El uso de la imagen de la crucifixión, uno de los símbolos centrales de la fe cristiana, en este tipo de representaciones supone desvirtuar su sentido original, al desvincularlo de su carácter sagrado y convertirlo en un elemento meramente provocador”, interpreta Abogados Cristianos. 

Abogados Cristianos critica el “respaldo institucional” de la Diputación de Valladolid a esta muestra y se jacta de que consiguió que en 2025 la Justicia mexicana ordenase la censura de una exposición de Fabián Chairez, como si las leyes de ambos Estados fueran equiparables. La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha defendido en el comunicado que no se utilice dinero público para “difundir obras que banalizan o ridiculizan los símbolos más sagrados del cristianismo”.

Tras las críticas de Vox, la Diputación de Valladolid (PP), defendió libertad creativa de los artistas. La Asociación de Artistas Visuales de Castilla y León tildó estos reproches de “censura” porque Vox defendió que el arte debía “transmitir valores estéticos y emocionales positivos”. “Eso no describe el arte, sino la censura”, zanjó hace unos días la asociación de artistas, que consideró que Vox pretende “intimidar” a los artistas al llevar este asunto al pleno provincial del 24 de abril.

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un hombre de 36 años acusado de delitos contra la intimidad y corrupción de menores, tras una investigación que ha permitido destapar la grabación sistemática de mujeres —y también menores— en situaciones de especial vulnerabilidad. En total, los agentes han encontrado un total de 94 archivos del interior de los dos teléfonos móviles y han detectado a 146 de víctimas. La inmensa mayoría de las personas que aparecían eran mujeres y también había imágenes de menores de edad. Por el momento, solo se han identificado a dos mujeres, que han denunciado al sujeto

Estas imágenes habían sido obtenidas en entornos de aseos de espacios privados así como en la vía pública. Tres de estos videos fueron grabados momentos antes de que fuera identificado en la Playa de las Moreras.

En esas grabaciones los investigadores apreciaron como en seis ocasiones aparecía el presunto autor y se dirigía hacia donde estaban ocultas las cámaras para manipularlas y así corregir los planos de enfoque de imágenes. Pese a que las cámaras inalámbricas infrarrojas tenían sendas tarjetas de memoria, las herramientas forenses empleadas para su análisis no han obtenido ningún archivo o imagen.

El origen del caso se remonta a la madrugada del 6 de septiembre de 2025, cuando agentes de la Policía Municipal identificaron a un individuo en la zona de la playa de Las Moreras. Según las primeras sospechas, el hombre se encontraba oculto utilizando dispositivos de grabación para captar imágenes de mujeres en momentos íntimos.

En ese momento, los agentes intervinieron dos cámaras inalámbricas con visión infrarroja, dos teléfonos móviles y una batería externa. A partir de ahí, el Grupo de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional asumió la investigación.

Investigación

Los agentes del Grupo de Ciberdelincuencia de la Brigada Provincial de Policía Judicial, han tenido que emplearse a fondo con el uso de sofisticadas herramientas tecnológicas para evitar las medidas de seguridad, con las que protegía este hombre losarchivos en los terminales intervenidos.

Los investigadores obtuvieron un total de 94 archivos del interior de los dos teléfonos móviles, en concreto 89 archivos de un terminal y cinco de otro. En el posterior análisis y visionado de esos archivos, se consolidaron 146 detecciones de víctimas en lo que parecen ser momentos de intimidad, tanto en ropa interior como desnudas. La inmensa mayoría de las personas que aparecían eran mujeres y también había imágenes de menores de edad.

Estas imágenes habían sido obtenidas en entornos de aseos de espacios privados así como en la vía pública. Tres de estos videos fueron grabados momentos antes de que fuera identificado en la Playa de las Moreras.

En esas grabaciones los investigadores apreciaron como en seis ocasiones aparecía el presunto autor y se dirigía hacia donde estaban ocultas las cámaras para manipularlas y así corregir los planos de enfoque de imágenes. Pese a que las cámaras inalámbricas infrarrojas tenían sendas tarjetas de memoria, las herramientas forenses empleadas para su análisis no han obtenido ningún archivo o imagen.

Antecedentes por hechos similares

En 2022 ya había sido detenido por la Policía Nacional por hechos similares, tras ser sorprendido grabando a una joven en los aseos femeninos durante un evento celebrado en la Feria de Valladolid durante la celebración del Salón del Comic y del Manga. Por esos hechos, fue imputado como presunto autor de otro delito contra la intimidad

En esta ocasión, los agentes tuvieron que emplear herramientas tecnológicas avanzadas para acceder al contenido, ya que los archivos estaban protegidos mediante sistemas de seguridad.

Una vez completado el análisis, el hombre fue detenido el pasado 16 de marzo. Tras prestar declaración en dependencias policiales, quedó en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.

La investigación sigue abierta para identificar al resto de víctimas. Por el momento, dos de ellas ya han sido localizadas y han manifestado su intención de denunciar los hechos.

Villalar de los Comuneros se prepara para vivir este 23 de abril el Día de Castilla y León. La localidad vallisoletana conmemorará el 50 aniversario de la primera celebración autonómica con una programación que reunirá a más de 200 artistas sobre el escenario, nuevos espacios para actividades culturales y varios actos simbólicos pensados para convertir esta jornada en una de las más destacadas de las últimas décadas.

El municipio será de nuevo el epicentro de la fiesta autonómica con una agenda reforzada que combinará música folk, danza tradicional, arte en directo y homenajes conmemorativos. Entre las principales novedades destacan el estreno del escenario ‘Danza’, la creación en vivo de un mural hiperrealista y la instalación de una escultura de bronce permanente para recordar las cinco décadas de celebración en la campa.

El acto central tendrá lugar el jueves hacia las 14.30 horas, cuando más de 200 personas participarán en una gran puesta en escena que reunirá a diez grupos de danza y 22 formaciones musicales, en uno de los momentos más simbólicos del aniversario.

Un nuevo escenario con danza tradicional y arte en vivo

Una de las grandes novedades de este año será la incorporación del escenario ‘Danza’, ubicado en el camino de las Eras, entre la campa y el casco urbano. Allí actuarán diez agrupaciones de distintas provincias de Castilla y León y, además, los asistentes podrán presenciar la elaboración en directo de un mural hiperrealista de la artista zamorana Gela Ramos.

Este nuevo espacio se convertirá en el sexto punto de actividad dentro de la programación organizada para la jornada, reforzando la dimensión cultural y participativa del evento. Se suma así a otros puntos clave como la Casa de Cultura, donde actuarán El Naán Trío, Rubén Ruiz y El Archiperrero, además de acoger la entrega de premios.

Junto a ello, Villalar estrenará también una escultura conmemorativa de bronce, instalada de forma permanente junto a la entrada de la campa, como homenaje a las cinco décadas transcurridas desde aquella primera celebración de 1976.

La música tradicional, principal protagonista

La actividad comenzará ya el día previo, el 22 de abril, con conciertos desde las 19.00 horas en el escenario principal. Por él pasarán Andrea Garcy, Maref, Grama Agropunk, El Meister y Los Mejías, antes de cerrar la jornada con una fiesta ochentera a cargo de DJ Fernandisco y Jorge Sánchez.

El día grande arrancará a las 9.30 horas con la entrega de los Premios de la Música Folk y Tradicional de Castilla y León, que se celebran por primera vez y reconocerán a Luis Antonio Pedraza, el Grupo Tahona y la asociación El Pandero de Peñaparda. La entrega tendrá lugar en la Casa de Cultura, espacio recuperado para esta edición y que también acogerá actuaciones musicales durante toda la jornada.

Programación continua en la campa durante el 23 de abril

Desde las 11.00 horas, el escenario principal acogerá una sucesión de conciertos que se prolongará hasta la noche. Abrirán la jornada Pepe Colas y los Punkifolkis, seguidos de Atraque Barraque, Divertimento Folk y Carlos Soto.

A las 13.00 horas tendrá lugar la lectura del manifiesto, antes de continuar con Free Folk y el Nuevo Mester de Juglaría, en un momento simbólico en el que artistas y público entonarán el tradicional Canto de Esperanza.

Tras la pausa para la comida, la programación continuará por la tarde con nombres como Guille Jové, Ronda Segoviana, Andaraje, El Nido, Delameseta, Dulzaro y Luis Antonio Pedraza, hasta cerrar con Castora Herz y la Cuadrilla y la clausura prevista a las 21.30 horas.

En los momentos políticos importantes, elDiario.es demuestra la fortaleza de sus informaciones. elDiario.es Castilla y León se ha posicionado como el cuarto medio digital más leído durante marzo en la comunidad, con 789.417 usuarios únicos, según el informe mensual del medidor GfK, referencia entre los medios digitales.

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La jueza que investiga la muerte de Esther López en 2022 ha autorizado a la Guardia Civil que continúe este viernes con la inspección de la antigua casa del acusado en Traspinedo (Valladolid), en la que se encontró un zulo cuando el nuevo propietario quiso hacer obras en el inmueble, lo que derivó en que la Audiencia de Valladolid devolviera el caso al punto de inicio.

El Tribunal de Instancia de Valladolid, sección instrucción 5, justifica esta decisión por “la complejidad del registro” y responde de este modo a la petición de los agentes, que han pedido una ampliación del plazo porque este jueves no habían podido terminar su trabajo en las doce horas que duró el registro.

La nueva autorización abarca de las 9 a las 15 horas de este viernes, que se podrá prorrogar de nuevo hasta la tarde si es necesario. La Guardia Civil está trabajando con sus agentes del Grupo ECIO, -Equipo Central de Inspección Ocular- junto al personal del laboratorio de criminalística de la UIPJ DE Valladolid, y otras unidades necesarias. La solicitud de la Guardia Civil se “se ajusta a derecho al ser necesario para la práctica de todas las diligencias” con el objetivo de “encontrar elementos relevantes para la investigación”.

Cuando terminen sus trabajos, la Guardia Civil deberá informar a la jueza de instrucción. El Juzgado que investiga la muerte de Esther López acordó este miércoles la entrada y registro en el chalé. Además del zulo, la Guardia Civil también comprobará oquedades, suelo, paredes, techos o en la propia estructura de la vivienda y en su interior, tabiques o falsas paredes, techos, suelos, etc“.

La familia de la niña salmantina María Caamaño Núñez, conocida como la “Princesa Futbolera Guerrera”, ha informado este jueves de su muerte, a consecuencia del sarcoma de Ewing que le diagnosticaron a los 7 años. María, que ya había cumplido 13 años, había sufrido un importante deterioro en los últimos días. Sus allegados informaban puntualmente a través de X de los resultados del tratamiento experimental que estaba recibiendo en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid y, finalmente, de su fallecimiento.

“La situación de M4RIA empeoró bastante y ha estado luchando mucho, hasta el último segundo para seguir adelante, pero estas cosas no se pueden controlar. Desde esta mañana, M4RIA ya está descansando”, ha comunicado su familia en la cuenta de la niña en X.

Conocida su afición al fútbol, levantó la última Eurocopa de la Selección Española cuando celebró su triunfo en Cibeles en 2024.

María recibió el Premio Castilla y León de los Valores Humanos y Sociales 2024 por el proyecto solidario de su asociación 'La Sonrisa de María', para la recaudación de fondos destinados a la investigación contra el cáncer, así como por su “bondad, generosidad, fortaleza y empatía”. El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha trasladado, también en X, su pésame por la muerte de la pequeña.

“El cielo tiene ahora la sonrisa más bonita. María, ejemplo de superación, valentía y fuerza a pesar de su corta edad, nos ha dejado y no existen palabras para expresar tanta tristeza. Mi apoyo y cariño a su familia, especialmente a sus padres y a su hermana, a sus amigos y afición. Estamos a vuestro lado. #DEP”, ha escrito.

El sarcoma de Ewing, una enfermedad que se da sobre todo en niños y que es rara en adultos,  es un tumor maligno de células redondas. Es una enfermedad rara en la cual las células cancerosas están en el hueso o en tejidos blandos. Las áreas afectadas con más frecuencia son la pelvis, el fémur, el húmero, y las costillas.

La Junta de Castilla y León ha anunciado que va a recurrir “en los próximos días” el real decreto de regularización extraordinaria de migrantes aprobado por el Gobierno central. Según ha explicado el portavoz en funciones, Carlos Fernández Carriedo, desde el Ejecutivo autonómico consideran que genera “inseguridad” en su aplicación y se ha impulsado sin coordinación con las comunidades y entidades locales. Para el gobierno autonómico la orden puede tener un “impacto grave” en el conjunto del sistema al, a su juicio, no estar los servicios públicos preparados para asimilar tantas personas.

La decisión se ha adoptado este jueves en el Consejo de Gobierno, tras el análisis de la norma por parte de los servicios jurídicos, que trabajan ya en la redacción del recurso y en la elección del cauce, o bien Tribunal Constitucional o Tribunal Supremo, más adecuado para su presentación.

El principal reproche de la Junta de Castilla y León se centra en el procedimiento diseñado por el Ejecutivo central para su redacción y aprobación. “Los mecanismos previstos no garantizan para nada” el cumplimiento de los requisitos exigidos a los solicitantes, ha afeado Carriedo, quien ha señalado que algunos de los documentos contemplados para acreditar la residencia no permiten verificar de forma fehaciente las condiciones exigidas. Esta situación, ha añadido, introduce “inseguridad en el procedimiento”.

Carriedo ha puesto en duda de que la forma para acceder a la regularización se pueda hacer con un billete de metro o ticket de un transporte público, como el sistema Buscyl existente en la Comunidad.

A esa crítica técnica se suma otra: la ausencia de diálogo con las comunidades autónomas. Según el portavoz en funciones, el Gobierno ha actuado “sin ningún tipo de participación ni coordinación” con las administraciones territoriales, a pesar de que la medida afecta directamente a sus competencias.

Sin datos del número de personas que podrían acogerse a la regularización

La Junta ha cuestionado que no se haya facilitado información básica, como el número de personas que podrían acogerse a la regularización o las condiciones concretas de aplicación. Preguntado por las personas que podrían acogerse a esta medida en Castilla y León, Carriedo ha afirmado que desde el Ejecutivo desconocen el dato, aunque desde CCOO, en base al servicio que prestan, hablan de unas 25.000 personas.

El futuro recurso se apoyará igualmente en dudas sobre el encaje del decreto en la normativa europea. Carriedo ha avisado de que la medida podría ser “contraria” a las reglas comunitarias en materia de control de fronteras y libre circulación, y ha alertado de que el volumen potencial de beneficiarios podría suponer un “riesgo” para la coordinación entre Estados miembros. En este punto, ha recordado que la Comisión Europea ha llamado la atención sobre el posible impacto de este tipo de decisiones en el conjunto de la Unión.

A pesar de oponerse la regulación de migrantes planteada por el Gobierno central, Carriedo ha abogado por una “integración ordenada” basada en el empleo con contrato legal, estar dado de alta en la seguridad social y el pago de impuestos. Castilla y León, según ha recordado el portavoz en funciones, ha superado los 101.000 afiliados extranjeros a la Seguridad Social —“una cifra récord para un mes de marzo”—, con un crecimiento superior a la media nacional.

“Todo el mundo es bienvenido” si llega para “trabajar, cotizar y contribuir a la sociedad”, ha apostillado Carriedo, quien ha criticado el proceso de regularización del Gobierno central al que ha calificado como “no ordenado” y potencialmente generador de disfunciones en el sistema.

Carriedo critica la falta de trámite parlamentario

La decisión de recurrir, ha añadido, responde a una posición sostenida por la Junta en anteriores legislaturas en materia migratoria y se adopta “sin ninguna consideración externa”, en referencia a las negociaciones políticas abiertas en la comunidad.

Este movimiento del Ejecutivo autonómico se produce después de que el Gobierno confirmara la aprobación de la regularización extraordinaria mediante una modificación del reglamento de extranjería, una vía que ha permitido su tramitación sin necesidad de respaldo parlamentario. El Consejo de Estado ha avalado la esencia de la norma y su tramitación urgente, aunque ha recomendado introducir ajustes técnicos.

Entre ellos, figuran precisiones sobre la forma de acreditar requisitos como la ausencia de antecedentes penales o la definición de “situación de vulnerabilidad”, un concepto que el Ejecutivo prevé concretar en el texto definitivo. Según el diseño inicial, podrán acogerse a la medida las personas extranjeras que hayan llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025 y acrediten al menos cinco meses de residencia continuada, así como determinados solicitantes de asilo.

El permiso que se conceda será temporal, con una duración de un año, e incluirá autorización para trabajar en todo el territorio nacional. La norma permite acreditar la estancia en el país mediante distintos tipos de documentos, más allá del empadronamiento, un aspecto que ha generado debate técnico y que está en el centro de las crítica Castilla y León.

La Iglesia de San Pedro de Becerril de Campos (Palencia) ha sido desde hace siglos un 'mix' de estilos artísticos: la portada es románica, la bóveda era nervada y los arcos eran del barroco. Tuvo un retablo del plateresco que ahora acoge un templo malagueño y un órgano del siglo XVIII. Añádele ahora un cielo nocturno 'falso' y un trampantojo de enormes planetas flotando en el infinito y tienes San pedro Cultural, el mayor atractivo turístico de la comarca.

La parroquia cerró en la década de 1940 y empezó a tener usos paganos: colegio, alojamiento para caminantes, granero... La estructura se debilitó por el peso del grano y en la década de los 70 tuvieron que derribar la torre campanario por miedo a que cayera sobre las viviendas cercanas. Se hundió la cubierta y sufrió un abandono total, desamparado ante la vandalización y las lluvias.

En 2011, el equipo municipal de Becerril de Campos decidió buscarle una solución y en 2013 consiguió que la restauración de San Pedro fuera incluida en el presupuesto del Ministerio del 1% cultural después de que el Obispado cediera el templo al Ayuntamiento. La condición de la Iglesia, que fuera utilizada a proyectos educativos. Y vaya si lo ha hecho. Arropado por un stellarium estival, San Pedro ahora acoge numerosos objetos científicos y sirve de sala de exposiciones y eventos culturales.

Becerril de Campos ya tenía un Museo de Arte Sacro, así que San Pedro debía tener otro enfoque. “En una visita a Roma quedé impactado con la línea meridiana de la Basílica de los Ángeles”, explica Carlos del Olmo.

El proyecto acabó en manos de tres arquitectos palentinos: Álvaro Gutiérrez, Carlos del Olmo y Juan del Olmo. “Era una ruina total, pero tenía ese encanto de 'ruina encontrada'. Sujetamos todo lo que era sujetable: los arcos, los trozos de bóveda, la fachada oeste, la cubierta y recompusimos la planta del coro”, explica uno de los arquitectos del proyecto, Carlos del Olmo. “Fue un proyecto muy arriesgado, nadie pensó que fuera a tener esta repercusión”, recuerda el alcalde de Becerril, Fran Pérez, también fue el gestor de San Pedro Cultural cuando empezó el proyecto.

Hoy, la iglesia de San Pedro es San Pedro Cultural. Bajo un stellarium que te transporta a una noche de verano, se habla de ciencia, se celebran exposiciones, conciertos, jornadas de cine, desfiles, presentaciones e incluso bodas civiles. El Ayuntamiento calcula que reciben hasta 25.000 visitas al año solo en este espacio cultural que acoge una línea meridiana, tres estenopes que permiten la entrada de la luz solar natural, un meteorito, un simulador de agujeros negros y un péndulo de Foucault.

El exalcalde de Becerril Mario Granda reconoce el ingente trabajo que se ha realizado en todo el proceso. “San Pedro Cultural es el trabajo de muchísimas personas que han aportado ideas, recursos y trabajo. Aquí han echado algunos horas para regular el péndulo... días y noches. Y eso no se paga”, ensalza, en referencia a los miembros de la Agrupación Astronómica Palentina, que se implicó en el proyecto desde el principio.

Difusión de la ciencia y astronomía

Carlos del Olmo era aficionado a la astronomía ya de antes, aunque ahora está en la directiva de la agrupación. El arquitecto recuerda que presentaron el proyecto al concurso de Europa Nostra de Patrimonio, pero no fue premiado. A pesar de ello, las visitas hablan por sí solas y bastan las ovaciones de todos los que visitan Becerril de Campos. “Nos consolamos diciendo que tenemos el premio del público”, bromea.

“La labor fundamental es difundir la ciencia y la astronomía para que la gente tenga más cultura científica y despertar vocaciones científicas entre los niños”, explica uno de los miembros de la Agrupación Astronómica Palentina, Óscar Díez Higuera, amante del coleccionismo que además ha donado diversos objetos científicos.

Hay astrolabios, espectrógrafos, libros de astronomía y navegación, una de las placas solares del Solar Orbiter, una caja de vuelo original prestada por la Agencia Espacial Europea (ESA) y, entre otros, un meteorito que cayó en 2004 cerca de Villalbeto de La Peña, en Palencia, donado por uno de los miembros de la Agrupación Astronómica. Becerril también acoge en sus calles un sistema solar a escala, reducido diez mil millones de veces.

La astronomía se une a la historia y al arte en San Pedro Cultural. Durante la restauración del edificio, se retiró el yeso y cal de un nicho —que se usaba para higienizar las paredes de las iglesias— y aparecieron pinturas medievales en el ábside y una policromía de estrellas rojas en un nicho, que se llena de luz solar una vez al año: en el solsticio de invierno.

Además del coste que tuvo rehabilitar la iglesia y que pagó principalmente el Ministerio, la Diputación de Palencia lleva aportando al proyecto 30.000 euros anuales desde 2016, unos fondos cuyo valor se reconocen. “Hemos conseguido cambiar un poco la dinámica cultural y económica”, apunta Mario Granda. Tanto él como su sucesor en el cargo coinciden en el apoyo económico que ha supuesto: un hotel y tres casas rurales, además del impacto que tiene en los bares del pueblo.

Alba Jiménez lleva nueve meses trabajando junto a Alba Santamaría en San Pedro Cultural. Las dos realizan las visitas guiadas con explicaciones de la historia de la iglesia, el entorno del espacio y el interior. También sirve de punto de información turística y las dos organizan exposiciones, conciertos y otros actos culturales. Hasta noviembre, San Pedro Cultural acoge la exposición “Dos Miradas” con dibujos de galaxias de Ana de Alvear, que esperan que atraiga también a gente de Estados Unidos.

San Pedro Cultural va de ciencia, pero no solo. El centro cultural va del espacio, de sueños, de música y también, por qué no, de filosofía: de lo ridículamente pequeños que somos como planeta, por mucho que a veces nos creamos el centro del universo.

En Paredes de Nava, un pueblo palentino de 1.800 habitantes, un centenar de agricultores se han plantado ante el Ayuntamiento y han reclamado para todo el pueblo el aprovechamiento agrícola y ganadero de las 900 hectáreas de tierras comunales. El consistorio quería acotar casi la mitad de las hectáreas para darle un uso industrial: concretamente, de energías renovables, sobre todo de paneles solares y/o aerogeneradores. Pero no podrá ser, al menos, de momento.

El Ayuntamiento de Paredes desestimó las alegaciones de la Junta Agropecuaria Local el 27 de enero de 2021, que rechazaba el acotamiento aprobado en diciembre de 2020. La Orden de la Consejería de la Presidencia fue emitida el 11 de febrero de 2021. Pese al proceso judicial que estaba en marcha, el Ayuntamiento se negó a paralizar la subasta de estas tierras, que fueron adjudicadas a Ibereólica Renovables S.L., la única empresa que se presentó. Las tierras comunales fueron adjudicadas por 21,2 millones de euros según la adjudicación publicada en el portal de Contratación del Sector Público. El alcalde matiza que esos 21 millones de euros se ingresarían en los próximos 40 años. El valor inicial estimado de la subasta era de 14 millones de euros.

El alcalde de Paredes de Nava y vicepresidente de la Diputación de Palencia, Luis Calderón (PP), asegura desconocer si ahora Ibereólica Renovables reclamará una indemnización si la sentencia finalmente es firme. El regidor sí explica a este diario que la empresa todavía no ha registrado el proyecto ni la evaluación de impacto ambiental en el Ayuntamiento.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado la orden de la Consejería de la Presidencia (11 de febrero de 2021) de la Junta de Castilla y León que autorizaba acotar los bienes comunales de Paredes de Nava y el acuerdo del pleno municipal (27 de enero de 2021), en el que se apoyó la modificación de una ordenanza para convertir 460 hectáreas en suelo industrial con el apoyo del Partido Popular y la abstención del PSOE. La sentencia no es firme.

“Se les está patrimonializando”

“Con su acotamiento para un uso industrial para su posterior adjudicación por precio realmente se les está patrimonializando”, asegura el magistrado del TSJ en la sentencia, a la que ha tenido acceso este diario. Sin embargo, la Ley fija un mínimo de diez años sin uso de las tierras comunales para poder patrimonializarlas.

“Es casi una forma de expulsar a los vecinos”, reprocha el abogado de los agricultores, Pablo Serna. El alcalde contextualiza la situación y asegura que todo el territorio municipal tiene 13.000 hectáreas agrícolas más. Sin embargo, la Junta Agropecuaria Local subraya el papel que tienen estas tierras comunales y que han sido utilizadas por el pueblo “desde tiempos inmemoriales” y que sirven a los agricultores jóvenes, con menos poder adquisitivo o con más cargas familiares.

“Las tierras siempre han tenido un fin social, no especulativo”, defiende la asociación agropecuaria. Juan Carlos (nombre ficticio de uno de los agricultores) recuerda cómo las generaciones pasadas pelearon por el Monte Páramo cuando otra empresa “vino con dinero” y quiso dar uso agrícola privado. “Se movilizaron los vecinos entonces y gracias a nuestros antepasados tenemos las tierras comunales”, explica.

“Nos pertenece a todos”

César también es de Paredes de Nava y defiende su derecho a acceder a las tierras “igual que los otros vecinos”. “Nuestros antepasados lucharon por ello. Es un bien comunal y nos pertenece a todos”, explica a este diario, aunque aclara que actualmente no trabaja ninguno de los lotes del terreno. “Puede cogerlo cualquier vecino. Pagas las cuotas y le puedes dar un uso agrícola, ganadero [pastos] o de caza”, explica. De hecho, el TSJ también aborda la cuestión cinegética, porque considera que se impediría la caza en los terrenos acotados y eso vulneraría el orden de aprovechamientos legalmente establecido.

En el Monte Páramo se cultiva trigo, veza, avena y se cultiva girasol. Un poco de cebada, aunque es un cultivo menor, según explica César, que explica que algunas parcelas del monte son “curiosas” —mejores— y otras son de peor calidad puesto que la tierra se roturó hace muchísimos años, pero sigue siendo un monte comunal y defiende que siga así, independientemente de su nivel de producción, que —afirma— debería ser recatalogado para ajustarse mejor a la realidad de las tierras.

Por su parte, el Ayuntamiento defiende que la inyección de dinero que recibiría de esta empresa servirá para “mejorar e implementar sus servicios y/o reduciendo sus cargas fiscales”, algo que considera que sería “en beneficio de todos los vecinos”.

La sala del TSJ considera que en realidad la controversia cuestiona “el modelo de vida” de los pueblos que han vivido de la agricultura y utilizado estos bienes comunales frente a quienes ven la posibilidad de “obtener mayores ingresos económicos a través de su adjudicación por precio para la instalación de proyectos energéticos”. Alerta también de que esta situación “afecta a su subsistencia [de los pueblos] y permanencia en el territorio”. “Las tierras comunales no son para especular, son del pueblo”, defiende la Junta Agropecuaria Local, que denuncia “opacidad” en el Ayuntamiento.

El consistorio adjudica lotes (de unas seis hectáreas) cada cinco años. En esta ocasión, la licencia terminaba en octubre de 2021 y al renovarse se contempló la posibilidad de expulsar estos agricultores una vez empezaran las obras del parque de energía renovable. En esas 900 hectáreas de tierras comunales hay unos 70 agricultores que trabajan, según explica la Junta Agropecuaria Local.

Los terrenos comunales son para uso y aprovechamiento por los vecinos del pueblo y, por lo tanto, no por una empresa ajena al municipio, aunque el Ayuntamiento pudiera obtener un mejor precio por el uso de esas tierras. El poder legislativo es el que debe “definir el modelo territorial y buscar la armonización” entre agricultura, ganadería y proyectos de energías renovables, sin que los derechos de los primeros “resulten atropellados por el mayor rendimiento económico de estos”. El Ayuntamiento es quien debe gestionar los bienes comunales, pero corresponde a los vecinos aprovechar estas tierras comunales.

Cabe recurso de casación en un plazo de 30 días. Tanto el Ayuntamiento como la Junta de Castilla y León están estudiando la posibilidad de recurrir la sentencia. El Tribunal impone las costas de los demandados y el abogado de la Junta Agropecuaria Local confía en que la sentencia termine siendo firme y pueda crear jurisprudencia en casos similares.

Las asociaciones agrarias cargan contra los municipios

Serna asegura que esta sentencia podría servir de “apoyo y ayuda” a otros vecinos que vivan situaciones similares y quieran impugnarlo. La Junta Agropecuaria destaca que la “suerte” que ha tenido la asociación es que tenían fondos y han podido acudir al TSJ, una oportunidad que no todos tienen, afirman. Esto podría allanar el terreno para otros vecinos.

De hecho, las asociaciones agrarias de Castilla y León no han tardado en reaccionar. Upa-Coag reprocha que “muchos” ayuntamientos de Castilla y León, “al rebufo de las altas tasas que pueden pagar las empresas inversoras en energías renovables”, coloquen “una alfombra roja” a estas compañías.

Asaja ha pedido prudencia a los ayuntamientos antes de “dejarse embaucar” en macroparques solares ante un sector primario que se siente “acorralado”. “Nos está echando a los pies de los caballos, entre la voracidad de las empresas fotovoltaicas y la expectativa de recibir ingresos fáciles por parte de los ayuntamientos, aunque sea a costa de eliminar a los agricultores de la zona”, denuncia la organización profesional agraria.