El Tribunal Superior de Justicia ha vuelto a dar la razón al Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid (PP-Vox) y estima su recurso para que se debata en el Pleno la creación del puesto de 'alcalde B', como se conoce al director de Coordinación de Políticas Públicas. Este puesto, que ocupa Indalecio Escudero, ex jefe de gabinete del alcalde Jesús Julio Carnero cuando presidía la Diputación y exdirector general cuando era consejero en la Junta, ya fue anulado por el TSJ. El Ayuntamiento legalizó el cargo con una “modificación puntual” del Reglamento Orgánico del año 1996, y se negó a debatir en el Pleno la labor que llevaba a cabo Escudero.

Ahora, El Tribunal de Instancia de la Sección de lo Contencioso-Administrativo Plaza Nº 4 estimando el recurso del PSOE, anula las decisiones adoptadas por el alcalde, y reconoce expresamente el derecho a que ambas iniciativas políticas sean debatidas por el Pleno. Además, condena al alcalde a incluir las dos mociones en el orden del día de la próxima sesión plenaria y también se condena al Ayuntamiento al pago de las costas.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, que ha hablado de esta nueva condena en una rueda de prensa, recuerda que el Tribunal Supremo -tras la sentencia del TSJCYL- ratificó la ilegalidad del puesto creado por Carnero en 2023, el “alcalde B”, que, además de ser ilegal, implica un gasto para las arcas municipales de 627.048 euros a lo largo del mandato (156.762 euros anuales).

La sentencia deja claro que un alcalde no puede utilizar su cargo para decidir qué críticas políticas pueden debatirse en el Ayuntamiento. Herrero ha añadido que el recurso que interpuso no era para “proteger una ocurrencia retórica”, sino el derecho de todos los concejales a fiscalizar al Gobierno: “Y defender los derechos de la oposición equivale a defender el derecho de los vecinos a que los asuntos públicos se debatan abiertamente, sin censura”.

Para Pedro Herrero, Carnero ha conseguido lo contrario de lo que perseguía censurando el debate y ha provocado un “efecto búmeran”. “El actual alcalde intentó borrar del Pleno al ‘alcalde B’ y, paradójicamente, lo que ha conseguido es que una sentencia judicial le obligue a escuchar el debate que quiso censurar en dos ocasiones».

El portavoz del Grupo Municipal Socialista ha calificado la actitud del alcalde de “dictatorial” ya que “En democracia un alcalde no puede decidir qué palabras puede utilizar la oposición, ni impedir un debate simplemente porque no le guste la crítica que contiene. Es una actitud autoritaria propia de otros tiempos pasados”.

En concreto, la resolución del TSJ establece que “La sola mención al ”Alcalde B“ no puede servir para denegar la deliberación de una moción presentada por el grupo político que está en la oposición. Podrá ser considerada como más o menos acertada, pero lo cierto es que en las dos mociones se expresa que se trata del puesto de Director/a de Coordinación de Políticas Públicas, plenamente identificado. No es una expresión objetivamente denigrante o peyorativa».

Según Herrero, ese párrafo desmonta de raíz la justificación empleada durante meses por Carnero. «El alcalde pretendió convertir una discrepancia política sobre una denominación en una causa para impedir un debate en el Pleno. La Justicia acaba de decir que esa expresión ni era denigrante ni podía utilizarse como excusa para silenciar una iniciativa de la oposición».

La sentencia incide en algo de especial gravedad en política, la vulneración del derecho a la participación política: «El derecho a la libertad de expresión alcanza una cota aún mayor cuando se realiza en el cargo de funciones de representación pública. Carece de sentido que para que la moción pueda examinarse se tenga que formular en los términos que quiera el presidente de la corporación (...) puesto que supone una quiebra del derecho a la participación política y al control que la oposición realiza sobre los órganos de gobierno de las entidades locales», señala.

Es más, añade el tribunal que «la discrecionalidad política debe venir siempre limitada por un derecho fundamental de participación pública y política de la oposición. Desde luego la motivación dada para denegar la deliberación de las mociones (...) es una restricción indebida del derecho del artículo 23.2 de la Constitución Española». La sentencia no es firme y el Ayuntamiento tiene la posibilidad de recurrirla.

La creación del puesto conocido como 'alcalde b' por considerar la oposición que Carnero lo creó para liberarse del trabajo en el Ayuntamiento y compatibilizar así su actividad como senador acarrea ya tres resoluciones judiciales que dan la razón al PSOE. Sobre el asunto se han pronunciado ya el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Tribunal Supremo y ahora el Tribunal de Instancia de la Sección de lo Contencioso-Administrativo. Se suman a otras sentencias condenatorias sobre asuntos de trascendencia para la ciudad aprobados por el equipo de gobierno PP-Vox, como la anulación de la Ordenanza de Bajas de Emisiones y la anulación de la Ordenanza de Movilidad.

El Juzgado de Menores de Salamanca ha condenado a uno de los menores acusados de agresión sexual (por pedirle fotografías de carácter sexual) a una compañera suya de 12 años, según una sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es. Ambos se conocían de la Escuela de Tauromaquia, financiada por la Diputación de Salamanca. El condenado -y sus padres- deberán abonar 1.500 euros a la víctima por estos hechos, que se produjeron en 2025. El tribunal también ha absuelto al otro menor acusado del mismo delito contra dos menores (de 11 y 12 años) porque no se ha considerado probado que fuera él quien utilizara ese perfil de Instagram desde el que se incitó a enviar fotografías de carácter sexual.

El fallo impone al primer menor -ya mayor de edad- cien horas de servicios comunitarios “para que reflexione sobre la gravedad de su actuación” y establece una medida de libertad vigilada durante dos años, en los que recibirá formación de educación sexual y educación en igualdad, además de una orden de alejamiento hacia la menor.

El menor condenado -le faltaba un mes para cumplir los 18 años- contactó con su compañera de la Escuela Taurina, de 12 años. “Empezó a comentarla que sus conversaciones no debía verlas nadie, pidiéndole que las borrara a diario y diciéndole, entre otras cosas, que cuando él tuviera 18 años debían cortar las mismas”, señala la sentencia, que considera probadas sus insinuaciones sexuales y peticiones de fotografías pedófilas. Esta situación se prolongó hasta que los padres de la niña descubrieron la situación y presentaron una denuncia.

“Desprecio a los sentimientos de la víctima”

El condenado defendió que creía que la niña tenía 16 años, algo que no se cree el juzgado porque entonces no tendría sentido que le dijera que borrara las imágenes o que las conversaciones debían terminarse cuando él cumpliera los 18 años. “Si adoptaba estas precauciones era porque conocía que estaba actuando de forma inapropiada”, señala el Juzgado de menores. Además, en el ámbito de la escuela taurina no se puede torear novilladas hasta los 16 años, una actividad que no podía realizar la menor. El juzgado establece que el condenado “embaucó” a la niña, aunque niega que esta fuera coaccionada o amenazada con hacer públicas las conversaciones previas que había tenido con el otro compañero, hoy absuelto.

El Juzgado ha establecido una libertad vigilada durante dos años dado el “absoluto desprecio a los sentimientos de la víctima” y su inconsciencia sobre “la gravedad de los hechos”. Además, esta no es su primera condena, por hechos con “una analogía importante”, aunque no de la misma naturaleza.

Absuelto el otro menor

La Justicia ha absuelto al otro menor encausado porque, ha considerado que no se ha demostrado lo suficiente que fuera él quien utilizaba esa cuenta de Instagram desde la que se pidió vídeos y fotos a otra niña de 11 años, a la que conocía de vista y de su entorno cercano. Fiscalía pedía que se dedujera la titularidad de la cuenta porque la fotografía del perfil era del menor y en las conversaciones con una de las víctimas se mencionaba su proximidad, algo que el Juzgado considera insuficiente porque son “datos fácilmente accesibles para cualquier persona”. También se le absuelve de un delito similar hacia su compañera de la Escuela de Tauromaquia -cuya conversación se borró- y cuyas conversaciones por Whatsapp no acreditan el contenido de las conversaciones previas aunque sí se hace referencia a ellas.

Aun así, defiende que no duda de que una de las víctimas y su madre hayan dicho la verdad en el proceso. “No se quiere manifestar con lo anterior que la menor o su madre falten a la verdad, pero como se han señalado hechos muy graves, sería necesario conocer exactamente el contenido de las conversaciones que fueron borradas y no se conservaron”, señala la sentencia.

La sentencia absuelve a la Diputación de Salamanca de la responsabilidad civil solicitada porque los hechos se produjeron fuera de la escuela taurina, que no podía tener “ningún control” sobre las actividades externas que realizaran los menores. El Juzgado también destaca que, cuando se tuvo conocimiento del problema, se separó a los menores acusados de la víctima “para que no coincidieran en las clases”. La Escuela de Tauromaquia no tenía un protocolo antiacoso para este tipo de situaciones a pesar de las peticiones realizadas por el Grupo Socialista en la Diputación de Salamanca.

Los servicios de extinción de incendios afrontan tres incendios importantes en Castilla y León después de que dos fuegos en Burgos (Arza) y Palencia (Aguilar de Campoo) se hayan sumado al incendio que empezó este jueves en león, el de Sosas de Laciana. Los tres incendios están en el índice de gravedad potencial 1.

Este jueves comenzaba el nuevo periodo de riesgo meteorológico de incendios forestales declarado por la Junta de Castilla y León hasta el 6 de septiembre en todo el territorio, lo que ha obligado a cumplir con varias medidas preventivas, como la prohibición de pirotecnia cerca de la zona de monte.

Se espera que la extinción del incendio de la localidad de Arza, en el municipio de Ayega (Valle de Mena) pueda llevar más de doce horas para estabilizarlo, motivo por el que se ha activado este índice. La extinción de estos focos superan la veintena de medios del operativo: cuatro agentes medioambientales, un técnico, tres cuadrillas terrestres, tres autobombas, dos bulldózer, tres ELIF/BRIF, cinco helicópteros y otros medios.

En el fuego de Aguilar de Campoo, iniciado a las 14:44 horas, es posible que sean necesarias “leves restricciones para la población o leve afección a infraestructuras”.

Este incendio ha obligado a activar a 19 medios del operativo: cuatro agentes medioambientales, un técnico, cinco cuadrillas terrestres, tres autobombas, dos ELIF/BRIF y tres helicópteros.

El incendio forestal de Sosas de Laciana, que sigue en nivel 1 desde ayer, está evolucionando favorablemente. El fuego solo mantiene llama activa en aproximadamente un 10% de su perímetro, localizada en una zona alta y de muy difícil acceso. Entre el 40% y el 50% del perímetro puede considerarse ya estabilizado, según ha informado la Junta de Castilla y León a través de X. En el resto del perímetro no hay llamas, aunque todavía queda trabajo para asegurarlo.

Además, hay otros dos fuegos activos, uno en la capital burgalesa. el otro, en Brañosera (Palencia).

El curso escolar comenzará en Castilla y León el 8 de septiembre con una interinidad en el profesorado muy por encima del 8% marcado por la normativa como límite: un 9,40% en el caso de los Maestros y un 17,81% en el resto de Cuerpos que la consejera de Educación, María Pardo, ha enmarcado en los periodos bienales de oposiciones.

“No hemos podido reducir más porque las oposiciones se convocan cada dos años, pero estamos trabajando en esa línea y en la del diálogo con los sindicatos: a fecha de hoy todos los acuerdos pactados en la mesa sindical están cumplidos”, ha explicado Pardo este viernes en Valladolid durante la presentación del curso escolar 2026/2027 ante la comunidad académica.

Crece más la etapa de 0-3 años

Comenzará prácticamente con el mismo número de alumnos que el curso anterior (348.756) en la de régimen general, apenas un 0,07 menos, con el mayor incremento en el primer ciclo (0-3 años) de Educación Infantil (7,71%), por delante de una FP (2) en línea ascendente durante los últimos años en todos sus ámbitos: Grado Básico, Grado Medio, Grado Superior y Cursos de Especialización.

El segundo ciclo (3-6 años) de Educación Infantil es el que más ha bajado (-3,77%) y en cifras absolutas la mayor concentración de estudiantes (111.298) se encuentra en la etapa de Educación primaria por delante de la ESO (88.274).

Cinco provincias bajan el censo de matrículas respeto al curso precedente: Ávila (-1,72%), Salamanca (-1,61), Zamora (-1,17), Burgos (-0,69) y Palencia (-0,27), mientras destaca Valladolid (1,44) entre las que crecen junto a León (0,4), Soria (0,48) y Segovia (0,20).

Tres de las nueve provincias concentran más de la mitad del alumnado: Valladolid (86.207), León (59.494) y Salamanca (45.549). Si al alumnado de régimen general se le añaden los de régimen especial: idiomas y educación de adultos, el volumen total estimado es de 405.012, un 0,19% más.

Docentes, insuficiente aumento

El conjunto de profesores para esta temporada escolar suma 37.974, 551 más, un 1,51%, insuficiente a juicio de los sindicatos respecto a las elevadas cotas de interinidad, pero significativo en el caso de los maestros (156 más) y de los catedráticos, docentes de ESO y técnicos de FP (330 más).

La consejera, respecto a la interinidad, ha añadido que los procesos selectivos celebrados se han desarrollado con normalidad y elevado la tasa de adjudicación de vacantes: casi un cien por cien en los maestros y un 96,5 en el resto del cuerpos.

Castilla y León, pionera en la gratuidad de 0-3 años, tendrá este año a 23.669 dentro de esa etapa escolar con un ahorro anual para las familias, por alumno y curso, que la consejera ha estimado en 2.000 euros.

Más centros en el medio rural

El medio rural de Castilla y León dispondrá de 269 de los 639 centros educativos que abrirán este curso: el 59% de titularidad pública y el 41 de gestión privada. Valladolid (146), Burgos (103) y León (102) suman más de la mitad de esos 639 centros: el 42,1% en el medio rural y el 57,9 en el urbano.

Dieciocho colegios funcionarán con tres alumnos en Salamanca (5), Ávila (3), Burgos (3), León (3), Segovia (1), Soria (1), Valladolid (1) y Zamora (1); y doce lo harán con cuatro en Zamora (3), León (3), Valladolid (2), Salamanca (2) y Ávila (2).

“Todo está preparado para el inicio de un curso escolar con normalidad, estabilidad y con las máximas garantías, también desde la posición de fortaleza de un sistema educativo de referencia nacional e internacional y que siempre pone el centro a los docentes, familias y alumnos”, ha subrayado la consejera de Educación.

El presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, considera “ridícula” la cantidad de 30 millones de ayuda total al sector planteada por la Consejería de Agricultura y pide sean otros 150 millones de euros, como la partida del Gobierno central, para tener liquidez de cara a la próxima sementera 2026-2027.

“Treinta millones es ridículo para los costes; hemos perdido 300 millones de euros y los 150 que ha dado el Gobierno nos parecen insuficientes, (...) por lo que exigimos a la Junta que lo equipare al Gobierno para las necesidades del campo cerealista de Castilla y León”, ha dicho Dujo a preguntas de periodistas en el Consejo Agrario celebrado en la Feria de Ganado de Salamanca.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino (Vox) -ex presidente de Asaja Ávila desde 2008-, había explicado en declaraciones previas que la Consejería movilizará recursos de su propio presupuesto para adherirse a la reserva de crisis planteada por el Ministerio, de la que corresponden a Castilla y León 10 millones de euros.

A esa cantidad añadirá otros 20 millones de fondos propios, el máximo que, según ha explicado, permite complementar la normativa europea, hasta alcanzar un total de 30 millones destinados al sector agrícola y ganadero. “Con ese dinero podemos auxiliar a algún pequeño sector, el apícola o alguna cuestión, pero para la necesidad que el campo cerealista de Castilla y León tiene es un presupuesto ridículo, insuficiente”, ha valorado Dujo.

“Nos sentiremos defraudados”

Y ha agregado: “Si no llega ese dinero (los 150 millones) por parte de la Junta, nos sentiremos defraudados por el Gobierno de Castilla y León, entenderemos que no está de nuestro lado, que no nos está auxiliando en una situación crítica y los agricultores y los ganaderos valorarán y tendrán que valorar la decisión que toma cada industria”.

El dirigente de Asaja ha defendido que lo que piden no es ya una ayuda para ganar dinero sino para por lo menos tener liquidez para el próximo año agrícola, y de manera inmediata porque los trabajadores del campo deben sembrar ya.

En lo que sí han estado de acuerdo Dujo y Pino es en que el anuncio de la Junta de que incrementará el presupuesto de la Consejería tiene que ser independiente de esta ayuda específica.

El PSOE suscribe esta petición

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha pedido este viernes que la Junta “empate” con el Gobierno central dando otros 150 millones al campo, como piden las organizaciones agrarias para poder tener liquidez de cara a esta próxima sementera.

Los socialistas llevarán a las Cortes en el próximo pleno una iniciativa para pedir al Parlamento un apoyo expreso al sector a través de ayudas directas dadas “las graves pérdidas” que sufre el sector y ante la “soberbia” del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, al no reunirse con ellas en su visita a la Feria de Ganado de Salamanca, ha indicado Martínez en declaraciones a la prensa.

El líder autonómico del PSOE, que se ha reunido con los representantes agrarios este viernes en su visita a la Feria Salamaq, ha esgrimido que Mañueco no hizo lo mismo con ellos este jueves en la inauguración del evento como “represalia” por la concentración que organizaron a finales de agosto ante la sede de Presidencia de la Junta en Valladolid.

UPL reclama una línea específica

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha reclamado este viernes a la Junta de Castilla y León una línea específica de ayudas y con fecha de ejecución, ante la grave situación que sufre el sector cerealista, que pone en riesgo la sementera para la próxima campaña.

UPL plantea a la Junta que tome medidas y fije ayudas concretas para el sector cerealista, con plazos para su implementación, de manera que se compensen las pérdidas de la mala cosecha de 2026 y también ayuden a afrontar la sementera de la próxima campaña en el sector del cereal.

La Diputación de Valladolid (gobernada por el PP) ha decidido cerrar una exposición sobre la Transición este jueves, cuando estaba prevista su inauguración. 'La Otra Transición vallisoletana' incluía artefactos artísticos, documentación histórica y maquetas vinculadas a los movimientos vecinales de finales de la dictadura. Es la segunda vez que un artista denuncia intentos de censura -por parte de Vox hace unos meses- en la Administración provincial.

El artista denuncia la censura por parte de la Administración provincial, un extremo que niega el área de Cultura, que atribuye esta decisión a que el artista “no ha permitido conocer el contenido de todos los elementos” hasta que estaban instalados. “Si no hubiera cumplido, no me habrían dejado colocar la exposición [con la participación de trabajadores públicos], no hubieran puesto el cartel de la fachada ni la bandera de tela”, se defiende el artista, Íñigo Varona, en declaraciones a elDiario.es.

En concreto, Varona explica que le instaron a que retirara las piezas relativas a las agresiones y atentados de la extrema derecha, incluidos recortes de periódico del famoso reportaje de Interviú que introdujo el término 'Fachadolid' en el imaginario colectivo, un término que introdujo a través de un azulejado que la Diputación no quería en su sala de exposiciones.

Trabajadores de la Diputación le solicitaron que eliminara parte de la exposición [Cultura no ha querido concretar qué parte] y, cuando Varona se ha negado, han decidido no inaugurar la muestra porque se pretendía retirar parte de la muestra “por motivos ideológicos”.

Cultura niega que se trate de censura

El departamento de Cultura niega que se trate de censura y destacan el trabajo artístico de Varona, aunque defienden que no se ha atenido a las normas. “Le concedimos una beca artística sobre las barriadas en transición, pero no nos ha permitido conocer el contenido de todos los elementos hasta que se ha montado. Se ha saltado todos los procedimientos y quería exponer piezas no relacionadas con el objeto del proyecto de la beca”, ha defendido la jefa de servicio de Cultura de la Diputación de Valladolid, Paz Malfaz.

Además, argumentan desde Cultura que las imágenes que envió el artista no eran de buena calidad, aunque dieran una idea de la exposición. “En ningún momento me pidieron más fotografías, y entregué también un listado de las obras y fotos”, replica Varona, que asegura que, aunque no se vieran todas las piezas, sí se podían ver los recortes de las fotografías de la época que quería incluir. El artista explica también que la Diputación le envió un número de teléfono del contacto que debía tener para la impresión de los carteles directamente, sin supervisión provincial.

“Es una decisión política”

“Se pensaron que no iba a reaccionar, pero esta mañana he ido con unos compañeros de CGT de manera simbólica para intentar que abrieran la exposición”, explica Varona. En ese momento, los diputados provinciales del PSOE han tenido constancia de este altercado y han bajado a respaldarle. También ha recibido el apoyo de Valladolid Toma La Palabra.

El portavoz socialista, Francisco Ferreira, ha calificado esta situación de “censura previa”. “Si la exposición iba a inaugurarse, ha cumplido todos los criterios técnicos del área de cultura, por tanto, es incuestionable que esto es una decisión política”, ha señalado a través de una nota de prensa.

El líder del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha asegurado este jueves que sigue contando su antecesor, Luis Tudanca, y que en un futuro se verá dónde. Martínez ha presentado hoy a la futura senadora por designación autonómica, la exalcaldesa de Segovia, Clara Martín y ha justificado su elección como una estrategia para recuperar la alcaldía. Para colocar a Martín tuvo que quitar a Tudanca, quien aceptó el cargo de senador cuando se le instó a dejar la secretaría del PSOE en Castilla y León en favor de Martínez.

El rumor de que Tudanca no iba a durar mucho como senador adquirió más intensidad a principios de verano. Martínez ha reconocido que para evitar filtraciones comunicó a Tudanca su salida el miércoles a través de una llamada telefónica de la que no ha aportado más detalle que el de la hora, a las 9.15. Poco después, a las 10,30 llamó a Clara Martín. Tanto Martín como Martínez han reconocido que ella puso una condición: poder ser candidata a la alcaldía de Segovia en unos meses, cuando se celebren las elecciones locales. La semana que viene presentará su candidatura al proceso de primarias. Para Martínez, es una buena idea que Segovia tenga voz en el Senado y denuesta la que hay en el PP, Javier Maroto, “empadronado de rebote en Segovia y que no defiende el territorio en el que dice residir”.

“Clara Martín salió de la ejecutiva autonómica para jugar en la federal”, ha recordado Martínez, “y en la carrera por recuperar la alcaldía de Segovia, ha tenido a bien aceptar la invitación que le trasladé”, ha comentado. Carlos Martínez ha reconocido que la decisión “no es una improvisación de un día” y que es “una de las más difíciles desde el punto de vista orgánico”. Para decidirlo ha ha tenido en cuenta, entre otras cosas, “la igualdad de género”.

“Soy consciente de las polémicas, no voy a eludirlo, con una figura fundamental como Tudanca no es sencillo, pero configuramos piezas de un equipo. La decisión me correspondía como secretario general”, ha añadido. Además, ha afirmado que “no se expulsa a nadie, es una gestión de equipos y Tudanca es un valor y tiempo habrá para entender que en el equipo cuenta”.

Por su parte, Clara Martín ha admitido que “no es un paso fácil” la de aceptar la propuesta de Martínez pero que “el trabajo a nivel autonómico es un reto y no hay que rechazar la oportunidad, no sólo por ser la voz de Segovia dentro del partido, sino en las Cortes Generales”.

Carlos Martínez ha comentado además que Martín dejará el Senado si gana la alcaldía, lo mismo su sucesor en Soria, que compatibiliza ambos cargos, pero ha querido marcar la diferencia con el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que también es senador.

Ya hay (de nuevo) fecha para el juicio oral por la muerte de Esther López, cuya desaparición se identificó en la madrugada del 13 de enero en 2022, y cuyo cadávez fue localizado 25 días después: será el 2 de febrero del próximo año, según ha informado la Audiencia Provincial de Valladolid a través del gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

La magistrada ha dictado el auto por el que se fijan los hechos justiciables que serán sometidos al veredicto del jurado popular. Serán sus integrantes quienes consideren qué delitos han sido probados o no tras la celebración de la vista oral.

La Fiscalía considera responsable a Óscar S.M. de un delito de asesinato con alevosía, por el que pide 18 años de prisión. La acusación particular le ponsidera responsable de los delitos de asesinato (o subsidiariamente homicidio), detención ilegal, daño moral y omisión del deber de socorro. La defensa, en cambio, mantiene que la conducta atribuida al acusado no es constitutiva de infracción penal alguna.

Juicio con jurado

El juicio oral arrancará el 2 de febrero de 2027 a las 10:00 horas, cuando se constituirá el Tribunal del Jurado y comenzarán las sesiones, que se alargarán hasta principios de marzo “dada la complejidad de la causa y el elevado volumen de prueba admitida”.

La jueza ha resuelto también sobre las pruebas propuestas por las partes, declarando pertinentes, con determinadas salvedades, distintas testificales, testificales-periciales, periciales y documentales que serán practicadas durante el juicio. El auto no es firme y contra él cabe recurso de súplica en el plazo de tres días, salvo en lo relativo a la admisión de pruebas, extremo respecto del cual la resolución es firme.

A finales de 2025, el Juzgado ya abrió juicio oral contra Óscar S.M. hasta que se ordenó la devolución del caso al Juzgado de Instrucción después de que el actual propietario de la vivienda que utilizaba el acusado -que había comprado recientemente- encontrara un habitáculo del que la Guardia Civil no tenía constancia. Las pesquisas no localizaron ningún resto biológico de Esther López en esa zona.

Galletas Gullón invertirá 196,5 millones de euros y sumará 140 nuevos empleos a su plantilla de 2.300 personas con la construcción de una plataforma logística robotizada en Aguilar de Campoo y un nuevo centro de preparados alimenticios y productos dietéticos en Villamuriel de Cerrato.

La empresa, que tiene toda su actividad productiva concentrada en dos fábricas, Gullón y VIDA, situadas en Aguilar de Campoo, extenderá su actividad al sur de la provincia con la construcción de un nuevo centro en Villamuriel de Cerrato, tal y como recoge el Proyecto de inversión en logística y nuevos alimentos homogeneizados y dietéticos en Palencia.

Este proyecto, que la compañía desarrollará entre 2026-2030, ha sido declarado Proyecto Industrial Prioritario por el Consejo de Gobierno en su sesión de este jueves, lo que permitirá declarar de urgencia todas las actuaciones que sean competencia de la Administración autonómica relacionadas con las inversiones previstas, reduciendo a la mitad los plazos legalmente establecidos para su tramitación.

Asimismo, la empresa deberá mantener las inversiones y la actividad en los emplazamientos previstos durante al menos cinco años desde la finalización del proyecto en 2030, así como los objetivos de empleo durante un periodo mínimo de cinco años.

Una nueva fábrica

La compañía, que facturó 750 millones de euros en 2025 y emplea a 2.300 personas en Aguilar de Campoo, donde fabrica 360.000 toneladas anuales de productos, proyecta construir una nueva plataforma logística avanzada y totalmente robotizada en esta localidad.

La plataforma contará con un silo de alto rendimiento de 38 metros de altura, climatizado, seis calles y capacidad para 37.400 palés, además de una zona de muelles.

Además, contempla la construcción de un nuevo centro productivo en Villamuriel de Cerrato dedicado a la elaboración de preparados alimenticios homogeneizados y productos dietéticos.

La instalación se configura como una plataforma industrial para las gamas sin gluten, sin lactosa y dietéticas y contará inicialmente con tres líneas de producción, con capacidad para ampliar hasta nueve líneas adicionales.

600 empleos indirectos

Según se ha destacado este jueves, además de crear empleo directo, con una estimación de 140 puestos de trabajo, la inversión tendrá un efecto tractor sobre la economía de Castilla y León a través de la red de proveedores de la compañía.

Galletas Gullón estima que contará con más de 1.800 proveedores procedentes de la Comunidad, lo que supondrá la generación de más de 600 empleos indirectos vinculados a empresas suministradoras, transporte de materias primas y productos terminados y otros servicios asociados a la actividad industrial.

La presidenta de Gullón, Lourdes Gullón, ha asegurado en nota de prensa que el proyecto permite a la empresa responder a nuevas demandas sin perder de vista los orígenes, mientras que Juan Miguel Martínez Gabaldón, consejero delegado y director general, ha indicado que “supone un nuevo paso adelante en la consolidación de la compañía como referente de la industria alimentaria española”.

La Policía Nacional ha detenido en Salamanca a un hombre como presunto autor de un delito de inducción de menores al abandono del domicilio, tras ser localizadas en su casa dos menores que llevaban dos semanas fugadas de un centro de menores.

Los agentes recibieron un aviso de que las dos menores, cuya desaparición había sido difundida previamente en redes sociales, podrían encontrarse en un domicilio de la ciudad, ha indicado la Policía este jueves en una nota de prensa.

Una vez en el lugar, los agentes se entrevistaron con uno de los residentes de la vivienda, quien manifestó que varios días antes habían llegado al domicilio dos menores y que permanecían allí desde entonces.

Asimismo, explicó que habían tenido conocimiento de su posible identidad al reconocerlas a través de las imágenes difundidas en redes sociales.

Durante la intervención policial, se presentó en el domicilio un hombre que manifestó haber acogido a las menores y que estas se encontraban allí desde hacía dos semanas.

Los agentes pudieron comprobar cómo las menores efectivamente se encontraban en el interior del inmueble y, tras las gestiones realizadas y siguiendo las instrucciones de la unidad especializada, procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de inducción de menores al abandono del domicilio, para pasar después a disposición judicial.

Castilla y León sumó en agosto 2.010 parados, lo que deja en 98.323 los desempleados en esa comunidad, un 2,09% más que en julio, frente al 1,92% de aumento a nivel nacional, a la vez que el número de cotizantes a la Seguridad Social ha bajado en 3.102, lo que supone una pérdida del 0,30%, hasta dejarlos en 1.019.088 afiliados.

Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han publicado este miércoles los datos de paro y afiliación de agosto en Castilla y León, que recogen que la Comunidad tiene 144 parados más que en el mismo mes del 2025, el 0,15% más, mientras que a nivel nacional se observa una bajada interanual del 2,91% (70.593 parados menos).

En cuanto a la Seguridad Social, en comparativa anual, Castilla y León cerró agosto con 18.946 cotizantes más que hace un año, el 1,89% más, por debajo del 3,13% registrado a nivel nacional.

El paro registrado en agosto subió respecto a julio en todas las autonomías, excepto en la ciudad autónoma de Ceuta, donde bajó el 1,76% (148 personas), con los peores datos en Cataluña (4,63% de subida), Baleares (3,31%) y Murcia (2,71%), con Castilla y León con el noveno incremento.

Afiliados extranjeros regularizados

La pérdida de afiliados a la Seguridad Social sería mayor en caso de no haber contabilizado en agosto las nuevas afiliaciones procedentes del proceso de regularización extraordinaria de trabajadores extranjeros, que ha aportado en Castilla y León hasta el momento 14.452 nuevas altas, que representan el 4,3% de total realizado en España (337.917).

En este registro, Castilla y León es la sexta autonomía con un más elevado número de trabajadores extranjeros regularizados, superada únicamente por la Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias.

El paro subió en todas las provincias

El paro subió en agosto en todas las provincias respecto a julio, aunque lo hizo más en Burgos, con un incremento del 4,16%, seguido de Segovia (3,36%), Valladolid (2,46%), Zamora (2,40%), Palencia (2,30%) y Ávila (2,27%), todas ellas por encima de la media autonómica.

Por debajo del 2,09% de subida en Castilla y León se situaron los alzas del paro en Soria (1,47%), Salamanca (1,18%) y León (0,59%).

Y respecto a agosto de 2025, el desempleo aumentó más en Soria, hasta el 9,08%, seguida de Valladolid (2,32%), Palencia (1,74%) y Burgos (1,14%); mientras que descendió el dato interanual en Salamanca (2,16%), León (1,81%), Ávila (0,80%), Segovia (0,58%) y Zamora (0,42%).

Aumento en todos los sectores

El desempleo aumentó en todos los sectores, excepto en Agricultura, que presentó una ligera bajada de 6 trabajadores; mientras que en el resto de sectores se registraron subidas del paro, en especial en el de Servicios, que anotó 1.469 parados más que en julio, con 225 más en Industria, 128 en Construcción y 194 en el colectivo de sin empleo anterior.

Castilla y León cerró agosto con 2.071 mujeres más en las listas del paro y 939 hombres, con un aumento de 481 parados en el grupo de menores de 25 años.

Con esos datos, la Comunidad cierra agosto con 39.274 hombres desempleados y 59.049 mujeres; y 7.782 menores de 25 años sin empleo.

54.098 contratos en agosto: 2.018 más que en 2025

En cuanto a la contratación, Castilla y León anotó en agosto 54.098 contratos, que suponen 17.589 y un 24,54% menos que en julio, cuando se producen la mayoría de las contrataciones vinculadas al verano.

En cambio, a nivel interanual, el dato de Castilla y León mejora los resultados del pasado año, con hasta 2.018 contratos más, lo que representa un incremento del 3,87%.

Del total de contratos, 16.799 fueron indefinidos, 6.056 menos que el mes anterior, mientras que otros 39 fueron firmados con personas con discapacidad, 1.564 fueron conversiones de contratos y los restantes 37.299 fueron temporales.

En cuanto a las prestaciones por desempleo, con datos de julio, fueron 73.165, 6.225 más que en el mes anterior, de las cuales 40.225 fueron prestaciones contributivas, 32.920 subsidios y 20 rentas activas de inserción.

Castilla y León ha declarado riesgo meteorológico de incendios forestales del 3 al 6 de septiembre en todo el territorio. Las previsiones meteorológicas apuntan a la presencia de una dorsal anticiclónica sobre la Península y a la entrada, a partir del jueves, de una masa de aire tropical continental de origen norteafricano, según ha informado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado.

Estas condiciones provocarán un episodio de altas temperaturas, con valores que podrán situarse entre 35 y 37 grados, acompañado de un descenso general de la humedad relativa, con valores mínimos por debajo del 15 % en buena parte de Castilla y León. Esta es la sexta ocasión en que se declara este tipo de alerta desde el inicio de la Época de Peligro Alto de incendios forestales.

Además, se prevé la presencia de una DANA al oeste de la península durante los días 4 y 5, lo que favorecerá la formación de tormentas en distintos puntos de la Comunidad, especialmente el sábado. En cuanto al viento, se esperan rachas máximas superiores a 30-40 km/h entre el jueves y el domingo, con especial intensidad el sábado, cuando podrían superar los 50 km/h.

Durante el periodo de vigencia de la alerta quedan prohibidas las siguientes actividades en la zona de monte y en la franja de 400 metros a su alrededor:

La Junta Local de Seguridad ha acordado la suspensión de la sesión de fuegos artificiales prevista para eel 6 de septiembre por el riesgo de incendios.

Un nuevo Plan Forestal de aprovechamientos

Además, la consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, ha comunicado a los integrantes de la Mesa Intersectorial de la Madera de Castilla y León, la próxima elaboración de un nuevo Plan Forestal Integral para impulsar la rentabilidad de los aprovechamientos forestales y favorecer la prevención de los incendios integrada en la gestión activa del territorio.

“Este nuevo plan reflejará el compromiso de la Junta con el sector y queremos que sea un instrumento útil, que sirva para movilizar todos los recursos, mejorar la gestión de los montes y fortalecer toda la cadena de valor de la madera”, ha señalado la consejera en un comunicado remitido a los medios de comunicación.

El nuevo plan contemplará medidas dirigidas a agilizar los aprovechamientos forestales, simplificar los procedimientos, digitalizar los trámites, favorecer la agrupación y el asociacionismo, y apoyar la comercialización de los productos forestales, todo ello con el fin último de generar actividad económica y oportunidades en el medio rural.

La Plaza Mayor de Valladolid, con capacidad para 18.000 personas, permanece llena de manifestantes en “defensa” de Ceuta en estos momentos, mientras varios miles de personas se han quedado en la calle Santiago ante la imposibilidad de avanzar más. Ondeando banderas de España y con el himno oficial de fondo, miles de asistentes han coreado “Ceuta no se vende, Ceuta se defiende”. A escasos 200 metros, en la plaza de Fuente Dorada, se ha desarrollado otra manifestación en defensa de los migrantes a la que han acudido unas 150 personas.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero (PP) se ha dirigido a los asistentes para decir “no a la violación de la integridad territorial de España en Ceuta”. Además de políticos del PP y de Vox, han asistido representantes de la CEOE en Castilla y León.

En Salamanca, El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha considerado “imprescindible” que Ceuta recupere la normalidad de antes de la “invasión” de decenas de miles de migrantes, y ha celebrado el apoyo ciudadano a las manifestaciones en este sentido celebradas en la comunidad.

“Hoy en Castilla y León queremos mostrar nuestra solidaridad, apoyo y cariño con Ceuta más que nunca. Queremos pedir que se recupere la normalidad de los ceutíes tras la invasión a la que se han visto sometidos hace un mes”, ha dicho en una plaza abarrotada, informa Efe.

Por su parte, en León, el vicepresidente primero, Carlos Pollán (Vox), ha afirmado que lo ocurrido en Ceuta constituye una “invasión” de España promovida por Marruecos y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) de ser el responsable de una situación ante la que, a su juicio, no actuó para evitarla.

“Lo que se ha vivido en Ceuta hace exactamente poco más de un mes es una invasión. No se le puede denominar de otra forma”, ha sostenido el también consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, quien ha rechazado que los hechos puedan interpretarse como una crisis migratoria o humanitaria.

Unas 3.500 personas han respaldado en Palencia el llamamiento de la FEMP, pero lo ha hecho ante la sede de la Subdelegación del Gobierno, ya que la Plaza Mayor se encuentra preparada para un concierto de música con motivo de las fiestas patronales de San Antolín.

No obstante, los concentrados han emprendido una marcha hasta la Plaza Mayor, para lo cual carecían de autorización, sin que haya constancia de incidente alguno.

Al grito de ‘Ceuta se defiende, Ceuta no se vende’, un millar de personas se ha reunido en la Plaza Mayor de Soria donde el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano (PP) ha leído un manifiesto acompañado, que ha estado acompañado por representantes provinciales del PPy por el grupo municipal Vox, con la ausencia del alcalde de la capital, Javier Antón (PSOE), y de los concejales socialistas.

Más de 5.000 personas se han reunido en la Plaza Mayor de Segovia donde ha sido leído un manifiesto con el lema ‘Ceuta somos todos’.

El manifiesto ha sido leído de forma conjunta por el defensor de la ciudadanía del Ayuntamiento de Segovia, Jorge Martínez Acinas; la presidenta del Colegio Profesional de Enfermería, María José Uñón; el presidente de la Asociación de Vecinos del barrio de El Salvador, Javier Mosácula; el presidente de la Asociación de Vecinos del barrio de San Lorenzo, Félix Maroto, y el presidente del Colegio Profesional de Médicos de Segovia, Graciliano Estrada.

El texto ha expresado un apoyo “firme y sin fisuras” a Ceuta e ha incidido en que la situación que atraviesa la ciudad autónoma “está poniendo a prueba sus recursos, sus servicios públicos y su capacidad para mantener la normalidad”, pero también la capacidad del Estado para proteger sus fronteras, garantizar la seguridad y defender la integridad territorial.

Varios miles de personas han llenado la Plaza Mayor de Zamora donde la vicepresidenta segunda de Castilla y León, Isabel Blanco, ha subrayado la importancia de “mostrar todo nuestro cariño y nuestro apoyo” a Ceuta y reiterado que la capacidad de Castilla y León para acoger menores migrantes está “saturada” desde hace “muchos meses”.

En Ávila cientos de personas han abarrotado la plaza del Mercado Chico, para mostrar su respaldo a la ciudad autónoma de Ceuta, donde el alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera (XAV), ha leído una declaración institucional en la que ha mostrado “toda la solidaridad” de los abulenses con el pueblo ceutí y su gobierno, e instando al Gobierno de España a defender la “soberanía territorial de España”.

La Sección de Instrucción 3 del Tribunal de Instancia de Ávila ha incoado diligencias previas para investigar el incendio forestal que se inició en el término municipal de Burgohondo, el mayor de la historia reciente de España que arrasó 37.800 hectáreas, por los indicios de que se hayan cometido los delitos de incendio forestal y contra el medio ambiente.

Según ha informado este miércoles el TSJ de Castilla y León en un comunicado, el tribunal abulense ha decidido abrir esta investigación tras examinar el atestado inicial elaborado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil del fuego.

Asimismo, el órgano judicial ha recibido hasta el momento alrededor de medio centenar de denuncias presentadas por personas perjudicadas por el incendio, explica EFE.

La Guardia Civil detuvo a finales de julio a una persona e investigó a otra como presuntas autoras del incendio forestal de Burgohondo, que obligó activar por primera vez la emergencia nacional por su capacidad destructiva. El Seprona determinó que el origen habría sido una chispa provocada por maquinaria pesada utilizada en una zona donde estaba prohibido, después de localizar indicios de esta actividad durante una inspección técnica. A ambas personas se les atribuían de forma inicial presuntos delitos de incendio forestal y contra los recursos naturales y el medio ambiente, con agravantes por la proximidad del fuego a zonas habitadas y los graves daños a los sistemas naturales.

El incendio de Burgohondo se declaró el pasado 22 de julio y calcinó un total de 37.818 hectáreas, afectó a una veintena de municipios de los valles abulenses del Alberche y de Tierra de Pinares y del Alto Tiétar, obligó al desalojo de cerca de 40.000 personas y al confinamiento de otras 10.000. También arrasó la Reserva Natural del Valle de Iruelas, una de las poblaciones de buitre negro más importante de Europa.

Durante la fase de instrucción, el Tribunal llevará a cabo las diligencias necesarias para esclarecer el origen del incendio, determinar las circunstancias en las que se produjo y depurar, en su caso, las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos investigados.

UGT reprocha a la Junta de Castilla y León que no refuerce sus plantillas porque “se ha acostumbrado” a que venga la UME “a solucionar los problemas”. “La UME se creó para cosas excepcionales, no para todos los días. Y últimamente se llama todo el rato a la UME”, ha protestado este miércoles en rueda de prensa el secretario general de UGT Servicios Públicos Castilla y León, Tomás Pérez Urueña.

“Hay una permanente carencia de personal. No se cubren las bajas, vacaciones, se tarda un año en cubrir una jubilación, la maternidad también… No solo en época de peligro bajo y medio, sino también en peligro alto”, ha lamentado el vicesecretario de administración autonómica y Diálogo Social, Carlos Arenas.

El sindicato ha valorado positivamente que el Gobierno de España asumiera el mando único durante el incendio que afectó a 77.000 hectáreas entre las provincias de Ávila, Madrid y Toledo. El sistema de comunicación es diferente en Castilla y León a otras autonomías -lo que normalmente ralentiza al operativo-, pero en esta ocasión la comunicación ha mejorado, ha explicado Carlos Arenas. “El mando único fue un acierto, pero debe ser extraordinario. Las BRIF y la UME son un refuerzo, no algo ordinario”, ha reivindicado el responsable federal de bomberos forestales, Javier García.

Vacantes sin cubrir

Según ha ejemplificado el sindicato, ayer en Valladolid no funcionaban la mitad de las autobombas porque uno de sus miembros estaba de baja o vacaciones, había 14 puestos vacantes de los 72 agentes medioambientales y otros 14 trabajadores no habían recibido la formación necesaria sobre incendios. Además, había tres torretas (de 12) sin vigilancia porque las vacantes no se cubren.

En su visita a la base de Carrascal (Quintanilla de Onésimo) constataron que solo uno de los siete trabajadores de Tragsa trabajaba todo el año: otro tenía un contrato fijo discontinuo de cinco meses y otros cuatro solo temporal de cuatro meses, con una formación que no incluía el comportamiento de los incendios de sexta generación. “Estamos cansados de que la Junta de Castilla y León haga conciertos con las empresas privadas y luego no vigile que estas cumplan”, ha afeado Pérez Urueña.

La secretaria del Sector de Administración Autonómica, Isabel Zurro, ha reclamado que “se tome en serio a las personas que trabajan en el operativo” y se aplique un protocolo que obligue al regreso a base de todo el personal para encapsular la ropa sucia y realizar evaluaciones de riesgo adaptadas a cada puesto.

Piden una reforma real

Los diferentes portavoces de UGT han reclamado al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, que reforme y amplíe el operativo de extinción de incendios. “La Junta de Castilla y León quiere legislar. Lo que tiene que hacer es cumplir la Ley que ya está aprobada”, ha reivindicado Javier García, que ha recordado que aún está pendiente el 90% de los planes municipales de evacuación y de anillos de seguridad y que la dotación sigue sin ser suficiente dado el elevado volumen de masa forestal de Castilla y León. Además, todavía se sigue hablando de “peón forestal” a pesar de que la Ley Básica de bomberos forestales obligaba a reevaluar las categorías profesionales para homogeneizar los dispositivos.

UGT ha recibido una convocatoria para reunirse con la Junta de Castilla y León el 15 de septiembre y negociar los presupuestos autonómicos, aunque Pérez Urueña ha puesto el foco en la importancia de que estas cuentas luego se ejecuten. “La Junta mantiene el 15-20% de las plazas sin cubrir y utiliza ese dinero flotante, ese remanente, para sus propios intereses, como una interinidad o una comisión de servicio”, ha protestado Carlos Arenas.

La Coordinadora de Mujeres de Valladolid estudia acudir al Juzgado la supresión de los barómetros a las mujeres víctimas de violencia de género del protocolo de vivienda pública, motivo por el que se plantean “muy seriamente” convocar movilizaciones. La plataforma también ha pedido que la ciudad no se convierta en un “laboratorio de involución” de los derechos de las mujeres, según han informado en rueda de prensa este miércoles.

“Si quieren proteger a ambos colectivos, que añadan 'violencia doméstica', pero que no borren a las víctimas de violencia de género. No es un cambio de lenguaje, es un cambio de prioridades”, ha zanjado la portavoz de la Coordinadora de Mujeres de Valladolid, Yolanda Martín, quien ha criticado la “falta de transparencia” del Ayuntamiento con este protocolo.

“No tienen ni idea de lo que supone este cambio del protocolo. Pedimos que recapaciten, porque quieren invisibilizar esta violencia estructural que sufrimos las mujeres”, ha reivindicado Martín.

La portavoz de la Coordinadora ha rechazado que los derechos de las mujeres sean “moneda de cambio” para los partidos políticos. “Las palabras importan cuando determinan derechos. Valladolid no puede convertirse en un laboratorio de involución de los derechos de las mujeres”, ha reclamado Yolanda Martín.

La otra representante, Paula Granado, ha exigido que se rectifique “inmediatamente”. “El PP está más preocupado por absorber el discurso de la extrema derecha que en poner límites a la extrema derecha”, ha protestado Granado.

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil ha recuperado este martes el cuerpo de un hombre encontrado en un monte de la comarca de Las Merindades, en la provincia de Burgos, en una zona en la que el pasado mes de febrero desapareció un anciano de 83 años residente en Urria.

Fuentes de la Guardia Civil han explicado a EFE que el hallazgo se produjo por la mañana, tras un aviso, en un paraje montañoso de la zona, y que por las propias características del terreno y la dificultad de acceso ha sido necesario contar con el GREIM y el helicóptero de la Guardia Civil.

Han indicado igualmente que hasta que no se realicen las oportunas pruebas de ADN, una vez el cuerpo ha sido traslado al Instituto de Medicina Legal para la autopsia, no podrán confirmar su identidad, si bien se baraja la hipótesis principal de que corresponda al anciano desaparecido cuando salió a dar un paseo.

El hombre, de 83 años, desapareció el 17 de febrero en Urria (Merindad de Cuesta Urria). Su familia alertó de que, tras su habitual paseo, no había regresado a casa, por lo que se activó un dispositivo para su localización coordinado por la Guardia Civil.

El operativo movilizó a efectivos de Seguridad Ciudadana, Seprona, el grupo de montaña Greim -que ya estuvo buscando por las zonas de monte-, los especialistas en actividades subacuáticas -que rastreó el río Nela-, helicópteros, unidades de drones y otras de perros de búsqueda.

También participaron la Junta de Castilla y León, a través de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, con el grupo de rescate y agentes medioambientales; agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de la provincia y numerosos voluntarios organizados en batidas coordinadas.

Tres vigilantes de seguridad han resultado heridos leves en una nueva agresión en el Centro de Menores Zambrana, de Valladolid en una “agresión colectiva” que se inició en la tarde de este martes y por la que dos de ellos han solicitado la baja.

Unos hechos que ha confirmado la Junta de Castilla y León y que han explicado a EFE representantes sindicales de los servicios de seguridad (USO) y de los educadores (UGT), que tuvieron lugar cuando un interno se negó a realizar una actividad programada en el patio y fue trasladado a su unidad.

Sus compañeros de bloque siguieron a los vigilantes “visiblemente alterados” e increparon a los agentes, lo que obligó a la intervención de los educadores, que consiguieron que los internos volvieran a sus dependencias, donde siguieron insultando y dando golpes al mobiliario.

Al terminar su turno, los guardias acudieron al hospital para ser atendidos por las contusiones, ya que el centro de menores carece de servicio médico abierto las 24 horas.

Fuentes de USO Castilla y León -que representa al personal de seguridad- han lamentado que esta situación “no es nueva” y han insistido en la necesidad de mejorar la seguridad privada del centro con más personal especializado y con mejoras salariales.

El sindicato ya transmitió estas reclamaciones al vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de la Junta, Carlos Pollán (Vox), en una reunión a finales de agosto.

Degradación del servicio en Zambrana

Por su parte, representantes sindicales de la parte educativa (UGT) han destacado que la unidad donde se produjo la agresión no está catalogada como problemática y han rechazado las palabras de Pollán, que vinculó el incremento de la presión en el centro a la “delincuencia importada” y a las bandas latinas.

“La situación del centro Zambrana no es por causa del perfil de los internos, si no más bien relacionado por una degradación del servicio por parte de una empresa adjudicataria y una dirección que mira a otro lado”, han criticado.

Entre sus reproches se encuentran el incumplimiento en los pliegos de contratación y de los ratios mínimos de educadores, la sobrecarga de trabajo y la “rotación masiva” que hace que lleguen nuevos empleados de continuo en los que los internos no confían.

Por su parte, la Junta de Castilla y León solicitó a la dirección del centro la elaboración de un informe de necesidades para poder aplicar mejoras en la atención de este centro de menores, único en la Comunidad.

El nuevo curso político ha empezado prácticamente igual que el anterior: con el anuncio de la Junta de Castilla y León de 36 medidas que rebajan los impuestos. Pero si el año pasado quien comparecía era el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo (PP), este año se ha sumado el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales , Carlos Pollán (Vox). El nuevo gobierno de coalición, aunque formado en junio, arranca ahora.

La Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas para 2027, que incluye 36 nuevas rebajas tributarias que, junto a las ya existentes, supondrán un ahorro de 920 millones de euros en 2027 para los contribuyentes. Los destinatarios no varían respecto al pasado año: familias, jóvenes y emprendedores en el medio rural o en el urbano.

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se rebaja a todos los contribuyentes. El tipo mínimo autonómico pasará del 9 % al 8,75 %, con el objetivo de que se sitúe en el 8 % al final de la legislatura. Con esta rebaja, Castilla y León consolidará su posición entre las comunidades autónomas con el tipo mínimo del IRPF “más bajo de España”.

La Junta de Castilla y León también incorporará una nueva deducción de hasta 150 euros en el IRPF por los gastos de las cuotas de gimnasios y distintas actividades deportivas. La deducción podrá incluir también los gastos correspondientes a padres e hijos, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva y los hábitos de vida saludable entre las familias.

Se extenderá progresivamente la bonificación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones a hermanos, tíos y sobrinos, que se sumará a la práctica eliminación del impuesto establecido por la Junta de Castilla y León para familiares directos, con el objetivo de que no suponga un impedimento para aceptar herencias o donaciones y facilitar que estos recursos puedan destinarse a la adquisición de vivienda o al emprendimiento. A partir de 2027 se establecerá una nueva bonificación del 3 % sobre los primeros 100.000 euros por heredero.

Vivienda

Dentro del paquete de nuevas rebajas tributarias, la Junta de Castilla y León reforzará especialmente los incentivos destinados a facilitar el acceso a la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, con especial atención a los jóvenes. La ‘Cuenta Ahorro Vivienda Joven’, que permitirá a los menores de 40 años aplicar una deducción de hasta 1.500 euros al año durante cinco años. De este modo, un joven podrá deducirse hasta 7.500 euros, mientras que una pareja joven podrá llegar a 15.000 euros, para poder destinar estos recursos a la compra de su vivienda.

También se impulsará el alquiler estable y asequible, mediante nuevos incentivos fiscales tanto para inquilinos como para propietarios. En concreto, se establecerá una nueva deducción de hasta 600 euros al año por cada vivienda vacía que se incorpore al mercado del alquiler, siempre que se ofrezca por una renta máxima de 750 euros mensuales en el medio urbano y de 500 euros en el medio rural.

Además, el Ejecutivo autonómico rebajará el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales para la adquisición de la primera vivienda habitual, con un tipo reducido del 3,75 % frente al general del 8 %. Esta medida beneficiará a jóvenes, familias numerosas, personas con discapacidad, vivienda de protección oficial y víctimas de violencia machista. El presidente no ha querido valorar el hecho de que el Ayuntamiento de Valladolid, gobernado también por PP y Vox hayan eliminado a las víctimas de violencia machista del protocolo de acceso a vivienda social. “Lo pactamos en el acuerdo -de gobierno- y así lo hemos plasmado. Yo sólo hablo de lo que hacemos en la Junta”, ha comentado.

La Junta establecerá nuevos tipos reducidos del 1,25 % en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados para las escrituras de obra nueva y división horizontal, con el objetivo de incentivar la construcción de viviendas de protección pública, tanto destinadas a la venta como al alquiler.

Estas nuevas rebajas tributarias forman parte de una estrategia fiscal orientada a apoyar a las familias, ampliar las oportunidades para los jóvenes, reforzar el medio rural y facilitar el emprendimiento, al tiempo que se favorece la actividad económica y la creación de empleo. Para ese apoyo a las familias, se incrementan los importes de la deducción autonómica en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por nacimiento o adopción a 1.050 euros por el primer hijo, 1.550 euros por el segundo y 2.400 euros por el tercero y siguientes, con la previsión de alcanzar los 1.200, 1.700 y 2.500 euros, respectivamente, al final de la legislatura. Estas cuantías aplicadas se duplicarán cuando el nacido o adoptado presente un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.

En el ámbito del apoyo a las personas con discapacidad, se elevan los importes de la deducción en el IRPF hasta los 325 euros o los 700 euros en función del grado de discapacidad y la edad del contribuyente, estableciéndose una nueva deducción específica dirigida a los descendientes del contribuyente.

Ampliación de beneficios fiscales del medio rural

Para el refuerzo de la fiscalidad en el medio rural, se amplían territorialmente los beneficios fiscales extendiéndolos a municipios de hasta 20.000 habitantes, superando el anterior límite de 10.000, lo que permite dar cobertura al 97% de los municipios de la Comunidad, incrementando el límite del valor de la vivienda habitual hasta los 200.000 euros desde 150.000 euros.

La deducción en el IRPF por nacimiento o adopción en el medio rural se mejora en un 40 % estableciendo deducciones de 1.470 euros por el primer hijo, 2.170 euros por el segundo y 3.360 euros por el tercero y sucesivos, con un objetivo final de legislatura de 1.680, 2.380 y 3.500 euros respectivamente. Estas cantidades también serán duplicadas si el menor cuenta con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.

En cuanto a deducciones en el IRPF vinculadas a la vivienda en el medio rural, la deducción por gastos de alquiler para jóvenes se incrementa del 25 % al 27 %, con la meta de situarse en el 30 % al concluir la legislatura.

Para la rehabilitación de vivienda en el medio rural destinada al alquiler asequible, la deducción aplicable sobre la inversión asciende del 15 % al 17 %, con un objetivo final de la legislatura del 20 %.

Se suprime el gravamen en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas (ITPO) y en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) para la adquisición de la primera vivienda habitual para todos los residentes sin importar su edad, eliminando la restricción previa de 36 años; la compra de inmuebles destinados a actividad económica como sede social o centro de negocios; para la transmisión de explotaciones agrarias prioritarias, incluyendo su maquinaria y elementos vinculados; en las escrituras necesarias para documentar la agregación, agrupación o segregación de fincas rústicas destinadas a estas explotaciones agrarias prioritarias; y en las de agregación, agrupación y segregación de suelo industrial o terciario.

Autónomos

Dentro de las medidas para autónomos, el programa Relevacyl incorpora reducciones para adquirir inmuebles asociados al negocio, reduciendo el tipo de Transmisiones Patrimoniales Onerosas del 8 % al 7 % con un objetivo final de legislatura del 4 %, y el de Actos Jurídicos Documentados, del 1,5 % al 1 %, con una meta final de situarlo en el 0,5 %.

Para favorecer la continuidad de la actividad agraria, se amplía la reducción del 99% en el impuesto de sucesiones por adquisición de explotaciones agrarias que se extiende a familiares colaterales de cuarto grado por consanguinidad, como primos, tíos, abuelos y sobrinos nietos; y a trabajadores asalariados de la propia explotación que realicen jornada completa y cuenten con al menos tres años de antigüedad contrastada.

Asimismo, para incentivar la agrupación de parcelas, se establece un tipo reducido en Transmisiones Patrimoniales Onerosas del 7 %, frente al 8 % previo, para aquellos agricultores dados de alta en la Seguridad Social que posean parcelas adyacentes, complementando así la bonificación del 100 % en el arrendamiento de fincas rústicas y los tipos reducidos en la transmisión de explotaciones agrarias prioritarias.

Castilla y León mantiene un único tributo propio que integrará los parques fotovoltaicos y las redes de comunicaciones telefónicas y telemáticas, incluyendo postes, torres y antenas, frente a comunidades con hasta 15 gravámenes distintos. Este impuesto no se establece para los parques fotovoltaicos ubicados en cubiertas de edificaciones y para aquellos que ocupen una superficie inferior a 5 hectáreas. Asimismo, estarán exentos del pago los parques dedicados al autoconsumo y las nuevas redes de comunicaciones instaladas en el medio rural. Una medida que no afectará ni a las familias ni a las instalaciones de autoconsumo.

Además, se establecen bonificaciones y exenciones para la repotenciación de instalaciones eólicas que cuenten con más de 10 años de antigüedad.

Finalmente, se posibilita una bonificación de hasta el 30 % de la cuota tributaria a los titulares de parques eólicos y fotovoltaicos por inversiones efectuadas en programas de mejora del bienestar y de lucha contra la despoblación en los municipios afectados, mediante convenios entre los promotores y las administraciones locales y autonómica.

Reducción de tasas autonómicas

Con relación al plan de reducción de tasas, se prorroga la congelación de los importes de las tasas autonómicas iniciada en 2014, con el fin de contrarrestar el impacto de la inflación sobre los contribuyentes, lo que acumula un impacto económico estimado de 31 millones de euros de ahorro hasta el ejercicio 2025. Esta congelación se acompañará del mantenimiento y ampliación de las exenciones y bonificaciones aplicadas durante toda la legislatura.

Estas medidas entrarán en vigor cuando se aprueben los presupuestos de 2027. Mañueco ha adelantado que estarán listos el próximo 15 de octubre, plazo máximo que marca el Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

El Palacio de los Hurtado de Mendoza, de Almazán (Soria) -S. XV-, ha sufrido este martes un importante derrumbe que ha abierto un gran boquete en la fachada y ha dejado al descubierto parte del interior del edificio, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), mientras piedra, madera y otros materiales han caído por la ladera hasta alcanzar la ronda del río Duero.

El desplome se ha producido a las 07:50 horas en la zona central del inmueble y ha afectado a un tercio de fachada que da a la zona del Duero, desprendiéndose cinco de los once arcos del piso superior, según ha lamentado el alcalde del municipio, Jesús Cedazo, en unas declaraciones a EFE.

El alcalde, que se encontraba de camino al trabajo, como muchos otros, ha sido sorprendido en carretera por este derrumbe que ha provocado el corte al tráfico de la carretera CL-116A (Ronda del Duero, en Almazán), que es la vía que conecta la N-111, a la altura del puente sobre el río Duero, y la CL-116 (de Almazán a El Burgo de Osma).

El corte, ya señalizado, se ha realizado en un tramo, de unos 500 metros de longitud, desde el inicio de la CL-116A, en el puente sobre el río Duero, hasta el aparcamiento ubicado en las inmediaciones del antiguo matadero y permanecerá hasta que finalice el peligro de desprendimiento y con ello se pueda proceder a los trabajos de retirada del material desprendido.

Los responsables técnicos de los departamentos de Movilidad y Patrimonio en la provincia ya se encuentran en el municipio valorando el alcance del derrumbe y se espera que en las próximas horas acudan los propietarios del edificio para una reunión conjunta con el Consistorio.

El Palacio de los Hurtado de Mendoza es uno de los edificios históricos más singulares de Almazán y constituye uno de los principales testimonios de la arquitectura histórica de la localidad que fue declarado Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento, en 1991.

Un derrumbe que “se veía venir” por el mal estado del edifico

El alcalde de Almazán ha considerado que la pérdida patrimonial ocasionada por el derrumbe es “irreparable” y ha señalado que el Ayuntamiento venía reclamando de forma continuada una intervención en el inmueble para evitar su deterioro.

Según ha explicado el regidor, el estado del palacio había sido objeto de seguimiento tanto por parte del arquitecto de la familia propietaria como de los responsables de Patrimonio y, pese a que en 2011 se actuó en parte del edificio, las actuaciones necesarias para garantizar la conservación del resto no llegaron a ejecutarse.

El alcalde ha lamentado que, pese a ese seguimiento y a las advertencias sobre el estado del inmueble, el deterioro haya desembocado en el desplome de una parte importante de su estructura y de elementos arquitectónicos de especial valor.

Cedazo ha mostrado su “cabreo y tristeza” por este suceso que “se podía haber evitado” si se hubiera actuado tras los insistentes avisos municipales a Patrimonio por lo que ha considerado “lamentable” que ocurran estas cosas “por la inacción institucional”.

Críticas de Soria ¡Ya!

Por su parte, Soria ¡Ya! ha lamentado este martes el derrumbe parcial del Palacio de los Hurtado de Mendoza de Almazán y ha recordado que la formación había llevado en varias ocasiones a las Cortes de Castilla y León iniciativas parlamentarias para reclamar una intervención en el inmueble y evitar su deterioro.

A través de una nota de prensa, la formación soriana ha recordado las preguntas e iniciativas parlamentarias que ha presentado en la Cámara, tanto a pleno como a comisión, en septiembre de 2024 llevó al pleno de las Cortes y de abril de 2025, que fueron rechazadas por PP, PSOE y Vox.

Por ello, ha reclamado una actuación “urgente” de todas las administraciones para garantizar la conservación del Palacio de los Hurtado de Mendoza y ha criticado las lamentaciones del Ayuntamiento de Almazán y de representantes de la Junta, cuando “han tenido la oportunidad” de actuar durante este tiempo para evitar el deterioro del inmueble.

El Tribunal de Instancia 5 de Segovia ha dictado un auto en el que acuerda continuar las diligencias previas contra el exalcalde del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia) entre 2007 y 2019 y exprocurador en las Cortes de Castilla y León, José Luis Vázquez, investigado como supuesto autor de delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Vázquez renunció a su escaño de diputado autonómico en octubre de 2025 tras el anuncio de esta investigación.

En una comunicación remitida este martes por el Tribunal Superior de Justicia, este señala que investiga algunos nombramientos de empleados municipales, la asignación de funciones y retribuciones y la contratación de determinados servicios.

También analiza la ordenación de pagos pese a los reparos de la Intervención del Ayuntamiento y otras diversas decisiones adoptadas durante el tiempo en que fue alcalde, según se desprende del texto.

En la parte dispositiva del auto, el Tribunal ha señalado que, a la vista de las diligencias practicadas, procede continuar el procedimiento y dar traslado al Ministerio Fiscal para que solicite la apertura de juicio oral mediante escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

El auto no es firme y cabe recurso de reforma ante el propio tribunal y subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial, o bien recurso de apelación directa

Archivo para el alcalde actual

Por otra parte, la magistrada ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones respecto del actual alcalde del municipio, Samuel Alonso (PSOE), al que se le investigaba por la supuesta autoría de un delito de falsedad documental inicialmente investigado.

El Tribunal ha concluido que no existen indicios de que los informes emitidos por el regidor contuvieran afirmaciones contrarias a la realidad ni que hubieran servido para realizar los nombramientos objeto de investigación.

Tampoco ha quedado acreditado que Alonso suscribiera los contratos investigados ni que conociera una posible ilegalidad de los mismos cuando se efectuaron pagos derivados de esos contratos durante su mandato, por lo que se descartan posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

La Fiscalía y la acusación particular piden entre 18 y 30 meses de prisión por un delito de maltrato animal para el propietario de un criadero de perros de Melgar de Fernamental (Burgos), huido de la justicia desde 2020 y que el pasado febrero fue detenido en Venezuela y extraditado para ser juzgado en España.

Este martes ha arrancado el juicio en el Juzgado de lo Penal nº 2 de Burgos, seis años después de que la Guardia Civil desmantelara en febrero de 2020 el criadero, en el que había un centenar de perros -el doble de los autorizados- en pésimas condiciones higiénico-sanitarias, y algunos muertos desde hacía veinte días.

El acusado, que había abandonado España apenas cinco días antes del registro de la Guardia Civil, se enfrenta a un delito de maltrato animal, por el que la Fiscalía pide 18 meses de cárcel, y de 25 a 30 en el caso de la acusación particular ejercida por la asociación Justicia y Defensa Animal de Burgos.

También a otro delito de alzamiento de bienes, con una petición de 3 años; la acusación insiste en la reincidencia del detenido, que ya había sido condenado a un año por maltrato animal en octubre de 2019, en un juicio rápido, y que mantuvo el criadero sin mejorar las condiciones en las que mantenía a los perros.

Por su parte, la defensa ha solicitado la absolución, y ha alegado vulneración de derechos fundamentales del acusado por no disponer en todo momento de abogado. Ha cuestionado también la extradición desde Venezuela al no existir, a su juicio, delitos correlativos en la legislación venezolana.

Estado “deplorable”, animales desnutridos y evidencias de canibalismo

Los hechos por los que ahora se le juzga se remontan al periodo entre noviembre de 2019 y febrero de 2020, y derivan de una denuncia de septiembre de 2019 de Justicia y Defensa Animal, pero también de las inspecciones realizadas por la Guardia Civil y la Junta de Castilla y León tras la primera condena.

Los agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil han confirmado que el criadero de perros, autorizado en 2015, no reunía las condiciones adecuadas ni cumplía con la normativa, y que los animales se encontraban abandonados, sin alimentación ni agua y en pésimas condiciones.

Han calificado la situación del criadero de “deplorable” han descrito a animales desnutridos, enfermos, heridos y algunos con evidencias de canibalismo, único recurso que llegaron a tener a su disposición para alimentarse ante la ausencia de comida: poca, de mala calidad y mezclada con excrementos.

La misma valoración han realizado los veterinarios y técnicos de la Junta de Castilla y León que, entre noviembre de 2019 y febrero de 2020, realizaron visitas a las instalaciones, sin ver una mejoría “suficiente”, y que fueron los que instaron en varias ocasiones a sacar animales por el riesgo que corría su vida.

Animales muertos durante viente días

Uno de los agentes del Seprona que intervino en la operación que sirvió para desmantelar el criadero a finales de febrero de 2020 considera que el acusado “había abandonado a su suerte” a los animales: “decidió dejarlos morir”, ha indicado, pues se marchó sin haberles dejado ni comida ni agua.

En el registro encontraron 31 animales vivos, y otros siete muertos, algunos fallecidos hacía casi veinte días; además, registraron otras dos propiedades, entre ellas, un piso en el que hallaron otros 37 perros vivos y dos más muertos, uno de ellos oculto en un congelador.

“Si hubiéramos tardado más habrían muerto todos. Había riesgo vital”, han insistido los agentes, lo mismo que los veterinarios y técnicos de la Junta, que han recordado que había varios expedientes sancionadores abiertos y que en diciembre de 2019 dieron orden de retirar todos los animales y cerrar el criadero.

Condenas previas y sin enmienda

En la primera sesión del juicio, que continuará el viernes con testificales de peritos, ha declarado también la representante de Justicia y Defensa Animal, Judith Sánchez, quien ha explicado que ofrecieron ayuda al acusado para atender a los animales, e incluso le pidieron su cesión, pero no aceptó.

También que se encargaron de los perros supervivientes, tanto los que se rescataron tras la última intervención de la Guardia Civil en febrero de 2020 como en otras previas, y ha confirmado el grave estado en el que se encontraban: “He visto muchas barbaridades pero como esta nunca antes”, ha admitido.

En declaraciones a las puertas de los juzgados, Sánchez ha reconocido que confía en que se haga justicia, después de que la madre y la expareja del acusado fueran juzgadas el pasado año, también por maltrato animal, y se las condenara a un año de prisión -por conformidad-

Mientras, el abogado de la asociación, Luis Oviedo, ha explicado a los medios que sea cual sea la condena ahora “es muy difícil” que el acusado ingrese en prisión porque ha pasado ya casi 24 meses en preventiva -ocho en Venezuela-, y está en libertad.

La Asociación Sindical Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León ha denunciado retrasos en el abono por parte de la Junta de Castilla y León de las guardias de incendios forestales realizadas por los agentes medioambientales en los meses de junio y julio.

El sindicato sostiene que los retrasos afectan al conjunto de la Comunidad, aunque señala una situación especialmente desfavorable en la provincia de Segovia, donde los agentes todavía no han percibido las retribuciones correspondientes a las guardias realizadas durante el verano.

Según APAMCYL-USCAL, en otras provincias se han producido retrasos en el pago de las guardias de junio, aunque ya se habrían pagado con la nómina de agosto; sin embargo, las guardias de julio continúan pendientes de abono en el conjunto de la Comunidad, según el sindicato.

Además, considera especialmente grave la situación de Segovia porque, según denuncia, se trata del segundo año consecutivo en el que se producen retrasos en el pago de estas retribuciones, ya que en 2025 las demoras fueron superiores a las registradas en otras provincias.

El sindicato ha denunciado de una “gestión administrativa ineficiente” y una “discriminación territorial continuada”, al considerar que los agentes destinados en Segovia se encuentran en peor situación de cobro que sus compañeros de otras provincias.

La organización ha vuelto a trasladar su reclamación a la Delegación Territorial de la Junta en Segovia y ha reclamado a la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente y Energía que adopte las medidas necesarias para que las guardias sean tramitadas y abonadas mensualmente y en tiempo y forma en toda Castilla y León.

Las guardias de incendios implican una disponibilidad de 24 horas, adicional a la jornada laboral habitual, para poder intervenir de forma inmediata ante una emergencia.

Los agentes medioambientales desempeñan, entre otras funciones, la dirección inicial de la extinción, la coordinación de medios, la vigilancia y los trabajos de campo, hasta que la dirección puede pasar a un técnico en función de la evolución y gravedad del incendio.

APAMCYL-USCAL considera que los retrasos resultan especialmente “incomprensibles” en una campaña que está siendo especialmente exigente para los agentes medioambientales de Segovia, por la cantidad y gravedad de los incendios registrados este verano, como los de Navas de San Antonio, Revenga y Brieva.

La organización ha recordado que ya presentó reclamaciones por este mismo motivo el pasado año y sostiene que “no puede normalizarse” que los agentes tengan que esperar varios meses para cobrar servicios de emergencia que ya han prestado.

El exdiputado del PSOE por Segovia, Juan Luis Gordo, que se dio de baja como militante hace un año, ha registrado un nuevo partido 'Por Segovia' en el que aparece como presidente ejecutivo. Gordo era un político histórico del PSOE hasta que en julio de 2025 “por dignidad personal” dejó el partido. En una carta dijo no reconocerse en una línea de actuación alejada de los valores“ que le habían llevado al partido.

Gordo se refirió también a la falta de sintonía con el secretario general del PSOE en Segovia, José Luis Aceves, quien según él ignoró “sistemáticamente” sus propuestas. Gordo dejó el PSOE con la intención de seguir participando en la vida cívica con colaboraciones en medios de comunicación y como presidente de la Asociación Pluralismo y Convivencia. Un año después, parece que no ha sido suficiente y pretende seguir en la vida política con Por Segovia (xSG), que se registró el pasado 27 de agosto como partido nacional. El partido cuenta ya con un logotipo en gris y negro, un dominio web registrado (www.porsegovia.es) y un correo electrónico de contacto. El domicilio social está en una vivienda familiar en el municipio de La Lastrilla. El nombre del partido recuerda al de la escisión del PP en Ávila (Por Ávila), que también utiliza la x en sus siglas y el nombre de la ciudad abreviado (XAV) .

Gordo fue diputado socialista a lo largo de tres legislaturas, senador en otra y subdelegado del Gobierno en Segovia entre 2004 y 2008. Gordo comenzó su carrera política a finales de los 90 cuando fue concejal en el pueblo donde nació, Sangarcía.

A mitad de reunión y sin votar como quería el equipo de gobierno municipal de Valladolid. Así ha concluido este lunes el Consejo Municipal de la Mujer, convocado de manera extraordinaria después de que trascendiera que se había eliminado la violencia de género del protocolo de acceso a vivienda social de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid (VIVA). En este acto se ha restringido a la prensa, según han denunciado el Grupo Socialista y el Foro Feminista. Después de dos horas de debate sobre los conceptos de violencia doméstica y violencia de género, más de diez agrupaciones se han levantado a mitad de la reunión, en la que hay representados una treintena de colectivos. ¿El detonante? Una votación que algunos colectivos han considerado que pretendía utilizar políticamente al Consejo.

Después de que Vox impidiera una votación formal de cinco puntos -con un texto propuesto por el PSOE- y de que pretendiera que el Consejo Municipal -órgano de participación, consultivo, informativo y asesor en el ámbito municipal- votara pedir al Gobierno de España más fondos para el Pacto de Estado de violencia de género, una de las participantes ha ironizado precisamente con esta cuestión: que, si querían eliminar el concepto de 'violencia de género' por qué no proponían modificar el nombre del Pacto de Estado. Un tono que no ha gustado a los concejales presentes, el responsable de Servicios Sociales, Rodrigo Nieto (PP) y la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal (Vox), que ha venido por primera vez, según fuentes del Consejo.

La discrepancia ha concluido con la marcha de varios colectivos como la Asociación Vecinal Rondilla, la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid Antonio Machado, Adavasymt, el Foro Feminista, la Universidad de Valladolid (ha acudido una representante de la Unidad de Igualdad), la Cátedra de Género de la Universidad de Valladolid, la asociación Asies, UGT, CCOO, PSOE y Toma La Palabra. El Foro Feminista se reúne esta tarde para ver si todo el trabajo “merece la pena seguir aportando” en el Consejo Municipal de la Mujer.

Una votación forzada

El ambiente ya era tirante cuando ha empezado esta reunión de carácter urgente y extraordinario, que pretendía informar sobre el protocolo nuevo. El anterior protocolo (aprobado en 2024 por PP y Vox) planteaba que las víctimas de violencia de género obtenían 1,5 puntos, mientras que ahora eso ha sido remplazado por “víctima de violencia doméstica o en el ámbito familiar, terrorismo en los 5 años anteriores a la presentación de la solicitud” (1 punto).

En este punto ha comenzado un debate terminológico y conceptual, en el que la concejala de Vox ha insistido en que la violencia doméstica incluye a las mujeres víctimas de violencia de género, a pesar de que ambos son dos tipos de violencias que están tipificadas de maneras distintas. “Lo que nos han explicado no es válido. Zarandona [el concejal de Urbanismo] dice que es para dar más agilidad a los plazos y que el texto no sea tan farragoso, y que en la violencia doméstica se incluye a las víctimas de violencia machista y le hemos dicho que no”, protesta la representante de CCOO en el Consejo, Yolanda Martín.

“Nos han mareado y ninguneado, tratándonos como tontas y haciéndonos confundir la terminología cuando los términos jurídicos son muy claros”, protesta la representante de UGT. “Han cambiado el protocolo porque quieren y pueden, pero no porque este cambio lo mejore”, coinciden varias de las participantes en el Consejo de este lunes.

Entonces, la socialista Rafi Romero ha propuesto que se votaran cinco puntos sobre los que, aparentemente, había cierto consenso: rechazar la eliminación de la referencia específica a las víctimas de violencia de género, que este fuera un criterio específico de prioridad, solicitar un informe jurídico y un informe de impacto de género y establecer un mecanismo de seguimiento semestral de impacto de este nuevo protocolo sobre las víctimas de esta violencia machista.

“Nos han dicho que iban a incluir el sentimiento del Consejo, pero nosotras queríamos votarlo aunque sabemos que las resoluciones no son vinculantes”, defiende la directora de la Cátedra de Género de la Universidad de Valladolid, Dunia Etura.

A pesar de que las técnicas de Igualdad no han puesto objeciones a que se produjera una votación, la concejala de Vox se ha negado, por lo que se ha realizado una votación informal a mano alzada apoyando estos cinco puntos, con 21 votos a favor: 19 entidades sociales y los dos partidos de la oposición (no todos los miembros del Consejo tienen derecho a voto). “Tres veces hemos votado y no había manera”, protesta una de los miembros del Consejo.

Víctimas de violencia doméstica y/o de género

También se ha pedido que la inclusión de las víctimas de violencia doméstica no fuera excluyente y que se añadiera también a las mujeres víctimas de violencia de género, un extremo que ni PP ni Vox han querido votar. Sin embargo, los concejales sí veían oportuno votar la reclamación de más fondos del Gobierno procedentes del Pacto de Estado. “Ahora lo que vamos a hacer es levantarnos”, ha protestado una de las integrantes, a lo que se han sumado otras portavoces de las asociaciones.

“Nos hemos levantado porque no se nos estaba escuchando y se obviaba nuestra opinión. ¿Nos utilizan para hacer política? Nos levantamos y nos vamos”, ha reprochado la portavoz de UGT. “Nos hemos levantado porque no se podía aguantar. No vamos a dar ni un paso atrás”, suscribe Conchi Minayo, portavoz de Adavasymt. En un audio enviado a los medios, el concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto (PP), ha lamentado que “cuando se trata de solicitar al gobierno”, algunas asociaciones “se han marchado y no han querido dar la cara”. Desde el Consejo de la Mujer explican que los fondos del Pacto de Estado se reparten entre todos los Ayuntamientos y en base al número de víctimas de violencia de género

El futuro plan de Igualdad

La portavoz de Valladolid Toma La Palabra, Rocío Anguita, ha afirmado que esta es “la primera piedra” de este gobierno en contra de las políticas de Igualdad. “Veremos hasta dónde quiere llegar el equipo de gobierno, apretado claramente por la extrema derecha”, ha augurado en un audio remitido a los medios.

“Nos tememos el nuevo reglamento del Consejo de las Mujeres, que lo querían modificar, y el del plan de Igualdad. La situación es muy grave”, ha protestado la portavoz del Foro Feminista, Nina Infante.

UGT lo considera “un intento de manipulación”. “Irene Carvajal jamás ha venido, hoy sí le interesaba venir. Otra veces viene otro concejal de Vox y a los dos minutos se levanta... pero hoy sí”, insiste la sindicalista. Yolanda Martín, que también es la portavoz de la Coordinadora de Mujeres, ha rechazado que “se invisibilice” este tipo de violencia y ha considerado que es “una cuestión puramente ideológica” y no técnica.

Valoración de las propuestas

Rodrigo Nieto ha insistido en que el nuevo protocolo protege a las víctimas de violencia de género y se aumenten los parámetros, aunque ha asegurado que se hará “una valoración” de las propuestas que se han hecho, a pesar de que no se han votado.

En ampliación

Cargos públicos del PP en Burgos y Valladolid han criticado este lunes el retraso acumulado en la ejecución de la A-11 en un acto público celebrado en el municipio ribereño de Nava de Roa, entre reproches y abucheos de vecinos que han responsabilizado a PP y PSOE de no haber completado esta infraestructura en 30 años.

Lo que estaba previsto como un acto de partido –con pancarta, sintonía y declaraciones con vistas a la N-122– se ha visto retrasado por una protesta popular protagonizada por una veintena de vecinos que han calificado el acto como electoralista.

Los manifestantes han atribuido también a los políticos populares parte de la culpa de que no se haya terminado la Autovía del Duero y el tráfico pesado se derive a través de la N-122, con numerosos accidentes de tráfico con víctimas mortales. “Vergüenza os tenía que dar” y “vosotros tampoco habéis hecho nada”, les han espetado.

Superado el enfrentamiento, que algunos de los políticos han atribuido a representantes de partidos de izquierdas mientras otros lo han justificado por el “hartazgo” que se vive con esta infraestructura. “Fueron a por lana y salieron trasquilados. La gente les empieza a tomar la medida a estos caraduras”, ha apuntado el ministro de Transportes, Óscar Puente, a través de X.

Críticas a Puente y al PSOE

El senador del PP y alcalde de Villalón de Campos (Valladolid), José Ángel Alonso, ha afeado que Óscar Puente inaugurara un tramo de autovía cuando esta apertura ha sido parcial y se obliga a los conductores de turismos a abandonar el doble carril antes de llegar a su supuesto término y los camiones y vehículos pesados están obligados a seguir circulando por la N-122.

“Óscar Puente vino con toda la parafernalia y el boato que tanto le gustan para hacerse una fotografía, pero no inauguró la conexión completa entre Tudela de Duero y Quintanilla de Arriba. La A-11 sigue sin estar terminada y la realidad vuelve a desmentir su propaganda”, ha afirmado, tras detallar que aún se trabaja en el viaducto proyectado en este último municipio.

Además, ha recordado que las obras ese tramo comenzaron entre 2019 y 2020 con un plazo de ejecución de tres años y, como aún no han terminado, se pospone hasta el primer semestre de 2027.

Exigencias al Ministerio

Los cargos del PP de Valladolid han indicado que exigirán al Ministerio que detalle los plazos de ejecución y finalización de los tramos de la A-11 que aún están pendientes, con qué presupuestos se cuenta, en qué situación administrativa se encuentran, qué trámites están pendientes y qué fechas se barajan para su licitación y construcción.

También pedirán que se concrete cuándo estará plenamente operativo el tramo recién inaugurado y exigirán que el Ejecutivo de Pedro Sánchez informe de qué protocolo se ha seguido para el acto de inauguración celebrado el pasado 24 de agosto y si se invitó a representantes de la Junta de Castilla y León, de la Diputación Provincial y de los ayuntamientos afectados.

La semana pasada, el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, acusó a Óscar Puente de convertir la puesta en servicio de los nuevos tramos en un “acto de un partido político” por sus aspiraciones de “suceder a Pedro Sánchez”.

Otras infraestructuras

Por otro lado, el diputado burgalés Ángel Ibáñez ha puesto el acento en las consecuencias que el retraso acumulado en la A-11 –prometida en 1996– tiene para la seguridad vial, la actividad de las empresas y el futuro económico de toda la Ribera del Duero.

Antes de finalizar, también se han referido a la situación de la A-60 y la decisión del Ministerio de Transporte de sustituir el tramo central entre Medina de Rioseco (Valladolid) y Santas Martas (León) por un tercer carril en algunos tramos de la N-601, lo que, a su juicio, supone renunciar a la autovía.

Soria ¡YA! ha denunciado este lunes la situación “surrealista” que, según la formación, sufren vecinos de localidades del Alto Jalón como Urex de Medinaceli y Benamira, que pierden durante varios minutos la conexión móvil y a internet cada vez que pasa un tren de alta velocidad.

“El AVE pasa de largo por Soria, no deja viajeros, no presta ningún servicio a la provincia y, por si fuera poco, durante unos minutos también se lleva la cobertura”, ha resumido el portavoz de Soria ¡YA!, Fernando del Amo, durante una rueda de prensa.

Del Amo, único habitante de Benamira, ha explicado que la pérdida de conexión se produce a cualquier hora del día coincidiendo con el paso de los trenes y que los cortes pueden prolongarse durante “tres o cuatro minutos”.

Según ha señalado, la frecuencia de los trenes provoca una pérdida de señal que dificulta la actividad cotidiana de los vecinos y hace imposible mantener videollamadas o reuniones telemáticas, así como utilizar servicios de internet que requieren una conexión estable.

El portavoz ha indicado que los vecinos han trasladado el problema a sus compañías telefónicas y que, según les han comunicado, el paso de los trenes provoca una redistribución de los recursos de conexión hacia los pasajeros, a lo que se sumaría el incremento de usuarios asociado al tráfico de la autovía.

Cortes durante la noche

Soria ¡YA! ha alertado además de otro problema de conectividad durante la noche, cuando, según Del Amo, se produce una pérdida de servicio que puede prolongarse hasta aproximadamente las 5:50 horas.

Los vecinos también han comunicado estos cortes a sus compañías telefónicas, que, según la formación, los atribuyen al apagado nocturno de algunas antenas.

“Tenemos dos problemas diferentes: durante el día, cuando pasa un AVE, y durante la noche, cuando se apagan algunas antenas”, ha resumido Del Amo.

La fibra tampoco llega a todos los pueblos

El portavoz de Soria ¡YA! ha denunciado asimismo que el despliegue de fibra óptica tampoco se ha completado en todos los núcleos rurales de la provincia, pese a los compromisos anunciados para alcanzar una conectividad generalizada en el medio rural.

“La fibra se anunció que llegaría a todos los núcleos de población antes de 2025 y, sin embargo, estamos en agosto de 2026 y todavía no ha llegado ni mucho menos a todos”, ha criticado.

Como ejemplo, ha citado las localidades de Velilla de Medinaceli, donde sí existe conexión, Esteras de Medinaceli, donde el despliegue solo habría llegado a parte del municipio, y Benamira, donde, según ha señalado, todavía no disponen de fibra óptica.

La formación soriana ha cuestionado el cumplimiento de los compromisos de los gobiernos central y autonómico para extender la conectividad al conjunto de la población rural, y el procurador de Soria ¡YA!, Ángel Ceña, ha criticado también la actuación de la Diputación Provincial.

Ceña ha advertido además de que la falta de una conexión estable dificulta el teletrabajo y la puesta en marcha de nuevos proyectos de vida en los pueblos, pese a las medidas anunciadas por las distintas administraciones para combatir la despoblación.

La Fiscalía de Valladolid ha denunciado al neonazi Alberto Pugilato, alias de Alberto González de Juan, por instigar al acoso desde sus perfiles de redes sociales contra figuras mediáticas vinculadas a la izquierda, como el cómico Héctor de Miguel, Quequé, o la periodista Sarah Santaolalla.

La denuncia, interpuesta por un particular y a la que ha tenido acceso EFE este lunes, incide en que González de Juan habría incitado, legitimado y reforzado el acoso contra personas por razones ideológicas a través de sus perfiles de X, @albertopugilat y @pugilato2014, que suman más de 85.000 seguidores y su canal de YouTube.

Asimismo, señala que en esas publicaciones se jalean estos actos, se emplea un lenguaje exhortativo que llama a la acción colectiva de terceros, se normaliza la violencia política, se validan los actos de acoso y se insertan en un contexto real de movilización ideológica.

En concreto, indica que el denunciado habría compartido fechas y localizaciones de las actuaciones de Quequé a través de X, donde invitaba a “aplaudirle” como “eufemismo de agresión”, y que se jactaba, en publicaciones posteriores y en su propio canal de YouTube, de que el cómico salmantino hubiera cancelado parte de su gira por las presiones recibidas.

Hace dos años, Pugilato agredió al cómico Jaime Caravaca durante una actuación. Antes ya había sido condenado por el Tribunal Supremo a un año de prisión y una multa de 1.800 euros. Hace menos de un mes, Pugilato conducía el coche de una empresa de cobros que un candidato leonés del PP destrozó con su tractor, motivo por el que fue detenido en El Burgo Ranero. También está vinculado a Núcleo Nacional, que este verano se ha constituido como partido político.

“Apreteu, que funciona”

La denuncia enumera numerosas publicaciones, también dirigidas a la comunicadora Elena Reinés y a la periodista Sarah Santaolalla, ambas vinculadas a posturas de izquierdas, así como la apelación a insistir en la presión contra estas figuras con comentarios como “Apreteu” o “Apreteu, que funciona”.

Por todo ello, la Fiscalía vallisoletana concluye que estos hechos podrían ser constitutivos de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas garantizados por la Constitución, previsto y penado en el artículo 510 1.a) y 1.b) párrafos 3º y 5º del Código Penal.

Los delitos de odio, recogidos en el artículo 510, tienen penas de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses.

El texto indica que el Ministerio fiscal remitió su denuncia a la Plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valladolid y que el pasado 24 de julio incoó diligencias previas para investigar delitos que podrían haberse cometido desde su perfil de X.

La Iglesia de San Pedro de Becerril de Campos (Palencia) ha sido desde hace siglos un 'mix' de estilos artísticos: la portada es románica, la bóveda era nervada y los arcos eran del barroco. Tuvo un retablo del plateresco que ahora acoge un templo malagueño y un órgano del siglo XVIII. Añádele ahora un cielo nocturno 'falso' y un trampantojo de enormes planetas flotando en el infinito y tienes San pedro Cultural, el mayor atractivo turístico de la comarca.

La parroquia cerró en la década de 1940 y empezó a tener usos paganos: colegio, alojamiento para caminantes, granero... La estructura se debilitó por el peso del grano y en la década de los 70 tuvieron que derribar la torre campanario por miedo a que cayera sobre las viviendas cercanas. Se hundió la cubierta y sufrió un abandono total, desamparado ante la vandalización y las lluvias.

En 2011, el equipo municipal de Becerril de Campos decidió buscarle una solución y en 2013 consiguió que la restauración de San Pedro fuera incluida en el presupuesto del Ministerio del 1% cultural después de que el Obispado cediera el templo al Ayuntamiento. La condición de la Iglesia, que fuera utilizada a proyectos educativos. Y vaya si lo ha hecho. Arropado por un stellarium estival, San Pedro ahora acoge numerosos objetos científicos y sirve de sala de exposiciones y eventos culturales.

Becerril de Campos ya tenía un Museo de Arte Sacro, así que San Pedro debía tener otro enfoque. “En una visita a Roma quedé impactado con la línea meridiana de la Basílica de los Ángeles”, explica Carlos del Olmo.

El proyecto acabó en manos de tres arquitectos palentinos: Álvaro Gutiérrez, Carlos del Olmo y Juan del Olmo. “Era una ruina total, pero tenía ese encanto de 'ruina encontrada'. Sujetamos todo lo que era sujetable: los arcos, los trozos de bóveda, la fachada oeste, la cubierta y recompusimos la planta del coro”, explica uno de los arquitectos del proyecto, Carlos del Olmo. “Fue un proyecto muy arriesgado, nadie pensó que fuera a tener esta repercusión”, recuerda el alcalde de Becerril, Fran Pérez, también fue el gestor de San Pedro Cultural cuando empezó el proyecto.

Hoy, la iglesia de San Pedro es San Pedro Cultural. Bajo un stellarium que te transporta a una noche de verano, se habla de ciencia, se celebran exposiciones, conciertos, jornadas de cine, desfiles, presentaciones e incluso bodas civiles. El Ayuntamiento calcula que reciben hasta 25.000 visitas al año solo en este espacio cultural que acoge una línea meridiana, tres estenopes que permiten la entrada de la luz solar natural, un meteorito, un simulador de agujeros negros y un péndulo de Foucault.

El exalcalde de Becerril Mario Granda reconoce el ingente trabajo que se ha realizado en todo el proceso. “San Pedro Cultural es el trabajo de muchísimas personas que han aportado ideas, recursos y trabajo. Aquí han echado algunos horas para regular el péndulo... días y noches. Y eso no se paga”, ensalza, en referencia a los miembros de la Agrupación Astronómica Palentina, que se implicó en el proyecto desde el principio.

Difusión de la ciencia y astronomía

Carlos del Olmo era aficionado a la astronomía ya de antes, aunque ahora está en la directiva de la agrupación. El arquitecto recuerda que presentaron el proyecto al concurso de Europa Nostra de Patrimonio, pero no fue premiado. A pesar de ello, las visitas hablan por sí solas y bastan las ovaciones de todos los que visitan Becerril de Campos. “Nos consolamos diciendo que tenemos el premio del público”, bromea.

“La labor fundamental es difundir la ciencia y la astronomía para que la gente tenga más cultura científica y despertar vocaciones científicas entre los niños”, explica uno de los miembros de la Agrupación Astronómica Palentina, Óscar Díez Higuera, amante del coleccionismo que además ha donado diversos objetos científicos.

Hay astrolabios, espectrógrafos, libros de astronomía y navegación, una de las placas solares del Solar Orbiter, una caja de vuelo original prestada por la Agencia Espacial Europea (ESA) y, entre otros, un meteorito que cayó en 2004 cerca de Villalbeto de La Peña, en Palencia, donado por uno de los miembros de la Agrupación Astronómica. Becerril también acoge en sus calles un sistema solar a escala, reducido diez mil millones de veces.

La astronomía se une a la historia y al arte en San Pedro Cultural. Durante la restauración del edificio, se retiró el yeso y cal de un nicho —que se usaba para higienizar las paredes de las iglesias— y aparecieron pinturas medievales en el ábside y una policromía de estrellas rojas en un nicho, que se llena de luz solar una vez al año: en el solsticio de invierno.

Además del coste que tuvo rehabilitar la iglesia y que pagó principalmente el Ministerio, la Diputación de Palencia lleva aportando al proyecto 30.000 euros anuales desde 2016, unos fondos cuyo valor se reconocen. “Hemos conseguido cambiar un poco la dinámica cultural y económica”, apunta Mario Granda. Tanto él como su sucesor en el cargo coinciden en el apoyo económico que ha supuesto: un hotel y tres casas rurales, además del impacto que tiene en los bares del pueblo.

Alba Jiménez lleva nueve meses trabajando junto a Alba Santamaría en San Pedro Cultural. Las dos realizan las visitas guiadas con explicaciones de la historia de la iglesia, el entorno del espacio y el interior. También sirve de punto de información turística y las dos organizan exposiciones, conciertos y otros actos culturales. Hasta noviembre, San Pedro Cultural acoge la exposición “Dos Miradas” con dibujos de galaxias de Ana de Alvear, que esperan que atraiga también a gente de Estados Unidos.

San Pedro Cultural va de ciencia, pero no solo. El centro cultural va del espacio, de sueños, de música y también, por qué no, de filosofía: de lo ridículamente pequeños que somos como planeta, por mucho que a veces nos creamos el centro del universo.

En Paredes de Nava, un pueblo palentino de 1.800 habitantes, un centenar de agricultores se han plantado ante el Ayuntamiento y han reclamado para todo el pueblo el aprovechamiento agrícola y ganadero de las 900 hectáreas de tierras comunales. El consistorio quería acotar casi la mitad de las hectáreas para darle un uso industrial: concretamente, de energías renovables, sobre todo de paneles solares y/o aerogeneradores. Pero no podrá ser, al menos, de momento.

El Ayuntamiento de Paredes desestimó las alegaciones de la Junta Agropecuaria Local el 27 de enero de 2021, que rechazaba el acotamiento aprobado en diciembre de 2020. La Orden de la Consejería de la Presidencia fue emitida el 11 de febrero de 2021. Pese al proceso judicial que estaba en marcha, el Ayuntamiento se negó a paralizar la subasta de estas tierras, que fueron adjudicadas a Ibereólica Renovables S.L., la única empresa que se presentó. Las tierras comunales fueron adjudicadas por 21,2 millones de euros según la adjudicación publicada en el portal de Contratación del Sector Público. El alcalde matiza que esos 21 millones de euros se ingresarían en los próximos 40 años. El valor inicial estimado de la subasta era de 14 millones de euros.

El alcalde de Paredes de Nava y vicepresidente de la Diputación de Palencia, Luis Calderón (PP), asegura desconocer si ahora Ibereólica Renovables reclamará una indemnización si la sentencia finalmente es firme. El regidor sí explica a este diario que la empresa todavía no ha registrado el proyecto ni la evaluación de impacto ambiental en el Ayuntamiento.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado la orden de la Consejería de la Presidencia (11 de febrero de 2021) de la Junta de Castilla y León que autorizaba acotar los bienes comunales de Paredes de Nava y el acuerdo del pleno municipal (27 de enero de 2021), en el que se apoyó la modificación de una ordenanza para convertir 460 hectáreas en suelo industrial con el apoyo del Partido Popular y la abstención del PSOE. La sentencia no es firme.

“Se les está patrimonializando”

“Con su acotamiento para un uso industrial para su posterior adjudicación por precio realmente se les está patrimonializando”, asegura el magistrado del TSJ en la sentencia, a la que ha tenido acceso este diario. Sin embargo, la Ley fija un mínimo de diez años sin uso de las tierras comunales para poder patrimonializarlas.

“Es casi una forma de expulsar a los vecinos”, reprocha el abogado de los agricultores, Pablo Serna. El alcalde contextualiza la situación y asegura que todo el territorio municipal tiene 13.000 hectáreas agrícolas más. Sin embargo, la Junta Agropecuaria Local subraya el papel que tienen estas tierras comunales y que han sido utilizadas por el pueblo “desde tiempos inmemoriales” y que sirven a los agricultores jóvenes, con menos poder adquisitivo o con más cargas familiares.

“Las tierras siempre han tenido un fin social, no especulativo”, defiende la asociación agropecuaria. Juan Carlos (nombre ficticio de uno de los agricultores) recuerda cómo las generaciones pasadas pelearon por el Monte Páramo cuando otra empresa “vino con dinero” y quiso dar uso agrícola privado. “Se movilizaron los vecinos entonces y gracias a nuestros antepasados tenemos las tierras comunales”, explica.

“Nos pertenece a todos”

César también es de Paredes de Nava y defiende su derecho a acceder a las tierras “igual que los otros vecinos”. “Nuestros antepasados lucharon por ello. Es un bien comunal y nos pertenece a todos”, explica a este diario, aunque aclara que actualmente no trabaja ninguno de los lotes del terreno. “Puede cogerlo cualquier vecino. Pagas las cuotas y le puedes dar un uso agrícola, ganadero [pastos] o de caza”, explica. De hecho, el TSJ también aborda la cuestión cinegética, porque considera que se impediría la caza en los terrenos acotados y eso vulneraría el orden de aprovechamientos legalmente establecido.

En el Monte Páramo se cultiva trigo, veza, avena y girasol. Un poco de cebada, aunque es un cultivo menor, según explica César, que explica que algunas parcelas del monte son “curiosas” —mejores— y otras son de peor calidad puesto que la tierra se roturó hace muchísimos años, pero sigue siendo un monte comunal y defiende que siga así, independientemente de su nivel de producción, que —afirma— debería ser recatalogado para ajustarse mejor a la realidad de las tierras.

Por su parte, el Ayuntamiento defiende que la inyección de dinero que recibiría de esta empresa servirá para “mejorar e implementar sus servicios y/o reduciendo sus cargas fiscales”, algo que considera que sería “en beneficio de todos los vecinos”.

La sala del TSJ considera que en realidad la controversia cuestiona “el modelo de vida” de los pueblos que han vivido de la agricultura y utilizado estos bienes comunales frente a quienes ven la posibilidad de “obtener mayores ingresos económicos a través de su adjudicación por precio para la instalación de proyectos energéticos”. Alerta también de que esta situación “afecta a su subsistencia [de los pueblos] y permanencia en el territorio”. “Las tierras comunales no son para especular, son del pueblo”, defiende la Junta Agropecuaria Local, que denuncia “opacidad” en el Ayuntamiento.

El consistorio adjudica lotes (de unas seis hectáreas) cada cinco años. En esta ocasión, la licencia terminaba en octubre de 2021 y al renovarse se contempló la posibilidad de expulsar estos agricultores una vez empezaran las obras del parque de energía renovable. En esas 900 hectáreas de tierras comunales hay unos 70 agricultores que trabajan, según explica la Junta Agropecuaria Local.

Los terrenos comunales son para uso y aprovechamiento por los vecinos del pueblo y, por lo tanto, no por una empresa ajena al municipio, aunque el Ayuntamiento pudiera obtener un mejor precio por el uso de esas tierras. El poder legislativo es el que debe “definir el modelo territorial y buscar la armonización” entre agricultura, ganadería y proyectos de energías renovables, sin que los derechos de los primeros “resulten atropellados por el mayor rendimiento económico de estos”. El Ayuntamiento es quien debe gestionar los bienes comunales, pero corresponde a los vecinos aprovechar estas tierras comunales.

Cabe recurso de casación en un plazo de 30 días. Tanto el Ayuntamiento como la Junta de Castilla y León están estudiando la posibilidad de recurrir la sentencia. El Tribunal impone las costas de los demandados y el abogado de la Junta Agropecuaria Local confía en que la sentencia termine siendo firme y pueda crear jurisprudencia en casos similares.

Las asociaciones agrarias cargan contra los municipios

Serna asegura que esta sentencia podría servir de “apoyo y ayuda” a otros vecinos que vivan situaciones similares y quieran impugnarlo. La Junta Agropecuaria destaca que la “suerte” que ha tenido la asociación es que tenían fondos y han podido acudir al TSJ, una oportunidad que no todos tienen, afirman. Esto podría allanar el terreno para otros vecinos.

De hecho, las asociaciones agrarias de Castilla y León no han tardado en reaccionar. Upa-Coag reprocha que “muchos” ayuntamientos de Castilla y León, “al rebufo de las altas tasas que pueden pagar las empresas inversoras en energías renovables”, coloquen “una alfombra roja” a estas compañías.

Asaja ha pedido prudencia a los ayuntamientos antes de “dejarse embaucar” en macroparques solares ante un sector primario que se siente “acorralado”. “Nos está echando a los pies de los caballos, entre la voracidad de las empresas fotovoltaicas y la expectativa de recibir ingresos fáciles por parte de los ayuntamientos, aunque sea a costa de eliminar a los agricultores de la zona”, denuncia la organización profesional agraria.