Los 420 vecinos de ocho municipios del entorno de Brieva (Segovia) siguen sin poder volver a sus casas tras ser evacuados por el incendio forestal que asola la zona desde el pasado lunes. Tras el vuelo de reconocimiento, el CECOPI ha decidido que todavía no puede regresar a sus núcleos de población. Así, se mantienen desalojados Tenzuela, Losana de Pirón, Carrascal de la Cuesta, La Cuesta, Aldeasaz, Berrocal, Caballar y Santo Domingo de Pirón. También se mantiene confinada la población de Pelayos del Arroyo.

El CECOPI volverá a reunirse en la Delegación Territorial a las 14.00horas para estudiar la evolución de la situación. A las 10.00 horas de la mañana de hoy se ha reunido en la Delegación Territorial el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), presidido por la delegada territorial de la Junta en Segovia, Raquel Alonso, para evaluar la situación generada por el incendio que se inició en la tarde de ayer en Brieva y que continúa en IGR-2 por la amenaza que supone para las poblaciones de la zona. Tal y como ha confirmado la dejegada territorial de la Junta de Castilla y León, Raquel Alonso, el incendio se originó en una cuneta de Brieva, si bien aún no se ha determinado si la causa fue una colilla.

Una vez realizado un primer vuelo de reconocimiento al área afectada por el incendio, se ha comprobado la abundancia de humo dentro del perímetro, y el CECOPI ha resuelto mantener evacuados los ocho núcleos que fueron desalojados ayer (Tenzuela, Losana de Pirón, Carrascal de la Cuesta, La Cuesta, Aldeasaz, Berrocal, Caballar y Santo Domingo de Pirón) y confinada la población de Pelayos del Arroyo, tal y como se decidió también en la noche de ayer.

Continúan cortadas al tráfico cuatro carreteras provinciales: la SG-P-2222, de Turégano a Torrecaballeros; la SG-V-2362, la SG-V-2366 y la SG-V-2312.

Las medidas adoptadas se mantendrán a la espera de la evolución de la situación a lo largo de la mañana. Por otra parte, desde el Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental se van a desplazar a la zona técnicos para valorar las necesidades de las explotaciones ganaderas.

La Trama Eólica, el caso de corrupción más grave de Castilla y León, junto en el de Perla Negra, con el que comparte acusados, sigue sin sentencia cuando se cumplen seis meses exactos desde que acabó el juicio. La Audiencia Provincial de Valladolid no se ha pronunciado aún ni para aproximar en qué fecha resolverá un caso en el que la investigación judicial se prolongó a lo largo de diez años. El juicio duró cuatro meses y los acusados pasaron de 15 a 11.

El caso se descubrió en 2015, cuando un funcionario de la Agencia Tributaria inspeccionaba el impuesto de sociedades de varias empresas y descubrió presuntas mordidas para autorizar parques eólicos con un modus operandi que consistía en forzar a las eléctricas asociarse con empresarios locales elegidos por la Junta. En ese año, según datos de Red Eléctrica Española (REE), Castilla y León era la Comunidad con mayor potencia eólica en España, 5.560,01 megavatios instalados, el 24,2% del total nacional repartido en 241 parques.

Mediante la trama, parques que habían permanecido paralizados durante años, conseguían los permisos cuando en el accionariado entraba una compañía de la Comunidad. En la Consejería de Economía se manejaba una lista con los empresarios (que formaban parte del sector de la industria, la construcción o la alimentación) con los que Endesa e Iberdrola debían asociarse. Una vez conseguida la autorización, la eléctrica se hacía mediante la compra de las acciones con el 100% de la sociedad. El papel de los empresarios era, también según las declaraciones judiciales, figurar, ya que no realizaron ningún trámite administrativo. Así es como, según el fiscal anticorrupción, se pagaron 75 millones en mordidas. Lo único que no ha quedado claro es dónde acabó el dinero.

El acusado principal es el exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado, de quien el fiscal dijo que estuvo “de continuo, delinquiendo todo el tiempo, desde el año 2004 hasta el último acto de blanqueo de capitales que se le imputa”. Se enfrenta a una petición de pena de 42 años de cárcel y multas por valor de 239 millones de euros por delitos de prevaricación, cohecho, extorsión, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. Por detrás de Delgado van los empresarios Alberto Esgueva y Germán José Martín Giraldo, ambos con 12 años y 68 y 14,5 millones de multa, respectivamente y el abogado y presunto testaferro de Delgado, Jesús Rodríguez Recio, con diez años y medio y más de 25 millones de multa. Se juzga la supuesta comisión de los delitos de prevaricación administrativa, cohecho, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, tráfico de influencias y extorsión.

Delgado siempre ha mantenido que cumplía órdenes del entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, que murió poco antes de declarar como imputado, en 2017. Rafael Delgado aportó una serie de correos electrónicos en los que tanto las eléctricas como los empresarios se dirigían directamente a Villanueva para agilizar la autorización de parques y comunicarle las alianzas son los empresarios afines.

El principal beneficiado de la trama es Alberto Esgueva, que fue consejero delegado de una de las sociedades públicas de la Consejería de Economía entre los años 2003 y 2006. Según la querella, en 2004, mientras Esgueva formaba parte de la Junta y siendo el administrador de la mercantil San Cayetano Wind, Delgado “decidió que se le asignaran parques cuya potencia eólica sumara 500 megavatios” y que fueran “de los que estuviesen más avanzados”. De la venta de las acciones de una sociedad que formó con Iberdrola y en la que aportó 24.400 euros, sacó 47 millones. Pero hubo alguna más que le hizo ganar 6 millones.

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha expresado este martes su “respeto y confianza” en el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras ser preguntado por los avances judiciales en el caso Plus Ultra, aunque ha reiterado que mantiene su posición de que “quien la haga, que pague”.

En declaraciones a los periodistas en una rueda de prensa sobre actualidad política, Martínez ha asegurado que no se ha movido “ni un centímetro” de ese planteamiento a pesar de lo que se va conociendo del caso y ha apelado al respeto a los procedimientos judiciales: “Quiero seguir creyendo”, ha expresado.

El dirigente socialista ha defendido que corresponde a la Justicia determinar si se han cometido irregularidades y ha rechazado contribuir a “condenas o linchamientos anticipados”.

Martínez ha insistido en que solo extraerá conclusiones cuando exista un pronunciamiento judicial: “Si eso se confirma, si el juez dice que se incurre en una ilegalidad… Insisto en el respeto a los procedimientos judiciales”, ha manifestado.

Preguntado específicamente por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el líder del PSOE de Castilla y León ha afirmado que mantiene hacia él “todo el respeto y confianza desde el punto de vista personal y profesional” y ha ironizado con la pregunta: “Ya me pierdo entre todos los casos (judiciales)”, ha comentado.

El Tribunal de Instancia Sección de lo Social plaza número 4 de Valladolid ha condenado al consistorio de esta ciudad por no formalizar el contrato de una trabajadora que se encontraba embarazada, lo que supuso vulnerar el derecho fundamental de la demandante a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo.

“La decisión del Ayuntamiento de Valladolid de no formalizar el contrato de sustitución para el que la demandante había sido llamada desde la bolsa de empleo de peón de limpieza viaria vulneró su derecho fundamental a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo reconocido en el artículo 14 de la Constitución Española”, afirma el fallo de la sentencia.

Al estimar parcialmente la demanda planteada, el Juzgado ha declarado la nulidad de la decisión administrativa consistente en la no formalización del contrato de sustitución para el que la demandante había sido llamada desde la bolsa de empleo.

Condena en concreto al Ayuntamiento de Valladolid a abonar a la demandante las cantidades equivalentes a las retribuciones que hubiera percibido incluidos los efectos económicos inherentes a dicha contratación de haberse formalizado la contratación para la que fue llamada, correspondientes al período comprendido entre el 26 de noviembre de 2025 y el 26 de enero de 2026.

Establece además la deducción, en su caso, de las prestaciones o percepciones incompatibles que hubiera percibido durante dicho período y que tuvieran por finalidad sustituir las rentas salariales dejadas de percibir.

El Juzgado condena al consistorio a abonar a la demandante la cantidad de 2.500 euros en concepto de indemnización por daño moral derivado de la vulneración del derecho fundamental.

Desestima sin embargo otras pretensiones de la demandante, entre ellas la de condena a la formalización actual del contrato de sustitución inicialmente ofertado y al mantenimiento de la demandante en la bolsa de empleo.

También desecha la conservación de su posición en la misma, su situación de llamamiento conforme al orden que le correspondiera, así como las relativas a la adaptación del puesto de trabajo y a la situación de riesgo durante el embarazo, al no resultar procedente pronunciamiento adicional alguno sobre las mismas en atención a las actuaciones administrativas posteriores acreditadas en autos y a la desaparición sobrevenida de la situación de embarazo.

Tras la decisión del Juzgado, el Grupo Municipal Socialista, “ante la gravedad de esta resolución judicial”, ha recordado en un comunicado que advirtió de esta ilegalidad y ha solicitado al alcalde, Jesús Julio Carnero, que pida perdón a la mujer trabajadora por los daños morales.

Estos daños fueron provocados por una decisión que el equipo de gobierno PP-Vox mantuvo en el tiempo a pesar de las advertencias que hicieron los concejales del PSOE sobre la discriminación a una mujer que siempre debe estar protegida, en lugar de ser penalizada laboralmente por el hecho de estar embarazada, ha sostenido el Grupo Socialista.

La sentencia razona que la declaración de “no apta temporal” estaba directamente vinculada al embarazo y que la consecuencia adoptada (no formalizar el contrato) hizo recaer sobre la trabajadora una pérdida profesional y económica derivada de una circunstancia especialmente protegida, ha añadido.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, José Alberto Díaz Pico (Vox), ha resumido en una frase su declaración de intenciones en el departamento que dirige para la legislatura recién estrenada (2026-2020): “Venimos a fijar un rumbo”, ha manifestado durante su comparecencia este lunes por la tarde en el parlamento autonómico.

“Venimos a explicar qué lugar queremos que ocupen la cultura, el patrimonio, el turismo y el deporte en el proyecto colectivo de Castilla y León, sobre todo qué lugar queremos que ocupe Castilla y León en España, en Europa y en el mundo”, ha afirmado al comienzo de su intervención. Díaz Pico ha añadido que una comunidad autónoma “no se gobierna únicamente con presupuestos y expedientes”, sino también “con una idea de sí misma, con la conciencia de lo que ha sido” y la voluntad de transmitirlo a las siguientes generaciones.

“Esa es la responsabilidad que asumimos: custodiar una herencia inmensa, convertirla en oportunidad y proyectarla con orgullo, inteligencia y audacia”, ha apostillado.

Sin tutelas ni ideologías

La devolución a los ciudadanos de la cultura, el patrimonio, turismo y deporte, “sin tutelas ni comisarios”, libre de presiones ideológicas, ha fijado como principal declaración de intenciones.

“Queremos abrir una etapa en la que ninguna corrientes ideológica pueda apropiarse de lo que pertenece a todos. Se terminó la cultura entendida como tutela, se terminó de pedir perdón por nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestra identidad”, ha explicitado.

Ante de pormenorizar y de realizar anuncios, el consejero ha fijado su gestión en cinco principios: libertad de creación; mérito y excelencia “como criterio de todo apoyo público”; neutralidad institucional “porque las instituciones son de todos”; orgullo nacional; y “respeto sagrado al dinero público”.

“Venimos a retirar el sectarismo de las instituciones y a devolver la cultura a su dueño legítimo: el ciudadano libre. Venimos a ampliar, no a estrechar; a dar voz, no a imponer silencio; a financiar calidad y servicio público, no obediencia ideológica”, ha proseguido.

Ha recordado en este sentido cómo a su juicio y durante mucho tiempo “una parte de la una parte de la política española ha tratado la cultura como un instrumento para fabricar adhesiones, excluir sensibilidades y convertir la creación en una extensión del debate partidista”.

El PP elige a sus candidatos a las alcaldías de las principales ciudades de Castilla y León. El Partido Popular gobierna (en minoría, en coalición o con mayoría absoluta) en Segovia, Burgos, Valladolid y Salamanca, cuyos alcaldes se mantendrán como candidatos a la reelección: José Mazarías, Cristina Ayala, Jesús Julio Carnero y Carlos García Carbayo. Todos los candidatos serán presentados oficialmente este sábado en Santiago de Compostela en un acto presidido por Alberto Núñez Feijóo.

En Palencia, el Partido Popular ha designado al portavoz del Grupo Municipal, Víctor Torres, con el objetivo de “liderar el cambio” en la ciudad. El Ayuntamiento ahora está dirigido por la socialista Miriam Andrés, que gobierna en minoría. “Ha llegado el momento del cambio y ese cambio empieza hoy”, ha afirmado el dirigente popular a través de redes sociales. Torres fue el concejal de Deportes, Juventud, Educación y Protección Civil entre 2013 y 2023.

El concejal que estudió Ciencias Políticas y Derecho, comenzó su militancia en 2011, con 18 años y fue secretario general de Nuevas Generaciones de Palencia durante dos mandatos. En 2023, el candidato fue Alfonso Polanco -alcalde entre 2011 y 2019-, que dejó la portavocía poco después de tomar posesión para ser senador.

En León también tendrá continuidad municipal y será el portavoz 'popular', David Fernández, quien liderará la candidatura para la capital leonesa. En las elecciones municipales de mayo de 2023, la candidata a la Alcaldía de León por el Partido Popular fue Margarita Torre y David Fernández formó parte de esa misma lista electoral como número dos. Tras la crisis que vivió el grupo municipal al principio del mandato, el partido decidió que él asumiera la portavocía del grupo municipal en el Ayuntamiento.

Nuevas caras en Soria, Zamora y Ávila

Las ciudades que tendrán una nueva cara defendiendo la papeleta del Partido Popular serán Soria, Zamora y Ávila: allí serán senadores y diputados los que liderarán la lista 'popular'.

El senador 'popular' José Manuel Hernando ha oficializado su candidatura del PP a la alcaldía de Soria. Hernando, que ya fue concejal entre 2015 y 2019, aspira a recuperar la Alcaldía de Soria tras 20 años de gobiernos socialistas con Carlos Martínez -ya exalcalde y secretario general del PSOE autonómico-. La dirección nacional se ha impuesto a la provincial, que apostaba por Javier Jiménez Santamaría, senador y concejal en esta legislatura.

En Zamora, la candidata será la diputada nacional Elvira Velasco Morillo, actual portavoz del PP en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, Velasco Morillo, enfermera de profesión, es la actual secretaria general del PP de Zamora, ha sido senadora y diputada entre 2000 y 2011 y desde 2019 hasta la actualidad y ha sido asesora de la exministra de Sanidad Dolors Montserrat.

No repetirá como candidato, por lo tanto, el presidente del PP de Zamora, Jesús María Prada, que está siendo investigado por presunto fraude en las subvenciones a la organizadora de unas carreras de trail. Zamora es la única capital de provincia con un alcalde de IU, Francisco Guarido, que va a dejar paso a su concejal de obras, Pablo Novo, para liderar la candidatura. El PSOE mantiene a su teniente de alcalde como candidato, David Gago.

En Ávila, el Partido Popular ha depositado su confianza en la diputada nacional abulense del PP, Patricia Rodríguez, para arrebatar la Alcaldía de la capital abulense a Por Ávila en las elecciones municipales de 2027. La candidata ha afirmado en un vídeo en redes sociales que no puede sentir “más orgullo y más ilusión por afrontar este importante reto”, en referencia a recuperar para su formación una ciudad gobernada por su partido durante más de tres décadas, hasta 2019.

Patricia Rodríguez, que sucede al frente de la candidatura de los populares a Alicia García, actual portavoz del PP en el Senado, retorna así a la política local, sin abandonar su escaño en la Cámara Baja, a la que llegó en 2023, después de pasar por el Senado.

El consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez (PP), ha prometido para esta legislatura algo que, según él, ya se cumplía hace un año. En su comparecencia para explicar su programa, Vázquez ha garantizado el mantenimiento de la atención presencial en centros de salud, consultorios locales y en el domicilio y el acceso a las consultas del médico de familia en un plazo que no supere las 48 horas. En agosto de 2025, en un desayuno de la Agencia Ical, Vázquez aseguró que la demora media para conseguir cita en Atención Primaria no superaba 1,9 días, si bien reconocía “tensiones” en centros de salud urbanos.

De hecho, en invierno de 2024, en plena epidemia de gripe llegó a asegurar que se estaba citando con menos de 48 horas de mientras la mayoría de centros de salud colapsaron por la demanda y la espera superaba los 15 días. En su exposición este viernes en las Cortes de Castilla y León, Vázquez ha sostenido que para garantizar esa atención presencial incidirán en la capacidad resolutiva de los equipos de atención primaria, mejorando la organización asistencial y dotando a los profesionales de más recursos y herramientas que permitan ofrecer una atención ágil, cercana y de calidad en todo el territorio, informa Efe.

Para mantener un acceso a las consultas de medicina familiar y comunitaria que no supere las 48 horas, el consejero ha basado su estrategia en la organización de las agendas, la optimización de la gestión de la demanda, y el refuerzo los Puntos de Atención Continuada (PAC) y circuitos de urgencias extrahospitalarias. Así, con una cuestión de mera organización “de agenda” ha intentado minimizar la saturación de los centros de salud.

Pero también ha apuntado a una reducción de la atención presencial en favor de la consulta telefónica: “La tecnología nunca sustituirá la atención presencial, cuando esta sea necesaria, pero sí nos permitirá superar muchas de las limitaciones derivadas de la dispersión geográfica y avanzar hacia una sanidad más accesible, más cercana y más equitativa para todos los castellanos y leoneses”, ha afirmado. También ha anunciado una Estrategia de Optimización de las Emergencias Sanitarias de Castilla y León, orientada a reforzar la atención extrahospitalaria, especialmente en las zonas rurales y más alejadas.

Por otro lado, ha anunciado nuevo Plan Integral de Reducción y Mejora de las Listas de Espera y Optimización de la Atención, un problema estructural lastrado por el conflicto médico por el estatuto marco, del que ha culpado a la ministra, y que ha dejado 12.500 operaciones menos en el primer semestre en la comunidad, que podrían ser 25.000 a final de año. El Plan Integral de Reducción y Mejora de las Listas de Espera y Optimización de la Atención, orientado a incrementar la eficiencia de los recursos disponibles, reducir las diferencias existentes entre las distintas áreas de salud y garantizar una respuesta más homogénea, ágil y equitativa para todos los castellanos y leoneses.

Se ha referido al conflicto generado en torno a la reforma del Estatuto Marco promovida por el Ministerio de Sanidad, que ha desembocado en movilizaciones y huelgas de ámbito nacional con un impacto directo sobre la actividad asistencial. “Un conflicto que persiste ante la incapacidad de la única responsable con competencias para resolverlo: la ministra de Sanidad del Gobierno de España” y que “está teniendo un coste inasumible para los pacientes y amenaza con comprometer seriamente la capacidad de respuesta del Sistema Nacional de Salud”, ha explicado.

En concreto, en el caso de Castilla y León durante el primer semestre de este año se han realizado 12.500 intervenciones quirúrgicas programadas menos que en el mismo periodo de los dos años anteriores. “De haberse mantenido el nivel habitual de actividad, más de 11.000 pacientes habrían abandonado la lista de espera quirúrgica”, ha sostenido. “No estamos simplemente ante una interrupción de la tendencia de mejora que veníamos consolidando. Las listas de espera han vuelto a crecer y seguirán haciéndolo mientras el Gobierno de España no afronte con la seriedad y la responsabilidad necesarias una situación de esta magnitud”, ha lamentado.

“Si la huelga se prolonga, estimamos que a final de año habremos dejado de realizar más de 25.000 intervenciones quirúrgicas”,

Vázquez ha explicado que pese a ello, el objetivo es “recuperar los niveles de actividad alcanzados, revertir esta situación y situar de nuevo a Castilla y León entre las comunidades con mejores resultados en accesibilidad y tiempos de espera del Sistema Nacional de Salud”.

La Guardia Civil de Valladolid ha desmantelado una red criminal itinerante dedicada a los robos con fuerza mediante butrón, responsable de una oleada de asaltos en polígonos industriales de la provincia de Valladolid. La operación Kiaro ha permitido la detención de doce integrantes del grupo, tres de ellos enviados a prisión, mientras que otros seis permanecen huidos y son buscados en coordinación con unidades policiales de todo el territorio nacional.

La investigación se inició en enero de 2025 tras un robo en una empresa de fundición de Medina de Rioseco, donde los autores desvalijaron una nave industrial. A partir de ese hecho, se sucedieron otros robos en Villanubla, La Cistérniga y el Polígono del Brizo de Aldeamayor de San Martín, este último convertido en el principal objetivo de la banda, que llegó a cometer siete asaltos entre enero y marzo de 2026. En uno de ellos, los delincuentes realizaron tres butrones consecutivos y participaron hasta ocho personas de forma simultánea.

El grupo actuaba siempre de madrugada y contaba con un estricto reparto de funciones: logística y traslado, vigilancia perimetral y ejecución del robo. Para acceder a las naves utilizaban radiales de gasolina de gran potencia, radiales de batería y mazas pesadas, lo que les permitía abrir grandes huecos en paredes y techos para sustraer principalmente cobre, aunque también herramientas y otros materiales de valor. El metal robado era trasladado posteriormente a centros de reciclaje de Madrid y Castilla-La Mancha.

La madrugada del 25 de junio, los agentes interceptaron dos vehículos —uno de lanzadera y otro de carga— y detuvieron a cinco miembros del grupo in fraganti tras asaltar una planta fotovoltaica en Quintanilla de Trigueros. En el interior del vehículo de carga se recuperaron 1.800 kg de cableado de cobre. Tres de los detenidos ingresaron en prisión y los otros dos quedaron en libertad con medidas cautelares.

Los seis implicados huidos cuentan con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio y órdenes de búsqueda, captura e ingreso en prisión. Entre ellos se encuentran dos de los líderes de la organización, encargados de dirigir la actividad criminal y coordinar los desplazamientos.

La operación sigue abierta en colaboración con otras policías europeas

Debido al carácter itinerante del grupo, la operación policial sigue plenamente abierta. En estos momentos se coordinan gestiones en todo el territorio nacional y se mantiene una estrecha cooperación con otras policías europeas para localizar y detener a los otros seis implicados que completan la trama criminal y que se encuentran actualmente huidos.

La Guardia Civil destaca la colaboración del sector empresarial de Valladolid, que aportó información clave para el avance de la investigación. Se recuerda a la ciudadanía que, ante cualquier sospecha de actividad delictiva, se debe comunicar de inmediato al teléfono de emergencias 062.

Los doce detenidos con edades comprendidas entre 20 y 47 años de edad, se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal y once delitos contra el patrimonio, por robos con fuerza en las cosas.

Un trabajador ha muerto en un accidente laboral que se ha producido al caerle encima una viga de hierro y quedar atrapado bajo ella en las instalaciones de una empresa de prefabricados de hormigón del término municipal de Toro, en la provincia de Zamora, según han informado fuentes del servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente laboral ha tenido lugar este jueves sobre las 12.40 horas en las instalaciones de una empresa de material de construcción ubicada en la carretera de Pozoantiguo, a las afueras de Toro, según dichas fuentes.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron agentes de la Guardia Civil, los bomberos de Toro y personal sanitario junto a una ambulancia y un helicóptero medicalizado de Emergencias Sanitarias de Sacyl.

Finalmente, los servicios sanitarios han confirmado el fallecimiento del trabajador, un hombre de unos 50 años, según el 112.

En Ciudad Rodrigo, Salamanca, un menor ha muerto esta madrugada y varias personas han resultado heridas tras el derrumbe de una fuente donde la gente celebraba la victoria de la selección española en el Mundial de fútbol. Según La Gaceta de Salamanca, la víctima mortal es un niño de 13 años, que falleció al desprenderse el pilar de mampostería de la fuente del Árbol Gordo, donde se reunían cientos de personas para celebrar el resultado de 'la Roja' en el municipio salmantino.

Según informó el servicio de emergencias 112 de Castilla y León, el suceso se produjo poco después de la medianoche, cuando la sala de operaciones recibió varias llamadas alertando del colapso de la fuente sobre algunas de las personas que se encontraban concentradas en el lugar.

El 112 dio aviso del incidente a la Policía Local de Ciudad Rodrigo, a la Guardia Civil de Salamanca, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó recursos asistenciales hasta el lugar.

Tal y como recoge EFE, los servicios sanitarios atendieron a dos personas, que fueron trasladadas al centro de salud de Ciudad Rodrigo. Una de ellas falleció en el centro sanitario, mientras que sobre el estado de la otra persona herida no han trascendido más datos por el momento.

Asimismo, se activó el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias para prestar apoyo a los familiares de la persona fallecida.

El Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial por la muerte del menor.

El alcalde de la localidad, Marcos Iglesias, ha mostrado su consternación a través de un post en X.

Una niña de trece años ha muerto ahogada este domingo por la tarde en Toro (Zamora) tras caer accidentalmente al río Duero y ser arrastrada por las aguas, según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil de Zamora y del servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar sobre las cinco y cuarto de la tarde en el entorno del Puente de Piedra de Toro, hasta donde se desplazaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Toro, junto a personal sanitario que ha intentado reanimar sin éxito a la víctima, además de una ambulancia y un helicóptero de Emergencias.

Cuando el 1-1-2 fue alertado del suceso, la niña se encontraba ya a la orilla del agua, inconsciente y aunque se practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, entre otros, por agentes de la Guardia Civil que llegaron al lugar, no se consiguió que sobreviviera.

Testigos del suceso indicaron que la niña cayó accidentalmente al río Duero y fue arrastrada por las aguas, según han detallado fuentes del Instituto armado, que han precisado que el deceso se ha judicializado y se ha hecho cargo de él el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Toro.

Este viernes se han reunido diferentes Administraciones Públicas (municipal, autonómica y naiconal) e instituciones (Guardia Civil, Tráfico, Confederación Hidrográfica del Duero) para analizar los posibles incumplimientos del festival Motorbeach que se ha celebrado la semana pasada en Vinuesa (Soria), en el que falleció una joven asturiana de 24 años después de resultar herida de extrema gravedad en un siniestro de motocicleta en el interior del recinto. El alcalde de Vinuesa rechaza que el festival se vuelva a celebrar en su municipio el próximo año.

El dispositivo de seguridad estaba previsto para una afluencia de 4.000 personas, aunque la organización calcula que participaron entre 5.000 y 10.000 personas, según informa EFE. “Los datos disponibles apuntarían a una afluencia muy superior”, avanza la Subdelegación del Gobierno en un comunicado. La mayor afluencia de lo esperado supuso un número de acampadas superior al inicialmente previsto, fuera de los espacios delimitados e incluso en zonas del vaso del embalse de la cuerda del Pozo, integradas en el dominio público hidráulico.

La Guardia Civil tramitó 435 denuncias administrativas y 21 diligencias por presuntos delitos contra la seguridad vial, especialmente relacionadas con infracciones de tráfico, motos sin matrícula, permiso de circulación, seguro o ITV. También hubo actuaciones por drogas, armas, desobediencia, acampadas no autorizadas, afecciones a la cubierta vegetal, embarcaciones y motos de agua.

Un solo agente de seguridad privada

La Guardia Civil señala que recibió toda la documentación dos días antes del inicio del festival, un margen “claramente insuficiente” para organizar un dispositivo para una situación que además fue más numerosa de lo previsto. Los agentes de la Benemérita advirtieron de numerosas motocicletas circulando en condiciones irregulares, menores conduciendo vehículos y conductas que suponían un riesgo evidente para las personas y para el medio natural, entre otros comportamientos.

Los agentes de la Guardia Civil advirtieron durante el festival de situaciones “de aparente descontrol y riesgo” y afirman que los medios de seguridad privada pudieron ser insuficientes, puesto que solo se localizó a una persona. Además, las instituciones creen que la organización ni siquiera tenía a un vigilante de seguridad en las proximidades del agua para evitar accidentes y ahogamientos en el embalse.

Se va a estudiar y cuantificar el impacto medioambiental

Durante el festival, las acampadas, la circulación de vehículos y otras actividades podrían haber rebasado los límites señalizados y balizados sobre el terreno, según los inspectores de la CHD, que ha vuelto a visitar el espacio para evaluar los daños causados, cuya afección se va a cuantificar, así como el coste de su reparación.

Tanto la Confederación Hidrográfica del Duero como la Junta de Castilla y León han iniciado actuaciones para ver si hubo incumplimientos normativos evaluar las afecciones al medio natural y establecer las medidas de restauración. Los agentes medioambientales también han iniciado inspecciones y levantado actas que servirán de base para las denuncias y los expedientes sancionadores por afecciones en el terreno, las labores de limpieza y restauración.

La asociación Ecologistas en Acción-ASDEN ha denunciado que en el festival se ha dañado y eliminado la vegetación en 70 hectáreas de terreno forestal en la zona de la playa del Bardo de Vinuesa. “Ha acudido mayoritariamente un público dispuesto a hacer el vándalo con la patente de corso del organizador”, ha protestado a través de un comunicado.

La edición de 2025 del Motorbeach ya dio lugar a un expediente sancionador en materia de medio ambiente, y el daño ambiental de la edición de este año no ha sido evaluado todavía.

La limpieza inicial de la zona ya se ha efectuado y han comenzado algunas actuaciones preliminares de recuperación. Sin embargo, la Junta cree que será necesario un proyecto técnico “que determine las medidas que deben aplicarse, los plazos y su coste, que deberá repercutirse a quien resulte responsable de los daños”. La organización ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que destacan el estado posterior del festival.

El Iberia Eclipse no está autorizado aún

También se ha analizado el próximo evento en la zona, con motivo del eclipse del 12 de agosto. Las administraciones apuestan por la evaluación, restauración y exigencia de responsabilidades derivadas del Motorbeach antes de plantearse un futuro encuentro como el Iberia Eclipse, cuyas entradas ya están a la venta desde hace meses, con precios entre los 240 y 900 euros por persona.

La CHD ha solicitado conocer la identidad jurídica del promotor, una cuestión se no se ha aclarado “suficientemente”, según el comunicado de la Subdelegación del Gobierno, por lo que no puede tramitarse ni concederse la autorización.

Desde el Ejecutivo autonómico, se rechaza la autorización de otro evento en los mismos terrenos mientras no se haya definido y ejecutado correctamente la restauración de los daños causados por el Motorbeach.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, aspira a ser de nuevo el candidato del PP en las elecciones municipales del 2027, y no espera sorpresas en ese sentido a falta de que el Comité Electoral Nacional, que es el competente, lo designe, aunque ha anticipado que estará el sábado en Santiago de Compostela en el acto con Feijóo y los candidatos a las capitales de provincia.

En declaraciones a los medios este jueves en Valladolid, Carnero ha explicado que aunque aún no tiene esa confirmación oficial de la candidatura, lo que se producirá en las próximas horas, lógicamente, si no fuera a ser así, él no tendría previsto viajar el próximo sábado a Santiago de Compostela, donde el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reunirá con todos los candidatos del PP a las alcaldías de las capitales de provincia de España.

A preguntas de los medios sobre sus ganas para seguir al frente de la alcaldía, donde lleva una legislatura, Carnero ha sostenido que lo primero que tiene son ganas de ser candidato, lo que va a quedar evidenciado en breve cuando se reúna ese Comité Nacional.

“Lo primero que tengo ganas es de ser candidato y lo que tengo más ganas es de ser alcalde de la ciudad, Valladolid, pero para eso tienen que intervenir unos terceros que son los ciudadanos de Valladolid, a los cuales yo en su momento les pediré la continuidad en la confianza para seguir avanzando en este proyecto que me parece importante en nuestra ciudad desarrollo, de bienestar y de progreso en una ciudad emblemática y querida”, ha reflexionado.

“Ahora quedan por cumplimentar los trámites formales necesarios con ese comité electoral nacional tiene que tiene que designar a los candidatos a las capitales de provincia; y una vez que se produzca este hecho la puesta en escena de dicha designación es la que corresponde materializar el sábado en la mañana del sábado en la Ciudad de Santiago de Compostela, a la cual acudiré”, ha concluido.

La Junta de Castilla y León va a estudiar la posible autorización de silenciadores o moderadores de sonido en determinadas modalidades, circunstancias y actuaciones de control poblacional, una reivindicación del sector cinegéntico. En España actualmente está prohibida la compra y venta de silenciadores para los civiles, aunque estos tengan una licencia de armas. El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha garantizado que se regulará “el libre uso” de visores nocturnos acoplables en la caza cuando se autorice el control poblacional por daños agrícolas y ganaderos.

Así lo ha anunciado durante su comparecencia de inicio de legislatura este jueves, en la que ha prometido una gestión “libre de ataduras ideológicas” y en la que tanto consejero como el portavoz socialista han coincidido en llamarse personas “normales”. “El medio natural debe estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de las abstracciones ideológicas limitantes”, ha manifestado Joaquín Antonio Pino, que ha presidido Asaja Ávila desde 2008 y ha sido el vicepresidente autonómico entre 2021 y 2025.

El titular del área, elegido por Vox, ha cargado contra la Agenda 2030 y el acuerdo con Mercosur y se ha negado a que el medio rural sea “sometido a agendas globales distantes y perjudiciales”. También ha retratado a los agricultores y ganaderos como los “legítimos custodios” del ecosistema y ha rechazado que se contemple el medio rural como “un simple parque temático inerte, una reserva restrictiva o un museo del pasado”.

“Tenemos las competencias importantes de Medio Ambiente”

Joaquín Antonio Pino ha apostado también por desarrollar una plataforma de precintos digitales para la caza mayor cuyo uso será “voluntario y sencillo” en lugar de obligatorio. Joaquín Antonio Pino también se ha comprometido a aprovechar la reintroducción del lince ibérico para “combatir las poblaciones de conejo de monte” en espacios que sufran daños agrícolas “crónicos”.

Pino ha destacado que su área gestionará directamente “la actividad cinegética, la ordenación de la fauna silvestre, la biodiversidad y el patrimonio natural”, aunque en realidad el patrimonio natural dependerá de Medio Ambiente, consejería del Partido Popular. “Hemos asumido prácticamente todas las competencias importantes de Medio Ambiente”, ha señalado al final de la comparecencia, que espera que también se les transfieran recursos humanos, económicos y presupuestarios en consonancia.

El PSOE ofrece un Pacto Rural

El portavoz socialista, Mario Rivas, ha ofrecido al consejero trabajar en un Pacto Rural para modernizar el sector agrario, la digitalización y el relevo generacional. El socialista también ha pedido al Ejecutivo autonómico que ejecute los fondos del Plan de Recuperación en materia agraria, puesto que tiene una ejecución del 23%, una cifra que ha desmentido el consejero.

El socialista también ha reclamado una agricultura “rentable” y ha recordado que hay “problemas estructurales”. “La ganadería necesita menos discursos ideológicos y más gestión”, ha reclamado Rivas, que ha preguntado al consejero de Vox si aplicará la 'prioridad nacional' también en el medio rural, teniendo en cuenta la importancia de los migrantes en el medio rural. “En el campo esas ofertas de empleo requieren de profesionales cualificados, y en la mayoría de los casos son esos migrantes, que llegan aportando mucho a nuestro territorio”, ha reiterado Rivas.

“No estamos en contra de la inmigración, pero de una inmigración regulada, como cuando aquí ha habido que emigrar: la gente iba con un contrato de trabajo y sabía que si la mangaba iba de vuelta para casa”, ha replicado Joaquín Antonio Pino.

El consejero ha acusado a la procuradora leonesista, Rosa María Quintanilla, de recurrir al “victimismo” después de ella pusiera el foco en la situación de la Región Leonesa. “Es sensato que reclamemos el impulso de medidas que discriminen en positivo a la Región leonesa”, ha insistido Quintanilla, que ha apostado por soluciones específicas para cada territorio.

Menos impuestos y a favor del silencio positivo

Joaquín Antonio Pino ha anunciado su intención de reducir burocracia y suprimir algunas tasas, como las de la industria alimentaria que gravan la actividad ordinaria, las inspecciones y las autorizaciones de las industrias alimentarias radicadas en Castilla y León. Así, ha garantizado que en la próxima legilsatura se bonificarán los intereses de las líneas de préstamos preferentes avalados por la Junta para la incorporación de los jóvenes en la actividad agraria.

Además, el titular de Agricultura -con competencias en materia ambiental- quiere incorporar el silencio administrativo positivo en algunos procedimientos de evaluación ambiental. “No se trata de rebajar las garantías ambientales ni de sustituir el rigor técnico exigible, sino de reforzar la seguridad jurídica, la previsibilidad y la responsabilidad administrativa. Un proyecto que cumple todos los requisitos legales no puede quedar paralizado indefinidamente por retrasos burocráticos ajenos al promotor”, ha agregado Pino, quien ha apostado por que la Administración no sea “un obstáculo permanente para la inversión, el empleo y el desarrollo económico”.

Joaquín Antonio Pino se ha comprometido a aplicar de forma generalizada la declaración responsable en el campo “siempre que el ordenamiento jurídico lo permita” y evitarán las duplicidades documentales y reducirán la carga burocrática en los procedimientos, convocatorias, bases reguladoras y órdenes. El consejero solo ha dado un ejemplo concreto de estas declaraciones responsables, que se aplicarán a los artesanos alimentarios.

Equipo Veterinario de Emergencias

Pino ha apostado por crear un equipo veterinario de emergencia que pueda desplazarse de manera inmediata “a cualquier punto de la Comunidad” para apoyar a los servicios ordinarios ante brotes, alertas o situaciones complejas. El consejero de Agricultura, veterinario, ha prometido una nueva Orden de Trazabilidad y Registro de Animales Terrestres antes de que termine el año, con lo que se espera “reducir drásticamente las obligaciones burocráticas”. También ha informado de que la Consejería ha declarado 19 focos de la enfermedad de Newcastle, que se ha extendido a una granja de aves de Gomezserracín (Segovia) y que afecta ya a más de 1,4 millones de aves.

Concentración parcelaria y Ley Agraria

El consejero se ha comprometido a declarar 150.000 nuevas hectáreas de Utilidad Pública y a promover las concentraciones parcelarias supramunicipales, lo que permitirá recortar los plazos administrativos con un solo Estudio Técnico Previo, un Plan de Mejoras Territoriales y un Estudio de Impacto Ambiental.

También se han propuesto modificar de manera “profunda” la Ley Agraria para “simplificar radicalmente su tramitación administrativa y eliminar trabas burocráticas”. El Ejecutivo autonómico se ha propuesto sufragar algunos de los costes técnicos, tropográficos y de redacción de protectos de los promotores privados de la concentración parcelaria.

La Junta de Castilla y León ha declarado 19 focos de la enfermedad de Newcastle, que se ha extendido a una granja de aves de Gomezserracín (Segovia) y que afecta ya a más de 1,4 millones de aves. El brote de Segovia se ha declarado este mediodía, según ha informado este jueves en su comparecencia de inicio de legislatura el consejero de Agricultura y Ganadería, Joaquín Antonio Pino.

El titular de Agricultura ha recordado que los servicios veterinarios autonómicos están “trabajando en el terreno y con rigor” ante esta enfermedad, que es “contagiosa, complicada y muy difícil de frenar”. “Creemos que ha venido por las aves silvestres, porque su secuenciación no coincide con la cepa de Valencia”, ha señalado ante las preguntas del portavoz de Vox en la Comisión parlamentaria, José Antonio Palomo.

La enfermedad de Newcastle no es transmisible a los humanos, pero sí puede suponer un incremento del coste económico del pollo y los huevos. Joaquín Antonio Pino ha recordado que la vacunación de las aves empezará a ser obligatoria en Valladolid y Segovia a partir del 1 de agosto yque esta obligación se extenderá a todo el territorio de Castilla y León a partir del 1 de septiembre.

El consejero ha asegurado que su equipo está en contacto diario con el Ministerio de Agricultura y con “reuniones permanentes” con el sector avícola. “Estamos preocupados. Es una enfermedad que va a costar un dinero a las arcas públicas, pero los ganaderos van a tener en tiempo y forma sus indemnizaciones y estamos reclamando al Ministerio esa lealtad para que pague el 50% de los gastos que nosotros vamos a adelantar”, ha reclamado Joaquín Antonio Pino.

El humorista Héctor de Miguel ha sido puesto en libertad tras haber estado detenido en Salamanca desde el pasado miércoles, tal y como han confirmado desde la Subdelegación del Gobierno, y haber pasado la noche en el calabozo.

La Cadena Ser ha adelantado que la detención ha sido ordenada por el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid por un presunto delito de desobediencia y resistencia a la Justicia por incumplir la condena por “intromisión ilegítima en el honor” de Alfonso Rojo.

En este sentido, De Miguel, condenado por la Audiencia de Madrid a pagar 41.800 euros a Rojo, ya abonó esta cuantía, pero no cumplió correctamente con la lectura del encabezamiento y el fallo de la sentencia en su programa y en sus perfiles de redes sociales, lo que dio inicio a una investigación por desobediencia, ya que fue imposible contactar con él en varias ocasiones, y tras ello fue detenido según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.Tras negarse a declarar ante el juez de Salamanca, ha sido puesto en libertad.

De Miguel, conocido como Quequé, se enfrenta desde el pasado 16 de marzo a la apertura de juicio oral como supuesto autor de un delito de coacciones cometido contra la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos.

La Fiscalía reclama dos años de prisión por un delito de coacciones (acoso) y el abono de una indemnización de 6.000 euros por perjuicio y daño moral, y considera responsable civil a la entidad Cadena SER.

En mayo de 2025 la Audiencia Provincial de Madrid archivó un caso contra él al no ver un delito de odio en las declaraciones que hizo en su programa radiofónico sobre dinamitar el Valle de los Caídos y apedrear a sacerdotes pederastas.

A primera hora de la tarde, el propio De Miguel ha bromeado con su situación, mediante un vídeo que ha publicado en su perfil oficial de X. En la grabación se ve al propio Quequé en una cafetería viendo en un televisor la noticia de su detención. “Qué hijo de puta, a ver si va p'alante de una vez”, dice girándose a cámara.

Renault pondrá fin a su relación comercial Nissan y la producción de las plantas de Ávila y Cantabria para la compañía del rombo terminará en diciembre de 2026. Según ha informado Nissan a través de un comunicado, se está trabajando en la identificación y evaluación de nuevas oportunidades de negocio, con especial énfasis en la planta de Ávila, donde trabajan 450 trabajadores. El fin del contrato con Renault podría afectar a en torno al 50% de la producción y a un centenar de trabajadores.

“La prioridad de Nissan es preservar la continuidad industrial de Ávila y abordar este proceso de forma responsable, transparente y en permanente diálogo con la representación de las personas trabajadoras y las administraciones públicas”, ha señalado la multinacional en un comunicado. elDiario.es se ha puesto en contacto con Renault, compañía que ha reducido esta cuestión a “relaciones comerciales” entre empresas y desde cuya dirección se ha preferido no hacer comentarios.

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha mostrado su preocupación por el futuro de la planta y se ha puesto a disposición tanto de la empresa y de las Administraciones Públicas “para buscar soluciones que garanticen el futuro de la fábrica”. El regidor ha hablado con la directora de la planta abulense, el viceconsejero de Economía y el presidente del Comité de Empresa para trasladar la predisposición municipal “para trabajar en medidas que permitan garantizar el empleo en la planta”.

Los trabajadores intuían la situación

Fuentes del comité han señalado a EFE que esta situación podía intuirse, ya que en los últimos meses se habría producido una reducción de la carga de trabajo por parte de Renault, que iba dejando de encargar piezas y referencias a la planta de Ávila.

Ante esa desvinculación, que puede afectar a un centenar de trabajadores de la factoría abulense, los representantes de la plantilla quieren saber si se trata de algo definitivo y, de ser así, abordar la posibilidad de buscar más carga de trabajo que compense la pérdida de Renault.

El procurador de Vox, Carlos Menéndez, ha reprochado al consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que en su comparecencia haya un “escaso reflejo” de los compromisos adquiridos en el pacto de gobierno, y en concreto a uno que debe tener cierta inmediatez para reflejarlo en los presupuestos de 2027: la reducción de las subvenciones a los sindicatos en un 50%. Vuelve así uno de los caballos de batalla de Vox que ya crearon problemas en la anterior legislatura, cuando se rompió el diálogo social, se retiraron subvenciones nominativas y se insultó reiteradamente a las organizaciones sindicales por parte de Vox sin que el PP pusiese pie en pared.

Suárez Quiñones, por su parte se ha excusado en que su nueva consejería tiene cinco ámbitos de actuación y en que es difícil hablar de todo. Así, ha dicho del Diálogo Social que se desarrollará en los “parámetros pactados” con la extrema derecha y que se cumplirá de forma “rigurosa” con el acuerdo.

“Procuraremos ejecutar todos los compromisos y si no, demanden lo que sea”, ha pedido. El consejero ha sostenido que el Diálogo Social ha movilizado más de 2.000 millones de euros en favor de los derechos de los trabajadores, aunque ha precisado que debe mantenerse “dentro de su utilidad pública y nada más”. Además, ha avanzado que desde mañana jueves iniciará una ronda de contactos con las organizaciones sindicales, informa EFE.

Absentismo

Lo que no ha olvidado Suárez Quiñones es el “absentismo laboral” al que se refirió el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo la semana pasada. El consejero se ha referido a un estudio de la situación mientras que la procuradora de UPL, María Rosa Quintanilla le ha indicado que antes compruebe lo que está ocurriendo en la sanidad pública y las listas de espera. En el mismo sentido se ha pronunciado el procurador socialista Iván Zazo, que le ha recordado que no se puede criminalizar a los trabajadores de baja y que esta la otorga un médico.

Tanto la procuradora de UPL como el del PSOE han cuestionado que Suárez Quiñones siga siendo consejero a pesar de su criticada gestión de los incendios cuando era consejero de Medio Ambiente.

El PSOE de Zamora ha denunciado en un comunicado que dos militantes de su partido del municipio de Peñausende han sufrido actos vandálicos y en la vivienda de uno de ellos han aparecido pintadas con amenazas de muerte y le han roto cristales.

El PSOE de Zamora ha expresado su condena de los hechos y ha denunciado públicamente los actos vandálicos y las amenazas sufridas por dos socialistas de Peñausende, Leopoldo Herrero y Áurea Santos, cuyas viviendas han sido objeto de pintadas en los últimos días. A Leopoldo Herrero le pintaron “rojo y cabrón” y a Áurea Santos, “rojita, chivata, perrita y cantaora”.

Los socialistas consideran de especial gravedad lo ocurrido en el domicilio de Leopoldo Herrero, donde se han producido pintadas con amenazas de muerte y el lanzamiento de piedras contra la vivienda, provocando la rotura de los cristales de la puerta de entrada.

Deterioro del clima de convivencia en muchos pueblos

Desde el PSOE de Zamora han asegurado que estos hechos no pueden analizarse de forma aislada y han advertido del deterioro del clima de convivencia que se está produciendo en muchos municipios.

La formación socialista ha vinculado lo ocurrido con la proliferación de discursos de odio promovidos desde determinados sectores ultras, que están “contribuyendo a alimentar la confrontación y la intolerancia, trasladando a los pueblos un ambiente de crispación que rompe la convivencia entre vecinos y pone en riesgo los valores de respeto y pluralidad que deben regir la sociedad”.

El secretario de Organización del PSOE de Zamora y procurador socialista en las Cortes de Castilla y León, Iñaki Gómez, ha declarado que “no hay ninguna discrepancia política que pueda justificar el odio, la intimidación o la violencia” y que quien pretende imponer el miedo de esa forma no solo ataca a dos socialistas sino también los principios básicos de la democracia.

“La convivencia exige respeto”

Gómez ha mostrado todo el apoyo del PSOE de Zamora a Leopoldo Herrero y Áurea Santos y ha asegurado que no aceptarán que nadie tenga que vivir con miedo por defender unas ideas o participar en la vida pública.

“La convivencia exige respeto y quienes recurren a las amenazas o a la violencia deben saber que encontrarán siempre una respuesta firme desde la democracia y el Estado de Derecho”, ha agregado, para hacer también un llamamiento a todas las fuerzas políticas y al conjunto de la sociedad a “condenar sin ambigüedades” lo ocurrido porque la violencia nunca puede formar parte del debate político. Iñaki Gómez ha advertido que el silencio o la tibieza ante estos hechos solo contribuyen a normalizar lo que jamás debe normalizarse y ha confiado en que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad esclarezcan lo sucedido y puedan identificar a los autores.

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez Mínguez, ha pedido que tomen nota aquellos que “dan voz en las instituciones a esos partidos que añoran tiempos pasados”. “Los actos vandálicos de la extrema derecha no lograrán amedrentar a los que defendemos la política como herramienta al servicio de la gente”, ha afirmado a través de X.

La niña de 9 años que sobrevivió al accidente de tráfico ocurrido el pasado 6 de julio en la A-67 a su paso por el municipio palentino de Herrera de Pisuerga y en el que murieron sus padres y sus dos hermanos, de 17 y 14 años, ha abandonado el hospital de Burgos donde permanecía ingresada desde el siniestro.

“Carlota ya está en casa y se recupera favorablemente como la campeona que es”, ha informado en sus redes sociales la bodega Dehesa de los Canónigos, cuyo director general era su padre, Iván Sanz Cid, que falleció en el siniestro junto a su mujer y sus otros dos hijos de 17 y 14 años.

La única superviviente del accidente fue la niña que fue intervenida quirúrgicamente tras el siniestro.

Los cinco ocupantes del turismo eran miembros de una familia de Valladolid que hacía el viaje de regreso desde Cantabria cuando sufrieron una salida de vía y dieron varias vueltas de campana.

Su fallecimiento conmocionó a la sociedad vallisoletana al ser una familia muy conocida en el mundo de vino y empresarial.

Por segunda vez, la Junta de Castilla y León intentará poner en marcha una Ley de Concordia que derogue el decreto de Memoria Histórica. El consejero de Presidencia de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, cree que podrá estar lista en el primer año de esta legislatura. Se trata de una exigencia de Vox al PP. En la legislatura pasada, los de Abascal vieron como Mañueco esquivaba todos los compromisos del pacto. La Ley de Concordia se presentó y se empezó a tramitar, pero quedó en nada cuando Vox salió del gobierno. El de ahora será el segundo intento de legislar hiriendo sensibilidades. En el texto normativo que se quedó en intención, se llegaba a equiparar a las víctimas de la república con las de la dictadura. Lo mismo que pasará ahora.

“Hemos acordado los dos grupos parlamentarios que sustentan a este Gobierno aprobar en este primer año de legislatura una Ley de Concordia, que supere y actualice el marco normativo vigente, y garantice el reconocimiento a todas las víctimas de la violencia social, política, o de la persecución ideológica, religiosa o de cualquier índole acaecidas en Castilla y León”, ha expuesto Gago cuando comparecía este martes para explicar el programa de su consejería, informa EFE.

“Protegeremos los derechos de las víctimas del terrorismo a través del Comisionado para las Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, apoyando a las víctimas, a sus familias, así como a las asociaciones y a las fundaciones cuyo objeto sea la defensa de estas víctimas en nuestra Comunidad”, ha concretado.

En los próximos meses, se iniciarán los trámites necesarios para desarrollar reglamentariamente la Ley de 26 de septiembre de 2017 de Atención a las Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, con el objetivo de consolidar un marco normativo estable y eficaz que garantice su plena aplicación en todos los ámbitos institucionales, ha especificado.

También ha adelantado que se aprobará un Plan de medidas de apoyo y protección a las víctimas del terrorismo, cuatrienal y de carácter transversal a todas las políticas públicas de las diferentes Consejerías de la Administración Autonómica, donde se contemplen las acciones concretas que se abordarán y desarrollarán en ese periodo.

El consejero ha mencionado la celebración del Día de la Comunidad, el 23 de abril, y ha sostenido que se continuarán convocando resolviendo y entregando, los Premios de Castilla y León.

Continuará el apoyo desde la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León, tanto económicamente como con la infraestructura y medios que se precisa, la celebración del Día de la Comunidad en la fiesta en Villalar de los Comuneros, ha señalado.

También se seguirá extendiendo la celebración, mediante la organización de conciertos y carreras y marchas familiares, en los municipios más importantes de la Comunidad, ha dicho.

Desde la misma Fundación se seguirán organizando actividades que conmemoran el 800 Aniversario de la unión de los Reinos de León y de Castilla, acontecida en 1230 bajo el reinado de Fernando III, y que culminarán en el año 2030.

Se pondrá en marcha una muestra itinerante que recorra los municipios de Castilla y León poniendo de relieve la figura de la reina Doña Berenguela, madre de Fernando III, y se impulsará un proyecto de investigación sobre la itinerancia regia del rey Fernando III el Santo.

María González Corral se estrenaba este miércoles como consejera de Medio Ambiente y Energía, tras una legislatura en el área dividida entre Movilidad y Agricultura. La gestión de los incendios ha copado buena parte de la comparecencia celebrada esta tarde en las Cortes de Castilla y León, en la que la consejera ha acusado a la oposición de hacer “populismo y demagogia”, por ejemplo, al recurrir a “frases recortadas” y “sacadas de contexto” del nuevo director general de Prevención y Extinción de Incendios. La Comunidad de Castilla y León revisará el marco normativo autonómico con incidencia directa en los incendios forestales, con el objetivo de reforzar la prevención, facilitar el control temprano de los incendios y disponer de zonas más seguras para las personas.

El Ejecutivo autonómico ha anunciado que revisará el marco normativo de la gestión de incendios forestales para “mejorar los instrumentos de planificación preventiva, la gestión del combustible forestal, las infraestructuras de defensa, la protección de la interfaz urbano-forestal y la regulación de las actividades susceptibles de generar riesgo”.

El año pasado, Mañueco quiso aprobar un decreto de ordenación forestal y otro que pretendía incrementar la participación pública, que tumbó la oposición en bloque porque no habían sido negociadas con los sindicatos. Aun así la Junta se comprometió a ir reduciendo el número de empresas contratadas a medida que se extinguieran los contratos, y a integrar a los trabajadores a empresas públicas como Tragsa o Somacyl. Sin embargo, en abril adjudicó y licitó algunos contratos con otras empresas.

González Corral se ha comprometido también a recuperar las masas arboladas afectadas por los incendios del año pasado con actuaciones de emergencia para proteger suelos y captaciones de agua.

El procurador socialista Miguel Ángel Luengo ha alertado de “déficits estructurales” y ha reivindicado una política “transversal” que incluya en el debate la vertebración y ordenación del territorio, la agricultura, la gestión forestal, el turismo, etc.. “Castilla y León necesita una política forestal moderna, prevención todo el año y entender que no es un gasto, sino una inversión”, ha exigido durante el receso de la comparecencia.

Luengo ha insistido en que el modelo “debe priorizar la prevención” e integrar al operativo anti incendios como 100% público, con más estabilización, la categoría adecuada y una dirección plenamente coordinada, entre otros.

La “dejadez y apatía” del anterior consejero

La titular de Medio Ambiente ha destacado que el operativo Infocal “destina los recursos donde se necesitan”, independientemente de la provincia cuando los miembros de la oposición han preguntado por los helicópteros prometidos a cada provincia. Ceña ha protestado por la “debilidad” del operativo anti incendios, mientras que Luengo se ha preguntado si González Corral será “consecuente y coherente o seguirá la estela de dejadez y apatía” del exconsejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ahora responsable de Industria, Universidades y Empleo, especialmente criticado por su gestión de los incendios.

El procurador de Soria ¡YA!, Ángel Ceña, ha lamentado las “pocas soluciones” que ha aportado González Corral en cualquiera de sus tres carteras y ha afeado que su comparecencia haya incluido “muchas generalidades y pocas concreciones”.

Plan Forestal

González Corral ha comprometido un nuevo Plan Forestal Integral que favorezca unos “montes mejor cuidados y preparados frente a los retos del futuro” y que permita “conservar los ecosistemas y crear riqueza natural, social y económica”. Además, la consejera se ha comprometido a que todos los montes gestionados por el Ejecutivo autonómico tengan su propio plan de gestión.

El portavoz socialista ha rechazado el “modelo de colonizadores y colonizados” de la Junta de Castilla y León, cuyas iniciativas han estado marcadas por “el fracaso absoluto y unas inercias que han demostrado sus limitaciones”.

La consejera de Medio Ambiente y Energía también ha avanzado que exigirá al Gobierno de España que apruebe la planificación eléctrica 2025-2030 y que refuerce la red de transporte y que los proyectos de interés regional puedan ser reconocidos como 'proyectos estratégicos de inversión' para acelerar la electrificación industrial y reforzar la autonomía estratégica.

Ley de Vías Pecuarias

La Junta de Castilla y León tiene previsto impulsar una Ley de Vías Pecuarias para “ordenar los usos ganaderos, ambientales, recreativos y preventivos de las vías pecuarias, la conectividad ecológica y la infraestructura verde”. Cabe señalar que la pesca es competencia de la Consejería de Agricultura, en manos de Vox, algo que ha afeado Miguel Ángel Luengo.

La consejera también ha anunciado su intención de aprobar un Plan Integral de Residuos, una Estrategia de Economía Circular “para impulsar la transición hacia un modelo de producción y consumo responsable” y una Estrategia Autonómica de Eficiencia Energética para reducir los umbrales de energía y emisiones.

Durante su exposición, González Corral ha incluido como objetivo mejorar la industria forestal y potenciar la construcción en madera a través de la Fundación Cesefor.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el viceconsejero de Economía y Competitividad del Gobierno de Castilla y León, Carlos Martín Tobalina, han mantenido esta tarde una reunión de trabajo con una delegación de la empresa china Gotion High-Tech para avanzar en su proyecto de construir dos plantas de baterías para vehículos eléctricos en Valladolid.

A través de su cuenta en X, el Ayuntamiento de Valladolid ha informado del encuentro, en el que la delegación de Gotion ha estado encabezada por su directora para el sur de Europa, You Lu.

Durante el encuentro se han definido bases y la coordinación que marcará las actuaciones de los próximos meses, reforzando la colaboración entre las administraciones y la compañía para avanzar en uno de los proyectos industriales más importantes para Valladolid.

El Ayuntamiento ha explicado que siguen trabajando para que la implantación de Gotion “se convierta en una realidad que impulse la innovación, la industria y el empleo de nuestra ciudad”.

Proyecto de dos gigafactorías

El pasado 1 de julio, la empresa china Gotion High-Tech, en colaboración con la eslovaca Inobat, presentó su proyecto de construcción en Valladolid de dos gigafactorías pioneras para cubrir toda la cadena de suministro de baterías para vehículos eléctricos en Europa y en las que invertirá 940 millones de euros, lo que generará mil empleos estables.

Una delegación de la tecnológica llegada de China expuso en Valladolid, junto a los ministros de Transportes y de Industria, Óscar Puente y Jordi Hereu, respectivamente, un proyecto que ha obtenido subvenciones públicas que suman 138,21 millones de euros a cargo del PERTE VEC V de 2026.

El complejo, que comenzará a construirse en 2027, ocupará una superficie de 700.000 metros cuadrados y se desarrollará en dos fases: una primera destinada al reciclaje de hasta 200.000 toneladas anuales de baterías y una segunda para fabricar otras 200.000 toneladas de cátodos, el componente que concentra alrededor del 60 % del valor de una batería.

La empresa prevé crear unos 2.500 empleos durante la construcción de las instalaciones y un millar de puestos de trabajo estables en la primera fase de explotación, con el objetivo de levantar una planta “con cero emisiones” y convertir Valladolid en un referente europeo de la movilidad eléctrica.

Un joven de 27 años está siendo investigado por un delito contra la flora y la fauna por introducir un ejemplar de siluro, una especie exótica invasora, en la orilla del río Águeda, a su paso por Ciudad Rodrigo (Salamanca).

La Guardia Civil supo de este hecho por un vídeo publicado en una red social, en el que este chico aparecía liberando al siluro, una especie de fauna no autóctona que puede por tanto perjudicar el equilibrio biológico, circunstancia agravada al tratarse de una especie catalogada como exótica invasora, según ha indicado el instituto armado en una nota de prensa.

El detenido puede enfrentarse a penas de prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses por un delito contra la flora y la fauna.

La Guardia Civil ha recordado a la población que liberar especies exóticas invasoras en el medio natural es una de las principales amenazas para la conservación de la biodiversidad y que este tipo de conductas pueden ocasionar graves daños al medio ambiente y conllevar responsabilidades penales. El siluro o pez gato es originario de Europa Central y puede alcanzar los tres metros de longitud y 100 kilos de peso, y es una de las especies de agua dulce más grandes del mundo.

El consejero de Economía de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha prometido seguir bajando impuestos a las familias, con especial atención al medio rural: 'impuestos cero' para la primera vivienda habitual, explotaciones agrarias prioritarias y comercios, así como para las fincas rústicas. “Reduciremos el primer tramo del IRPF a todos los contribuyentes, un 0,25% al año, para terminar la legislatura con una reducción del IRPF del 1%”, ha afirmado.

También se ofrecerán incentivos fiscales para el acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes (deducción de hasta 1.500 euros al año para la primera vivienda) y para el alquiler, así como la congelación de tasas y una Ley de asistencia al contribuyente.

Financiación autonómica

También ha reprochado el planteamiento del Gobierno de España para la financiación autonómica y ha instado a negociarla “entre todos” y “desde cero”. “El Gobierno de España ha demostrado que tiene mucha prisa en satisfacer los intereses de sus socios separatistas, pero poco interés en atender las necesidades del conjunto de los españoles”, ha protestado el consejero y portavoz del Ejecutivo.

Fernández Carriedo ha pedido que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del 29 de julio y ha pedido a la cámara un acuerdo unánime para presentar la propuesta en la próxima cita y poder “defender los intereses de Castilla y León” como se hizo en 2022. El procurador de Vox y vicepresidente primero de las Cortes, Carlos Menéndez, ha defendido que el modelo de financiación planteado “responde al pago de peajes políticos de Esquerra”. “Por eso lo repudiamos”, ha manifestado.

“Brechas” en la economía

La portavoz socialista en la Comisión, María Isabel Fernández, ha lamentado que en Castilla y León la economía crezca por debajo de la media española y ha criticado que la comunidad haya perdido puestos de trabajo en Industria y perdido 4.000 autónomos. “Creemos que los ciudadanos merecen un diagnóstico honesto y no un triunfalismo permanente”, ha manifestado la procuradora.

Fernández ha criticado que el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco (PP), esté “desaparecido desde hace más de cien días” y le ha reprochado que haya dejado sin invertir 3.000 millones de euros en la Comunidad.

La procuradora de UPL, Rosa María Quintanilla, ha criticado el “desmantelamiento económico” de las provincias de la llamada Región Leonesa, que, en su opinión, “se está desangrando de norte a sur” y ha exigido una “reparación histórica” a estos territorios. “Exigimos un plan exclusivo para León, Zamora y Salamanca y una discriminación fiscal positiva”, ha reclamado.

Los dos partidos del gobierno de coalición PP-Vox en Castilla y León van agotando los peleados puestos de asesores tanto en el Parlamento como en la Junta de Castilla y León. El último en colocarse ha sido el exprocurador leonés Miguel Suarez Arca, flamante asesor de la Vicepresidencia Primera, a cargo de Carlos Menéndez, de la Mesa de las Cortes.

Suárez Arca perdió su escaño tras las pasadas elecciones. Con el ahora vicepresidente primero, Carlos Pollán como número uno y con Laura Dorreis Alonso como número 2, por la obligada lista cremallera desde 2023, Suárez Arca se vio relegado al puesto tercero de la lista. Los resultados fueron buenos para Vox el pasado 15 de marzo, pero no tanto como para sacar un tercer procurador en León.

En las filas de Vox reconocen que Suárez Arca no se resignaba a quedarse fuera de la política y que ya en la noche electoral, tras conocer los resultados, empezó a hacer llamadas para asegurarse un puesto. En los últimos meses, el exprocurador no ha dejado de acudir a las Cortes para estudiar posibilidades, desde un hueco como senador autonómico, como se pactó en Extremadura, a una dimisión de Dorreis.

Aunque nació en Mieres (Asturias) reside en Ponferrada (León). Graduado en Dirección Hotelera y Turística, con especialidad en Dirección de Cocina por la Escuela de Hotelería y Turismo de Sant Pol de Mar, adscrita a la Universitat de Girona, ha trabajado como cocinero en varios hoteles y restaurantes. Ha sido alumno del think tank de Vox, el ISSEP. Es coordinador de Vox de la zona electoral de Ponferrada.

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán (Vox), ha presentado este lunes el programa de su consejería y ha arrancado con la política xenófoba de Vox contra los migrantes, su intención es repatriar y retornar a los menores no acompañados, por lo que se dará “prioridad” en la cooperación internacional a aquellos países que colaboren con Castilla y León.

Pollán ha revelado además que la Junta ya ha “abierto” 26 procedimientos de verificación de edad y ha defendido extender este trámite a todos los menores extranjeros tutelados, en la Comunidad, 190, para evitar “fraudes y colapso de los servicios”. Así, el gobierno autonómico, que no tiene competencias en extranjería y por lo tanto no puede decidir esa verificación, se ha dirigido a la Fiscalía para que lo haga. La tentativa, sin embargo, puede que no pase de ahí. Ya hay un precedente en Zaragoza, con gobierno PP-Vox, y donde el fiscal de menores se ha negado a verificar la edad de los menores a petición del gobierno aragonés, según advierten fuentes de la Fiscalía. “Es el fiscal de menores el que determina la edad y el que puede ordenar hacer pruebas, no un gobierno autonómico”, insisten. “Una vez determinada la minoría y sólo si aparecen nuevas pruebas concluyentes como documentación, por ejemplo, se puede revisar el primer decreto que determinó la minoría”, explican.

Pollán sobre los menores: “No entiendo cuál es el problema de que sepamos la edad de esa gente”

Muchos de los menores que llegan a España vienen con la edad determinada por documentación, pero en el caso de que no lo esté y siempre que existan dudas, ya que en algunos casos la minoría de edad es evidente físicamente, se hace la prueba pero “solo si es el único medio posible”. En Castilla y León hasta hace poco, se hacían pocas verificaciones, ahora han subido algo por el reparto que se hace para evitar que otras CCAA asuman la mayoría de la migración, pero el fiscal de menores actúa “siempre en interés del menor” y “se trata de inmiscuirse lo mínimo posible en su privacidad”.

Aunque la oposición ha afeado a Pollán su intención de que se verifique a todos los menores, no ha rebajado el discurso. “No entiendo cuál es el problema de que sepamos la edad de esa gente”, ha llegado a decir. “Tienen entre 14 y 17 años, no son niños y niñas sino adolescentes”, ha insistido mientras se refería a los menores como “menas” y “esa gente”. Además ha intentado disfrazar con cifras la necesidad de hacer las pruebas de edad porque “en Aragón casi el 80% de las pruebas que se han hecho han determiado que no eran menores”. Carlos Pollán ha olvidado precisar que esas pruebas no se han hecho a todos los menores sino a aquellos sobre los que había una duda razonable.

En cualquier caso, ha avanzado que la Junta de Castilla y León “rechazará de forma expresa la política de inmigración del Gobierno de Sánchez y se opondrá por todos los medios legales, políticos y jurídicos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”. Así, ha afirmado que no participará “en ningún caso en reformas normativas ni acuerdos presupuestarios destinados a facilitar, financiar o consolidar su entrada, acogida o permanencia en Castilla y León”.

“A menos de un mes de la formación del nuevo Ejecutivo, ya estamos cumpliendo con la palabra dada de oponernos frontalmente a la política de inmigración del Gobierno de Sánchez”, ha presumido. Ha recordado que el pasado 1 de julio el Gobierno central convocó una reunión de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia y que él “como vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales” se negó a asistir. Lo mismo hicieron sus homólogos en Extremadura y Aragón. “Fue nuestra manera de denunciar la nueva imposición de Sánchez en materia de reparto de menores extranjeros no acompañados”, ha comentado. Entre los asuntos incluidos en el orden del día de la reunión, figuraba la propuesta de distribución territorial de 35 millones de euros para la atención de menores extranjeros no acompañados durante 2026.

No queda ahí. La Junta de Castilla y León va a recurrir el Real Decreto 556/2026 de 30 de junio por el que se aprueba la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas y que asigna a Castilla y León una capacidad de 833 menores. “Una vez más, Sánchez actúa de forma unilateral, sin el acuerdo unánime de todas las comunidades, sin respetar las competencias que corresponden a cada una en materia de protección de menores y disfrazando de humanitarismo lo que no es más que puro cálculo político”, ha dicho. Para Pollán, el incremento que se ha asignado a Castilla y León “carece de una justificación objetiva” porque la población ha crecido un 0,72 % entre agosto de 2025 y mayo de 2026, pero el número de menores asignados aumenta un 6,38 %, pasando de 783 a 833. Para Pollán existe desproporción en los criterios aplicados.

Respecto al pacto de gobierno que firmaron PP y Vox en Castilla y León el pasado 3 de junio, ha insistido en que se trabajará “por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen”. La fórmula pasa por promover acuerdos con los países de origen, que faciliten y agilicen las repatriaciones y retornos efectivos de los menores con sus padres. Según el consejero, les ampara el artículo 35.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Suprimir subvenciones a oenegés y no aumentar plazas de acogida

También pasa ese objetivo de retornar a menores por suprimir “todas las subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con oenegés u otras entidades que participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal, o que actúen como cooperadores necesarios de las mafias de tráfico de personas”. Según él, subvencionar oenegés es “fomentar el efecto llamada”. Y para controlar las subvenciones, Pollán ha anunciado una “auditoría anual de todos los gastos vinculados a inmigración ilegal” para “reducirlos al mínimo imprescindible para el cumplimiento del marco legal vigente”.

Durante la legislatura, ha avanzado, la Junta no habilitará nuevos centros de acogida de “inmigrantes ilegales” ni se ampliarán plazas en los existentes. “Reforzaremos los protocolos de intervención y disciplina en los centros de menores, así como de la seguridad de los trabajadores”, ha manifestado en un evidente intento de criminalizar a los menores extranjeros. “Exigiremos al Gobierno de España la adaptación, de forma inmediata, del nuevo Reglamento Europeo de Retornos aprobado por el Parlamento Europeo en marzo de este año, orientado a endurecer la política migratoria”, ha añadido.

La Guardia Civil de Zamora ha investigado a un hombre como supuesto autor de un delito contra la flora y fauna por taponar en el municipio de Villardeciervos los nidos de una colonia de abejaruco europeo, una especie protegida, que habían sido obstruidos de forma intencionada por un apicultor de la zona.

Los agentes del Seprona de la Guardia Civil iniciaron la investigación tras comprobar que había trece nidos de Merops apiaster, especie conocida popularmente como abejaruco, completamente taponados y para ello se había utilizado un papel muy característico, así como restos de hojas secas y barro, según ha informado este lunes el Instituto armado en un comunicado.

Esos indicios materiales fueron recogidos por los agentes como evidencias del delito, tras lo cual centraron sus sospechas en los propietarios de asentamientos de colmenas próximos debido al impacto natural que esa especie avícola insectóvora tiene sobre las abejas.

Tras descartar algunas explotaciones colindantes, los agentes se entrevistaron con el titular de una próxima a los nidos, quien reconoció de forma espontánea haber taponado los nidos hacía un tiempo, por lo que se le ha investigado como supuesto autor de un delito contra la flora y la fauna.

El abejaruco europeo está incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas.

La Iglesia de San Pedro de Becerril de Campos (Palencia) ha sido desde hace siglos un 'mix' de estilos artísticos: la portada es románica, la bóveda era nervada y los arcos eran del barroco. Tuvo un retablo del plateresco que ahora acoge un templo malagueño y un órgano del siglo XVIII. Añádele ahora un cielo nocturno 'falso' y un trampantojo de enormes planetas flotando en el infinito y tienes San pedro Cultural, el mayor atractivo turístico de la comarca.

La parroquia cerró en la década de 1940 y empezó a tener usos paganos: colegio, alojamiento para caminantes, granero... La estructura se debilitó por el peso del grano y en la década de los 70 tuvieron que derribar la torre campanario por miedo a que cayera sobre las viviendas cercanas. Se hundió la cubierta y sufrió un abandono total, desamparado ante la vandalización y las lluvias.

En 2011, el equipo municipal de Becerril de Campos decidió buscarle una solución y en 2013 consiguió que la restauración de San Pedro fuera incluida en el presupuesto del Ministerio del 1% cultural después de que el Obispado cediera el templo al Ayuntamiento. La condición de la Iglesia, que fuera utilizada a proyectos educativos. Y vaya si lo ha hecho. Arropado por un stellarium estival, San Pedro ahora acoge numerosos objetos científicos y sirve de sala de exposiciones y eventos culturales.

Becerril de Campos ya tenía un Museo de Arte Sacro, así que San Pedro debía tener otro enfoque. “En una visita a Roma quedé impactado con la línea meridiana de la Basílica de los Ángeles”, explica Carlos del Olmo.

El proyecto acabó en manos de tres arquitectos palentinos: Álvaro Gutiérrez, Carlos del Olmo y Juan del Olmo. “Era una ruina total, pero tenía ese encanto de 'ruina encontrada'. Sujetamos todo lo que era sujetable: los arcos, los trozos de bóveda, la fachada oeste, la cubierta y recompusimos la planta del coro”, explica uno de los arquitectos del proyecto, Carlos del Olmo. “Fue un proyecto muy arriesgado, nadie pensó que fuera a tener esta repercusión”, recuerda el alcalde de Becerril, Fran Pérez, también fue el gestor de San Pedro Cultural cuando empezó el proyecto.

Hoy, la iglesia de San Pedro es San Pedro Cultural. Bajo un stellarium que te transporta a una noche de verano, se habla de ciencia, se celebran exposiciones, conciertos, jornadas de cine, desfiles, presentaciones e incluso bodas civiles. El Ayuntamiento calcula que reciben hasta 25.000 visitas al año solo en este espacio cultural que acoge una línea meridiana, tres estenopes que permiten la entrada de la luz solar natural, un meteorito, un simulador de agujeros negros y un péndulo de Foucault.

El exalcalde de Becerril Mario Granda reconoce el ingente trabajo que se ha realizado en todo el proceso. “San Pedro Cultural es el trabajo de muchísimas personas que han aportado ideas, recursos y trabajo. Aquí han echado algunos horas para regular el péndulo... días y noches. Y eso no se paga”, ensalza, en referencia a los miembros de la Agrupación Astronómica Palentina, que se implicó en el proyecto desde el principio.

Difusión de la ciencia y astronomía

Carlos del Olmo era aficionado a la astronomía ya de antes, aunque ahora está en la directiva de la agrupación. El arquitecto recuerda que presentaron el proyecto al concurso de Europa Nostra de Patrimonio, pero no fue premiado. A pesar de ello, las visitas hablan por sí solas y bastan las ovaciones de todos los que visitan Becerril de Campos. “Nos consolamos diciendo que tenemos el premio del público”, bromea.

“La labor fundamental es difundir la ciencia y la astronomía para que la gente tenga más cultura científica y despertar vocaciones científicas entre los niños”, explica uno de los miembros de la Agrupación Astronómica Palentina, Óscar Díez Higuera, amante del coleccionismo que además ha donado diversos objetos científicos.

Hay astrolabios, espectrógrafos, libros de astronomía y navegación, una de las placas solares del Solar Orbiter, una caja de vuelo original prestada por la Agencia Espacial Europea (ESA) y, entre otros, un meteorito que cayó en 2004 cerca de Villalbeto de La Peña, en Palencia, donado por uno de los miembros de la Agrupación Astronómica. Becerril también acoge en sus calles un sistema solar a escala, reducido diez mil millones de veces.

La astronomía se une a la historia y al arte en San Pedro Cultural. Durante la restauración del edificio, se retiró el yeso y cal de un nicho —que se usaba para higienizar las paredes de las iglesias— y aparecieron pinturas medievales en el ábside y una policromía de estrellas rojas en un nicho, que se llena de luz solar una vez al año: en el solsticio de invierno.

Además del coste que tuvo rehabilitar la iglesia y que pagó principalmente el Ministerio, la Diputación de Palencia lleva aportando al proyecto 30.000 euros anuales desde 2016, unos fondos cuyo valor se reconocen. “Hemos conseguido cambiar un poco la dinámica cultural y económica”, apunta Mario Granda. Tanto él como su sucesor en el cargo coinciden en el apoyo económico que ha supuesto: un hotel y tres casas rurales, además del impacto que tiene en los bares del pueblo.

Alba Jiménez lleva nueve meses trabajando junto a Alba Santamaría en San Pedro Cultural. Las dos realizan las visitas guiadas con explicaciones de la historia de la iglesia, el entorno del espacio y el interior. También sirve de punto de información turística y las dos organizan exposiciones, conciertos y otros actos culturales. Hasta noviembre, San Pedro Cultural acoge la exposición “Dos Miradas” con dibujos de galaxias de Ana de Alvear, que esperan que atraiga también a gente de Estados Unidos.

San Pedro Cultural va de ciencia, pero no solo. El centro cultural va del espacio, de sueños, de música y también, por qué no, de filosofía: de lo ridículamente pequeños que somos como planeta, por mucho que a veces nos creamos el centro del universo.

En Paredes de Nava, un pueblo palentino de 1.800 habitantes, un centenar de agricultores se han plantado ante el Ayuntamiento y han reclamado para todo el pueblo el aprovechamiento agrícola y ganadero de las 900 hectáreas de tierras comunales. El consistorio quería acotar casi la mitad de las hectáreas para darle un uso industrial: concretamente, de energías renovables, sobre todo de paneles solares y/o aerogeneradores. Pero no podrá ser, al menos, de momento.

El Ayuntamiento de Paredes desestimó las alegaciones de la Junta Agropecuaria Local el 27 de enero de 2021, que rechazaba el acotamiento aprobado en diciembre de 2020. La Orden de la Consejería de la Presidencia fue emitida el 11 de febrero de 2021. Pese al proceso judicial que estaba en marcha, el Ayuntamiento se negó a paralizar la subasta de estas tierras, que fueron adjudicadas a Ibereólica Renovables S.L., la única empresa que se presentó. Las tierras comunales fueron adjudicadas por 21,2 millones de euros según la adjudicación publicada en el portal de Contratación del Sector Público. El alcalde matiza que esos 21 millones de euros se ingresarían en los próximos 40 años. El valor inicial estimado de la subasta era de 14 millones de euros.

El alcalde de Paredes de Nava y vicepresidente de la Diputación de Palencia, Luis Calderón (PP), asegura desconocer si ahora Ibereólica Renovables reclamará una indemnización si la sentencia finalmente es firme. El regidor sí explica a este diario que la empresa todavía no ha registrado el proyecto ni la evaluación de impacto ambiental en el Ayuntamiento.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado la orden de la Consejería de la Presidencia (11 de febrero de 2021) de la Junta de Castilla y León que autorizaba acotar los bienes comunales de Paredes de Nava y el acuerdo del pleno municipal (27 de enero de 2021), en el que se apoyó la modificación de una ordenanza para convertir 460 hectáreas en suelo industrial con el apoyo del Partido Popular y la abstención del PSOE. La sentencia no es firme.

“Se les está patrimonializando”

“Con su acotamiento para un uso industrial para su posterior adjudicación por precio realmente se les está patrimonializando”, asegura el magistrado del TSJ en la sentencia, a la que ha tenido acceso este diario. Sin embargo, la Ley fija un mínimo de diez años sin uso de las tierras comunales para poder patrimonializarlas.

“Es casi una forma de expulsar a los vecinos”, reprocha el abogado de los agricultores, Pablo Serna. El alcalde contextualiza la situación y asegura que todo el territorio municipal tiene 13.000 hectáreas agrícolas más. Sin embargo, la Junta Agropecuaria Local subraya el papel que tienen estas tierras comunales y que han sido utilizadas por el pueblo “desde tiempos inmemoriales” y que sirven a los agricultores jóvenes, con menos poder adquisitivo o con más cargas familiares.

“Las tierras siempre han tenido un fin social, no especulativo”, defiende la asociación agropecuaria. Juan Carlos (nombre ficticio de uno de los agricultores) recuerda cómo las generaciones pasadas pelearon por el Monte Páramo cuando otra empresa “vino con dinero” y quiso dar uso agrícola privado. “Se movilizaron los vecinos entonces y gracias a nuestros antepasados tenemos las tierras comunales”, explica.

“Nos pertenece a todos”

César también es de Paredes de Nava y defiende su derecho a acceder a las tierras “igual que los otros vecinos”. “Nuestros antepasados lucharon por ello. Es un bien comunal y nos pertenece a todos”, explica a este diario, aunque aclara que actualmente no trabaja ninguno de los lotes del terreno. “Puede cogerlo cualquier vecino. Pagas las cuotas y le puedes dar un uso agrícola, ganadero [pastos] o de caza”, explica. De hecho, el TSJ también aborda la cuestión cinegética, porque considera que se impediría la caza en los terrenos acotados y eso vulneraría el orden de aprovechamientos legalmente establecido.

En el Monte Páramo se cultiva trigo, veza, avena y girasol. Un poco de cebada, aunque es un cultivo menor, según explica César, que explica que algunas parcelas del monte son “curiosas” —mejores— y otras son de peor calidad puesto que la tierra se roturó hace muchísimos años, pero sigue siendo un monte comunal y defiende que siga así, independientemente de su nivel de producción, que —afirma— debería ser recatalogado para ajustarse mejor a la realidad de las tierras.

Por su parte, el Ayuntamiento defiende que la inyección de dinero que recibiría de esta empresa servirá para “mejorar e implementar sus servicios y/o reduciendo sus cargas fiscales”, algo que considera que sería “en beneficio de todos los vecinos”.

La sala del TSJ considera que en realidad la controversia cuestiona “el modelo de vida” de los pueblos que han vivido de la agricultura y utilizado estos bienes comunales frente a quienes ven la posibilidad de “obtener mayores ingresos económicos a través de su adjudicación por precio para la instalación de proyectos energéticos”. Alerta también de que esta situación “afecta a su subsistencia [de los pueblos] y permanencia en el territorio”. “Las tierras comunales no son para especular, son del pueblo”, defiende la Junta Agropecuaria Local, que denuncia “opacidad” en el Ayuntamiento.

El consistorio adjudica lotes (de unas seis hectáreas) cada cinco años. En esta ocasión, la licencia terminaba en octubre de 2021 y al renovarse se contempló la posibilidad de expulsar estos agricultores una vez empezaran las obras del parque de energía renovable. En esas 900 hectáreas de tierras comunales hay unos 70 agricultores que trabajan, según explica la Junta Agropecuaria Local.

Los terrenos comunales son para uso y aprovechamiento por los vecinos del pueblo y, por lo tanto, no por una empresa ajena al municipio, aunque el Ayuntamiento pudiera obtener un mejor precio por el uso de esas tierras. El poder legislativo es el que debe “definir el modelo territorial y buscar la armonización” entre agricultura, ganadería y proyectos de energías renovables, sin que los derechos de los primeros “resulten atropellados por el mayor rendimiento económico de estos”. El Ayuntamiento es quien debe gestionar los bienes comunales, pero corresponde a los vecinos aprovechar estas tierras comunales.

Cabe recurso de casación en un plazo de 30 días. Tanto el Ayuntamiento como la Junta de Castilla y León están estudiando la posibilidad de recurrir la sentencia. El Tribunal impone las costas de los demandados y el abogado de la Junta Agropecuaria Local confía en que la sentencia termine siendo firme y pueda crear jurisprudencia en casos similares.

Las asociaciones agrarias cargan contra los municipios

Serna asegura que esta sentencia podría servir de “apoyo y ayuda” a otros vecinos que vivan situaciones similares y quieran impugnarlo. La Junta Agropecuaria destaca que la “suerte” que ha tenido la asociación es que tenían fondos y han podido acudir al TSJ, una oportunidad que no todos tienen, afirman. Esto podría allanar el terreno para otros vecinos.

De hecho, las asociaciones agrarias de Castilla y León no han tardado en reaccionar. Upa-Coag reprocha que “muchos” ayuntamientos de Castilla y León, “al rebufo de las altas tasas que pueden pagar las empresas inversoras en energías renovables”, coloquen “una alfombra roja” a estas compañías.

Asaja ha pedido prudencia a los ayuntamientos antes de “dejarse embaucar” en macroparques solares ante un sector primario que se siente “acorralado”. “Nos está echando a los pies de los caballos, entre la voracidad de las empresas fotovoltaicas y la expectativa de recibir ingresos fáciles por parte de los ayuntamientos, aunque sea a costa de eliminar a los agricultores de la zona”, denuncia la organización profesional agraria.