La Comisión de Ética de Castilla y León ha decidido archivar las investigaciones al consejero de Medio Ambiente en funciones, Vivienda y Ordenación del Territorio , Juan Carlos Suárez-Quiñones, y a uno de sus directores generales, José Manuel Jiménez Blázquez, que lleva Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, según el acta de su última reunión, celebrada el 12 de mayo y publicada recientemente.

En dicha cita se debatieron tres investigaciones que afectaban a Suárez-Quiñones, consejero desde el año 2015, y a Jiménez Blázquez, alto cargo del Ejecutivo de manera intermitente desde 2003: la autorización de un macrovertedero de residuos a una empresa que había dado trabajo al hijo del consejero de Medio Ambiente —como desvelaron iLeón.com y elDiario.es—, un asunto sobre el que Fiscalía abrió una investigación, que finalmente se archivó. Además, el consejero en funciones también firmó en 2024 la legalización en el parque natural de Babia-Luna de una vivienda del mismo empresario, algo que había rechazado el Ayuntamiento y tenía un informe autonómico en contra.

El 30 de julio del año pasado, diez días antes de la oleada de incendios de León, Juan Carlos Suárez-Quiñones firmó la autorización de un polémico macrovertedero de residuos peligrosos y no peligrosos en la provincia de León a un conglomerado empresarial en el que figuraba como directivo su hijo. Una semana después, firmó la autorización del macrovertedero con la figura de Proyecto Regional. El consejero participó en la firma de las autorizaciones del procedimiento al grupo societario vinculado a Macario Fernández, en cuya empresa principal figuraba como responsable jurídico el hijo menor de Suárez-Quiñones. Su relación contractual duró hasta hace dos años o dos años y medio desde el 2021.

Antes de este archivo, en septiembre de 2025 se presentó un escrito para ver si este comportamiento se ajustaba al Código Ético de Altos Cargos. La Comisión de Ética solicitó información a Fiscalía poco después, aunque esta no respondió hasta abril, cuando se informó de que las diligencias preprocesales se habían archivado —de lo que los medios se hicieron eco ya en enero de 2026—. Esta institución, que no es judicial, justifica su decisión de archivar el cuestionamiento ético por la inexistencia de un delito: “Dada la identidad de sujeto, hecho y fundamento, se acuerda por unanimidad no continuar con la realización de más actuaciones y acordar el archivo de la denuncia”, zanja el acta. La Consejería de Medio Ambiente se ha negado a hacer comentarios.

Una comisión integrada por miembros de la Junta y profesores de Derecho

La Comisión está presidida por el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, e integrada por el secretario general de la Consejería y dos profesores de Derecho Penal y Administrativo de las universidades de León y Salamanca.

La Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno recibió un escrito en noviembre de 2025 que denunciaba la posible incompatibilidad del director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, el conflicto de intereses y un posible incumplimiento en la declaración de bienes, derechos patrimoniales y obligaciones. Dos meses después, elDiario.es se hizo eco de la situación Jiménez Blázquez: administró una empresa durante cinco años pese a su total incompatibilidad.

El director general defendió entonces que se trataba de “una sociedad sin actividad” en la que participaba por “herencia” de su padre. Sin embargo, dicha compañía tuvo 326.000 euros de beneficios entre 2020 y 2022. La Comisión de Ética pidió documentación al Registro Mercantil en tres ocasiones: una vez fue inadmitida “por la forma de presentación”, en otra ocasión se ofreció una información “insuficiente”, que se amplió en una tercera petición. Todas ellas en enero de 2026. La Consejería de la Presidencia recibió a finales de abril la información sobre Jiménez Blázquez, que también es consejero delegado de la empresa pública más importante de Castilla y León (Somacyl).

La Comisión de Ética alude a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que descarta la incompatibilidad si el cargo ejerce como administrador único de la empresa y esta se dedica al arrendamiento de bienes inmuebles que pertenecen a la empresa. El Tribunal Supremo admite también en varias ocasiones la compatibilidad cuando el cargo público mantiene recursos “ya integrados en el patrimonio”.

Además, la Inspección General de Servicios entregó la información relativa a los bienes y actividades de los altos cargos. “Dado el carácter de administración patrimonial, no se puede considerar incluido dentro del régimen sancionador”, concluye el acta, que recoge el archivo de la denuncia.

Alfonso Fernández Mañueco será investido presidente de la Junta de Castilla y León el martes 9 de junio, según ha aprobado este jueves la Mesa de las Cortes. El pleno comenzará a las 12.00 horas con la intervención del candidato del Partido Popular presentando su programa de gobierno. Esta primera exposición no tendrá límite de tiempo. Es la tercera vez que Mañueco saldrá elegido líder del Ejecutivo autonómico, en todas las ocasiones ha necesitado de un pacto para garantizar su Presidencia y en las dos anteriores el acuerdo de gobierno se rompió.

Mañueco cuenta con el apoyo de su partido y el de Vox que, tras el acuerdo firmado y presentando este miércoles, sumará sus 14 procuradores a los 33 del PP; en total 14, para superar la mayoría absoluta que para esta legislatura es de 42.

Frente a la mayoría del nuevo pacto de PP-Vox, el PSOE, UPL y Soria Ya han mostrado su rechazo y votarán en contra. La posición de Por Ávila todavía se desconoce, su único procurador adelantó un posible apoyo si el PP se sentaba a negociar proyectos para su provincia.

Tras la intervención del candidato, la sesión de investidura se retomará con la respuesta de los grupos parlamentarios a Fernández Mañueco. En este caso, cada portavoz tendrá un tiempo de 30 minutos y un segundo turno de dúplica para responder al candidato. Para Mañueco en su respuesta no hay tiempo y podrá elegir entre responder de forma conjunta o individual. El orden fijado de intervención será PSOE y luego se repartirá entre las tres formaciones que componen el Grupo Mixto. El reparto para estas formaciones será de 18 minutos UPL, 6 Soria Ya y 6 Por Ávila minutos. Mientras que para la duplica será de 6, 2 y 2 respectivamente.

La Mesa de las Cortes ha optado para mantener el tradicional reparto de turnos al igual que en otras investiduras. En la Junta de Portavoces, Vox ha propuesto que las respuestas a Mañueco las iniciarán el Grupo Mixto, luego el PSOE y acabar con Vox y PP. El siguiente paso para que Mañueco pase de estar en funciones, como desde el 15 de marzo, es el acto de poesión que todavía no está fijado y será los días siguientes a que salga investido por las Cortes.

El PSOE acusa a PP y Vox de “engañar” a toda la ciudadanía

El secretario general del PSOE, Carlos Martínez, ha acusado a Vox y PP de tratar de “ocultar” el engaño “masivo al que quieren someter a toda la ciudadanía y del que ni ellos mismos están absolutamente convencidos”. A juicio del portavoz del PSOE en las Cortes, el partido de Carlos Pollán es el “único animal que tropieza dos veces en la misma piedra”.

Para Martínez ni PP ni Vox “son de fiar” y el pacto firmando se encuentra “lleno de ambigüedades. Asimismo, ha considerado que el documento recoge un modelo de gobierno que se encuentra al margen del Estatuto de Autonomía, de la Declaración de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y entra en conflicto con la Constitución Española y la Carta de Derechos Humanos.

A pesar de que el portavoz en funciones de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, apuntara este jueves que cualquier medida que tomará el futuro gobierno iba a estar avalada por un informe jurídico, Martínez ha apuntado que este futuro Ejecutivo dejará a Castilla y León al “margen” del Diálogo Social al “criminaliza” a sindicatos y a empresarios.

Ausencia de medidas en materia de despoblación

Los representantes de Soria Ya y de Unión de Pueblo Leonés han criticado que en ese pacto de PP y Vox apenas haya una medida de las 324 que trate la despoblación. En concreto, la omisión de referencias a Soria y Zamora como las dos provincias más castigadas por esta situación.

Para el también portavoz de Vox y futuro vicepresidente primero, Carlos Pollán, de Vox, el acuerdo recoge temas cruciales como la vivienda, el empleo, los servicios públicos y el mundo rural, cuestiones que serán “unas de las principales prioridades”

Por parte del PP, la portavoz Leticia García ha definido el pacto como “profuso, completo y amplio” al abordar cuestiones a “fundamentales” en el día a día. Para la procuradora 'popular', las críticas de la oposición vienen “por exigencias del guión” y mienten, algo que ha achacado al portavoz socialista. “La verdad es que sonroja, produce vergüenza ajena escucharles hablar”, ha apostillado.

El coordinador de IU en Castilla y León, Juan Gascón, ha asegurado que el acuerdo de gobierno alcanzado entre PP y Vox en la Comunidad está “más centrado en lo que quieren que haga el Gobierno de España que en lo que pretenden hacer en Castilla y León”, con dos partidos que utilizan esa autonomía como un instrumento para su estrategia política nacional.

En rueda de prensa este viernes en Palencia, Gascón ha calificado el pacto de “negativo” para Castilla y León y ha criticado que buena parte de su contenido esté orientado a cuestiones que exceden las competencias autonómicas o que responden a debates impulsados desde el ámbito estatal.

A su juicio, el acuerdo refleja que tanto PP como Vox conciben Castilla y León “como un objetivo para llegar al fin de gobernar en España”, en lugar de plantear un proyecto propio para responder a los problemas de la Comunidad. Alfonso Fernández Mañueco será investido el 9 de junio con el apoyo de PP y Vox.

Movilización social

Gascón ha recordado que el nuevo gobierno nace de “un fracaso político”, puesto que Vox abandonó el Ejecutivo autonómico hace dos años tras romper la coalición con el PP. “Su propuesta de regeneración para Castilla y León es seguir con lo mismo que ya había”, ha analizado Gascón, quien ha recordado que muchas de las medidas recogidas en el nuevo acuerdo ya formaban parte del pacto firmado por ambas formaciones en 2022.

Además, ha cuestionado la viabilidad económica de algunas de las propuestas incluidas en el documento al entender que combinan rebajas fiscales con nuevas políticas de apoyo a la natalidad, la vivienda o el emprendimiento sin concretar la financiación necesaria para llevarlas a cabo.

Asimismo ha lamentado que el acuerdo “ponga el acento en lo accesorio como la caza o la pesca y no desarrolle lo que es relevante para la Comunidad”. Gascón también ha reprochado al PP que exija al Gobierno central la aprobación de presupuestos cuando la Junta acumula varios ejercicios con las cuentas prorrogadas y ha advertido de que el acuerdo contiene numerosas demandas dirigidas al Ejecutivo estatal mientras resulta menos exigente con las actuaciones que corresponden a la propia Administración autonómica.

En la misma línea, ha advertido de que el pacto incorpora medidas dirigidas a controlar el absentismo laboral y recortar el peso de los sindicatos de clase, mientras apenas contempla propuestas para mejorar las condiciones de los trabajadores, que representan más del 80 por ciento de los afiliados a la Seguridad Social en la Comunidad. Por ello, ha defendido el papel de las organizaciones sindicales en conflictos como los de Siro o Renault y ha acusado a PP y Vox de querer debilitar a quienes tienen capacidad para defender los intereses de los trabajadores frente a las políticas del nuevo Ejecutivo autonómico.

Amnistía Internacional alerta de que se cuestionen los derecho shumanos

Amnistía Internacional Castilla y León ha alertado este viernes del “grave retroceso” que en derechos humanos va a suponer el acuerdo de Gobierno entre el PP y Vox en esa comunidad, en cuanto que “cuestiona que los derechos humanos sean para todas las personas”.

En la misma línea que los “retrocesos ya acordados en Extremadura y Aragón” por ambas formaciones, Amnistía Internacional se ha referido este viernes en un comunicado a cuestiones que incluye ese acuerdo como el principio de prioridad nacional en las ayudas, el rechazo a acoger menores migrantes, planes de repatriación o la supresión de subvenciones a las ONG y la vinculación de la delincuencia con la inmigración.

También incluye el acuerdo firmado entre PP y Vox en la comunidad la prohibición del burka y el nicab, el endurecimiento de los centros de menores, la reforma restrictiva del padrón, la exclusión de personas en situación irregular de prestaciones esenciales y la ausencia de medidas contra la violencia de género.

Amnistía Internacional ha incidido en que son políticas que “vulneran obligaciones internacionales protección de la infancia, libertad religiosa y derecho a la vivienda”. La ONG ha incidido en que “ningún acuerdo político puede justificar retrocesos en derechos humanos y que Castilla y León debe garantizar una plena y efectiva de todas las personas, sin excepciones”.

El líder del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha anunciado este viernes que la semana que viene su grupo parlamentario registrará en las Cortes una proposición de ley de reforma de la actual normativa de atención a las víctimas de violencia de género, para retomar esos trabajos y “desenmascarar” a PP y Vox.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces, Martínez ha subrayado que será “la primera piedra de toque” para el nuevo gobierno de coalición formado por PP y Vox, que ve como una “confluencia de intereses personales y partidistas” y dirigido por dos “funambulistas” que hacen “equilibrios”.

Sobre este texto, el socialista ha detallado que sí incorpora muchos de los acuerdos alcanzados con el PP en la ponencia de esta ley en la pasada legislatura, además de contar con el respaldo de asociaciones feministas y plataformas de la sociedad civil, por lo que es un “documento ya trabajado” y sobre el que partir.

Justo al final de la anterior legislatura la Junta de Castilla y León, con el PP gobernando en solitario, fue retirado in extremis el proyecto de ley de modificación de esta norma autonómica contra la violencia de género, para el que PP y PSOE rozaron el acuerdo en la ponencia.

Al margen de esta reforma legal, el también líder de los socialistas en la Comunidad ha aprovechado para criticar algunas medidas incluidas en el pacto PP-Vox, como las referidas a la lucha contra la despoblación.

En esta materia ha dicho: “¿Todavía estamos anclados en que hay que dar viagras para poder resolver el problema de la despoblación? ¿Incentivos a la natalidad, no se han enterado de nada en estos últimos 40 años? Hay que ser un poco más serios”.

PP y Vox muestran sus diferencias

Por su parte, PP y Vox han evidenciado sus diferencias sobre una posible reforma de la ley de violencia de género de Castilla y León, después de que el nuevo acuerdo de gobierno entre ambas formaciones haya dejado fuera esta cuestión, aunque sin cerrarle definitivamente la puerta, como ayer expresó el portavoz en funciones de la Junta, Carlos Fernández Carriedo.

La portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Leticia García, ha defendido que el PP seguirá trabajando para buscar el máximo consenso en una materia que ha calificado de especialmente sensible.

“El Partido Popular es el partido que siempre más ha defendido a la mujer en la lucha contra la violencia de género”, ha afirmado García, quien ha insistido en que la formación mantiene su voluntad de avanzar desde la “unanimidad” y el acuerdo entre los grupos parlamentarios.

La dirigente popular ha evitado profundizar en una eventual reforma de la norma, no ha descartado que pueda incluso estar impulsada por la Junta y ha cargado contra el portavoz socialista, al que ha acusado de intentar generar polémica con un “truco efectista al estilo de (Juan) Tamariz”.

Por su parte, el portavoz de Vox en las Cortes, Carlos Pollán, ha marcado distancias con una eventual modificación legal impulsada desde el PP y ha recordado que esta cuestión no forma parte del pacto de gobierno alcanzado entre ambas formaciones.

“No hemos hablado de ello en el acuerdo”, ha señalado Pollán, quien ha subrayado que PP y Vox son “dos partidos distintos y con distintos planteamientos”.

“Sí que garantizo que nosotros no apoyamos ninguna ley de ese tipo”, ha apostillado Pollán, quien ha aclarado que cualquier decisión sobre una eventual reforma corresponderá al PP y no al Gobierno de coalición.

Un grupo de arqueólogos descubren en Atapuerca la primera necrópolis infantil del Calcolítico en Europa, según ha informado la Fundación Atapuerca. Se han identificado restos de once pequeños de menos de 6 años, tres niños de 7 a 9 años y de dos adultos en la Galería del Sílex, fechados entre 5 000 y 4 500 años, lo que prueba que en la Edad del Cobre se dio “un tratamiento especial” en los asentamientos de Atapuerca.

“Este descubrimiento puede considerarse una auténtica necrópolis infantil calcolítica, la única conocida hasta este momento. Apoya la idea de que concedían un tratamiento especial a sus indivudos infantiles, mostrando el cariño y la importancia que daban a sus niños pequeños”, ha explicado el director de Atapuerca y director de la Cátedra de Otoacústica Evolutiva y Paleoantropología de HM Hospitales y la Universidad de Alcalá, Ignacio Martínez Mendizábal.

En la Galería del Sílex, de 500 metros, que quedó sellada por un desprendimiento a finales de la Edad del Bronce, lo que permitió que quedara intacta hasta su descubrimiento. La galería fue localizada en 1972 por el grupo de espeleología Edelweiss, y conserva huesos humanos, restos de fauna y cientos de fragmentos de cerámica. Además, en sus paredes hay más de 50 paneles de pinturas y grabados rupestres de hace alrededor de 4 000 años.

Hasta ahora, se tenía la hipótesis de que los restos de los menores de seis años tenían un tratamiento funerario diferente al de los mayores, puesto que apenas se han recuperado restos infantiles de esa época en la Península Ibérica. Esto había llevado a deducir que los restos de los más pequeños eran depositados en lugares diferentes, pero no había pruebas que apoyasen esta idea.

La sierra de Atapuerca es mundialmente conocida por la riqueza de sus yacimientos pleistocenos. Es el único lugar del continente en el que se han encontrado fósiles de todas las especies humanas que habitaron Europa, desde sus primeros pobladores, hace alrededor de 1,4 millones de años, incluidos los Neandertales, de hace unos cien mil años. Además, la sierra de Atapuerca también guarda en su interior un importante conjunto de yacimientos holocenos, que abarcan desde la llegada de los primeros ganaderos y agricultores neolíticos, hace algo más de 7500 años, hasta finales de la Edad del Bronce, hace unos 3500 años.

La Universidad de Salamanca ha concedido este viernes el doctorado honoris causa a título póstumo al dominico Francisco de Vitoria, cuando se cumplen 500 años de su llegada a la Cátedra de Prima de Teología, desde la que puso los cimientos de la Escuela de Salamanca.

Con la concesión de su máximo reconocimiento, en una ceremonia solemne en el Paraninfo, la Universidad de Salamanca ha puesto en valor, “con orgullo y con gratitud”, el legado de uno de sus profesores más ilustres, cuya voz a cinco siglos de distancia sigue siendo, en palabras del rector Juan Manuel Corchado Rodríguez, “asombrosamente actual”.

Hace quinientos años, el fraile dominico Francisco de Vitoria tomaba posesión de la Cátedra de Prima de Teología de la Universidad de Salamanca, iniciando así un magisterio que iba a cambiar el rumbo de la historia del Estudio salmantino y a poner los cimientos de la Escuela de Salamanca y del Derecho Internacional.

“Todo en estas piedras nos habla de él: el aula donde dictó sus 'relecciones', sus autógrafos guardados en la Biblioteca General Histórica, los frescos del aula que lleva su nombre, la lámina de este Paraninfo con los maestros ilustres, la placa que en el cuarto centenario, en 1926, se dedicó a su memoria”, ha enumerado Corchado, para agregar que faltaba un gesto, que la Universidad “dijera, con todas las letras, lo que el corazón sabía desde hace siglos”.

Durante su intervención ante más de 200 doctores, el rector ha resaltado la vigencia del legado intelectual de Vitoria y ha recordado que renovaron la teología, pusieron los cimientos del derecho internacional, formularon las primeras teorías modernas de la economía e incluso hicieron ciencia.

Una ceremonia especial

El homenaje a Francisco de Vitoria ha comenzado antes del inicio de la ceremonia en el Paraninfo, ya que el cortejo académico se ha desplazado hasta el Convento de San Esteban, para recordar el camino que el fraile dominico realizaba para impartir sus clases en las Escuelas Mayores desde que ganara su cátedra el 7 de septiembre de 1526, cuando se le concede la vacante.

Los más de 200 doctores han partido del Edificio de las Escuelas Mayores por la puerta de la plaza de Anaya, para atravesar el ágora por delante del Palacio de Anaya, descender por la calle Tostado hasta llegar al convento de los Dominicos y, en su interior, el rector Corchado y fray Pablo Carlos Sicouly han realizado una ofrenda floral en el llamado “panteón de los teólogos”.

Ya en el Paraninfo, Fray Pablo Carlos Sicouly ha sido el encargado de recibir el “honoris causa” en nombre de la Orden de Predicadores y ha mostrado su gratitud a la Universidad de Salamanca por esa distinción.

Ha definido la decisión adoptada por el Claustro de Doctores como “profundamente significativa y oportuna, porque contribuye a destacar el significado y el valor permanente y especialmente actual de la contribución de Vitoria en el campo de la vida universitaria, y de su servicio al bien común de la sociedad, la cultura y la comunidad internacional”.

“Discípulos de su escuela”

El rector también ha recordado su faceta docente y la veneración que le profesaban sus discípulos, ya que “sus lecciones, que él nunca llegó a publicar en vida, viajaron por el mundo en los cuadernos de sus alumnos y se imprimieron una y otra vez en Lyon, en Salamanca, en Venecia, en Colonia”.

La madrina del honoris, la profesora de Filosofía María Martín Gómez, ha relatado que “Vitoria llegó a Salamanca con un desafío impuesto por un profesor de París: pensar de un nuevo modo un nuevo mundo” y ha llamado a todos a “seguir su estela”.

En su Laudatio, la profesora ha ensalzado las dotes extraordinarias que para la enseñanza debió de tener Vitoria y, sobre todo, la impronta que dejó en sus estudiantes, que fueron los que realmente difundieron su legado, ya que mientras fue profesor en el Estudio no escribió ni un solo libro, hasta ganarse el apodo académico de “El Sócrates hispano”.

El Partido Popular se ha entregado a Vox en Castilla y León. El pacto conocido este miércoles deja en manos de Vox toda la carga ideológica de la Junta. El cambio respecto al acuerdo de 2022, momento en que la extrema derecha entraba por primera vez en un gobierno autonómico, es de peso, y se puede interpretar en su literalidad. Hace cuatro años Alfonso Fernández Mañueco (PP) y Juan García-Gallardo (Vox) firmaron un pacto de cuatro páginas, 11 ejes de gobierno y 32 acciones. La mayor parte del documento abundaba en generalidades que quedaron prácticamente en nada. Fue un pacto a regañadientes porque Mañueco esperaba mejores resultados. El de 2026, con 62 páginas, 19 ejes y 324 medidas con plazos establecidos, deja claro que los de Abascal no están dispuestos a un nuevo brindis al sol.

Sin entrar en las medidas, los de Vox, con un escaño más (14) que en 2022 le han sacado partido. Si hace cuatro años negociaron la presidencia del Parlamento, una vicepresidencia y tres consejerías, esta vez renuncian a la presidencia del Parlamento, una decisión que no entienden en las filas, pero se hacen con la vicepresidencia primera de las dos que habrá esta legislatura, la de Vox llevará aparejada una consejería, pero no se sabe cuál. La segunda es para el PP, y se ha reservado las competencias de Vivienda y Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil. Esta vicepresidencia tan heterogénea se explica por las exigencias de Vox, que no solo impone la creación de una nueva consejería, sino que extrae competencias de otras del PP. Así, el PP seguirá teniendo la Consejería de Presidencia, la de Economía y Hacienda, una Consejería de Empleo, Industria, Universidades y Comercio, la de Medio Ambiente y Energía (se incorpora esa segunda área), Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial (otra área que se crea), Sanidad y Bienestar Social (esta última sale de Familia) y Educación. La ampliación o cambios en las áreas de las consejerías viene motivada también por lo que quería Vox.

Vox se queda con Familia y Ayudas sociales para llevar a cabo sus políticas xenófobas

El partido de Abascal liderará una nueva consejería, la de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. El ámbito de acción de la Desregulación es la rebaja normativa. Pero además asume la antigua Consejería de Familia, si bien la parte de Bienestar Social se la queda el PP, y el área de Ayudas Sociales. Para Vox eran vitales esos dos departamentos para llevar a cabo su política xenófoba denominada eufemísticamente “prioridad nacional” y definida por el “los españoles primero”. Como en la anterior legislatura, se quedan con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, estas dos últimas áreas se incorporan ahora y salen de Medio Ambiente. Vox no quiere gestionar incendios, pero sí medidas anti ecologistas y Agenda 2030. Está por ver cómo funcionan esas divisiones sin generar un choque. Por último, Vox volverá a estar al frente de Cultura, Turismo y Deporte.

Copia y pega de medidas que superan el ámbito autonómico

Entrando de lleno en el acuerdo, es un documento denso, pero con pocas novedades respecto a los que han firmado Vox y PP en Extremadura y Aragón. De hecho, parece que en la mayoría de las medidas se ha hecho con copia y pega. No sólo eso, es que son medidas de difícil puesta en marcha puesto que exceden las competencias autonómicas. Es el caso de la “prioridad nacional” con el mismo texto para las tres comunidades y que impone entre otras cosas que el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones a quienes tengan un “arraigo real, duradero y verificable”. Para ello insta, entre otras medidas, a modificar la Ley Orgánica 4/2000, algo que debe abordar el gobierno central. Esta es una medida que debe ponerse en marcha “desde el arranque del gobierno”.

Otra coincidencia con Aragón y Extremadura es la “aplicación firme del desahucio exprés y refuerzo de la protección a las víctimas”, que pretende exigir la “legislación vigente que permite el desahucio inmediato de ocupas ilegales, conforme a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil”. En este caso el plazo es “antes del fin de 2026”. Entre las medidas xenófobas está también el “Plan de retorno y repatriación de inmigración ilegal” y que marca que la Junta trabajará activamente por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen. “Para ello, en el ejercicio de sus limitadas competencias en materia de relaciones internacionales (artículo 35.2 de Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social), promoverá acuerdos con los países de origen, que faciliten y agilicen las repatriaciones y retornos efectivos de los menores con sus padres”, el plazo es desde el arranque del gobierno. Para verificar la edad de los inmigrantes “ilegales” habrá una dotación presupuestaria destinada a la realización de pruebas de determinación de edad. “Estas pruebas se aplicarán para evitar fraudes en la condición de menor y el colapso de los servicios”, dice el texto. Este miércoles hemos visto en Aragón un ejemplo de estas nuevas políticas: pruebas de edad a niñas migrantes de nueve años.

Echar a los migrantes y dar 5.000 euros a los castellanos y leoneses que retornen del extranjero

Las medidas que afectan a los migrantes, y son unas cuantas, se despacharon en apenas dos líneas en el acuerdo de 2022, era la última medida y decía: “Promoveremos una inmigración ordenada que, desde la integración cultural, económica y social, y en contra de las mafias ilegales, contribuya al futuro de Castilla y León”. Nada más. Pero en el actual acuerdo, no sólo pretenden cuestionar la edad de los menores no acompañados, que llegarían a Castilla y León ya con las pruebas hechas, repatriarlos llegando a acuerdos con sus países de origen que ya se antojan complicados, es que además hay una medida de “supresión total de subvenciones a ONGs que favorezcan la inmigración ilegal”. El texto dice que se suprimirán todas las subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con ONG u otras entidades “que participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal, o que actúen como cooperadores necesarios de las mafias de tráfico de personas”. “La Junta de Castilla y León no destinará ni un solo euro público a estructuras que incentiven el efecto llamada”, en este caso el plazo comenzará cuando haya un primer presupuesto, esto es en 2027.

Mientras que la Junta de Castilla y León pretende expulsar migrantes y castigar a las oenegés que los ayudan, quiere que los castellanos y leoneses que se han ido, vuelvan. “Consolidaremos emprendimiento el programa y contratación ”Volver a Castilla por cuenta ajena dirigido y León“ de promoción a los castellanos y leoneses residentes en el exterior para que regresen a trabajar a la Comunidad concediendo de 5.000 euros tanto a los retornados que emprendan un negocio en la Comunidad las empresas de nuestra tierra que los contraten por cuenta ajena”, dice una de las medidas.

Vox impone además una “auditoría anual de todos los gastos vinculados a la inmigración masiva” para ·“garantizar el mínimo desembolso de acuerdo con el marco legal vigente”, la auditoría será anual y se hará pública.

Como era de esperar, Vox también ha introducido en Castilla y León la medida para eliminar el “burka”, un atuendo que raramente se ve. “La Junta de Castilla y León prohibirá el uso del burka y nicab y de cualquier prenda similar” que oculte completamente el rostro en lugares públicos.

A vueltas con la Sanidad Animal

Una medida que no aparece en los acuerdos de otras comunidades es la de “Mejora de la sanidad animal”. Contempla una “adecuada previsión frente a enfermedades animales como la tuberculosis bovina o enfermedades emergentes” que garantiza la vacunación gratuita frente a enfermedades emergentes. Además, pretenden exigir al gobierno central “la actualización de las tablas de indemnizaciones y el pago inmediato de las mismas”. Se desarrollarán “nuevos protocolos de actuación que determinen y adecuen el alcance de los cambios introducidos por la Ley 6/2024, de 17 de junio, de modificación de la Ley 6/1994, de 19 de mayo, de Sanidad Animal de Castilla y León”.

Esta medida viene por uno de los mayores fracasos de Vox en Castilla y León, cuando en 2023, el consejero de Ganadería decidió relajar las medidas contra la tuberculosis bovina. La situación se volvió crítica cuando el ministerio del ramo dictó orden de inmovilizar ganado en Castilla y León, y las pérdidas fueron millonarias en el sector. Los ánimos se caldearon tanto que los ganaderos asediaron la sede de la Junta en Salamanca, causaron destrozos e hirieron a Policías.

El término 'violencia de género' no aparece y las políticas de igualdad tampoco

Otra medida que no está en otras comunidades es la de la Ley de Concordia, que empezó a tramitarse en la legislatura anterior y se quedó en un cajón cuando Vox dejó el gobierno. El proyecto de ley que no recuperan es el de la Ley de Violencia de Género que se acordó en el pacto de 2022 y nunca vio la luz. Tampoco lo hará en esta legislatura. En el pacto no aparecen políticas contra la violencia de género, de hecho, no aparece el término, tan solo el de “violencia sobre la mujer” y no demasiadas veces: una para hablar de aplazamiento del pago de tributos a mujeres víctimas de violencia y en la parte que habla de tipos reducidos en impuesto patrimonial para la adquisición de la primera vivienda. Tampoco aparecen las políticas de igualdad, aunque es una de las áreas desgajadas de Familia que se queda el PP.

Las infraestructuras: medidas sin efectividad porque son peticiones al gobierno central

El apartado de infraestructuras roza el surrealismo, porque hace un listado de lo que exige al gobierno central y que pasa por acabar autovías pendientes como las A‑11, A‑12, A‑15, A‑40, A‑60, A‑73 y A‑76, convertir en autovías la N‑234 (Burgos–Soria–Calatayud) y N‑610 (Palencia–Benavente) e incluso actuaciones ya previstas y licitadas como es el caso del tercer carril en la A-62. También hay peticiones deinfraestructurass ferroviarias, como un Corredor Atlántico para el que en la pasada legislatura, la Junta llegó a contratar a un “delegado”, el expresidente de las Cortes por Ciudadanos, Luis Fuentes. Poco se sabe de su cometido y de los hitos alcanzados.

Se pide además reabrir rutas como la Ruta de la Plata (Plasencia–Salamanca–Zamora–Benavente–Astorga), Madrid–Aranda–Burgos y Soria-Castejón. Caen también las peticiones de más plazas y frecuencias de Avant, lanzaderas AVE para algunas estaciones, declaraciones de líneas de Obligación de Servicio Público... pero compromisos de la Junta, pocos más allá de finalizar algunos planes territoriales de fomento.

Hay muchas medidas que claramente vienen del Partido Popular, estaban en el programa: un presupuesto de 10 millones de euros para sustituir bañeras por platos de ducha en viviendas de personas mayores, en principio sin límite renta, una deducción en el IRPF del 30% que se gaste en actividades saludables como gimnasios con un límite de 150 euros año, ayudas de hasta 900 euros para jóvenes en el carnet de conducir... y los famosos impuestos cero: cuota cero para nuevos autónomos los primeros 24 meses, política fiscal de impuestos cero en el medio rural para la transmisión de propiedades, vivienda habitual, explotaciones, compra de locales o impuestos cero para las transmisiones patrimoniales en el medio rural. En definitiva, el acuerdo aprieta las tuercas a Mañueco, busca el enfrentamiento con el gobierno central y pone sobre la mesa las debilidades de la legislatura que empieza en breve.

El Partido Popular y Vox han llegado a un acuerdo después de más de dos meses de negociaciones. Tal y como han anunciado este miércoles en una rueda de prensa en las Cortes de Castilla y León, el hasta ahora presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco (PP) estará al frente de un gobierno de coalición con Vox en el que la extrema derecha tendrá, como en 2022 la vicepresidencia de la Junta y tres consejerías. Una de ellas será de nueva creación (como en Extremadura y Aragón), la de Desregulación. Vox volverá a tener las de Agricultura y Ganadería y Cultura, Turismo y Deporte y algunas competencias que se trocean de las siete consejerías que asume el PP.

Mañueco ha avanzado que se trata de un acuerdo “amplio”, con 19 ejes y 324 medidas y 62 hojas, que ofrece estabilidad a Castilla y León y que es para cuatro años. “Yo creo que hoy es un día bueno para Castilla y León. Hemos alcanzado un acuerdo de gobierno que responde al resultado de las urnas y a la voluntad expresada por todas las personas de Castilla y León el 15 de marzo. Es un acuerdo de gobierno que ofrece estabilidad a nuestra tierra y es un acuerdo de gobierno para cuatro años. Es un acuerdo de gobierno que busca el crecimiento económico y la creación de empleo, que busca también el fortalecimiento de los servicios públicos, el apoyo a los jóvenes, a los mayores, a las familias de nuestra comunidad autónoma, que tiene un compromiso claro con el campo, con los agricultores y ganaderos. En fin, como ya he dicho, un acuerdo de gobierno amplio y extenso que toca todos los sectores y prácticamente todos los temas”, ha dicho.

El gobierno estará conformado por 11 integrantes, tres de Vox, más un vicepresidente, y seis consejeros del PP y una vicepresidencia.

Carlos Pollán, que será el vicepresidente primero, ha agradecido “la paciencia y la comprensión (de Mañueco) durante la negociación. ”Va a suponer un impulso definitivo a las políticas de la Junta de Castilla y León y para los ciudadanos. Agradezco su predisposición al diálogo, fluido, por haber entendido el mandato de las urnas“, ha dicho. ”Por supuesto, como ya entiendo que me lo van a preguntar después, pues habrá prioridad nacional en las ayudas a la vivienda y en las ayudas sociales y un trabajo importante de fiscalidad para las familias y para los jóvenes y para el mundo rural en Castilla y León“, ha avanzado. La prioridad nacional ha concretado después, pasan por ”un rechazo y un plan de choque contra las políticas migratorias de Pedro Sánchez y muchas acciones que van a ser importantes para los ciudadanos de Castilla y León“. Así, se ha referido a un plan de vivienda ”muy detallado y que va a facilitar la vida a muchos, a muchas personas de Castilla y León“. Ha añadido que es un acuerdo con ”muchas horas de trabajo“ que ha agradecido también a la secretaria general adjunta Montserrat Lluis, y portavoces nacionales José María Figaredo y Carlos Quero.

“El mismo texto que en Extremadura y Aragón”

Mañueco ha intentado justificar la “prioridad nacional” diciendo que es el “mismo texto que en Extremadura y Aragón” y que trata de “una asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes tienen un arraigo real, verificable, efectivo” y siempre “dentro del marco del ordenamiento jurídico y del marco legal”, y asumiendo esa prioridad nacional como “criterio inspirador”.

Entrando a la conformación del Gobierno, Mañueco ha explicado que habrá dos vicepresidencias y que la primera será para Vox. Aunque lleva aparejada una consejería no se ha decidido aún cuál. La segunda será para el Partido Popular y tendrá competencias de Vivienda y Ordenación del territorio, Igualdad de oportunidades y Despoblación y protección civil. El PP tendrá también la Consejería de Presidencia, la Consejería de Economía y Hacienda, la Consejería de Industria, Empleo, Universidades y Comercio. Vox tendrá una Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas sociales. Sanidad seguirá en manos del PP, igual que Educación, mientras que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, corresponderá a VOX y la de Medio Ambiente y Energía corresponderá al Partido Popular y la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte a VOX. Aunque olvidó mencionarlo en rueda de prensa, el PP tendrá una Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial. En definitiva, se trocean varias consejerías para que Vox cumpla con un programa contra los migrantes o la agenda 2030.

La anterior legislatura con Vox en el gobierno fue un fracaso total porque apenas lograron que se cumpliese alguna de las medidas que se plasmaron en un acuerdo muy general. Atrás quedaron una Ley de Violencia Intrafamiliar que se tramitó pero no vio la luz, las medidas antiaborto que se presentaron en una rueda de prensa y que hubo que cancelar, o la Ley de Concordia. Carlos Pollán ha asegurado fiarse de Mañueco. “Por eso estamos aquí y por eso hemos ido medida a medida”.

El portavoz de la Junta de Castilla y León en funciones, Carlos Fernández Carriedo, ha garantizado que todas las medidas recogidas en el pacto firmado este miércoles por PP y Vox respetarán la legalidad vigente. El dirigente 'popular' ha indicado que las medidas derivadas del concepto de “prioridad nacional” se harán con informes jurídicos como garantía del cumplimiento normativo.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carriedo ha reiterado que “todo lo pactado en el texto es conforme a la ley” incluidas aquellas convocatorias de ayudas y prestaciones que exigirán “arraigo” para ser concedidas.

Tras las críticas y dudas sobre la aplicación de las medidas del nuevo pacto de gobierno, Carriedo ha querido trasladar que es un acuerdo que garantiza “estabilidad, confianza y seguridad” y permitirá desarrollar un programa de gobierno durante los próximos cuatro años. Para el portavoz en funciones el futuro Ejecutivo autonómico será “para todos”.

Carriedo ha querido matizar que las medidas que Vox sobre migración no buscan excluir a determinados colectivos. “No queremos que se excluya a ningún ciudadano”, ha asegurado, para precisar que las ayudas se dirigirán a personas que se encuentren “en condiciones de legalidad” y con “arraigo”, algo que, como ha defendido recogido ya es “real, verificable y duradero”.

El portavoz en funciones puso de ejemplo para esto a la ayuda para la obtención del permiso de conducir incluida en el pacto, que prevé requisitos vinculados al tiempo de residencia en Castilla y León. Eso sí, Carriedo ha evitado concretar si los mismos criterios temporales se aplicarán al conjunto de prestaciones recogidas en el documento y ha señalado que cada convocatoria establecerá sus propias condiciones.

“Urgencia vital” y atención a migrantes en situación irregular

El concepto de “urgencia vital” es un apartado especialmente cuestionado por su falta de limitación y concreción en el acuerdo. En el punto 10.8 del texto, dentro de la “prioridad nacional”, se recoge la exclusión del “acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital”.

Preguntado por ello, Carriedo tampoco ha concretado qué situaciones quedarían incluidas dentro de ese concepto. El portavoz se ha limitado a señalar que la ayuda humanitaria está “claramente garantizada” y ha indicado que el acuerdo asegura la prestación de aquellos servicios que tengan carácter vital.

Sobre si es cobertura de supuestos se restringirá únicamente a cuestiones sanitarias o podrá extenderse a otras necesidades básicas, ha indicado que cada caso se hará de manera individual. Para Carriedo este apartado es compatible con la atención a las personas y la lucha contra la inmigración ilegal y las mafias de tráfico de seres humanos, otro aspecto que el documento recoge.

Verificación de edad de los migrantes y ayudas a las ONG

La rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno se ha centrado en cuestiones derivadas del acuerdo firmado este miércoles, puesto que el pacto firmado por PP y Vox no fue enviado a los medios hasta después de la comparecencia conjunta de Carlos Pollán y Alfonso Fernández Mañueco. En ese texto, se recoge el compromiso para realizar pruebas de determinación de edad a inmigrantes en situación irregular desde que arranque el Gobierno autonómico.

A este respecto, preguntado por cómo lo va a hacer la Junta de Castilla y León, Carriedo ha señalado que la Comunidad no tiene competencias de Justicia, materia a la que corresponde este tipo de actuaciones. El portavoz se ha limitado a apuntar que la Junta tendrá que colaborar con otras administraciones para impulsar mecanismos que permitan la verificación de la edad de determinadas personas cuando existan dudas.

Tampoco ha concretado quién realizaría esas pruebas, si será personal del Sacyl o quién, ni cómo se articularían en la práctica.

Preguntado por la supresión de ayudas a organizaciones que favorezcan la inmigración ilegal, el portavoz ha explicado que la Junta no colaborará con entidades que incumplan la ley o participen en actividades contrarias al ordenamiento jurídico. Más adelante, Carriedo ha indicado que no conoce a ninguna ONG en Castilla y León que pueda ser sospechosa de ejercer esas actividades.

Durante el primero de los debates electorales, el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, reprochó a Vox que sus políticas migratorias equivalían a “tirar seres humanos al mar”. Preguntado por esta afirmacíón y el motivo que ha llevado al PP a asumir los postulados de su socio de gobierno en esta materia, Carriedo no ha querido profundizar en la contradicción y ha replicado, de nuevo, que con el acuerdo se garantiza el respeto a “la ley, la libertad, la igualdad y la unidad de España”, principios que, a su juicio, inspiran el conjunto de las medidas pactadas.

Ley de Violencia de Género

En el documento presentado este miércoles ha desaparecido cualquier tipo de mención a la igualdad o a desarrollar una nueva Ley de Violencia de Género que se acordó en el anterior pacto de 2022 y que nunca vio la luz. Pese a la omisión, Carriedo ha justificado que se trata de una materia de “mucha importancia” que trasciende el pacto alcanzado entre PP y Vox.

Según ha explicado, la intención de la Junta es buscar un acuerdo más amplio que incluya al conjunto de las fuerzas con representación parlamentaria. “Vamos a intentar conseguir la unanimidad de todos los partidos”, ha asegurado el portavoz. Hay que recordar que en la legislatura pasada, Mañueco tuvo que retirar la ley por la falta de consenso y apoyo parlamentario.

La nueva Vicepresidencia Segunda busca “elevar de rango” a sus competencias adscritas

Del acuerdo presentado este miércoles llamó la atención, entre otras tantas cosas, la creación para esta legislatura de dos vicepresidencias. La primera, que será para Vox y la ostentará Carlos Pollán, tendrá adscrita una de las tres consejerías que le corresponde al partido de extrema derecha, mientras que la segunda, del PP, tendrá competencias de Vivienda y Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil. Esta remodelación, que sale de romper las áreas antiguas de Familia y de Medio Ambiente, buscará “elevar de rango” de estas materias “estratégicas para el futuro de Castilla y León”, como ha señalado Carriedo.

Como ha indicado, esta estructura contará con direcciones generales propias y responde a la voluntad de Fernández Mañueco de situar estas materias “en la primera línea de acción” del Gobierno. También ha rechazado que la fórmula sea un modo para sortear el límite legal de diez consejerías, al recordar que existen precedentes de varias vicepresidencias con competencias tanto en Castilla y León como en otras comunidades y en el Gobierno central.

Las ONG de Castilla y León han anunciado que comienzan a prepararse para responder a los recortes en derechos a los migrantes que se deriven del acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Castilla y León, y los propios recortes económicos con la retirada de ayudas a las organizaciones atienden y ayudan a los extranjeros en la Comunidad.

El presidente de la Coordinadora de ONG de Castilla y León, Nacho Baeza, ha recordado que la actividad de estas organizaciones no solo se centran en otros países, sino que tienen mucha actividad también en el propio territorio de Castilla y León, y ha avanzado que mantendrán una reunión para valorar el pacto y fijar una postura común.

Baeza ha indicado que los castellanos y leoneses son “mayoritariamente solidarios”, como muestra un estudio de Manos Unidas que concluye que más del 90 % de la población respalda las acciones de cooperación al desarrollo, cuyas ayudas también se van a limitar en el nuevo gobierno de coalición.

Y considera que no tiene sentido reducir estas ayudas a cooperación, que en este momento equivalen a una aportación de 2,5 euros por cada ciudadano de la comunidad.

En cuanto al concepto de 'prioridad nacional', de ampliación a la hora de acceder a políticas de vivienda y ayudas sociales y públicas, cree que introduce una “lógica potencialmente excluyente” contra la universalidad de los derechos.

Nacho Baeza ha adelantado que también apoyarán a organizaciones que luchan contra el cambio climático porque consideran que está relacionado con la migración, ya que muchos de los que se van de sus países lo hacen porque el incremento de temperaturas hace que no haya alimentos suficientes.

Hace dos años, el PP tuvo que rectificar en Burgos el veto a las ONG que trabajaban con migrantes como impuso por Vox. El Ayuntamiento intentó suprimir las ayudas por valor de 119.000 euros a las tres ONG que trabajan con personas migrantes en la ciudad: ACCEM, Burgos Acoge y Atalaya Intercultural. En ese momento, varias asociaciones de la ciudad —incluida Cáritas— se movilizaron en apoyo a las ONG afectadas.

El secretario general de UGT Castilla y León, Óscar Lobo, ha recordado este jueves a la Junta que la Justicia ya obligó a revertir la supresión de las subvenciones a los sindicatos, una medida que se repite en el acuerdo para gobernar esta Comunidad alcanzado el miércoles entre PP y Vox. 

Lobo ha afirmado que la intención de reducir a la mitad las ayudas a organizaciones sindicales vulnera el Estatuto de Autonomía, en la rueda de prensa desarrollada durante el Consejo Autonómico convocado por UGT para analizar dicho acuerdo. 

“Si están dispuestos, nos volveremos a ver en los tribunales, no sé si quieren volver a perder este partido”, ha alertado Lobo. 

El representante también ha señalado la ausencia de referencias a los derechos laborales en el acuerdo y ha denunciado que se pretenda sembrar “la sospecha y la culpa” sobre personas en situación de baja laboral y desempleo. 

UGT ha analizado que, pese a que la consejería de Industria, Comercio y Empleo no recaiga en Vox en el nuevo acuerdo, no cambiará el “talante” de quien la encabece. 

Lobo ha denunciado que en la formación de Vox están “más envalentonados” y respaldados por una “ola reaccionaria global”, mientras que el PP ha tenido que “tragar más sapos” que en el acuerdo alcanzado por ambas formaciones para gobernar la Comunidad en 2022. 

El representante ha señalado la paradoja de que el PP dependa “aún más” de la “extrema derecha” y ha afirmado que la decisión se ha alcanzado fuera de Castilla y León. 

“Los seguidores de Trump y los fanáticos de la motosierra van a formar parte del gobierno de Castilla y León y eso va a afectar a los proyectos personales y de vida de la mayoría de esta comunidad autónoma”, ha denunciado Lobo. 

UGT ha señalado que hay medidas impuestas desde el exterior que perjudican a la Comunidad como los aranceles, las políticas que reducen la acción de las ONG y los sindicatos o los ataques al diálogo social. “No vamos a quedarnos quietos, vamos a dialogar pero a responder”, ha defendido Lobo.

La Junta de Castilla y León ha asegurado este jueves que está “acercando posiciones” con la patronal de empresas forestales (Asemfo) para facilitar la aplicación de la normativa laboral que afecta al operativo de prevención y extinción de incendios, en un contexto marcado por las dificultades que algunas compañías han trasladado para adaptarse a las nuevas exigencias legales.

Así lo ha afirmado el portavoz del Ejecutivo autonómico en funciones, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha precisado que los contactos abiertos con el sector no persiguen negociar una ley que ya está en vigor, sino buscar fórmulas de colaboración que permitan cumplirla.

“En el ámbito laboral estamos acercando posiciones sobre cómo colaborar”, ha explicado Carriedo al ser preguntado por la situación generada tras las advertencias de empresas del operativo forestal sobre los problemas para aplicar determinados requisitos laborales y que afectan a casi un millar de bomberos forestales.

El portavoz ha reconocido que se trata de una cuestión “muy complicada” y ha apuntado que la adaptación de la normativa plantea dificultades organizativas en una comunidad. No obstante, ha insistido en que la voluntad de la Junta es mantener abiertas las vías de diálogo con las empresas para facilitar al máximo la implantación de la ley.

Según ha explicado, el objetivo del Gobierno autonómico es que la aplicación de la regulación se lleve a cabo en Castilla y León “con la mayor facilidad posible”, manteniendo la operatividad del dispositivo de lucha contra incendios forestales.

“Sí queremos dialogar. Esta es una seña de identidad”, ha concluido el portavoz autonómico, que ha defendido la búsqueda de acuerdos con los distintos sectores implicados.

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a dos hombres, de 45 y 48 años, por un delito contra la fauna después de que sorprenderlos con 32 ejemplares de bermejuela, una especie incluida en el listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, cuya captura y tenencia está prohibida.

El servicio de protección de la naturaleza —Seprona— de la Guardia Civil interceptó a ambos hombres en el río Pedroso, a su paso por Vizcaínos (Burgos), cuando estaban en el interior de un vehículo aparcado cerca del cauce, en cuyo interior encontraron las bermejuelas junto con numerosos utensilios y artes de pesca, ha informado el instituto armado en nota de prensa.

En concreto, los agentes localizaron una nevera portátil de plástico conectada por un tubo a un aparato oxigenador de agua. En su interior había peces de tamaño pequeño, cubiertos con agua, algunos ya sin vida, que resultaron ser 32 ejemplares de bermejuela, cuya pesca está prohibida.

La investigación posterior permitió determinar que habían sido obtenidas en una charca de la provincia, lejos del lugar en el que los pescadores estaban pescando, y que iban a ser usadas para la pesca con caña en la modalidad denominada ‘con cebo vivo’, método también prohibido por la normativa autonómica.

Las diligencias instruidas junto con los dos identificados han sido puestas a disposición de los Juzgados de Salas de los Infantes.

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha cargado contra el “recorte de derechos y libertades” pactado por PP y Vox y anunciado este miércoles. Martínez ha criticado que no se haya entregado el acuerdo de la coalición a los medios de comunicación antes de la rueda de prensa, una decisión que ha atribuido a tener “intención de ocultar las verdaderas intenciones” del presidente del PP y candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y del líder de Vox, Carlos Pollán. Aquí puedes consultar el pacto íntegro.

El líder de los socialistas ha afeado que el acuerdo haya sido “elaborado desde Madrid” y recoja “idénticos planteamientos xenófobos y racistas” a los que se acordaron en Aragón y Extremadura, cuyo objetivo es “el desmantelamiento del estado del bienestar”. “[Fernández Mañueco] no se ha leído el pacto, ha pactado su sillón para los próximos cuatro años”, ha reprochado este miércoles ante los medios.

PP y Vox conformarán un gobierno con dos vicepresidencias y las siguientes consejerías: Desregulación, Familia y Ayudas Sociales; Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental; Cultura, Turismo y Deporte (Vox); Presidencia; Economía y Hacienda; Industria, Universidades, Empleo y Comercio; Medio Ambiente y Energía, Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial; Sanidad y Bienestar Social y Educación. La Vicepresidencia Primera, de Vox, asumirá una de las áreas acordadas, mientras que la Vicepresidencia Segunda (PP) tendrá algunas competencias de Vivienda y Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil.

Desaparición de áreas

Carlos Martínez ha afeado la desaparición de varias áreas dentro del organigrama: la Ordenación del Territorio —y la despoblación—, la Vivienda y la Igualdad de Oportunidades, que se han quedado desgajadas en la Vicepresidencia del PP. Las tres formaban parte del título de sus respectivas consejerías y tenían un director general específico, algo que aún se desconoce.

El secretario autonómico socialista ha criticado que “la única receta transversal” al reto de la despoblación sea “la bajada de impuestos”, algo que el PP lleva aplicando 40 años y que “no ha resuelto el problema”, que se atribuye a la falta de oportunidades y no a una cuestión demográfica o de natalidad. “Se asume la agenda de la extrema derecha sobre las políticas de Igualdad. Esto es solo lo primero que el PP ha tenido que tragarse. Volvemos a hablar de lo que quiere Vox que hablemos, de la inmigración”, ha protestado.

Un “pacto del miedo”

La secretaria general de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Alicia Gallego, ha calificado el acuerdo de coalición de “pacto gris y del miedo”, cuyos representantes autonómicos han sido “títeres de sus líderes nacionales”. “Mañueco y Pollán no dejan de ser sucursales de Madrid” y por eso suscriben un acuerdo “igual que el de Extremadura y Aragón” y que “seguramente sea muy parecido, sino igual, al que se firme en Andalucía” cuando las prioridades en esta autonomía “son claramente distintas”, ha agregado Gallego en declaraciones a EFE.

Entre esas prioridades, Gallego ha hablado de los presupuestos, que este pacto “relega a 2027”, y ha lamentado que las más de trescientas medidas que incluye “tengan como máxima una prioridad nacional que no han sabido ni explicar”. “No se habla de inversiones, ni concreciones. Es un copia y pega amparado en apoyar a líderes nacionales y en manejar sillones y repartir puestos que es donde el PP más cómodo se siente”, ha zanjado.

Por Ávila y Soria Ya

El procurador de Por Ávila en las Cortes de Castilla y León, Pedro Pascual, ha lamentado los casi tres meses de parálisis y ha exigido el desarrollo de proyectos en provincias con déficit de inversiones, como es el caso de Ávila.

Pedro Pascual ha criticado que el Pleno de investidura y la posterior formación del nuevo Ejecutivo se estén demorado tantas semanas cuando “todo apuntaba a que el acuerdo estaba prácticamente cerrado desde el principio”, y que lo que se ha hecho es apurar todos los plazos, lo que ha supuesto prolongar una situación de interinidad que lo único que está haciendo es perjudicar a los ciudadanos.

“La provincia no puede seguir esperando”, ha subrayado Pascual, antes de reclamar que “desde ya” se dé respuesta a las demandas “que llevan demasiado tiempo encima de la mesa”, ha protestado en un comunicado remitido a los medios.

UGT lamenta la “fotocopia” del pacto “sufrido hace cuatro años”

UGT Castilla y León ha sostenido que el acuerdo de gobierno entre el PP y Vox alcanzado este miércoles para gobernar esa comunidad es “una fotocopia del fracaso sufrido hace cuatro años”, con un ejecutivo con los mismos socios, y mañana el sindicato celebrará Consejo Autonómico para analizar su “tremendo impacto negativo”. En un comunicado, UGT ha incidido en que el acuerdo es “un spoiler que arruina las expectativas de una película porque ya sabemos que será un fracaso”, un “regreso al pasado, un regreso a la etapa más negra de la historia de esta comunidad”.

Asaja Castilla y León ha destacado que el acuerdo entre PP y Vox incluya la creación de una 'macroconsejería' de asuntos agrarios. En un comunicado, Asaja ha valorado que a las competencias habituales de Agricultura y Ganadería se vayan a sumar las de política ambiental, en aspectos como las autorizaciones ambientales de las distintas actividades económicas, y la gestión de la caza.

Ha insistido en que el interés agrario tiene que ver con los daños que ocasiona la fauna salvaje: daños en cultivos, ataques a animales de abasto y transmisión de enfermedades, por lo que ven como una buena noticia que estos asuntos radiquen en esta consejería.

La organización agraria ha reclamado que la Consejería tenga los recursos humanos y económicos “precisos” y ha confiado en que se acertará con el perfil de la persona que asuma el área durante los próximos cuatro años. Asaja también ha criticado que algunas de las medidas acordadas sean “meras declaraciones de intenciones” o no se refieran a las competencias autonómicas, lo que podría enfrentar a la Junta de Castilla y León con otras administraciones públicas.

El fiscal del juicio del conocido como caso ataúdes ha mantenido este lunes que entre 1995 y 2015, en el Grupo funerario El Salvador de Valladolid, siguiendo el mandato de sus responsables, se llevaron a cabo cambios de féretros antes de las incineraciones para revenderlos ocultando que ya habían sido usados.

El representante del ministerio público ha expuesto durante unas tres horas su informe final, en el que ha sostenido acusaciones que oscilan entre 20 años, las más elevadas, y dos años, las menores, para veintitrés encausados. “Existe prueba bastante, suficiente, contundente y aplastante”, ha resumido.

Entre los argumentos en los que ha asentado su exposición, el fiscal ha citado las veintiséis libretas, tres archivadores con partes de defunciones, catorce carretes sin revelar, dos sobres con fotos y tres memorias USB que tenía un trabajador de la empresa, Justo M.G., ya fallecido, en los que se reflejaban los cambios de ataúdes.

Ha calculado en 5.308 las anotaciones que realizó este empleado sobre cambios de féretros, además de elementos florales recogidos para su reventa, y ha aclarado que de esa documentación se deriva la posibilidad de que en muy pocos casos -unos cinco- se hubiera entregado a los allegados de los difuntos cenizas distintas de las de su familiar incinerado.

A escondidas

El acusador público ha subrayado que del material que guardaba el trabajador se desprende que difuntos que debían haber sido cremados en el tanatorio de El Salvador de Valladolid lo fueron en el horno del cementerio de la localidad vallisoletana de Santovenia de Pisuerga, propiedad del mismo grupo funerario, “a escondidas” de los familiares de los finados.

Las fotografías de Justo M.G. abarcan difuntos sobre cajas de restos, tapas de féretros y cajas en desuso.

En este sentido ha citado la declaración en el juicio de dos policías que manifestaron que hubo cerca de 150 familias que reconocieron a sus familiares fotografiados sobre elementos que no eran los ataúdes que habían comprado.

Coordinación para manipular cadáveres

Ha basado además su informe en la comparecencia del inspector jefe del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, quien explicó que la manipulación de los cadáveres que aparecen en las imágenes no podía realizarla solo una persona. A juicio del fiscal, se requería la coordinación de varios empleados.

Ha desechado que los trabajadores no conocieran estas prácticas cuando manifestaron que se enteraron por la prensa o en el registro que llevó a cabo en la funeraria la Policía en enero de 2019, ya que al menos tenían que saberlo desde dos años antes, cuando un representante de la empresa denunció en Comisaría a Justo M.G. porque le extorsionó diciendo que iba a hacer pública su documentación si no le daba dinero. “La noticia -de la extorsión- corrió por toda la empresa”, ha remarcado.

Ha mencionado también que el 99 % de los testigos que han comparecido en la vista oral no vio la entrada de su familiar en el horno crematorio -en algunos casos se simulaba que había comenzado la incineración-. Una de las dos acusaciones particulares personadas ha reivindicado el protagonismo de las víctimas de los hechos enjuiciados y ha reprochado a los encausados que no hayan acudido a todas las sesiones del juicio -el tribunal autorizó la posibilidad de que se ausentaran- lo que denota que no les importa lo más mínimo los afectados que han declarado.

La letrada ha descrito la forma de actuar en el grupo funerario como una operativa empresarial organizada, prolongada en el tiempo, con reparto de funciones y con el objeto de obtener un beneficio económico para la familia propietaria de la empresa.

Falta del respeto debido a los difuntos

Al detenerse a evaluar el delito contra el respeto a los difuntos, ha considerado que se trata de falta del respeto debido y profanar un cadáver o sus cenizas. No supone una infracción sanitaria ni una falta de cuidado, consiste en despojar el cadáver del féretro contratado, manipularlo de forma clandestina y ocultar las condiciones de la incineración, en el mejor de los casos en una caja de restos, en un claro engaño a las familias, ha recalcado.

Ha opinado además que el móvil en una empresa que ya ganaba dinero pudo ser la codicia desmedida que no respeta ni lo mas sagrado, que es la memoria de los difuntos. La otra acusación particular, que representa a 55 afectados, también se ha referido al delito de no guardar el respeto debido a los difuntos, que ha considerado lo más grave de lo enjuiciado desde el punto de vista moral.

Ha reivindicado el derecho de las familias a despedir a su ser querido con dignidad y ha asegurado que los hechos no son aislados o episódicos, son una práctica reiterada, conocida, tolerada y económicamente beneficiosa para quienes participaron en ella. Se ha referido a las fotografías que guardaba Justo M.G. como imágenes que desvelan cadáveres manipulados, colocados en cajas distintas, e incineraciones en el cementerio de Santovenia en lugar de en el tanatorio, lugar en el que las familias creían que se hacían.

“Justo no solo conocía los hechos, los documentaba y dejaba constancia gráfica” de la mecánica, ha expresado la abogada. Las acusaciones contra los procesados se centran en los delitos de constitución de organización criminal, pertenencia a organización criminal, apropiación indebida, estafa, contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.

El fiscal ha modificado algún aspecto de su calificación como en el caso de dos procesadas al retirar cargos por delitos continuados de apropiación indebida y contra el respeto a los difuntos. Las defensas han mantenido la solicitud de absolución y una de ellas ha pedido incluir la circunstancia de dilaciones indebidas muy cualificada. La vista oral continuará mañana con los informes de los abogados de los acusados.

Los delitos de odio han crecido un 46,2 % en Castilla y León en 2025, con 136 infracciones penales, la cifra más alta de la serie histórica -que arrancó en 2021-, y Segovia presenta la tasa provincial más alta del conjunto del país, con 22,09 delitos por cada 100.000 habitantes.

Son datos del informe sobre la evolución de los delitos e incidentes de odio en España del Ministerio del Interior, que se ha presentado en la sede del Centro Tecnológico de Seguridad (CETSE), en Madrid, que muestra un incremento del 23,6 % en España hasta las 2.414 infracciones, también con récord histórico.

En Castilla y León se registraron el pasado año 136 hechos delictivos frente a los 93 del 2024, con una subida del 46,2 %, y unos datos que superan los de 2023, que con 115 infracciones penales era hasta el momento la cifra más alta de la serie histórica.

Destacan los delitos por xenofobia o racismo, con 48 infracciones (37 del año anterior), y por orientación sexual e identidad de género, con 20 (fueron 17 en 2024); se han registrado también 7 por creencias o prácticas religiosas (uno el año anterior), 2 por antisemitismo (la mitad) y uno por islamofobia (el doble).

Los delitos de antigitanismo han pasado de 4 a uno, pero han subido de 2 a 5 los de por aporofobia; han sido 6 los delitos de discriminación por razón de género o sexo (9 en 2024), 3 por disfobia (uno más) y 9 por cuestión de ideología (frente a los 15 del año anterior).

El informe del Ministerio del Interior recoge igualmente que en 2025 se esclarecieron 70 delitos de odio, cifra similar a la de 2024, cuando fueron 76; de ellos, un delito corresponde a antigitanismo, 2 a aporofobia, 5 por creencias o prácticas religiosas, 4 por discriminación de género o sexo, 1 por disfobia, 4 por ideología, 12 por orientación sexual o identidad de género y 41 por xenofobia o racismo.

Además, se registraron 116 victimizaciones, frente a las 92 del año anterior. Y se detuvieron o investigaron a 37 personas por delitos de odio, cuando en 2024 fueron 55.

Segovia, la tasa provincial más alta del país

Los datos del informe muestran que Castilla y León cerró el 2025 con una tasa de 5,67 delitos de odio por cada 100.000 habitantes, a la mitad de una tabla que encabezan Melilla, con 21,9, por delante de Navarra, con 15,6, y de la otra ciudad autónoma, Ceuta, con 10,8.

Sin embargo, analizando los datos por provincias, Segovia presenta la tasa provincial más alta, de 22,09 delitos por cada 100.000 habitantes, tras pasar de 6 infracciones penales en 2024 a 35, la cifra más alta de todas las provincias de Castilla y León.

Entre las diez provincias con las mayores tasas se encuentra también Zamora, que con 9,68 delitos por cada 100.000 habitantes ocupa el puesto número seis, tras registrar 16 delitos frente a los 12 del año anterior.

En Ávila se contabilizaron 10 delitos de odio, el doble que en 2024, mientras que los 19 de Burgos están por debajo de los 30 del año anterior; fueron 14 en León (12), 7 en Palencia (8), 12 en Salamanca (2), 2 en Soria (1) y 21 en Valladolid (17).

En España suben prácticamente todos los delitos

En el conjunto del país, aunque han subido todos los delitos de odio excepto la discriminación generacional, los incidentes de racismo y xenofobia se sitúan a la cabeza de la lista, con 934 hechos, lo que supone un aumento del 16,1 % con respecto al año anterior.

En segundo lugar se sitúan los delitos por orientación sexual e identidad de género, con 571 contabilizados, mientras que en tercer lugar aparecen los delitos por ideología, con 241 y que representan un incremento del 64 % respecto al año anterior.

El mayor incremento en la tipología de delitos se produce en la islamofobia, con un aumento del 133 % con respecto al año anterior, y después le siguen la disfobia -odio a personas con discapacidad-, con un 90 %, y el antisemitismo, con un 86,5 %.

El informe apunta a un incremento de los hechos de islamofobia en el ámbito digital, con un aumento del 450 %, y también aumenta la participación de los menores en los delitos, tanto a nivel de víctimas como de autores.

Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado detuvieron o investigaron por delitos de odio a un total de 1.018 personas, un 78,5 % hombres, y que representa un aumento del 12,5 % con respecto a 2025 en cifras totales.

Además, el 65,6 % de los casos han sido esclarecidos, según los datos de Interior.

Marlaska ve preocupante el número de menores implicados

En su intervención al inicio de la reunión, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha subrayado que es “especialmente preocupante” el aumento de la participación de los menores tanto en calidad de víctimas -un 17 % más- como de autores de los delitos, con un incremento del 20 %.

 Además, ha reclamado dar más visibilidad a los delitos de odio en la sociedad. “Sólo a través de la sensibilización social lograremos mejorar su detección”, ha apuntado el ministro.

“No debemos olvidar que este tipo de hechos constituyen un ataque directo a los principios de libertad, respeto a la dignidad humana y a los derechos fundamentales”, ha dicho Marlaska, que ha dejado claro que no permitirán que “el odio y la discriminación erosionen la convivencia”. 

Dos camioneros han muerto tras colisionar en torno a las 8.50 horas de esta mañana frontalmente sus vehículos pesados en la N-122, en la localidad vallisoletana de Quintanilla de Arriba, y arder uno de ellos.

El servicio autonómico de emergencias 1-1-2 ha detallado que sobre las 08:50 horas les han alertado de esa colisión frontal entre dos camiones en el kilómetro 314 de la N-122.

Los dos conductores resultaron heridos y quedaron atrapados en el interior de las cabinas. El alertante indicó que uno de los camiones estaba ardiendo.

El 1-1-2 ha avisado a los bomberos de la Diputación de Valladolid, que movilizaron dotaciones de Peñafiel y de Arroyo, y a Tráfico de Valladolid.

También se alertó a la Sanidad autonómica, Sacyl, que movilizó entre otros recursos un helicóptero medicalizado hasta el lugar donde finalmente han fallecido los dos camioneros.

El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha anunciado que la Comunidad no acudirá a la reunión bilateral con el Gobierno central sobre financiación autonómica. “Lo que es de todos se negocia entre todos. Castilla y León no irá a una reunión bilateral con el Gobierno de Sánchez sobre financiación autonómica”, ha apuntado el líder del Ejecutivo autonómico.

Mañueco ha indicado que su gobierno no va a aceptar una propuesta que asigna a nuestra Comunidad “el 1,29% de los fondos”, cuando Castilla y León representa “casi el 20% del territorio y el 5% de la población de España”. “Exigimos una financiación justa que garantice los servicios públicos en todo el territorio”, ha apuntado en un mensaje publicado en X. Mañueco planta así al Ejecutivo de Sánchez en el intento de reformar la financiación autonómica, al igual que las comunidades gobernadas por el PP

Este lunes, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha enviado una carta a los consejeros de Hacienda de las comunidades para convocarles a reuniones bilaterales con el objetivo de abordar la reforma del sistema de financiación autonómica, con el objetivo de que el nuevo modelo entre en vigor el 1 de enero de 2027.

Estas reuniones con cada uno de los Gobiernos regionales son el paso previo a que la reforma del sistema de financiación autonómica se presente ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano multilateral que reúne a Hacienda con los consejeros autonómicos del ramo, y después se apruebe en el Consejo de Ministros para arrancar la tramitación parlamentaria.

Las conversaciones técnicas para abordar la reforma del sistema quedaron paralizadas ante el relevo en el Ministerio de Hacienda y la sucesión de convocatorias electorales desde principios de año. Ahora, toda vez que las elecciones en Andalucía han quedado atrás y no se esperan nuevas citas en el horizonte, el Gobierno ha retomado uno de los asuntos más espinosos que les quedaba en cartera.

20.975 millones de euros más de financiación

El Gobierno, según ha remitido en una nota de prensa, se ha puesto el objetivo de que el nuevo sistema de reparto, que aportaría 20.975 millones de euros extra a los recursos de las autonomías, quede aprobado en el Congreso antes de final de año y entre en vigor a 1 de enero de 2027. La inyección dispara el total de la financiación de la que dispondrán las comunidades autónomas hasta los 224.057 millones.

Estas cuantías salen de una mayor cesión de los principales impuestos: el IRPF (del 50 al 55% de la recaudación) y el IVA (del 50 al 56,5%), así como de una aportación adicional del Estado que Hacienda ha cifrado en 19.000 millones de cara al año que viene.

Para el reparto de los recursos, el Gobierno ha diseñado una metodología que calcula la población ajustada. Es decir, la población residente en un territorio, ponderada por una serie de variables (como el envejecimiento o los universitarios procedentes de otras comunidades, por ejemplo) que deberían acercar esta cifra a las verdaderas necesidades de una región para cubrir sus servicios públicos.

Hacienda ha proyectado también un fondo climático de 1.000 millones de euros, del que dos terceras partes irá destinado a las comunidades mediterráneas; y otro ajuste adicional por valor de 400 millones para que ninguna autonomía obtenga menos recursos de los que recibiría con el sistema en vigor actualmente. Además, abre la puerta a que los territorios que lo pidan reciban una parte de la recaudación del IVA de las pymes que se genera en su territorio. 

Con este sistema, según los cálculos del Ejecutivo, la diferencia entre las comunidades mejor y peor financiadas se reduciría de los 1.500 euros por habitante ajustado en la actualidad hasta el entorno de los 700 euros, menos de la mitad.

El PSOE critica a Mañueco por la falta de respeto institucional

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, ha afeado a la Junta de Castilla y León falta de responsabilidad y respeto institucional. El líder socialista ha mostrado su “sorpresa por la negativa del Ejecutivo autonómico, que como ”interlocutor formal“ no tiene ”la deferencia ni la responsabilidad institucional“ de acudir a la reunión para plantear una propuesta, una alternativa al modelo de financiación del Gobierno central.

“No lo quiero, no me gusta y no voy”, ha insistido el socialista, y ha reconocido que “lo cómodo” para la Junta de Castilla y León y el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, es no acudir al encuentro, porque “están de vacaciones” a la espera del “pacto de la vergüenza con Vox.

Daniel de la Rosa ha recordado que el PSOE ya reconoció en su momento que la propuesta del Gobierno les parecía “insuficiente”, en cuanto a la planteada para Castilla y León en comparación con otras comunidades, de ahí que pidieran una modificación más acorde a las necesidades de la autonomía.

Por ese motivo, el socialista cree que la Junta ganaría credibilidad si se sentara a hablar con el Ministerio de Hacienda con una propuesta alternativa que mejore las condiciones de financiación autonómica y ha insistido en criticar la respuesta del “no voy” del presidente Mañueco.

La Iglesia de San Pedro de Becerril de Campos (Palencia) ha sido desde hace siglos un 'mix' de estilos artísticos: la portada es románica, la bóveda era nervada y los arcos eran del barroco. Tuvo un retablo del plateresco que ahora acoge un templo malagueño y un órgano del siglo XVIII. Añádele ahora un cielo nocturno 'falso' y un trampantojo de enormes planetas flotando en el infinito y tienes San pedro Cultural, el mayor atractivo turístico de la comarca.

La parroquia cerró en la década de 1940 y empezó a tener usos paganos: colegio, alojamiento para caminantes, granero... La estructura se debilitó por el peso del grano y en la década de los 70 tuvieron que derribar la torre campanario por miedo a que cayera sobre las viviendas cercanas. Se hundió la cubierta y sufrió un abandono total, desamparado ante la vandalización y las lluvias.

En 2011, el equipo municipal de Becerril de Campos decidió buscarle una solución y en 2013 consiguió que la restauración de San Pedro fuera incluida en el presupuesto del Ministerio del 1% cultural después de que el Obispado cediera el templo al Ayuntamiento. La condición de la Iglesia, que fuera utilizada a proyectos educativos. Y vaya si lo ha hecho. Arropado por un stellarium estival, San Pedro ahora acoge numerosos objetos científicos y sirve de sala de exposiciones y eventos culturales.

Becerril de Campos ya tenía un Museo de Arte Sacro, así que San Pedro debía tener otro enfoque. “En una visita a Roma quedé impactado con la línea meridiana de la Basílica de los Ángeles”, explica Carlos del Olmo.

El proyecto acabó en manos de tres arquitectos palentinos: Álvaro Gutiérrez, Carlos del Olmo y Juan del Olmo. “Era una ruina total, pero tenía ese encanto de 'ruina encontrada'. Sujetamos todo lo que era sujetable: los arcos, los trozos de bóveda, la fachada oeste, la cubierta y recompusimos la planta del coro”, explica uno de los arquitectos del proyecto, Carlos del Olmo. “Fue un proyecto muy arriesgado, nadie pensó que fuera a tener esta repercusión”, recuerda el alcalde de Becerril, Fran Pérez, también fue el gestor de San Pedro Cultural cuando empezó el proyecto.

Hoy, la iglesia de San Pedro es San Pedro Cultural. Bajo un stellarium que te transporta a una noche de verano, se habla de ciencia, se celebran exposiciones, conciertos, jornadas de cine, desfiles, presentaciones e incluso bodas civiles. El Ayuntamiento calcula que reciben hasta 25.000 visitas al año solo en este espacio cultural que acoge una línea meridiana, tres estenopes que permiten la entrada de la luz solar natural, un meteorito, un simulador de agujeros negros y un péndulo de Foucault.

El exalcalde de Becerril Mario Granda reconoce el ingente trabajo que se ha realizado en todo el proceso. “San Pedro Cultural es el trabajo de muchísimas personas que han aportado ideas, recursos y trabajo. Aquí han echado algunos horas para regular el péndulo... días y noches. Y eso no se paga”, ensalza, en referencia a los miembros de la Agrupación Astronómica Palentina, que se implicó en el proyecto desde el principio.

Difusión de la ciencia y astronomía

Carlos del Olmo era aficionado a la astronomía ya de antes, aunque ahora está en la directiva de la agrupación. El arquitecto recuerda que presentaron el proyecto al concurso de Europa Nostra de Patrimonio, pero no fue premiado. A pesar de ello, las visitas hablan por sí solas y bastan las ovaciones de todos los que visitan Becerril de Campos. “Nos consolamos diciendo que tenemos el premio del público”, bromea.

“La labor fundamental es difundir la ciencia y la astronomía para que la gente tenga más cultura científica y despertar vocaciones científicas entre los niños”, explica uno de los miembros de la Agrupación Astronómica Palentina, Óscar Díez Higuera, amante del coleccionismo que además ha donado diversos objetos científicos.

Hay astrolabios, espectrógrafos, libros de astronomía y navegación, una de las placas solares del Solar Orbiter, una caja de vuelo original prestada por la Agencia Espacial Europea (ESA) y, entre otros, un meteorito que cayó en 2004 cerca de Villalbeto de La Peña, en Palencia, donado por uno de los miembros de la Agrupación Astronómica. Becerril también acoge en sus calles un sistema solar a escala, reducido diez mil millones de veces.

La astronomía se une a la historia y al arte en San Pedro Cultural. Durante la restauración del edificio, se retiró el yeso y cal de un nicho —que se usaba para higienizar las paredes de las iglesias— y aparecieron pinturas medievales en el ábside y una policromía de estrellas rojas en un nicho, que se llena de luz solar una vez al año: en el solsticio de invierno.

Además del coste que tuvo rehabilitar la iglesia y que pagó principalmente el Ministerio, la Diputación de Palencia lleva aportando al proyecto 30.000 euros anuales desde 2016, unos fondos cuyo valor se reconocen. “Hemos conseguido cambiar un poco la dinámica cultural y económica”, apunta Mario Granda. Tanto él como su sucesor en el cargo coinciden en el apoyo económico que ha supuesto: un hotel y tres casas rurales, además del impacto que tiene en los bares del pueblo.

Alba Jiménez lleva nueve meses trabajando junto a Alba Santamaría en San Pedro Cultural. Las dos realizan las visitas guiadas con explicaciones de la historia de la iglesia, el entorno del espacio y el interior. También sirve de punto de información turística y las dos organizan exposiciones, conciertos y otros actos culturales. Hasta noviembre, San Pedro Cultural acoge la exposición “Dos Miradas” con dibujos de galaxias de Ana de Alvear, que esperan que atraiga también a gente de Estados Unidos.

San Pedro Cultural va de ciencia, pero no solo. El centro cultural va del espacio, de sueños, de música y también, por qué no, de filosofía: de lo ridículamente pequeños que somos como planeta, por mucho que a veces nos creamos el centro del universo.

En Paredes de Nava, un pueblo palentino de 1.800 habitantes, un centenar de agricultores se han plantado ante el Ayuntamiento y han reclamado para todo el pueblo el aprovechamiento agrícola y ganadero de las 900 hectáreas de tierras comunales. El consistorio quería acotar casi la mitad de las hectáreas para darle un uso industrial: concretamente, de energías renovables, sobre todo de paneles solares y/o aerogeneradores. Pero no podrá ser, al menos, de momento.

El Ayuntamiento de Paredes desestimó las alegaciones de la Junta Agropecuaria Local el 27 de enero de 2021, que rechazaba el acotamiento aprobado en diciembre de 2020. La Orden de la Consejería de la Presidencia fue emitida el 11 de febrero de 2021. Pese al proceso judicial que estaba en marcha, el Ayuntamiento se negó a paralizar la subasta de estas tierras, que fueron adjudicadas a Ibereólica Renovables S.L., la única empresa que se presentó. Las tierras comunales fueron adjudicadas por 21,2 millones de euros según la adjudicación publicada en el portal de Contratación del Sector Público. El alcalde matiza que esos 21 millones de euros se ingresarían en los próximos 40 años. El valor inicial estimado de la subasta era de 14 millones de euros.

El alcalde de Paredes de Nava y vicepresidente de la Diputación de Palencia, Luis Calderón (PP), asegura desconocer si ahora Ibereólica Renovables reclamará una indemnización si la sentencia finalmente es firme. El regidor sí explica a este diario que la empresa todavía no ha registrado el proyecto ni la evaluación de impacto ambiental en el Ayuntamiento.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado la orden de la Consejería de la Presidencia (11 de febrero de 2021) de la Junta de Castilla y León que autorizaba acotar los bienes comunales de Paredes de Nava y el acuerdo del pleno municipal (27 de enero de 2021), en el que se apoyó la modificación de una ordenanza para convertir 460 hectáreas en suelo industrial con el apoyo del Partido Popular y la abstención del PSOE. La sentencia no es firme.

“Se les está patrimonializando”

“Con su acotamiento para un uso industrial para su posterior adjudicación por precio realmente se les está patrimonializando”, asegura el magistrado del TSJ en la sentencia, a la que ha tenido acceso este diario. Sin embargo, la Ley fija un mínimo de diez años sin uso de las tierras comunales para poder patrimonializarlas.

“Es casi una forma de expulsar a los vecinos”, reprocha el abogado de los agricultores, Pablo Serna. El alcalde contextualiza la situación y asegura que todo el territorio municipal tiene 13.000 hectáreas agrícolas más. Sin embargo, la Junta Agropecuaria Local subraya el papel que tienen estas tierras comunales y que han sido utilizadas por el pueblo “desde tiempos inmemoriales” y que sirven a los agricultores jóvenes, con menos poder adquisitivo o con más cargas familiares.

“Las tierras siempre han tenido un fin social, no especulativo”, defiende la asociación agropecuaria. Juan Carlos (nombre ficticio de uno de los agricultores) recuerda cómo las generaciones pasadas pelearon por el Monte Páramo cuando otra empresa “vino con dinero” y quiso dar uso agrícola privado. “Se movilizaron los vecinos entonces y gracias a nuestros antepasados tenemos las tierras comunales”, explica.

“Nos pertenece a todos”

César también es de Paredes de Nava y defiende su derecho a acceder a las tierras “igual que los otros vecinos”. “Nuestros antepasados lucharon por ello. Es un bien comunal y nos pertenece a todos”, explica a este diario, aunque aclara que actualmente no trabaja ninguno de los lotes del terreno. “Puede cogerlo cualquier vecino. Pagas las cuotas y le puedes dar un uso agrícola, ganadero [pastos] o de caza”, explica. De hecho, el TSJ también aborda la cuestión cinegética, porque considera que se impediría la caza en los terrenos acotados y eso vulneraría el orden de aprovechamientos legalmente establecido.

En el Monte Páramo se cultiva trigo, veza, avena y se cultiva girasol. Un poco de cebada, aunque es un cultivo menor, según explica César, que explica que algunas parcelas del monte son “curiosas” —mejores— y otras son de peor calidad puesto que la tierra se roturó hace muchísimos años, pero sigue siendo un monte comunal y defiende que siga así, independientemente de su nivel de producción, que —afirma— debería ser recatalogado para ajustarse mejor a la realidad de las tierras.

Por su parte, el Ayuntamiento defiende que la inyección de dinero que recibiría de esta empresa servirá para “mejorar e implementar sus servicios y/o reduciendo sus cargas fiscales”, algo que considera que sería “en beneficio de todos los vecinos”.

La sala del TSJ considera que en realidad la controversia cuestiona “el modelo de vida” de los pueblos que han vivido de la agricultura y utilizado estos bienes comunales frente a quienes ven la posibilidad de “obtener mayores ingresos económicos a través de su adjudicación por precio para la instalación de proyectos energéticos”. Alerta también de que esta situación “afecta a su subsistencia [de los pueblos] y permanencia en el territorio”. “Las tierras comunales no son para especular, son del pueblo”, defiende la Junta Agropecuaria Local, que denuncia “opacidad” en el Ayuntamiento.

El consistorio adjudica lotes (de unas seis hectáreas) cada cinco años. En esta ocasión, la licencia terminaba en octubre de 2021 y al renovarse se contempló la posibilidad de expulsar estos agricultores una vez empezaran las obras del parque de energía renovable. En esas 900 hectáreas de tierras comunales hay unos 70 agricultores que trabajan, según explica la Junta Agropecuaria Local.

Los terrenos comunales son para uso y aprovechamiento por los vecinos del pueblo y, por lo tanto, no por una empresa ajena al municipio, aunque el Ayuntamiento pudiera obtener un mejor precio por el uso de esas tierras. El poder legislativo es el que debe “definir el modelo territorial y buscar la armonización” entre agricultura, ganadería y proyectos de energías renovables, sin que los derechos de los primeros “resulten atropellados por el mayor rendimiento económico de estos”. El Ayuntamiento es quien debe gestionar los bienes comunales, pero corresponde a los vecinos aprovechar estas tierras comunales.

Cabe recurso de casación en un plazo de 30 días. Tanto el Ayuntamiento como la Junta de Castilla y León están estudiando la posibilidad de recurrir la sentencia. El Tribunal impone las costas de los demandados y el abogado de la Junta Agropecuaria Local confía en que la sentencia termine siendo firme y pueda crear jurisprudencia en casos similares.

Las asociaciones agrarias cargan contra los municipios

Serna asegura que esta sentencia podría servir de “apoyo y ayuda” a otros vecinos que vivan situaciones similares y quieran impugnarlo. La Junta Agropecuaria destaca que la “suerte” que ha tenido la asociación es que tenían fondos y han podido acudir al TSJ, una oportunidad que no todos tienen, afirman. Esto podría allanar el terreno para otros vecinos.

De hecho, las asociaciones agrarias de Castilla y León no han tardado en reaccionar. Upa-Coag reprocha que “muchos” ayuntamientos de Castilla y León, “al rebufo de las altas tasas que pueden pagar las empresas inversoras en energías renovables”, coloquen “una alfombra roja” a estas compañías.

Asaja ha pedido prudencia a los ayuntamientos antes de “dejarse embaucar” en macroparques solares ante un sector primario que se siente “acorralado”. “Nos está echando a los pies de los caballos, entre la voracidad de las empresas fotovoltaicas y la expectativa de recibir ingresos fáciles por parte de los ayuntamientos, aunque sea a costa de eliminar a los agricultores de la zona”, denuncia la organización profesional agraria.