La Junta de Castilla y León dará mañana la orden para abonar 575 millones de euros correspondientes al anticipo de las ayudas directas de la PAC de 2026 a 48.600 agricultores y ganaderos, más del 90 % de los potenciales perceptores, según ha anunciado este martes en las Cortes el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino (Vox).

Pino ha avanzado este pago durante una interpelación en el pleno de las Cortes presentada por el Grupo Socialista, en la que ha hecho balance de sus primeros cien días al frente de la Consejería y ha anunciado también para los próximos cien días reformas de las leyes Agraria, de Caza y de Sanidad Animal de Castilla y León.

El consejero ha asegurado que la orden de pago del anticipo de la PAC ya está dada y que Castilla y León será la primera comunidad en abonarlo, además de hacerlo “antes que nunca”.

“No es una cuestión de calendario administrativo”, ha defendido Pino, quien ha argumentado que el dinero llega en un momento en el que los profesionales necesitan afrontar la compra de semillas, fertilizantes y gasóleo para la siembra, además de suplementar la alimentación del ganado ante el agotamiento de los pastos.

Entre las próximas actuaciones legislativas, Pino ha anunciado que la Junta iniciará “inmediatamente” la modificación de la Ley de Sanidad Animal, con el objetivo de mantener las garantías sanitarias pero reducir cargas, reforzar el papel de los veterinarios habilitados y dar mayor capacidad de decisión al ganadero dentro del marco legal.

También ha avanzado que durante los próximos cien días se abordará la reforma de la Ley de Caza para eliminar procedimientos que ha calificado de “anacrónicos”, mejorar la seguridad jurídica y facilitar herramientas a los cazadores, además de acometer una reforma de la Ley Agraria.

El consejero ha anunciado además la movilización de 30 millones de euros para aliviar el coste de los carburantes en el sector agrario, de los que diez millones procederán de la asignación estatal vinculada a la reserva agrícola de crisis y otros veinte serán aportados por la Consejería mediante una reordenación de su presupuesto.

Por su parte, el procurador socialista Miguel Ángel Blanco ha acusado al consejero de tener un “serio problema”, que es el de “querer pedir y dar” y también “exigir y gobernar”, por sus peticiones de más dotación presupuestaria a su propio Ejecutivo ante la crisis del sector del cereal.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este viernes que el Gobierno trabaja para aprobar “próximamente” nuevas medidas que compensen a agricultores y ganaderos por el encarecimiento del gasóleo, después de que Asaja, COAG y UPA hayan anunciado este viernes movilizaciones en todo el país.

Planas ha afirmado, en declaraciones a los medios tras un acto, que el Ejecutivo es “perfectamente consciente” de la gravedad que supone para las explotaciones el incremento del precio de los combustibles y los fertilizantes y ha asegurado que trabaja junto a los ministerios de Economía y Hacienda para responder a las demandas del sector.

El ministro ha explicado que la Comisión Europea ha autorizado a España hasta el 31 de diciembre a compensar mediante ayudas de Estado hasta el 70 % del incremento registrado en el gasóleo agrícola y pesquero.

“Estamos trabajando para aprobar próximamente de nuevo medidas que supongan una compensación hasta el máximo que nos permite la Comisión Europea”, ha avanzado Planas, aunque sin concretar todavía su cuantía ni cuándo se pondrán en marcha.

Sus declaraciones se producen después de que las opas hayan anunciado protestas por toda España ante lo que consideran un incremento “inasumible” del combustible, con un gasóleo agrícola que, según las organizaciones, se ha encarecido un 48 % en un año, hasta 1,649 euros por litro.

Las organizaciones agrarias reclaman una respuesta antes de que el próximo 30 de septiembre expire la actual ayuda a la compra de gasóleo agrícola y han advertido de que las explotaciones se encuentran en una “situación límite” en plena campaña de siembras, vendimia y maíz.

Planas ha defendido las medidas adoptadas hasta ahora por el Ejecutivo y ha cifrado en 1.100 millones de euros el conjunto de ayudas destinadas al incremento de costes del gasóleo agrícola y pesquero y de los fertilizantes, de los que 665 millones corresponden a estos últimos.

El ministro ha expresado, no obstante, su respeto por la decisión de las organizaciones agrarias de movilizarse: “Respeto siempre, por supuesto, lo que las organizaciones agrarias puedan decidir y hacer a este respecto; que sepan que el Gobierno está trabajando”. 

El presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, considera “ridícula” la cantidad de 30 millones de ayuda total al sector planteada por la Consejería de Agricultura y pide sean otros 150 millones de euros, como la partida del Gobierno central, para tener liquidez de cara a la próxima sementera 2026-2027.

“Treinta millones es ridículo para los costes; hemos perdido 300 millones de euros y los 150 que ha dado el Gobierno nos parecen insuficientes, (...) por lo que exigimos a la Junta que lo equipare al Gobierno para las necesidades del campo cerealista de Castilla y León”, ha dicho Dujo a preguntas de periodistas en el Consejo Agrario celebrado en la Feria de Ganado de Salamanca.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino (Vox) -ex presidente de Asaja Ávila desde 2008-, había explicado en declaraciones previas que la Consejería movilizará recursos de su propio presupuesto para adherirse a la reserva de crisis planteada por el Ministerio, de la que corresponden a Castilla y León 10 millones de euros.

A esa cantidad añadirá otros 20 millones de fondos propios, el máximo que, según ha explicado, permite complementar la normativa europea, hasta alcanzar un total de 30 millones destinados al sector agrícola y ganadero. “Con ese dinero podemos auxiliar a algún pequeño sector, el apícola o alguna cuestión, pero para la necesidad que el campo cerealista de Castilla y León tiene es un presupuesto ridículo, insuficiente”, ha valorado Dujo.

“Nos sentiremos defraudados”

Y ha agregado: “Si no llega ese dinero (los 150 millones) por parte de la Junta, nos sentiremos defraudados por el Gobierno de Castilla y León, entenderemos que no está de nuestro lado, que no nos está auxiliando en una situación crítica y los agricultores y los ganaderos valorarán y tendrán que valorar la decisión que toma cada industria”.

El dirigente de Asaja ha defendido que lo que piden no es ya una ayuda para ganar dinero sino para por lo menos tener liquidez para el próximo año agrícola, y de manera inmediata porque los trabajadores del campo deben sembrar ya.

En lo que sí han estado de acuerdo Dujo y Pino es en que el anuncio de la Junta de que incrementará el presupuesto de la Consejería tiene que ser independiente de esta ayuda específica.

El PSOE suscribe esta petición

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha pedido este viernes que la Junta “empate” con el Gobierno central dando otros 150 millones al campo, como piden las organizaciones agrarias para poder tener liquidez de cara a esta próxima sementera.

Los socialistas llevarán a las Cortes en el próximo pleno una iniciativa para pedir al Parlamento un apoyo expreso al sector a través de ayudas directas dadas “las graves pérdidas” que sufre el sector y ante la “soberbia” del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, al no reunirse con ellas en su visita a la Feria de Ganado de Salamanca, ha indicado Martínez en declaraciones a la prensa.

El líder autonómico del PSOE, que se ha reunido con los representantes agrarios este viernes en su visita a la Feria Salamaq, ha esgrimido que Mañueco no hizo lo mismo con ellos este jueves en la inauguración del evento como “represalia” por la concentración que organizaron a finales de agosto ante la sede de Presidencia de la Junta en Valladolid.

UPL reclama una línea específica

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha reclamado este viernes a la Junta de Castilla y León una línea específica de ayudas y con fecha de ejecución, ante la grave situación que sufre el sector cerealista, que pone en riesgo la sementera para la próxima campaña.

UPL plantea a la Junta que tome medidas y fije ayudas concretas para el sector cerealista, con plazos para su implementación, de manera que se compensen las pérdidas de la mala cosecha de 2026 y también ayuden a afrontar la sementera de la próxima campaña en el sector del cereal.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de Castilla y León ha acordado prorrogar hasta el 30 de octubre las medidas cautelares preventivas para minimizar el riesgo de difusión de la dermatosis nodular contagiosa en la Comunidad.

La resolución de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera, publicada este viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), recoge la prórroga de las medidas acordadas en una previa del pasado enero, que se ha ido prorrogando reiteradamente los últimos meses.

La dermatosis nodular contagiosa (DNC) de los bóvidos es una enfermedad vírica de declaración obligatoria, incluida en la lista A de enfermedades de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), ha recordado la Junta de Castilla y León.

Su aparición en el territorio autonómico causaría graves consecuencias sanitarias y económicas tanto para la cabaña ganadera como para los movimientos comerciales desde las zonas que pudieran verse afectadas.

Por ese motivo, y aunque en el momento actual la evolución epidemiológica de la enfermedad en España es favorable, la Junta considera oportuno prorrogar la vigencia de las medidas cautelares actualmente en vigor, con el fin de mantener un nivel adecuado de vigilancia frente a esta enfermedad.

De este modo, hasta el 30 de octubre se mantiene la obligatoriedad de realizar, en la celebración de ferias, concursos, certámenes, subastas, romerías, mercados (incluidos los nacionales) y cualquier evento de animales de la especie bovina las tareas de limpieza y desinfección reglamentarias, así como la desinsectación de animales, vehículos e instalaciones.

También continúan el resto de las medidas vigentes para todas las explotaciones, entre ellas, la obligación de desinfectar los vehículos de transporte de animales de las diferentes especies con carácter previo a la salida de la explotación ganadera con destino a vida.

Igualmente, en los casos de explotaciones de Castilla y León que reciban animales procedentes de zonas consideradas de riesgo (áreas donde ya se ha vacunado y se puede autorizar la salida de animales) serán sometidas a vigilancia veterinaria oficial y la desinsectación de todos los bovinos presentes en la explotación.

Desde la Consejería se ha insistido en la importancia de que titulares de explotaciones, operadores y transportistas refuercen las medidas de bioseguridad, mantengan un control riguroso de los registros de entradas y salidas y extremen la vigilancia sobre el estado sanitario de los animales.

Y se ha recordado la obligación de comunicar de inmediato cualquier sospecha a los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO).

Las organizaciones agrarias de Castilla y León han hecho un llamamiento a los 60.000 agricultores de cereal de la comunidad para que acudan a la concentración convocada ante la sede del gobierno autonómico el próximo día 27 de agosto, en la que reclamarán ayudas directas para el sector, ante una caída de la producción del 40 %, con subida de los costes.

En rueda de prensa, los representantes de las diferentes organizaciones agrarias -UPA, COAG, ASAJA y UCCL-, han explicado los detalles de esta manifestación ante la Junta de Castilla y León, en la que esperan concitar a miles de agricultores de cereal, ante una nueva mala cosecha, con más gastos que beneficios.

Según ha apuntado el presidente de ASAJA CyL, Donaciano Dujo, “este año la cosecha de cereales ha sido mala, con un 20 % menos de superficie sembrada, ya que se ha pasado de 1.820.000 hectáreas a 1.575.000, fruto de los altos costes de producción y los bajos precios del cereal”.

“Este año la cosecha se ha quedado en 4,9 millones de toneladas -una media de 3.100 kilos por hectárea-, un 40 % menos que la cosecha de 2025, y tiene un valor de 980 millones de euros, pero los costes de producción ascienden a 1.300 millones, por lo que hemos perdido, trabajando, más de 300 millones de euros”, ha detallado.

Todo ello viene dado por “la guerra entre Rusia y Ucrania, ya que las masivas exportaciones hunden el precio de los cereales de España; la subida del precio de los fertilizantes por los aranceles de la UE, y la guerra de Irán, que ha encarecido los fertilizantes y el gasoil”.

Los fertilizantes han subido hasta 600 euros por tonelada de cereal, y el gasoil está a euro y medio el litro, y “con estas condiciones no se puede sembrar”, de ahí que, a las ayudas prometidas por el Gobierno central, de 150 millones para Castilla y León, se deberían añadir las mismas, por parte de la Junta de Castilla y León.

150 millones en ayudas directas a mayores

De ahí que todas las organizaciones se hayan unido para solicitar al gobierno autonómico otros 150 millones en ayudas directas, que permitan paliar la deficitaria cosecha a los agricultores, ya que, en el debate de investidura de Alfonso Fernández Mañueco, mostró un “apoyo al campo, sin fisuras”, que “ahora debe demostrar”.

En la misma línea se ha pronunciado el coordinador regional de la Unión de Campesinos de Castilla y León, Juan Manuel González Palacín, quien ha asegurado que “el sector cerealista vive la peor crisis de su historia, con pésimas cosechas, costes de producción sin precedentes y precios que no repuntan”.

De ahí que haya agregado, a esa necesidad de ayudas directas de los gobiernos central y autonómico, “medidas estructurales para los seguros agrarios, que la PAC se dirija a los agricultores a título principal, la revisión de los acuerdos internacionales y el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria”.

También el coordinador de UPA CyL, Aurelio González, ha reclamado que la Junta “impulse el modelo de explotación familiar agraria, porque es lo que da vida al medio rural”, y que se controlen “las manipulaciones en los costes de producción y las especulaciones”.

“Todas las organizaciones nos hemos unido para movilizarnos y no hay excusa para quedarse en casa y no acudir a la concentración, porque está en juego el futuro del sector y del medio rural”, ha matizado.

Por último, el coordinador regional de COAG, Lorenzo Rivera, ha insistido en “dejar esa política de hipocresía respecto a las exportaciones de cereal, porque los que se están enriqueciendo son los grandes terratenientes y oligarcas de Ucrania, Latinoamérica, Canadá o Norte América y han convertido a España, y en este caso, a Castilla y León, en pagafantas”.

La organización agraria UCCL ha denunciado a través de un comunicado que las grandes bodegas de la Denominación de Origen Rueda están ofreciendo precios “irrisorios” por la uva que ni siquiera cubren el coste de producción, lo que derivará en una serie de incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria.

Algunas compañías bodegueras están ofreciendo 35ct/kg uva verdejo y 40ct/kg uva sauvignon, a pesar de que el coste mínimo estimado es de 60 ct/kg. “Las ofertas de precios inferiores incumplen la Ley de la Cadena que obliga a formalizar contratos que cubran, al menos los costes de producción”, ha recordado la organización profesional, que ha recordado que el año pasado muchos viticultores tuvieron que afrontar pérdidas como consecuencia de los problemas derivados del mildiu.

UCCL afea el bajo precio de las ofertas bodegueras puesto que el vino blanco está “de moda” y su consumo está “al alza”. “Los beneficios deben distribuirse entre todos los eslabones de la Cadena Alimentaria”, han reivindicado en el comunicado, puesto que las ganancias de este año “podrían salvar” a muchos viticultores que, de otro modo, están “en manos de las grandes bodegas”.

UCCL ha exigido a la Consejería de Agricultura que vigile estas prácticas contrarias a la Ley y verifique que efectivamente se paga por la uva al menos el coste de producirla. También ha pedido que se sancione, si es necesario, a las bodegas que oferten precios por debajo de coste.

La organización profesional agraria Asaja Valladolid no comparte la medida extraordinaria adoptada por la administración autonómica, ante la cuarta alerta del verano por riesgos de incendios forestales (del 28 al 31 de julio), de no poder cosechar cereal entre las 12 y 20 horas en parcelas situadas a menos de cuatrocientos metros de terreno forestal.

La cosecha “no puede aplazarse indefinidamente”, ya que un retraso de varios días “puede provocar pérdidas de grano, deterioro de la calidad, sobresecado, rotura de espigas y dificultades para empacar el forraje”, explica este martes en una nota el presidente de Asaja Valladolid, Juan Ramón Alonso, informa EFE.

Si bien comparte las medidas de restricción y de prevención relacionadas con el uso de maquinaria agrícola, Asaja considera que “no debe traducirse en una prohibición general y desproporcionada que paralice labores esenciales sin atender a las circunstancias reales de cada territorio”.

Alonso critica que esta medida aplique “la misma restricción” en todo Castilla y León “sin diferenciar provincias, comarcas, altitudes, cultivos ni condiciones concretas de temperatura, humedad o viento”, ni que tampoco tenga en cuenta los ciclos agrícolas, ya que mientras en algunas zonas la recolección casi ha acabado, “en otras atraviesa un momento decisivo y no admite demoras”, ha argumentado.

“Tampoco es viable desplazar automáticamente todos los trabajos a partir de las 20 horas cuando la humedad nocturna, la menor visibilidad o la fatiga de los trabajadores pueden dificultar la actividad y generar nuevos riesgos”, ha insistido en su análisis.

Por todo ello, Asaja ha pedido a la consejera de Medio Ambiente y Energía, María González, que las restricciones se delimiten territorialmente y se revisen diariamente “en función de los índices reales de riesgo, la temperatura, la humedad o el viento” y exige excepciones para las labores agrarias.

Asaja Valladolid ha reaccionado así la publicación este martes de la declaracíon la situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales para los días 28, 29, 30 y 31 de julio por parte de la Junta de Castilla y León. Según el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), en lo que atañe a las labores agrícolas, “se prohíbe el uso de maquinaria autopropulsada agrícola y forestal en monte y en los terrenos agrícolas situados a menos de 400 metros de terreno forestal, incluyendo la cosecha y el empacado de forraje o cereal, en terrenos de secano, o el uso de skidders, procesadoras y desbrozadoras, en las horas más desfavorables del día, comprendidas entre las 12:00 y las 20:00 horas”.

Asimismo, la Junta también prohíbe el uso de maquinaria en el monte y la franja de 400 metros que lo circunda, cuyo funcionamiento habitual genere fuego, deflagración, chispas o descargas eléctricas, tales como sopletes, soldadores, radiales, etc“. La excepción es la maquinaria en actuaciones de emergencia e interés general,. siempre y cuando éstas hayan sido comunicadas a los Servicios Territoriales de Medio Ambiente y se realicen conforme a las medidas establecidas.

Hasta el 31 de julio se espera una cuarta ola de calor con una dorsal anticiclónica habiendo altas presiones en altura y en superficie, lo que hará aumentar las temperaturas, (36 a 39 ºC las máximas) y bajar las humedades relativas (mínimas inferiores al 10 %). Esperándose vientos medios máximos y rachas con intensidades de 20-35 km/h y 35-45 km/h respectivamente. En Castilla y León, el índice de peligro de incendios forestales, según AEMET, en los días reseñados estará entre muy alto y extremo.

El viernes 31 se prevén episodios de tormentas por la zona norte de la comunidad. En cuanto al estado del combustible, destaca su disponibilidad para arder. Hay cierta mejoría por las recuperaciones nocturnas y las precipitaciones localizadas de los últimos días, pero cada vez hay más estrés acumulado por las tres olas de calor que se han tenido durante la campaña. De acuerdo con los índices relacionados con el peligro de incendios forestales manejados tanto por la propia AEMET como por el Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla y León, este episodio mantendrá la probabilidad de ignición y la capacidad de propagación de incendios forestales en niveles altos, lo que incrementa su peligro.

La organización profesional agraria UPA ha advertido este lunes de que la cosecha de cereal de Castilla y León será hasta un 40 por ciento inferior a la del pasado año como consecuencia del intenso calor de las últimas jornadas y la previsión de que las altas temperaturas prosigan.

En un comunicado, UPA ha afirmado que las “elevadísimas temperaturas” han “arruinado” una cosecha que hace semanas era normal, pero que puede derivar en un “verdadero desastre en un contexto de bajos precios y elevados costes de producción”.

Se da la circunstancia de que el calor ha llegado justo en el momento en el que los cultivos de trigo y cebada estaban granando y adquiriendo el peso específico del grano, lo que ha afectado más a las provincias donde hay terrenos más arenosos y áridos, que coinciden con los de la zona sur y centro de la comunidad autónoma.

En este contexto, UPA no cree que la cosecha pueda superar los 5 millones de toneladas, por lo que ha considerado “surrealista e inconcebible” la previsión que lanzó “irresponsablemente” en marzo pasado el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), que habló de hasta 8,4 millones de toneladas.

Ante esta situación, la organización agraria ha demandado “medidas extraordinarias en forma de ayudas directas y control estricto de las importaciones de cereal para controlar los precios”, ya que de lo contrario se produciría un “hundimiento de un sector clave para la agricultura y la ganadería” de la Comunidad.

Cientos de personas convocadas por las organizaciones agrarias de Castilla y León (Asaja, UCCL, Alianza UPA-Coag) se han manifestado este miércoles por las calles del centro del Valladolid para pedir ayudas directas y evitar la “ruina del sector agrícola y ganadero” de la Comunidad.

“El campo de Castilla y León va a perder este año 300 millones de euros”, ha cifrado el presidente autonómico de Asaja, Donaciano Dujo, en declaraciones a los periodistas en una marcha que han encabezado cuatro tractores y en la que se han coreado lemas contra el ministro de Agricultura, Luis Planas, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Dujo ha advertido de que “si las cosas no cambian” habrá más movilizaciones -esta es la tercera desde marzo- y ha asegurado que la Comunidad cuenta con 1,6 millones de hectáreas sembradas, un 20 % menos que el año anterior y que, pese a ello, el beneficio será de un 40 % menos.

“Trabajando nos arruinamos y esta situación no se puede mantener en el tiempo, porque Castilla y León pasará de ser el granero de España a ser un desierto en España”, ha denunciado, antes de criticar que este año los profesionales del sector van a tener que poner el dinero de la PAC.

Entre las causas de la falta de rentabilidad, ha señalado “la subida vergonzosa” de los carburantes y los fertilizantes por la invasión rusa de Ucrania y la guerra entre Estados Unidos e Irán, por eso ha pedido a las administraciones europea, nacional y autonómica potenciar la producción, ayudas directas y políticas de apoyo al conjunto de la agricultura y la ganadería.

Una situación “desesperada”

En su marcha, que ha comenzado en la plaza de Zorrilla en el centro de Valladolid los manifestantes han portado banderas de sus respectivas organizaciones agrarias y se han coreado lemas como “Planas, tapón, coge el azadón” y “Von der Leyen, dimisión”.

Por su parte, Jesús Manuel González Palacín (UCCL) ha advertido de que la situación “es absolutamente desesperada”, ya que los fertilizantes han subido un 40 % y el gasóleo agrícola más de un 60 %, lo que supone para una explotación media unos costes de 40.000 euros más respecto al año anterior.

Además de pedir que la Junta de Castilla y León al menos complemente las ayudas del Gobierno, que ha cifrado para la Comunidad en unos 100 millones de euros, ha reclamado una ley contra la especulación y un acuerdo a lo largo de toda la cadena de valor para que los agricultores y ganaderos vendan por debajo de los precios de producción.

“No podemos permitirnos desmantelar el sector primario por una crisis coyuntural: al final la guerra se pasará y volveremos a las andadas, pero en el camino no podemos dejar que se caigan miles de explotaciones”, ha aseverado.

Piden a la Junta medidas de apoyo

Por otra parte, el coordinador regional de COAG, Lorenzo Rivera, y el secretario general de UPA, Aurelio González, han coincidido en que las ayudas ofrecidas por el Gobierno son insuficientes, aunque también han pedido a la Junta de Castilla y León, en funciones desde las elecciones del 15 de marzo, que tome medidas ante el abandono del sector y que complemente las subvenciones del Ministerio.

Rivera ha advertido de que la mala situación del campo “es un problema de estado” y ha lamentado que no se hayan impuesto aranceles para proteger a los productos europeos pese a que el sector primario haya vivido tres años malos.

En su trayecto, encabezado por un tractor con banderas de cada organización agraria y tras una pancarta bajo el lema 'De cabeza a la ruina', los representantes de las organizaciones agrarias han registrado sus demandas en la Delegación del Gobierno en Castilla y León y en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta.

Las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León, ASAJA, UCCL y la Alianza UPA-COAG han convocado una nueva manifestación en Valladolid el 20 de mayo. En una nota de prensa, las OPAS han explicado que esta nueva protesta busca se debe al “hundimiento de la rentabilidad del sector”, que está llevando a pérdidas a muchos de los subsectores, en particular los cereales y al resto de cultivos herbáceos, como han señalado.

“En una situación bélica con dos frentes abiertos, Oriente Medio y Rusia-Ucrania, la situación del campo empeora cada día, al no repuntar las cotizaciones de los productos agrarios, mientras que siguen alcanzando récords los precios de los insumos, en particular de los carburantes y los fertilizantes”, han indicado.

Dentro de los sectores afectados, el lácteo, que atravesaba una situación coyunturalmente más equilibrada -como han explicado-, se ha visto obligado, “por la imposición de la parte compradora, a firmar contratos por tres meses con una caída del precio del 14%”.

Este nuevo marco, han afirmado en el comunicado las OPAS, “ha frenado las inversiones, está provocando el abandono de granjas, y ha llevado a una reducción de la producción de leche a través de la disminución de los censos”.

A este problema se suma el que sufre toda la ganadería: “las consecuencias económicas de enfermedades animales cuyo control no está en manos del sector”, han defendido

A mayores, tal y como han recogido en el comunicado, también hay que añadir el estado de alerta permanente y de desconfianza que vive el campo ante las consecuencias que puede tener para el sector la entrada en vigor de acuerdos internacionales, como es el caso de Mercosur y otros que están en camino.

En medio de este clima de desánimo de los agricultores y ganaderos, desamparados además tanto por la Unión Europea como por el Estado y la Junta de Castilla y León, las organizaciones agrarias han convocado una manifestación que tendrá lugar el miércoles 20 de mayo, en Valladolid, y que “con seguridad” será seguida por otras medidas de protesta.

Las organizaciones convocantes reclaman medidas políticas, arancelarias y fiscales para que bajen los costes de los  insumos, y para que repunten los precios de los productos, al menos hasta cubrir los costes de  producción, tal como fija y obliga la Ley de la Cadena Alimentaria.

Mientras los mercados no alcancen un equilibrio más justo, y a la vez continúen distorsionados por los grandes conflictos bélicos, las organizaciones agrarias exigen ayudas económicas más allá de las ya aprobadas, y recuerdan que, “mientras que las del Estado nacieron escasas y ahora se han quedado todavía más cortas, la Unión Europea y la Junta de Castilla y León ni siquiera se han acordado de los agricultores y ganaderos”.

Desde el sector primaria se reclama que al menos se cumpla con los mínimos que establece el Marco Temporal de Ayudas Estatales para la Crisis de Oriente Medio (METSAF), aprobado el pasado 29 de abril por la Comisión Europea, que establece que se pueda compensar, vía ayudas, hasta el 75% del coste adicional en el que, hasta finales de año, incurran los agricultores y ganaderos por el sobre coste de fertilizantes y carburantes.

La Unión de Campesinos Burgos (UCCL) ha pedido a la Junta de Castilla y León que realice un mapeo de la Comunidad para establecer zonas de tensión ante una presencia “desmesurada” de especies silvestres, así como que adopte medidas urgentes para controlar las poblaciones y definir la responsabilidad de los titulares a la hora de ejecutarlas.

La organización agraria ha denunciado, en nota de prensa, que las medidas del Gobierno autonómico frente a un incremento continuo de las especies silvestres son insuficientes, y ha recordado que continúan recibiendo comunicación de daños en municipios de toda la provincia de Burgos.

Ha insistido en que esos daños causados por especies silvestres, tanto en cultivos como en explotaciones ganaderas, dejan a agricultores y ganaderos en una situación de “gran indefensión”, y ha demandado más trabajo por ejemplo en los reservorios creados para conejos en infraestructuras públicas y cascos urbanos.

“La proliferación de especies como topillos, conejos, lobos, ciervos, jabalíes, buitres... unos cinegéticos y otros no, está propiciando un incremento de daños que no encuentra compensación para agricultores y ganaderos que se ven obligados a ser los mantenedores de estas especies”, ha denunciado UCCL.

Ha asegurado que, además, en el caso de los conejos se está permitiendo su proliferación en zonas en las que no son una especie autóctona, lo que causa daños al cereal y al viñedo, como consecuencia de las expropiaciones para infraestructuras que han creado espacios donde “crecen a sus anchas”.

UCCL ha recordado que, junto a los daños en la agricultura y la ganadería, la fauna salvaje también genera riesgos en materia de sanidad animal, y accidentes de tráfico, ante un incremento “desmesurado” de especies que no se posible controlarlo de manera natural.

Por ese motivo, la organización agraria demanda definir un mapa de zonas tensionadas, y que la Junta ponga en marcha de manera urgente medidas de corrección, y establezca quiénes son los encargados de ejecutarlas entre administraciones, municipios, cotos de caza o titulares de infraestructuras.

La Organización Profesional Agraria (OPA) UPA ha pedido este martes a los agricultores y ganaderos de la Comunidad que no “incrementen la burbuja” ante la crisis de precios provocada por la guerra en Irán, que en el mismo día de su estallido provocó la subida de 30 céntimos el litro en el gasóleo agrícola, de los 0,92 céntimos a 1,20.

El presidente de UPA en Castilla y León, Aurelio González, ha pedido así al campo, en una rueda de prensa, “no hacer pedidos sin ton ni son” porque eso podría provocar un “desabastecimiento” de determinados bienes, como algunos abonos que requieren de gas para su producción y que también están viviendo una subida rápida de precios por la guerra.

Según esta organización, esta subida se trata de una “especulación pura y dura”, ya que el carburante “ya estaba comprado” antes del estallido del conflicto, por lo que “algunos ya se están forrando” con esta crisis.

Asimismo, la organización agraria también ha alertado de que las exportaciones agrarias a los países de Oriente próximo podrían verse afectadas, ya que Castilla y León tiene en la zona un “importante mercado”, especialmente en ganadería de vacuno y ovino o alfalfa en Arabia Saudí, que dependen del estrecho de Ormuz ahora bloqueado.

Por todo ello, desde UPA han demandado a las administraciones que “pongan coto a la especulación”, porque el campo ya arrastra una “crisis de precios”, como en el cereal, que sin “acabar de remontar” ahora debe abordar este nuevo problema.

Las organizaciones agrarias de Castilla y León mantendrán las movilizaciones previstas para el 29 de enero en las distintas provincias para mostrar su total rechazo a la actual redacción del acuerdo de Mercosur con la UE y los recortes previstos en la Política Agraria Común (PAC).

Así lo han trasladado Lorenzo Rivera (Coag), Donaciano Dujo (Donaciano Dujo); Aurelio González, (UPA) y Jesús Manuel González Palacín (UCCL), en rueda de prensa este viernes en Valladolid tras reunirse con el secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez.

Los dirigentes de estas organizaciones han pedido que se respete la voluntad del Parlamento Europeo -que elevó este acuerdo al Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) para que dictamine si vulnera los acuerdos europeos- y han coincidido en reclamar a la Comisión Europea que no implemente el acuerdo.

Dujo (Asaja) ha insistido en que este pacto no beneficia a ningún sector agrícola de la Comunidad, ha criticado las cargas burocráticas que afronta el campo europeo pero que no se aplican a productos de terceros países y ha pedido a las instituciones europeas que no prometa cláusulas de salvaguardia que luego no ejecuta, como a su juicio ocurre con Marruecos.

También ha agradecido a los eurodiputados que votaron a favor de llevar este acuerdo ante el TJUE y ha lamentado la actitud de los “que no han estado con el campo ni con la ciudadanía, porque este acuerdo perjudica al campo y perjudica a los consumidores”, ha asegurado, en referencia al PP y PSOE, antes de pedir a Carlos Martínez que traslade esta postura a la dirección nacional socialista.

Una idea que también ha compartido Rivera (Coag), quien ha reconocido que “se ha ganado una batalla”, ha recordado que el acuerdo de Mercosur es otro de los 40 que ha suscrito la UE con terceros países y ha reclamado una PAC fuerte para el campo español.

Por su parte, Aurelio González (UPA) ha pedido “cambiar este acuerdo de arriba abajo” y ha advertido de que con este pacto “se juega la soberanía alimentaria” de la UE y se vacía el medio rural; mientras que González Palacín (UCCL) ha subrayado que los agricultores y ganaderos españoles deben tener “las mismas reglas del juego” porque “cada explotación que se cierra no se vuelve abrir”.

La Junta de Castilla y León ha evitado pronunciarse de forma concreta sobre la decisión del Parlamento Europeo de paralizar la tramitación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha señalado que la posición del Ejecutivo autonómico sigue siendo la firmada con las organizaciones profesionales agrarias en el Consejo Regional Agrario, en la que se defendía la adhesión al mismo solo si se garantiza el principio de reciprocidad y la igualdad de condiciones para los productores europeos.

Según el también consejero de Economía y Hacienda, la Junta se siente “ plenamente identificada” con los siete puntos pactados con el sector agrario, que constituyen su “hoja de ruta” ante los acuerdos comerciales internacionales futuros. En ese marco, ha incidido en que el Gobierno autonómico está al “lado del campo”, “claramente del lado de agricultores y ganaderos”.

En concreto, en uno de los aspectos que más se ha reclamado desde las OPAS que es el mayor control y reciprocidad. Fernández Carriedo ha señalado que, para que el acuerdo con Mercosur pueda aplicarse, sería necesario incorporar instrumentos de control y cláusulas de protección para aplicar el acuerdo.

En concreto, echa de menos mayores garantías, especialmente en normativa de reciprocidad normativa, cláusulas de salvaguarda y controles en frontera y en origen, con el objetivo de asegurar que la competencia se produzca en condiciones de igualdad. Según ha indicado, se trata de un planteamiento que “va más allá del simple aspecto regulatorio del comercio internacional”.

Evita valora el voto de PP, PSOE y PNV para mandar el acuerdo al TJUE

El portavoz ha evitado valorar el sentido del voto en contra de remitir al acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de los eurodiputados de PSOE, PNV y PP en la Eurocámara y ha reiterado que desde la Junta defienden el acuerdo con las OPAS y su defensa del campo en su ámbito competencial de manera “inequívoca”.

La posición de la Junta se ha producido un día después de la decisión del Parlamento Europeo de remitir el acuerdo UE-Mercosur al TJUE para que dictamine sobre su compatibilidad con los tratados comunitarios, lo que supone en la práctica la paralización de su tramitación. La moción fue aprobada este jueves por 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones.

El debate en la Eurocámara se centra, entre otras cuestiones, en la validez jurídica del mecanismo de reequilibrio incluido en el tratado y en la base legal elegida para su aprobación, que permitiría ratificar los capítulos comerciales sin el consentimiento de los parlamentos nacionales. Según el propio TJUE, este tipo de dictámenes suelen tardar entre 18 y 24 meses, aunque el tribunal puede priorizar el procedimiento si lo considera necesario.

El acuerdo entre la UE y Mercosur, firmado el pasado fin de semana tras más de 25 años de negociaciones, crearía uno de los mayores espacios de libre comercio del mundo, pero ha generado una fuerte oposición en parte del sector agrario europeo y el rechazo de algunos Estados miembros, con Francia a la cabeza.

Desde el Gobierno de España, el Ministerio de Economía ha lamentado la decisión del Parlamento Europeo y ha defendido que la entrada en vigor del acuerdo supondría un impulso económico significativo. Según el departamento que dirige Carlos Cuerpo, cada mes de retraso durante 2026 podría suponer una pérdida de 4.400 millones de euros de PIB y 3.000 millones en exportaciones. Economía ha defendido que los procedimientos actuales permiten su aplicación provisional una vez sea ratificado por un Estado de Mercosur.

La Comisión Europea también ha expresado su rechazo al envío del acuerdo al TJUE, al considerar que las cuestiones planteadas ya han sido abordadas, y ha advertido de que la votación llega en un momento en el que la UE necesita diversificar mercados y reforzar su papel como socio comercial fiable.

Unas trescientas personas y unos 200 tractores se han concentrado este jueves en torno a las Cortes de Castilla y León, en Valladolid, para protestar por los efectos del acuerdo de la Unión Europea con Mercosur y pedir a las administraciones un apoyo real al sector primario español.

Una concentración convocada por la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independiente (Unaspi) que ha causado problemas de tráfico en la ciudad.

Representantes de Unaspi han registrado un escrito dirigido a los grupos parlamentarios de la Cámara con reclamaciones en el ámbito europeo, autonómico y en el que piden respeto para las personas que viven y trabajan en el medio rural.

El presidente nacional de Unaspi, Miguel Ángel Aguilera, ha explicado en declaraciones a los periodistas que su objetivo es presionar al Gobierno de España y al Parlamento para que rechace este acuerdo, que se firma pasado mañana y que prevén que se ratifique en el mes de febrero.

Clave autonómica

En el caso concreto de Castilla y León, ha advertido de que el mayor impacto lo tendrá para el cereal y la ganadería, porque “en los países sudamericanos las extensiones son muy grandes, trabajan con mano de obra mucho más barata y utilizan productos que aquí llevan años prohibidos”.

“Mercosur viene cuesta abajo y nosotros vamos cuesta arriba y con una mochila de piedras: es imposible competir y va a arruinar el sector en Castilla y León”, ha asegurado, antes de reprochar a la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta, María González Corral (PP), que calificase como beneficioso el acuerdo y le ha retado a que explique “qué tiene de bueno”.

Respeto a las elecciones en la Comunidad previstas para este mes de marzo, Aguilera ha pedido a los futuros procuradores “que piensen en el campo, en las zonas rurales y en las familias que se van a arruinar”..

“Nos rasgamos las vestiduras con que hay que salvar al mundo rural y están oprimiendo el sector hasta el abandono de los pueblos y la ganadería, y eso se traduce en los incendios que hemos tenido este verano, devastadores, porque no hay ganadería en los montes, son políticas de destrucción”,ha afirmado.

Cencerros y carteles

La tractorada, que ha congestionado el tráfico desde la primera hora de la mañana por la entrada desde al menos seis puntos de la ciudad, ha culminado en la explanada frente al parlamento autonómico, donde varios vehículos de todo tipo (tractores, fumigadoras o cosechadoras) se han dejado ver con carteles con lemas como 'No a Mercosur' o críticas al ministro Luis Planas (PSOE) y al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP).

'Sin campo no hay comida, sin comida no hay libertad', 'Mercosur ruina y miseria para el sector primario', 'El campo se muere ¡Viene el hambre!' son algunas de las pancartas y lemas que han portado los agricultores y ganaderos, algunos con cencerros, cornetas de plástico y petardos.

Gonzalo Martín, un ganadero de caprino de Aguilar de Campóo (Palencia), ha recordado que los productores no pueden competir con Mercosur porque utilizan productos prohibidos que “terminan en la mesa de los ciudadanos” y ha remarcado que “no hay ningún sector dentro de la agricultura y la ganadería al que este pacto le pueda venir bien”.

Por su parte, la zamorana Joana López ha reprochado “la asfixia” y la sensación de persecución que vive un sector en pie desde hace ya dos años y ha centrado sus críticas en los altos costes de producción, porque el precio del cereal es el mismo que hace cuatro décadas: “Mi abuelo cobraba lo mismo por un kilo de trigo que lo que cobramos ahora, es inasumible”.

Minutos después, media docena de los máximos responsable de Unaspi han sido recibidos por el presidente de las Cortes, Carlos Pollán (Vox), y por miembros del Grupo Parlamentario Vox, antes de registrar sus demandas dirigidas a las instituciones europeas y a los gobiernos nacional y autonómico.

El Consejo Regional Agrario de Castilla y León ha aprobado un documento en el que muestra su rechazo al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur y en el que reclama al Gobierno y a las instituciones europeas reciprocidad en las exigencias a terceros países y “salvaguardas reales” para los productos españoles.

Este organismo, formado por la Junta de Castilla y León y las organizaciones agrarias Asaja, Coag y UCCL y reunido este miércoles en Valladolid, también ha acordado unir esfuerzos y trabajar conjuntamente en la defensa del sector primario ante un acuerdo que genera preocupación por su potencial impacto en la Comunidad.

El texto subraya que el Consejo exige que la posición española defienda la reciprocidad y que sólo apoyará el acuerdo si se logra “una reciprocidad real y efectiva, garantizando los mismos requisitos medioambientales, agronómicos y sociales para importaciones, con control y trazabilidad”.

Asimismo, reclama al ejecutivo nacional “un análisis detallado y desagregado por producciones y territorios del impacto del acuerdo, con especial atención a los sectores más vulnerables en Castilla y León” y “salvaguardas reales, efectivas e inmediatas y activables sin demora, ante incrementos excesivos de importaciones o caídas significativas de precios”, que incorporen otras compensaciones en función de los casos.

También plantea el refuerzo de los controles en frontera y de inspecciones en terceros países para asegurar el cumplimiento de exigencias sanitarias, fitosanitarias y zoosanitarias y de bienestar animal, entre otras y una Política Agraria Común (PAC) tras 2027 “sólida y sin recortes” y que mantenga e incremente los fondos europeos FEAGA/FEADER.

Por su parte, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta, María González Corral, ha destacado en declaraciones remitidas este miércoles a los medios el consenso alcanzado con la organizaciones agrarias “en la defensa del campo de Castilla y León” y ha criticado la falta de transparencia sobre los detalles del acuerdo.

La consejera de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, María González Corral, ha valorado este viernes de forma prudente el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, aprobado hoy, al considerar que puede ser “positivo” para el sector agroalimentario y el primario de la Comunidad si se garantiza el principio de reciprocidad y la igualdad de condiciones para los productores europeos.

Así lo ha señalado en Palencia, en respuesta a las preguntas de los periodistas durante su visita a la empresa Merpacífico, donde ha reconocido que aún desconoce “la letra pequeña” del acuerdo, pero ha subrayado que un mercado potencial de 700 millones de habitantes puede suponer una oportunidad para las empresas agroalimentarias de Castilla y León y para impulsar las exportaciones.

Sin embargo, ha insistido en que cualquier avance en este sentido debe ir acompañado del cumplimiento estricto del principio de reciprocidad.

“Lo que venga de allí tiene que venir con los mismos requisitos que aquí se exige a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos y a nuestra industria agroalimentaria para que puedan competir en igualdad de condiciones”, ha recalcado, recordando que esta exigencia ya quedó recogida en la declaración institucional sobre la PAC post 2027.

En este contexto, González Corral ha lamentado que el Ministerio de Agricultura no haya atendido la petición realizada hace meses por varias comunidades autónomas y por ella misma para mantener una reunión monográfica sobre Mercosur.

“Solicitamos al ministro Luis Planas una reunión específica para valorar este acuerdo y adelantarnos a sus consecuencias, pero no hemos tenido respuesta”, ha señalado.

Preguntada por el respaldo a las movilizaciones y preocupaciones del sector agrario, la consejera ha afirmado que la Junta apoya la postura consensuada con las organizaciones profesionales agrarias, cooperativas, industria agroalimentaria y regantes, centrada precisamente en la defensa de la reciprocidad y la competencia en igualdad de condiciones.

Sobre el posible impacto del acuerdo en los productos de Castilla y León, ha señalado que será necesario analizar en detalle las condiciones pactadas y las cláusulas de salvaguardia.

“Tenemos que ver si realmente sirven para proteger a algunos de nuestros productos y en qué condiciones”, ha explicado, confiando en que en los próximos días se conozca el contenido completo del acuerdo y se convoque una conferencia sectorial con el resto de comunidades autónomas para que el Ministerio lo detalle. 

La Junta de Castilla y León ha prorrogado las medidas cautelares contra la Dermatosis Nodular Contagiosa en la Comunidad hasta el próximo 31 de enero, han confirmado este viernes fuentes de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Las medidas afectarán únicamente, tal y como se establecía en la resolución que estaba en vigor hasta el día de hoy, a las ferias y mercados de ganado bovino en las que los animales procedan de más de una única explotación.

La Junta, ante la importancia que tiene la prevención para evitar la transmisión de la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) en la Comunidad, ha adoptado desde el principio medidas encaminadas a minimizar el riesgo de aparición de focos, dada la relevancia que del sector del vacuno tanto a nivel económico como social.

Con el objetivo de reforzar la protección de la cabaña ganadera, el 25 de octubre entró en vigor, por un período de 15 días y tras consultar a las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS) y asociaciones integradas en el sector del vacuno, una primera resolución mediante la que se suspendía la celebración de todas las ferias y mercados de ganado.

Posteriormente, se dictó una segunda (6 de noviembre) que prorrogó esas medidas hasta el 30 de noviembre, y una tercera (26 de noviembre), que es la que estaba vigente hasta la jornada de hoy, 2 de enero de 2026, que mantenía las restricciones únicamente a las ferias y mercados de bovino.

A la vista de la información epidemiológica disponible, de la persistencia del riesgo de aparición de la enfermedad y escuchados los representantes del sector, la decisión que ha adoptado la Junta, materializada en la resolución publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) de la jornada de hoy, es la de prorrogar hasta el 31 de enero las medidas que estaban vigentes hasta este momento.

Desde la Junta de Castilla y León se recuerda a los titulares de explotaciones, operadores y transportistas que, con el fin de mantener un adecuado nivel de vigilancia y prevención frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa, es necesario reforzar la aplicación de las medidas de bioseguridad, la vigilancia del registro de entradas y salidas, así como de la clínica de los animales y la obligación de notificar cualquier sospecha a los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO).

La Dermatosis Nodular Contagiosa es una enfermedad vírica de difusión principalmente vectorial por insectos, que no afecta a los seres humanos ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos. 

La Junta de Castilla y León ha decidido intensificar las medidas de prevención, seguimiento y actuación frente a la Peste Porcina Africana ante los casos positivos detectados en jabalíes silvestres en la provincia de Barcelona, según ha informado el Gobierno autonómico en un comunicado.

Los consejeros de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, han mantenido este lunes una reunión de coordinación con parte de su equipo y la directora general de Salud Pública de la Junta en la que se han definido las actuaciones y protocolos ante la identificación del virus.

En primer lugar, se traslada un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, ya que se trata de una enfermedad no zoonósica, es decir, las personas no son susceptibles a la infección ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos.

La Junta va a reforzar la información a los servicios veterinarios y al propio sector con el fin de que se extremen las medidas de bioseguridad en las explotaciones de ganado porcino de la Comunidad y en el transporte de los animales.

Además, se reforzarán las medidas de control y prevención, así como la detención temprana del virus llegado el caso.

Durante los próximos días, los responsables de la Junta de Castilla y León mantendrán diferentes reuniones de trabajo con las organizaciones agrarias y representantes del sector para realizar un seguimiento de la evolución de la enfermedad y evaluar las medidas de control.

Asimismo, dentro del Plan de Gestión del Jabalí de la propia Junta se va a intensificar su caza para rebajar la población, especialmente en las zonas de porcino con el fin de evitar la transmisión de la enfermedad en el escenario de que el virus llegase a detectarse en la Comunidad.

Aunque no se han detectado casos en Castilla y León, para permitir el control de la Peste Porcina Africana se solicita la colaboración de los ciudadanos y en el caso de observar ejemplares de jabalíes muertos o enfermos, informen inmediatamente a las autoridades a través de la línea de emergencias 112.

Al ser una enfermedad muy contagiosa para animales, sin afección a personas, se recomienda no tocar ni permitir que nadie se acerque al animal.

Se debe trasladar al 112 la ubicación lo más precisa posible (coordenadas del móvil, nombre del monte o camino y referencias cercanas). No se debe mover, ni manipular, ni trasladar en vehículos para evitar la propagación del virus, únicamente avisar para su gestión por equipos especializados. 

La Unión General de Trabajadores (UGT) de Castilla y León ha advertido este miércoles de que la Comunidad “se juega el futuro inmediato” del sector azucarero y remolachero si no se actúa “de forma inmediata y conjunta” con agricultores, empresas y administraciones. El sindicato ha puesto el foco especialmente en la planta de Toro (Zamora), la única molturadora que AB Azucarera mantiene operativa en Castilla y León tras el cierre de La Bañeza, en León, y ha señalado que la falta de planificación “ha puesto en riesgo un sector estratégico que sostiene miles de empleos en el medio rural”.

El secretario general de UGT en Castilla y León, Óscar Lobo, y la secretaria general de UGT FICA en la comunidad, Sandra Vega, han instado trabajar a la Junta, al Gobierno central y a las instituciones europeas para “garantizar la continuidad del cultivo de la remolacha y de la actividad industrial”, elementos que consideran inseparables para evitar nuevos cierres. Ambos dirigentes han insistido en que la comunidad “no puede permitirse” perder más fábricas, después de que en los últimos 25 años Castilla y León haya visto desaparecer instalaciones en Veguellina de Órbigo, Venta de Baños, Peñafiel o Benavente.

El sindicato ha recordado que más de 2.000 empleos directos se han perdido en este periodo en la industria remolachera de Castilla y León, a los que se han sumado los 193 puestos afectados por la última reestructuración vinculada al cierre de La Bañeza. Además, han destacado que la Unión Europea ha constatado que cada empleo directo del sector genera aproximadamente diez empleos indirectos en ámbitos como la industria química, la logística o el transporte, lo que eleva la cifra total de puestos en riesgo por encima de las 10.000 que de una u otra forma dependen de este sector.

Según Lobo, la Comunidad “ha jugado un papel fundamental” en el sector gracias a un nivel de tecnificación elevado, amplias zonas de regadío y productores altamente especializados, pero la pérdida de superficie sembrada y la incertidumbre industrial “han debilitado la cadena de valor”. Actualmente, en España solo permanecen operativas como fábricas de molturación la planta cooperativa de ACOR en Olmedo (Valladolid) y la de AB Azucarera en Toro. “Si no se garantiza el cultivo, estas plantas están condenadas al cierre, y con ellas los territorios que dependen de su actividad”, ha afirmado.

El sindicato ha remitido una carta a la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, en la que pide constituir de inmediato una mesa de trabajo estable con organizaciones profesionales agrarias, empresas y sindicatos para anticipar decisiones y evitar “nuevos episodios traumáticos” en el sector. UGT ha señalado en que la estrategia debe tener alcance autonómico, nacional y europeo, ya que las decisiones comunitarias sobre cuotas, ayudas o competencia “han impactado de manera directa en el futuro de la remolacha”.

La Bañeza, cerrada “sin que exista aún un proyecto industrial alternativo”

El cierre de la fábrica de La Bañeza se ha convertido, según UGT, en el ejemplo más claro de una crisis que “ha puesto en cuestión” el modelo productivo y la capacidad industrial de la comunidad. Vega ha explicado que, pese a disponer de agricultores que continúan cultivando remolacha en la comarca, la planta “ha sido cerrada sin que exista aún un proyecto industrial alternativo real”.

El sindicato ha señalado que los trabajos de la Fundación Anclaje “no han mostrado avances significativos” y que “no se han presentado propuestas sobre la mesa” para reconvertir la actividad en la zona. Lobo ha insistido en que “no hay sitio para la resignación” y ha asegurado que el sindicato va a “exigir y empujar” para que la comarca no quede “condenada al olvido”. UGT ha considerado como imprescindible que la alternativa industrial forme parte del plan global de defensa del sector, ya que el cierre de La Bañeza “ha demostrado que la pérdida de una sola planta puede acelerar toda la caída del modelo”.

Sector estratégico en riesgo

El análisis presentado por UGT ha mostrado una evolución marcada por la volatilidad de precios y el incremento sostenido de costes. El precio del azúcar blanco ha oscilado entre los 500 y 600 euros por tonelada en 2010, ha descendido a mínimos de 400-450 euros en 2015 y ha alcanzado máximos de 800-900 euros en 2023, para situarse después en 590-610 euros. En paralelo, el precio recibido por el agricultor ha tenido variaciones significativas: de 35-40 euros por tonelada en 2010-2011 a los 60-70 euros en 2024-2025, volviendo a caer en la campaña 2025-2026 a unos 45 euros.

Los costes de producción, por su parte, han experimentado un incremento continuado desde los 2.500 euros por hectárea en 2010-2011 hasta los 4.100-4.400 euros por hectárea en la campaña actual en regadío. “La inflación y el encarecimiento de los insumos han hecho que muchos agricultores no encuentren atractiva la siembra”, ha expuesto Vega, quien ha advertido de que la superficie sembrada en España ha pasado de 56.000 hectáreas en 2010 a unas 30.000 en 2025. En Castilla y León, las cifras han reflejado una caída equivalente, pese a que la comunidad mantiene algo más del 80 % de la producción nacional.

UGT ha alertado de que, si España y Castilla y León dejan de sembrar remolacha, el país quedará “totalmente expuesto” al mercado internacional del azúcar, dominado por un oligopolio que ya ha provocado cierres en la Unión Europea desde la eliminación de las cuotas en 2017. “Nos arriesgamos a depender por completo de terceros países, a sufrir desabastecimientos y a un aumento de costes”, ha señalado Vega, que ha recordado que este deterioro “ya ocurrió en el sector del tabaco”.

Ante este escenario, Lobo ha emplazado a las administraciones a “poner pie en pared” y a impulsar un plan estratégico que sostenga el cultivo, mantenga la actividad industrial y evite nuevas decisiones que “puedan condenar a las comarcas rurales a la pérdida irreversible de empleo y población”.