Alfonso Fernández Mañueco lleva presidiendo gobiernos en Castilla y León desde 2019: primero, con el ya extinto Ciudadanos, que terminó de manera precipitada, aunque no por ello menos inesperada; un segundo, con Vox, que concluyó de manera abrupta y orquestada desde Madrid; una tercera etapa marcada por dos años en minoría —en los que no ha conseguido aprobar ningún proyecto de Presupuestos y una sola ley— y este último intento de coalición con Vox. Este martes, logró ser investido presidente con los votos de la extrema derecha, en una sesión que dejó momentos para el recuerdo, como la “cena” que le sirvió el líder del PSOE, Carlos Martínez, o la pelea por un sillón que protagonizaron dos procuradores de Vox.

En estos años, Fernández Mañueco ha ido modificando su discurso, a pesar de su constante apelación a la “moderación”: las referencias al colectivo LGTB y al cambio climático ya se quedaron fuera en 2022. Esta año el turno de las omisiones ha sido para la violencia de género. La okupación, que era también una cuestión muy importante para el Mañueco de hace cuatro años a pesar de la baja incidencia, tampoco figura ya en su discurso. Mismo Mañueco, pero un presidente distinto para cada ocasión. Lo cierto que este ha sido su último discurso de investidura, porque Castilla y León tiene una limitación de mandatos y no podrá volver a ser presidente a no ser que cambie la ley. PP y Vox han llegado a un acuerdo gracias a “la generosidad, la responsabilidad y la capacidad de acuerdo”, según ha expuesto en un discurso en el que prácticamente ha obviado a la oposición y ha centrado sus críticas en el Gobierno.

En el hemiciclo, todos los periodistas estaban pendientes de cómo iba a explicar Fernández Mañueco la “prioridad nacional” en una comunidad marcada por el envejecimiento y la despoblación, que hace siete años definía como “tierra de acogida”. Ahora son “bien recibidos” quienes “quieran contribuir a la prosperidad común su trabajo, esfuerzo y compromiso personal”. Ninguna referencia ha hecho, como era de esperar, a las críticas que formuló en campaña electoral a sus socios de Vox, cuando les acusó de “querer tirar a las personas al mar”. Pese a las exigencias de Vox, el 'popular' no se retractó; aun así, ambas formaciones han alcanzado un acuerdo de gobierno que incluye ese concepto de 'prioridad nacional', que Mañueco ha intentado maquillar en todas sus intervenciones.

El presidente de la Junta ha pedido “que nadie busque confundir” con este término que ha asumido por completo y que pretende una “asignación justa de los recursos públicos en función de arraigo real y verificable”, independientemente de su procedencia: deben acreditar su vinculación, legal, efectiva y estable. Algo que, por otra parte, ya es necesario hasta para las ayudas más accesibles, como son las del alquiler, para las que es necesario no solo residir legalmente en Castilla y León, sino también estar trabajando. Castilla y León tiene una tasa de inmigración inferior a la media nacional. Una inmigración que, en palabras del presidente, “ha sido capaz de compensar los saldos vegetativos negativos”.

Una 'prioridad nacional' inconcreta

Al igual que María Guardiola en Extremadura y Jorge Azcón en Aragón, la 'prioridad nacional' ha centrado parte del debate parlamentario. Fernández Mañueco se refleja en el espejo de Vox, aunque con una visión rebajada de la 'prioridad nacional'. Por eso ha garantizado estos tres criterios: acatará la legalidad, mantendrá las prestaciones de los “servicios públicos esenciales” y no supondrá “el retroceso en los derechos consolidados”. Poco ha aclarado en realidad; y mucho más directo ha sido en sus críticas a las políticas migratorias del Gobierno de España, que “se mueven entre la improvisación, el oportunismo y la imposición”. “Los españoles, primero”, ha respondido el portavoz adjunto de Vox, José Alberto Díaz Pico, poco después a los periodistas. Un concepto distinto de 'arraigo', desde luego.

Mañueco ha justificado además su postura a favor de la 'prioridad nacional' atacando al PSOE durante la réplica al líder socialista, Carlos Martínez. El veterano dirigente ha sacado a relucir las bases de distintas ayudas de ayuntamientos gobernados por el PSOE como Soria, la ciudad que gobernaba antes Martínez, Palencia o León que limitan el alcance de las ayudas a aquellos que llevaban como mínimo un año empadronados. Para Mañueco esto refleja “la hipocresía de los socialistas”, que, según él, aplican así una 'prioridad nacional' a su manera, y que también se recoge en las bases estatales del Ingreso Mínimo Vital.

El presidente de la Junta de Castilla y León ha iniciado este martes su tercera legislatura, y por eso ha querido reforzar el trabajo realizado en este tiempo, que le ha enseñado la “responsabilidad innegable e indelegable” y los principios “éticos” que deben regir su puesto. En la otra cara de la moneda, Fernández Mañueco ha cargado contra el Gobierno de España, al que ha pedido una financiación autonómica “justa, solidaria y acorde con el coste de la prestación de servicios”.

Durante la investidura, ha esbozado una “imagen oscura de la política”, que se ve como “una fuente de ruido, frases vacías o gestos sin trascendencia” y que conduce a una sociedad “pequeña, oscura, miedosa y encerrada”. De hecho, en un momento dado ha señalado directamente a la ministra de Sanidad, Mónica García, “esté más dedicada a provocar huelgas, que hacen agrandar las listas de espera, que a aportar soluciones”.

Críticas al Pacto Verde

Fernández Mañueco también ha criticado el Pacto Verde Europeo —que pactaron en Bruselas el Partido Popular europeo y los socialistas— y sus propias políticas, puesto que el PP lleva gobernando desde 1987: se suprimirán y reformaran las tasas autonómicas “que resulten perjudiciales para el sector productivo”. Esas tasas, de existir, las ha tenido que imponer el propio Mañueco, puesto que el Pacto Verde se firmó en 2019. Hay que reconocer que otras propuestas resultan viejas conocidas, como que la banda ancha llegue a todos los ciudadanos de Castilla y León, un objetivo que ya prometieron en 2007.

Con un nuevo gobierno de coalición, que aún no se ha anunciado, Fernández Mañueco aspira a aprobar presupuestos para el próximo año, dado que todavía están en vigor las cuentas de 2024. Este nuevo proyecto incluirá algunas de las medidas 'estrella' que el PP prometió en campaña electoral: deducción para pagar las cuotas de gimnasio, ayudas para cambiar las bañeras por platos de ducha o para sacarse el carnet de conducir y matrícula universitaria gratuita, además de otras medidas en materia de Vivienda, Agricultura, Sanidad y Servicios Sociales, entre otros.

El presidente de la Junta de Castilla y León ha reivindicado una comunidad “rica en valores, humanista y tolerante”, precisamente aspectos que echan en falta los miembros de la oposición, con los que no ha sido capaz de llegar a acuerdos pese a sus juegos de trileros.

El portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Carlos Martínez, ha definido la despoblación, el envejecimiento y la pérdida de oportunidades como los principales desafíos de la Comunidad. “El problema de Castilla y León no es el feminismo, no son los inmigrantes, no es la Agenda 2030”, ha afirmado durante su réplica al candidato 'popular' Alfonso Fernández Mañueco en el debate de investidura.

Para el socialista, que se estrena como líder de la oposición, el Partido Popular de Mañueco ha asumido buena parte del programa de Vox y ha contrapuesto a ese modelo una alternativa basada en la cohesión territorial, los servicios públicos, la atracción de población y la reindustrialización.

Martínez ha comenzado su intervención haciendo mención a sus casi dos décadas al frente de la Alcaldía de Soria y ha asegurado que los problemas que ha conocido durante esos años son los mismos que sufren el conjunto de provincias de la Comunidad.

“Hoy hemos escuchado un discurso que intenta disimular a Vox mientras ejecuta su programa”, ha afirmado Martínez. Según el líder socialista, el discurso de investidura de Mañueco fue “la lectura pública de un pacto” redactado “hace apenas unos días, muy lejos de esta comunidad autónoma”. “No hemos escuchado hoy un proyecto nuevo para Castilla y León. Hemos escuchado la transcripción de las condiciones que usted ha aceptado para seguir siendo presidente”, ha apostillado

El procurador socialista ha afeado a Mañueco que apenas haya mencionado a Vox, a excepción de una mención a Carlos Pollán, durante el discurso a pesar de que “cada página del discurso lleva la huella del acuerdo” con la extrema derecha.

El líder de la oposición ha señalado la paradoja de que Mañueco hable de moderación cuando el pacto recoge los principios de Vox con el denominado principio de “prioridad nacional”. Martínez lo ha desdeñado y ha instado a combatir la despoblación con la llegada de nuevos habitantes sin importar su origen.

“La igualdad de derechos no admite apellidos”

“La igualdad de derechos no admite apellidos. La dignidad humana no depende del lugar de nacimiento”, ha apuntado. “Castilla y León no puede permitirse dividir a quienes viven y trabajan aquí. Nuestra Comunidad necesita sumar, integrar, atraer talento, incorporar población, generar oportunidades y construir esperanza”.

Para el PSOE, la “prioridad nacional” del pacto de PP y Vox es una posición contradictoria, ya que Mañueco presume de haber crecido durante la última legislatura mientras firma acuerdos con quienes la presentan como un problema. “Tendrá que decidir si son parte del problema o de la solución. Las dos cosas a la vez es imposible”, ha defendido.

Dos modelos de Comunidad

Para el portavoz socialista hay dos modelos en Comunidad. “Uno mira al futuro con miedo, con rencor. Otro mira al futuro con ambición y esperanza. Uno busca respuestas en el enfrentamiento. Otro en la convivencia”, ha sostenido Martínez.

Martínez ha reiterado que los verdaderos problemas de Castilla y León siguen siendo la despoblación, el envejecimiento y la pérdida de oportunidades. “El problema de Castilla y León no es el feminismo, no son los inmigrantes, no es la Agenda 2030, no es Europa”, ha asegurado. “El principal problema de Castilla y León es que demasiados jóvenes siguen teniendo que marcharse para construir su proyecto de vida”, ha agregado.

En ese contexto, ha defendido que la Comunidad afronta un problema “estructural” tras casi cuatro décadas de gobiernos del Partido Popular. “Después de casi 40 años gobernando, Castilla y León ya no puede seguir culpando al pasado. Porque el pasado son ustedes mismos”, ha afirmado.

Críticas por la desaparición de la Igualdad, Vivienda y Despoblación en las consejerías

Martínez también ha criticado la supresión de Igualdad, Vivienda y Ordenación del Territorio, al considerar que detrás de esos cambios existe una definición ideológica del modelo de Comunidad. “Cuando desaparecen determinadas áreas de gobierno, desaparecen determinadas prioridades”, ha apuntado.

El portavoz socialista también ha reprochado la ausencia de la violencia machista y la igualdad dentro del pacto de PP y Vox. Martínez ha criticado a Mañueco que no dedicara “ni un solo minuto” a abordar este tema durante su intervención. “La violencia machista existe, mata, destruye vidas y exige el compromiso de todas las instituciones”, ha defendido.

Su función como oposición, según ha explicado, será que los ciudadanos tengan “el derecho a quedarse, el derecho a volver y también el derecho a venir”. Para Martínez el modelo territorial, como ha explicado desde que se puso al frente del PSOE de Castilla y León, es que Castilla y León debe apostar por los “territorios de 30 minutos” para garantizar el acceso a servicios esenciales.

En materia de financiación, Martínez ha reprochado a Mañueco, como presidente en funciones de la Junta, por dar la orden de no acudir al Consejo de Política Fiscal y Financiera. “

El 'gurruño' de Vox, la “cena” de Mañueco

Uno de los momentos que ha dejado el cara a cara entre Martínez y Mañueco ha llegado cuando el socialista ha sacado un papel con las peticiones que Vox remitió la legislatura pasada al PP para aprobar los presupuestos y que el líder 'popular' estrujó haciendo un “gurruño” con la hoja, como lo calificaron dese Vox.

Martínez ha usado el papel para acusar a Mañueco de comerse “sus valores y principios” para seguir “aferrado” al poder. “¿Sabe lo que es esto? Igual le suena más así”, ha aseverado el portavoz mientras hacía con el folio un gurruño. “Su cena fría”, se ha respondido el portavoz socialista.

“Dos años después esa es la cena fría que le ha devuelto Vox para seguir aferrado al sillón”, ha continuado para criticar que el PP haya tenido que usar una coartada para “tragarse sus principios de un partido que se supone de estado” para tener que confundir “el empadronamiento con el arraigo”.

“Usted acusó a Pollán de querer tirar a los migrantes en al mar y usted el gurruño se lo tiene que cenar frío, con sus principios”, ha concluido Martínez mientras dejaba el papel en una bandeja.

El gurruño ha desaparecido de la tribuna de los oradores cuando el presidente de las Cortes, Francisco Vázquez ha pedido que lo quitasen. “Señores ujieres retiren lo que hay ahí”.

Mañueco acusa al PSOE de introducir el criterio de arraigo

En la réplica de Mañueco a Martínez ha acusado al PSOE de introducir el criterio “arraigo” en la concesión de ayudas en los ayuntamientos que gobiernan, entre ellos los de Soria y Palencia. El líder 'popular' ha señalado que en el caso de Soria se pide un año de empadronamiento, Palencia seis meses o en la provincia de León permanecer un año empadronado para acceder a distintas ayudas sociales. También ha mencionado a medidas socialistas de los gobiernos de Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero o Pedro Sánchez.

“¡Cuánta hipocresía hay en el PSOE de Castilla y León!”, ha exclamado Mañueco, para reprochar que la oposición de “se escandaliza y rasga públicamente las vestiduras” ante la 'prioridad nacional'.

Mañueco ha centrado sus réplicas en atacar al portavoz socialista. “Usted no es de fiar, señor Martínez”, ha indicado para criticar que el líder del PSOE de Castilla y León a buscar rédito político con el “uso político” de los incendios. Martínez ha pedido que se retire esta expresión del diario de sesiones “por decencia”.

Críticas por los incendios

El aspirante a presidente de la Junta también ha comparado a Óscar Puente y a Martínez por compartir las “malas formas” por la forma de criticar. Ante esto, Martínez ha recordado que mientras la Comunidad ardía, el líder 'popular' estaba “comiendo gambas en Cádiz, ya que Mañueco estaba de vacaciones.

Martínez también ha criticado que si “alguien es responsable de los incendios” es quien habló de “despilfarro” para referirse a la posibilidad de que hubiera un operativo de prevención y extinción de incendios durante todo el año.

La “conjunción copulativa” de Castilla y León

Otras de las críticas de Mañueco a las propuestas de Martínez ha pasado porque Martínez que no ha pronuncie la 'i griega' de Castilla y León, un error que le ha valido al socialista numerosas críticas desde el inicio de su candidatura, especialmente en círculos leonesistas.

Mañueco interpelado a Martínez sobre cuál es “su propia idea de lo que es Castilla y León. Tiene pocas convicciones y muchísimas dudas. ¿En qué comunidad cree usted que vive? ¿Sin conjunción copulativa como dice a menudo? ¿En Castilla y León, y Soria, y Burgos, y Valladolid y Segovia? Como dijo en otra ocasión.

“Repita conmigo, repita con nosotros, Castilla y León, Castilla y León señor Martínez”, ha ironizado. “Usted ha demostrado que no tiene ninguna seriedad porque ha frivolizado en un tema importante como es el nombre de nuestra comunidad”, ha reprochado.

Choque por la corrupción

En su réplica, Mañueco ha reiterado que Martínez “no es de fiar” por ser, según el líder 'popular', aupado por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán y haber defendido públicamente a Zapatero, a quien se ha referido como “amante de las joyas”.

Martínez ha pedido respeto al proceso judicial y ha recordado los casos que afectan directamente al PP en Castilla y León, como la Trama Eólica y el caso de Perla Negra. “Estaba ahí”, ha señalado para rememorar que Mañueco formaba parte del Ejecutivo autonómico bajo el que se produjeron ambos casos.

El procurador socialista ha reprochado el tono que ha impuesto el líder 'popular' para eludir hablar de los problemas de Castilla y León.

Por Ávila afea a Mañueco perder el tiempo mientras deja de lado los problemas

El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, ha lamentado este martes tener la sensación de haber perdido el tiempo con el eventual gobierno de PP y Vox mientras se dejan de lado los problemas de la Comunidad y, en particular, de la provincia abulense, informa EFE.

“Para esta vuelta al mismo mundo en 80 días no hacían falta estas alforjas”, ha dicho Pascual al candidato del PP a la investidura como presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, desde el hemiciclo de las Cortes de Castilla y León.

Pascual le ha recordado las críticas de los populares hacia Vox durante la campaña electoral, pese a que “vuelva a llevarse al mismo compañero de viaje, que ayer era incómodo y hoy es maravilloso copiloto”, y ha incidido en la pérdida de tiempo cuando ambas formaciones sabían que iban a pactar.

Soria Ya tiende la mano a Mañueco, pero le pide que “mire más allá de Vox”

El portavoz de Soria Ya en las Cortes de Castilla y León, Ángel Ceña, ha pedido a Mañueco que busque acuerdos “más allá de Vox” durante la próxima legislatura y le ha tendido la mano para alcanzar pactos más amplios en beneficio de la Comunidad y de la provincia soriana.

Durante su intervención en el debate de investidura del candidato popular, Ceña ha comparado la situación política actual con una repetición de etapas anteriores y ha asegurado que Castilla y León está viendo “una película vieja y mala”.

“Lo mismo que hace cuatro años, lo mismo que hace siete”, ha afirmado el procurador soriano, quien ha definido el futuro Ejecutivo de coalición entre PP y Vox como un gobierno “débil e inestable”.

Ceña ha lamentado además la ausencia de medidas específicas para Soria tanto en el discurso de investidura como en el pacto de gobierno firmado por PP y Vox.

UPL cree que el pacto de PP y Vox es “papel mojado” y que Mañueco actúa por miedo

La Unión del Pueblo Leonés ha calificado como “papel mojado” el pacto de legislatura entre PP y Vox y ha reprochado al candidato del PP a la investidura como presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que parece actuar por miedo.

“Lo que se deduce de este pacto es una cuestión gris, una cuestión de miedo y sobre todo poco ilusionante”, ha criticado la portavoz parlamentaria de UPL, Alicia Gallego, en el hemiciclo de las Cortes autonómicas, donde ha criticado que las 324 medidas presentadas por Mañueco en el discurso de este martes son “difusas y poco concretas”.

En su intervención, Gallego ha reprochado a Mañueco que haya vuelto al punto de partida de 2022, con un socio de gobierno que no cree en las autonomías y al que ha criticado durante la campaña y se ha abierto a llegar a acuerdos con todas las formaciones, pero siempre en beneficio de la ciudadanía.

Mañueco ofrece “mano tendida” al Grupo Mixto, pero les pide “abandonar el victimismo”

Fernández Mañueco ha ofrecido este martes su “mano tendida” a los procuradores del Grupo Mixto para alcanzar acuerdos durante la legislatura, aunque les ha pedido que abandonen las “políticas del victimismo” y dejen de cuestionar el acuerdo de gobierno alcanzado entre PP y Vox.

Durante su réplica en las Cortes a los portavoces, Mañueco ha defendido que su objetivo es alcanzar consensos en beneficio de Castilla y León, pero ha rechazado los planteamientos que, a su juicio, presentan agravios territoriales dentro de la Comunidad.

Vox asegura que no le preocupa “en absoluto” la polémica sobre la 'prioridad nacional'

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León y futuro vicepresidente primero de la Junta, Carlos Pollán, ha afirmado este martes que no le preocupa “en absoluto” la polémica generada por la inclusión en sus pactos con el PP del concepto de 'prioridad nacional' para las ayudas sociales y de vivienda.

Durante su intervención ante la sesión de investidura en la que Vox apoya convertir de nuevo en presidente al candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, Pollán ha afirmado que se trata de una “polémica alimentada por las terminales mediáticas del sanchismo” y se ha mostrado convencido de que este principio es apoyado por los votantes de Vox, del PP y de “una porción creciente del electorado del PSOE”.

La portavoz del Grupo Socialista en las Cortes, Patricia Gómez, ha acusado este martes al candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), de haber dirigido su discurso de investidura “solo al 49 % de la población” al no incluir, a su juicio, medidas en materia de igualdad ni referencias a la lucha contra la violencia de género.

Tras la intervención de Mañueco en el debate de investidura, Gómez ha criticado que en las 54 páginas del discurso únicamente se hayan realizado dos referencias a políticas de igualdad, una relacionada con el impulso de las vocaciones STEM y otra con el desarrollo profesional de las mujeres.

“Ni una sola mención a la lucha contra la violencia de género”, ha reprochado la portavoz socialista, quien también ha echado en falta propuestas para reducir la brecha salarial y las desigualdades entre hombres y mujeres.

A su juicio, la intervención del candidato popular ha evidenciado “cuánto ha tenido que pagar Castilla y León” para que Mañueco vuelva a ser presidente de la Junta gracias al acuerdo alcanzado con Vox.

Gómez ha sostenido que el discurso de investidura “empequeñece a Castilla y León” y ha acusado al líder del PP de asumir planteamientos de sus socios de gobierno que ha calificado de “racistas, machistas y clasistas”.

Asimismo, ha asegurado que el candidato popular ha protagonizado una intervención propia de un presidente “agotado” y “acabado”, que, en su opinión, “no tiene nada nuevo que ofrecer a esta tierra”.

La portavoz socialista ha contrapuesto esta intervención con la que protagonizará por la tarde el candidato del PSOE, Carlos Martínez, al que ha presentado como una persona “comprometida con Castilla y León” y con “un proyecto claro”.EFE

El candidato del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, ha sido investido presidente de la Junta de Castilla y León por tercera vez. Vox ha sumado sus 14 votos a los 33 del PP para facilitar la mayoría absoluta, fijada en 42 procuradores. Por segunda vez, el PP y Vox gobiernan en esta Comunidad, como en 2022, si bien en 2024 el partido de Abascal dejó el gobierno. La oposición, formado por PSOE, Soria Ya, Unión del Pueblo Leonés y Por Ávila, ha votado en contra.

En su discurso, Mañueco ha asegurado que “con la investidura parlamentaria se formaliza un auténtico ”contrato de Legislatura“ y se dota al futuro gobierno de una legitimidad directa que le vincula con la voluntad expresada por nuestro pueblo”. El líder 'popular' ha adelantado además una legislatura de oposición al Gobierno central. “Con semejante ejemplo- ha dicho sobre este-, no resulta extraña esa oscura imagen de la política que se extiende en nuestra sociedad, viéndola sólo como una fuente de ruido, frases vacías o gestos sin trascendencia”. Así, ha afirmado que “el relato prima sobre los argumentos, la democracia se reduce a demoscopia y la propaganda sustituye a la razón”.

No ha faltado una referencia a la corrupción, la de los demás: Mañueco quiere “evitar que se normalice la degradación que hoy vemos en la vida política española” y se compromete a que España “no se acostumbre a incompetencia, a la corrupción y a la mentira”.

De “no se puede tirar seres humanos al mar” a “arraigo verificable”, el giro xenófobo de Mañueco

Como era de esperar, ha hablado de la “prioridad nacional”, buque insignia del programa de Vox que Mañueco tiene que admitir: “Nos hemos comprometido, inspirados en el llamado principio de ”prioridad nacional“, a establecer una asignación justa de los recursos públicos en función del arraigo real y verificable de sus beneficiarios con nuestra tierra”, ha dicho. Según él, si se prescinde de “demagogias interesadas” es “algo fácil de entender”. Para recibir prestaciones hay acreditar, “sea cual sea la procedencia, ”una vinculación legal, efectiva y estable con Castilla y León“. Así ha justificado, pero sin mencionarlo directamente, que los migrantes tengan que acreditar un número determinado de años de residencia para acceder a una vivienda protegida bien en venta, bien en alquiler, como ha pactado con Vox. Ese punto, a priori, que parece fuera de la Constitución, ha querido disfrazarlo de verificación. Ha matizado que se acatará ”de manera escrupulosa lo que dicen las leyes. La Constitución, el ordenamiento jurídico y el Estatuto de Autonomía“.

Mañueco ha dicho que se les prestarán “de manera general los servicios públicos esenciales como sanidad, educación, servicios sociales, dependencia y transporte público en autobús” y que se excluirá “cualquier tipo de limitación o de retroceso en los derechos ya consolidados”. “Que nadie busque confundir ni se rasgue las vestiduras de forma interesada” ha pedido. Son criterios, dice que “se vienen aplicando en muy diferentes ámbitos, en todos los territorios de España, desde hace ya mucho tiempo y por administraciones de muy distinto signo”.

De esa inmigración a la que se pretende discriminar, ha dicho que “Castilla y León tiene en la inmigración legal y ordenada una fuente de progreso” por lo que “siempre serán bien recibidos· y tendrán apoyo ”cuantos quieran venir a contribuir con su trabajo, esfuerzo y compromiso personal a la prosperidad común“. Así, ha aprovechado para referirse a las ”políticas fracasadas del Gobierno de España en materia de inmigración, que se mueven entre la improvisación, el oportunismo y la imposición, dificultan avances sociales en este sentido“.

Por supuesto, Mañueco ha pactado ese marcaje a los inmigrantes a pesar de que en el primer debate electoral espetó al que ahora va a ser su vicepresidente “al que venga a trabajar y respetar la ley, sin problema, no puede haber papeles para todos, pero no se puede tirar seres humanos al mar, que es lo que a usted le gustaría”. Esa frase parecía haber enfadado a Vox hasta el punto de que exigió disculpas y volvió a hacerlo en el segundo debate. Mañueco nunca se disculpó, pero un pacto de gobierno, parece, ha hecho contemporizar a Carlos Pollán.

Pero, si ha acusado al gobierno central de políticas fallidas de inmigración, se ha atribuido directamente el crecimiento económico. “Es innegable que nuestra Comunidad ha vivido en estos años una etapa de crecimiento y dinamismo económico, creación de empleo, aumento de los derechos sociales, refuerzo de los servicios públicos y repunte poblacional, que han de ser base y referente para seguir avanzando. Nuestra economía crece por encima de la media nacional, impulsada principalmente por la industria y por los servicios, con un aumento del PIB superior al 13% en la última legislatura. Hemos alcanzado cifras históricas de empleo, con más personas que nunca trabajando en Castilla y León”, ha recordado.

En su lista de cesiones a Vox está el Pacto Verde, o más bien la lucha contra él, y no lo ha olvidado en su discurso. “Vamos a suprimir, mantener eliminadas o reformar aquellas cargas y tasas autonómicas derivadas del Pacto Verde que resulten perjudiciales para el sector productivo, para aliviar la presión fiscal y favorecer su competitividad”, ha dicho.

La coordinadora de organizaciones de desarrollo de Castilla y León, que integran 73 organizaciones, ha advertido este lunes que la cooperación “ni es un gasto superfluo ni una concesión ideológica”, y ha advertido de que congelar al mínimo las subvenciones supondría un retroceso para esa comunidad.

En un comunicado, la coordinadora ha trasladado su preocupación ante el acuerdo de gobierno de Castilla y León entre el PP y Vox que recoge congelar al mínimo las subvenciones destinadas a cooperación internacional al desarrollo.

“La cooperación no es un gasto superfluo ni una concesión ideológica. Es una política pública basada en derechos humanos, solidaridad, justicia global, igualdad de género, sostenibilidad ambiental y construcción de paz”, han trasladado desde la coordinadora.

Han recordado ademas que “Castilla y León ha sido históricamente una tierra solidaria. Sus organizaciones sociales, ayuntamientos, diputaciones, universidades, centros educativos y ciudadanía han contribuido durante décadas a acompañar procesos de desarrollo, emergencia humanitaria, defensa de derechos, igualdad entre mujeres y hombres, protección de la infancia, acceso al agua, salud, educación, soberanía alimentaria y fortalecimiento de comunidades en países empobrecidos”.

Y se han referido al estudio de Manos Unidas sobre percepciones de la prosperidad señala que el 80% de la población considera que compartir con los demás es una de nuestras mayores riquezas; el 83% cree que compartir prosperidad es esencial para un mundo más justo y cohesionado; el 82% apuesta por una prosperidad que vaya más allá del mero crecimiento económico y promueva un desarrollo humano inclusivo; y el 59% considera importantes las ayudas oficiales de los gobiernos al desarrollo.

Además, han advertido de “que se consoliden discursos que condicionan el acceso a derechos en función del origen, la nacionalidad o la situación administrativa. Los derechos humanos son universales o dejan de ser derechos. Ninguna política pública debe alimentar la exclusión, la sospecha sobre las organizaciones sociales ni la división entre personas merecedoras y no merecedoras de protección”.

Asimismo, han defendido que las “ONGD en toda España y particularmente en Castilla y León trabajamos con rigor, transparencia y control público. Nuestro objetivo no es sustituir a las instituciones, sino colaborar con ellas y con las comunidades para garantizar derechos, fortalecer capacidades locales y responder a necesidades reales desde la dignidad, la participación y la corresponsabilidad”.

La coordinadora ha defendido el trabajo desarrollado durante los últimos años por la Junta de Castilla y León, sus equipos técnicos y los distintos agentes de cooperación en el marco del IV Plan Director de Cooperación para el Desarrollo.

Y “por respeto a ese trabajo acumulado, consideramos necesario preservar una política pública que cuenta con marco legal propio, experiencia institucional y respaldo social”, han reflexionado desde la coordinadora, que ha apelado al diálogo institucional con la Junta de Castilla y León y con todos los grupos políticos.

Además, ha abogado por que “se garantice la continuidad, estabilidad y mejora progresiva de la política autonómica de cooperación, en coherencia con la Ley de Cooperación de Castilla y León, la Ley estatal de Cooperación, los compromisos internacionales y la trayectoria solidaria de nuestra Comunidad. Defender la cooperación es defender vidas, derechos, paz y dignidad. Castilla y León no debe retroceder en solidaridad”, han concluido.

El coordinador de IU en Castilla y León, Juan Gascón, ha asegurado que el acuerdo de gobierno alcanzado entre PP y Vox en la Comunidad está “más centrado en lo que quieren que haga el Gobierno de España que en lo que pretenden hacer en Castilla y León”, con dos partidos que utilizan esa autonomía como un instrumento para su estrategia política nacional.

En rueda de prensa este viernes en Palencia, Gascón ha calificado el pacto de “negativo” para Castilla y León y ha criticado que buena parte de su contenido esté orientado a cuestiones que exceden las competencias autonómicas o que responden a debates impulsados desde el ámbito estatal.

A su juicio, el acuerdo refleja que tanto PP como Vox conciben Castilla y León “como un objetivo para llegar al fin de gobernar en España”, en lugar de plantear un proyecto propio para responder a los problemas de la Comunidad. Alfonso Fernández Mañueco será investido el 9 de junio con el apoyo de PP y Vox.

Movilización social

Gascón ha recordado que el nuevo gobierno nace de “un fracaso político”, puesto que Vox abandonó el Ejecutivo autonómico hace dos años tras romper la coalición con el PP. “Su propuesta de regeneración para Castilla y León es seguir con lo mismo que ya había”, ha analizado Gascón, quien ha recordado que muchas de las medidas recogidas en el nuevo acuerdo ya formaban parte del pacto firmado por ambas formaciones en 2022.

Además, ha cuestionado la viabilidad económica de algunas de las propuestas incluidas en el documento al entender que combinan rebajas fiscales con nuevas políticas de apoyo a la natalidad, la vivienda o el emprendimiento sin concretar la financiación necesaria para llevarlas a cabo.

Asimismo ha lamentado que el acuerdo “ponga el acento en lo accesorio como la caza o la pesca y no desarrolle lo que es relevante para la Comunidad”. Gascón también ha reprochado al PP que exija al Gobierno central la aprobación de presupuestos cuando la Junta acumula varios ejercicios con las cuentas prorrogadas y ha advertido de que el acuerdo contiene numerosas demandas dirigidas al Ejecutivo estatal mientras resulta menos exigente con las actuaciones que corresponden a la propia Administración autonómica.

En la misma línea, ha advertido de que el pacto incorpora medidas dirigidas a controlar el absentismo laboral y recortar el peso de los sindicatos de clase, mientras apenas contempla propuestas para mejorar las condiciones de los trabajadores, que representan más del 80 por ciento de los afiliados a la Seguridad Social en la Comunidad. Por ello, ha defendido el papel de las organizaciones sindicales en conflictos como los de Siro o Renault y ha acusado a PP y Vox de querer debilitar a quienes tienen capacidad para defender los intereses de los trabajadores frente a las políticas del nuevo Ejecutivo autonómico.

Amnistía Internacional alerta de que se cuestionen los derecho shumanos

Amnistía Internacional Castilla y León ha alertado este viernes del “grave retroceso” que en derechos humanos va a suponer el acuerdo de Gobierno entre el PP y Vox en esa comunidad, en cuanto que “cuestiona que los derechos humanos sean para todas las personas”.

En la misma línea que los “retrocesos ya acordados en Extremadura y Aragón” por ambas formaciones, Amnistía Internacional se ha referido este viernes en un comunicado a cuestiones que incluye ese acuerdo como el principio de prioridad nacional en las ayudas, el rechazo a acoger menores migrantes, planes de repatriación o la supresión de subvenciones a las ONG y la vinculación de la delincuencia con la inmigración.

También incluye el acuerdo firmado entre PP y Vox en la comunidad la prohibición del burka y el nicab, el endurecimiento de los centros de menores, la reforma restrictiva del padrón, la exclusión de personas en situación irregular de prestaciones esenciales y la ausencia de medidas contra la violencia de género.

Amnistía Internacional ha incidido en que son políticas que “vulneran obligaciones internacionales protección de la infancia, libertad religiosa y derecho a la vivienda”. La ONG ha incidido en que “ningún acuerdo político puede justificar retrocesos en derechos humanos y que Castilla y León debe garantizar una plena y efectiva de todas las personas, sin excepciones”.

El líder del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha anunciado este viernes que la semana que viene su grupo parlamentario registrará en las Cortes una proposición de ley de reforma de la actual normativa de atención a las víctimas de violencia de género, para retomar esos trabajos y “desenmascarar” a PP y Vox.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces, Martínez ha subrayado que será “la primera piedra de toque” para el nuevo gobierno de coalición formado por PP y Vox, que ve como una “confluencia de intereses personales y partidistas” y dirigido por dos “funambulistas” que hacen “equilibrios”.

Sobre este texto, el socialista ha detallado que sí incorpora muchos de los acuerdos alcanzados con el PP en la ponencia de esta ley en la pasada legislatura, además de contar con el respaldo de asociaciones feministas y plataformas de la sociedad civil, por lo que es un “documento ya trabajado” y sobre el que partir.

Justo al final de la anterior legislatura la Junta de Castilla y León, con el PP gobernando en solitario, fue retirado in extremis el proyecto de ley de modificación de esta norma autonómica contra la violencia de género, para el que PP y PSOE rozaron el acuerdo en la ponencia.

Al margen de esta reforma legal, el también líder de los socialistas en la Comunidad ha aprovechado para criticar algunas medidas incluidas en el pacto PP-Vox, como las referidas a la lucha contra la despoblación.

En esta materia ha dicho: “¿Todavía estamos anclados en que hay que dar viagras para poder resolver el problema de la despoblación? ¿Incentivos a la natalidad, no se han enterado de nada en estos últimos 40 años? Hay que ser un poco más serios”.

PP y Vox muestran sus diferencias

Por su parte, PP y Vox han evidenciado sus diferencias sobre una posible reforma de la ley de violencia de género de Castilla y León, después de que el nuevo acuerdo de gobierno entre ambas formaciones haya dejado fuera esta cuestión, aunque sin cerrarle definitivamente la puerta, como ayer expresó el portavoz en funciones de la Junta, Carlos Fernández Carriedo.

La portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Leticia García, ha defendido que el PP seguirá trabajando para buscar el máximo consenso en una materia que ha calificado de especialmente sensible.

“El Partido Popular es el partido que siempre más ha defendido a la mujer en la lucha contra la violencia de género”, ha afirmado García, quien ha insistido en que la formación mantiene su voluntad de avanzar desde la “unanimidad” y el acuerdo entre los grupos parlamentarios.

La dirigente popular ha evitado profundizar en una eventual reforma de la norma, no ha descartado que pueda incluso estar impulsada por la Junta y ha cargado contra el portavoz socialista, al que ha acusado de intentar generar polémica con un “truco efectista al estilo de (Juan) Tamariz”.

Por su parte, el portavoz de Vox en las Cortes, Carlos Pollán, ha marcado distancias con una eventual modificación legal impulsada desde el PP y ha recordado que esta cuestión no forma parte del pacto de gobierno alcanzado entre ambas formaciones.

“No hemos hablado de ello en el acuerdo”, ha señalado Pollán, quien ha subrayado que PP y Vox son “dos partidos distintos y con distintos planteamientos”.

“Sí que garantizo que nosotros no apoyamos ninguna ley de ese tipo”, ha apostillado Pollán, quien ha aclarado que cualquier decisión sobre una eventual reforma corresponderá al PP y no al Gobierno de coalición.

Alfonso Fernández Mañueco será investido presidente de la Junta de Castilla y León el martes 9 de junio, según ha aprobado este jueves la Mesa de las Cortes. El pleno comenzará a las 12.00 horas con la intervención del candidato del Partido Popular presentando su programa de gobierno. Esta primera exposición no tendrá límite de tiempo. Es la tercera vez que Mañueco saldrá elegido líder del Ejecutivo autonómico, en todas las ocasiones ha necesitado de un pacto para garantizar su Presidencia y en las dos anteriores el acuerdo de gobierno se rompió.

Mañueco cuenta con el apoyo de su partido y el de Vox que, tras el acuerdo firmado y presentando este miércoles, sumará sus 14 procuradores a los 33 del PP; en total 14, para superar la mayoría absoluta que para esta legislatura es de 42.

Frente a la mayoría del nuevo pacto de PP-Vox, el PSOE, UPL y Soria Ya han mostrado su rechazo y votarán en contra. La posición de Por Ávila todavía se desconoce, su único procurador adelantó un posible apoyo si el PP se sentaba a negociar proyectos para su provincia.

Tras la intervención del candidato, la sesión de investidura se retomará con la respuesta de los grupos parlamentarios a Fernández Mañueco. En este caso, cada portavoz tendrá un tiempo de 30 minutos y un segundo turno de dúplica para responder al candidato. Para Mañueco en su respuesta no hay tiempo y podrá elegir entre responder de forma conjunta o individual. El orden fijado de intervención será PSOE y luego se repartirá entre las tres formaciones que componen el Grupo Mixto. El reparto para estas formaciones será de 18 minutos UPL, 6 Soria Ya y 6 Por Ávila minutos. Mientras que para la duplica será de 6, 2 y 2 respectivamente.

La Mesa de las Cortes ha optado para mantener el tradicional reparto de turnos al igual que en otras investiduras. En la Junta de Portavoces, Vox ha propuesto que las respuestas a Mañueco las iniciarán el Grupo Mixto, luego el PSOE y acabar con Vox y PP. El siguiente paso para que Mañueco pase de estar en funciones, como desde el 15 de marzo, es el acto de poesión que todavía no está fijado y será los días siguientes a que salga investido por las Cortes.

El PSOE acusa a PP y Vox de “engañar” a toda la ciudadanía

El secretario general del PSOE, Carlos Martínez, ha acusado a Vox y PP de tratar de “ocultar” el engaño “masivo al que quieren someter a toda la ciudadanía y del que ni ellos mismos están absolutamente convencidos”. A juicio del portavoz del PSOE en las Cortes, el partido de Carlos Pollán es el “único animal que tropieza dos veces en la misma piedra”.

Para Martínez ni PP ni Vox “son de fiar” y el pacto firmando se encuentra “lleno de ambigüedades. Asimismo, ha considerado que el documento recoge un modelo de gobierno que se encuentra al margen del Estatuto de Autonomía, de la Declaración de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y entra en conflicto con la Constitución Española y la Carta de Derechos Humanos.

A pesar de que el portavoz en funciones de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, apuntara este jueves que cualquier medida que tomará el futuro gobierno iba a estar avalada por un informe jurídico, Martínez ha apuntado que este futuro Ejecutivo dejará a Castilla y León al “margen” del Diálogo Social al “criminaliza” a sindicatos y a empresarios.

Ausencia de medidas en materia de despoblación

Los representantes de Soria Ya y de Unión de Pueblo Leonés han criticado que en ese pacto de PP y Vox apenas haya una medida de las 324 que trate la despoblación. En concreto, la omisión de referencias a Soria y Zamora como las dos provincias más castigadas por esta situación.

Para el también portavoz de Vox y futuro vicepresidente primero, Carlos Pollán, de Vox, el acuerdo recoge temas cruciales como la vivienda, el empleo, los servicios públicos y el mundo rural, cuestiones que serán “unas de las principales prioridades”

Por parte del PP, la portavoz Leticia García ha definido el pacto como “profuso, completo y amplio” al abordar cuestiones a “fundamentales” en el día a día. Para la procuradora 'popular', las críticas de la oposición vienen “por exigencias del guión” y mienten, algo que ha achacado al portavoz socialista. “La verdad es que sonroja, produce vergüenza ajena escucharles hablar”, ha apostillado.

La Comisión de Ética de Castilla y León ha decidido archivar las investigaciones al consejero de Medio Ambiente en funciones, Vivienda y Ordenación del Territorio , Juan Carlos Suárez-Quiñones, y a uno de sus directores generales, José Manuel Jiménez Blázquez, que lleva Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, según el acta de su última reunión, celebrada el 12 de mayo y publicada recientemente.

En dicha cita se debatieron tres investigaciones que afectaban a Suárez-Quiñones, consejero desde el año 2015, y a Jiménez Blázquez, alto cargo del Ejecutivo de manera intermitente desde 2003: la autorización de un macrovertedero de residuos a una empresa que había dado trabajo al hijo del consejero de Medio Ambiente —como desvelaron iLeón.com y elDiario.es—, un asunto sobre el que Fiscalía abrió una investigación, que finalmente se archivó. Además, el consejero en funciones también firmó en 2024 la legalización en el parque natural de Babia-Luna de una vivienda del mismo empresario, algo que había rechazado el Ayuntamiento y tenía un informe autonómico en contra.

El 30 de julio del año pasado, diez días antes de la oleada de incendios de León, Juan Carlos Suárez-Quiñones firmó la autorización de un polémico macrovertedero de residuos peligrosos y no peligrosos en la provincia de León a un conglomerado empresarial en el que figuraba como directivo su hijo. Una semana después, firmó la autorización del macrovertedero con la figura de Proyecto Regional. El consejero participó en la firma de las autorizaciones del procedimiento al grupo societario vinculado a Macario Fernández, en cuya empresa principal figuraba como responsable jurídico el hijo menor de Suárez-Quiñones. Su relación contractual duró hasta hace dos años o dos años y medio desde el 2021.

Antes de este archivo, en septiembre de 2025 se presentó un escrito para ver si este comportamiento se ajustaba al Código Ético de Altos Cargos. La Comisión de Ética solicitó información a Fiscalía poco después, aunque esta no respondió hasta abril, cuando se informó de que las diligencias preprocesales se habían archivado —de lo que los medios se hicieron eco ya en enero de 2026—. Esta institución, que no es judicial, justifica su decisión de archivar el cuestionamiento ético por la inexistencia de un delito: “Dada la identidad de sujeto, hecho y fundamento, se acuerda por unanimidad no continuar con la realización de más actuaciones y acordar el archivo de la denuncia”, zanja el acta. La Consejería de Medio Ambiente se ha negado a hacer comentarios.

Una comisión integrada por miembros de la Junta y profesores de Derecho

La Comisión está presidida por el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, e integrada por el secretario general de la Consejería y dos profesores de Derecho Penal y Administrativo de las universidades de León y Salamanca.

La Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno recibió un escrito en noviembre de 2025 que denunciaba la posible incompatibilidad del director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, el conflicto de intereses y un posible incumplimiento en la declaración de bienes, derechos patrimoniales y obligaciones. Dos meses después, elDiario.es se hizo eco de la situación Jiménez Blázquez: administró una empresa durante cinco años pese a su total incompatibilidad.

El director general defendió entonces que se trataba de “una sociedad sin actividad” en la que participaba por “herencia” de su padre. Sin embargo, dicha compañía tuvo 326.000 euros de beneficios entre 2020 y 2022. La Comisión de Ética pidió documentación al Registro Mercantil en tres ocasiones: una vez fue inadmitida “por la forma de presentación”, en otra ocasión se ofreció una información “insuficiente”, que se amplió en una tercera petición. Todas ellas en enero de 2026. La Consejería de la Presidencia recibió a finales de abril la información sobre Jiménez Blázquez, que también es consejero delegado de la empresa pública más importante de Castilla y León (Somacyl).

La Comisión de Ética alude a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que descarta la incompatibilidad si el cargo ejerce como administrador único de la empresa y esta se dedica al arrendamiento de bienes inmuebles que pertenecen a la empresa. El Tribunal Supremo admite también en varias ocasiones la compatibilidad cuando el cargo público mantiene recursos “ya integrados en el patrimonio”.

Además, la Inspección General de Servicios entregó la información relativa a los bienes y actividades de los altos cargos. “Dado el carácter de administración patrimonial, no se puede considerar incluido dentro del régimen sancionador”, concluye el acta, que recoge el archivo de la denuncia.

El secretario general de UGT Castilla y León, Óscar Lobo, ha recordado este jueves a la Junta que la Justicia ya obligó a revertir la supresión de las subvenciones a los sindicatos, una medida que se repite en el acuerdo para gobernar esta Comunidad alcanzado el miércoles entre PP y Vox. 

Lobo ha afirmado que la intención de reducir a la mitad las ayudas a organizaciones sindicales vulnera el Estatuto de Autonomía, en la rueda de prensa desarrollada durante el Consejo Autonómico convocado por UGT para analizar dicho acuerdo. 

“Si están dispuestos, nos volveremos a ver en los tribunales, no sé si quieren volver a perder este partido”, ha alertado Lobo. 

El representante también ha señalado la ausencia de referencias a los derechos laborales en el acuerdo y ha denunciado que se pretenda sembrar “la sospecha y la culpa” sobre personas en situación de baja laboral y desempleo. 

UGT ha analizado que, pese a que la consejería de Industria, Comercio y Empleo no recaiga en Vox en el nuevo acuerdo, no cambiará el “talante” de quien la encabece. 

Lobo ha denunciado que en la formación de Vox están “más envalentonados” y respaldados por una “ola reaccionaria global”, mientras que el PP ha tenido que “tragar más sapos” que en el acuerdo alcanzado por ambas formaciones para gobernar la Comunidad en 2022. 

El representante ha señalado la paradoja de que el PP dependa “aún más” de la “extrema derecha” y ha afirmado que la decisión se ha alcanzado fuera de Castilla y León. 

“Los seguidores de Trump y los fanáticos de la motosierra van a formar parte del gobierno de Castilla y León y eso va a afectar a los proyectos personales y de vida de la mayoría de esta comunidad autónoma”, ha denunciado Lobo. 

UGT ha señalado que hay medidas impuestas desde el exterior que perjudican a la Comunidad como los aranceles, las políticas que reducen la acción de las ONG y los sindicatos o los ataques al diálogo social. “No vamos a quedarnos quietos, vamos a dialogar pero a responder”, ha defendido Lobo.

La Junta de Castilla y León ha asegurado este jueves que está “acercando posiciones” con la patronal de empresas forestales (Asemfo) para facilitar la aplicación de la normativa laboral que afecta al operativo de prevención y extinción de incendios, en un contexto marcado por las dificultades que algunas compañías han trasladado para adaptarse a las nuevas exigencias legales.

Así lo ha afirmado el portavoz del Ejecutivo autonómico en funciones, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha precisado que los contactos abiertos con el sector no persiguen negociar una ley que ya está en vigor, sino buscar fórmulas de colaboración que permitan cumplirla.

“En el ámbito laboral estamos acercando posiciones sobre cómo colaborar”, ha explicado Carriedo al ser preguntado por la situación generada tras las advertencias de empresas del operativo forestal sobre los problemas para aplicar determinados requisitos laborales y que afectan a casi un millar de bomberos forestales.

El portavoz ha reconocido que se trata de una cuestión “muy complicada” y ha apuntado que la adaptación de la normativa plantea dificultades organizativas en una comunidad. No obstante, ha insistido en que la voluntad de la Junta es mantener abiertas las vías de diálogo con las empresas para facilitar al máximo la implantación de la ley.

Según ha explicado, el objetivo del Gobierno autonómico es que la aplicación de la regulación se lleve a cabo en Castilla y León “con la mayor facilidad posible”, manteniendo la operatividad del dispositivo de lucha contra incendios forestales.

“Sí queremos dialogar. Esta es una seña de identidad”, ha concluido el portavoz autonómico, que ha defendido la búsqueda de acuerdos con los distintos sectores implicados.

Las ONG de Castilla y León han anunciado que comienzan a prepararse para responder a los recortes en derechos a los migrantes que se deriven del acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Castilla y León, y los propios recortes económicos con la retirada de ayudas a las organizaciones atienden y ayudan a los extranjeros en la Comunidad.

El presidente de la Coordinadora de ONG de Castilla y León, Nacho Baeza, ha recordado que la actividad de estas organizaciones no solo se centran en otros países, sino que tienen mucha actividad también en el propio territorio de Castilla y León, y ha avanzado que mantendrán una reunión para valorar el pacto y fijar una postura común.

Baeza ha indicado que los castellanos y leoneses son “mayoritariamente solidarios”, como muestra un estudio de Manos Unidas que concluye que más del 90 % de la población respalda las acciones de cooperación al desarrollo, cuyas ayudas también se van a limitar en el nuevo gobierno de coalición.

Y considera que no tiene sentido reducir estas ayudas a cooperación, que en este momento equivalen a una aportación de 2,5 euros por cada ciudadano de la comunidad.

En cuanto al concepto de 'prioridad nacional', de ampliación a la hora de acceder a políticas de vivienda y ayudas sociales y públicas, cree que introduce una “lógica potencialmente excluyente” contra la universalidad de los derechos.

Nacho Baeza ha adelantado que también apoyarán a organizaciones que luchan contra el cambio climático porque consideran que está relacionado con la migración, ya que muchos de los que se van de sus países lo hacen porque el incremento de temperaturas hace que no haya alimentos suficientes.

Hace dos años, el PP tuvo que rectificar en Burgos el veto a las ONG que trabajaban con migrantes como impuso por Vox. El Ayuntamiento intentó suprimir las ayudas por valor de 119.000 euros a las tres ONG que trabajan con personas migrantes en la ciudad: ACCEM, Burgos Acoge y Atalaya Intercultural. En ese momento, varias asociaciones de la ciudad —incluida Cáritas— se movilizaron en apoyo a las ONG afectadas.

El portavoz de la Junta de Castilla y León en funciones, Carlos Fernández Carriedo, ha garantizado que todas las medidas recogidas en el pacto firmado este miércoles por PP y Vox respetarán la legalidad vigente. El dirigente 'popular' ha indicado que las medidas derivadas del concepto de “prioridad nacional” se harán con informes jurídicos como garantía del cumplimiento normativo.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carriedo ha reiterado que “todo lo pactado en el texto es conforme a la ley” incluidas aquellas convocatorias de ayudas y prestaciones que exigirán “arraigo” para ser concedidas.

Tras las críticas y dudas sobre la aplicación de las medidas del nuevo pacto de gobierno, Carriedo ha querido trasladar que es un acuerdo que garantiza “estabilidad, confianza y seguridad” y permitirá desarrollar un programa de gobierno durante los próximos cuatro años. Para el portavoz en funciones el futuro Ejecutivo autonómico será “para todos”.

Carriedo ha querido matizar que las medidas que Vox sobre migración no buscan excluir a determinados colectivos. “No queremos que se excluya a ningún ciudadano”, ha asegurado, para precisar que las ayudas se dirigirán a personas que se encuentren “en condiciones de legalidad” y con “arraigo”, algo que, como ha defendido recogido ya es “real, verificable y duradero”.

El portavoz en funciones puso de ejemplo para esto a la ayuda para la obtención del permiso de conducir incluida en el pacto, que prevé requisitos vinculados al tiempo de residencia en Castilla y León. Eso sí, Carriedo ha evitado concretar si los mismos criterios temporales se aplicarán al conjunto de prestaciones recogidas en el documento y ha señalado que cada convocatoria establecerá sus propias condiciones.

“Urgencia vital” y atención a migrantes en situación irregular

El concepto de “urgencia vital” es un apartado especialmente cuestionado por su falta de limitación y concreción en el acuerdo. En el punto 10.8 del texto, dentro de la “prioridad nacional”, se recoge la exclusión del “acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital”.

Preguntado por ello, Carriedo tampoco ha concretado qué situaciones quedarían incluidas dentro de ese concepto. El portavoz se ha limitado a señalar que la ayuda humanitaria está “claramente garantizada” y ha indicado que el acuerdo asegura la prestación de aquellos servicios que tengan carácter vital.

Sobre si es cobertura de supuestos se restringirá únicamente a cuestiones sanitarias o podrá extenderse a otras necesidades básicas, ha indicado que cada caso se hará de manera individual. Para Carriedo este apartado es compatible con la atención a las personas y la lucha contra la inmigración ilegal y las mafias de tráfico de seres humanos, otro aspecto que el documento recoge.

Verificación de edad de los migrantes y ayudas a las ONG

La rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno se ha centrado en cuestiones derivadas del acuerdo firmado este miércoles, puesto que el pacto firmado por PP y Vox no fue enviado a los medios hasta después de la comparecencia conjunta de Carlos Pollán y Alfonso Fernández Mañueco. En ese texto, se recoge el compromiso para realizar pruebas de determinación de edad a inmigrantes en situación irregular desde que arranque el Gobierno autonómico.

A este respecto, preguntado por cómo lo va a hacer la Junta de Castilla y León, Carriedo ha señalado que la Comunidad no tiene competencias de Justicia, materia a la que corresponde este tipo de actuaciones. El portavoz se ha limitado a apuntar que la Junta tendrá que colaborar con otras administraciones para impulsar mecanismos que permitan la verificación de la edad de determinadas personas cuando existan dudas.

Tampoco ha concretado quién realizaría esas pruebas, si será personal del Sacyl o quién, ni cómo se articularían en la práctica.

Preguntado por la supresión de ayudas a organizaciones que favorezcan la inmigración ilegal, el portavoz ha explicado que la Junta no colaborará con entidades que incumplan la ley o participen en actividades contrarias al ordenamiento jurídico. Más adelante, Carriedo ha indicado que no conoce a ninguna ONG en Castilla y León que pueda ser sospechosa de ejercer esas actividades.

Durante el primero de los debates electorales, el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, reprochó a Vox que sus políticas migratorias equivalían a “tirar seres humanos al mar”. Preguntado por esta afirmacíón y el motivo que ha llevado al PP a asumir los postulados de su socio de gobierno en esta materia, Carriedo no ha querido profundizar en la contradicción y ha replicado, de nuevo, que con el acuerdo se garantiza el respeto a “la ley, la libertad, la igualdad y la unidad de España”, principios que, a su juicio, inspiran el conjunto de las medidas pactadas.

Ley de Violencia de Género

En el documento presentado este miércoles ha desaparecido cualquier tipo de mención a la igualdad o a desarrollar una nueva Ley de Violencia de Género que se acordó en el anterior pacto de 2022 y que nunca vio la luz. Pese a la omisión, Carriedo ha justificado que se trata de una materia de “mucha importancia” que trasciende el pacto alcanzado entre PP y Vox.

Según ha explicado, la intención de la Junta es buscar un acuerdo más amplio que incluya al conjunto de las fuerzas con representación parlamentaria. “Vamos a intentar conseguir la unanimidad de todos los partidos”, ha asegurado el portavoz. Hay que recordar que en la legislatura pasada, Mañueco tuvo que retirar la ley por la falta de consenso y apoyo parlamentario.

La nueva Vicepresidencia Segunda busca “elevar de rango” a sus competencias adscritas

Del acuerdo presentado este miércoles llamó la atención, entre otras tantas cosas, la creación para esta legislatura de dos vicepresidencias. La primera, que será para Vox y la ostentará Carlos Pollán, tendrá adscrita una de las tres consejerías que le corresponde al partido de extrema derecha, mientras que la segunda, del PP, tendrá competencias de Vivienda y Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil. Esta remodelación, que sale de romper las áreas antiguas de Familia y de Medio Ambiente, buscará “elevar de rango” de estas materias “estratégicas para el futuro de Castilla y León”, como ha señalado Carriedo.

Como ha indicado, esta estructura contará con direcciones generales propias y responde a la voluntad de Fernández Mañueco de situar estas materias “en la primera línea de acción” del Gobierno. También ha rechazado que la fórmula sea un modo para sortear el límite legal de diez consejerías, al recordar que existen precedentes de varias vicepresidencias con competencias tanto en Castilla y León como en otras comunidades y en el Gobierno central.

El Partido Popular se ha entregado a Vox en Castilla y León. El pacto conocido este miércoles deja en manos de Vox toda la carga ideológica de la Junta. El cambio respecto al acuerdo de 2022, momento en que la extrema derecha entraba por primera vez en un gobierno autonómico, es de peso, y se puede interpretar en su literalidad. Hace cuatro años Alfonso Fernández Mañueco (PP) y Juan García-Gallardo (Vox) firmaron un pacto de cuatro páginas, 11 ejes de gobierno y 32 acciones. La mayor parte del documento abundaba en generalidades que quedaron prácticamente en nada. Fue un pacto a regañadientes porque Mañueco esperaba mejores resultados. El de 2026, con 62 páginas, 19 ejes y 324 medidas con plazos establecidos, deja claro que los de Abascal no están dispuestos a un nuevo brindis al sol.

Sin entrar en las medidas, los de Vox, con un escaño más (14) que en 2022 le han sacado partido. Si hace cuatro años negociaron la presidencia del Parlamento, una vicepresidencia y tres consejerías, esta vez renuncian a la presidencia del Parlamento, una decisión que no entienden en las filas, pero se hacen con la vicepresidencia primera de las dos que habrá esta legislatura, la de Vox llevará aparejada una consejería, pero no se sabe cuál. La segunda es para el PP, y se ha reservado las competencias de Vivienda y Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil. Esta vicepresidencia tan heterogénea se explica por las exigencias de Vox, que no solo impone la creación de una nueva consejería, sino que extrae competencias de otras del PP. Así, el PP seguirá teniendo la Consejería de Presidencia, la de Economía y Hacienda, una Consejería de Empleo, Industria, Universidades y Comercio, la de Medio Ambiente y Energía (se incorpora esa segunda área), Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial (otra área que se crea), Sanidad y Bienestar Social (esta última sale de Familia) y Educación. La ampliación o cambios en las áreas de las consejerías viene motivada también por lo que quería Vox.

Vox se queda con Familia y Ayudas sociales para llevar a cabo sus políticas xenófobas

El partido de Abascal liderará una nueva consejería, la de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. El ámbito de acción de la Desregulación es la rebaja normativa. Pero además asume la antigua Consejería de Familia, si bien la parte de Bienestar Social se la queda el PP, y el área de Ayudas Sociales. Para Vox eran vitales esos dos departamentos para llevar a cabo su política xenófoba denominada eufemísticamente “prioridad nacional” y definida por el “los españoles primero”. Como en la anterior legislatura, se quedan con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, estas dos últimas áreas se incorporan ahora y salen de Medio Ambiente. Vox no quiere gestionar incendios, pero sí medidas anti ecologistas y Agenda 2030. Está por ver cómo funcionan esas divisiones sin generar un choque. Por último, Vox volverá a estar al frente de Cultura, Turismo y Deporte.

Copia y pega de medidas que superan el ámbito autonómico

Entrando de lleno en el acuerdo, es un documento denso, pero con pocas novedades respecto a los que han firmado Vox y PP en Extremadura y Aragón. De hecho, parece que en la mayoría de las medidas se ha hecho con copia y pega. No sólo eso, es que son medidas de difícil puesta en marcha puesto que exceden las competencias autonómicas. Es el caso de la “prioridad nacional” con el mismo texto para las tres comunidades y que impone entre otras cosas que el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones a quienes tengan un “arraigo real, duradero y verificable”. Para ello insta, entre otras medidas, a modificar la Ley Orgánica 4/2000, algo que debe abordar el gobierno central. Esta es una medida que debe ponerse en marcha “desde el arranque del gobierno”.

Otra coincidencia con Aragón y Extremadura es la “aplicación firme del desahucio exprés y refuerzo de la protección a las víctimas”, que pretende exigir la “legislación vigente que permite el desahucio inmediato de ocupas ilegales, conforme a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil”. En este caso el plazo es “antes del fin de 2026”. Entre las medidas xenófobas está también el “Plan de retorno y repatriación de inmigración ilegal” y que marca que la Junta trabajará activamente por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen. “Para ello, en el ejercicio de sus limitadas competencias en materia de relaciones internacionales (artículo 35.2 de Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social), promoverá acuerdos con los países de origen, que faciliten y agilicen las repatriaciones y retornos efectivos de los menores con sus padres”, el plazo es desde el arranque del gobierno. Para verificar la edad de los inmigrantes “ilegales” habrá una dotación presupuestaria destinada a la realización de pruebas de determinación de edad. “Estas pruebas se aplicarán para evitar fraudes en la condición de menor y el colapso de los servicios”, dice el texto. Este miércoles hemos visto en Aragón un ejemplo de estas nuevas políticas: pruebas de edad a niñas migrantes de nueve años.

Echar a los migrantes y dar 5.000 euros a los castellanos y leoneses que retornen del extranjero

Las medidas que afectan a los migrantes, y son unas cuantas, se despacharon en apenas dos líneas en el acuerdo de 2022, era la última medida y decía: “Promoveremos una inmigración ordenada que, desde la integración cultural, económica y social, y en contra de las mafias ilegales, contribuya al futuro de Castilla y León”. Nada más. Pero en el actual acuerdo, no sólo pretenden cuestionar la edad de los menores no acompañados, que llegarían a Castilla y León ya con las pruebas hechas, repatriarlos llegando a acuerdos con sus países de origen que ya se antojan complicados, es que además hay una medida de “supresión total de subvenciones a ONGs que favorezcan la inmigración ilegal”. El texto dice que se suprimirán todas las subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con ONG u otras entidades “que participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal, o que actúen como cooperadores necesarios de las mafias de tráfico de personas”. “La Junta de Castilla y León no destinará ni un solo euro público a estructuras que incentiven el efecto llamada”, en este caso el plazo comenzará cuando haya un primer presupuesto, esto es en 2027.

Mientras que la Junta de Castilla y León pretende expulsar migrantes y castigar a las oenegés que los ayudan, quiere que los castellanos y leoneses que se han ido, vuelvan. “Consolidaremos emprendimiento el programa y contratación ”Volver a Castilla por cuenta ajena dirigido y León“ de promoción a los castellanos y leoneses residentes en el exterior para que regresen a trabajar a la Comunidad concediendo de 5.000 euros tanto a los retornados que emprendan un negocio en la Comunidad las empresas de nuestra tierra que los contraten por cuenta ajena”, dice una de las medidas.

Vox impone además una “auditoría anual de todos los gastos vinculados a la inmigración masiva” para ·“garantizar el mínimo desembolso de acuerdo con el marco legal vigente”, la auditoría será anual y se hará pública.

Como era de esperar, Vox también ha introducido en Castilla y León la medida para eliminar el “burka”, un atuendo que raramente se ve. “La Junta de Castilla y León prohibirá el uso del burka y nicab y de cualquier prenda similar” que oculte completamente el rostro en lugares públicos.

A vueltas con la Sanidad Animal

Una medida que no aparece en los acuerdos de otras comunidades es la de “Mejora de la sanidad animal”. Contempla una “adecuada previsión frente a enfermedades animales como la tuberculosis bovina o enfermedades emergentes” que garantiza la vacunación gratuita frente a enfermedades emergentes. Además, pretenden exigir al gobierno central “la actualización de las tablas de indemnizaciones y el pago inmediato de las mismas”. Se desarrollarán “nuevos protocolos de actuación que determinen y adecuen el alcance de los cambios introducidos por la Ley 6/2024, de 17 de junio, de modificación de la Ley 6/1994, de 19 de mayo, de Sanidad Animal de Castilla y León”.

Esta medida viene por uno de los mayores fracasos de Vox en Castilla y León, cuando en 2023, el consejero de Ganadería decidió relajar las medidas contra la tuberculosis bovina. La situación se volvió crítica cuando el ministerio del ramo dictó orden de inmovilizar ganado en Castilla y León, y las pérdidas fueron millonarias en el sector. Los ánimos se caldearon tanto que los ganaderos asediaron la sede de la Junta en Salamanca, causaron destrozos e hirieron a Policías.

El término 'violencia de género' no aparece y las políticas de igualdad tampoco

Otra medida que no está en otras comunidades es la de la Ley de Concordia, que empezó a tramitarse en la legislatura anterior y se quedó en un cajón cuando Vox dejó el gobierno. El proyecto de ley que no recuperan es el de la Ley de Violencia de Género que se acordó en el pacto de 2022 y nunca vio la luz. Tampoco lo hará en esta legislatura. En el pacto no aparecen políticas contra la violencia de género, de hecho, no aparece el término, tan solo el de “violencia sobre la mujer” y no demasiadas veces: una para hablar de aplazamiento del pago de tributos a mujeres víctimas de violencia y en la parte que habla de tipos reducidos en impuesto patrimonial para la adquisición de la primera vivienda. Tampoco aparecen las políticas de igualdad, aunque es una de las áreas desgajadas de Familia que se queda el PP.

Las infraestructuras: medidas sin efectividad porque son peticiones al gobierno central

El apartado de infraestructuras roza el surrealismo, porque hace un listado de lo que exige al gobierno central y que pasa por acabar autovías pendientes como las A‑11, A‑12, A‑15, A‑40, A‑60, A‑73 y A‑76, convertir en autovías la N‑234 (Burgos–Soria–Calatayud) y N‑610 (Palencia–Benavente) e incluso actuaciones ya previstas y licitadas como es el caso del tercer carril en la A-62. También hay peticiones deinfraestructurass ferroviarias, como un Corredor Atlántico para el que en la pasada legislatura, la Junta llegó a contratar a un “delegado”, el expresidente de las Cortes por Ciudadanos, Luis Fuentes. Poco se sabe de su cometido y de los hitos alcanzados.

Se pide además reabrir rutas como la Ruta de la Plata (Plasencia–Salamanca–Zamora–Benavente–Astorga), Madrid–Aranda–Burgos y Soria-Castejón. Caen también las peticiones de más plazas y frecuencias de Avant, lanzaderas AVE para algunas estaciones, declaraciones de líneas de Obligación de Servicio Público... pero compromisos de la Junta, pocos más allá de finalizar algunos planes territoriales de fomento.

Hay muchas medidas que claramente vienen del Partido Popular, estaban en el programa: un presupuesto de 10 millones de euros para sustituir bañeras por platos de ducha en viviendas de personas mayores, en principio sin límite renta, una deducción en el IRPF del 30% que se gaste en actividades saludables como gimnasios con un límite de 150 euros año, ayudas de hasta 900 euros para jóvenes en el carnet de conducir... y los famosos impuestos cero: cuota cero para nuevos autónomos los primeros 24 meses, política fiscal de impuestos cero en el medio rural para la transmisión de propiedades, vivienda habitual, explotaciones, compra de locales o impuestos cero para las transmisiones patrimoniales en el medio rural. En definitiva, el acuerdo aprieta las tuercas a Mañueco, busca el enfrentamiento con el gobierno central y pone sobre la mesa las debilidades de la legislatura que empieza en breve.

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha cargado contra el “recorte de derechos y libertades” pactado por PP y Vox y anunciado este miércoles. Martínez ha criticado que no se haya entregado el acuerdo de la coalición a los medios de comunicación antes de la rueda de prensa, una decisión que ha atribuido a tener “intención de ocultar las verdaderas intenciones” del presidente del PP y candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y del líder de Vox, Carlos Pollán. Aquí puedes consultar el pacto íntegro.

El líder de los socialistas ha afeado que el acuerdo haya sido “elaborado desde Madrid” y recoja “idénticos planteamientos xenófobos y racistas” a los que se acordaron en Aragón y Extremadura, cuyo objetivo es “el desmantelamiento del estado del bienestar”. “[Fernández Mañueco] no se ha leído el pacto, ha pactado su sillón para los próximos cuatro años”, ha reprochado este miércoles ante los medios.

PP y Vox conformarán un gobierno con dos vicepresidencias y las siguientes consejerías: Desregulación, Familia y Ayudas Sociales; Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental; Cultura, Turismo y Deporte (Vox); Presidencia; Economía y Hacienda; Industria, Universidades, Empleo y Comercio; Medio Ambiente y Energía, Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial; Sanidad y Bienestar Social y Educación. La Vicepresidencia Primera, de Vox, asumirá una de las áreas acordadas, mientras que la Vicepresidencia Segunda (PP) tendrá algunas competencias de Vivienda y Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil.

Desaparición de áreas

Carlos Martínez ha afeado la desaparición de varias áreas dentro del organigrama: la Ordenación del Territorio —y la despoblación—, la Vivienda y la Igualdad de Oportunidades, que se han quedado desgajadas en la Vicepresidencia del PP. Las tres formaban parte del título de sus respectivas consejerías y tenían un director general específico, algo que aún se desconoce.

El secretario autonómico socialista ha criticado que “la única receta transversal” al reto de la despoblación sea “la bajada de impuestos”, algo que el PP lleva aplicando 40 años y que “no ha resuelto el problema”, que se atribuye a la falta de oportunidades y no a una cuestión demográfica o de natalidad. “Se asume la agenda de la extrema derecha sobre las políticas de Igualdad. Esto es solo lo primero que el PP ha tenido que tragarse. Volvemos a hablar de lo que quiere Vox que hablemos, de la inmigración”, ha protestado.

Un “pacto del miedo”

La secretaria general de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Alicia Gallego, ha calificado el acuerdo de coalición de “pacto gris y del miedo”, cuyos representantes autonómicos han sido “títeres de sus líderes nacionales”. “Mañueco y Pollán no dejan de ser sucursales de Madrid” y por eso suscriben un acuerdo “igual que el de Extremadura y Aragón” y que “seguramente sea muy parecido, sino igual, al que se firme en Andalucía” cuando las prioridades en esta autonomía “son claramente distintas”, ha agregado Gallego en declaraciones a EFE.

Entre esas prioridades, Gallego ha hablado de los presupuestos, que este pacto “relega a 2027”, y ha lamentado que las más de trescientas medidas que incluye “tengan como máxima una prioridad nacional que no han sabido ni explicar”. “No se habla de inversiones, ni concreciones. Es un copia y pega amparado en apoyar a líderes nacionales y en manejar sillones y repartir puestos que es donde el PP más cómodo se siente”, ha zanjado.

Por Ávila y Soria Ya

El procurador de Por Ávila en las Cortes de Castilla y León, Pedro Pascual, ha lamentado los casi tres meses de parálisis y ha exigido el desarrollo de proyectos en provincias con déficit de inversiones, como es el caso de Ávila.

Pedro Pascual ha criticado que el Pleno de investidura y la posterior formación del nuevo Ejecutivo se estén demorado tantas semanas cuando “todo apuntaba a que el acuerdo estaba prácticamente cerrado desde el principio”, y que lo que se ha hecho es apurar todos los plazos, lo que ha supuesto prolongar una situación de interinidad que lo único que está haciendo es perjudicar a los ciudadanos.

“La provincia no puede seguir esperando”, ha subrayado Pascual, antes de reclamar que “desde ya” se dé respuesta a las demandas “que llevan demasiado tiempo encima de la mesa”, ha protestado en un comunicado remitido a los medios.

UGT lamenta la “fotocopia” del pacto “sufrido hace cuatro años”

UGT Castilla y León ha sostenido que el acuerdo de gobierno entre el PP y Vox alcanzado este miércoles para gobernar esa comunidad es “una fotocopia del fracaso sufrido hace cuatro años”, con un ejecutivo con los mismos socios, y mañana el sindicato celebrará Consejo Autonómico para analizar su “tremendo impacto negativo”. En un comunicado, UGT ha incidido en que el acuerdo es “un spoiler que arruina las expectativas de una película porque ya sabemos que será un fracaso”, un “regreso al pasado, un regreso a la etapa más negra de la historia de esta comunidad”.

Asaja Castilla y León ha destacado que el acuerdo entre PP y Vox incluya la creación de una 'macroconsejería' de asuntos agrarios. En un comunicado, Asaja ha valorado que a las competencias habituales de Agricultura y Ganadería se vayan a sumar las de política ambiental, en aspectos como las autorizaciones ambientales de las distintas actividades económicas, y la gestión de la caza.

Ha insistido en que el interés agrario tiene que ver con los daños que ocasiona la fauna salvaje: daños en cultivos, ataques a animales de abasto y transmisión de enfermedades, por lo que ven como una buena noticia que estos asuntos radiquen en esta consejería.

La organización agraria ha reclamado que la Consejería tenga los recursos humanos y económicos “precisos” y ha confiado en que se acertará con el perfil de la persona que asuma el área durante los próximos cuatro años. Asaja también ha criticado que algunas de las medidas acordadas sean “meras declaraciones de intenciones” o no se refieran a las competencias autonómicas, lo que podría enfrentar a la Junta de Castilla y León con otras administraciones públicas.

El Partido Popular y Vox han llegado a un acuerdo después de más de dos meses de negociaciones. Tal y como han anunciado este miércoles en una rueda de prensa en las Cortes de Castilla y León, el hasta ahora presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco (PP) estará al frente de un gobierno de coalición con Vox en el que la extrema derecha tendrá, como en 2022 la vicepresidencia de la Junta y tres consejerías. Una de ellas será de nueva creación (como en Extremadura y Aragón), la de Desregulación. Vox volverá a tener las de Agricultura y Ganadería y Cultura, Turismo y Deporte y algunas competencias que se trocean de las siete consejerías que asume el PP.

Mañueco ha avanzado que se trata de un acuerdo “amplio”, con 19 ejes y 324 medidas y 62 hojas, que ofrece estabilidad a Castilla y León y que es para cuatro años. “Yo creo que hoy es un día bueno para Castilla y León. Hemos alcanzado un acuerdo de gobierno que responde al resultado de las urnas y a la voluntad expresada por todas las personas de Castilla y León el 15 de marzo. Es un acuerdo de gobierno que ofrece estabilidad a nuestra tierra y es un acuerdo de gobierno para cuatro años. Es un acuerdo de gobierno que busca el crecimiento económico y la creación de empleo, que busca también el fortalecimiento de los servicios públicos, el apoyo a los jóvenes, a los mayores, a las familias de nuestra comunidad autónoma, que tiene un compromiso claro con el campo, con los agricultores y ganaderos. En fin, como ya he dicho, un acuerdo de gobierno amplio y extenso que toca todos los sectores y prácticamente todos los temas”, ha dicho.

El gobierno estará conformado por 11 integrantes, tres de Vox, más un vicepresidente, y seis consejeros del PP y una vicepresidencia.

Carlos Pollán, que será el vicepresidente primero, ha agradecido “la paciencia y la comprensión (de Mañueco) durante la negociación. ”Va a suponer un impulso definitivo a las políticas de la Junta de Castilla y León y para los ciudadanos. Agradezco su predisposición al diálogo, fluido, por haber entendido el mandato de las urnas“, ha dicho. ”Por supuesto, como ya entiendo que me lo van a preguntar después, pues habrá prioridad nacional en las ayudas a la vivienda y en las ayudas sociales y un trabajo importante de fiscalidad para las familias y para los jóvenes y para el mundo rural en Castilla y León“, ha avanzado. La prioridad nacional ha concretado después, pasan por ”un rechazo y un plan de choque contra las políticas migratorias de Pedro Sánchez y muchas acciones que van a ser importantes para los ciudadanos de Castilla y León“. Así, se ha referido a un plan de vivienda ”muy detallado y que va a facilitar la vida a muchos, a muchas personas de Castilla y León“. Ha añadido que es un acuerdo con ”muchas horas de trabajo“ que ha agradecido también a la secretaria general adjunta Montserrat Lluis, y portavoces nacionales José María Figaredo y Carlos Quero.

“El mismo texto que en Extremadura y Aragón”

Mañueco ha intentado justificar la “prioridad nacional” diciendo que es el “mismo texto que en Extremadura y Aragón” y que trata de “una asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes tienen un arraigo real, verificable, efectivo” y siempre “dentro del marco del ordenamiento jurídico y del marco legal”, y asumiendo esa prioridad nacional como “criterio inspirador”.

Entrando a la conformación del Gobierno, Mañueco ha explicado que habrá dos vicepresidencias y que la primera será para Vox. Aunque lleva aparejada una consejería no se ha decidido aún cuál. La segunda será para el Partido Popular y tendrá competencias de Vivienda y Ordenación del territorio, Igualdad de oportunidades y Despoblación y protección civil. El PP tendrá también la Consejería de Presidencia, la Consejería de Economía y Hacienda, la Consejería de Industria, Empleo, Universidades y Comercio. Vox tendrá una Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas sociales. Sanidad seguirá en manos del PP, igual que Educación, mientras que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, corresponderá a VOX y la de Medio Ambiente y Energía corresponderá al Partido Popular y la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte a VOX. Aunque olvidó mencionarlo en rueda de prensa, el PP tendrá una Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial. En definitiva, se trocean varias consejerías para que Vox cumpla con un programa contra los migrantes o la agenda 2030.

La anterior legislatura con Vox en el gobierno fue un fracaso total porque apenas lograron que se cumpliese alguna de las medidas que se plasmaron en un acuerdo muy general. Atrás quedaron una Ley de Violencia Intrafamiliar que se tramitó pero no vio la luz, las medidas antiaborto que se presentaron en una rueda de prensa y que hubo que cancelar, o la Ley de Concordia. Carlos Pollán ha asegurado fiarse de Mañueco. “Por eso estamos aquí y por eso hemos ido medida a medida”.

El Partido Popular y Vox firmarán a las 12.00 su pacto de gobierno en Castilla y León, después de casi tres meses de negociación. Las negociaciones, de las que no han trascendido fechas ni temas tratados, se aceleraron la semana pasada y se finiquitaron ayer, momento en el que el PP nacional fue consciente de que no había opción real a una moción de censura contra Pedro Sánchez.

La normativa de Castilla y León no establece plazos para celebrar un debate de investidura aun con el candidato designado y Alfonso Fernández Mañueco se agarraba a ese vacío legal para retrasarla lo que fuese necesario y a expensas de unas hipotéticas elecciones generales.

[Actualización: Mañueco también acata la 'prioridad nacional' y da a Vox una vicepresidencia y tres consejerías en Castilla y León]

Los números de Mañueco son los peores de las autonómicas que se han celebrado en los últimos meses: En Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla tiene 27,7 puntos más que la ultraderecha; en Extremadura, María Guardiola sacó 26,2 puntos de ventaja, en Aragón, Jorge Azcón superó a la extrema derecha en 16,38 puntos y Mañueco no pasó de los 16,05 puntos.

El martes todo cambió y ambos partidos se emplazaron a una última reunión, esta vez por videoconferencia para cerrar un acuerdo de gobierno de coalición.

Según ha podido saber elDiario.es la “prioridad nacional” no ha supuesto un desencuentro entre los dos partidos a la hora de cerrar el pacto. En 2022 Alfonso Fernández Mañueco ya defendió una “inmigración ordenada”, término que no supo explicar en una rueda de prensa.

La negociación, cuentan fuentes de Vox, ha sido “medida a medida” y con compromiso de plazos para que esta vez el PP no aparque sus compromisos con extrema derecha tal y como ocurrió en la anterior legislatura. Siguiendo el programa de Vox, parece claro que sus medidas pasan por la “prioridad nacional”, el bloqueo de acogida de menores no acompañados, la ley de violencia intrafamiliar o una vez más, el boicot a los sindicatos reduciendo o eliminando subvenciones.

En cuanto a las consejerías, es de esperar que Vox pida una vez más Agricultura y Ganadería, posiblemente Familia, un departamento que en 2022 Mañueco casi le cedió, y Cultura y/o Educación. También podría desgajarse Medio Ambiente, un área que Vox ha ocupado en otros gobiernos autonómicos como el de Extremadura. Además, se da por hecha la vicepresidencia, esta vez con cartera para Carlos Pollán, que ya ha insinuado que le gustaría ocuparse de Deportes, una parte que habría que sacar de Cultura.

El sindicato CCOO ha anunciado movilizaciones en las nueve provincias de Castilla y León ante lo que considera una situación de “caos absoluto” en el operativo autonómico de lucha contra incendios forestales, a pocos días del inicio de la campaña de alto riesgo y en un contexto marcado por la abundancia de combustible vegetal y las elevadas temperaturas.

El sindicato ha denunciado este martes en una rueda de prensa la falta de planificación, la ausencia de calendarios de guardias para parte del personal, el incumplimiento de normativa laboral y la insuficiencia de medios humanos y materiales para afrontar una campaña que prevé especialmente complicada.

El coordinador del sector autonómico de CCOO Castilla y León, Juan Carlos Hernández, ha advertido de que la Comunidad afronta el verano con “mucho peligro” debido a la acumulación de vegetación en los montes y a temperaturas que ya superan los 30 grados, mientras que los recursos disponibles “no son ni mucho menos los prometidos, ni los que todos esperábamos ni los necesarios”.

A su juicio, el operativo se sostiene sobre “pies de barro” debido a problemas estructurales que arrastra desde hace años y a la falta de desarrollo normativo de aspectos esenciales como el decreto de guardias.

Según ha explicado, el 15 de mayo debería haber estado aprobado el calendario de guardias del personal, pero ha asegurado que muchos trabajadores siguen sin conocer cuándo deberán prestar servicio.

“Malestar general”

“Hay un malestar general en todos los colectivos”, ha afirmado Hernández, quien ha acusado a la Consejería de Medio Ambiente de no haber atendido durante años las reivindicaciones de agentes medioambientales, celadores, conductores, peones, vigilantes, ingenieros forestales y personal de los centros de mando.

Ante esta situación, CCOO ha convocado asambleas informativas y concentraciones ante las delegaciones territoriales de la Junta en las nueve provincias.

Las protestas se celebrarán el 10 de junio, salvo en Valladolid, donde tendrán lugar el día 11, víspera del inicio de la campaña de alto riesgo.

Por su parte, el responsable de Medio Ambiente de FSC-CCOO Castilla y León, José Ramón González, ha asegurado que el operativo atraviesa una situación de “caos absoluto” y ha sostenido que la organización de los recursos es “mucho peor que la del año pasado”.

El sindicalista ha afirmado que algunas provincias cuentan actualmente con una disponibilidad de medios cercana al 30 % y ha acusado a la Consejería de carecer de capacidad de reacción pese a que las condiciones meteorológicas ya anticipaban un escenario de riesgo elevado.

“La situación es muy parecida a la que pasó en Zamora en 2022”, ha advertido sobre el año en el que se produjo el peor incendio de la historia de la Comunidad.

CCOO también ha denunciado la falta de adaptación del operativo a la Ley de Bomberos Forestales, la escasez de personal y la existencia de diferencias entre las condiciones laborales de los trabajadores públicos y los pertenecientes a empresas privadas contratadas por la Administración.

Entre las críticas figura además la ausencia de calendarios de trabajo, la acumulación de jornadas que, según el sindicato, pueden alcanzar las 17, 20 o incluso 22 horas y la incorporación de personal con formación insuficiente para participar en tareas de extinción.

El sindicato ha recordado asimismo que mantiene una demanda judicial por presuntos incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales y no ha descartado nuevas medidas de presión durante las próximas semanas.

Finalmente, Hernández ha asegurado que no le gustaría estar “en el pellejo” del futuro consejero de Medio Ambiente por la situación que heredará al inicio de la campaña de incendios, aunque ha reclamado que una de sus primeras decisiones sea el cese del actual director general de Patrimonio Natural y Política Forestal.

El sindicato considera que la gestión de los últimos años ha sido un fracaso y sostiene que el nuevo Ejecutivo deberá afrontar de forma urgente la aplicación de la Ley de Bomberos Forestales, la ampliación de plantillas y la reorganización de un operativo que considera “obsoleto”.

El director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta, José Ángel Arranz, se encuentra reunido con los representantes de la patronal de empresas de extinción de incendios, Asemfo. La Junta de Castilla y León ha accedido a escuchar las peticiones de la asociación tras el anuncio la semana de pasada de que dejarían de prestar servicio sus 950 trabajadores al no atender sus peticiones.

Las compañías tomaron la decisión de no mandar a sus trabajadores a los incendios a las puertas de la temporada alta, que empieza 12 de junio, por la “inseguridad jurídica” en las que se encuentran tras tener que lidiar con sanciones continuas de Inspección de Trabajo por aspectos como jornadas, tiempos de trabajo o exposición a riesgos inherentes a la propia extinción de incendios.

Según apuntaban, mientras el operativo exige actuar bajo condiciones propias de una emergencia, las inspecciones consideran que esas intervenciones deben regirse por la normativa ordinaria en materia de jornadas, descansos y exposición a riesgos laborales. Es por esto que la patronal ha instado a que las administraciones se pongan de acuerdo en cuanto a la interpretación de la legalidad y del propio sentido común.

Asemfo lleva pidiendo una solución desde marzo de 2025

La patronal afirmó que lleva reclamando desde marzo de 2025 una solución para que se cumplan las condiciones mínimas necesarias para operar con seguridad sin haber obtenido respuesta por parte de la Administración autonómica. A su juicio, la actitud de la Junta es “irresponsable, negligente y completamente incompatible con la gestión de un servicio esencial”.

Las empresas ha indicado que las sanciones derivadas de cuestiones relacionadas con jornadas laborales, tiempos de trabajo o exposición a riesgos inherentes a la extinción de incendios han convertido la prestación del servicio en una actividad jurídicamente inviable. También han recordado que la propia Inspección de Trabajo considera estas actuaciones como trabajo ordinario y no como una emergencia, por lo que no resultarían aplicables determinadas excepciones previstas en el artículo 35.3 del Estatuto de los Trabajadores.

Además, también criticaban que la sustitución de la participación privada en la extinción de incendios por Tragsa “no mejora el operativo”. Según explicaron, este reemplazo está generando “graves perjuicios” a los trabajadores, al no aplicarse derechos recogidos en la Ley del bombero forestal, como la subrogación, ni el mantenimiento de sus condiciones laborales.

Por su parte, la Junta de Castilla y León señaló que el origen del conflicto radica en la aplicación del Real Decreto 612/2024, aprobado por el Gobierno central, a quien señaló como responsable.

“Entendemos perfectamente la situación por la que atraviesan”, afirmó el portavoz en funciones de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo la semana pasada. “Nuestra idea es ayudarles en el cumplimiento de esa nueva normativa”, ha indicado, apuntando incluso a la posibilidad de contribuir a sufragar parte de los costes derivados de su aplicación o prestar apoyo con medios y servicios de la Administración.

La Junta también recordó a las empresas que los contratos siguen vigentes y son de obligado cumplimiento para ambas partes. Carriedo no se pronunció sobre posibles expedientes o sanciones.

El PSOE de Castilla y León calificó de “inadmisible” que Castilla y León afronte un verano más la temporada de peligro alto de incendios “sin soluciones estructurales” y con un dispositivo que llega “tarde, mientras aumenta el riesgo de incendios”,como expresó el procurador socialista por Zamora Iñaki Gómez. El sindicato CCOO ha anunciado movilizaciones en las nueve provincias de Castilla y León ante lo que considera una situación de “caos absoluto” en el operativo.

Cambio a un modelo público con la incorporación de los efectivos a empresas públicas

Este plantón de la patronal llega en un momento de transición del modelo de gestión de incendios forestales en Castilla y León. Tras los grandes incendios registrados en los últimos años, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se comprometió a avanzar hacia un operativo de carácter público mediante la incorporación progresiva de efectivos a empresas públicas como Tragsa o Somacyl conforme fueran venciendo los contratos con empresas privadas.

Sin embargo, la Consejería de Medio Ambiente ha seguido recurriendo a empresas privadas para cubrir parte del servicio. En los últimos meses, se han adjudicado o licitado varios contratos para brigadas y autobombas forestales por más de siete millones de euros, pese al compromiso del Ejecutivo autonómico de asumir progresivamente estas funciones desde el sector público.

Algunas de estas licitaciones han sido criticadas por no recoger expresamente la categoría profesional de bombero forestal contemplada en la Ley Básica de Bomberos Forestales, mientras que en otros casos, como la base de Las Casillas, en Segovia, la Junta optó finalmente por encomendar la gestión a la empresa pública Tragsa.

La continuidad de estos contratos privados, por lo menos hasta 2028, ha generado críticas tanto de sindicatos como de grupos de la oposición, que han reclamado acelerar la integración del operativo en el sector público. El Ejecutivo autonómico sostiene que el proceso se realizará de forma gradual a medida que concluyan los contratos vigentes, mientras que las empresas del sector defienden que el debate no debe centrarse en la naturaleza pública o privada de la gestión, sino en garantizar unas condiciones operativas y jurídicas que permitan prestar el servicio con normalidad.

El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha anunciado que la Comunidad no acudirá a la reunión bilateral con el Gobierno central sobre financiación autonómica. “Lo que es de todos se negocia entre todos. Castilla y León no irá a una reunión bilateral con el Gobierno de Sánchez sobre financiación autonómica”, ha apuntado el líder del Ejecutivo autonómico.

Mañueco ha indicado que su gobierno no va a aceptar una propuesta que asigna a nuestra Comunidad “el 1,29% de los fondos”, cuando Castilla y León representa “casi el 20% del territorio y el 5% de la población de España”. “Exigimos una financiación justa que garantice los servicios públicos en todo el territorio”, ha apuntado en un mensaje publicado en X. Mañueco planta así al Ejecutivo de Sánchez en el intento de reformar la financiación autonómica, al igual que las comunidades gobernadas por el PP

Este lunes, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha enviado una carta a los consejeros de Hacienda de las comunidades para convocarles a reuniones bilaterales con el objetivo de abordar la reforma del sistema de financiación autonómica, con el objetivo de que el nuevo modelo entre en vigor el 1 de enero de 2027.

Estas reuniones con cada uno de los Gobiernos regionales son el paso previo a que la reforma del sistema de financiación autonómica se presente ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano multilateral que reúne a Hacienda con los consejeros autonómicos del ramo, y después se apruebe en el Consejo de Ministros para arrancar la tramitación parlamentaria.

Las conversaciones técnicas para abordar la reforma del sistema quedaron paralizadas ante el relevo en el Ministerio de Hacienda y la sucesión de convocatorias electorales desde principios de año. Ahora, toda vez que las elecciones en Andalucía han quedado atrás y no se esperan nuevas citas en el horizonte, el Gobierno ha retomado uno de los asuntos más espinosos que les quedaba en cartera.

20.975 millones de euros más de financiación

El Gobierno, según ha remitido en una nota de prensa, se ha puesto el objetivo de que el nuevo sistema de reparto, que aportaría 20.975 millones de euros extra a los recursos de las autonomías, quede aprobado en el Congreso antes de final de año y entre en vigor a 1 de enero de 2027. La inyección dispara el total de la financiación de la que dispondrán las comunidades autónomas hasta los 224.057 millones.

Estas cuantías salen de una mayor cesión de los principales impuestos: el IRPF (del 50 al 55% de la recaudación) y el IVA (del 50 al 56,5%), así como de una aportación adicional del Estado que Hacienda ha cifrado en 19.000 millones de cara al año que viene.

Para el reparto de los recursos, el Gobierno ha diseñado una metodología que calcula la población ajustada. Es decir, la población residente en un territorio, ponderada por una serie de variables (como el envejecimiento o los universitarios procedentes de otras comunidades, por ejemplo) que deberían acercar esta cifra a las verdaderas necesidades de una región para cubrir sus servicios públicos.

Hacienda ha proyectado también un fondo climático de 1.000 millones de euros, del que dos terceras partes irá destinado a las comunidades mediterráneas; y otro ajuste adicional por valor de 400 millones para que ninguna autonomía obtenga menos recursos de los que recibiría con el sistema en vigor actualmente. Además, abre la puerta a que los territorios que lo pidan reciban una parte de la recaudación del IVA de las pymes que se genera en su territorio. 

Con este sistema, según los cálculos del Ejecutivo, la diferencia entre las comunidades mejor y peor financiadas se reduciría de los 1.500 euros por habitante ajustado en la actualidad hasta el entorno de los 700 euros, menos de la mitad.

El PSOE critica a Mañueco por la falta de respeto institucional

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, ha afeado a la Junta de Castilla y León falta de responsabilidad y respeto institucional. El líder socialista ha mostrado su “sorpresa por la negativa del Ejecutivo autonómico, que como ”interlocutor formal“ no tiene ”la deferencia ni la responsabilidad institucional“ de acudir a la reunión para plantear una propuesta, una alternativa al modelo de financiación del Gobierno central.

“No lo quiero, no me gusta y no voy”, ha insistido el socialista, y ha reconocido que “lo cómodo” para la Junta de Castilla y León y el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, es no acudir al encuentro, porque “están de vacaciones” a la espera del “pacto de la vergüenza con Vox.

Daniel de la Rosa ha recordado que el PSOE ya reconoció en su momento que la propuesta del Gobierno les parecía “insuficiente”, en cuanto a la planteada para Castilla y León en comparación con otras comunidades, de ahí que pidieran una modificación más acorde a las necesidades de la autonomía.

Por ese motivo, el socialista cree que la Junta ganaría credibilidad si se sentara a hablar con el Ministerio de Hacienda con una propuesta alternativa que mejore las condiciones de financiación autonómica y ha insistido en criticar la respuesta del “no voy” del presidente Mañueco.