El próximo alcalde de Soria, Javier Antón, colocado por Carlos Martínez, ha confirmado este viernes que mantendrá su cargo como senador porque es “compatible y positivo para la ciudad”, ya que garantiza “una relación directa” con el Gobierno de España, lo que supone “mayor facilidad” para conseguir proyectos de futuro para Soria.

Así lo ha confirmado Antón en su primer contacto con los medios de comunicación antes de tomar posesión de su cargo como alcalde de Soria, el próximo lunes 27 de abril, en un pleno extraordinario en el que también tomará el acta de concejal del Ayuntamiento, para lo que fue necesario que todos los ediles renunciaran a la alcaldía.

El candidato socialista ha explicado que este relevo responde a una “planificación ordenada”, cuyo primer objetivo era cumplir los plazos administrativos que conlleva un relevo de estas características.

Antón ha detallado que su designación ha seguido los cauces orgánicos del partido, desde la propuesta del grupo municipal hasta su ratificación en los órganos correspondientes.

Además, el futuro regidor ha querido dejar claro el carácter colectivo de la decisión, ya que “es el equipo el que ha tomado la decisión” y ha subrayado que cuenta con el respaldo de todos sus compañeros y compañeras.

Continuidad de un proyecto consolidado

El candidato ha enmarcado esta nueva etapa en la continuidad del proyecto desarrollado en los últimos años por el alcalde saliente, Carlos Martínez, quien dejó este cargo para tomar posesión de su acta de procurador autonómico, y ha confesado la “gran responsabilidad” que supone “sustituir a un alcalde durante 20 años consolidado con un liderazgo fuerte ”.

En este sentido, Antón ha asegurado que afronta este nuevo reto político “con gran orgullo” y con la ventaja de tener “proyectos rodados y un equipo con experiencia al frente”.

Por otro lado, también ha explicado que uno de los ejes de la nueva etapa será “la coordinación entre instituciones” para impulsar proyectos estratégicos para la ciudad, para lo cual Antón ha subrayado la importancia de la presencia socialista en distintos niveles de gobierno.

“Ahora mismo no solamente cuento con los que tengo aquí a mi espalda, sino también con un delantero centro en donde se deciden las políticas que afectan a todas las ciudades de Castilla y León”, ha señalado en referencia a Carlos Martínez.

En este sentido, ha defendido la compatibilidad de su labor en el Senado como una oportunidad para Soria ya que, a su juicio, “va a permitir tener relación directa con el Gobierno y facilitar una agenda ministerial más ágil”, ha indicado.

Cercanía y gestión del día a día

Javier Antón ha puesto el acento en su forma de entender la gestión municipal, con la que pretende combinar grandes proyectos con la atención a los problemas cotidianos.

“Un ayuntamiento debe resolver proyectos muy ambiciosos pero también problemas que surgen de forma diaria”, ha asegurado Antón, quien ha recordado que lo que más le marcó en sus primeros años como concejal fue “ese contacto directo y constante con la ciudadanía y esa línea de acción inmediata” que quiere “reforzar y mantener”.

En este sentido, también se ha referido a algunos proyectos y ha señalado como prioritarios la culminación de la cesión del centro penitenciario para su transformación en un gran espacio ferial para la ciudad, el avance en la depuradora y su modelo tarifario, así como el impulso a infraestructuras clave y equipamientos estratégicos.

La Junta de Castilla y León, con un gobierno en funciones del Partido Popular, ha optado por el silencio para evitar valorar el acuerdo entre PP y Vox en Extremadura con la “prioridad nacional” en el acceso a servicios públicos como eje de las políticas. El portavoz en funciones del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha evitado posicionarse sobre esta cuestión y ha insistido en que cualquier valoración llegará “cuando haya un acuerdo” en la comunidad.

Carriedo ha apelado a la “prudencia” para abstenerse a hacer una valoración: “La prudencia es una gran virtud”. Con ese argumento, el también consejero de Economía y Hacienda ha rechazado entrar a valorar tanto el contenido del pacto extremeño como las exigencias que Vox ha situado sobre la mesa en otros territorios como Castilla y León

“No estoy aquí para valorar a otros partidos políticos, y además la campaña electoral ya terminó”, ha intentado zanjar al ser preguntado directamente por conceptos como “los españoles primero” o la prioridad en el acceso a prestaciones sociales.

La sombra del pacto con Vox en Extremadura se extiende a Castilla y León

La “prudencia” de la Junta llega apenas horas después de que Vox reivindicara esa “prioridad nacional” durante el debate de investidura en Extremadura, donde María Guardiola ha sido elegida presidenta con el apoyo de la formación de extrema derecha.

Desde la tribuna, el portavoz de Vox ha defendido que las ayudas públicas, la vivienda protegida o los servicios deben priorizar a quienes tengan arraigo en el territorio. “Con el esfuerzo de los españoles no da para todo el mundo”, ha afirmado el futuro vicepresidente de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle.

“Valoraremos el acuerdo cuando se produzca”

Carriedo ha insistido en varias ocasiones en que cualquier posicionamiento dependerá del contenido final del pacto en Castilla y León, que aún no se ha cerrado. “Valoraremos el acuerdo cuando se haga público y daremos información detallada del mismo”, ha reiterado.

El portavoz en funciones, que forma parte del equipo negociador del PP, ha evitado también anticipar plazos para las negociaciones y la formación de gobierno. “Depende de todas las partes y no solo de una. Es difícil hacer un pronóstico”, admitió.

Lo que sí quiso dejar claro es que el acuerdo, cuando llegue, será transparente: “No habrá pactos ocultos”. Una afirmación repetida en varias ocasiones y que busca contrarrestar las críticas sobre posibles concesiones en materias sensibles como inmigración o servicios sociales.

Castilla y León como “realidad propia”

Uno de los argumentos centrales de la Junta para esquivar el debate ha sido apelar a las diferencias entre territorios. “Cada comunidad tiene sus propias circunstancias”, ha apuntado Carriedo, señalando las diferencias en factores sociodemográficos como en la gestión política de los últimos años.

El portavoz en funciones ha apuntado que algunos objetivos que pueden ser prioritarios en otras comunidades ya están cumplidos en Castilla y León. Como por ejemplo, la gratuidad de la educación de 0 a 3 años o el nivel de calidad de los servicios públicos.

“Aquí ya los hemos alcanzado y no tiene sentido plantearlos como retos de futuro”, ha explicado, en una intervención en la que también ha destacado la política fiscal de la comunidad, con uno de los tipos medios más bajos en el IRPF dentro del régimen común.

Sin líneas rojas públicas

La Junta tampoco ha querido fijar límites explícitos en la negociación. Carriedo, que compone el grupo de negociadores del PP del futuro pacto con Vox, al ser preguntado por si marcaría una línea roja ante propuestas similares a las pactadas en Extremadura, el portavoz ha vuelto a repetir el mantra de la prudencia.

“Lo lógico es no valorar el contenido de algo que todavía no hemos alcanzado”, ha indicado. Tampoco ha matizado si principios los defendidos en anteriores etapas —como considerar Castilla y León una “tierra de acogida”— formarán parte del futuro acuerdo.

Al ser cuestionado sobre si el acceso a los servicios sociales podría vincularse al arraigo en el territorio, otra de las propuestas que se barajan en el debate político, Carriedo ha evitado de nuevo pronunciarse.

El “Humanismo solidario” de Mañueco sin concreción en el futuro de pacto

El portavoz sí se detuvo brevemente en un concepto lanzado por el presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco durante su discurso de este martes en la entrega de los Premios Castilla y León: el “humanismo solidario”. “Es un término que me gusta”, ha afirmado, sin entrar a detallar cómo se traduciría en políticas públicas concretas, especialmente en materia migratoria.

La Junta de Castilla y León se ha sumado a otros Ejecutivos autonómicos del Partido Popular para marcar distancias con el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 aprobado por el Gobierno central este martes pese a que prevé destinar 378 millones de euros a la comunidad —277 millones más que en el anterior programa—. El portavoz en funciones del Gobierno autonómico y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha criticado que el modelo “obliga a aplicar políticas que han fracasado” y ha reclamado “diálogo y flexibilidad” frente a lo que considera una estrategia basada en la imposición.

La Junta ha rechazado el planteamiento global: “No puedo decir que el plan en su integridad sea negativo, pero se plantea como un todo o nada”, ha señalado Carriedo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. En su opinión, el principal problema es que el Ejecutivo central no permite adaptar las medidas a la realidad de cada territorio y exige asumir el paquete completo de condiciones para acceder a los fondos.

El nuevo plan estatal, dotado con 7.000 millones de euros hasta 2030, triplica la inversión del periodo anterior y fija varias exigencias a las comunidades autónomas: blindar de forma permanente la vivienda de protección oficial (VPO), cofinanciar el 40% de las actuaciones y remitir datos en tiempo real sobre el mercado del alquiler. Además, establece criterios más estrictos en la adjudicación de vivienda pública y medidas para movilizar vivienda vacía.

Para la Junta, el problema no está tanto en las medidas concretas como en la falta de margen para aplicarlas de forma selectiva. “Seguramente cada comunidad puede ver bien algunas medidas y tener más dificultades con otras, pero el diseño no permite elegir”, ha explicado el portavoz, que ha insistido en que la política de vivienda debe tener en cuenta diferencias territoriales como las existentes entre el medio rural y las grandes ciudades.

“Ha faltado diálogo y ha sobrado imposición”

Carriedo ha reprochado la falta de participación de las comunidades en la elaboración del plan. “Ha faltado diálogo y ha sobrado imposición”, ha comentado, al tiempo que ha recordado que los gobiernos autonómicos son los encargados de gestionar buena parte de las políticas de vivienda y, por tanto, “los principales interesados en aportar soluciones”.

El portavoz ha culpado del alza del precio de la vivienda con las decisiones del Ejecutivo central en los últimos años. “La vivienda es hoy el primer problema de los españoles y nos ha llevado a ello una política equivocada”, ha indicado. Para Carriedo, seguir con el mismo enfoque “no es la vía adecuada”.

La “ventaja comparativa” de Castilla y León

Con el ejemplo del mercado del alquiler en Soria, donde la oferta disponible se reduce a menos de 40 anuncios en un portal de alquiler y los precios alcanzan en muchos casos entre 750 y 1.200 euros mensuales, y solos dos opciones por debajo de los 600 euros, Carriedo ha afirmado que aunque los precios han aumentado en los últimos años, Castilla y León tiene mejor posición que el resto del país. “No significa que la vivienda sea más barata que antes, es más cara, pero somos la segunda comunidad donde menos ha subido el precio en los últimos cinco años y la tercera con el precio más bajo”, argumentó.

A su juicio, esta situación constituye una “ventaja comparativa” frente a otros territorios, lo que, según afirmó, explica que haya ciudadanos que opten por residir en la comunidad incluso trabajando en otras autonomías.

La alternativa de la Junta: Más oferta y seguridad

Frente al modelo estatal, Carriedo ha defendido que la Junta por una estrategia centrada en el aumento de la oferta y en generar confianza en el mercado del alquiler. “Hay una oferta muy débil frente a una demanda muy alta, y eso tiene un impacto muy importante en los precios”, ha indicado el portavoz en funciones

La receta, en su opinión, pasa por facilitar la construcción de vivienda, incentivar que los propietarios saquen sus inmuebles al mercado y garantizar seguridad jurídica suficiente. “Es muy importante dar la seguridad necesaria para que quien quiera alquilar su vivienda lo haga”, ha apostillado.

Carriedo ha destacado que Castilla y León garantiza ayudas al alquiler a todas las personas que cumplen los requisitos, lo que beneficia a más de 20.000 familias cada año. Además, la Comunidad ha desarrollado líneas de avales públicos para complementar la financiación hipotecaria y mantiene incentivos fiscales para la compra de vivienda, especialmente dirigidos a jóvenes y al medio rural.

Uno de los ejemplos que puso sobre la mesa el portavoz es el tipo superreducido del impuesto de transmisiones patrimoniales en el ámbito rural, que permite a un joven pagar apenas 15 euros por la compra de una vivienda de 150.000 euros, frente a los miles de euros que se abonan en otras comunidades.

Las comunidades del PP, contrarias el plan del gobierno

El posicionamiento de Castilla y León se suma al de otras comunidades, como Madrid, que ya han mostrado su rechazo al plan estatal por considerar que invade competencias autonómicas. El debate continuará en las próximas semanas en el marco de la conferencia sectorial de vivienda, donde Gobierno y autonomías deberán negociar los términos de aplicación del programa.

La Junta de Castilla y León promociona la empresa de eventos del presidente de la Diputación de Burgos y del PP provincial, Borja Suárez, en su portal de Turismo. Cualquiera que busque qué visitar en Santa Gadea del Cid, un municipio que apenas supera los 160 habitantes, acaba en una web para contratar bodas.

El Monasterio Convento de Nuestra Señora del Espino es un Bien de Interés Cultural (BIC), una figura jurídica para reconocer y proteger elementos del patrimonio cultural, tanto muebles como inmuebles bajo la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Según la web de la Junta, el monasterio “fue fundado por Pedro López de Padilla y su esposa Isabel Pacheco Padilla en 1477. En el convento estuvo, durante un tiempo, el manuscrito original del Cantar del Mío Cid. Actualmente, es un monasterio de la Orden de los Benedictinos. Se visitan la Iglesia y el claustro, ambos góticos y del siglo XV. Destaca una talla gótica de la Virgen”. En el apartado “¿Cuándo visitarlo?”, aparece directamente el enlace a la empresa de Suárez, que publicita todos los servicios que ofrece: bodas, convenciones de empresas y servicios de cáterin.

En el portal de Turismo se informa de multitud de monasterios y se incluyen horarios de visita y tarifas, si bien no se enlazan empresas privadas como es el caso de Eventos El Espino. Según la Consejería de Cultura y Turismo lo ocurrido en este caso es una “desactualización” y se atribuye al error de una empresa externa que se encarga de la información web de Turismo y Patrimonio de Castilla y León. Tras contactar elDiario.es con la Consejería, se ha dado la orden de eliminar el enlace a la empresa de Borja Suárez.

Tal y como publicó elDiario.es, cuando Borja Suárez tomó el acta de concejal en el Ayuntamiento de Burgos incluyó en su declaración de bienes la posesión del 22% de las acciones de Eventos el Espino SL y otro 22% de una empresa relacionada con esta y con los mismos socios, El Granero de San Francisco SL. Al tener más del 10% de acciones de ambas empresas, por ley no podía contratar con el ayuntamiento del que forma parte, y, sin embargo, desde que Suárez entró en la corporación municipal, comenzaron las adjudicaciones de eventos que eran nulas de pleno derecho. Es más, Suárez amplió sus acciones en 2025 hasta llegar a tener el 33%, un tercio de la empresa, y no modificó su declaración de bienes.

Los contratos públicos no son solo del Ayuntamiento, también contrató a Eventos El Espino la Junta de Castilla y León a través de dos de sus consejerías, la de Economía y la de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Una vez que estalló el escándalo, la alcaldesa, Cristina Ayala, pidió un informe al secretario municipal, que concluyó que los contratos son nulos y que Suárez debió elegir entre las acciones y el acta. Aunque desde el Ayuntamiento y desde el PP se argumenta que no se conocía la relación de Suárez con Eventos El Espino, lo cierto es que fue el cáterin elegido para algunos eventos del Partido Popular de Burgos, tal y como publicó elDiario.es.

Mientras los partidos en la oposición, PSOE y Vox, piden su dimisión, Suárez se agarra al acta de concejal argumentando que la culpa es de los técnicos municipales, que no actuaron bloqueando los contratos que se adjudicaron a dedo a su empresa. También insistió en la indefensión que había sentido al no conocer la normativa vigente desde 1984 y 1985 que impide contratar con empresas de cargos públicos. Hasta el momento, Suárez, que asegura que se ha deshecho ya de las acciones que tenía, no ha dimitido. El Ayuntamiento tampoco ha aclarado cómo se va a devolver el dinero público que se pagó a Eventos El Espino.

El Partido Castellano-Tierra Comunera ha solicitado formalmente a la Junta de Castilla y León que inicie los trámites necesarios para declarar la Fiesta de Villalar de los Comuneros que se celebra cada 23 de abril como Patrimonio Cultural Inmaterial para que reconozca “su extraordinario valor histórico, social, cultural y democrático”. La formación castellanista ha recordado a través de un comunicado que la localidad de Villalar está ya reconocida como Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1996 en la categoría de Sitio Histórico, y que el 23 de abril es oficialmente el Día de Castilla y León según el Estatuto de Autonomía. Sin embargo, considera que este reconocimiento resulta “insuficiente” para una celebración que ha evolucionado “hasta convertirse en una de las manifestaciones culturales y cívicas más relevantes del Estado”.

El PCAS-TC considera que la declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial permitiría “proteger, difundir y fortalecer esta tradición, garantizando su preservación para las futuras generaciones y reconociendo su papel como elemento de cohesión social y expresión democrática”.

Desde la formación castellanista se destaca que la Fiesta de Villalar constituye un “ejemplo excepcional de patrimonio vivo” porque reúne características “plenamente alineadas con la Convención de la UNESCO de 2003 para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial”. El partido ensalza el “carácter único” de los comuneros, puesto que se conmemora “una derrota histórica transformada en símbolo de libertad, justicia y bien común”; que también tiene una dimensión “masiva y participativa” y una pluralidad social y territorial “que convierte la campa en un espacio de convivencia, diálogo e identidad compartida”.

Asimismo, el partido destaca la continuidad histórica y la transmisión intergeneracional de esta celebración, recuperada en 1976 en plena Transición democrática y mantenida desde entonces como un espacio de encuentro ciudadano.

Los castellanistas ponen en valor que, a lo largo de estas cinco décadas, Villalar ha combinado “su dimensión festiva con un profundo contenido reivindicativo” y se ha consolidado “como un referente político, social y cultural de Castilla y León y que trasciende los límites de la Comunidad para fundirse con el resto de los territorios castellanos”.

El presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez (PP), pide al País Vasco y al PNV que respeten el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, y advierte de que pedir al Gobierno un referéndum sobre la integración del enclave burgalés de Treviño en Álava sienta un “precedente peligroso”.

Suárez, presidente también del PP en Burgos, ha criticado las declaraciones que el presidente del PNV, Aitor Esteban, realizó el sábado en La Puebla de Arganzón en la celebración del 'Trebiñu Eguna', y en las que anunció que pedirán a Madrid un referéndum para acabar con la “anomalía” que supone la pertenencia de Treviño a Castilla y León.

A preguntas de los periodistas, Suárez ha asegurado que con esas declaraciones se “ratifican las aviesas intenciones que tiene el nacionalismo vasco con respecto a Treviño”, al que ha acusado de no respetar ni a los castellanos y leoneses, ni a los burgaleses ni tampoco a los treviñeses. Ha recordado que el proceso de cesión de territorios está “recogido, protegido, garantizado y blindado” por el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, y en él que se ampara Burgos para “defenderse”, ha asegurado, frente a lo que considera un “ataque al margen de la legalidad”.

“Que el PNV reclame a Pedro Sánchez una solución para el Condado de Treviño si nombrar en ningún caso la legalidad, el Estatuto de Autonomía es un precedente peligroso”, ha afirmado Suárez, apuntando que el Gobierno está “privilegiando” territorios a través de la financiación autonómica o la potencia energética. Y ha pedido al País Vasco que respete el Estatuto de Autonomía como en Burgos se respeta cualquier norma de rango orgánico: “Aquí estamos hablando de palabras mayores, estamos hablando de la identidad, la historia, la propiedad y el territorio de un pueblo” como es Castilla y León y Burgos.

“Respetando las normas del juego que nos hemos dado cualquier cabe cualquier debate”, ha afirmado Suárez, y ha defendido que la Diputación quiere que los treviñeses tengan los mismos servicios y oportunidades que el resto de vecinos de la provincia, y una administración vertebradora y no divisora.

El Ayuntamiento de Burgos pretende cerrar con un “protocolo” la incompatibilidad y los contratos nulos en los que ha incurrido su concejal, presidente de la Diputación y del PP provincial, Borja Suárez. Sin consecuencias y con el alegato del “desamparo” ante el desconocimiento de leyes de 1984 y 1985 que operan en todos los ayuntamientos de España. Es más, Suárez ha llegado a culpar a los técnicos muncipales de la situación, porque según él, debieron avisarle de que no podía tener más del 10% de una empresa y recibir contratos municipales.

Tal y como reveló elDiario.es, Borja Suárez, con un 33% de acciones de Eventos El Espino SL, no podía ser concejal. Sin embargo lo fue y entre 2024 y 2025, su empresa obtuvo cinco contratos del Ayuntamiento para eventos de catering que sumaban más de 8.000 euros, y otros 13 de la empresa municipal Proburgos en 2023,2024 y 2025. Todos han sido declarados nulos. En el Pleno de este viernes, se ha realizado una “toma de razón” por parte del Pleno, y se ha mostrado un protocolo para que los hechos “no se repitan”.

La incompatibilidad, ha explicado el secretario municipal, daba la opción a Suárez a que eligiese entre empresa o acta, pero según él, sólo antes de contratar. Si no ejercitaba la opción se entendía su renuncia al acta. Como el asunto pasó desapercibido, Suárez no sólo compatibilizó ambas cosas sino que su empresa se benefició de contratos y además sigue agarrado al acta. En el Pleno ha asegurado que ya no tiene acciones. “La renuncia al acta o las acciones tuvo que darse antes de los contratos, porque tiene una finalidad preventiva y no puede activarse ex post”, ha afirmado el secretario. Producida la incompatibilidad, sólo cabe, según el secretario, una “toma de razón”.

“Un socio pasivo”

Suárez ha intervenido para aclarar que era un “socio pasivo” y que nunca se produjo un expediente para estudiar su situación de accionista. Lo que ha ocurrido, ha llegado a afirmar incesantemente, es que estaba “desamparado”. “Esto determina la falta de amparo como concejal porque he actuado de forma transparente, tenía un 22% de acciones y lo puse en la declaración de bienes pero en ningún caso fui advertido para tratar de prevenir. Esto se previene en el primer momento para establecer la posibilidad de decidir”, ha lamentado. Respecto al “protocolo”, lo ha considerado necesario para ese “amparo”, porque la publicación de su doble condición de concejal y empresario “ha generado una tormenta” y “en el aspecto personal”, ha pasado “semanas muy complicadas”, aunque “la situación administrativa es la que es”, sin reproche legal, según él. “El protocolo establece una protección. Remarco que me hubiese gustado que este amparo hubiese sido anterior”, se ha defendido.

El concejal de Vox, Fernando Martínez Acitores, ha criticado que Suárez haya dicho lo mismo que en el Pleno anterior: “Que le falta amparo y que le falta amparo ¿Aparte del amparo piensa hacer algo o está orgulloso de lo que está ocurrido?”, ha interpelado. El edil ha recordado que las normas las conocen todos y que no hay más amparo sino más trabajo para la secretaría.

“Se establece una declaración responsable en los contratos menores, ¿esto es más amparo? es menos amparo, da la sensación contrario. No sé qué añade. Secretaría elaborará documento con el régimen legal de incompatibilidades, pero si ya se sabía. Es un protocolo que no aporta nada nuevo. No sé por qué se busca más amparo, si ya lo sabíamos. Estoy desafecto, ya de todo”, ha deplorado.

“Cuando digo que me ha faltado amparo es que me ha faltado amparo”

Según Suárez “lo importante son las intenciones”. “Cuando digo que me ha faltado amparo, es que me ha faltado amparo”, ha insistido. “Ustedes desde que surge la ocasión han pretendido hacer ver otra cosa, con intenciones sucias con respecto a mi participación en la sociedad y en el Ayuntamiento y no se lo puedo tolerar ni a usted ni a nadie. Luego entrarremos en cosas que se han dicho fuera. La parte positiva es que este protocolo nos ayude al margen de otras cuestiones que considero más pueriles. Además, este protocolo podrá extenderse a otras corporaciones para estar más protegidos”, ha defendido.

Más crítica ha sido la concejala socialista Blanca Carpintero al afirmar que “la ley es cristalina y no se necesita el protocolo”, ya que Suárez declaró tener una participación de más del 10% que luego se incrementó y no declaró. “Son incompatibilidades que tenemos en la Ley 53/1984 y en la Ley organica Régimen Electoral ·General de1985, leyes básicas para cualquier estudiante de derecho, y que el presidente de la Diputación no lo conocía”, se ha extrañado. “El amparo lo dan las leyes”, ha informado.

Cristina Ayala “trata de proteger a su jefe”

“La ley es clara, el Ayuntamiento no puede contratar y es irrelevante que se hable de desconocimiento o desamparo”, ha dicho. Carpintero también ha dudado de que nadie supiese que esa empresa era de Suárez cuando “ha pasado por el Monasterio del Espino todo el mundo”. Tal y como informó elDiario.es, el PP de Burgos celebró un encuentro al que acudió el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y la plana mayor del PP provincial. La concejala ha pedido a Suárez que asuma su responsabilidad y ha recordado el caso de otro concejal del PP que fue multado en un control de alcoholemia y dejó el acta. Se ha dirigido a la alcaldesa, Cristina Ayala para decirle que “trata de proteger a su jefe”. “Es el incendio de la etica, no pueden manifestar desconocimiento e incumplir la norma ¿qué ejemplo damos ahí fuera?”, ha cuestionado.

“Intenciones sucias ninguna, cree el ladrón que todos son de su condición. Es concejal, y por ser concejal es presidente de la Diputación, y ahora viene con que no sabía pido perdón...¿por qué pidió perdon y disculpas si no tenía amparo?. Yo no necesitaba más amparo, son cosas de sentido común”, ha contraatacado el concejal de Vox.

“Sucio es llamarme indecente. No he alegado inconocimiento, he alegado desamparo”, ha llegado a decir Suárez, que en el Pleno anterior aseguró que había conocido la situación de incompatibilidad tras la llamada de elDiario.es. “El caso es que da igual tener el 10, que el 10,1. Tiene que haber protección por parte de la administración, ya no tengo participación. Y qué multa se me ha puesto a mí, lo que no se me ha puesto es la posibilidad de defenderme, de decidir, y yo lo pongo en conocimiento del pleno y he sufrido un escarnio permanente ahí fuera. No le pido perdoón por algo que yo haya hecho, sino por algo que no ha hecho el ayuntamiento, se me tenía que haber dado posibilidad de decidir”, ha repetido Suárez.

“Todos sus compañeros del PP lo sabían”

Para Carpintero, el asunto es también “una cuestión de ética” y ha preguntado a quién “pretendía engañar” cuando todos sus compañeros conocían que estaba en el accionariado de Eventos El Espino. “No vale pedir perdón, ha incumplido una ley del 84 y del 85”, ha dicho. La socialista también se ha referido a subvenciones a El Espino por parte de la Diputación y Suárez, sin entrar al fondo del asunto, ha dicho que mentía.

“La falta de ética es mentir, está mintiendo y lo sabe. Ética es lo que le han demostrado mis compañeros que desconocian que tenía la empresa, etica es adelantarse y trasladarlo el pleno, etica es reflejarlo en la declaracion de bienes”, se ha defendido. También ha advertido que el PSOE “tiene un problema” si quiere “abrir el melón de la ética”. No dude de mi comportamiento. El protocolo hubiese evitado todo esto, que tiene una conseciencia, mi desafeccion de las sociedades que son una alternativa al ejercicio politico, no se puede echar por tierra mi labor con sus luces y sombras“, ha comentado.

Cristina Ayala: “Podíamos no haber hecho nada”

El debate lo ha cerrado la alcaldesa, que ha dicho que ética es “meter un escrito cuando sabe que ha sucedido y cuando la alcaldesa pide informe a secretario”. De hecho, no considera que Suárez haya hecho nada mal, sino que han sido los técnicos. “Podiamos no haber hecho nada, podiamos no haber hecho un protocolo, pero en mi autoexigencia etica quiero que se las cosas se hagan como se tienen que hacer, nuestra etica es hacer mejor las cosas, incluso cuando nuestros servicios tecnicos cometen un error como es el caso”, ha zanjado. En el Pleno no se ha tratado qué ocurre con el dinero público que ha recibido la empresa de Suárez y si se va a devolver.

El portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla y León, Carlos Martínez, ha calificado el acuerdo entre PP y Vox en Extremadura anunciado ayer jueves como una “agresión” y ha advertido de que puede ser la antesala de lo que ocurra en Castilla y León en las próximas semanas.

En declaraciones a los medios de información, Martínez ha asegurado este viernes que este pacto “va a ser un modelo para Castilla y León” si no hay una rectificación por parte del presidente autonómico en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, al que ha acusado de haber iniciado ya ese camino tras las elecciones.

El dirigente socialista ha sostenido que el documento firmado en Extremadura, de 23 páginas, supone una “agresión” a distintos colectivos y ámbitos, entre ellos las mujeres, los trabajadores, los migrantes y el medio rural. En concreto, ha criticado que el acuerdo “compra el discurso” de Vox en materia migratoria, al presentar la inmigración como un problema, algo que ha rechazado al considerar que “no lo es ni para Castilla y León ni para la España interior”.

El portavoz socialista también ha advertido de que el pacto incluye medidas que, a su juicio, suponen un retroceso en derechos, como la revisión de políticas de igualdad, la crítica a la labor de los sindicatos o el cuestionamiento de políticas vinculadas al cambio climático. Martínez ha vinculado este escenario con la situación política en Castilla y León y ha alertado de que existe el riesgo de que se replique un acuerdo similar, al considerar que el PP ya ha mostrado una “entrega” a Vox.

“El riesgo está ahí”, ha advertido Martínez, que ha alertado también de que los pactos sucesivos entre PP y Vox puedan recoger aún más reivindicaciones de la “extrema derecha”.

La Junta de Castilla y León ha anunciado que va a recurrir “en los próximos días” el real decreto de regularización extraordinaria de migrantes aprobado por el Gobierno central. Según ha explicado el portavoz en funciones, Carlos Fernández Carriedo, desde el Ejecutivo autonómico consideran que genera “inseguridad” en su aplicación y se ha impulsado sin coordinación con las comunidades y entidades locales. Para el gobierno autonómico la orden puede tener un “impacto grave” en el conjunto del sistema al, a su juicio, no estar los servicios públicos preparados para asimilar tantas personas.

La decisión se ha adoptado este jueves en el Consejo de Gobierno, tras el análisis de la norma por parte de los servicios jurídicos, que trabajan ya en la redacción del recurso y en la elección del cauce, o bien Tribunal Constitucional o Tribunal Supremo, más adecuado para su presentación.

El principal reproche de la Junta de Castilla y León se centra en el procedimiento diseñado por el Ejecutivo central para su redacción y aprobación. “Los mecanismos previstos no garantizan para nada” el cumplimiento de los requisitos exigidos a los solicitantes, ha afeado Carriedo, quien ha señalado que algunos de los documentos contemplados para acreditar la residencia no permiten verificar de forma fehaciente las condiciones exigidas. Esta situación, ha añadido, introduce “inseguridad en el procedimiento”.

Carriedo ha puesto en duda de que la forma para acceder a la regularización se pueda hacer con un billete de metro o ticket de un transporte público, como el sistema Buscyl existente en la Comunidad.

A esa crítica técnica se suma otra: la ausencia de diálogo con las comunidades autónomas. Según el portavoz en funciones, el Gobierno ha actuado “sin ningún tipo de participación ni coordinación” con las administraciones territoriales, a pesar de que la medida afecta directamente a sus competencias.

Sin datos del número de personas que podrían acogerse a la regularización

La Junta ha cuestionado que no se haya facilitado información básica, como el número de personas que podrían acogerse a la regularización o las condiciones concretas de aplicación. Preguntado por las personas que podrían acogerse a esta medida en Castilla y León, Carriedo ha afirmado que desde el Ejecutivo desconocen el dato, aunque desde CCOO, en base al servicio que prestan, hablan de unas 25.000 personas.

El futuro recurso se apoyará igualmente en dudas sobre el encaje del decreto en la normativa europea. Carriedo ha avisado de que la medida podría ser “contraria” a las reglas comunitarias en materia de control de fronteras y libre circulación, y ha alertado de que el volumen potencial de beneficiarios podría suponer un “riesgo” para la coordinación entre Estados miembros. En este punto, ha recordado que la Comisión Europea ha llamado la atención sobre el posible impacto de este tipo de decisiones en el conjunto de la Unión.

A pesar de oponerse la regulación de migrantes planteada por el Gobierno central, Carriedo ha abogado por una “integración ordenada” basada en el empleo con contrato legal, estar dado de alta en la seguridad social y el pago de impuestos. Castilla y León, según ha recordado el portavoz en funciones, ha superado los 101.000 afiliados extranjeros a la Seguridad Social —“una cifra récord para un mes de marzo”—, con un crecimiento superior a la media nacional.

“Todo el mundo es bienvenido” si llega para “trabajar, cotizar y contribuir a la sociedad”, ha apostillado Carriedo, quien ha criticado el proceso de regularización del Gobierno central al que ha calificado como “no ordenado” y potencialmente generador de disfunciones en el sistema.

Carriedo critica la falta de trámite parlamentario

La decisión de recurrir, ha añadido, responde a una posición sostenida por la Junta en anteriores legislaturas en materia migratoria y se adopta “sin ninguna consideración externa”, en referencia a las negociaciones políticas abiertas en la comunidad.

Este movimiento del Ejecutivo autonómico se produce después de que el Gobierno confirmara la aprobación de la regularización extraordinaria mediante una modificación del reglamento de extranjería, una vía que ha permitido su tramitación sin necesidad de respaldo parlamentario. El Consejo de Estado ha avalado la esencia de la norma y su tramitación urgente, aunque ha recomendado introducir ajustes técnicos.

Entre ellos, figuran precisiones sobre la forma de acreditar requisitos como la ausencia de antecedentes penales o la definición de “situación de vulnerabilidad”, un concepto que el Ejecutivo prevé concretar en el texto definitivo. Según el diseño inicial, podrán acogerse a la medida las personas extranjeras que hayan llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025 y acrediten al menos cinco meses de residencia continuada, así como determinados solicitantes de asilo.

El permiso que se conceda será temporal, con una duración de un año, e incluirá autorización para trabajar en todo el territorio nacional. La norma permite acreditar la estancia en el país mediante distintos tipos de documentos, más allá del empadronamiento, un aspecto que ha generado debate técnico y que está en el centro de las crítica Castilla y León.

Después de que el PP diera a conocer el nombre de sus portavoces el lunes y Vox, este martes, el Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León ha comunicado este miércoles al Parlamento autonómico que los procuradores vallisoletanos Patricia Gómez y Pedro González Reglero serán respectivamente viceportavoz y secretario general del grupo.

El PSOE ha informado de esta decisión, por la que el nuevo portavoz socialista, Carlos Martínez, se rodea de dos procuradores con experiencia, que ya estuvieron en la dirección del grupo en la anterior legislatura, Gómez como portavoz tras la salida de Luis Tudanca y González como secretario general, desde ese mismo momento.

Patricia Gómez figura además, en la documentación registrada por el Grupo Socialista, como primera portavoz adjunta; mientras que Pedro González será igualmente segundo portavoz adjunto.

Junto a Nuria Rubio, Gómez y González respaldaron desde el primer momento la candidatura de Carlos Martínez para liderar al PSOE de Castilla y León, lo que se vio refrendado al elegir a la política leonesa como vicesecretaria general del PSOE-CyL.

Rubio fue elegida este martes vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla y León, mientras que el secretario de Organización del PSOE-Castilla y León, Daniel de la Rosa, fue elegido secretario primero de la Mesa.

El PSOE de Salamanca denunciará la pintada racista con la que ha amanecido este miércoles su sede de Salamanca, que atribuye a la entrada en vigor de la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno de coalición.

“A dentro todos los moros y negros” es la frase pintada en letras mayúsculas en la sede de los socialistas en Salamanca, junto a otra que dice “11M18E”, al parecer en referencia a las fechas de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 y del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero.

En declaraciones a EFE, el secretario general del PSOE de Salamanca y diputado en el Congreso, David Serrada, ha defendido que estas expresiones “fascistas” no representan a nadie en una provincia “abierta y respetuosa” como la salmantina.

PSOE dice que no le intimidan las pintadas ni el odio y seguirá defendiendo a migrantes

El secretario de Política Municipal del PSOE de Castilla y León, Fran Díaz, ha condenado las pintadas que han aparecido de madrugada en la sede del partido en Salamanca en contra de la regularización de migrantes y ha afirmado que la formación “no se achanta” en su defensa a las condiciones de vida de estas personas “frente a quienes pretenden intimidar y extender el odio”.

En declaraciones a los periodistas en un acto en León, al ser preguntado por este asunto, Díaz se ha mostrado “plenamente conforme” con la política que está llevando a cabo el presidente del Gobierno Pedro Sánchez en esa materia.

Lo que se pretende, ha dicho, es “dignificar las condiciones de vida de personas que están trabajando en España y dando vida a muchos de los 2.248 municipios de esta Comunidad Autónoma que, si no fuera porque ha llegado gente de otros lugares, sería mucho peor y estaría más muerta”.

“Que lo tengan muy clarito también los socios del PP, con los que ya están cogiditos de la mano” en Castilla y León, ha añadido.

El PSOE de Salamanca ya ha avanzado que denunciará la pintada racista con la que ha amanecido este miércoles su sede, que atribuye a la entrada en vigor de la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno de coalición.

“A dentro todos los moros y negros” es la frase pintada en letras mayúsculas en la sede de los socialistas en Salamanca, junto a otra que dice “11M18E”, al parecer en referencia a las fechas de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 y del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero. 

Más rápido de lo que cabía esperar, PP y Vox se han puesto de acuerdo para que el primero presida el Parlamento autonómico, que desde 2022 estaba en manos de los de Abascal. Constituidas las Cortes, los grupos parlamentarios se apresuraron a hacer un anális de lo ocurrido este martes, donde lo más llamativo fue que la cesión de votos del PP a Vox dejó a Susana Suárez (PP) como secretaria tercera y a Rocío Lucas como segunda, mientras que el PSOE, con Daniel de la Rosa se queda con la primera.

El candidato de Vox y posible vicepresidente de la Junta, Carlos Pollán, ha alabado la “buena predisposición del PP”, para que no ocurriese “lo que ocurrió en el Congreso de los Diputados” cuando Vox se quedó sin representación en la Mesa “siendo la tercera fuerza política”. Pollán no ha acabado de explicar por qué Vox ha accedido a que el PP presida las Cortes esta vez, habiendo mejorado los resultados con los que reclamaron el Parlamento en 2022. “Es que la situación no es la misma que en 2022” , ha argumentado Pollán. Tampoco ha querido revelar qué obtienen a cambio de la cesión, y si podría ser la de tener un senador por designación autonómica. “Eso no se ha hablado, lo único que hemos hecho ha sido evitar que el PSOE tuviese el control”. “No hay táctica, no se ceden las Cortes”, ha dicho el expresidente del Parlamento.

A partir de ahora, ha dicho, se trabajará en un pacto de gobierno “medida a medida, con garantías de cumplimiento, con y plazos”. Sobre si la renuncia a presidir las Cortes es a cambio de que Vox tenga más peso en el Ejecutivo que se forme, Pollán sólo ha dicho que se ha dado un primer paso para no perder el “control” en la Mesa de las Cortes, ya que el de Castilla y León era el único parlamento de los que se han formado recientemente (Extremadura y Aragón) donde el Partido Socialista podría haber tenido mayoría -con los cinco votos de UPL, Por Ávila y Soria Ya-.

El acuerdo con el PP, ha dicho Pollán, será “programático” y en función de la representación que tienen, con un escaño más que en 2022.

La nueva portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Leticia García, se ha referido a la “nueva etapa en las Cortes de Castilla y León con la presidencia en el PP como fuerza mayoritaria” y con el “estilo propio que caracteriza a Francisco Vázquez”. Para ella, se ha “reforzado” el Parlamento de Castilla y León porque “los ciudadanos reclaman certidumbre y estabilidad”. Ha destacado la “importante presencia femenina en el Grupo Parlamentario Popular” que ahora estará dirigido por mujeres en un “claro reflejo de las candidaturas y claro compromiso del PP con las mujeres frente a los discursos de feminismo vacío”. momento de acuerdos útiles

García rebajado lo crítica que fue con su antecesor en la Consejería del Empleo, Mariano Venganzones, e incluso ha llegado a decir que el Diálogo Social es una seña de identidad y ha obviado que en la anterior legislatura se produjo una ruptura en la que los sindicatos llevaron a los tribunales la eliminación de subvenciones nominativas y en la que en enfrentamiento fue total. García ha negado que se rompiese el díalogo. “En este momento toca hablar de lo que hemos hecho esta mañana”, ha zanjado.

“Pactos de alcoba”

El líder del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha definido la constitución de estas Cortes como “el protocolo institucional que da cumplimiento a pactos de alcoba tras el cortejo que se ha visto estos días”. “Pasan de ser enemigos íntimos a volver a repartirse sillones”, ha comentado. “Habrá que ver hasta qué punto está dispuesto a ceder el Partido Popular”, ha dicho. Además ha aclarado que nunca se plantearon no presentar candidato a la presidencia del Parlamento, sino que sabían que con 30 escaños no sumarían, y que no iban a “participar en componendas”.

“Mañueco habla de estabilidad y me da pudor y cierto vértigo. Dicen que no quieren sillones y lo primero que han hecho ha sido repartirlos”, ha ironizado.

En el mismo sentido se ha pronunciado la líderesa de UPL, Alicia Gallego, que no ha querido “entrar en ningún juego de sillones porque el resultado era claro y evidente”. “Lo que nos interesa que se cumplan todas las iniciativas para la región leonesa y que no quede en palabrería.Venir a trabajar y a proponer”. Sobre la cesión de votos del PP a Vox en las secretarías de la mesa, ha comentado que “cada uno ha buscado consolidar puestos, tenerlo atado y bien atado”.

El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, ha incidido en los muchos problemas que afectan al territorio abulense y ha planteado la necesidad de desarrollar la Ley de puestos de difícil cobertura porque si no la provincia “podría quedar al margen de todas las profesiones sanitarias”, informa Efe.

Pascual también ha urgido a los partidos mayoritarios de la Cámara, PP y Vox, que “no demoren más” formar gobierno en la Comunidad porque a su juicio “los abulenses y castellanos y leoneses necesitan estabilidad” y ha asegurado que su partido “va a estar ahí” para que se cumplan las promesas hechas sobre Ávila.

Asimismo, el parlamentario Ángel Ceña (Soria Ya) ha reconocido que lo sucedido en esta sesión era lo esperado y ha asegurado que este mandato comienza con una situación muy similar a la primera parte de la pasada legislatura, con una mayoría de PP y Vox.

Ha asegurado que su objetivo va a “defender en Valladolid los intereses de Soria” y ha centrado entre sus prioridades sacar adelante una proposición de ley de medidas contra la despoblación, así como la mejora de infraestructuras y servicios en su provincia.

Sin grandes sorpresas, las Cortes de Castilla y León se han constituido este martes en Valladolid, un mes después de las eleciones. A diferencia de Aragón, PP y Vox anunciaron este lunes un acuerdo para elegir presidente de la Mesa del parlamento, el secretario general del Partido Popular y exvicepresidente primero de la Mesa, Francisco Vázquez, que ha sido elegido con el respaldo de los votos de los 33 procuradores del PP y los 14 de Vox. El partido de Santiago Abascal ha renunciado a la Presidencia de la Mesa como tuvo la pasada legislatura, aunque sí ha propuesto el vicepresidente primero de la Mesa, Carlos Menéndez, el exportavoz del Grupo durante parte de la legislatura pasada.

De poco ha servido el nombre que finalmente ha ofrecido el Grupo Socialista, la vicesecretaria autonómica, Nuria Rubio, para presidir la Mesa de las Cortes. Solo la han respaldado los 30 procuradores socialistas. Los cinco escaños del que será Grupo Mixto (3 de UPL, uno de Por Ávila y uno de Soria ¡YA!) han votado finalmente en blanco. El Grupo Socialista también ha presentado a Nuria Rubio como vicepresidenta de la Mesa, en cuya votación ha quedado en segundo lugar después de Menéndez, únicamente con el respaldo de los procuradores socialistas.

Los parlamentarios también han escogido a los secretarios de la Mesa, en una votación en la que (de nuevo) el Grupo Mixto se ha abstenido. El PP ha elegido a la hasta ahora consejera de Educación, Rocío Lucas, el secretario de Organización del PSOE, Daniel de la Rosa y la vocal de Vox en Segovia, Susana Suárez Villagrá. Daniel de la Rosa ha sido elegido secretario primero de la Mesa (30 votos), seguido de Rocío Lucas (27 votos) y Susana Suárez Villagrá (19), puesto que varios miembros del PP han votado a la procuradora de Vox. El Grupo Mixto ha vuelto a votar en blanco.

La Mesa de las Cortes queda configurada, por lo tanto, de la siguiente manera: Francisco Vázquez como presidente (PP), Carlos Menéndez como vicepresidente primero (Vox), Nuria Rubio como vicepresidenta segunda (PSOE), Daniel de la Rosa (PSOE), Rocío Lucas (PP) y Susana Suárez Villagrá (Vox) como secretarios.

Vázquez asume la Presidencia “con compromiso con la palabra”

Una vez jurados o prometidos los 82 escaños de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez ha asegurado que asume el cargo “con honor político y compromiso con la palabra”. “Nos enfrentamos a una encrucijada que estas Cortes deben abordar con valentía día a día”, ha augurado Vázquez. El presidente de la Mesa ha reivindicado que formar parte de la cámara es “un privilegio que conlleva una responsabilidad ineludible”. También ha aseverado que los ciudadanos han “otorgado la responsabilidad para formar gobierno al PP”, lo que ha considerado que será “una de las primeras tareas” de la cámara: “desarrollar los trabajos necesarios para que se conforme un gobierno en Castilla y León”.

Francisco Vázquez ha agradecido al presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, por confiar en él y a sus predecesores en el cargo, el último Carlos Pollán, de Vox. “Cada uno de ellos desde sensibilidades políticas aportaron su trabajo para la consolidación de esta institución”, ha suscrito.

El también secretario general del Partido Popular de Castilla y León ha pedido al parlamento “abordar con valentía” diaria la “encrucijada” a la que se enfrenta y ha garantizado que su objetivo como presidente será que el parlamento sea “lo más útil posible” para todos los castellanos y leoneses.

El Partido Popular de Burgos también utilizó los servicios de catering de Eventos El Espino SL, la empresa de la que su presidente, Borja Suárez, tiene el 33% de las acciones. Aparentemente, esa circunstancia, que fuese su sociedad, pasó desapercibida para la alcaldesa, Cristina Ayala, y para el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Tal y como publicó elDiario.es, el Ayuntamiento de Burgos, donde Suárez es concejal desde 2024, adjudicó desde ese año hasta la actualidad, varios contratos y todo ello a pesar de que Suárez reflejaba en su declaración de bienes la posesión del 22% del accionariado y que un año después pasó al 33% sin que modificase el documento. Además del Ayuntamiento de Burgos, la Junta de Castilla y León, a través de dos consejerías, la de Economía y la de Medio Ambiente, también adjudicó contratos a la empresa de su presidente provincial.

Los concejales están obligados a declarar las acciones de cualquier empresa si superan el 10%. Aunque Suárez lo hizo, tanto el secretario municipal como los responsables de las mesas de contratación, no lo tuvieron en cuenta. Sólo cuando elDiario.es publicó la información se revisó la situación: tal y como advertía este diario, había una prohibición absoluta para contratar y así lo determina la normativa, pero es que además, Suárez debería haber elegido entre el acta y las acciones, y no lo hizo.

Hasta el momento, todos los implicados han asegurado desconocer la normativa (Ley Orgánica 5/1985 art. 178.2d, Ley 7/1985 art.75, Ley 9/2017 Contratos del Sector Público) que prohibía claramente ser concejal y contratista, y no sólo eso, afirmaron que ignoraban la vinculación de Suárez con El Espino. Lo cierto es que además de esos contratos municipales, la práctica totalidad de concejales del PP, incluida la propia alcaldesa, Cristina Ayala, han estado en al menos un evento del PP de Burgos en el que el catering era de El Espino. Tanto es así que la propia Ayala posteó fotos del “comienzo del curso político” en Cogollos, en la primera foto se puede ver al fondo al personal de El Espino. “Tras el descanso estival tenemos un interesantísimo año por delante con elecciones autonómicas en 2026 y en lo que toca a Burgos ciudad, multitud de obras que configuran nuestro ambicioso proyecto de ciudad”, escribía. Ayala se ha negado a contestar a las preguntas de elDiario.es sobre su grado de conocimiento sobre la actividad empresarial de su presidente provincial.

No era la primera vez que el PP de Burgos tiraba de la empresa del presidente, en 2021, sirvió el catering para un encuentro de cargos y militantes de tres comarcas de Burgos con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. No sólo se contó con ese catering, es que se utilizó el claustro del Monasterio del Espino, alquilado y explotado por Eventos El Espino SL en la que están Suárez y sus socios. Ni desde la Junta ni desde el PP de Castilla y León han respondido a la pregunta de elDiario.es de si Mañueco conocía la relación de Suárez con Eventos El Espino SL.

La situación que se ha producido es insólita: el secretario municipal reconoce en un informe que se contravienen leyes con décadas de vigencia a la vez que insta a realizar un “protocolo” para que los hechos no se repitan. Mientras, Suárez continúa siendo concejal, poseyendo el tercio de una empresa que recibe contratos municipales y de la Junta de Castilla y León.

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha cerrado este lunes su etapa como alcalde de Soria tras 19 años al frente del Ayuntamiento con una “emotiva y dura” despedida “no solo de un cargo, sino de una forma de servir y vivir”.

Así lo ha manifestado Martínez en su última sesión plenaria como alcalde de la capital, en la que ha estado arropado por su equipo de gobierno, su familia y amigos, además de multitud de sorianos que han querido acompañarle en su último día como regidor.

El ya exalcalde de Soria ha reconocido la dificultad de momentos como este en el que las palabras “no llegan a expresar lo que uno siente y no alcanzan a resumir tantas vivencias” en una tierra por la que ha confesado sentir “el máximo respeto y gratitud”.

Martínez ha recordado “la emoción y el vértigo” con que asumió el cargo en 2007, cuando comenzó a luchar por un objetivo claro desde el principio: “hacer que Soria fuera oída y atendida, que no fuera ni más ni menos que nadie”, ha señalado.

En un discurso cargado de referencias al Juan de Mairena machadiano y a Mercedes Molina, Martínez ha asegurado que los conceptos de humildad y honestidad que aprendió de sus padres le han ayudado a entender qué es la política en su totalidad.

“No es solo gestión, sino también una forma de comportarse y de ser”, ha señalado Martínez, convencido de que lo más duro de ser político son “las dudas y noches sin dormir” porque “hay que tomar decisiones que no pueden gustar a todo el mundo o problemas que no tienen solución”.

“La política local no es algo menor”

Tras casi dos décadas al frente del Consistorio, el socialista ha reforzado su defensa de la política local en momentos tan complicados como una crisis económica, una pandemia o una guerra, ya que “la política local es la primera puerta a la que llaman los ciudadanos cuando todo falla”.

En este sentido, Martínez ha llenado su discurso de agradecimientos a su equipo municipal y a su familia por sostenerle “siempre”, sin dejarle caer, porque, a su juicio, una buena política local depende, en gran medida, “de un equipo con unos engranajes perfectos y una gran vocación de servir al ciudadano”.

“Hacer algo que permanezca”

Tras un repaso de su 19 años como alcalde, ha llegado el momento que “nunca” pensó que llegaría, el de la despedida del Ayuntamiento de Soria para dar “un paso a un lado” aunque, ha asegurado que, no se irá nunca de Soria: “Me quedo como un soriano más, con la misma forma de entender la vida y política que hace 20 años”.

A modo de despedida, Martínez ha utilizado una cita de Concha de Marco para expresar con lo que se queda de su paso por la Alcaldía donde “lo importante es hacer algo que permanezca”.

El socialista ha pedido perdón a los sorianos por “todos los errores cometidos estos años” pero con la esperanza de que la ciudadanía sienta “que ha merecido la pena”: “Hay que seguir defendiendo una política que merezca la pena, porque Soria y la democracia lo merecen”, ha concluido.

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha acusado este lunes a PP y Vox de ir “entregando por fascículos” su “sainete” en esta Comunidad, donde cree que tratan de reproducir el esquema de la novela 'El gatopardo', para que “parezca que todo cambia pero no cambiar absolutamente nada”.

En declaraciones a los periodistas tras presentar en un pleno municipal su renuncia como alcalde de Soria para poder tomar mañana posesión de su escaño y liderar la oposición del PSOE, Martínez se ha referido al acuerdo anunciado por PP y Vox para que el popular Francisco Vázquez se convierta mañana en el nuevo presidente de las Cortes, en sustitución de Carlos Pollán (Vox)

Ha ironizado con la “derecha valiente” de Vox, partido al que ve “muy fuerte con los débiles, pero muy débil con los fuertes”, en referencia a su negociación con el PP.

Para Martínez, estaba claro cuál iba a ser el final de las conversaciones entre PP y Vox, con “escenas para justificar” ese acuerdo y con la sensación de que los carteles de Vox han “envejecido” pronto, en referencia a que hablaban de estafa del PP a los ciudadanos.

El dirigente socialista ha criticado igualmente que estos acuerdos tengan un origen en las direcciones nacionales del PP y Vox, que en su opinión no abordan las cuestiones prioritarias de Castilla y León “de forma vergonzante”.

PP y Vox han firmado un nuevo acuerdo en Castilla y León. En esta ocasión, según ha avanzado Vox, ambas formaciones han firmado que los 'populares' ostentarán durante esta legislatura la Presidencia de las Cortes autonómicas y el partido de Abascal la vicepresidencia primera de la Cámara.

Hasta ahora, según el acuerdo entre ambos partidos firmando en 2022, la Presidencia recaía en las manos de Vox, con Carlos Pollán al frente. Con este pacto, el candidato por Segovia y secretario general del PP autonómico, Francisco Vázquez, será el sucesor en el cargo de Pollán, como ha confirmado el PP. Vázquez ya fue vicepresidente primero de la Cámara la anterior legislatura.

En la nota de prensa, ambos partidos aseguran que cierran este acuerdo para la constitución de la nueva Mesa de las Cortes de Castilla y León con el objetivo de “dotar de estabilidad a la nueva legislatura”.

“Este pacto demuestra la voluntad de entendimiento de los dos partidos políticos, que coinciden en la necesidad de que la Comunidad tenga un Gobierno autonómico que siga funcionando, prestando servicios públicos de calidad y ofreciendo oportunidades a los castellanos y leoneses; y un Parlamento autonómico que recoge así el mandato otorgado por los ciudadanos de Castilla y León el pasado 15 de marzo”, han asegurado PP y Vox en el comunicado.

Ambos partidos han señalado que se trata de un acuerdo “firme y duradero” en las Cortes. Eso sí, Vox y PP ya afirman que se trata del “paso previo” a la formación de un Ejecutivo autonómico “útil y eficaz para todos”, como han indicado.

Según la nota de prensa, el acuerdo en la Mesa de las Cortes contempla el apoyo a un procurador del PP como presidente del Parlamento de la Comunidad, mientras que la vicepresidencia primera —sin concretar quién— será asumida por un representante de Vox. Asimismo, el acuerdo también recoge que PP y Vox se responsabilizarán de dos secretarías del órgano rector de la Cámara.

Según han subrayado ambos partidos, este acuerdo “tiene carácter definitivo”. Esto “evidencia la voluntad de garantizar desde el inicio el buen funcionamiento de la institución parlamentaria”. PP y Vox han querido señalar que este entendimiento refleja “el mandato expresado” por los ciudadanos en las últimas elecciones, “interpretando los resultados como una llamada a facilitar la gobernabilidad”.

En este sentido, consideran que la configuración de la Mesa permitirá garantizar la estabilidad legislativa durante los próximos cuatro años, algo que PP y Vox no consiguieron tras la salida del Ejecutivo autonómico de los segundos en agosto de 2024 y el gobierno en minoría de los 'populares' hasta la disolución de las Cortes en enero de 2026.

Vox ve una “nueva sintonía” con el PP

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha defendido este lunes el acuerdo alcanzado con el PP para que los populares recuperen la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, con una “nueva sintonía” entre ambos partidos y sin que “nadie” pueda decir que han exigido ese cargo.

“Vox no ha venido por el sillón, nadie podrá decir que hemos exigido una Presidencia”, ha dicho en la rueda de prensa convocada en la sede nacional del partido, en Madrid, al ser preguntado por el acuerdo con el PP de Castilla y León.

Garriga ha destacado que este avance puede ser el preludio de los pactos de gobierno tanto en esta comunidad como en Extremadura y Aragón, y luego en Castilla y León.

Según ha señalado, se ha creado un nuevo marco de diálogo en el que están intentando restablecer las “confianzas truncadas” y, en este sentido, ha asegurado que se está avanzando en buena sintonía con los barones territoriales del PP.

El número dos de Vox ve así factibles, “si nada lo trunca”, los acuerdos en las tres comunidades en las que está pendiente la formación de sus gobiernos.

El pacto sobre la composición de la Mesa de las Cortes de Castilla y León demuestra además, según Garriga, que Vox “no ha venido aquí por el sillón ni por los cargos”.

“Nadie podrá decir que Vox ha exigido una presidencia, porque no lo hemos hecho nunca ni la hemos obtenido en ninguna región ni en Castilla y León”, ha dicho.

Garriga ha incidido en que siguen trabajando y que el tiempo apremia, especialmente en Extremadura y Aragón, por lo que van a “intensificar todas las reuniones que sean precisas para llegar a un buen acuerdo”.

“Vamos por el buen camino”, ha reiterado Garriga, quien espera poder seguir avanzando con los barones del PP sin que su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ni su secretario general, Miguel Tellado, pongan “palos en las ruedas”. 

La consejera de Educación en funciones será secretaria de la Mesa

En el pleno de este martes, 14 de abril, se constituirá la composición de la Mesa de las Cortes con dos representantes del PP, dos del PSOE y dos de Vox.

En el comunicado del PP señalan que Vázquez cuenta con décadas de experiencia y ha ocupado responsabilidades “clave” tanto en el ámbito parlamentario como en la gestión territorial. Ha sido senador, presidente de la Diputación de Segovia durante dos mandatos y vicepresidente primero de las Cortes en la última legislatura. “Su perfil combina experiencia institucional y capacidad de diálogo, elementos clave para propiciar la estabilidad parlamentaria en la nueva legislatura”, han indicado.

Los 'populares', que recuperan la Presidencia después de siete años en los que ha estado en manos de Ciudadanos y Vox, ya han confirmado a la consejera de Educación en funciones, Rocío Lucas, como secretaria de la Mesa de la Cámara. Este moviento supone el fin de Lucas al frente de Educación dejando esa vacante.

Según el PP, Lucas ha consolidado a Castilla y León como la primera Comunidad de España en Educación. Ha sido directora general, viceconsejera de Función Pública, gerente del Servicio Público de Empleo y consejera de Educación entre 2019 y 2026, además de ser la presidenta del Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular de Castilla y León. “Su experiencia y su capacidad de gestión contribuirán a mejorar el funcionamiento de la dirección del Grupo Parlamentario Popular”, han apuntado.

Otra consejera en funciones pasa ahora a ser portavoz del Grupo Parlamentario Popular. La responsable de Industria, Leticia García, ocupará la portavocía que deja vacante Ricardo Gavilanes y, al igual que Lucas, dejará de estar presente en el Consejo de Gobierno. Desde el PP han señalado que García ha ocupado distintos puestos en la administración autonómica y provincial. Ha sido delegada territorial y consejera de Industria, Comercio y Empleo. Procuradora por Zamora desde 2019, ha sido portavoz adjunta del grupo popular y en las últimas elecciones autonómicas, coordinó, además, el programa electoral con más de 1.000 medidas.

En la dirección del Crupo Parlamentario Popular de las Cortes, continuará la palentina Mercedes Cófreces y se incorporará la procuradora por Salamanca Rosa Esteban para reforzar al Grupo Parlamentario Popular. Cófreces, funcionaria de carrera, ha asumido diferentes responsabilidades en la Diputación de Palencia. Ha sido Jefa de la Sección de Fomento y Desarrollo de la Diputación de Palencia y del Servicio de Infraestructuras de la Diputación de Palencia. Por su parte, Esteban, además de poseer amplia experiencia en el Parlamento autonómico, es alcaldesa de Gomecello y gran conocedora del medio rural.

El 94,8% de los castellanos y leoneses volvería a votar al mismo partido que el 15 de marzo, según la encuesta postelectoral de Castilla y León elaborada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y publicada este lunes, un día antes de que se constituya el parlamento autonómico, cuya futura Mesa aún no ha sido configurada. El PP obtuvo el 35,5% del apoyo (y 33 procuradores en Cortes), seguido del PSOE (30,7%, 30 escaños), Vox (18,9%, 14 procuradores). Aunque no obtendrán grupo parlamentario propio, también han conseguido representación UPL (3 escaños), Por Ávila y Soria Ya.

En la encuesta postelectoral se ha entrevistado a 2.023 personas entre el 30 de marzo y el 1 de abril de 2026 de las nueve provincias. Entre los abstencionistas entrevistados, el 88,7% habría seguido sin votar, a la luz de los resultados. Los principales motivos para su abstencionismo eran que no se sentían representados por ningún partido o político (31,4%) o que estos no le inspiraban confianza (20,4%).

Ante unas posibles elecciones generales al Congreso y al Senado, el 30% votaría al PSOE, el 23% al PP y el 10,9% a Vox, aunque hay un 14,2% que se muestra indeciso.

Decisión de su voto

El 62,7% de los entrevistados por el CIS decidió votar en las elecciones de Castilla y León al partido que quería antes de la campaña electoral y el 28,6% decidió su voto durante la campaña electoral o en la jornada de reflexión. El 8% decidió su voto el mismo día de los comicios.

Para los encuestados, el tema más debatido por los partidos durante la campaña fue la vivienda, seguido de la inmigración, aunque el 32% de los ciudadanos no sabía cuál había sido el tema más controvertido de esos quince días. El 53,7% siguió la campaña electoral con bastante o mucho interés (33,4 y 20,3%, respectivamente), un 29,6%, con poco interés, y un 12,5% con ningún interés.

Menos de la mitad de los encuestados (45,6%) asegura que algún representante o colaborador de algún partido le pidió el voto a través del correo, SMS, Whatsapp, por teléfono o en persona, especialmente del PP (86,3%), del PSOE (87,8%) y de Vox (71,7%).

Solo el 12,5% de los encuestados recuerda haber enviado algún mensaje, WhatsApp, correo electrónico, 'post', o 'tuit' relacionado con algún partido o candidato, especialmente de los tres principales partidos políticos. Además, el 26% recuerda haber recibido algún mensaje, WhatsApp, correo electrónico, 'post' o 'tuit' relacionado con algún partido o candidato.

Los principales medios de comunicación para informarse de las elecciones fueron la televisión (para el 58,6% de los encuestados), la prensa digital (37,3%), las redes sociales (31,9%%) y la radio (28,5%).

Debate territorial y sentimientos identitarios

El CIS también ha preguntado por otras cuestiones que no estuvieran directamente relacionadas con las elecciones autonómicas. El 34,9% de los encuestados defendía el modelo territorial de autonomías, frente a un único Gobierno central sin autonomías (22,6%) o un Estado con un menor o mayor nivel de autonomía (19,4% y 11,3%, respectivamente). El respaldo a un sistema autonómico es menor en Castilla y León que en Aragón, donde el CIS también formuló esta pregunta en su sondeo postelectoral. En Aragón el 36,7% defendía el modelo actual y solo el 13,2% suscribía la necesidad de abolir las autonomías.

El CIS también se ha interesado por la identidad de los castellanos y leoneses: el 61,8% se siente tan español como castellano y leonés, el 17,3% se siente únicamente español y el 10,2% se siente más español que castellano y leonés. Sin embargo, el CIS no ha desglosado este sentimiento de manera provincial en una de las comunidades con más atomización identitaria.

Clase social

El CIS ha preguntado sobre los ingresos netos de los entrevistados. El grupo mayoritario cobraba entre 1.100 y 1.800 euros (25,8%), seguido de la franja de entre 1.801 y 2.700 euros mensuales (22,6%).

El presidente en funciones de las Cortes de Castilla y León y candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, ha asegurado este viernes que descarta “totalmente” comenzar la legislatura el martes con un pacto de gobierno con el PP como hicieron en 2022.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento autonómico, preguntado por esa posibilidad, Pollán ha descartado esa opción porque, aunque mantiene una “relación cordial y fluida” con el líder autonómico del PP y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, la negociación va a ser “larga y muy minuciosa”, alejada de los medios de comunicación.

Pollán, que ha respondido a las preguntas tras su último acto institucional como representante de la Cámara autonómica, en Valladolid, ha reivindicado el resultado de su formación en los últimos comicios (con un escaño más hasta los 14 y el 18,9% de los votos) y ha señalado que debe ser el PP el que tome la iniciativa para llegar a un pacto.

“Queremos un acuerdo programático, un acuerdo de medida a medida, de garantías de cumplimiento: no tenemos ningún interés en estar en un gobierno para marcharnos, pero lo que sí queremos es que ese proceso que ya se inició en el 2022 con nuestra entrada en el gobierno por primera vez aquí pueda seguir adelante para cambiar las políticas que nosotros creemos en Castilla y León, pero tiene que ser de otra forma totalmente distinta a como fue en el 2022”, ha afirmado.

Respecto a la composición de la Mesa de las Cortes, ha asegurado que en Vox no les preocupa y que mantienen su mano tendida, así como que aún no han decidido si presentarán un candidato a algunos de los puestos de este órgano.

Además, ha reconocido que no le corresponderían dos miembros de la Mesa por el número escaños obtenidos y que lo único que no van a permitir es que el PSOE presida la institución, para lo que se han ofrecido al PP para hablar sobre las diferentes posibilidades en la votación.

Balance de la Presidencia de las Cortes

Pollán también ha hecho balance de los cuatro últimos años al frente del Parlamento castellano y leonés, un puesto que deja con “muy buen sabor de boca” y “muy satisfecho” y, pese a los “comienzos difíciles”, ha valorado que la relación entre su partido y el resto de fuerzas políticas “está más normalizada y es todo es más sencillo”, ya que se ha demostrado que su partido es “absolutamente como los demás”.

Preguntado por qué le aconsejaría a su sucesor, ha reflexionado con que “la labor que tiene que hacer el presidente de una institución como las Cortes es intentar ser el presidente de todos”, aunque eso cree problemas con los rivales políticos y diferencias “con los tuyos propios”, como ha reconocido que ha sucedido en esta última legislatura.

Asimismo, ha asegurado que “es mucho decir” que vaya a pasar a ser miembro del Ejecutivo autonómico en el próximo mandato y ha puesto la responsabilidad de gobierno en el PP, el más votado en las elecciones autonómicas del 15 de marzo.

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, aseguró este viernes que ante el reparto de sillones entre PP y Vox, “ni Mañueco pinta nada ni les importa Castilla y León”.

El líder socialista lamenta el “sainete” organizado en Madrid entre PP y Vox para repartirse las instituciones de Aragón, Extremadura y Castilla y León. Señaló que “todo lo que tiene que ver con el futuro de Castilla y León se está decidiendo en Madrid”. “Lamentablemente, no se está hablando de Castilla y León”, señaló Martínez.

Porque, dijo, “ni Mañueco ni Pollán pintan absolutamente nada” y “los intereses de Castilla y León se juegan en Madrid” en el marco de un “acuerdo nacional” sin tener en cuenta programas. “Poco tiene que decir el propio Mañueco porque el acuerdo entre la derecha y la extrema derecha se está decidiendo en el ámbito nacional”, subrayó el líder socialista.

Martínez advirtió que el PSOE, en cambio, “quiere hablar de ordenación del territorio, de despoblación, de lucha contra la violencia de género y de medidas de prevención, extinción de incendios y gestión forestal” y comenzará tras el Pleno de constitución el próximo martes 14 de abril.