El PSOE de Castilla y León ya tiene candidatos a las alcaldías en Segovia, Zamora y Salamanca de cara a las elecciones de 2027. En los tres casos, el proceso de primarias se ha resuelto sin rivales después de que este miércoles Marcelino Muñoz haya acordado retirar su candidatura en Salamanca y pactar una candidatura conjunta con María Sánchez, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Salamanca.

Este lunes terminó el plazo para presentar las candidaturas a las primarias socialistas y este miércoles, que arrancaba la recogida de avales, Sánchez y Muñoz han acordado este acuerdo para que haya una sola candidata como habrá en Segovia, con Clara Martín, y Zamora, con David Gago. La normativa interna del PSOE establece que, cuando solo se registra una precandidatura, no será necesaria la recogida de avales ni la celebración de una votación, sino que se dará cuenta directamente a la Comisión de Listas.

María Sánchez, secretaria de organización de la agrupación local Jaime Vera, liderará el proyecto socialista en Salamanca e integrará “equipos y propuestas” en su candidatura junto al proyecto propuesto por Marcelino Muñoz, militante socialista y secretario general de UGT Salamanca. “Después de décadas de gobiernos del Partido Popular, Salamanca necesita abrir una nueva etapa. Una ciudad con enormes posibilidades no puede resignarse a seguir perdiendo oportunidades ni a mantener un modelo de ciudad que no da respuesta a las necesidades de quienes viven en sus barrios”, ha defendido el PSOE en un comunicado. Carlos García Carbayo obtuvo la mayoría absoluta en Salamanca, una ciudad que ha gobernado el PP desde 1995.

Sánchez, que sustituyó a José Luis Mateos en mayo, ya avisó hace unos días de que había intentado llegar a un acuerdo con Muñoz para conseguir una candidatura unitaria, un extremo que en un principio había resultado imposible, aunque el responsable sindical era consciente de que María Sánchez era la candidata del aparato del PSOE.

En Segovia, la candidata será senadora autonómica

La actual portavoz municipal socialista en Segovia, Clara Martín, repetirá como candidata después de solo ella presentara su precandidatura en las primarias. Martín, alcaldesa entre 2022 y 2023, tiene previsto trabajar a partir este mes también en la Cámara Alta como senadora autonómica.

Clara Martín pretende compatibilizar su cargo en el Senado con la portavocía municipal salvo que consiga hacerse con la Alcaldía el próximo año. El PSOE aspira a recuperar el poder tras un mandato especialmente fragmentado (con representantes de PP, PSOE, Vox, IU, Podemos y Ciudadanos) y complicado para el Partido Popular. José Mazarías ha tenido que gobernar en minoría y en el que ha necesitado a la oposición para alcanzar un considerable número de acuerdos.

Zamora también repite candidato

El primer teniente de alcalde de Zamora, David Gago, que gobierna en coalición con el equipo de Francisco Guarido (IU), ha sido también el único precandidato en la ciudad, que estará en liza tras la marcha de Guarido. Gago también lleva la portavocía municipal socialista y dirige el área de Promoción Económica y Protección Ciudadana en el Ayuntamiento.

David Gago confirmó hace días que pretende incluir en la candidatura a sus compañeras municipales Auxi Fernández y Sara de la Higuera. El aspirante socialista manifestó hace días su deseo de entablar diálogo con sindicatos, empresarios, comerciantes, autónomos, hosteleros, vecinos, entidades sociales y asociaciones vecinales para que Zamora progrese y sea una ciudad viva.

El siguiente plazo para las primarias socialistas se abrirá a finales de octubre, donde se espera resolver las candidaturas socialistas de las capitales de Valladolid y León y sus municipios de más de 20.000 habitantes. El plazo se abrirá el 23 de octubre hasta el 26 del mismo mes y, de haber más de un candidato, la votación será el 14 de noviembre. En León se espera que el actual alcalde, José Antonio Diez, se presente para renovar en los cargos, mientras que en Valladolid aún se mantiene la incógnita sobre quién tomará el relevo.

En Santa Gadea del Cid, un municipio a 75 kilómetros de Burgos, declarado Conjunto Histórico desde 1973, se levanta un imponente granero de estilo americano. Desde que se construyó en 2019, se celebran bodas con un coste que oscila entre los 20.000 y los 30.000 euros, según fuentes consultadas por elDiario.es. El negocio, semioculto, porque en su web no se anuncia, pero conocido ampliamente, funciona bien y sin trabas. Pero es ilegal. No cumple ni con la normativa urbanística de Santa Gadea, ni con la Ley de Urbanismo de Castilla y León, que no permite otro uso que el agrícola en suelo rústico de protección cultural.

El Granero de San Francisco SL fue la segunda aventura empresarial del presidente de la Diputación de Burgos y del PP provincial, Borja Suárez, junto a otros socios con los que había puesto en marcha Eventos El Espino SL una década antes. Desde 2024, momento en el que Suárez aceptó el acta de concejal en el Ayuntamiento de Burgos y que le permitió ser presidente de la Diputación, Eventos el Espino consiguió contratos municipales. Los contratos se declararon nulos cuando elDiario.es los sacó a la luz: el acta de concejal de Suárez era incompatible con la participación de Suárez en esas empresas, superior al 10%. Ahora, el Ayuntamiento estudia la manera de que se le devuelva el dinero, mientras que Suárez asegura que ya se ha deshecho de esas participaciones.

En el claustro del Monasterio del Espino, alquilado a una comunidad religiosa, se celebran eventos de todo tipo, entre ellos las bodas, que dejan importantes beneficios. Por eso años después, aprovechando el terreno de la finca, decidieron levantar el granero. Santa Gadea del Cid, una villa amurallada, tiene una normativa urbanística que obliga a utilizar una serie de acabados y materiales determinados tanto en construcciones nuevas como en las ya existentes. La madera no es uno de ellos. Sin embargo, nadie puso trabas al enorme granero, de madera de tejado a fachada, y con una tipología de cubierta de mansarda que tampoco se permite. El Ayuntamiento de Santa Gadea no advirtió ni sancionó por el edificio y tampoco por las actividades sin licencia que se llevaban a cabo allí.

El primer intento de legalizar el granero se produjo en 2020, cuando llevaba dos años celebrando todo tipo de eventos. El administrador de la mercantil solicitó una licencia agrícola para el cultivo y destilado de lavanda. Un informe del Servicio Territorial de Urbanismo, dependiente de la Consejería de fomento de la Junta de Castilla y León, rechazó la solicitud tanto por la tipología de la construcción, que contravenía la normativa local, como por la actividad. El destilado, decía el técnico, era un uso industrial prohibido en suelo rústico de protección cultural. Tampoco en ese momento la Junta abrió un expediente sancionador. Incluso si esa solicitud se hubiese resuelto positivamente, la Junta debería haber sancionado por una infracción grave, aunque minorando la cuantía de la multa, como establece el artículo 117.3 LUCYL si era legalizable posteriormente. “Se podrá aplicar una reducción del 50 por ciento en la cuantía de la sanción, y eximir de las medidas accesorias previstas en el apartado seis, cuando el responsable se comprometa a legalizar los actos sancionados, si estos fueran compatibles con el planeamiento urbanístico, o en caso contrario a restaurar la legalidad urbanística, garantizando dichos compromisos por el 50 por ciento del importe de las actuaciones necesarias.”, dice.

Aunque El Granero de San Francisco SL alegó y después desistió, la Junta de Castilla y León no actuó, y el Granero de San Francisco continuó con la actividad agrícola para la que se le denegó la licencia y con las actividades hosteleras para las que nunca la pidió. En 2023 se produjo un segundo intento en el que la mercantil, siempre refiriéndose a una actividad agrícola, se comprometió a cambiar el tejado del granero y recubrir las fachadas de madera con mortero de cemento pintado en color crema. La técnico, que dio el visto bueno en 2024, destacó que la licencia estaba vinculada a esas reformas y que se trataba de una licencia para uso agrícola, por lo que en ningún caso se podrían llevar a cabo actividades culturales que aparecían en una parte de la propuesta de reforma.

Fondos Leader para una construcción ilegal

A pesar de que la situación era clara, una edificación ilegal de todo punto y un intento soterrado de ampliar la actividad más allá de la agrícola, en el expediente de legalización que la Junta acabó facilitando a elDiario.es tras varias negativas, no aparece una sola inspección para comprobar que, efectivamente la reforma se había realizado. De hecho, es que nunca se hizo la reforma. La administración competente para sancionar cuando se trata de suelo rústico protegido es la Junta de Castilla y León, según el artículo 111.3 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León. Una infracción grave, como es la construcción contraviniendo normas urbanísticas, conlleva sanciones que van de los 10.000 a los 300.000 euros. Pero hay además, otro detalle, y es que el infractor quedaría excluido de ayudas y subvenciones. Según consta en la web de El Granero de San Francisco, la creación del granero y la destilería fueron subvencionados con fondos Leader. Aunque no hacen constar las cantidades, se les concedieron 52.590,16 y 28.195,20 euros, respectivamente.

Siete años sin que la Junta sancione

En resumen, la Junta tuvo conocimiento formal de que la edificación era ilegal en 2020 y nunca impuso sanción. Nadie ha explicado por qué. En 2024, en el segundo intento de legalización, la Junta dio el visto bueno a la licencia previa reforma del edificio y nunca ha comprobado que se llevase a cabo, y para eso tampoco hay explicación. Además, no se ha dado por enterada de que en El Granero de San Francisco se celebran bodas y actividades culturales, estas últimas publicitadas en la web de la empresa. Y todo ello a lo largo de siete años.

El alcalde Santa Gadea del Cid: “Yo no quiero líos, se arreglará lo que esté mal”

El alcalde de Santa Gadea del Cid, Jorge Ortiz (PP) no ha querido dar explicaciones a elDiario.es, si bien reconoció que le habían “pasado” la información y que tenía pendiente leerla. Cuando se le indicó que él tenía que saber perfectamente que El Granero de San Francisco no respetaba la estética del entorno y contravenía las normas urbanísticas -aparece como recurso turístico anunciado en el portal del Ayuntamiento- intentó finalizar la conversación. “Se arreglará lo que esté mal, yo no quiero líos y no quiero hablar, que sé lo que pasa luego”, comentó. Cuando se le preguntó si en algún momento había sancionado o advertido a los responsables sobre las infracciones urbanísticas, o si desconocía que no se podían celebrar eventos, insistió el que le preguntase lo que fuera “en el portal de Transparencia del Ayuntamiento” y acabó colgando el teléfono.

En el Ayuntamiento de Santa Gadea lo único que consta es una declaración responsable de El Granero de San Francisco en el que figura como actividad principal el cultivo, secado, y destilado de lavanda así como la promoción turística de la lavanda. En realidad, solo para llevar a cabo la actividad hostelera, la mercantil tenía que presentar esa declaración responsable de la actividad real, una licencia de actividad, la inscripción en el Registro de Turismo de Castilla y León y la especialidad.

En cualquier caso, una vez que la Junta ha tenido conocimiento no solo de que no se ha restituido la legalidad urbanística sino de que se llevan a cabo actividades sin licencia, debería haber clausurado cautelarmente el Granero, algo que aún no ha ocurrido. La situación es arriesgada: en el caso de que se produjese un accidente, una intoxicación, un incendio (en las bodas del Granero es habitual que los novios contraten fuegos artificiales) un seguro difícilmente cubriría a las víctimas o los daños materiales por carecer de licencia.

Solo hay que buscar “bodas en El Granero de San Francisco” en internet para comprobar que la que hasta hace unos meses fue la empresa del presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, junto a varios socios, siempre ha destinado ese espacio a la celebración de bodas y eventos, una actividad para la que no tiene licencia. Las publicaciones se suceden en medios de comunicación y blogs de fotógrafos especializados en reportajes nupciales, pero la Junta de Castilla y León no se da por enterada, ya que no hay un solo expediente de sanción. No es fácil que haya pasado desapercibido el enorme granero de estilo americano de madera y cubierta amansardada que se levanta en medio de un campo de lavanda en Santa Gadea del Cid (Burgos) a pocos metros de la otra empresa que también fue de Suárez y ahora está en manos de los otros socios, Eventos El Espino SL.

Suárez se deshizo de sus participaciones cuando elDiario.es desveló que estaba incumpliendo la normativa al ostentar un acta de concejal del Ayuntamiento de Burgos y poseer más del 10% en dos empresas, una de las cuales recibió contratos municipales desde el momento en que él fue edil.

elDiario.es ha reclamado durante meses las licencias de ambas mercantiles, requerimientos que tanto el Ayuntamiento de Santa Gadea del Cid como la Junta de Castilla y León han intentado esquivar pero que han acabado facilitando, aunque fuera del plazo legal que establece la Ley de Transparencia.

Respecto a El Granero de San Francisco, en el Ayuntamiento de Santa Gadea del Cid solo consta una declaración responsable fechada en abril de 2024 y que no es para bodas. Se declara como actividad principal el “cultivo, secado y destilación de lavanda complementada con la compraventa de productos obtenidos del cultivo de lavanda y plantas aromáticas, así como con la divulgación y promoción turística del cultivo de lavanda como recurso turístico del municipio Santa Gadea del Cid y su comarca”. En el formulario de declaración responsable consta que la inexactitud o falsedad tiene consecuencias legales. No las ha habido.

El Granero de San Francisco SL se creó en 2019, y desde ese año ofreció eventos de todo tipo, entre otros, conciertos, tal y como se publicitaba en la web de la otra empresa, Eventos El Espino. Desde febrero de 2019 además, empezó a publicitar la posibilidad de celebrar bodas, tal y como puede comprobarse en el portal Madrid Business, donde se anunciaba la opción de celebrar “una boda americana”. En septiembre de ese mismo año el influencer Gotzon Mantuliz celebró allí su casamiento, tal y como recogieron varias revistas.

La realidad es que en 2019 la empresa carecía de cualquier tipo de licencia. No se solicitó hasta 2020, según consta en el expediente 145/20 que obra del Servicio Territorial de Fomento de la Delegación Territorial de Burgos, y del que la Junta llegó a negar su existencia a elDiario.es en un primer momento. El expediente era para legalizar el almacén secadero y la destilería que se habían construido en suelo rústico protegido. En el informe del técnico de urbanismo se reflejaba que el promotor consideraba que el uso es de instalación vinculada a la explotación agrícola, pero para el técnico era “una parte de un proceso productivo de carácter industrial (la elaboración de perfumes), de acuerdo a ello y según el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León”, y se trataría de un “uso prohibido”.

“No respeta las formas tradicionales de las edificaciones del entorno”

En el caso de la normativa urbanística municipal pasaba exactamente lo mismo: “se trata de un uso prohibido, por ser un uso de tipo industrial, comercial y de almacenamiento en suelo rústico de protección cultural”. Pero es que además el granero americano se instaló sin cumplir la normativa urbanística. “Se considera que el edificio realizado no cumple con las condiciones de integración en el entorno, [...], pues la edificación con su cubierta mansarda con tres pendientes distintas, no respeta las formas tradicionales de las edificaciones del entorno, como son las edificaciones del convento ”El Espino“ (a 650 m), los materiales utilizados en la fachada y cubierta (tablas de madera) no son los tradicionales de la zona (piedra, revoco en tonos terrosos y teja árabe), y no cumple con la inclinación máxima del 45, pues una de las cubiertas tiene una pendiente de 282,39% (70,05º)”.

La Junta denegó la licencia en 2021, pero la actividad agrícola y hostelera continuó

El informe, fechado el 10 de diciembre de 2020, concluyó que “el uso solicitado es un uso prohibido en suelo rústico, según el Reglamento de Castilla y León”, y no cumple “con las normas de integración en el entorno y condiciones estéticas”, por lo que se informó “desfavorablemente”. En febrero de 2021 se denegó la autorización. El Granero de San Francisco alegó sin éxito e interpuso después un recurso de alzada que, de haberse resuelto, habría puesto fin a la vía administrativa. Sin embargo, por razones que se desconocen, se solicitó el desistimiento, que aceptó el entonces consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Súarez-Quiñones, el 14 de septiembre de 2022. En teoría, tras tener conocimiento de una edificación ilegal, la Junta debería haber intervenido de alguna manera, pero eso no ocurrió. El Granero de San Francisco siguió en pie y siguió celebrando bodas y conciertos, además de cultivar y destilar lavanda, y todo ello sin licencia para ninguna de esas actividades ni para la propia edificación.

Una licencia para actividad agrícola previa reforma del granero que nunca se llegó a hacer

Sin interrumpir nunca sus actividades sin licencia, en febrero de 2023 se produjo un nuevo intento de legalización. El Granero de San Francisco presentó un proyecto para legalizar el edificio que consistía en adecuarlo a las condiciones estéticas tal y como se refleja en el nuevo expediente de legalización que puso en marcha la junta, el 91/23. Lo que proponían era aplicar sobre el entablado de madera un enfoscado exterior de mortero de cemento pintado en color crema así como la modificación de los faldones de unión de las dos cubiertas del edificio principal manteniéndose el acabado en tabla de madera de pino “pero eliminándose la forma amansardada”. Respecto al edificio de la destilería, no se propusieron cambios al tratarse de una rehabilitación de un edificio existente. La licencia que solicitaba además era para llevar a cabo una actividad agrícola, de cultivo, secado y destilado de lavanda, no para uso hostelero o de eventos.

La aportación del proyecto de reforma y varios permisos e informes de la Confederación Hidrográfica del Duero o de Patrimonio (al estar situado el granero en un yacimiento arqueológico) motivaron el informe favorable de la Junta de Castilla y León. Así, en junio de 2023 —cuando ya se sabía que Borja Suárez iba a ser presidente de la Diputación— una técnica consideró que el uso “de almacenamiento, secado y destilado de lavanda producida por el promotor” era un uso sujeto a autorización en suelo rústico con protección cultural conforme al Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y a las Normas Urbanísticas Municipales de Santa Gadea del Cid. En ese informe favorable, se especificó claramente que se tenía que dar “cumplimiento” a las condiciones estéticas que aparecían en proyecto de febrero de 2023, esto es el cambio del tejado amansardado y recubrir todas las paredes con mortero de cemento para luego pintarlas en color crema.

La licencia: ni hostelería ni otros usos más allá del agrícola

Pero además se hacía otra matización: “No se podrán dar a las edificaciones otros usos (educativos, culturales, etc.) a los que se hacía referencia en un anexo presentado por la empresa en el modificado del proyecto con el título ”Descripción detallada de la actividad“ y que no hayan sido autorizados por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo”. “Cualquier otro uso comercial ajeno al almacenamiento, secado y destilado de la lavanda producida por el promotor es un uso prohibido en suelo rústico de protección cultural”. “La autorización quedará sujeta a las condiciones establecidas por los distintos informes sectoriales emitidos así como a aquellos otros informes y/o autorizaciones previstos en la legislación sectorial y que fueran preceptivos”, finaliza.

Además de no llevar a cabo las reformas en el edificio, que sigue siendo un granero americano de madera sin rastro de mortero de cemento con cubierta amansardada y de celebrar bodas y eventos, en el granero sí que se desarrollan habitualmente visitas guiadas que se proponían en el anejo y que fueron denegadas explícitamente. Esas visitas aparecen en la propia web de la empresa, donde se detallan días y tarifas y en informaciones de varios periódicos locales, donde se recoge que en 2024 pasaron por allí 4.000 visitantes, o que en 2023 reabría la temporada con actividades culturales como conciertos y talleres. Aunque en esos reportajes se habla abiertamente de conciertos y visitas culturales, no se mencionan las bodas, que sí aparecen en numerosos blogs de fotógrafos especializados en fotografía nupcial. En la cuenta de Instagram de El Granero de San Francisco pueden verse las fotografías y anuncios de conciertos y actividades culturales.

En un espacio natural protegido

El Granero de San Francisco se encuentra enclavado en un espacio de la Red Natura 2000, en concreto en la ZEPA (zona de especial protección ambiental) de Montes Obarenes. El informe de Medio Ambiente detectó esta circunstancia pero entendió que la actividad agrícola, que era la que El Granero de San Francisco SL solicitaba, no afectaba. Así, no solo se hay una edificación que contraviene la normativa urbanística sino que se desarrollan actividades de hostelería y culturales sin licencia para ello y en un espacio natural protegido.

elDiario.es contactó con el administrador de El Granero de San Francisco, Koldo Madariaga, y con el presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez. Ninguno de ellos respondió.

El Tribunal Superior de Justicia ha vuelto a dar la razón al Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid (PP-Vox) y estima su recurso para que se debata en el Pleno la creación del puesto de 'alcalde B', como se conoce al director de Coordinación de Políticas Públicas. Este puesto, que ocupa Indalecio Escudero, ex jefe de gabinete del alcalde Jesús Julio Carnero cuando presidía la Diputación y exdirector general cuando era consejero en la Junta, ya fue anulado por el TSJ. El Ayuntamiento legalizó el cargo con una “modificación puntual” del Reglamento Orgánico del año 1996, y se negó a debatir en el Pleno la labor que llevaba a cabo Escudero.

Ahora, El Tribunal de Instancia de la Sección de lo Contencioso-Administrativo Plaza Nº 4 estimando el recurso del PSOE, anula las decisiones adoptadas por el alcalde, y reconoce expresamente el derecho a que ambas iniciativas políticas sean debatidas por el Pleno. Además, condena al alcalde a incluir las dos mociones en el orden del día de la próxima sesión plenaria y también se condena al Ayuntamiento al pago de las costas.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, que ha hablado de esta nueva condena en una rueda de prensa, recuerda que el Tribunal Supremo -tras la sentencia del TSJCYL- ratificó la ilegalidad del puesto creado por Carnero en 2023, el “alcalde B”, que, además de ser ilegal, implica un gasto para las arcas municipales de 627.048 euros a lo largo del mandato (156.762 euros anuales).

La sentencia deja claro que un alcalde no puede utilizar su cargo para decidir qué críticas políticas pueden debatirse en el Ayuntamiento. Herrero ha añadido que el recurso que interpuso no era para “proteger una ocurrencia retórica”, sino el derecho de todos los concejales a fiscalizar al Gobierno: “Y defender los derechos de la oposición equivale a defender el derecho de los vecinos a que los asuntos públicos se debatan abiertamente, sin censura”.

Para Pedro Herrero, Carnero ha conseguido lo contrario de lo que perseguía censurando el debate y ha provocado un “efecto búmeran”. “El actual alcalde intentó borrar del Pleno al ‘alcalde B’ y, paradójicamente, lo que ha conseguido es que una sentencia judicial le obligue a escuchar el debate que quiso censurar en dos ocasiones».

El portavoz del Grupo Municipal Socialista ha calificado la actitud del alcalde de “dictatorial” ya que “En democracia un alcalde no puede decidir qué palabras puede utilizar la oposición, ni impedir un debate simplemente porque no le guste la crítica que contiene. Es una actitud autoritaria propia de otros tiempos pasados”.

En concreto, la resolución del TSJ establece que “La sola mención al ”Alcalde B“ no puede servir para denegar la deliberación de una moción presentada por el grupo político que está en la oposición. Podrá ser considerada como más o menos acertada, pero lo cierto es que en las dos mociones se expresa que se trata del puesto de Director/a de Coordinación de Políticas Públicas, plenamente identificado. No es una expresión objetivamente denigrante o peyorativa».

Según Herrero, ese párrafo desmonta de raíz la justificación empleada durante meses por Carnero. «El alcalde pretendió convertir una discrepancia política sobre una denominación en una causa para impedir un debate en el Pleno. La Justicia acaba de decir que esa expresión ni era denigrante ni podía utilizarse como excusa para silenciar una iniciativa de la oposición».

La sentencia incide en algo de especial gravedad en política, la vulneración del derecho a la participación política: «El derecho a la libertad de expresión alcanza una cota aún mayor cuando se realiza en el cargo de funciones de representación pública. Carece de sentido que para que la moción pueda examinarse se tenga que formular en los términos que quiera el presidente de la corporación (...) puesto que supone una quiebra del derecho a la participación política y al control que la oposición realiza sobre los órganos de gobierno de las entidades locales», señala.

Es más, añade el tribunal que «la discrecionalidad política debe venir siempre limitada por un derecho fundamental de participación pública y política de la oposición. Desde luego la motivación dada para denegar la deliberación de las mociones (...) es una restricción indebida del derecho del artículo 23.2 de la Constitución Española». La sentencia no es firme y el Ayuntamiento tiene la posibilidad de recurrirla.

La creación del puesto conocido como 'alcalde b' por considerar la oposición que Carnero lo creó para liberarse del trabajo en el Ayuntamiento y compatibilizar así su actividad como senador acarrea ya tres resoluciones judiciales que dan la razón al PSOE. Sobre el asunto se han pronunciado ya el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Tribunal Supremo y ahora el Tribunal de Instancia de la Sección de lo Contencioso-Administrativo. Se suman a otras sentencias condenatorias sobre asuntos de trascendencia para la ciudad aprobados por el equipo de gobierno PP-Vox, como la anulación de la Ordenanza de Bajas de Emisiones y la anulación de la Ordenanza de Movilidad.

El líder del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha asegurado este jueves que sigue contando su antecesor, Luis Tudanca, y que en un futuro se verá dónde. Martínez ha presentado hoy a la futura senadora por designación autonómica, la exalcaldesa de Segovia, Clara Martín y ha justificado su elección como una estrategia para recuperar la alcaldía. Para colocar a Martín tuvo que quitar a Tudanca, quien aceptó el cargo de senador cuando se le instó a dejar la secretaría del PSOE en Castilla y León en favor de Martínez.

El rumor de que Tudanca no iba a durar mucho como senador adquirió más intensidad a principios de verano. Martínez ha reconocido que para evitar filtraciones comunicó a Tudanca su salida el miércoles a través de una llamada telefónica de la que no ha aportado más detalle que el de la hora, a las 9.15. Poco después, a las 10,30 llamó a Clara Martín. Tanto Martín como Martínez han reconocido que ella puso una condición: poder ser candidata a la alcaldía de Segovia en unos meses, cuando se celebren las elecciones locales. La semana que viene presentará su candidatura al proceso de primarias. Para Martínez, es una buena idea que Segovia tenga voz en el Senado y denuesta la que hay en el PP, Javier Maroto, “empadronado de rebote en Segovia y que no defiende el territorio en el que dice residir”.

“Clara Martín salió de la ejecutiva autonómica para jugar en la federal”, ha recordado Martínez, “y en la carrera por recuperar la alcaldía de Segovia, ha tenido a bien aceptar la invitación que le trasladé”, ha comentado. Carlos Martínez ha reconocido que la decisión “no es una improvisación de un día” y que es “una de las más difíciles desde el punto de vista orgánico”. Para decidirlo ha ha tenido en cuenta, entre otras cosas, “la igualdad de género”.

“Soy consciente de las polémicas, no voy a eludirlo, con una figura fundamental como Tudanca no es sencillo, pero configuramos piezas de un equipo. La decisión me correspondía como secretario general”, ha añadido. Además, ha afirmado que “no se expulsa a nadie, es una gestión de equipos y Tudanca es un valor y tiempo habrá para entender que en el equipo cuenta”.

Por su parte, Clara Martín ha admitido que “no es un paso fácil” la de aceptar la propuesta de Martínez pero que “el trabajo a nivel autonómico es un reto y no hay que rechazar la oportunidad, no sólo por ser la voz de Segovia dentro del partido, sino en las Cortes Generales”.

Carlos Martínez ha comentado además que Martín dejará el Senado si gana la alcaldía, lo mismo su sucesor en Soria, que compatibiliza ambos cargos, pero ha querido marcar la diferencia con el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que también es senador.

La Plaza Mayor de Valladolid, con capacidad para 18.000 personas, permanece llena de manifestantes en “defensa” de Ceuta en estos momentos, mientras varios miles de personas se han quedado en la calle Santiago ante la imposibilidad de avanzar más. Ondeando banderas de España y con el himno oficial de fondo, miles de asistentes han coreado “Ceuta no se vende, Ceuta se defiende”. A escasos 200 metros, en la plaza de Fuente Dorada, se ha desarrollado otra manifestación en defensa de los migrantes a la que han acudido unas 150 personas.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero (PP) se ha dirigido a los asistentes para decir “no a la violación de la integridad territorial de España en Ceuta”. Además de políticos del PP y de Vox, han asistido representantes de la CEOE en Castilla y León.

En Salamanca, El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha considerado “imprescindible” que Ceuta recupere la normalidad de antes de la “invasión” de decenas de miles de migrantes, y ha celebrado el apoyo ciudadano a las manifestaciones en este sentido celebradas en la comunidad.

“Hoy en Castilla y León queremos mostrar nuestra solidaridad, apoyo y cariño con Ceuta más que nunca. Queremos pedir que se recupere la normalidad de los ceutíes tras la invasión a la que se han visto sometidos hace un mes”, ha dicho en una plaza abarrotada, informa Efe.

Por su parte, en León, el vicepresidente primero, Carlos Pollán (Vox), ha afirmado que lo ocurrido en Ceuta constituye una “invasión” de España promovida por Marruecos y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) de ser el responsable de una situación ante la que, a su juicio, no actuó para evitarla.

“Lo que se ha vivido en Ceuta hace exactamente poco más de un mes es una invasión. No se le puede denominar de otra forma”, ha sostenido el también consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, quien ha rechazado que los hechos puedan interpretarse como una crisis migratoria o humanitaria.

Unas 3.500 personas han respaldado en Palencia el llamamiento de la FEMP, pero lo ha hecho ante la sede de la Subdelegación del Gobierno, ya que la Plaza Mayor se encuentra preparada para un concierto de música con motivo de las fiestas patronales de San Antolín.

No obstante, los concentrados han emprendido una marcha hasta la Plaza Mayor, para lo cual carecían de autorización, sin que haya constancia de incidente alguno.

Al grito de ‘Ceuta se defiende, Ceuta no se vende’, un millar de personas se ha reunido en la Plaza Mayor de Soria donde el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano (PP) ha leído un manifiesto acompañado, que ha estado acompañado por representantes provinciales del PPy por el grupo municipal Vox, con la ausencia del alcalde de la capital, Javier Antón (PSOE), y de los concejales socialistas.

Más de 5.000 personas se han reunido en la Plaza Mayor de Segovia donde ha sido leído un manifiesto con el lema ‘Ceuta somos todos’.

El manifiesto ha sido leído de forma conjunta por el defensor de la ciudadanía del Ayuntamiento de Segovia, Jorge Martínez Acinas; la presidenta del Colegio Profesional de Enfermería, María José Uñón; el presidente de la Asociación de Vecinos del barrio de El Salvador, Javier Mosácula; el presidente de la Asociación de Vecinos del barrio de San Lorenzo, Félix Maroto, y el presidente del Colegio Profesional de Médicos de Segovia, Graciliano Estrada.

El texto ha expresado un apoyo “firme y sin fisuras” a Ceuta e ha incidido en que la situación que atraviesa la ciudad autónoma “está poniendo a prueba sus recursos, sus servicios públicos y su capacidad para mantener la normalidad”, pero también la capacidad del Estado para proteger sus fronteras, garantizar la seguridad y defender la integridad territorial.

Varios miles de personas han llenado la Plaza Mayor de Zamora donde la vicepresidenta segunda de Castilla y León, Isabel Blanco, ha subrayado la importancia de “mostrar todo nuestro cariño y nuestro apoyo” a Ceuta y reiterado que la capacidad de Castilla y León para acoger menores migrantes está “saturada” desde hace “muchos meses”.

En Ávila cientos de personas han abarrotado la plaza del Mercado Chico, para mostrar su respaldo a la ciudad autónoma de Ceuta, donde el alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera (XAV), ha leído una declaración institucional en la que ha mostrado “toda la solidaridad” de los abulenses con el pueblo ceutí y su gobierno, e instando al Gobierno de España a defender la “soberanía territorial de España”.

El PP de Castilla y León mantiene a Javier Maroto como senador autonómico -que lleva en el cargo desde 2019- y propone al presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, que dejará el cargo, según ha informado a través de una nota de prensa. Los dos candidatos del PP y el propuesto por el PSOE -que ha apartado a Luis Tudanca- serán designados en la próxima sesión plenaria, prevista para el 10 y 11 de septiembre.

Javier Maroto, que se empadronó apresuradamente en Sotosalbos en 2019, ha sido alcalde de Vitoria el portavoz del PP en la Cámara Alta. Ahora ostenta el cargo de vicepresidente primero del Senado.

Javier Iglesias llevaba presidiendo la Diputación de Salamanca desde 2011, ha sido alcalde de Ciudad Rodrigo entre 1995 y 2015, concejal en la capital charra (2019-2023), procurador en las Cortes (1999-2000 y 2007-2011), diputado (1996-2004), senador (2004-2008) y presidente del PP provincial entre 2008 y 2022.

“Proponemos a dos personas de acreditada y sobrada experiencia institucional, que conocen bien esta tierra y sus instituciones y que van a defender con solvencia y con voz firme los intereses de Castilla y León en el Senado”, ha señalado en el comunicado la portavoz del Grupo Popular en el parlamento autonómico, Leticia García.

El PSOE de Castilla y León ha optado por prescindir en el Senado de su anterior secretario autonómico, Luis Tudanca, quien fue elegido como senador por designación autonómica tras dejar el liderazgo socialista en esta Comunidad, han confirmado a EFE fuentes socialistas. Tudanca tomó posesión como senador autonómico en mayo de 2025 tras diez años como secretario general socialista.

En una rueda de prensa convocada esta mañana por otro asunto, la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, ha preferido esperar a la reunión de la Comisión Permanente de la Ejecutiva que tienen prevista para la una de la tarde, cuando harán oficial esta decisión.

Rubio ha argumentado que todos los integrantes del partido son “necesarios”, aunque “nadie es imprescindible”: “Luis [Tudanca] ha hecho una gran labor, igual otros compañeros en otros cargos”, ha reconocido la vicesecretaria general.

Ha añadido que el actual secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, “tiene derecho a confeccionar sus equipos”. En su lugar, el PSOE ha nombrado a la exalcaldesa de Segovia (2022-2023), Clara Martín, que ahora es la portavoz del Grupo Municipal Socialista en la corporación municipal segoviana. Martín también forma parte de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) del PSOE.

Por su parte, el PP de Castilla y León ha decidido mantener a Javier Maroto como senador autonómico y proponer al presidente provincial de Salamanca, Javier Iglesias.

El nuevo curso político ha empezado prácticamente igual que el anterior: con el anuncio de la Junta de Castilla y León de 36 medidas que rebajan los impuestos. Pero si el año pasado quien comparecía era el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo (PP), este año se ha sumado el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales , Carlos Pollán (Vox). El nuevo gobierno de coalición, aunque formado en junio, arranca ahora.

La Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas para 2027, que incluye 36 nuevas rebajas tributarias que, junto a las ya existentes, supondrán un ahorro de 920 millones de euros en 2027 para los contribuyentes. Los destinatarios no varían respecto al pasado año: familias, jóvenes y emprendedores en el medio rural o en el urbano.

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se rebaja a todos los contribuyentes. El tipo mínimo autonómico pasará del 9 % al 8,75 %, con el objetivo de que se sitúe en el 8 % al final de la legislatura. Con esta rebaja, Castilla y León consolidará su posición entre las comunidades autónomas con el tipo mínimo del IRPF “más bajo de España”.

La Junta de Castilla y León también incorporará una nueva deducción de hasta 150 euros en el IRPF por los gastos de las cuotas de gimnasios y distintas actividades deportivas. La deducción podrá incluir también los gastos correspondientes a padres e hijos, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva y los hábitos de vida saludable entre las familias.

Se extenderá progresivamente la bonificación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones a hermanos, tíos y sobrinos, que se sumará a la práctica eliminación del impuesto establecido por la Junta de Castilla y León para familiares directos, con el objetivo de que no suponga un impedimento para aceptar herencias o donaciones y facilitar que estos recursos puedan destinarse a la adquisición de vivienda o al emprendimiento. A partir de 2027 se establecerá una nueva bonificación del 3 % sobre los primeros 100.000 euros por heredero.

Vivienda

Dentro del paquete de nuevas rebajas tributarias, la Junta de Castilla y León reforzará especialmente los incentivos destinados a facilitar el acceso a la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, con especial atención a los jóvenes. La ‘Cuenta Ahorro Vivienda Joven’, que permitirá a los menores de 40 años aplicar una deducción de hasta 1.500 euros al año durante cinco años. De este modo, un joven podrá deducirse hasta 7.500 euros, mientras que una pareja joven podrá llegar a 15.000 euros, para poder destinar estos recursos a la compra de su vivienda.

También se impulsará el alquiler estable y asequible, mediante nuevos incentivos fiscales tanto para inquilinos como para propietarios. En concreto, se establecerá una nueva deducción de hasta 600 euros al año por cada vivienda vacía que se incorpore al mercado del alquiler, siempre que se ofrezca por una renta máxima de 750 euros mensuales en el medio urbano y de 500 euros en el medio rural.

Además, el Ejecutivo autonómico rebajará el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales para la adquisición de la primera vivienda habitual, con un tipo reducido del 3,75 % frente al general del 8 %. Esta medida beneficiará a jóvenes, familias numerosas, personas con discapacidad, vivienda de protección oficial y víctimas de violencia machista. El presidente no ha querido valorar el hecho de que el Ayuntamiento de Valladolid, gobernado también por PP y Vox hayan eliminado a las víctimas de violencia machista del protocolo de acceso a vivienda social. “Lo pactamos en el acuerdo -de gobierno- y así lo hemos plasmado. Yo sólo hablo de lo que hacemos en la Junta”, ha comentado.

La Junta establecerá nuevos tipos reducidos del 1,25 % en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados para las escrituras de obra nueva y división horizontal, con el objetivo de incentivar la construcción de viviendas de protección pública, tanto destinadas a la venta como al alquiler.

Estas nuevas rebajas tributarias forman parte de una estrategia fiscal orientada a apoyar a las familias, ampliar las oportunidades para los jóvenes, reforzar el medio rural y facilitar el emprendimiento, al tiempo que se favorece la actividad económica y la creación de empleo. Para ese apoyo a las familias, se incrementan los importes de la deducción autonómica en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por nacimiento o adopción a 1.050 euros por el primer hijo, 1.550 euros por el segundo y 2.400 euros por el tercero y siguientes, con la previsión de alcanzar los 1.200, 1.700 y 2.500 euros, respectivamente, al final de la legislatura. Estas cuantías aplicadas se duplicarán cuando el nacido o adoptado presente un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.

En el ámbito del apoyo a las personas con discapacidad, se elevan los importes de la deducción en el IRPF hasta los 325 euros o los 700 euros en función del grado de discapacidad y la edad del contribuyente, estableciéndose una nueva deducción específica dirigida a los descendientes del contribuyente.

Ampliación de beneficios fiscales del medio rural

Para el refuerzo de la fiscalidad en el medio rural, se amplían territorialmente los beneficios fiscales extendiéndolos a municipios de hasta 20.000 habitantes, superando el anterior límite de 10.000, lo que permite dar cobertura al 97% de los municipios de la Comunidad, incrementando el límite del valor de la vivienda habitual hasta los 200.000 euros desde 150.000 euros.

La deducción en el IRPF por nacimiento o adopción en el medio rural se mejora en un 40 % estableciendo deducciones de 1.470 euros por el primer hijo, 2.170 euros por el segundo y 3.360 euros por el tercero y sucesivos, con un objetivo final de legislatura de 1.680, 2.380 y 3.500 euros respectivamente. Estas cantidades también serán duplicadas si el menor cuenta con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.

En cuanto a deducciones en el IRPF vinculadas a la vivienda en el medio rural, la deducción por gastos de alquiler para jóvenes se incrementa del 25 % al 27 %, con la meta de situarse en el 30 % al concluir la legislatura.

Para la rehabilitación de vivienda en el medio rural destinada al alquiler asequible, la deducción aplicable sobre la inversión asciende del 15 % al 17 %, con un objetivo final de la legislatura del 20 %.

Se suprime el gravamen en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas (ITPO) y en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) para la adquisición de la primera vivienda habitual para todos los residentes sin importar su edad, eliminando la restricción previa de 36 años; la compra de inmuebles destinados a actividad económica como sede social o centro de negocios; para la transmisión de explotaciones agrarias prioritarias, incluyendo su maquinaria y elementos vinculados; en las escrituras necesarias para documentar la agregación, agrupación o segregación de fincas rústicas destinadas a estas explotaciones agrarias prioritarias; y en las de agregación, agrupación y segregación de suelo industrial o terciario.

Autónomos

Dentro de las medidas para autónomos, el programa Relevacyl incorpora reducciones para adquirir inmuebles asociados al negocio, reduciendo el tipo de Transmisiones Patrimoniales Onerosas del 8 % al 7 % con un objetivo final de legislatura del 4 %, y el de Actos Jurídicos Documentados, del 1,5 % al 1 %, con una meta final de situarlo en el 0,5 %.

Para favorecer la continuidad de la actividad agraria, se amplía la reducción del 99% en el impuesto de sucesiones por adquisición de explotaciones agrarias que se extiende a familiares colaterales de cuarto grado por consanguinidad, como primos, tíos, abuelos y sobrinos nietos; y a trabajadores asalariados de la propia explotación que realicen jornada completa y cuenten con al menos tres años de antigüedad contrastada.

Asimismo, para incentivar la agrupación de parcelas, se establece un tipo reducido en Transmisiones Patrimoniales Onerosas del 7 %, frente al 8 % previo, para aquellos agricultores dados de alta en la Seguridad Social que posean parcelas adyacentes, complementando así la bonificación del 100 % en el arrendamiento de fincas rústicas y los tipos reducidos en la transmisión de explotaciones agrarias prioritarias.

Castilla y León mantiene un único tributo propio que integrará los parques fotovoltaicos y las redes de comunicaciones telefónicas y telemáticas, incluyendo postes, torres y antenas, frente a comunidades con hasta 15 gravámenes distintos. Este impuesto no se establece para los parques fotovoltaicos ubicados en cubiertas de edificaciones y para aquellos que ocupen una superficie inferior a 5 hectáreas. Asimismo, estarán exentos del pago los parques dedicados al autoconsumo y las nuevas redes de comunicaciones instaladas en el medio rural. Una medida que no afectará ni a las familias ni a las instalaciones de autoconsumo.

Además, se establecen bonificaciones y exenciones para la repotenciación de instalaciones eólicas que cuenten con más de 10 años de antigüedad.

Finalmente, se posibilita una bonificación de hasta el 30 % de la cuota tributaria a los titulares de parques eólicos y fotovoltaicos por inversiones efectuadas en programas de mejora del bienestar y de lucha contra la despoblación en los municipios afectados, mediante convenios entre los promotores y las administraciones locales y autonómica.

Reducción de tasas autonómicas

Con relación al plan de reducción de tasas, se prorroga la congelación de los importes de las tasas autonómicas iniciada en 2014, con el fin de contrarrestar el impacto de la inflación sobre los contribuyentes, lo que acumula un impacto económico estimado de 31 millones de euros de ahorro hasta el ejercicio 2025. Esta congelación se acompañará del mantenimiento y ampliación de las exenciones y bonificaciones aplicadas durante toda la legislatura.

Estas medidas entrarán en vigor cuando se aprueben los presupuestos de 2027. Mañueco ha adelantado que estarán listos el próximo 15 de octubre, plazo máximo que marca el Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

Cargos públicos del PP en Burgos y Valladolid han criticado este lunes el retraso acumulado en la ejecución de la A-11 en un acto público celebrado en el municipio ribereño de Nava de Roa, entre reproches y abucheos de vecinos que han responsabilizado a PP y PSOE de no haber completado esta infraestructura en 30 años.

Lo que estaba previsto como un acto de partido –con pancarta, sintonía y declaraciones con vistas a la N-122– se ha visto retrasado por una protesta popular protagonizada por una veintena de vecinos que han calificado el acto como electoralista.

Los manifestantes han atribuido también a los políticos populares parte de la culpa de que no se haya terminado la Autovía del Duero y el tráfico pesado se derive a través de la N-122, con numerosos accidentes de tráfico con víctimas mortales. “Vergüenza os tenía que dar” y “vosotros tampoco habéis hecho nada”, les han espetado.

Superado el enfrentamiento, que algunos de los políticos han atribuido a representantes de partidos de izquierdas mientras otros lo han justificado por el “hartazgo” que se vive con esta infraestructura. “Fueron a por lana y salieron trasquilados. La gente les empieza a tomar la medida a estos caraduras”, ha apuntado el ministro de Transportes, Óscar Puente, a través de X.

Críticas a Puente y al PSOE

El senador del PP y alcalde de Villalón de Campos (Valladolid), José Ángel Alonso, ha afeado que Óscar Puente inaugurara un tramo de autovía cuando esta apertura ha sido parcial y se obliga a los conductores de turismos a abandonar el doble carril antes de llegar a su supuesto término y los camiones y vehículos pesados están obligados a seguir circulando por la N-122.

“Óscar Puente vino con toda la parafernalia y el boato que tanto le gustan para hacerse una fotografía, pero no inauguró la conexión completa entre Tudela de Duero y Quintanilla de Arriba. La A-11 sigue sin estar terminada y la realidad vuelve a desmentir su propaganda”, ha afirmado, tras detallar que aún se trabaja en el viaducto proyectado en este último municipio.

Además, ha recordado que las obras ese tramo comenzaron entre 2019 y 2020 con un plazo de ejecución de tres años y, como aún no han terminado, se pospone hasta el primer semestre de 2027.

Exigencias al Ministerio

Los cargos del PP de Valladolid han indicado que exigirán al Ministerio que detalle los plazos de ejecución y finalización de los tramos de la A-11 que aún están pendientes, con qué presupuestos se cuenta, en qué situación administrativa se encuentran, qué trámites están pendientes y qué fechas se barajan para su licitación y construcción.

También pedirán que se concrete cuándo estará plenamente operativo el tramo recién inaugurado y exigirán que el Ejecutivo de Pedro Sánchez informe de qué protocolo se ha seguido para el acto de inauguración celebrado el pasado 24 de agosto y si se invitó a representantes de la Junta de Castilla y León, de la Diputación Provincial y de los ayuntamientos afectados.

La semana pasada, el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, acusó a Óscar Puente de convertir la puesta en servicio de los nuevos tramos en un “acto de un partido político” por sus aspiraciones de “suceder a Pedro Sánchez”.

Otras infraestructuras

Por otro lado, el diputado burgalés Ángel Ibáñez ha puesto el acento en las consecuencias que el retraso acumulado en la A-11 –prometida en 1996– tiene para la seguridad vial, la actividad de las empresas y el futuro económico de toda la Ribera del Duero.

Antes de finalizar, también se han referido a la situación de la A-60 y la decisión del Ministerio de Transporte de sustituir el tramo central entre Medina de Rioseco (Valladolid) y Santas Martas (León) por un tercer carril en algunos tramos de la N-601, lo que, a su juicio, supone renunciar a la autovía.

A mitad de reunión y sin votar como quería el equipo de gobierno municipal de Valladolid. Así ha concluido este lunes el Consejo Municipal de la Mujer, convocado de manera extraordinaria después de que trascendiera que se había eliminado la violencia de género del protocolo de acceso a vivienda social de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid (VIVA). En este acto se ha restringido a la prensa, según han denunciado el Grupo Socialista y el Foro Feminista. Después de dos horas de debate sobre los conceptos de violencia doméstica y violencia de género, más de diez agrupaciones se han levantado a mitad de la reunión, en la que hay representados una treintena de colectivos. ¿El detonante? Una votación que algunos colectivos han considerado que pretendía utilizar políticamente al Consejo.

Después de que Vox impidiera una votación formal de cinco puntos -con un texto propuesto por el PSOE- y de que pretendiera que el Consejo Municipal -órgano de participación, consultivo, informativo y asesor en el ámbito municipal- votara pedir al Gobierno de España más fondos para el Pacto de Estado de violencia de género, una de las participantes ha ironizado precisamente con esta cuestión: que, si querían eliminar el concepto de 'violencia de género' por qué no proponían modificar el nombre del Pacto de Estado. Un tono que no ha gustado a los concejales presentes, el responsable de Servicios Sociales, Rodrigo Nieto (PP) y la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal (Vox), que ha venido por primera vez, según fuentes del Consejo.

La discrepancia ha concluido con la marcha de varios colectivos como la Asociación Vecinal Rondilla, la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid Antonio Machado, Adavasymt, el Foro Feminista, la Universidad de Valladolid (ha acudido una representante de la Unidad de Igualdad), la Cátedra de Género de la Universidad de Valladolid, la asociación Asies, UGT, CCOO, PSOE y Toma La Palabra. El Foro Feminista se reúne esta tarde para ver si todo el trabajo “merece la pena seguir aportando” en el Consejo Municipal de la Mujer.

Una votación forzada

El ambiente ya era tirante cuando ha empezado esta reunión de carácter urgente y extraordinario, que pretendía informar sobre el protocolo nuevo. El anterior protocolo (aprobado en 2024 por PP y Vox) planteaba que las víctimas de violencia de género obtenían 1,5 puntos, mientras que ahora eso ha sido remplazado por “víctima de violencia doméstica o en el ámbito familiar, terrorismo en los 5 años anteriores a la presentación de la solicitud” (1 punto).

En este punto ha comenzado un debate terminológico y conceptual, en el que la concejala de Vox ha insistido en que la violencia doméstica incluye a las mujeres víctimas de violencia de género, a pesar de que ambos son dos tipos de violencias que están tipificadas de maneras distintas. “Lo que nos han explicado no es válido. Zarandona [el concejal de Urbanismo] dice que es para dar más agilidad a los plazos y que el texto no sea tan farragoso, y que en la violencia doméstica se incluye a las víctimas de violencia machista y le hemos dicho que no”, protesta la representante de CCOO en el Consejo, Yolanda Martín.

“Nos han mareado y ninguneado, tratándonos como tontas y haciéndonos confundir la terminología cuando los términos jurídicos son muy claros”, protesta la representante de UGT. “Han cambiado el protocolo porque quieren y pueden, pero no porque este cambio lo mejore”, coinciden varias de las participantes en el Consejo de este lunes.

Entonces, la socialista Rafi Romero ha propuesto que se votaran cinco puntos sobre los que, aparentemente, había cierto consenso: rechazar la eliminación de la referencia específica a las víctimas de violencia de género, que este fuera un criterio específico de prioridad, solicitar un informe jurídico y un informe de impacto de género y establecer un mecanismo de seguimiento semestral de impacto de este nuevo protocolo sobre las víctimas de esta violencia machista.

“Nos han dicho que iban a incluir el sentimiento del Consejo, pero nosotras queríamos votarlo aunque sabemos que las resoluciones no son vinculantes”, defiende la directora de la Cátedra de Género de la Universidad de Valladolid, Dunia Etura.

A pesar de que las técnicas de Igualdad no han puesto objeciones a que se produjera una votación, la concejala de Vox se ha negado, por lo que se ha realizado una votación informal a mano alzada apoyando estos cinco puntos, con 21 votos a favor: 19 entidades sociales y los dos partidos de la oposición (no todos los miembros del Consejo tienen derecho a voto). “Tres veces hemos votado y no había manera”, protesta una de los miembros del Consejo.

Víctimas de violencia doméstica y/o de género

También se ha pedido que la inclusión de las víctimas de violencia doméstica no fuera excluyente y que se añadiera también a las mujeres víctimas de violencia de género, un extremo que ni PP ni Vox han querido votar. Sin embargo, los concejales sí veían oportuno votar la reclamación de más fondos del Gobierno procedentes del Pacto de Estado. “Ahora lo que vamos a hacer es levantarnos”, ha protestado una de las integrantes, a lo que se han sumado otras portavoces de las asociaciones.

“Nos hemos levantado porque no se nos estaba escuchando y se obviaba nuestra opinión. ¿Nos utilizan para hacer política? Nos levantamos y nos vamos”, ha reprochado la portavoz de UGT. “Nos hemos levantado porque no se podía aguantar. No vamos a dar ni un paso atrás”, suscribe Conchi Minayo, portavoz de Adavasymt. En un audio enviado a los medios, el concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto (PP), ha lamentado que “cuando se trata de solicitar al gobierno”, algunas asociaciones “se han marchado y no han querido dar la cara”. Desde el Consejo de la Mujer explican que los fondos del Pacto de Estado se reparten entre todos los Ayuntamientos y en base al número de víctimas de violencia de género

El futuro plan de Igualdad

La portavoz de Valladolid Toma La Palabra, Rocío Anguita, ha afirmado que esta es “la primera piedra” de este gobierno en contra de las políticas de Igualdad. “Veremos hasta dónde quiere llegar el equipo de gobierno, apretado claramente por la extrema derecha”, ha augurado en un audio remitido a los medios.

“Nos tememos el nuevo reglamento del Consejo de las Mujeres, que lo querían modificar, y el del plan de Igualdad. La situación es muy grave”, ha protestado la portavoz del Foro Feminista, Nina Infante.

UGT lo considera “un intento de manipulación”. “Irene Carvajal jamás ha venido, hoy sí le interesaba venir. Otra veces viene otro concejal de Vox y a los dos minutos se levanta... pero hoy sí”, insiste la sindicalista. Yolanda Martín, que también es la portavoz de la Coordinadora de Mujeres, ha rechazado que “se invisibilice” este tipo de violencia y ha considerado que es “una cuestión puramente ideológica” y no técnica.

Valoración de las propuestas

Rodrigo Nieto ha insistido en que el nuevo protocolo protege a las víctimas de violencia de género y se aumenten los parámetros, aunque ha asegurado que se hará “una valoración” de las propuestas que se han hecho, a pesar de que no se han votado.

En ampliación

El exdiputado del PSOE por Segovia, Juan Luis Gordo, que se dio de baja como militante hace un año, ha registrado un nuevo partido 'Por Segovia' en el que aparece como presidente ejecutivo. Gordo era un político histórico del PSOE hasta que en julio de 2025 “por dignidad personal” dejó el partido. En una carta dijo no reconocerse en una línea de actuación alejada de los valores“ que le habían llevado al partido.

Gordo se refirió también a la falta de sintonía con el secretario general del PSOE en Segovia, José Luis Aceves, quien según él ignoró “sistemáticamente” sus propuestas. Gordo dejó el PSOE con la intención de seguir participando en la vida cívica con colaboraciones en medios de comunicación y como presidente de la Asociación Pluralismo y Convivencia. Un año después, parece que no ha sido suficiente y pretende seguir en la vida política con Por Segovia (xSG), que se registró el pasado 27 de agosto como partido nacional. El partido cuenta ya con un logotipo en gris y negro, un dominio web registrado (www.porsegovia.es) y un correo electrónico de contacto. El domicilio social está en una vivienda familiar en el municipio de La Lastrilla. El nombre del partido recuerda al de la escisión del PP en Ávila (Por Ávila), que también utiliza la x en sus siglas y el nombre de la ciudad abreviado (XAV) .

Gordo fue diputado socialista a lo largo de tres legislaturas, senador en otra y subdelegado del Gobierno en Segovia entre 2004 y 2008. Gordo comenzó su carrera política a finales de los 90 cuando fue concejal en el pueblo donde nació, Sangarcía.

El Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla y León ha retirado tres preguntas a través de la Mesa de las Cortes apenas tres horas después de presentarlas. Las preguntas eran críticas y pretendían fiscalizar el trabajo de la Junta, que Vox integra junto con el Partido Popular y apuntaban a dos consejerías del PP, la de Sanidad y la de Medio Ambiente. Tal y como ha podido comprobar elDiario.es, las tres preguntas formuladas por dos procuradoras de Vox, Dolores Mateo y Laura Dorreis, apenas aguantaron tres horas en el registro del Parlamento: se presentaron a las 10 de la mañana del jueves y pasadas las 13.00 las propias parlamentarias solicitaron su retirada en registro.

Las cuestiones planteadas eran para su respuesta por escrito, ni siquiera se iban a trasladar al Pleno, si bien tanto las preguntas como las respuestas sí quedan registradas en el Boletín Oficial de las Cortes.

Denegación de visados para productos farmacéuticos de nutrición enteral

En concreto, la procuradora por Salamanca Dolores Mateo, farmacéutica de profesión planteaba una serie de preguntas a la Consejería de Sanidad, a cargo de Alejandro Vázquez, relacionadas con la denegación de visados de medicamentos para la la nutrición enteral domiciliaria así como espesantes. Se trata de una medicación que utilizan pacientes con problemas de deglución y nutrición y que son “esenciales” para mantener su calidad de vida. La “negativa sistemática”, planteaba Mateo, afecta a un colectivo vulnerable, pacientes ancianos, y “obliga a muchas familias a asumir el coste íntegro de esos productos a pesar de que muchos de esos pacientes perciben pensiones mínimas, ”lo que supone una carga económica insostenible que puede derivar en el abandono del tratamiento“. Por ello, Mateo cuestionaba con varias preguntas la denegación de visados aunque existe una normativa establecida para su autorización.

Huelga sanitaria por la reforma del Estatuto Marco

Su compañera de filas, la procuradora por León Laura Dorreis, técnica farmacéutica, también planteaba preguntas dirigidas a la Consejería de Sanidad, en concreto sobre el proceso de reforma del Estatuto Marco promovido por el Ministerio que ha generado “un importante conflicto con las organizaciones representativas de los médicos y facultativos” con las consecuentes movilizaciones. Dorreis quería conocer qué actuaciones desarrolla la Junta de Castilla y León para defender los intereses de los profesionales y trasladar al Ministerio su postura.

Seguridad en zonas de baño

Dorreis también registró una pregunta para la Consejería de Medio Ambiente sobre las medidas de prevención y seguridad en ríos embalses y zonas de baño. Las respuestas, a menos que otro partido tome el testigo, nunca se responderán. Desde Vox han comentado a elDiario.es que las preguntas se han retirado horas después de registrarlas porque consideran que las preguntas escritas al gobierno “son un instrumento más acorde con la labor de un grupo en la oposición”.

Las Cortes de Castilla y León, presididas por Francisco Vázquez (PP) proyectarán en su fachada la bandera de Ceuta el próximo miércoles 2 de septiembre, Día de Ceuta, “como muestra de solidaridad y apoyo al pueblo ceutí”. Así lo ha anunciado en un escueto comunicado en el que se precisa que la enseña se proyectará desde las 21.00 horas hasta la medianoche.

Esta iniciativa se une a la negativa por parte del gobierno autonómico a acoger menores no acompañados en la Comunidad. El vicepresidente primero, Carlos Pollán, se reafirmó en su idea el pasado miércoles, cuando envió una carta a la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, en la que le comunicaba que Castilla y León “no puede” acoger a más menores. Así, precisaba que la Junta «impugnará judicialmente todos y cada uno de los expedientes individuales que no finalicen con el retorno a Marruecos».

Pollán reclama al Ministerio que concluya antes los expedientes individualizados de cada menor y determine si procede la reunificación familiar o el retorno al país de origen. La Junta sostiene que cualquier traslado a otra comunidad debería producirse después de resolver esta situación y con una valoración individualizada del interés superior del menor.

En su escrito, el vicepresidente de la Junta se refería a una “infiltración masiva de decenas de miles de extranjeros” que, según su versión, habría forzado las fronteras españolas, un “acto de guerra híbrida”.

Cuando Pollán se negaba a la bandera LGTBIQ+ porque “los derechos de los españoles no se defienden con exhibicionismos infantiloides”

Pollán, que en la pasada legislatura presidió las Cortes, se negó durante cuatro años a proyectar la bandera LGTBIQ+ en el Día del Orgullo. “Los derechos, las libertades y la seguridad de los homosexuales (y, en general, de los españoles) no se defienden con exhibicionismos infantiloides ni haciendo un uso partidista y, por tanto, inadecuado de los espacios comunes de las instituciones. Los derechos, las libertades y la seguridad de todos se defienden enfrentando -y no fomentando masivamente- formas de barbarie llegadas de fuera que son incompatibles con nuestro modo de vida”, escribió en 2025 cuando el PSOE colocó la bandera arcoíris en la parte de la fachada que corresponde a sus dependencias.

Los grupos parlamentarios de PP y PSOE en las Cortes de Castilla y León se han negado a desvelar qué procuradores propondrá para ser elegidos senadores por designación autonómica, aunque sí han confirmado conversaciones para la renovación de las instituciones propias de la Comunidad.

Así lo han trasladado Leticia García (PP) y Carlos Martínez (PSOE) en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este jueves, en la que han señalado que aún no se ha cerrado el plazo para presentar los candidatos de cada grupo -termina el 2 de septiembre- y que no comunicarán los nombres antes de esa fecha.

En este momento, los dos senadores que corresponden al PP son Vidal Galicia y Javier Maroto, mientras que por parte del PSOE, este cargo lo ostenta Luis Tudanca, el exsecretario general del PSOE CyL.

Sin embargo, sí se han mostrado dispuestos a avanzar en renovar las instituciones propias de la Comunidad (Consejo Económico y Social, Consejo Consultivo, Consejo de Cuentas y Procurador), ya que el mandato de algunos de sus representantes lleva caducado más de cuatro años.

“Al término de esta comparecencia, nos sentaremos para iniciar las conversaciones de cara a esa renovación de las instituciones propias”, ha afirmado García.

El secretario general del PSOE de Castilla y León y portavoz socialista en las Cortes de Castilla y León, Carlos Martínez, ha tildado de “ilegal” al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), por tratar de incumplir con la redistribución de menores migrantes tras la crisis migratoria de Ceuta.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este jueves en la Cámara autonómica, Martínez ha subrayado la necesidad de contar con una Junta que “vaya más allá de la empatía y la solidaridad” y que “sea sensible, tenga alma y cumpla con la legalidad”.

“Hoy el ilegal es el presidente de la Junta de Castilla y León, dando una vez más un desplante, ya que no sólo es un ejercicio de deslealtad institucional, no acudiendo a las convocatorias que ponen encima de la mesa del gobierno de España para poder plantear soluciones de forma conjunta, sino ya intentando negarse al cumplimiento de la legalidad, sino que es la redistribución de los menores”, ha asegurado.

El portavoz socialista ha extendido esta responsabilidad a Vox, socio de gobierno del PP en Castilla y León y que allí donde gestiona las competencias de infancia (Extremadura y Aragón, además de Castilla y León) rechazó acudir a la Conferencia Sectorial de Infancia de este jueves y exigió el retorno de los migrantes a sus países de origen.

A su juicio, el presidente autonómico y sus socios “dan la espalda a los problemas reales que tiene la ciudadanía” en contraposición a la llamada “prioridad nacional” y ha defendido la necesidad de atender la crisis que afecta a la Ciudad Autónoma.

“Vamos a abandonar los gestos y las manifestaciones impostadas para intentar sacar un rédito a parte de todas estas crisis, vamos a resolver la crisis y para ello necesitamos del cumplimiento de la legalidad”, ha planteado.

Por su parte, la portavoz parlamentaria del PP, Leticia García, ha reprochado a Martínez su falta de “decoro” por estas afirmaciones por insultar a Mañueco en un asunto tan grave y ha acusado al líder socialista de actuar al igual que su partido a nivel nacional, al estar, en su opinión, instalado en “una crítica sistemática, vacía y sin trabajo alguno”.

La Junta insiste en recurrir el reparto de menores

La Junta de Castilla y León reclama al Gobierno que “analice bien la situación” y actúe dentro de sus competencias ante la crisis migratoria de Ceuta, “un fracaso de gestión”, y defiende su opción al recurso en el reparto de menores migrantes, que deben retornar a Marruecos con sus familias.

El portavoz del gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha insistido a preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en que tras varias semanas de crisis el Gobierno no ha sido capaz ni siquiera de “dar una visión general de lo que quiere hacer”.

“Esperamos que analice bien la situación y tome las decisiones en función de sus competencias en control de fronteras”, ha insistido en relación con la reunión de la Comisión Sectorial de Infancia de este jueves, a la que asiste Castilla y León, y que abordará la atención a los menores que siguen en Ceuta.

Fernández Carriedo ha reiterado que lo sucedido en Ceuta es “un fracaso de gestión del Gobierno”, en su capacidad de controlar las fronteras, y ha lamentado que se siga semanas después sin datos precisos, sin resolver el problema y con diferentes interpretaciones en el Gobierno en función de los ministros.

Por ese motivo, la Junta exige al Ejecutivo central que actúe en el marco de sus competencias, aplique la normativa y envíe de vuelta a Marruecos a los migrantes, y en el caso de los menores, abra el correspondiente expediente individual para que vuelvan con sus familias, “que es el primer objetivo”, ha insistido.

El portavoz autonómico también ha defendido la opción de la Junta de recurrir cualquier expediente de menores que llegue incompleto, que no esté suficientemente elaborado o que no garantice el retorno con sus familias, que ya se ha anunciado por parte del vicepresidente primero, Carlos Pollán (Vox).

Castilla y León, junto a las otras tres comunidades autónomas con un gobierno de coalición PP-Vox, Aragón y Extremadura, han rechazado asistir a la reunión de este jueves con el Ministerio de Juventud e Infancia, y este miércoles anunciaron que impugnarán judicialmente los posibles traslados de menores desde Ceuta.E

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha acusado este jueves al ministro Óscar Puente de convertir la puesta en servicio de los nuevos tramos en un “acto de un partido político”. Para el consejero, la ausencia de representantes, tanto de la Junta como de la Diputación, y la presencia de cargos del PSOE responden a las aspiraciones de “suceder a Pedro Sánchez” del ministro de Transportes.

Carriedo ha realizado estas declaraciones durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, al ser preguntado por el acto celebrado el pasado lunes con motivo de la apertura de los nuevos tramos de la A-11 en Valladolid. El portavoz autonómico ha señalado que, a su juicio, la inauguración estuvo más relacionada con el PSOE, como “un acto de partido” que con un acto institucional.

“Seguramente, está asociado a que la persona -Puente- que organizó ese acto, está ya más centrada sus intereses como candidato a suceder a Pedro Sánchez, que en pensar en los intereses generales de nuestra comunidad autónoma”, ha defendido Carriedo.

A pesar del dardo al ministro, el portavoz de la Junta ha indicado que el Ejecutivo autonómico está “otra dinámica: que es el interés general de los ciudadanos”. Según Carriedo, la Comunidad ha informado a los ciudadanos sobre qué carreteras autonómicas se pueden utilizar ser para que se haga con la máxima seguridad posible. Asimismo, desde la Junta se habría trasladado la información a los alcaldes que “no habían sido informados”, algo que tendría que haber hecho “el gobierno de España”.

El portavoz ha recordado además que el propio Puente ha reconocido que fue él quien decidió no invitar a representantes de la Junta, la Diputación de Valladolid ni a los alcaldes de los municipios afectados. “Es un dato a analizar”, ha apuntado Carriedo, que se ha preguntado si el ministro habría adoptado la misma decisión en una inauguración celebrada en otra comunidad autónoma.

La Junta defiende su papel en la apertura

Carriedo ha defendido que la Junta y la Diputación de Valladolid han tenido un papel activo para hacer posible la apertura parcial de la autovía. Según ha explicado, ambas administraciones han puesto a disposición del Gobierno sus carreteras para permitir la circulación mientras continúan las obras de los tramos que todavía no han podido ponerse en servicio.

“Se ha puesto a disposición estas carreteras”, ha señalado el portavoz, que ha insistido en que la colaboración ha sido necesaria porque parte del tráfico que hasta ahora circulaba por la N-122 se está desviando hacia vías de titularidad autonómica y provincial.

El aumento de circulación y el riesgo de la N-122, que cuenta con numerosos siniestros y fallecidos por su volumen de tráfico y peligrosidad, es uno de los argumentos utilizados por la Junta para reclamar cautela. Carriedo ha explicado que estas carreteras tienen un diseño local y comarcal y que la intensidad media diaria puede pasar de unos 2.200 vehículos a alrededor de 5.000.

Cambios en el tráfico del Valle del Cuco

La delegada territorial de la Junta en Valladolid, Raquel Alonso, se ha reunido este jueves con alcaldes del Valle del Cuco para analizar las afecciones provocadas por la apertura parcial de la A-11. En el encuentro han participado también representantes de la Diputación y técnicos de ambas administraciones.

La Junta ha trasladado a los municipios la necesidad de adaptar la regulación del tráfico ante el aumento de vehículos previsto. Entre las medidas figura la modificación de la regulación de los giros en la intersección de la carretera autonómica VA-101 con la provincial VP-3017, por donde se espera que pase buena parte del tráfico que anteriormente utilizaba la N-122.

Según la información difundida por la Junta, la apertura de los nuevos tramos se ha producido sin que esté terminado el viaducto sobre el río Duero, lo que ha obligado a reorganizar la circulación y está generando afecciones en las carreteras del entorno. La intensidad del tráfico está siendo monitorizada diariamente.

Los alcaldes han trasladado durante la reunión su malestar por los inconvenientes derivados de estos cambios y por la falta de información que, según la Junta, habría acompañado a la puesta en servicio. También han advertido de que las modificaciones coinciden con el inicio de la vendimia y con un periodo de mayor actividad agrícola.

Puente y la Junta: “palos en las ruedas” contra “colaboración”

La polémica surge tras las palabras y mensajes en redes de Puente tras de la inauguración. El ministro acusó a la Junta y a la Diputación de Valladolid de haber puesto “palos en las ruedas” a la apertura completa de la autovía y defendió que fueron las administraciones gobernadas por el PP las que impidieron abrir el tramo entero en ambas direcciones por razones de seguridad.

“Todo esto se lo agradecéis a la Junta de Castilla y León y a la Diputación Provincial de Valladolid, es decir al PP, que son quienes han impedido que abramos el tramo entero en ambas direcciones, por supuestas razones de seguridad, como era nuestra intención y nuestro deseo. Las explicaciones que las den ellos, que son los perpetradores de este dislate”, apuntaba el ministro de Transportes en una publicación en la red social X.

Puente también respondió en redes sociales a las críticas del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, sobre la ausencia de las instituciones autonómicas en el acto. El ministro calificó de “sectarismo” la posición del Gobierno autonómico y de la Diputación y sostuvo que estas administraciones habían dificultado la puesta en servicio de la infraestructura.

La versión de la Junta es distinta. Carriedo sostiene que precisamente la cesión y puesta a disposición de las carreteras autonómicas y provinciales ha permitido que el Gobierno pueda abrir parcialmente la A-11 antes de que estén terminadas todas las obras.

La consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, lamentó este miércoles también no haber sido invitada al acto. “El único motivo de nuestra ausencia es que no fuimos invitados”, afirmó, y aseguró que le habría gustado aprovechar la ocasión para reunirse con Puente y abordar las necesidades de Castilla y León.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado que las víctimas de la violencia machista tienen “blindada” la cobertura en materia de vivienda, gracias al plan estatal, y ha pedido el compromiso de todas las administraciones para seguir avanzando en una protección que, para algunas mujeres, es “su tabla de salvación”.

Rodríguez, que ha visitado en Valladolid una promoción de viviendas de alquiler asequible cofinanciada por el Gobierno, ha hecho referencia así a las críticas suscitadas por los cambios realizados por el Ayuntamiento de Valladolid (PP-Vox) en el protocolo de acceso al parque de vivienda pública, donde se ha sustituido el término violencia de género por doméstica.

Ha reconocido que ha podido hablar con el alcalde, Jesús Julio Carnero (PP), quien la ha transmitido un mensaje de tranquilidad, y le ha asegurado que “efectivamente en la ciudad ninguna mujer va a dejar de estar asistida”, frente a aquellas críticas que afirman que con la nueva redacción las víctimas de violencia machista podrían quedar fuera de los colectivos prioritarios.

La ministra ha insistido, por su parte, en que “ninguna mujer víctima de violencia de género va a dejar de estar asistida en los recursos especiales que el Gobierno de España está poniendo en marcha gracias al Plan Estatal de Vivienda”, ya que están “blindadas” con líneas de ayuda específicas para este colectivo.

“Si la vivienda es importante para todos como derecho, para una mujer que sufre esa violencia, la vivienda es su tabla de salvación”, ha reconocido, para afirmar que todas la administraciones públicas “tienen que estar a una” para avanzar en la construcción de viviendas, y también en la protección a las víctimas de violencia machista.

Ayudas garantizada en Valladolid

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha vuelto a garantizar que las víctimas de violencia machista en la ciudad no se van a quedar sin acceder a una vivienda pública, si lo necesitan, lo solicitan y cumplen con los requisitos, y ha asegurado que para ello no se necesita modifica el protocolo.

Ha recordado que el Plan Director de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Valladolid, recién aprobado y con vigencia hasta el año 2030, recoge ayudas a víctimas de violencia de género; y ha comprometido que él mismo, personal, política y humanamente, “no va a permitir” que ninguna mujer se quede sin ayuda.

Carnero ha apuntado también que se darán las oportunas explicaciones en la reunión extraordinaria del Consejo Municipal de las Mujeres, convocada para el próximo lunes, 31 de diciembre, y ha defendido una vez más que los cambios introducidos en el protocolo amplían, mejoran y agilizan las ayudas en materia de vivienda.

Además, el regidor ha vuelto a pedir al Ministerio de Igualdad que colabore con el Ayuntamiento de Valladolid en al lucha contra la violencia de género al menos recuperando la cuantía de las aportaciones que recibían en 2023, de 131.000 euros, y que se han visto incrementadas en un 17 % en los últimos años.

La consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, ha señalado que le hubiera “encantado” participar este lunes en la inauguración de dos nuevos tramos de la Autovía A-11 junto al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y ha lamentado que ningún representante de la Junta de Castilla y León fuera invitado al evento.

“El único motivo de nuestra ausencia es que no fuimos invitados. Es triste decirlo”, ha señalado Sanchidrián durante una visita a las obras de un tramo experimental de la A-601 en la provincia de Segovia.

“Es una lástima porque no conozco además al ministro y me hubiese encantado estar con él y poder hablar de distintas necesidades que tiene nuestra comunidad, ha añadido Sanchidrián, quien ha concluido: ”Lo digo con pena, me da lástima que no fuéramos invitados“.

La titular de Movilidad ha hecho estas declaraciones durante su visita a las obras que la Junta desarrolla, en colaboración con la sociedad concesionaria Autovía del Eresma S.A., en un tramo de un kilómetro de la A-601, entre los puntos kilométricos 81 y 82 de la calzada en sentido Segovia.

La actuación tiene carácter experimental y permitirá probar una mezcla bituminosa que incorpora un 30 % de material procedente del fresado del propio firme de la autovía, junto con un aditivo rejuvenecedor destinado a recuperar las propiedades del material reciclado.

El objetivo es analizar la trabajabilidad de la mezcla y estudiar sus prestaciones y evolución a lo largo del tiempo, para comparar su comportamiento con otras soluciones, entre ellas las mezclas convencionales y aquellas que incorporan porcentajes de material reciclado dentro de los límites recomendados actualmente por la normativa.

Sanchidrián ha destacado que el tramo registra una intensidad de tráfico superior a los 10.000 vehículos al año y ha defendido que la apuesta por la reutilización de materiales no supone reducir las condiciones de seguridad de la vía.

La actuación se enmarca en el programa de renovación de firmes que la concesionaria desarrolla desde 2023 en el tramo segoviano de la A-601, entre Cuéllar y Valseca.

La experiencia da continuidad a otro tramo de prueba ejecutado durante el verano de 2024, en el que se utilizó un 15 % de material procedente del fresado, porcentaje máximo recomendado actualmente por la normativa para capas de rodadura de características similares a las existentes en la A-601.

La Junta pretende utilizar el seguimiento de ambas experiencias para comparar soluciones con distintos porcentajes de material reciclado y determinar su posible extensión a futuras actuaciones de conservación y rehabilitación de firmes.

La SG-500, pendiente del estudio ambiental

Durante su visita, la consejera también se ha referido al estado de la licitación de las obras de la SG-500 en El Espinar, una actuación que la Junta considera necesaria al tratarse de una vía alternativa a la autopista de peaje.

Sanchidrián ha explicado que la licitación se encuentra a la espera de un informe que debe elaborar una asociación ecologista impulsada desde la Delegación Territorial.

La previsión de la Junta es recibir este estudio “a principios de octubre”. A partir de sus conclusiones se actualizará el proyecto existente, principalmente para adaptar los precios, un proceso que podría prolongarse otros dos meses.

El vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán (Vox), ha comunicado a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que el Gobierno autonómico impugnará judicialmente todos los expedientes individuales de menores extranjeros no acompañados de Ceuta que no concluyan con su retorno a Marruecos.

Pollán ha trasladado esta posición en una carta remitida este miércoles a la ministra, un día antes de la celebración de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, convocada para este jueves 27 de agosto. Castilla y León tampoco acudirá a la reunión y ha pedido que conste en el acta su voto negativo al acuerdo de distribución territorial de menores desde Ceuta a otras comunidades.

La Conferencia Sectorial tiene previsto abordar, entre otros asuntos, la distribución a Ceuta de 25 millones de euros destinados en 2026 a financiar la atención a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. La Junta anticipa su rechazo a cualquier acuerdo que implique el traslado de estos menores a otros territorios.

Pollán reclama al Ministerio que concluya antes los expedientes individualizados de cada menor y determine si procede la reunificación familiar o el retorno al país de origen. La Junta sostiene que cualquier traslado a otra comunidad debería producirse después de resolver esta situación y con una valoración individualizada del interés superior del menor.

En su escrito, el vicepresidente de la Junta habla de una “infiltración masiva de decenas de miles de extranjeros” que, según su versión, habría forzado las fronteras españolas, y califica lo sucedido como un “acto de guerra híbrida”. También se refiere a los menores como personas que habrían entrado “ilegalmente” en España y denuncia lo que considera un “reparto caprichoso, aleatorio y arbitrario” por parte del Gobierno.

Piden el expediente completo de cada menor

El vicepresidente primero ha reclamado además que el Ministerio remita a Castilla y León el expediente completo de cada menor cuyo traslado se pretenda, incluida la documentación relativa a la localización de sus familiares, la determinación de su edad, la valoración de su interés superior y la resolución adoptada sobre su traslado.

La Junta ha defendido su posición en la necesidad de priorizar, según su interpretación de la legislación española y de los compromisos internacionales asumidos por España, la reunificación familiar y el retorno al país de origen cuando corresponda. Pollán ha afirmado que trasladar a los menores a otros puntos de España durante la tramitación de estos procedimientos podría dificultar la localización de sus familias y retrasar su resolución.

En el caso de los menores marroquíes, la carta ha explicado al acuerdo suscrito entre España y Marruecos en 2007, que contempla el retorno asistido de los menores a sus familias o a instituciones de tutela del país de origen. La Junta ha recordado que este marco debe ser tenido en cuenta antes de cualquier eventual traslado a otra comunidad autónoma.

Una oposición que ya había comunicado la Junta

La carta mandada por el vicepresidente de Vox ratifica la posición que anunció el pasado jueves el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo (PP), quien adelantó que los Servicios Jurídicos estudiaban ir a los tribunales si el Gobierno central trasladaba a la Comunidad a alguna de las 500 menores migrantes procedentes de Ceuta si la medida acaba “perjudicando” los “intereses” autonómicos. El consejero también acusó el gobierno de Pedro Sánchez de protagonizar “un fracaso más” en la gestión de las fronteras tras la crisis migratoria

Pollán, por su parte, ha recordado en su misiva que la Comunidad ya había comunicado el pasado 8 de agosto su rechazo a la propuesta y que, según ha indicado, los argumentos planteados entonces no han recibido respuesta por parte del Ministerio.

El vicepresidente primero ha apuntado que Castilla y León no puede aceptar el traslado de menores procedentes de Ceuta, incluidos los llegados a territorio español los días 30 y 31 de julio, porque la Comunidad se encuentra, según afirma, en una situación de saturación. La carta reclama al Gobierno central que se abstenga de preparar o ejecutar nuevos traslados mientras no hayan concluido los expedientes individualizados previstos en la legislación.

El vicepresidente se ha reiterado así en sus palabras de este lunes en la visita al Centro de Menores Zambrana, de Valladolid, cuando dijo que es “imposible” que Castilla y León acoja a los menores migrantes tras la crisis migratoria de Ceuta porque el sistema de acogida de la comunidad ha superado el límite.

“La capacidad ahora mismo está al límite y está superada. Si hablamos de esos ochocientos y pico que el Gobierno de España piensa que pueden acogerse aquí, es absolutamente imposible”, aseguró a los periodistas.

Pollán pide medidas por las agresiones denunciadas en Ceuta

El escrito incluye varias peticiones relacionadas con la situación de seguridad en Ceuta. Pollán reclama al Ministerio que adopte medidas para evitar nuevas agresiones sexuales contra niñas y adolescentes, tanto españolas como extranjeras, y que se identifique a los autores de los delitos denunciados para que sean juzgados y, en su caso, condenados.

Asimismo, pide que se agilicen los procedimientos de reunificación familiar y retorno de las menores extranjeras que hayan sido víctimas de agresiones sexuales en Ceuta, una cuestión que vincula en su carta con la necesidad de que estas menores puedan regresar cuanto antes a su entorno familiar.

En un comunicado difundido por Vox sitúa esta posición dentro de una estrategia común de los gobiernos autonómicos en los que el partido participa. Los vicepresidentes de Castilla y León, Extremadura y Aragón han anunciado que no acudirán a la Conferencia Sectorial y que se opondrán al reparto de menores procedentes de Ceuta.

El comunicado de Vox señala además que los tres vicepresidentes anuncian recursos judiciales contra los expedientes que no concluyan con el retorno de los menores a Marruecos.

Puente: “¿Y qué políticas de fomento de la natalidad ha hecho la derecha?”

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha cuestionado la postura de la Junta para recurrir y no acoger menores. En un mensaje en la red social X, el socialista vallisoletano ha cuestionado las políticas de fomento de natalidad que ha hecho “la derecha” en Castilla y León en 40 años de gobierno y ha hecho que pierda “165.000 habitantes”.

En su publicación el ministro ha interpelado a “ todos los fascistas y energúmenos”, que según él “es sinónimo”, que defienden “mejor políticas de fomento de natalidad en Castilla y León” que acoger a menores para preguntarles por estas políticas

“¿Qué políticas de natalidad puedes hacer en una tierra con una población de casi 50 años de media? Vuestras políticas han convertido Castilla y León en un geriátrico a cielo abierto. Así que menos patalear, que la culpa es enteramente vuestra”, ha remachado el ministro.

Puente, sobre la oposición de la Junta acoger menores de Ceuta: “¿Y qué políticas de fomento de la natalidad ha hecho la derecha en Castilla y León, que lleva 40 años gobernando ininterrumpidamente para perder 165.000 habitantes?