La Junta de Castilla y León no solicitó al Gobierno central la declaración de Situación Operativa 3. La subida de nivel se debe a la petición de la Comunidad de Madrid por los incendios forestales que cercan a esta Comunidad, Castilla-La Mancha y Castilla y León y la mala previsión de cara las próximas horas. Es la primera vez que Castilla y León se ve inmersa en este nivel por incendios forestales, ni siquiera en los veranos de 2022 o 2025, cuando el fuego asoló Zamora y León y el Ejecutivo autonómico, a pesar de las peticiones constantes desde el operativo y a nivel político, no lo solicitó.

Horas antes de que la presidenta de la Comunidad de Madrid solicitara la emergencia de interés nacional al Gobierno, el líder del gobierno de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, pidió “unidad y prudencia” ante el “importante” el incendio forestal de Burgohondo, en Ávila, que en la mañana de este viernes mantiene a tres localidades confinadas y más de 1.500 personas evacuadas entre este municipio,junto con una urbanización de El Tiemblo.

La situación en el incendio es mala, al igual que las previsiones, en total Castilla y León hace frente a nueve incendios activos, cuatro de ellos de gravedad. Además del de Burgohondo, en nivel 2 también está el fuego de Murias de Pongos, en León, que ha subido de gravedad esta madrugada a pesar de su buena evolución durante la tarde del jueves y ha obligado a evacuar tres poblaciones.

Durante la mañana de este viernes se va a reunir el Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD), presidido por el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y con la asistencia del Presidente del Gobierno. Este comité se celebra en Madrid y se conectarán desde el Puesto de Mando Avanzado, junto al delegado del Gobierno y el subdelegado en Ávila. Posteriormente, tendrá lugar el CECOPI en el Puesto de Mando Avanzado en Navaluenga a las 11.00 horas

En la práctica, la ley 17/2015 contempla como emergencias de interés nacional aquellas en las que sea necesario prever la coordinación de Administraciones diversas porque afecten a varias comunidades autónomas y exijan una aportación de recursos a nivel supra autonómico, o las que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección de carácter nacional.

La petición de Ayuso, habría llegado, según el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, con una “escueta carta con la que ha sacado un tuit”. Con la emergencia de interés nacional, el ministro de Interior asume la dirección de los incendios forestales y tendrá que realizar la ordenación y coordinación de las actuaciones y la gestión de todos los recursos estatales, autonómicos y locales del ámbito territorial afectado. Recursos en el ámbito militar, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o sanitario, entre otros.

Puente, a Ayuso: “Ellos reducen impuestos a los ricos, jibarizan los servicios públicos y luego le piden al gobierno que les resuelva la papeleta”

A raíz de la petición de Madrid y la declaración de la emergencia nacional ya han comenzado las primeras reacciones políticas. Desde el gobierno, el ministro de Transportes, el vallisoletano Óscar Puente, ha asegurado que ha quedado “claro” que la UME es ya el nuevo servicio de extinción de incendios de las comunidades autónomas gobernadas por el PP“. ”Ellos reducen impuestos a los ricos, jibarizan los servicios públicos y luego le piden al gobierno que les resuelva la papeleta“, ha criticado.

Por parte de Podemos, el Secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández Santos, ha criticado las políticas de la Comunidad de Madrid. “La gestión de Ayuso es bajar impuestos a los ricos, no contratar a los bomberos forestales necesarios y además dejarlos sin recursos ,y cuando arde Madrid ir a hacerse una foto y pedir que intervenga el Gobierno ante su incompetencia y desidia. TERRIBLE”, ha comentado.

Mañueco destaca la colaboración entre administraciones

Durante su intervención, Mañueco ha querido subrayar la colaboración entre administraciones. “Estamos poniendo todos los medios a disposición en perfecta colaboración, cooperación y unidad contra el fuego”, ha afirmado, antes de agradecer el trabajo de la UME, la Guardia Civil, los medios del Ministerio para la Transición Ecológica, el operativo de la Junta, las diputaciones, los ayuntamientos y los voluntarios de Protección Civil.

El presidente autonómico ha situado como prioridad absoluta la protección de las personas y de quienes participan en las labores de extinción. Al mismo tiempo, ha avanzado que la Junta ya trabaja en un plan de recuperación para atender las consecuencias del incendio, con medidas dirigidas al suministro de forraje y agua para el ganado y a la evaluación de los daños en explotaciones y edificaciones afectadas.

De negar la existencia de expedientes sobre las empresas del presidente de la Diputación de Burgos y del PP provincial, Borja Suárez, a reconocerla. La Junta de Castilla y León a través de su portavoz, Carlos Fernández Carriedo, se ha excusado este jueves en que negó la información que elDiario.es solicitó por Transparencia por un error. Una vez publicado por este medio uno de los expedientes que existen, el gobierno autonómico ha dado explicaciones vagas sobre la vulneración clara de la Ley de Transparencia. Según él, desde Transparencia se recurrió a la Consejería de Movilidad a pesar de que no tiene competencias en otorgamiento de licencias ni en nada que tenga que ver con empresas dedicadas a los eventos y la hostelería como es el caso de Eventos El Espino SL y El Granero de San Francisco.

El portavoz se ha apresurado a afirmar que las empresas “tienen todos los permisos” a pesar del expediente sobre El Granero de San Francisco al que accedió elDiario.es por fuentes propias. Los promotores querían legalizar un almacén y un edificio para la cosecha, secado y destilación de lavanda. Según el documento, lo que se pretendía era un uso prohibido en suelo rústico protegido y además el edificio, un granero americano, no respetaba las normas de estética del municipio. Otro detalle llamativo es que la licencia se pidió cuando llevaban más de un año ejerciendo la actividad y omitiendo que además de actividades agrícolas, se usaba el espacio para celebración de bodas y eventos.

Carriedo ha insistido en que los expedientes se facilitarán a este medio a pesar de que una vez que la solicitud de Transparencia se había aceptado, pero se había acabado dando una información falsa -que no había ningún expediente-, este medio contactó con la Junta para advertir que existía al menos un expediente y además desfavorable a los intereses de El Granero de San Francisco. A partir de ese momento, la Junta indica que la Delegación Territorial de Burgos facilitará la información requerida. Una semana después, y a pesar de que le facilitó el número de expediente y el departamento que lo había emitido, se remitió a la periodista la Consejería de Movilidad que, nuevamente, indicó que no le constaba ningún expediente.

Asimismo, elDiario.es también había requerido al Ayuntamiento de Santa Gadea del Cid las licencias de las empresas de Suárez. Con relación a El Granero de San Francisco tan sólo se aportó una declaración responsable de la mercantil fechada en abril de 2024 en la que dice que el objeto es “el cultivo, secado y destilado de lavanda”. Mediante esa declaración la empresa da a entender que tiene todos los permisos necesarios y es válida desde ese momento, no desde antes. Tampoco permite otras actividades distintas de las declaradas, cosa que sí ocurrió. Desde 2019 hasta la actualidad en El Granero de San Francisco se han celebrado bodas y eventos culturales, tal como se refleja en reportajes en medios de comunicación de esos años. Así, queda claro que El Granero de San Francisco operó sin permisos ni licencias, algo que la Junta intentó ocultar. Desde el gobierno autonómico, se han comprometido con elDiario.es a facilitar todos los expedientes, si bien no han precisado en qué fecha.

No es la primera vez que un 'error' de una administración beneficia a Suárez. Este diario ya publicó que el concejal, presidente de la Diputación de Burgos y del PP provincial, estaba compatibilizando el cargo con la participación del 33% en una empresa, Eventos El Espino SL que recibía contratos municipales. El Ayuntamiento de Burgos no pudo evitar que los contratos se declarasen nulos pero atribuyó lo ocurrido a un “error” de los técnicos municipales.

La Junta de Castilla y León ha ocultado que El Granero de San Francisco SL, una de las mercantiles que pertenecieron al presidente de la Diputación de Burgos y del PP provincial, Borja Suárez, llegó a desarrollar su actividad a pesar de que el Servicio Territorial de Fomento de Burgos la calificó de “uso prohibido”.

elDiario.es solicitó a través del Portal de Transparencia de la Junta todos los expedientes emitidos por el Servicio Territorial de Fomento de Burgos o cualquier otro organismo de la Junta de Castilla y León de legalización, autorización o sanción relacionados con El Granero de San Francisco SL y Eventos El Espino SL, que fundamentalmente se dedican a la hostelería, a la organización de eventos y a la transformación de productos agrícolas.

La respuesta de la Junta fue que se solicitó información al Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Burgos y que señalaron que “en la Sección de Conservación y Explotaciones de carreteras y en la Sección de Concesiones, Autorizaciones y Arbitraje de Transportes, del mencionado Servicio Territorial, no hay constancia de ningún trámite” promovido por esas empresas.

La Junta pide información a Carreteras sobre unas empresas de eventos

La Junta no justifica por qué decide solicitar a Explotación de Carreteras y a Transportes expedientes de empresas de hostelería y eventos. Pese a ese intento de ocultar la verdad, elDiario.es sí ha tenido acceso, a través de otras fuentes, a un expediente del Servicio Territorial de Fomento que se abrió en el año 2020. Dada la inusual situación de una administración negando la existencia de algo que el periodista tiene, este medio contactó con la Junta de Castilla y León para advertir de que, o bien se estaba mintiendo o bien había un error en la gestión de la información solicitada.

Desde la Junta, se instó a la Delegación Territorial de la Junta en Burgos a explicar qué podía haber ocurrido. Tras requerir esta la petición de información que se hizo por Transparencia, se comprometieron a localizar los expedientes, advertidos de que nada tenían que ver con carreteras. Una semana después, la Delegación Territorial de la Junta no había remitido nada y se limitó a indicar que contactarían con este medio a través de la Consejería de Movilidad, cosa que, efectivamente, ocurrió. Sin embargo, desde la Consejería indicaron que no entendían por qué desde la Delegación consideraban que ellos podían tener expedientes, y ratificaron que no había ninguno. Desde la Delegación Territorial no se dieron más explicaciones. Pero el expediente existe.

El expediente que sí existe y que deniega la legalización de una de las empresas por “uso prohibido”

En concreto, el expediente 145/20 que obra en el Servicio Territorial de Fomento de la Delegación Territorial de Burgos se abre a solicitud de El Granero de San Francisco para legalizar un almacén-secadero y un almacén-destilería de explotación agrícola en Santa Gadea del Cid. El técnico que se pronuncia describe los elementos de que consta y a continuación se detiene en la normativa urbanística: “El Término Municipal de Santa Gadea del Cid, cuenta con Normas Urbanísticas Municipales, aprobadas por CTMAU de 15 de diciembre de 2016. Constituyen también el régimen Urbanístico Vigente en el Municipio, La Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León, de 8 de abril de 1999 y el Decreto 22/2004 de 29 de enero, que aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, y sus modificaciones posteriores”, hace constar.

Las parcelas donde se asientan el almacén secadero y el almacén destilería están clasificadas como “suelo rústico de protección cultural” continúa el informe. Mientras el promotor entiende que el uso es de instalación vinculada a la explotación agrícola, “el técnico que suscribe lo considera como, una parte de un proceso productivo de carácter industrial (la elaboración de perfumes), de acuerdo a ello y según el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León”, y se trataría de un “uso prohibido”. En el caso de la normativa urbanística municipal pasaría exactamente lo mismo: “se trata de un uso prohibido, por ser un uso de tipo industrial, comercial y de almacenamiento en suelo rústico de protección cultural”, argumenta el técnico.

Pero además analiza las condiciones edificatorias, y tampoco cumplen la normativa. En concreto, advierte que “Se considera que el edificio realizado no cumple con las condiciones de integración en el entorno, [...], pues la edificación con su cubierta mansarda con tres pendientes distintas, no respeta las formas tradicionales de las edificaciones del entorno, como son las edificaciones del convento ”El Espino“ (a 650 m), los materiales utilizados en la fachada y cubierta (tablas de madera) no son los tradicionales de la zona (piedra, revoco en tonos terrosos y teja árabe), y no cumple con la inclinación máxima del 45% pues una de las cubiertas tiene una pendiente de 282,39% (70,05º)”.

El informe, fechado el 10 de diciembre de 2020, concluye que “el uso solicitado es un uso prohibido en suelo rústico, según el Reglamento de Castilla y León, y se propone informar desfavorablemente y por no cumplir con las normas de integración en el entorno y condiciones estéticas”.

ElDiario.es solicitó al Ayuntamiento de Santa Gadea la licencia de El Granero de San Francisco, aunque se incumplieron los plazos, finalmente aportó una declaración responsable fechada el 1 de abril de 2024 en el que aparece como nombre o razón social El Granero de San Francisco y el nombre de pila del administrador. Se refleja en el escrito que “se dispone a ejercer la actividad que a continuación se indica” y que es “el cultivo, secado y destilado de lavanda”. Mediante esa declaración, se entiende que se puede ejercer la actividad desde ese momento, aparece en la propia instancia, no antes, y que la empresa tiene toda la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos necesarios. Además, no permite otras actividades distintas de las declaradas, cosa que sí ocurrió.

Pero la actividad no empezó en 2024, sino como mínimo en 2019, mucho antes de que el informe de la Junta se pronunciase negativamente. El 14 de septiembre de 2019 El Correo se hacía eco de la boda del “bilbaíno más deseado”, el influencer Gotzon Mantuliz.

El 1 de abril de 2020, de nuevo el diario El Correo publicaba un reportaje con el titular “El Granero de San Francisco suma 10 hectáreas destinadas al cultivo de lavanda”. “Aunque el proyecto se cultivaba ya desde antes, fue hace un año cuando comenzó a consolidarse y se dio a conocer con sus primeras cuatro hectáreas y con la definitiva ubicación de la destilería en el Granero, en Santa Gadea del Cid”, dice uno de sus párrafos. Además, aunque la declaración responsable habla de cultivo de lavanda, también se desarrollan eventos culturales. Un año después, el mismo diario volvía a dar cuenta de la intensa actividad de El Granero de San Francisco que había “atraído” a “más de 2.300 personas entre junio y julio”.

Para aclarar la situación, elDiario.es contactó con el administrador de El Granero de San Francisco, Koldo Madariaga, que no respondió.

El juez ha prorrogado un mes más el secreto de sumario en la Operación Fuentona, que investiga la comisión de presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal en el Ayuntamiento de Soria. El caso estalló con una entrada y registro de la Guardia Civil en el consistorio en busca de documentación con la hasta hace poco concejala de Turismo y Comercio, Yolanda Santos. Antes de ser concejala, Santos tuvo una empresa dedicada a la educación ambiental a la que renunció. La sospecha es que la traspasó a una alcaldesa de otra localidad que actuaría como testaferro para seguir cobrando gracias a los contratos municipales. Santos fue detenida junto a otras seis personas. Todos quedaron en libertad en cuestión de horas.

Durante el registro se buscó toda la documentación relacionada con Santos y la empresa de la que llegó a tener el 33% de las participaciones, Biosfera Soria SL. Santos vendió sus participaciones al tomar el acta de concejal, ya que la normativa impide acceder al cargo con una participación superior al 10% en cualquier empresa que contrate con el Ayuntamiento. Biosfera Soria SL, cuentan fuentes del PSOE es una de las pocas en la provincia especializada en la educación ambiental y el turismo activo y ha obtenido contratos municipales “desde hace muchos años”. Para los investigadores, el dato más importante es a quién vendió Santos sus participaciones: la alcaldesa de un pequeño municipio de Soria, que a su vez tiene otra empresa también dedicada a turismo y naturaleza. Según ellos, no es más que una testaferro de Santos.

Pero para llegar a demostrar que Santos tenía una persona interpuesta, es necesario acceder a documentos y correos que de existir, estarían en el Ayuntamiento. La Guardia Civil no solo pidió documentación que incluía contratos, también realizó un volcado de varios ordenadores para acceder a otros archivos o a correos electrónicos.

Tal y como ha confirmado el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la Sección de Instrucción (Plaza 3) del Tribunal de Instancia de Soria ha acordado la prórroga del secreto de las actuaciones un mes más a partir de hoy. Además, ha aceptado la personación de Vox como acusación popular.

Rechazada la querella del Grupo Parlamentario Vox

Sin embargo, ha rechazado la querella que presentó el Grupo Parlamentario Vox por un presunto delito de revelación de secretos. El juzgado de Instrucción 2 ha acordado la inadmisión de la querella al considerar que “no existen indicios racionales de criminalidad”, si bien la resolución no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial. Vox quiso aprovechar un error del exalcalde de Soria y actual líder autonómico del PSOE, Carlos Martínez, que en conversación con un periodista dijo que supo que se iba a registrar el Ayuntamiento “el lunes por la mañana” cuando en realidad se quiso referir al martes. Vox aludió a un chivatazo y reforzó su teoría cuando los concejales del PP y de Vox en el Ayuntamiento aseguraron que el alcalde actual, Javier Antón les comentó en Junta de Portavoces que se celebró después del registro que se le había comunicado que se iba a recabar información en el Ayuntamiento por lo que se requería su presencia. El Grupo Parlamentario Vox, alentado por un medio de comunicación, volvió a interpretarlo como un “soplo”. Poco después, cuando el bulo sobre un chivatazo había crecido demasiado, Antón aclaró que lejos de un soplo, lo que recibió fue una comunicación oficial del juzgado que instruye la causa para que estuviese presente cuando acudiesen a recabar información.

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha expresado este martes su “respeto y confianza” en el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras ser preguntado por los avances judiciales en el caso Plus Ultra, aunque ha reiterado que mantiene su posición de que “quien la haga, que pague”.

En declaraciones a los periodistas en una rueda de prensa sobre actualidad política, Martínez ha asegurado que no se ha movido “ni un centímetro” de ese planteamiento a pesar de lo que se va conociendo del caso y ha apelado al respeto a los procedimientos judiciales: “Quiero seguir creyendo”, ha expresado.

El dirigente socialista ha defendido que corresponde a la Justicia determinar si se han cometido irregularidades y ha rechazado contribuir a “condenas o linchamientos anticipados”.

Martínez ha insistido en que solo extraerá conclusiones cuando exista un pronunciamiento judicial: “Si eso se confirma, si el juez dice que se incurre en una ilegalidad… Insisto en el respeto a los procedimientos judiciales”, ha manifestado.

Preguntado específicamente por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el líder del PSOE de Castilla y León ha afirmado que mantiene hacia él “todo el respeto y confianza desde el punto de vista personal y profesional” y ha ironizado con la pregunta: “Ya me pierdo entre todos los casos (judiciales)”, ha comentado.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, José Alberto Díaz Pico (Vox), ha resumido en una frase su declaración de intenciones en el departamento que dirige para la legislatura recién estrenada (2026-2020): “Venimos a fijar un rumbo”, ha manifestado durante su comparecencia este lunes por la tarde en el parlamento autonómico.

“Venimos a explicar qué lugar queremos que ocupen la cultura, el patrimonio, el turismo y el deporte en el proyecto colectivo de Castilla y León, sobre todo qué lugar queremos que ocupe Castilla y León en España, en Europa y en el mundo”, ha afirmado al comienzo de su intervención. Díaz Pico ha añadido que una comunidad autónoma “no se gobierna únicamente con presupuestos y expedientes”, sino también “con una idea de sí misma, con la conciencia de lo que ha sido” y la voluntad de transmitirlo a las siguientes generaciones.

“Esa es la responsabilidad que asumimos: custodiar una herencia inmensa, convertirla en oportunidad y proyectarla con orgullo, inteligencia y audacia”, ha apostillado.

Sin tutelas ni ideologías

La devolución a los ciudadanos de la cultura, el patrimonio, turismo y deporte, “sin tutelas ni comisarios”, libre de presiones ideológicas, ha fijado como principal declaración de intenciones.

“Queremos abrir una etapa en la que ninguna corrientes ideológica pueda apropiarse de lo que pertenece a todos. Se terminó la cultura entendida como tutela, se terminó de pedir perdón por nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestra identidad”, ha explicitado.

Ante de pormenorizar y de realizar anuncios, el consejero ha fijado su gestión en cinco principios: libertad de creación; mérito y excelencia “como criterio de todo apoyo público”; neutralidad institucional “porque las instituciones son de todos”; orgullo nacional; y “respeto sagrado al dinero público”.

“Venimos a retirar el sectarismo de las instituciones y a devolver la cultura a su dueño legítimo: el ciudadano libre. Venimos a ampliar, no a estrechar; a dar voz, no a imponer silencio; a financiar calidad y servicio público, no obediencia ideológica”, ha proseguido.

Ha recordado en este sentido cómo a su juicio y durante mucho tiempo “una parte de la una parte de la política española ha tratado la cultura como un instrumento para fabricar adhesiones, excluir sensibilidades y convertir la creación en una extensión del debate partidista”.

El PP elige a sus candidatos a las alcaldías de las principales ciudades de Castilla y León. El Partido Popular gobierna (en minoría, en coalición o con mayoría absoluta) en Segovia, Burgos, Valladolid y Salamanca, cuyos alcaldes se mantendrán como candidatos a la reelección: José Mazarías, Cristina Ayala, Jesús Julio Carnero y Carlos García Carbayo. Todos los candidatos serán presentados oficialmente este sábado en Santiago de Compostela en un acto presidido por Alberto Núñez Feijóo.

En Palencia, el Partido Popular ha designado al portavoz del Grupo Municipal, Víctor Torres, con el objetivo de “liderar el cambio” en la ciudad. El Ayuntamiento ahora está dirigido por la socialista Miriam Andrés, que gobierna en minoría. “Ha llegado el momento del cambio y ese cambio empieza hoy”, ha afirmado el dirigente popular a través de redes sociales. Torres fue el concejal de Deportes, Juventud, Educación y Protección Civil entre 2013 y 2023.

El concejal que estudió Ciencias Políticas y Derecho, comenzó su militancia en 2011, con 18 años y fue secretario general de Nuevas Generaciones de Palencia durante dos mandatos. En 2023, el candidato fue Alfonso Polanco -alcalde entre 2011 y 2019-, que dejó la portavocía poco después de tomar posesión para ser senador.

En León también tendrá continuidad municipal y será el portavoz 'popular', David Fernández, quien liderará la candidatura para la capital leonesa. En las elecciones municipales de mayo de 2023, la candidata a la Alcaldía de León por el Partido Popular fue Margarita Torre y David Fernández formó parte de esa misma lista electoral como número dos. Tras la crisis que vivió el grupo municipal al principio del mandato, el partido decidió que él asumiera la portavocía del grupo municipal en el Ayuntamiento.

Nuevas caras en Soria, Zamora y Ávila

Las ciudades que tendrán una nueva cara defendiendo la papeleta del Partido Popular serán Soria, Zamora y Ávila: allí serán senadores y diputados los que liderarán la lista 'popular'.

El senador 'popular' José Manuel Hernando ha oficializado su candidatura del PP a la alcaldía de Soria. Hernando, que ya fue concejal entre 2015 y 2019, aspira a recuperar la Alcaldía de Soria tras 20 años de gobiernos socialistas con Carlos Martínez -ya exalcalde y secretario general del PSOE autonómico-. La dirección nacional se ha impuesto a la provincial, que apostaba por Javier Jiménez Santamaría, senador y concejal en esta legislatura.

En Zamora, la candidata será la diputada nacional Elvira Velasco Morillo, actual portavoz del PP en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, Velasco Morillo, enfermera de profesión, es la actual secretaria general del PP de Zamora, ha sido senadora y diputada entre 2000 y 2011 y desde 2019 hasta la actualidad y ha sido asesora de la exministra de Sanidad Dolors Montserrat.

No repetirá como candidato, por lo tanto, el presidente del PP de Zamora, Jesús María Prada, que está siendo investigado por presunto fraude en las subvenciones a la organizadora de unas carreras de trail. Zamora es la única capital de provincia con un alcalde de IU, Francisco Guarido, que va a dejar paso a su concejal de obras, Pablo Novo, para liderar la candidatura. El PSOE mantiene a su teniente de alcalde como candidato, David Gago.

En Ávila, el Partido Popular ha depositado su confianza en la diputada nacional abulense del PP, Patricia Rodríguez, para arrebatar la Alcaldía de la capital abulense a Por Ávila en las elecciones municipales de 2027. La candidata ha afirmado en un vídeo en redes sociales que no puede sentir “más orgullo y más ilusión por afrontar este importante reto”, en referencia a recuperar para su formación una ciudad gobernada por su partido durante más de tres décadas, hasta 2019.

Patricia Rodríguez, que sucede al frente de la candidatura de los populares a Alicia García, actual portavoz del PP en el Senado, retorna así a la política local, sin abandonar su escaño en la Cámara Baja, a la que llegó en 2023, después de pasar por el Senado.

El consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez (PP), ha prometido para esta legislatura algo que, según él, ya se cumplía hace un año. En su comparecencia para explicar su programa, Vázquez ha garantizado el mantenimiento de la atención presencial en centros de salud, consultorios locales y en el domicilio y el acceso a las consultas del médico de familia en un plazo que no supere las 48 horas. En agosto de 2025, en un desayuno de la Agencia Ical, Vázquez aseguró que la demora media para conseguir cita en Atención Primaria no superaba 1,9 días, si bien reconocía “tensiones” en centros de salud urbanos.

De hecho, en invierno de 2024, en plena epidemia de gripe llegó a asegurar que se estaba citando con menos de 48 horas de mientras la mayoría de centros de salud colapsaron por la demanda y la espera superaba los 15 días. En su exposición este viernes en las Cortes de Castilla y León, Vázquez ha sostenido que para garantizar esa atención presencial incidirán en la capacidad resolutiva de los equipos de atención primaria, mejorando la organización asistencial y dotando a los profesionales de más recursos y herramientas que permitan ofrecer una atención ágil, cercana y de calidad en todo el territorio, informa Efe.

Para mantener un acceso a las consultas de medicina familiar y comunitaria que no supere las 48 horas, el consejero ha basado su estrategia en la organización de las agendas, la optimización de la gestión de la demanda, y el refuerzo los Puntos de Atención Continuada (PAC) y circuitos de urgencias extrahospitalarias. Así, con una cuestión de mera organización “de agenda” ha intentado minimizar la saturación de los centros de salud.

Pero también ha apuntado a una reducción de la atención presencial en favor de la consulta telefónica: “La tecnología nunca sustituirá la atención presencial, cuando esta sea necesaria, pero sí nos permitirá superar muchas de las limitaciones derivadas de la dispersión geográfica y avanzar hacia una sanidad más accesible, más cercana y más equitativa para todos los castellanos y leoneses”, ha afirmado. También ha anunciado una Estrategia de Optimización de las Emergencias Sanitarias de Castilla y León, orientada a reforzar la atención extrahospitalaria, especialmente en las zonas rurales y más alejadas.

Por otro lado, ha anunciado nuevo Plan Integral de Reducción y Mejora de las Listas de Espera y Optimización de la Atención, un problema estructural lastrado por el conflicto médico por el estatuto marco, del que ha culpado a la ministra, y que ha dejado 12.500 operaciones menos en el primer semestre en la comunidad, que podrían ser 25.000 a final de año. El Plan Integral de Reducción y Mejora de las Listas de Espera y Optimización de la Atención, orientado a incrementar la eficiencia de los recursos disponibles, reducir las diferencias existentes entre las distintas áreas de salud y garantizar una respuesta más homogénea, ágil y equitativa para todos los castellanos y leoneses.

Se ha referido al conflicto generado en torno a la reforma del Estatuto Marco promovida por el Ministerio de Sanidad, que ha desembocado en movilizaciones y huelgas de ámbito nacional con un impacto directo sobre la actividad asistencial. “Un conflicto que persiste ante la incapacidad de la única responsable con competencias para resolverlo: la ministra de Sanidad del Gobierno de España” y que “está teniendo un coste inasumible para los pacientes y amenaza con comprometer seriamente la capacidad de respuesta del Sistema Nacional de Salud”, ha explicado.

En concreto, en el caso de Castilla y León durante el primer semestre de este año se han realizado 12.500 intervenciones quirúrgicas programadas menos que en el mismo periodo de los dos años anteriores. “De haberse mantenido el nivel habitual de actividad, más de 11.000 pacientes habrían abandonado la lista de espera quirúrgica”, ha sostenido. “No estamos simplemente ante una interrupción de la tendencia de mejora que veníamos consolidando. Las listas de espera han vuelto a crecer y seguirán haciéndolo mientras el Gobierno de España no afronte con la seriedad y la responsabilidad necesarias una situación de esta magnitud”, ha lamentado.

“Si la huelga se prolonga, estimamos que a final de año habremos dejado de realizar más de 25.000 intervenciones quirúrgicas”,

Vázquez ha explicado que pese a ello, el objetivo es “recuperar los niveles de actividad alcanzados, revertir esta situación y situar de nuevo a Castilla y León entre las comunidades con mejores resultados en accesibilidad y tiempos de espera del Sistema Nacional de Salud”.

La Junta de Castilla y León va a estudiar la posible autorización de silenciadores o moderadores de sonido en determinadas modalidades, circunstancias y actuaciones de control poblacional, una reivindicación del sector cinegéntico. En España actualmente está prohibida la compra y venta de silenciadores para los civiles, aunque estos tengan una licencia de armas. El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha garantizado que se regulará “el libre uso” de visores nocturnos acoplables en la caza cuando se autorice el control poblacional por daños agrícolas y ganaderos.

Así lo ha anunciado durante su comparecencia de inicio de legislatura este jueves, en la que ha prometido una gestión “libre de ataduras ideológicas” y en la que tanto consejero como el portavoz socialista han coincidido en llamarse personas “normales”. “El medio natural debe estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de las abstracciones ideológicas limitantes”, ha manifestado Joaquín Antonio Pino, que ha presidido Asaja Ávila desde 2008 y ha sido el vicepresidente autonómico entre 2021 y 2025.

El titular del área, elegido por Vox, ha cargado contra la Agenda 2030 y el acuerdo con Mercosur y se ha negado a que el medio rural sea “sometido a agendas globales distantes y perjudiciales”. También ha retratado a los agricultores y ganaderos como los “legítimos custodios” del ecosistema y ha rechazado que se contemple el medio rural como “un simple parque temático inerte, una reserva restrictiva o un museo del pasado”.

“Tenemos las competencias importantes de Medio Ambiente”

Joaquín Antonio Pino ha apostado también por desarrollar una plataforma de precintos digitales para la caza mayor cuyo uso será “voluntario y sencillo” en lugar de obligatorio. Joaquín Antonio Pino también se ha comprometido a aprovechar la reintroducción del lince ibérico para “combatir las poblaciones de conejo de monte” en espacios que sufran daños agrícolas “crónicos”.

Pino ha destacado que su área gestionará directamente “la actividad cinegética, la ordenación de la fauna silvestre, la biodiversidad y el patrimonio natural”, aunque en realidad el patrimonio natural dependerá de Medio Ambiente, consejería del Partido Popular. “Hemos asumido prácticamente todas las competencias importantes de Medio Ambiente”, ha señalado al final de la comparecencia, que espera que también se les transfieran recursos humanos, económicos y presupuestarios en consonancia.

El PSOE ofrece un Pacto Rural

El portavoz socialista, Mario Rivas, ha ofrecido al consejero trabajar en un Pacto Rural para modernizar el sector agrario, la digitalización y el relevo generacional. El socialista también ha pedido al Ejecutivo autonómico que ejecute los fondos del Plan de Recuperación en materia agraria, puesto que tiene una ejecución del 23%, una cifra que ha desmentido el consejero.

El socialista también ha reclamado una agricultura “rentable” y ha recordado que hay “problemas estructurales”. “La ganadería necesita menos discursos ideológicos y más gestión”, ha reclamado Rivas, que ha preguntado al consejero de Vox si aplicará la 'prioridad nacional' también en el medio rural, teniendo en cuenta la importancia de los migrantes en el medio rural. “En el campo esas ofertas de empleo requieren de profesionales cualificados, y en la mayoría de los casos son esos migrantes, que llegan aportando mucho a nuestro territorio”, ha reiterado Rivas.

“No estamos en contra de la inmigración, pero de una inmigración regulada, como cuando aquí ha habido que emigrar: la gente iba con un contrato de trabajo y sabía que si la mangaba iba de vuelta para casa”, ha replicado Joaquín Antonio Pino.

El consejero ha acusado a la procuradora leonesista, Rosa María Quintanilla, de recurrir al “victimismo” después de ella pusiera el foco en la situación de la Región Leonesa. “Es sensato que reclamemos el impulso de medidas que discriminen en positivo a la Región leonesa”, ha insistido Quintanilla, que ha apostado por soluciones específicas para cada territorio.

Menos impuestos y a favor del silencio positivo

Joaquín Antonio Pino ha anunciado su intención de reducir burocracia y suprimir algunas tasas, como las de la industria alimentaria que gravan la actividad ordinaria, las inspecciones y las autorizaciones de las industrias alimentarias radicadas en Castilla y León. Así, ha garantizado que en la próxima legilsatura se bonificarán los intereses de las líneas de préstamos preferentes avalados por la Junta para la incorporación de los jóvenes en la actividad agraria.

Además, el titular de Agricultura -con competencias en materia ambiental- quiere incorporar el silencio administrativo positivo en algunos procedimientos de evaluación ambiental. “No se trata de rebajar las garantías ambientales ni de sustituir el rigor técnico exigible, sino de reforzar la seguridad jurídica, la previsibilidad y la responsabilidad administrativa. Un proyecto que cumple todos los requisitos legales no puede quedar paralizado indefinidamente por retrasos burocráticos ajenos al promotor”, ha agregado Pino, quien ha apostado por que la Administración no sea “un obstáculo permanente para la inversión, el empleo y el desarrollo económico”.

Joaquín Antonio Pino se ha comprometido a aplicar de forma generalizada la declaración responsable en el campo “siempre que el ordenamiento jurídico lo permita” y evitarán las duplicidades documentales y reducirán la carga burocrática en los procedimientos, convocatorias, bases reguladoras y órdenes. El consejero solo ha dado un ejemplo concreto de estas declaraciones responsables, que se aplicarán a los artesanos alimentarios.

Equipo Veterinario de Emergencias

Pino ha apostado por crear un equipo veterinario de emergencia que pueda desplazarse de manera inmediata “a cualquier punto de la Comunidad” para apoyar a los servicios ordinarios ante brotes, alertas o situaciones complejas. El consejero de Agricultura, veterinario, ha prometido una nueva Orden de Trazabilidad y Registro de Animales Terrestres antes de que termine el año, con lo que se espera “reducir drásticamente las obligaciones burocráticas”. También ha informado de que la Consejería ha declarado 19 focos de la enfermedad de Newcastle, que se ha extendido a una granja de aves de Gomezserracín (Segovia) y que afecta ya a más de 1,4 millones de aves.

Concentración parcelaria y Ley Agraria

El consejero se ha comprometido a declarar 150.000 nuevas hectáreas de Utilidad Pública y a promover las concentraciones parcelarias supramunicipales, lo que permitirá recortar los plazos administrativos con un solo Estudio Técnico Previo, un Plan de Mejoras Territoriales y un Estudio de Impacto Ambiental.

También se han propuesto modificar de manera “profunda” la Ley Agraria para “simplificar radicalmente su tramitación administrativa y eliminar trabas burocráticas”. El Ejecutivo autonómico se ha propuesto sufragar algunos de los costes técnicos, tropográficos y de redacción de protectos de los promotores privados de la concentración parcelaria.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, aspira a ser de nuevo el candidato del PP en las elecciones municipales del 2027, y no espera sorpresas en ese sentido a falta de que el Comité Electoral Nacional, que es el competente, lo designe, aunque ha anticipado que estará el sábado en Santiago de Compostela en el acto con Feijóo y los candidatos a las capitales de provincia.

En declaraciones a los medios este jueves en Valladolid, Carnero ha explicado que aunque aún no tiene esa confirmación oficial de la candidatura, lo que se producirá en las próximas horas, lógicamente, si no fuera a ser así, él no tendría previsto viajar el próximo sábado a Santiago de Compostela, donde el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reunirá con todos los candidatos del PP a las alcaldías de las capitales de provincia de España.

A preguntas de los medios sobre sus ganas para seguir al frente de la alcaldía, donde lleva una legislatura, Carnero ha sostenido que lo primero que tiene son ganas de ser candidato, lo que va a quedar evidenciado en breve cuando se reúna ese Comité Nacional.

“Lo primero que tengo ganas es de ser candidato y lo que tengo más ganas es de ser alcalde de la ciudad, Valladolid, pero para eso tienen que intervenir unos terceros que son los ciudadanos de Valladolid, a los cuales yo en su momento les pediré la continuidad en la confianza para seguir avanzando en este proyecto que me parece importante en nuestra ciudad desarrollo, de bienestar y de progreso en una ciudad emblemática y querida”, ha reflexionado.

“Ahora quedan por cumplimentar los trámites formales necesarios con ese comité electoral nacional tiene que tiene que designar a los candidatos a las capitales de provincia; y una vez que se produzca este hecho la puesta en escena de dicha designación es la que corresponde materializar el sábado en la mañana del sábado en la Ciudad de Santiago de Compostela, a la cual acudiré”, ha concluido.

María González Corral se estrenaba este miércoles como consejera de Medio Ambiente y Energía, tras una legislatura en el área dividida entre Movilidad y Agricultura. La gestión de los incendios ha copado buena parte de la comparecencia celebrada esta tarde en las Cortes de Castilla y León, en la que la consejera ha acusado a la oposición de hacer “populismo y demagogia”, por ejemplo, al recurrir a “frases recortadas” y “sacadas de contexto” del nuevo director general de Prevención y Extinción de Incendios. La Comunidad de Castilla y León revisará el marco normativo autonómico con incidencia directa en los incendios forestales, con el objetivo de reforzar la prevención, facilitar el control temprano de los incendios y disponer de zonas más seguras para las personas.

El Ejecutivo autonómico ha anunciado que revisará el marco normativo de la gestión de incendios forestales para “mejorar los instrumentos de planificación preventiva, la gestión del combustible forestal, las infraestructuras de defensa, la protección de la interfaz urbano-forestal y la regulación de las actividades susceptibles de generar riesgo”.

El año pasado, Mañueco quiso aprobar un decreto de ordenación forestal y otro que pretendía incrementar la participación pública, que tumbó la oposición en bloque porque no habían sido negociadas con los sindicatos. Aun así la Junta se comprometió a ir reduciendo el número de empresas contratadas a medida que se extinguieran los contratos, y a integrar a los trabajadores a empresas públicas como Tragsa o Somacyl. Sin embargo, en abril adjudicó y licitó algunos contratos con otras empresas.

González Corral se ha comprometido también a recuperar las masas arboladas afectadas por los incendios del año pasado con actuaciones de emergencia para proteger suelos y captaciones de agua.

El procurador socialista Miguel Ángel Luengo ha alertado de “déficits estructurales” y ha reivindicado una política “transversal” que incluya en el debate la vertebración y ordenación del territorio, la agricultura, la gestión forestal, el turismo, etc.. “Castilla y León necesita una política forestal moderna, prevención todo el año y entender que no es un gasto, sino una inversión”, ha exigido durante el receso de la comparecencia.

Luengo ha insistido en que el modelo “debe priorizar la prevención” e integrar al operativo anti incendios como 100% público, con más estabilización, la categoría adecuada y una dirección plenamente coordinada, entre otros.

La “dejadez y apatía” del anterior consejero

La titular de Medio Ambiente ha destacado que el operativo Infocal “destina los recursos donde se necesitan”, independientemente de la provincia cuando los miembros de la oposición han preguntado por los helicópteros prometidos a cada provincia. Ceña ha protestado por la “debilidad” del operativo anti incendios, mientras que Luengo se ha preguntado si González Corral será “consecuente y coherente o seguirá la estela de dejadez y apatía” del exconsejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ahora responsable de Industria, Universidades y Empleo, especialmente criticado por su gestión de los incendios.

El procurador de Soria ¡YA!, Ángel Ceña, ha lamentado las “pocas soluciones” que ha aportado González Corral en cualquiera de sus tres carteras y ha afeado que su comparecencia haya incluido “muchas generalidades y pocas concreciones”.

Plan Forestal

González Corral ha comprometido un nuevo Plan Forestal Integral que favorezca unos “montes mejor cuidados y preparados frente a los retos del futuro” y que permita “conservar los ecosistemas y crear riqueza natural, social y económica”. Además, la consejera se ha comprometido a que todos los montes gestionados por el Ejecutivo autonómico tengan su propio plan de gestión.

El portavoz socialista ha rechazado el “modelo de colonizadores y colonizados” de la Junta de Castilla y León, cuyas iniciativas han estado marcadas por “el fracaso absoluto y unas inercias que han demostrado sus limitaciones”.

La consejera de Medio Ambiente y Energía también ha avanzado que exigirá al Gobierno de España que apruebe la planificación eléctrica 2025-2030 y que refuerce la red de transporte y que los proyectos de interés regional puedan ser reconocidos como 'proyectos estratégicos de inversión' para acelerar la electrificación industrial y reforzar la autonomía estratégica.

Ley de Vías Pecuarias

La Junta de Castilla y León tiene previsto impulsar una Ley de Vías Pecuarias para “ordenar los usos ganaderos, ambientales, recreativos y preventivos de las vías pecuarias, la conectividad ecológica y la infraestructura verde”. Cabe señalar que la pesca es competencia de la Consejería de Agricultura, en manos de Vox, algo que ha afeado Miguel Ángel Luengo.

La consejera también ha anunciado su intención de aprobar un Plan Integral de Residuos, una Estrategia de Economía Circular “para impulsar la transición hacia un modelo de producción y consumo responsable” y una Estrategia Autonómica de Eficiencia Energética para reducir los umbrales de energía y emisiones.

Durante su exposición, González Corral ha incluido como objetivo mejorar la industria forestal y potenciar la construcción en madera a través de la Fundación Cesefor.

El sindicato CCOO de Castilla y León ha reclamado a la Junta que concrete su compromiso con el Diálogo Social tras la comparecencia en las Cortes del consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, al considerar que es necesario aclarar cómo se dará continuidad a los trece acuerdos actualmente vigentes.

La secretaria general del sindicato en la Comunidad, Ana Fernández de los Muros, ha valorado en una nota de prensa como los principales anuncios del consejero el respaldo al Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla), la continuidad del Diálogo Social y la elaboración de un estudio sobre el absentismo laboral.

Respecto al Serla, Fernández ha reclamado una financiación propia para este organismo y ha recordado que durante la anterior legislatura, con el Gobierno de coalición PP-Vox, “estuvo en peligro de cierre” al no figurar inicialmente en los presupuestos autonómicos.

Sobre el Diálogo Social, la dirigente sindical ha considerado positivo que el consejero apueste por mantener este instrumento, aunque ha pedido una reunión para concretar “los criterios de continuidad y las nuevas rúbricas” que plantea el Ejecutivo autonómico.

En relación con el anuncio de un estudio sobre el absentismo laboral, CCOO ha rechazado que se utilice ese término para referirse a las bajas médicas y ha sostenido que “hay que dejar de hablar de absentismo para referirse a las bajas laborales”.

Fernández ha defendido que no es necesario elaborar un informe para conocer las causas del aumento de las incapacidades temporales y ha atribuido su duración al “colapso de la sanidad pública” en Castilla y León y a la sobrecarga derivada de las horas extraordinarias no remuneradas.

La secretaria general de CCOO también ha advertido de que la anunciada bajada de impuestos por parte de la Junta puede dificultar la financiación de la futura reforma de la ley de discapacidad y del sistema de dependencia, al recordar que las comunidades autónomas deberán asumir el 50% del coste junto al Estado.

En este sentido, ha defendido que los fondos estatales sirvan también para mejorar las ratios, los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores del sector.

El procurador de Vox, Carlos Menéndez, ha reprochado al consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que en su comparecencia haya un “escaso reflejo” de los compromisos adquiridos en el pacto de gobierno, y en concreto a uno que debe tener cierta inmediatez para reflejarlo en los presupuestos de 2027: la reducción de las subvenciones a los sindicatos en un 50%. Vuelve así uno de los caballos de batalla de Vox que ya crearon problemas en la anterior legislatura, cuando se rompió el diálogo social, se retiraron subvenciones nominativas y se insultó reiteradamente a las organizaciones sindicales por parte de Vox sin que el PP pusiese pie en pared.

Suárez Quiñones, por su parte se ha excusado en que su nueva consejería tiene cinco ámbitos de actuación y en que es difícil hablar de todo. Así, ha dicho del Diálogo Social que se desarrollará en los “parámetros pactados” con la extrema derecha y que se cumplirá de forma “rigurosa” con el acuerdo.

“Procuraremos ejecutar todos los compromisos y si no, demanden lo que sea”, ha pedido. El consejero ha sostenido que el Diálogo Social ha movilizado más de 2.000 millones de euros en favor de los derechos de los trabajadores, aunque ha precisado que debe mantenerse “dentro de su utilidad pública y nada más”. Además, ha avanzado que desde mañana jueves iniciará una ronda de contactos con las organizaciones sindicales, informa EFE.

Absentismo

Lo que no ha olvidado Suárez Quiñones es el “absentismo laboral” al que se refirió el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo la semana pasada. El consejero se ha referido a un estudio de la situación mientras que la procuradora de UPL, María Rosa Quintanilla le ha indicado que antes compruebe lo que está ocurriendo en la sanidad pública y las listas de espera. En el mismo sentido se ha pronunciado el procurador socialista Iván Zazo, que le ha recordado que no se puede criminalizar a los trabajadores de baja y que esta la otorga un médico.

Tanto la procuradora de UPL como el del PSOE han cuestionado que Suárez Quiñones siga siendo consejero a pesar de su criticada gestión de los incendios cuando era consejero de Medio Ambiente.

El consejero de Economía de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha prometido seguir bajando impuestos a las familias, con especial atención al medio rural: 'impuestos cero' para la primera vivienda habitual, explotaciones agrarias prioritarias y comercios, así como para las fincas rústicas. “Reduciremos el primer tramo del IRPF a todos los contribuyentes, un 0,25% al año, para terminar la legislatura con una reducción del IRPF del 1%”, ha afirmado.

También se ofrecerán incentivos fiscales para el acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes (deducción de hasta 1.500 euros al año para la primera vivienda) y para el alquiler, así como la congelación de tasas y una Ley de asistencia al contribuyente.

Financiación autonómica

También ha reprochado el planteamiento del Gobierno de España para la financiación autonómica y ha instado a negociarla “entre todos” y “desde cero”. “El Gobierno de España ha demostrado que tiene mucha prisa en satisfacer los intereses de sus socios separatistas, pero poco interés en atender las necesidades del conjunto de los españoles”, ha protestado el consejero y portavoz del Ejecutivo.

Fernández Carriedo ha pedido que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del 29 de julio y ha pedido a la cámara un acuerdo unánime para presentar la propuesta en la próxima cita y poder “defender los intereses de Castilla y León” como se hizo en 2022. El procurador de Vox y vicepresidente primero de las Cortes, Carlos Menéndez, ha defendido que el modelo de financiación planteado “responde al pago de peajes políticos de Esquerra”. “Por eso lo repudiamos”, ha manifestado.

“Brechas” en la economía

La portavoz socialista en la Comisión, María Isabel Fernández, ha lamentado que en Castilla y León la economía crezca por debajo de la media española y ha criticado que la comunidad haya perdido puestos de trabajo en Industria y perdido 4.000 autónomos. “Creemos que los ciudadanos merecen un diagnóstico honesto y no un triunfalismo permanente”, ha manifestado la procuradora.

Fernández ha criticado que el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco (PP), esté “desaparecido desde hace más de cien días” y le ha reprochado que haya dejado sin invertir 3.000 millones de euros en la Comunidad.

La procuradora de UPL, Rosa María Quintanilla, ha criticado el “desmantelamiento económico” de las provincias de la llamada Región Leonesa, que, en su opinión, “se está desangrando de norte a sur” y ha exigido una “reparación histórica” a estos territorios. “Exigimos un plan exclusivo para León, Zamora y Salamanca y una discriminación fiscal positiva”, ha reclamado.

Los dos partidos del gobierno de coalición PP-Vox en Castilla y León van agotando los peleados puestos de asesores tanto en el Parlamento como en la Junta de Castilla y León. El último en colocarse ha sido el exprocurador leonés Miguel Suarez Arca, flamante asesor de la Vicepresidencia Primera, a cargo de Carlos Menéndez, de la Mesa de las Cortes.

Suárez Arca perdió su escaño tras las pasadas elecciones. Con el ahora vicepresidente primero, Carlos Pollán como número uno y con Laura Dorreis Alonso como número 2, por la obligada lista cremallera desde 2023, Suárez Arca se vio relegado al puesto tercero de la lista. Los resultados fueron buenos para Vox el pasado 15 de marzo, pero no tanto como para sacar un tercer procurador en León.

En las filas de Vox reconocen que Suárez Arca no se resignaba a quedarse fuera de la política y que ya en la noche electoral, tras conocer los resultados, empezó a hacer llamadas para asegurarse un puesto. En los últimos meses, el exprocurador no ha dejado de acudir a las Cortes para estudiar posibilidades, desde un hueco como senador autonómico, como se pactó en Extremadura, a una dimisión de Dorreis.

Aunque nació en Mieres (Asturias) reside en Ponferrada (León). Graduado en Dirección Hotelera y Turística, con especialidad en Dirección de Cocina por la Escuela de Hotelería y Turismo de Sant Pol de Mar, adscrita a la Universitat de Girona, ha trabajado como cocinero en varios hoteles y restaurantes. Ha sido alumno del think tank de Vox, el ISSEP. Es coordinador de Vox de la zona electoral de Ponferrada.

Por segunda vez, la Junta de Castilla y León intentará poner en marcha una Ley de Concordia que derogue el decreto de Memoria Histórica. El consejero de Presidencia de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, cree que podrá estar lista en el primer año de esta legislatura. Se trata de una exigencia de Vox al PP. En la legislatura pasada, los de Abascal vieron como Mañueco esquivaba todos los compromisos del pacto. La Ley de Concordia se presentó y se empezó a tramitar, pero quedó en nada cuando Vox salió del gobierno. El de ahora será el segundo intento de legislar hiriendo sensibilidades. En el texto normativo que se quedó en intención, se llegaba a equiparar a las víctimas de la república con las de la dictadura. Lo mismo que pasará ahora.

“Hemos acordado los dos grupos parlamentarios que sustentan a este Gobierno aprobar en este primer año de legislatura una Ley de Concordia, que supere y actualice el marco normativo vigente, y garantice el reconocimiento a todas las víctimas de la violencia social, política, o de la persecución ideológica, religiosa o de cualquier índole acaecidas en Castilla y León”, ha expuesto Gago cuando comparecía este martes para explicar el programa de su consejería, informa EFE.

“Protegeremos los derechos de las víctimas del terrorismo a través del Comisionado para las Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, apoyando a las víctimas, a sus familias, así como a las asociaciones y a las fundaciones cuyo objeto sea la defensa de estas víctimas en nuestra Comunidad”, ha concretado.

En los próximos meses, se iniciarán los trámites necesarios para desarrollar reglamentariamente la Ley de 26 de septiembre de 2017 de Atención a las Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, con el objetivo de consolidar un marco normativo estable y eficaz que garantice su plena aplicación en todos los ámbitos institucionales, ha especificado.

También ha adelantado que se aprobará un Plan de medidas de apoyo y protección a las víctimas del terrorismo, cuatrienal y de carácter transversal a todas las políticas públicas de las diferentes Consejerías de la Administración Autonómica, donde se contemplen las acciones concretas que se abordarán y desarrollarán en ese periodo.

El consejero ha mencionado la celebración del Día de la Comunidad, el 23 de abril, y ha sostenido que se continuarán convocando resolviendo y entregando, los Premios de Castilla y León.

Continuará el apoyo desde la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León, tanto económicamente como con la infraestructura y medios que se precisa, la celebración del Día de la Comunidad en la fiesta en Villalar de los Comuneros, ha señalado.

También se seguirá extendiendo la celebración, mediante la organización de conciertos y carreras y marchas familiares, en los municipios más importantes de la Comunidad, ha dicho.

Desde la misma Fundación se seguirán organizando actividades que conmemoran el 800 Aniversario de la unión de los Reinos de León y de Castilla, acontecida en 1230 bajo el reinado de Fernando III, y que culminarán en el año 2030.

Se pondrá en marcha una muestra itinerante que recorra los municipios de Castilla y León poniendo de relieve la figura de la reina Doña Berenguela, madre de Fernando III, y se impulsará un proyecto de investigación sobre la itinerancia regia del rey Fernando III el Santo.

La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha apelado a elaborar una Ley de lucha contra la violencia machista “desde el consenso y no desde la imposición”: “Tiene que ser una ley de consenso que proteja a las mujeres, no que surja de la imposición o que genere el enfrentamiento”, ha manifestado la vicepresidenta segunda en la comparecencia celebrada este lunes para exponer sus principales líneas de trabajo en la próxima legislatura, marcada por el acuerdo PP-Vox.

Isabel Blanco ha considerado adecuado aplazar la aprobación de un autonómica para esperar a que las Cortes Generales aprueben la transposición de la última directiva europea al respecto, puesto que incluye “modificaciones importantes” como la definición de una mujer víctima de violencia de género, las formas de violencia y la difusión de imágenes y vídeos de carácter íntimo.

La viceportavoz socialistas en las Cortes de Castilla y León, Patricia Gómez Urbán, ha afeado que Fernández Mañueco haya “despojado” las competencias a la Vicepresidencia al haber “troceado las competencias” y asignado “funciones”, pero no haberle otorgado una Consejería propia. “Es una vicepresidenta sin competencias”, ha criticado la socialista. Gómez Urbán ha considerado que la vivienda, los servicios públicos esenciales la política de Mujer y violencia de género sin algunas de las “prioridades” de los castellanos y leoneses que “dan igual” al presidente autonómico, que “se ha comido la prioridad nacional racista de Vox”. Esta decisión, para la vicepresidenta segunda, supone “elevar el rango de políticas y darle un carácter transversal” que no tendrían si estuvieran estructuradas en una consejería.

Blanco ha calificado la igualdad de oportunidades como un “principio irrenunciable” del gobierno autonómico y ha garantizado que se apoyará la contratación de mujeres jóvenes y de mayores de 50 años cuyas trayectorias profesionales se pudieran haber visto interrumpidas por los cuidados, además de a las víctimas de “violencia machista”.

La socialista Gómez Urbán ha recordado a la vicepresidenta segunda que esta norma no había sido negociada con las organizaciones feministas. Mañueco retiró la norma a finales de 2025 pocas horas antes de votarse porque preveía que el PSOE fuera a rechazarlo a pesar de que los socialistas pensaban que se podría aprobar alguna de sus enmiendas. Ya en esta legislatura, el Grupo Socialista ha vuelto a presentar su propuesta, pactada con asociaciones y sindicatos.

La procuradora de la Unión del Pueblo Leonés, Rosa María Quintanilla, ha preguntado a Isabel Blanco por cuándo tiene previsto la Junta volver a presentar un proyecto, puesto que la Ley de 2010 está “obsoleta” y hasta ahora “se han rechazado los puentes” que han intentado tender.

La prioridad nacional y el arraigo

A pesar de que la consejera no se ha referido a la “prioridad nacional”, el nuevo concepto que Vox quiere introducir en los gobiernos autonómicos, el portavoz adjunto segundo de Vox, José Antonio Palomo, ha querido debatir sobre esta cuestión. “No hablamos de establecer diferencias, sino de reconocer el esfuerzo de quienes llevan años viviendo en nuestra tierra y tienen un vínculo real, verdadero y verificable”, ha afirmado Palomo, que quiere “premiar el arraigo y compromiso” de quienes han hecho “su hogar” de Castilla y León.

Este nuevo requisito, ha señalado el procurador de Vox, favorecerá el retorno de “miles de castellanos y leoneses” que se marcharon “por falta de oportunidades”. En otro momento de su intervención, Palomo ha defendido “que ninguna persona vea limitado su futuro por dónde ha nacido o ha decidido vivir”.

Isabel Blanco sí que ha defendido -ya en su último turno de palabra- “vincular las ayudas al arraigo real y efectivo” y ampliar el número de líneas de apoyo en las que se pide un empadronamiento de un mínimo de años en algunas líneas como las ayudas al alquiler. Ante la demanda de que un ciudadano lleve diez años viviendo en Castilla y León y en España, Gómez Urbán ha ironizado con que el senador 'popular' por designación Javier Maroto, solo lleve siete años residiendo en la Comunidad, después de que se empadronara poco antes de ser elegido por las Cortes.

Patricia Gómez Urbán ha criticado que la Junta envíe un mensaje “contradictorio” sobre la financiación autonómica, al pedir más fondos pero a la vez haber suprimido a efectos prácticos el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. “Mandan el mensaje de que van sobrados de impuestos”, ha afirmado la socialista.

5.000 nuevas viviendas protegidas

La Junta de Castilla y León se ha comprometido a impulsar la construcción de un mínimo de 5.000 viviendas protegidas en toda la legislatura: está prevista la construcción de 1.180 viviendas; 126 viviendas nuevas y otras 808 en Fuensaldaña, Villamuriel de Cerrato y Valladolid; 845 para alquiler; 1.141 viviendas unifamiliares para venta (con foco en los jóvenes), la rehabilitación de 264 viviendas a través del programa Rehabitare, entre otras medidas.

La Vicepresidencia Segunda se ha propuesto también extender el programa Rehabitare en el ámbito privado para incentivar al propietario de una vivienda vacía y que reciba apoyo económico público en su rehabilitación a cambio de que ponga la vivienda en el mercado con un alquiler social.

Sin embargo, Blanco ha reprochado que el Plan Estatal de Vivienda llegue “tarde” y haya sido aprobado “sin consenso suficiente”, a pesar de lo cual ha garantizado que Castilla y León hará su parte. “Su financiación es claramente insuficiente para reales en materia de vivienda. Sin una financiación adecuada será imposible dar una respuesta eficaz al acceso a la vivienda”, ha defendido en su intervención.

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán (Vox), ha presentado este lunes el programa de su consejería y ha arrancado con la política xenófoba de Vox contra los migrantes, su intención es repatriar y retornar a los menores no acompañados, por lo que se dará “prioridad” en la cooperación internacional a aquellos países que colaboren con Castilla y León.

Pollán ha revelado además que la Junta ya ha “abierto” 26 procedimientos de verificación de edad y ha defendido extender este trámite a todos los menores extranjeros tutelados, en la Comunidad, 190, para evitar “fraudes y colapso de los servicios”. Así, el gobierno autonómico, que no tiene competencias en extranjería y por lo tanto no puede decidir esa verificación, se ha dirigido a la Fiscalía para que lo haga. La tentativa, sin embargo, puede que no pase de ahí. Ya hay un precedente en Zaragoza, con gobierno PP-Vox, y donde el fiscal de menores se ha negado a verificar la edad de los menores a petición del gobierno aragonés, según advierten fuentes de la Fiscalía. “Es el fiscal de menores el que determina la edad y el que puede ordenar hacer pruebas, no un gobierno autonómico”, insisten. “Una vez determinada la minoría y sólo si aparecen nuevas pruebas concluyentes como documentación, por ejemplo, se puede revisar el primer decreto que determinó la minoría”, explican.

Pollán sobre los menores: “No entiendo cuál es el problema de que sepamos la edad de esa gente”

Muchos de los menores que llegan a España vienen con la edad determinada por documentación, pero en el caso de que no lo esté y siempre que existan dudas, ya que en algunos casos la minoría de edad es evidente físicamente, se hace la prueba pero “solo si es el único medio posible”. En Castilla y León hasta hace poco, se hacían pocas verificaciones, ahora han subido algo por el reparto que se hace para evitar que otras CCAA asuman la mayoría de la migración, pero el fiscal de menores actúa “siempre en interés del menor” y “se trata de inmiscuirse lo mínimo posible en su privacidad”.

Aunque la oposición ha afeado a Pollán su intención de que se verifique a todos los menores, no ha rebajado el discurso. “No entiendo cuál es el problema de que sepamos la edad de esa gente”, ha llegado a decir. “Tienen entre 14 y 17 años, no son niños y niñas sino adolescentes”, ha insistido mientras se refería a los menores como “menas” y “esa gente”. Además ha intentado disfrazar con cifras la necesidad de hacer las pruebas de edad porque “en Aragón casi el 80% de las pruebas que se han hecho han determiado que no eran menores”. Carlos Pollán ha olvidado precisar que esas pruebas no se han hecho a todos los menores sino a aquellos sobre los que había una duda razonable.

En cualquier caso, ha avanzado que la Junta de Castilla y León “rechazará de forma expresa la política de inmigración del Gobierno de Sánchez y se opondrá por todos los medios legales, políticos y jurídicos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”. Así, ha afirmado que no participará “en ningún caso en reformas normativas ni acuerdos presupuestarios destinados a facilitar, financiar o consolidar su entrada, acogida o permanencia en Castilla y León”.

“A menos de un mes de la formación del nuevo Ejecutivo, ya estamos cumpliendo con la palabra dada de oponernos frontalmente a la política de inmigración del Gobierno de Sánchez”, ha presumido. Ha recordado que el pasado 1 de julio el Gobierno central convocó una reunión de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia y que él “como vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales” se negó a asistir. Lo mismo hicieron sus homólogos en Extremadura y Aragón. “Fue nuestra manera de denunciar la nueva imposición de Sánchez en materia de reparto de menores extranjeros no acompañados”, ha comentado. Entre los asuntos incluidos en el orden del día de la reunión, figuraba la propuesta de distribución territorial de 35 millones de euros para la atención de menores extranjeros no acompañados durante 2026.

No queda ahí. La Junta de Castilla y León va a recurrir el Real Decreto 556/2026 de 30 de junio por el que se aprueba la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas y que asigna a Castilla y León una capacidad de 833 menores. “Una vez más, Sánchez actúa de forma unilateral, sin el acuerdo unánime de todas las comunidades, sin respetar las competencias que corresponden a cada una en materia de protección de menores y disfrazando de humanitarismo lo que no es más que puro cálculo político”, ha dicho. Para Pollán, el incremento que se ha asignado a Castilla y León “carece de una justificación objetiva” porque la población ha crecido un 0,72 % entre agosto de 2025 y mayo de 2026, pero el número de menores asignados aumenta un 6,38 %, pasando de 783 a 833. Para Pollán existe desproporción en los criterios aplicados.

Respecto al pacto de gobierno que firmaron PP y Vox en Castilla y León el pasado 3 de junio, ha insistido en que se trabajará “por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen”. La fórmula pasa por promover acuerdos con los países de origen, que faciliten y agilicen las repatriaciones y retornos efectivos de los menores con sus padres. Según el consejero, les ampara el artículo 35.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Suprimir subvenciones a oenegés y no aumentar plazas de acogida

También pasa ese objetivo de retornar a menores por suprimir “todas las subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con oenegés u otras entidades que participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal, o que actúen como cooperadores necesarios de las mafias de tráfico de personas”. Según él, subvencionar oenegés es “fomentar el efecto llamada”. Y para controlar las subvenciones, Pollán ha anunciado una “auditoría anual de todos los gastos vinculados a inmigración ilegal” para “reducirlos al mínimo imprescindible para el cumplimiento del marco legal vigente”.

Durante la legislatura, ha avanzado, la Junta no habilitará nuevos centros de acogida de “inmigrantes ilegales” ni se ampliarán plazas en los existentes. “Reforzaremos los protocolos de intervención y disciplina en los centros de menores, así como de la seguridad de los trabajadores”, ha manifestado en un evidente intento de criminalizar a los menores extranjeros. “Exigiremos al Gobierno de España la adaptación, de forma inmediata, del nuevo Reglamento Europeo de Retornos aprobado por el Parlamento Europeo en marzo de este año, orientado a endurecer la política migratoria”, ha añadido.

El secretario general del PSOE CyL y portavoz socialista en las Cortes de Castilla y León, Carlos Martínez, ha afirmado este viernes que quiere trasladar a su comunidad autónoma el que ha definido como “método Illa”, que consiste en la “estabilidad, el diálogo y el consenso”.

Así lo ha afirmado en declaraciones a los periodistas en la plaza de Sant Jaume de Barcelona, tras reunirse en el Palau de la Generalitat con el presidente catalán, Salvador Illa.

Martínez ha destacado la búsqueda de “puntos de encuentro” y la “proximidad” con el territorio como principios que rigen la acción política de Illa y que él también quiere aplicar en Castilla y León.

Una política alejada de los problemas de la “política ficción” que atribuye al gobierno autonómico de PP y Vox, como es el caso de la inmigración en Castilla y León.

En contraposición, apuesta por centrarse en cuestiones que sí deben resolverse, como es la “despoblación”.

Partidario de afrontar el debate de la financiación

Martínez ha defendido hablar “sin ningún tipo de pudor” sobre el “conflicto de intereses” que tienen las diferentes autonomías a la hora de defender el modelo de financiación que más les convenga.

Cada una, incluidas Cataluña y Castilla y León, deben poder “defender sus intereses” y plantear sus “prioridades”, entendiendo que la “propuesta de base” del Ministerio de Hacienda -pactada con la Generalitat catalana y ERC- debe suponer el inicio de una “negociación”.

Martínez ha sostenido que esta nueva financiación debe contar con tres líneas de actuación “muy claras” para ser beneficiosa para su comunidad: tener un fondo de cohesión para “corregir” los desequilibrios territoriales; contar con un “fondo climático” dadas las consecuencias del aumento de las temperaturas; y fijar un suelo mínimo de impuestos, de forma que no se pueda producir “dumping fiscal” entre autonomías

El Ayuntamiento de Valladolid mantiene, por segundo día consecutivo, la restricción de tráfico en la zona de bajas emisiones (ZBE) por las altas concentraciones de ozono debido a la contaminación pero ha permitido una procesión de taxis para celebrar el día de San Cristóbal, patrón de los conductores.

Desde el jueves, no se puede acceder con vehículos a la ZBE salvo en los casos excepcionales previstos en la Ordenanza (residentes autorizados, transporte público, taxis, servicios esenciales, acceso a garajes, mudanzas, entre otros).Los únicos vehículos que se salvan de las restricciones son los que tienen distintivo ECO y 0 Emisiones.

Sin embargo, taxis que no estaban prestando servicio, han entrado en la zona de bajas emisiones para recorrer la calle Santiago y acabar en la Plaza Mayor, acompañados por el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero y los concejales de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero y de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca.