El Ayuntamiento de Segovia ha asegurado en un comunicado que informó al organismo asesor de UNESCO, Icomos, antes de asfaltar el adoquinado histórico en una actuación “urgente”. Se les informó de que se trataba de una actuación “puntual y reversible” y que sería una medida “temporal” durante “el tiempo imprescindible que duren las obras” del teatro Cervantes y de un edificio de la calle del Taray.

“Una vez finalizadas [las obras], se procederá a la retirada del asfaltado provisional y a la restauración íntegra de la vía con sus adoquines originales, restituyendo su configuración y materiales tradicionales”, garantizó el equipo municipal a Icomos el 2 de marzo. Tras el revuelo mediático y político en Segovia, este lunes el Ayuntamiento ha enviado un comunicado por primera vez desde el 16 de marzo, cuando se informó a los medios de la intervención.

El gobierno de José Mazarías (PP), a través de la empresa OPYSER Urbanización y Obras Pública, realizó esta intervención los días 19 y 20 de marzo, con un presupuesto de 97.258,77 euros. “Las actuaciones consistieron fundamentalmente en la aplicación de pavimento provisional de aglomerado asfáltico, así como la reparación de bordillos y límites de las aceras. Además, se levantaron las tapas de pozos y rejillas de imbornales y se procedió al pintado de la señalización horizontal necesaria”, ha señalado el consistorio. La semana pasada este medio se puso en contacto con el Ayuntamiento para publicar un artículo sobre esta actuación, pero no hubo ninguna respuesta por su parte.

El Ayuntamiento de Segovia ha defendido que la calle San Agustín y aledañas constituyen “el principal acceso” al recinto amurallado y soporta un tráfico “muy intenso” todos los días, incluidos casi todos los autobuses urbanos, el transporte de mercancías, camiones de carga y descarga, así como vehículos pesados vinculados a obras como la rehabilitación del Teatro Cervantes y otras actuaciones privadas en el entorno“.

Actuaciones similares fuera del espacio protegido

El equipo municipal, que gobierna en minoría, ha defendido que otros gobiernos han realizado intervenciones similares en otros puntos de la ciudad y que, por lo tanto, no se trata de “un hecho aislado”. Los dos ejemplos que ofrece son la plaza de Día Sanz y un tramo de la calle Almira, “que llevan años asfaltados y cuya imagen se ha integrado con normalidad en la vida cotidiana, sin menoscabo del valor del entorno monumental”. Tanto la plaza como la calle en cuestión están fuera del recinto amurallado (pese a su proximidad) y se rigen por un tipo de protecció distinta, puesto que se quedan fuera del Plan Especial de Áreas Históricas de Segovia (PEAHIS).

Sin explicaciones previas y de manera urgente tras años en mal estado. El Ayuntamiento de Segovia (PP) ha asfaltado -a través de un decreto y con un aviso de 48 horas- parte del adoquinado histórico a pesar de que esa calle (San Agustín) forma parte del casco urbano a pesar de que el pavimento tradicional está incluido en la protección del Conjunto Histórico-Artístico de la ciudad.

El equipo de gobierno ha justificado que las obras del teatro Cervantes están suponiendo un mayor tráfico de camiones de gran tonelaje, lo que ha deteriorado el adoquinado más de lo previsto. Una vez concluidas las obras del teatro -que se esperan terminar en 2027, después de las elecciones municipales-, el consistorio garantiza que se recuperará el adoquín actual o se repondrá con los “miles que hay en almacenes municipales”. El Grupo Municipal Socialista ya ha anunciado que presentará un recurso de reposición contra el decreto de emergencia para “evitar que estas actuaciones se conviertan en un precedente”.

Sin embargo, estas explicaciones no se han dado directamente a los periodistas, y a la oposición solo se le informó dos días antes de la obra. El departamento de Comunicación municipal no ha atendido a la petición de información de elDiario.es para elaborar este reportaje, aunque sí se puede recoger su opinión en un artículo de opinión remitido a algunos medios locales. En la misiva, el concejal de Urbanismo y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Segovia, Alejandro González-Salamanca, defendió que se trataba de una obligación “provisional y transitoria”. porque había tramos “deteriorados y con riesgo de colapso”.

elDiario.es ha tenido acceso a un informe técnico municipal, que justifica que esta calle soporta “la casi totalidad de los autobuses urbanos, transporte de mercancías” y todo el relacionado con la rehabilitación del teatro Cervantes y otras promociones inmobiliarias del entorno. El adoquín estaba, por lo tanto, “desgastado”, pero “las lluvias, nieve y bajas temperaturas soportadas” en enero y febrero de 2026 habían provocado “el empeoramiento prematuro del estado del pavimento de estas calles, con profundas deformaciones y hundimientos en la calzada” y suponía, por lo tanto, “un grave riesgo para los usuarios y los bienes”.

Este informe defiende que reurbanizar la calle implicaría el corte al tráfico permanente durante al menos doce meses, algo que no considera viable porque es el único acceso a las obras públicas y privadas en marcha. “Se propone la realización de una reparación temporal de emergencia consistente en la aplicación de un pavimento flexible de aglomerado asfáltico que permita dar cohesión al adoquinado existente y restaure la planeidad de los viales”, plantea el expediente, que presupuesta la actuación en 80.379 euros.

Falta de información

Una de las principales críticas que esta decisión ha suscitado ha sido la falta de información que han tenido los órganos vinculados a este Patrimonio de la Humanidad. Según el Ayuntamiento, se informó a Icomos, el órgano asesor de la Unesco, y este le agradeció el gesto. elDiario.es se ha puesto en contacto con dicha institución para recabar su posición, pero aún no ha obtenido respuesta.

El presidente de Amigos del Patrimonio de Segovia, Pedro Montarelo, cuestiona que no se haya dado aviso previo ni se haya estudiado esta intervención con detenimiento, especialmente por la “agresividad” de la misma. “Recuperar el adoquín va a ser prácticamente imposible. Somos Patrimonio de la Humanidad para bien y para mal, y el Ayuntamiento administra el patrimonio, no es su dueño. Hay que tener más imaginación”, apostilla Montarelo.

El alcalde de Segovia, José Mazarías, actualmente preside la Red de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, y presidió una reunión solo un dia después de esta intervención.

La Real Academia de San Quirce muestra su rechazo

La Real Academia de Historia y Arte de San Quirce ha mostrado su “disconformidad” con las formas del Ayuntamiento y con que el Ayuntamiento haya ofrecido las explicaciones una vez ejecutado el asfaltado de la calle. “En actuaciones de este carácter ha sido habitual la consulta o información previa a la Academia, que tiene entre sus funciones la del asesoramiento a las Administraciones Públicas”, defiende la entidad a través de un comunicado.

La institución también ha pedido que, una vez concluyan las obras, se elimine el asfalto y se recupere el adoquinado. “La Real Academia de Historia y Arte de San Quirce confía en que esta actuación no siente un precedente y, en el futuro, las acciones del Ayuntamiento en el Conjunto Histórico se realicen con el mayor consenso posible, a fin de evitar conflictos innecesarios y preservar de manera rigurosa el excepcional patrimonio de la Ciudad”, concluye el comunicado. Amigos del Patrimonio de Segovia también teme que esta actuación sirva de precedente.

La oposición reprueba esta actuación “irreversible”

Varios partidos de la oposición -que en Segovia integran el PSOE, Vox, IU, Podemos (Segovia En Marcha) y Ciudadanos- han solicitado los informes técnicos que justifican la urgencia de la intervención y coinciden en que, aunque fuera necesario y urgente arreglar esa vía, no se había producido de manera imprevista o sorpresiva. “Una emergencia no puede justificarse por la falta de mantenimiento ordinario. Eso no es una emergencia, es la consecuencia directa de la dejadez”, defiende la portavoz socialista, Clara Martín. Vox ha preferido no pronunciarse hasta no haber leído los informes técnicos y conocer el detalle de la actuación, ya ejecutada.

La concejala de Ciudadanos, Noemí Otero, califica la actuación de “absoluta atrocidad” y reprocha que el concejal de Urbanismo dé una explicación tan “peregrina” como comparar una intervención similar en una calle paralela al Acueducto pero que está extramuros y que, por lo tanto, se rige bajo una norma distinta.

“La Administración no puede estar por encima de los ciudadanos, que necesitan una Memoria (MIT) para hacer pequeñas obras y que puede tardar hasta tres años en resolverse , mientras ellos lo realizan tan rápido”, reprocha la edil de Ciudadanos. “Esa situación no era sobrevenida, pero tendrá un impacto desastroso, ahora ese adoquinado es irrecuperable”, protesta desde Segovia En Marcha, Guillermo San Juan, quien considera que esa obra “es un síntoma de cómo se está gestionando la ciudad de unos años para acá, poniendo parches y tirando la pelota para adelante”.

Para el portavoz de IU, Ángel Galindo, esta actuación municipal demuestra “la falta de sensibilidad del Ayuntamiento y del PP hacia el patrimonio histórico”. “Como representantes públicos debemos ser pedagógicos y tener muy presente la responsabilidad de proteger y mantener el patrimonio histórico y tomar decisiones acordes”, mantiene.

La portavoz socialista y exalcaldesa recuerda que su anterior equipo de gobierno realizó una intervención importante en 2018 y redactó un proyecto completo en 2020, con un presupuesto de cerca de 600.000 euros, de los que dos años después se habían ejecutado unos 50.000 euros. “Se decidió no ejecutar la obra completa en ese momento por el inicio de las obras del teatro Cervantes, para evitar deteriorar una actuación recién finalizada con el tránsito de tráfico pesado”, ha explicado.

El grupo socialista ha anunciado que ya ha solicitado el expediente completo de la actuación. “Queremos conocer con detalle cuándo se ordena la obra, qué informes la avalan, quién los firma y si se ha consultado a organismos como Icomos antes o después de su ejecución”, ha explicado Martín. Los socialistas pretenden elaborar un informe que quieren enviar a Icomos, Hispiania Nostra y la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León para que evalúen la intervención.

Fuentes cercanas a la Dirección del Conservatorio de Segovia han remitido un comunicado a elDiario.es en el que insisten en que no hubo acoso laboral porque el procedimiento penal se archivó después de que este medio informara de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León había confirmado la sentencia de mayo de 2025 emitida por el Juzgado de lo Social Segovia en la que condenaba a la Dirección Provincial de Educación y al Conservatorio por no haber tomado las actuaciones necesarias para afrontar el conflicto laboral que había en el centro.

En este escrito que han hecho llegar fuentes cercanas a la Dirección, aseguran que “los afectados a título individual” “podrían interponer demandas por derecho al honor, dado que el titular de elDiario.es vincula sus nombres o cargos a un ”acoso“ que la justicia penal ya ha descartado”. También reprochan que elDiario.es haya decidido mantener el titular 'La Justicia condena a la Junta de Castilla y León y al Conservatorio de Segovia por no proteger a un profesor que denunció acoso laboral' porque en el titular no se menciona el archivo de la denuncia, lo que consideran que ha generado una “asimetría informativa”.

El escrito alude a una sentencia del Tribunal Supremo para defender que un medio “vulnera el honor si publica una noticia sobre una sentencia, denuncia o imputación y no informa posteriormente con claridad del archivo o la absolución, especialmente si tiene conocimiento de ello o si el afectado se lo comunica”. Para ello, ejemplifica con “la sentencia 156/2019” del Tribunal Supremo. Esa numeración coincide con dos sentencias del Supremo, una de lo Social sobre un trabajador que reclamó dinero a una empresa eléctrica y otra de lo Civil sobre las preferentes. elDiario.es explicaba en el artículo informativo que el proceso judicial penal fue sobreseído en julio de 2024. “Mantener contenido referido en el titular de 'acoso laboral' cuando existe un archivo de la Audiencia Provincial, convierte una noticia inicialmente veraz en una información sesgada e inexacta”, zanjan estas fuentes cercanas a la Dirección del Conservatorio.

elDiario.es solicitó a la consejería de Educación de Castilla y León en dos ocasiones una valoración sobre la sentencia, sin haberla recibido hasta la fecha presente. Después de haber publicado su artículo el 29 de enero de 2025, fuentes cercanas a la Dirección del Conservatorio remitieron un documento de seis páginas, incluyendo sus comentarios al respecto de la sentencia.

En el escrito también aseguran que prevalece el honor sobre la libertad de información (alude a la “sentencia 429/2022 en la que el Supremo aclara” que “la libertad de información no ampara la difusión de hechos que el informador sabe (o debería saber por diligencia profesional) que no son hechos probados o han sido desmentidos judicialmente; y si el medio titula con ”acoso“ basándose en una denuncia ya archivada por lo penal, está incurriendo en una negligencia que puede dar lugar a indemnizaciones por daños morales”. Existen tres sentencias de diferentes salas que corresponden con “la sentencia 429/2022” del Tribunal Supremo que no abordan esa cuestión aludida: una sobre el Impuesto de Sucesiones, otra que exime a un banco avalista de devolver los anticipos por la compra de una vivienda no entregada y una de un preso que pedía corregir el cálculo de sus condenas.

El escrito defiende que “la jurisprudencia es tajante” y “los medios deben utilizar un lenguaje que no predetermine la culpabilidad”. “Si el medio afirma que el Conservatorio fue ”condenado por no proteger frente a un profesor que denunció acoso“ sin matizar que la existencia de dicho acoso fue descartada definitivamente penalmente, está creando una falsa apariencia de criminalidad en los gestores”, señala el texto remitido a este medio. El escrito continúa: “Para que un medio se libre de responsabilidad, debe realizar un ”reportaje neutral“. Si elDiario.es solo recoge la versión de hechos relatados por la parte demandante en la sentencia social (que castiga a la Junta por el procedimiento) pero oculta deliberadamente el archivo de la Audiencia (que exculpa a las personas de la conducta de acoso), y aspectos como que según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, los hechos declarados probados en dicho proceso donde ningún miembro del equipo directivo ha sido parte no pueden vincularle ni perjudicarle (principio res inter alios acta), es de justicia exigir que todo ellos se deje claro sin género de dudas, para evita vulneración del honor de los aludidos, razón por la que el artículo publicado pierde la protección del reportaje neutral”.

El texto también critica que elDiario.es haya publicado estados de Whatsapp “sin anonimizar” porque considera que “pertenecen a la esfera íntima”. Los mensajes a los que hace referencia son hechos probados publicados en la sentencia disponible en la página web del Consejo del Poder Judicial. El escrito remitido a elDiario.es insiste en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, “la difusión de conversaciones privadas sin consentimiento del titular (y sin que exista un interés público que prevalezca) es una intromisión ilegítima en la intimidad”. “Si los estados no estaban dirigidos al denunciante o no se ha probado su autoría/contexto (algo que sucede en este caso), el medio está difundiendo material privado sin verificar”.

Esos estados de Whatsapp, enviados en fecha indeterminada, constituyen el hecho probado vigésimocuarto de la sentencia del Juzgado de lo Social de Segovia y están atribuidos al director del Conservatorio de Segovia por la misma sentencia. Fuentes cercanas a la Dirección insisten en que “si el medio presenta los estados de WhatsApp como ”pruebas de acoso“ cuando la Audiencia Provincial ya ha archivado la causa por inexistencia de dicho acoso, el periodista está faltando a la verdad por omisión y sesgo. Publicar nombre completo y apellidos vinculados a un contenido no probado y a un delito (acoso) que la justicia ya ha descartado, es una difamación clara”.

El escrito alude a la Ley de Protección de Datos y considera que “la publicación de nombres y cargos vinculado a supuestas conductas de hostigamiento constituye un tratamiento ilícito de datos de carácter personal, que la jurisprudencia contempla óbice para realizar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que suele imponer sanciones elevadas por la difusión de datos personales que dañan la reputación sin base judicial”.

El Consejo Consultivo ha resuelto un dictamen en relación a la reclamación de responsabilidad patrimonial que interpuso la Federación de Baloncesto contra el Ayuntamiento de Segovia por el impago de 133.100 euros, a los que se había comprometido el equipo 'popular' de José Mazarías, por organizar el Torneo Ciudad de Segovia en julio de 2024, un triangular preolímpico en el que participaron las selecciones femeninas de España, Canadá y Australia. Esa cantidad debe actualizarse a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad. El Ayuntamiento reconoció los hechos a finales de año y se comprometió a ejecutar el pago.

El Consultivo emitió su informe por unanimidad el 29 de diciembre de 2025, en el que consideró que la Federación cumplió con las condiciones del acuerdo al organizar el Torneo Ciudad de Segovia en julio de 2024, por lo que le “asiste razón cuando califica la actuación municipal de negligente”. “La federación organizó el torneo, en la confianza racional y fundada de que el Ayuntamiento atendiera a las contraprestaciones a las que se había comprometido en las negociaciones previas de un contrato privado de patrocinio de publicidad que finalmente no se concluyó por causa no imputable a la FEB. Una vez celebrado el evento deportivo, se inició un segundo expediente de concesión de subvención nominativa cuya tramitación también fue infructuosa”, detalla la institución independiente.

El 1 de diciembre, la Federación de Baloncesto pidió un dictamen preceptivo al Consultivo por los daños y perjuicios ocasionados. El Consultivo califica de “irrelevante” el tipo de contrato elegido para la financiación del torneo, pero sí reitera que el Ayuntamiento acordó un pago posterior y por eso ve una actuación “deficiente” del Ayuntamiento.

Preguntado por elDiario.es, el Ayuntamiento asegura que los técnicos están estudiando el dictamen del Consejo Consultivo, preceptivo en el proceso de reclamación. También garantizan que se hará el pago y subrayan la “excelente relación” con la Federación de Baloncesto. Este medio se ha puesto en contacto con la FEB, pero no ha obtenido respuesta en el momento de publicar la información.

El concejal se mostró “sorprendido”

El alcalde reconoció los hechos en septiembre de 2025, después de que la Federación presentara la reclamación. En julio de 2024, el alcalde incoó un expediente para tramitar un contrato de patrocinio publicitario con la Federación, que se quedó en el aire. El torneo se celebró entre el 22 y 24 de julio de 2024 en el pabellón Pedro Delgado, y la FEB asumió la mayoría de gastos del evento —montaje de parquet FIBA y canastas homologadas, pantallas LED, sonido, iluminación, climatización del pabellón, transporte y alojamiento de los equipos internacionales, así como personal técnico y arbitral—.

En diciembre de ese año, el concejal de Deportes propuso la concesión de una subvención por la celebración del triangular preolímpico de París 2024, pero el pago tampoco llegó a materializarse. El 31 de mayo de 2024, el pleno aprobó una modificación presupuestaria de 135.000 euros, asegurando formalmente los fondos para el torneo, pero aún así, no existió ni contrato ni fiscalización por parte de Intervención. En julio de 2025, la Federación presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Ayuntamiento, porque aseguró que había sufrido un daño “antijurídico” y la Administración había tenido un “correlativo enriquecimiento injusto”.

La Federación consideró que el Ayuntamiento había incumplido “las normas administrativas y procedimentales y los principios de buena fe contractual”, puesto que el Ayuntamiento no formalizó el contrato pese a que había una propuesta de adjudicación.

“Como consecuencia de la urgencia y el retraso o errónea actuación de la Administración Municipal, el servicio se ejecutó puntualmente sin que previamente se suscribiese la oferta de convenio enviada a la FEB. Esta situación ha sido propiciada activamente por la actuación de la propia Administración Municipal, o al menos con su aquiescencia, a su vista, ciencia y paciencia”, manifiesta en su escrito la Federación Española de Baloncesto.

Los informes municipales reconocen el trabajo de la Federación y que no se había llegado a pagar la factura correspondiente (ni como contrato de patrocinio ni como subvención, aunque ambos expedientes se habían iniciado). El concejal de Deportes reconoció en noviembre de 2025 que él y sus técnicos estaban “sorprendidos por la cantidad de cambios de criterio para su tramitación”.

Diversas asociaciones ecologistas, colectivos vecinales y particulares han presentado alegaciones al expediente de concesión de licencia ambiental para la instalación de un espacio abierto destinado a espectáculos al aire libre en la estación invernal de La Pinilla, en el término segoviano de Cerezo de Arriba.

Según han expuesto los firmantes, el nuevo expediente sometido a información pública es, en lo esencial, una reproducción del presentado a finales de 2024, que ya fue objeto de alegaciones y terminó siendo paralizado. A su juicio, las modificaciones introducidas son meramente formales y no alteran los aspectos sustanciales del proyecto ni corrigen las deficiencias detectadas entonces.

Durante el periodo navideño de 2024 se tramitó la licencia de obra y actividad para un espacio abierto destinado a espectáculos al aire libre en una finca de La Pinilla, promovido por la misma empresa. Tras las alegaciones presentadas, el expediente quedó paralizado, si bien, según dicen los colectivos, las obras llegaron a ejecutarse de forma parcial sin contar con las autorizaciones legales necesarias.

Por este motivo, se solicitó la reposición del terreno a su estado original, sin que, según señalan, el Ayuntamiento de Cerezo de Arriba haya adoptado actuación alguna al respecto.

Este año, en fechas similares, se ha iniciado un nuevo trámite de exposición pública de un expediente prácticamente idéntico, con ligeros retoques, con el objetivo de obtener la licencia ambiental para la celebración de macroconciertos en la parcela 1 de la estación invernal. Las alegaciones advierten de importantes lagunas en el resumen-memoria de la licencia ambiental aportado por la empresa promotora.

Entre ellas, destacan que el aforo previsto, de hasta 12.000 personas, resulta incompatible con el emplazamiento y podría incumplir lo establecido en el Real Decreto 2816/1982, que regula aspectos como la densidad de público, las vías de evacuación, las salidas de emergencia y la dotación mínima de servicios higiénicos.

También señalan la ausencia de una planificación adecuada de accesos y aparcamientos, al no definirse claramente zonas destinadas al estacionamiento.

Los aparcamientos existentes en La Pinilla, dos de ellos propiedad de la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda, se consideran insuficientes para absorber la llegada estimada de entre 3.000 y 6.000 vehículos, lo que podría provocar ocupaciones desordenadas de caminos, arcenes y cunetas, con impacto ambiental y problemas de circulación y evacuación.

Asimismo, critican que los riesgos ambientales estén insuficientemente evaluados, al abordarse de forma genérica los impactos de eventos multitudinarios en un entorno natural de alta sensibilidad.

Entre los principales riesgos citan el elevado peligro de incendios forestales, la contaminación acústica severa, con niveles superiores a los 100 decibelios, y la afección a espacios incluidos en la Red Natura 2000 de la Sierra de Ayllón, además de la generación masiva de residuos y las molestias sobre la fauna silvestre y el ganado en régimen extensivo.

Por todo ello, los firmantes consideran que La Pinilla no reúne las condiciones necesarias para la celebración de macroconciertos, ni desde el punto de vista de la seguridad de las personas ni desde la protección del medio natural, y reiteran su solicitud de avanzar en la ampliación de la Red Natura 2000 para incorporar este enclave y sus circos glaciares como medida de conservación.

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha escrito una carta al Nuncio papal en España, Piero Pioppo, para que traslade al Papa, León XIV, la invitación para que visite la ciudad a lo largo de este año, 2026, coincidiendo con la celebración del Año Jubilar de San Juan de la Cruz, cuyo sepulcro está en Segovia.

“En este contexto jubilar, sería para Segovia un honor inmenso y una gracia singular poder acoger la visita de Su Santidad el Papa, cuya presencia constituiría un acontecimiento de extraordinaria relevancia espiritual para los fieles, así como un testimonio de cercanía pastoral y de aliento para toda la comunidad cristiana”, señala el regidor en su carta, según ha informado el Consistorio a través de un comunicado.

El alcalde reconoce la complejidad de la agenda del Papa para incluir en ella esta visita, aunque insiste en la trascendencia de esta visita vinculada a la relevancia de la figura de San Juan de la Cruz, redoblada por la oportunidad de la celebración del Año Jubilar de “una de las figuras más universales del misticismo cristiano” y su huella espiritual, histórica y cultural.

La Alcaldía está, además, trabajando estrechamente con el obispo, Jesús Vidal, como representante de la Diócesis para lograr que esta visita se produzca finalmente. La posibilidad de que León XIV recale en Segovia se enmarca en el viaje a España cuyos detalles se están contemplando en estos días y que tendría lugar en el mes de junio.

La figura de San Juan de la Cruz estuvo ya en el eje de otra visita papal a Segovia, la realizada en noviembre de 1982 por Juan Pablo II, que entonces visitaba por primera vez España.

El Ayuntamiento de Segovia (el PP en minoría, que llega a acuerdos puntuales con Vox) cerrará la Escuela-taller de formación gratuita para colectivos vulnerables tras 40 años en funcionamiento. Ubicado en la antigua Fábrica de Borra, el Centro Municipal de Formación y Empleo CIESS San Lorenzo, lleva décadas formando a desempleados que viven situaciones de precariedad: parados mayores de 55 años y de larga duración, menores de 30 años sin estudios o con estudios secundarios, víctimas de violencia de género, entre otros. Este año, el equipo de gobierno de José Mazarías ha decidido no solicitar las subvenciones que convocan la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España —a través de fondos europeos— porque consideran que es una “competencia impropia” del Ayuntamiento.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Comercio e industria, José Luis Horcajo Llorente, defendió hace unas semanas que no había suficiente demanda para esta Escuela-taller —como se la conoce en Segovia— y atribuyó su mantenimiento a la “nostalgia”. “En su momento tuvieron su sentido, ahora mismo son residuales. Estos pequeños programas, que son buenos, que los hagan entidades privadas y no entidades públicas, porque hacemos competencias impropias”, señaló en el pleno, donde defendió que ahora mismo “cualquiera puede acceder a ciclos formativos”. elDiario.es ha intentado contactar con el concejal, pero el gabinete de prensa ha pedido a esta periodista esperar cuatro días para ser atendida. “Nadie discute que los programas sean válidos, discutimos que los imparta el Ayuntamiento”, aseveró. Si todo continúa como está previsto, la Escuela cerrará en marzo de 2026.

Solo en los programas de formación mixta que subvenciona la Junta de Castilla y León participan más de 130 ayuntamientos, una decena de ONG y fundaciones y varias diputaciones provinciales. La oferta de este tipo de programas oscila entre profesiones tan variadas como ayudantes de cocina, albañiles, auxiliares de enfermería, peones agrícolas o trabajadores de las industrias cárnicas. El año pasado, el Ayuntamiento solicitó los programas de auxiliar sociosanitario en residencias y rehabilitación de viviendas municipales de carácter social, además del programa de orientación para desempleados en otros ámbitos como la costura o la jardinería.

Formación en construcción, sociosanitaria o de arreglos en ropa

La Escuela-taller ha tenido unos 70 alumnos este año. Los profesores del centro reivindican la importancia de su labor. En estos años han ofrecido también formación en comercio, animación sociocultural, energías renovables, capacitación forestal, fontanería, electricista, carpintería, medio ambiente, entre otras. “Nosotros damos otra oportunidad a gente que está desenganchada del sistema laboral: chavales que no han seguido estudiando, personas a las que les faltarían pocos años para poder jubilarse, pero que están en el paro, mujeres que se han separado y se han quedado sin pensión de manutención... Muchos trabajan ahora en ese sector, son autónomos o han seguido estudiando”, resumen los docentes.

Los empleados protestan también porque nadie del Ayuntamiento se haya reunido con ellos para explicarles que no estaban contentos con el funcionamiento del espacio antes de saber que la escuela va a cerrar. “Muchos llevamos más de diez años trabajando y es habitual encontrarte a exalumnos tuyos trabajando en el sector”, relatan.

Además de la “labor social” que consideran que tiene esta escuela, también colaboran en el Ayuntamiento al “incrementar y mejorar el patrimonio de la ciudad”: el programa de construcción ha servido para rehabilitar la Casa Joven, la antigua Cárcel, algunos parques, viviendas sociales... “El 90% del material se compra en Segovia y revierte en la ciudad. Si esa obra la hace una empresa privada no va a tener eso en cuenta”, añade uno de los profesores. Los alumnos de costura han preparado los trajes de la Cabalgada de Reyes, los Gigantes y los Cabezudos, por ejemplo.

A pesar de este trabajo, los docentes consultados por este periódico consideran que el Ayuntamiento no ha promocionado lo suficiente estos programas de formación. Según explican, los potenciales alumnos —que pasan un proceso de selección— tienen que estar apuntados en el Servicio de Empleo (Ecyl) y especificar que quieren acceder a estos programas. “Si se hicieran campaña en los institutos, por ejemplo, vendrían más chicos que quieren empezar a trabajar”, proponen. Dependiendo del nivel de la formación, puede ser para personas que no tengan estudios secundarios, para aquellos que hayan terminado la ESO o incluso el bachillerato. “Esto es algo muy serio.. Somos una institución en Segovia para reinsertar laboralmente a estos colectivos”, reivindican.

La oposición afea la estrategia del PP

Toda la oposición salvo Vox ha cargado contra la estrategia del PP, que no comprenden. La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Clara Martín, considera a la escuela “un símbolo de las políticas activas de empleo”. “Su desaparición será consecuencia directa de la falta de gestión y de compromiso político del señor Mazarías y de su equipo de gobierno”, reprocha Martín, que ataca la estrategia del PP de “privatizar las políticas públicas”.

Varios concejales como Noemí Otero (Ciudadanos) y Ángel Galindo (IU), reclamaron hace unas semanas un refuerzo de los programas y se preguntaron qué futuro uso tendrá el edificio, que tiene más de 2.000 metros cuadrados. “Que nos expliquen cuáles son esos usos más versátiles que van a dar al edificio”, protestó Galindo en el pleno. El edil no respondió a esta pregunta. El edil de Podemos, Guillermo San Juan, no descartó que hiciera falta “repensar” la orientación de la Escuela-taller, cuya experiencia acumulada puso en valor.

El concejal de Vox, Alfonso de Ceballos Escalera y Gila, consideró que esta escuela suponía un “gasto ineficiente” y pidió “evaluar los resultados” de estos programas de formación: ver cuántos alumnos terminan, cuántos encuentran trabajo y cuántos lo rechazan una vez concluida la formación.

El músico, investigador y productor cultural Luis Martín Díez, uno de los fundadores del Nuevo Mester de Juglaría y figura decisiva en la creación y proyección del festival Folk Segovia, ha fallecido según ha confirmado el Ayuntamiento de Segovia en un comunicado. Hijo Predilecto de Segovia, Luis Martín fue un referente en la evolución del folclore castellano durante las últimas cinco décadas.

Su papel resultó clave tanto en el desarrollo del Nuevo Mester de Juglaría como en la consolidación de Folk Segovia, certamen que dirigió durante más de treinta años y que situó a la ciudad en el mapa internacional del folk desde 1984.

Junto a Fernando Ortiz, Rafael San Frutos, Llanos Monreal y Paco García, Luis Martín formó parte del núcleo fundador del Nuevo Mester de Juglaría que dio forma a una de las formaciones más influyentes de la música tradicional española. Con discos como ‘Los Comuneros’ o ‘Romance del Pernales’, el grupo amplió repertorios, recuperó romances y llevó su estilo a escenarios de toda España y Europa.

Desde el Ayuntamiento se ha subrayado que Luis Martín fue “un referente imprescindible en la investigación, difusión y preservación del folclore tradicional”, así como un embajador cultural de la ciudad. Su labor al frente de Folk Segovia reforzó la presencia internacional del festival, que se convirtió en un espacio de encuentro para músicos y tradiciones de distintos países.

El Consistorio ha trasladado su gratitud por la “extensa labor artística y cultural” de Luis Martín, “cuya huella permanecerá en la historia musical y sentimental de Segovia”.

“Es imposible resumir en unas líneas la sensación que sentimos, y, desde luego, nunca podremos olvidarle”, han notificado desde el Facebook de Nuevo Mester de Juglaría.

La organización de Folk Segovia ha lamentado la muerte de Martín Díez. “Qué difícil va a ser continuar. Será una sensación muy extraña cuando este verano vuelva Folk Segovia y no estés presente, viendo los conciertos, paseándote por La Alhóndiga, dándonos consejos o disfrutando en una terraza mientras suenan los grupos de pasacalles”, ha señalado Folk Segovia a través de X.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica acaba de encontrar una fosa común de un maestro y un caminero asesinados por pistoleros fascistas en la finca La Fresneda, perteneciente al municipio de Vegas de Matute (339 habitantes, Segovia), que se encuentra a un kilómetro del pueblo cuando se accede desde la carretera de Villacastín.

Las víctimas fueron Luis García Hernández (maestro) y Julio Maroto Ortega (caminero) y esta es la segunda vez que la ARMH trataba de localizar sus restos. La hija de Luis García Hernández, que todavía vive, solicitó a la asociación que buscara y exhumara los restos de su padre. La ARMH está tratando de localizar a la familia de Julio Maroto Ortega, que tuvo ocho hijos de dos matrimonios distintos. La asociación esperaba acertar esta vez con la localización de la fosa debido a la investigación que habían realizado los familiares y vecinos de Vegas de Matute y a que estaba incluida en el mapa de fosas comunes de Castilla y León, aunque no en el registro del Ministerio.

El coordinador del proyecto, Marco González, destaca la colaboración de los vecinos de la zona y del alcalde de Vegas de Matute. “Se sabía que estaban enterrados en el paraje, pero las fincas se han desdibujado desde 1936. Hemos tenido suerte porque hemos prospectado entre el año pasado y estos días más de 2.500 metros cuadrados”, señala González en declaraciones a este medio. El año pasado encontraron tres casquillos, pero no dieron con los restos óseos hasta este miércoles. “Sin duda creemos que son ellos aunque hay que trabajar sobre los cuerpos y llevar a cabo las exhumaciones. Hoy estaremos limpiando los restos y haciendo planimetrías, fotos y documentándolo todo y mañana haremos la exhumación”, ha agregado.

Los vecinos más mayores de la zona todavía recuerdan que un día llegó una camioneta de la Falange, escucharon disparos y al día siguiente vieron los cuerpos de Luis y Julio, y decidieron enterrar sus cuerpos en una esquina de la finca más cercana. “Eso había calado en ese pueblo y quedó en el recuerdo de la gente mayor. No dudaron de qué finca era, pero esas fincas están desdibujadas y esta en concreto llevaba años sin trabajarse y está llena de encina”, ha apostillado.

García Hernández, nacido en Otero de Herreros (Segovia), tenía 42 años cuando fue asesinado. Estaba casado con Paula Izquierdo y tenía tres hijas: Valentina, María y M.ª Paz. Su profesión era la de maestro y era miembro del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (SETE). En su expediente de depuración como maestro le acusaron de tener ideas socialistas. Fue detenido ilegalmente por las fuerzas fascistas y fue asesinado el 12 de agosto de 1936.

Julio Maroto Ortega, nacido en 1876 en Guijasalvas (Segovia), tenía 60 años cuando fue asesinado. Estaba casado en primeras nupcias con Petra Díaz Lázaro, con la que tuvo seis hijas. Y en segundas con Alejandra Diaz Lázaro, con la que tuvo otras dos hijas. Era peón caminero de profesión, pero no se tienen datos de su afiliación política. Su cadáver apareció el 15 de agosto de 1936 y fue enterrado junto a Luis García Hernández.

La exhumación se llevará a cabo durante este miércoles y jueves en el paraje de La Fresneda, un paraje de Vegas de Matute, Segovia. Este jueves por la mañana está previsto que acudan al cuartel de Otero de Herreros para notificar la aparición de restos con signos de violencia. Y si la Justicia no interviene se llevarán los restos a Ponferrada para su análisis antropológicos y enviar las muestras al laboratorio.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) realizará las labores de exhumación e identificación genética con sus propios recursos porque está en contra de que el Gobierno utilice subvenciones para buscar desaparecidos y no garantice universalmente el derecho a todas las familias. En el hipotético caso de que alguno de los cuerpos no pueda ser identificado genéticamente, que el resultado del estudio sea negativo o que aparezcan otras víctimas no reclamadas se procederá a la reinhumación en el Cementerio Municipal de Vegas de Matute (Segovia)

 Un hombre y una mujer han fallecido y otras dos personas han resultado heridas en el choque entre un camión y un turismo que ha ardido como consecuencia del golpe ocurrido esta tarde en el kilómetro 104 de la A-601, en Encinillas, en Segovia.

Tanto los fallecidos como los heridos iban en el vehículo, mientras que el conductor del camión ha resultado ileso, según la información facilitada por la Subdelegación del Gobierno en Segovia.

En torno a las tres y cuarto de la tarde una llamada ha informado del accidente entre el turismo y el camión, según el servicio de emergencias 1-1-2. En el lugar, el personal sanitario confirma el fallecimiento de dos personas.

Los servicios de emergencia atienden además a otros dos heridos, uno de ellos es trasladado en helicóptero medicalizado al hospital Río Hortega de Valladolid y el otro es trasladado en UVI móvil al Complejo Asistencial de Segovia.

Desd el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León se activa al Grupo de Intervención Psicológica GRIPDE para atender al conductor del camión. 

PSOE, IU, Segovia en Marcha y Ciudadanos se han unido este martes para pedir la convocatoria urgente de una comisión extraordinaria de Deportes —área que dirige Jesús Garrido— ante la reclamación de la Federación de Baloncesto de 133.100 euros por organizar tres partidos preolímpicos. El equipo de gobierno municipal está encabezado por José Mazarías (PP), que gobierna en minoría.

Los cuatro partidos consideran que esta reclamación “perjudica la imagen de la ciudad” y espera que en esta comisión informativa extraordinaria se pueda informar de las consecuencias que se derivan de la situación actual de este expediente de responsabilidad patrimonial. “Se debe explicar además por qué si estaba el dinero consignado no se llegó a firmar un contrato conforme a la legislación en vigor”, han reclamado en el escrito, remitido a los medios. También han solicitado que acudan a la comisión los técnicos municipales de las áreas de Deportes y Patrimonio que han intervenido en el expediente y del interventor municipal.

El PSOE advirtió este lunes de esta irregularidad, que el Grupo municipal 'popular' considera un “escándalo inexistente” porque aunque el torneo se celebró sin que los departamentos administrativos municipales llegaran a resolver las discrepancias que mantenían barajando fórmulas como el patrocinio o la subvención, el pago a la Federación se resolverá “al tiempo que el expediente de responsabilidad patrimonial que se encuentra en tramitación y pendiente de resolución en este momento”.

El equipo de Gobierno, a través de una nota del PP, negó este miércoles que hubiera un “conflicto” con la Federación Española de Baloncesto. “De hecho, se ha seguido trabajando y se seguirá haciendo en el futuro con esta federación y con el resto de organizaciones deportivas españolas”, apostilló el PP.

El grupo municipal del PSOE de Segovia ha denunciado que la Federación Española de Baloncesto (FEB) ha presentado un escrito de reclamación patrimonial para exigir el pago del dinero comprometido verbalmente por el Ayuntamiento segoviano —que gobierna el PP en minoría— en relación al torneo internacional femenino que se disputó en julio de 2024 en Segovia. El triangular preolímpico se celebró con la participación de las selecciones de España, Canadá y Australia. Según ha informado el PSOE este lunes a través de una rueda de prensa, la Federación presentó la reclamación el 22 de julio de 2025. El 8 de septiembre, el alcalde firmó un decreto reconociendo los hechos: que el torneo se celebró, que los responsables municipales se comprometieron verbalmente a pagar 133.100 euros, que no existió contrato y que la Federación actuó de buena fe adelantando los gastos debido a la urgencia mostrada por el Ayuntamiento.

La portavoz municipal socialista, Clara Martín, ha criticado que el PP esté “más preocupado por la foto” y por “obtener rédito político” que por “cumplir la ley y garantizar una gestión responsable de los recursos públicos”. El Ayuntamiento, dirigido por el 'popular' José Mazarías, ha negado, a través de una nota del PP, que hubiera un “conflicto” con la Federación Española de Baloncesto. “De hecho, se ha seguido trabajando y se seguirá haciendo en el futuro con esta federación y con el resto de organizaciones deportivas españolas”, ha apostillado el PP.

El Grupo Socialista exigirá la comparecencia inmediata del alcalde y del concejal de Deportes en comisión informativa, con todos los técnicos implicados en la gestión del torneo, y solicitará a la Intervención municipal que valore si debe iniciar un procedimiento de responsabilidad contable ante el Consejo de Cuentas para que los responsables asuman las consecuencias.

Desde febrero de 2024, el equipo de gobierno del PP, con Mazarías como alcalde y con los concejales Rosalía Serrano y Jesús Garrido a cargo de Hacienda y Deportes, iniciaron conversaciones con la Federación para traer a Segovia un torneo internacional preolímpico femenino de baloncesto con la intención de proyectar la imagen de la ciudad a nivel nacional e internacional y apoyar el deporte femenino. El 28 de mayo de 2024, el concejal de Deportes remitió un correo electrónico a la Federación comprometiéndose a incluir en el pleno del 31 de mayo una partida presupuestaria para financiar el evento y asegurando que el contrato se firmaría “en la tercera semana de junio”, un compromiso verbal que, según Martín, incumplía claramente la ley porque cualquier modificación presupuestaria requiere un mes de información pública antes de su aprobación.

“Hay un compromiso claro por parte del concejal de pagar a la Federación a través de un contrato, un compromiso verbal que no cumple la ley, porque cualquier modificación presupuestaria requiere información pública de un mes”, denunció la portavoz, señalando desde el inicio la irregularidad de la gestión. El 31 de mayo de 2024, el pleno aprobó una modificación presupuestaria de 135.000 euros, asegurando formalmente los fondos para el torneo, pero aún así, no existía ni contrato, ni expediente, ni fiscalización por parte de Intervención.

Aun así, en aquel pleno, la entonces concejala de Hacienda, Rosalía Serrano, hoy fuera del Ayuntamiento tras presentar su dimisión por irregularidades urbanísticas, destacó los beneficios del torneo y que ningún grupo político había puesto obstáculo a esta iniciativa en una reunión celebrada con los portavoces, donde, según apuntó la Federación, el impacto para el Ayuntamiento por el valor económico generado por patrocinios se calculaba en más de 309.000 euros. Todos los portavoces pensaban que para la celebración del torneo se firmaría un contrato, como así se justificaba en la modificación presupuestaria acordada por el pleno del 31 de mayo de 2024.

A pesar de no existir contrato, expediente ni fiscalización por parte de Intervención, el 10 de junio de 2024, el alcalde y su equipo realizaron una rueda de prensa oficial para anunciar el evento con logotipos, carteles y titulares, como parte de la candidatura de Segovia a Ciudad Europea del Deporte 2025. “Prometieron que Segovia sería sede del Torneo Ciudad de Segovia, pero detrás de toda esa foto no había nada formalizado. Todo era apariencia, y el Ayuntamiento no había garantizado ni el contrato ni la supervisión de Intervención”, ha protestado Clara Martín, destacando la prioridad del PP por la imagen pública frente al cumplimiento de la ley.

Un torneo que se celebró sin contrato. Y siete meses de silencio. El torneo se celebró entre el 22 y 24 de julio de 2024 en el pabellón Pedro Delgado, con las selecciones de España, Australia y Canadá participando ante un público entregado y con repercusión mediática nacional e internacional. Sin embargo, todos los gastos del evento —, montaje de parquet FIBA y canastas homologadas, pantallas LED, sonido, iluminación, climatización del pabellón, transporte y alojamiento de los equipos internacionales, así como personal técnico y arbitral— fueron asumidos íntegramente por la Federación. “Todo esto, perfectamente justificado y entregado al Ayuntamiento, y ¿qué hizo el Ayuntamiento? Nada. Silencio administrativo durante siete meses”, ha denunciado Martín.

Ante la falta de pago, la FEB presentó el 20 de diciembre de 2024 todas las facturas justificativas por un total de 166.000 euros, de los cuales 133.100 euros correspondían al canon acordado con el Ayuntamiento. Aun así, el gobierno municipal no respondió, y en noviembre de 2024, un técnico de Deportes informó a la Federación que el pago se tramitaría “como una subvención de interés general”, un procedimiento que no respetaba la legalidad y que pretendía corregir el error de forma improvisada. “Esto es improvisación y negligencia administrativa del PP. Se saltaron la ley, actuaron de palabra y usaron dinero público sin control”, ha rematado la portavoz socialista, que ha subrayado “la reiterada falta de rigor en la gestión”.

Institucionalmente, la imagen de la ciudad quedó gravemente dañada ante federaciones y deportistas. “Somos noticia no por el éxito deportivo, sino por la chapuza política del señor Mazarías”, ha protestado Clara Martín: “El Ayuntamiento se ha enriquecido injustamente: disfrutó del torneo, de la publicidad y del rédito político, pero no pagó lo que debía”.

El PSOE pide que la Federación reciba el dinero cuanto antes

Además, el PSOE defenderá que la Federación Española de Baloncesto reciba el dinero adeudado lo antes posible y propondrá un protocolo de control y transparencia municipal para garantizar que situaciones similares no se repitan en futuros eventos culturales o deportivos. “Debemos restablecer la credibilidad institucional gravemente dañada por esta actitud tan negligente”, declaró la portavoz.

“El PP convirtió un torneo deportivo en un escándalo político. Tuvieron el dinero, tuvieron la oportunidad y tuvieron la foto… pero les faltó lo más importante: cumplir la ley. El alcalde José Mazarías firmó un decreto que reconoce la negligencia de su propio equipo de gobierno. Eso no es un error: es una vergüenza para Segovia. La Federación Española de Baloncesto cumplió, pagó y confió. El Ayuntamiento del PP mintió, improvisó y falló. Desde el PSOE vamos a llegar hasta el final: quien lo hizo, lo va a pagar. Y, sobre todo, vamos a devolver la dignidad a esta ciudad”, ha concluido Clara Martín.

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Segovia y concejala de Hacienda, Rosalía Serrano (PP), ha presentado este miércoles su dimisión y ha renunciado a su acta de concejala, lo que implica su cese de todas las responsabilidades en el equipo de gobierno que lidera el alcalde José Mazarías. La renuncia se ha producido momentos antes del pleno extraordinario convocado para aprobar las ordenanzas fiscales de 2026, que finalmente no han salido adelante tras el voto en contra de todos los grupos de la oposición.

La salida de Serrano se produce después de varias semanas de presión política a raíz de una información publicada por elDiario.es que revelaba que la edil había ocultado durante un año su participación en empresas del sector inmobiliario, una de las cuales habría promovido la construcción de trasteros sin las autorizaciones pertinentes. En esa noticia se recogía que Serrano figuró como administradora única de una sociedad dedicada a la compraventa y alquiler de inmuebles, pese a que la ley exige a los cargos públicos comunicar cualquier participación societaria para evitar conflictos de interés.

La concejala de Hacienda de Segovia (PP), Rosalía Serrano, aseguró que no había cobrado “ni ahora ni nunca” por su administración de una empresa —“una sociedad familiar”—, que estaba relacionada con el sector inmobiliario y cuyo vínculo ocultó durante un año. El PSOE de Segovia exigió su cese inmediato, denunciando “falta de transparencia” y “posibles irregularidades urbanísticas”. El grupo socialista pidió incluso la creación de una comisión de investigación para aclarar los hechos y determinar si las actuaciones de la concejala vulneraban el código ético municipal.

Martín (PSOE): “Es un día triste para la ciudad”

La portavoz del Grupo Municipal Socialista y exalcaldesa, Clara Martín ha señalado tras conocer la renuncia que se trata de “un día triste para la ciudad”. “Nadie puede estar orgulloso de que una concejala abandone el gobierno municipal, y menos aún por no haber sido cesada antes por el alcalde”, ha declarado Martín ante los medios.

La concejala socialista ha considerado que la salida de Serrano “llega tarde” y ha reprochado al equipo de gobierno “falta de autocrítica y de diálogo”. En su intervención, Martín ha recordado que el PSOE ya había advertido al alcalde de que la situación era insostenible y que debía actuar con rapidez para “restaurar la confianza ciudadana en la gestión pública”.

La portavoz socialista ha aprovechado también para replicar a unas declaraciones previas de Serrano, que en una entrevista reciente la había acusado de ocultar información sobre su propio patrimonio. Martín ha presentado ante la prensa sus declaraciones de bienes de 2019 y 2023, custodiadas por la Secretaría General del Ayuntamiento, para demostrar que había declarado su participación en una sociedad “sin actividad”. “No hay incompatibilidades ni falsas verdades, como afirma la señora Serrano”, ha añadido.

La edil socialista ha pedido además al alcalde “que abandone el tono de crispación” y “aprenda de los errores cometidos en estos dos años y medio de mandato”. “Esperamos que se abra una nueva etapa de diálogo, porque Segovia necesita estabilidad y acuerdos”, ha apostillado.

Desde el PP, por el momento, no se han hecho declaraciones oficiales más allá de confirmar la renuncia de Serrano y agradecer su labor. El relevo en la concejalía de Hacienda y en la primera tenencia de alcaldía se decidirá en los próximos días.

El incendio del Pico del Lobo, que durante más de una semana ha afectado a las provincias de Guadalajara y Segovia, ha descendido al nivel 0 del Índice de Gravedad de Riesgo (IGR) en su vertiente segoviana y ha sido dado por controlado por la Junta de Castilla y León.

La mayoría de los medios de extinción desplegados en los últimos días han regresado ya a sus bases, aunque permanecen en la zona dos agentes medioambientales, tres autobombas, dos brigadas helitransportadas (ELIF) y un bulldozer, que continuarán con labores de vigilancia y remate.

La primera perimetración del incendio en el lado segoviano cifra la superficie total afectada en 242 hectáreas, de las que 122 son arboladas, 100 corresponden a matorral y 20 a pasto.

La mayor parte de ellas ardieron durante las primeras horas tras la entrada del fuego en Castilla y León, durante la madrugada del pasado domingo.

El descenso al nivel 0 del IGR implica que el fuego ya no representa riesgo para la población ni para infraestructuras y que la gestión del operativo pasa a ser exclusivamente de carácter autonómico, con un despliegue reducido de efectivos en el terreno vigilando los puntos calientes que quedan en el interior de la zona afectada.

El incendio, que se originó en la localidad alcarreña de Peñalba de la Sierra hace más de una semana, ha calcinado alrededor de 2.000 hectáreas en la vertiente de Castilla-La Mancha.

En Segovia, las autoridades han destacado la eficacia del dispositivo conjunto, que llegó a movilizar a cerca de 300 personas entre cuadrillas terrestres, medios aéreos, maquinaria pesada y la Unidad Militar de Emergencias (UME).

La consolidación del perímetro y la reducción de puntos calientes, con una mejora generalizada de la situación, ha permitido bajar a nivel 1 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) el incendio del Pico del Lobo en la vertiente segoviana, así como desconvocar el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), según ha informado la Junta de Castilla y León.

La decisión, a la que se suma la bajada a Situación Operativa SIT-1, se ha adoptado después de que los trabajos de extinción, en los que han participado efectivos de Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Unidad Militar de Emergencias (UME), hayan logrado estabilizar el fuego en su vertiente segoviana, donde las llamas afectaron a unas 200 hectáreas.

El descenso de nivel implica que el operativo autonómico puede afrontar la situación sin necesidad de medios estatales, si bien la Junta mantiene desplegados recursos terrestres para continuar con las labores de vigilancia y remate en los puntos aún activos.

En paralelo, siguen vigentes las limitaciones de acceso a la carretera SG-114, que une Riaza con La Pinilla, así como a las vías SG-115 y SG-112. Estas restricciones buscan facilitar el tránsito de la maquinaria del operativo y evitar usos recreativos de la zona, aunque se permite el paso de vecinos y trabajadores.

El incendio, originado hace más de una semana en la localidad alcarreña de Peñalba de la Sierra, ha calcinado alrededor de 3.000 hectáreas en Castilla-La Mancha y entró en la provincia segoviana en la madrugada del pasado domingo.

Actualmente la situación es favorable tras el esfuerzo de las cerca de 300 personas que han integrado el operativo en los últimos días, y se espera que la evolución siga siendo positiva en las próximas jornadas.

La Policía Nacional ha detenido en una localidad de la provincia de Segovia a un joven de 29 años que tenía en dos teléfonos móviles más de un centenar de archivos de pornografía infantil, con imágenes de extrema dureza y prácticas degradantes y vejatorias hacia las víctimas.

En un comunicado, la Comisaría de la Policía de Segovia ha detallado este martes que la investigación arrancó en mayo pasado a través del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Policía de Castilla y León, con la colaboración internacional de la Organización ’National Center for Missing and Exploted Children (NCMEC)’, que fue fundamental para poder identificar al autor.

El arresto se produjo el pasado 25 de septiembre en una localidad segoviana y en el registro de la vivienda del sospechoso se incautaron dos teléfonos móviles propiedad del detenido, en los que se localizaron más de un centenar de archivos de pornografía infantil, con parte del material que contenía imágenes de extrema dureza, con prácticas degradantes y vejatorias hacia las víctimas.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la localidad segoviana de Santa María la Real de Nieva.

Protección civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León ha enviado un mensaje a teléfonos móviles a través del sistema ES-Alert para recomendar la suspensión de actividades al aire libre en la zona de La Pinilla (Segovia) a causa del incendio forestal de Peñalba de la Sierra, en la provincia de Guadalajara, muy cerca del límite con la provincia segoviana y que se encuentra en nivel 2. Ya ha quemado más de 2.000 hectáreas desde que se originase el pasado domingo 21 de septiembre en el Pico del Lobo.

El 112 Castilla y León ha informado, a través de la red social 'X', del envío de esta Alerta de Protección Civil en la que se advierte del “grave peligro” que supone en la zona de La Pinilla el incendio forestal de Peñalba de la Sierra, que si bien no ha entrado en territorio segoviano sí que puede llegar a alcanzarlo.

“Abandone toda actividad recreativa y deportiva en el medio natural. Evite el tránsito en todo el área. Siga las instrucciones de las autoridades”, explica el mensaje de la alerta a la población.

Además, se han desplegado en la zona medios de la Agencia de Protección Civil y Emergencias para apoyar al operativo que trabaja en la extinción del fuego de la vecina comunidad autónoma.

La provincia de Segovia está en alerta por el fuego de la provincia vecina, desde donde es visible la columna de humo, según están reportando algunos usuarios a través de las redes sociales.

En Guadalajara, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha restrigido el acceso al Hayedo de Tejera Negra debido al humo en toda esta zona y se pide no circular por la Sierra Norte de esta provincia para facilitar las labores del operativo de extinción.

Todos los miembros de la oposición municipal (salvo Vox) han abandonado el pleno mientras intervenía la teniente de alcalde y concejala de Hacienda, Rosalía Serrano, que ocultó durante más de un año su participación en empresas del sector inmobiliario mientras presentaba la urgencia de una ordenanza fiscal y esta nueva norma, marcada por la falta de diálogo, según la oposición.

La portavoz del Grupo Socialista, Clara Martín, ha justificado la ausencia del grupo durante la intervención de Rosalía Serrano: “No era un gesto teatral ni un ataque personal. La gestión de la concejala está directamente ligada a la credibilidad de las ordenanzas que hoy se presentan y lamentablemente en los dos años que lleva al frente de sus responsabilidades han sido una sucesión de incumplimientos, engaños, bloqueos y pérdida de oportunidades”, ha reprobado Martín.

Rosalía Serrano ha defendido su “legitimidad” en el cargo: “Yo soy legítima y estoy en mi legitimidad, que es la que me otorga la ley en tanto que concejal electo de este ayuntamiento. No quiero que nadie ponga en duda ese supuesto, así que, por favor, respetemos los términos y la legalidad”, ha asegurado durante el pleno, que ha sido bronco. También ha defendido que las propuestas fiscales que traía el PP eran de “mejora y rebaja” y recogían más del 80% de las propuestas de varios sectores.

La concejala de Ciudadanos, Noemí Otero, ha reprochado a Mazarías que mantenga en su puesto a Rosalía Serrano a pesar de que considera que la edil “no tiene la legitimidad política” para defender unas ordenanzas fiscales y le ha pedido en dos ocasiones que “nombre a un interlocutor válido”. También ha reprochado que estas ordenanzas han llegado “sin negociación ni diálogo con el resto de los grupos” y que son “malas para Segovia”. “Esta señora está lastrando su gobierno, su gestión, su imagen y hasta su honor”, ha rematado Otero en referencia a Serrano.

Guillermo San Juan, de Segovia en Marcha, también ha reprochado “la falta de legitimidad” de Serrano —que acarrea una situación “del todo insostenible”— para presentar esas ordenanzas fiscales que además son “fake”.

Ángel Galindo, desde IU, ha reprochado que la empresa de Serrano ha realizado obra “sin la autorización municipal correspondiente” y se ha preguntado por el “ejemplo” que da el Ayuntamiento. Serrano ha respondido a Galindo: “Yo pago mis impuestos. Usted me ha acusado de que yo no pago mis impuestos y que estoy proponiendo unas tasas y unas ordenanzas fiscales con las que yo no cumplo. Me está acusando de una cosa que no es y quiero que quede constancia en este sentido”.

Vox, que no ha entrado a valorar la legitimidad de Rosalía Serrano, sí ha reprochado la falta de diálogo en las ordenanzas fiscales, a las que ha calificado de ser “una tomadura de pelo”. “Se ve perfectamente que la forma de gobernar de este equipo de gobierno es con un perfil arrogante”, ha rematado Ester Núñez.

El alcalde segoviano ha calificado este pleno de “circo” y ha asegurado que la sesión de este viernes ha provocado “vergüenza ajena” y ha acusado a la oposición de “acusar, ensuciar, mentir y difamar; que algo queda”. “¿Qué legitimidad le dan ustedes a esta sesión plenaria, con el circo que están montando. Han basado su negativa a esta propuesta única y exclusivamente en su demagogia sin aportar propuestas sí no han aportado propuestas hasta el último momento; porque se les ha instado a realizarlas y no han querido participar”, ha rematado.

Protestas contra el genocidio en Gaza

El pleno municipal ha guardado un minuto de silencio para manifestar su “repulsa e indignación por la barbaridad y la masacre de la que recibimos noticias a diario de lo que está aconteciendo en Oriente Próximo”, según el regidor, José Mazarías, que ha pedido a concejales y miembros del público —que gritaban 'No es una guerra, es un genocidio'— que retiraran “todo tipo de símbolos”, que eran banderas de Palestina. También ha expulsado a aquellos ciudadanos que se han negado a retirar los carteles y banderas que exhibían. Después del minuto de silencio, Mazarías ha criticado al concejal de Segovia En Marcha que no obedeciera sus instrucciones y enseñara una bandera palestina. “Ha hecho usted lo que le ha dado la gana”, ha afeado. El alcalde segoviano ha acusado a algunos concejales de “instigar” a los ciudadanos a “transgredir las normas y a tener un comportamiento bochornoso e incívico”.

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha anunciado la finalización de la última fase del vaciado de la presa de El Tejo, en El Espinar (Segovia), un proceso iniciado el pasado 9 de septiembre y que se ha prolongado hasta esta semana tras completarse las labores técnicas y de pesca en coordinación con la Junta de Castilla y León.

El organismo de cuenca había comunicado previamente al Ayuntamiento de El Espinar y a las administraciones implicadas la maniobra, que se ha extendido unos días más de lo previsto para garantizar la seguridad y un seguimiento ambiental de todas las operaciones.

Paralelamente, ya se han puesto en marcha los trabajos de diagnóstico y revisión de la seguridad de la presa, que desembocarán en un documento técnico en las próximas semanas, según ha informado la CHD.

Respecto al abastecimiento de agua a El Espinar, la Confederación ha señalado que el bombeo desde el embalse de Puente Alta está completamente operativo y se mantiene la colaboración con los técnicos del Ayuntamiento y de la Mancomunidad de la Mujer Muerta, sin que se hayan registrado incidencias.

Desde el inicio de los trabajos, el organismo ha mantenido informado al Consistorio con el objetivo de asegurar que el suministro no se viera afectado en ningún momento.

Las operaciones se desarrollaron en varias fases que han concluido con el vaciado total y la finalización de la pesca, consistente en el traslado de las especies al embalse de Vado de las Cabras.

A pesar de las dificultades por la acumulación de restos en el fondo y la forma del vaso, que provocaron enganches en las redes, se logró recuperar el 80 por ciento de los ejemplares.

Tras alcanzar la cota del embalse, se está procediendo a retirar con bombas y mangueras el pequeño volumen de agua situado por debajo del nivel del desagüe, completando así la maniobra.

El PSOE de Segovia ha denunciado un “nuevo escándalo político y urbanístico en la ciudad”, al que se ha referido como el “caso Serrano”. Los socialistas exigen al alcalde, José Mazarías (PP), el cese inmediato de Rosalía Serrano, actual concejala de Hacienda, Fondos Europeos y Contratación y teniente de alcalde, a la que acusan de haber ocultado durante más de dos años su papel como administradora única de varias sociedades inmobiliarias, además de haber promovido obras sin autorización “con fines lucrativos”.

Este medio publicó en julio que la teniente de alcalde de Segovia, concejala de Hacienda y portavoz del Grupo Municipal del PP, Rosalía Serrano Velasco, ocultó su participación en tres empresas a pesar de que tiene dedicación exclusiva. La concejala aseguró que no ha cobrado “ni ahora ni nunca” por participar en empresas.

La portavoz municipal socialista, Clara Martín, ha revelado que la sociedad Velasco Hernanz S.L., vinculada a Serrano, construyó 18 trasteros en pleno centro de Segovia sin contar con los permisos municipales. Según los socialistas, en abril de 2023 los técnicos municipales advirtieron que la obra carecía de legitimidad, pero en noviembre del mismo año ya estaba finalizada. La propia empresa admitió en sede judicial que el objetivo era obtener rentabilidad mediante el alquiler o la venta de los trasteros. “Estamos hablando de un enriquecimiento patrimonial encubierto. No es una obra menor, como intentó justificar el concejal de Urbanismo. Es un negocio lucrativo promovido desde una sociedad vinculada a una edil del Ayuntamiento”, ha subrayado Martín.

El secretario general del PSOE de Segovia, José Luis Aceves, ha acusado directamente al alcalde Mazarías de encubrir a Serrano al firmar un decreto el 19 de junio de 2025 en el que omitió la identidad de la sociedad promotora de las obras. “¿Es rehén el alcalde de esta situación?”, se ha preguntado Aceves, antes de advertir que el PSOE trasladará la información a las direcciones autonómica y nacional del PP para exigir que se actúe conforme al código ético de la formación.

Según el grupo socialista, las irregularidades detectadas podrían implicar quebrantos en la Ley de Bases del Régimen Local, el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Segovia, la Ley de Transparencia y Buen Gobierno y posibles incumplimientos del Código Penal. Además, denuncian que el Ayuntamiento lleva dos meses sin facilitar la documentación solicitada sobre la compatibilidad de Serrano y el expediente urbanístico de las obras, incumpliendo el plazo legal de cinco días para entregar la información a los concejales.