Tras la II Guerra Mundial, en la Europa democrática, el contrato social-keynesiano tradujo derechos básicos en políticas de bienestar. Más tarde, las revueltas del 68 detonaron la ampliación de la ciudadanía hacia nuevos derechos civiles y políticas de reconocimiento. Tal conjunto de avances socioculturales solo fue posible en España -al hilo de tantas luchas- tras la caida de la dictadura. Todos los regímenes clásicos de bienestar se configuraron en un contexto industrial-fordista, con niveles bajos de incertidumbre y complejidad. En ese marco, redujeron desigualdades y desmercantilizaron educación y salud. Las posteriores ofensivas neoliberales pretendieron restaurar órdenes sociales basados en estructuras de privilegio y en el blindaje de sus dispositivos de reproducción. Se fueron desplegando, desde los años 80, dinámicas de concentración de la riqueza, fragilización de capas medias y dispersión de riesgos de exclusión. Al cruzarse con variables de género, edad y orígen, resultaron unas estructuras sociales más polarizadas y fragmentadas.

Un escenario de cambio de época

Pero las primeras décadas del s.XXI -esos años de globalización, gran recesión, pandemia, emergencia climática y nuevos repertorios de acción colectiva- lo cambian casi todo. Es cierto que los elementos de resiliencia del estado de bienestar (a pesar de todas las impugnaciones insolidarias) son relevantes: no es poco que redes de prestaciones y servicios públicos universales sigan materializando hoy un espacio -colectivamente luchado y defendido- de ciudadanía social. Este esquema de derechos, sin embargo, se inserta ahora en nuevas condiciones estructurales. Por un lado, parece insuficiente para embridar las mutaciones de fondo y simultáneas que han derivado en el actual capitalismo fósil, financiarizado, rentista y digital. Por otro lado, las nuevas coordenadas de cotidianidad, con todas sus diversidades y discontinuidades vitales, dibujan escenarios muy diferentes a los entornos donde crecimos. El estado de bienestar había articulado respuestas a una sociedad que ya no existe. Se abre un desencaje de época entre las viejas políticas y las nuevas realidades: las soledades no deseadas, las altas tasas de pobreza infantil y en hogares monomarentales, la gentrificación en los barrios, los elevados riesgos de pobreza y exclusión en colectivos migrantes, la superposición de vulnerabilidades sociales y climáticas...

Un nuevo contrato ecosocial

En breve, el estado de bienestar que heredamos presenta, en la tercera década del s.XXI, una arquitectura institucional tan insuficiente como anacrónica. Emerge pues la necesidad de tejer un nuevo contrato ecosocial. Quizás hasta sea urgente: como mecanismo clave de respuesta al ciclo de odios, guerras y autoritarismos que intentan hoy romper los tejidos éticos e institucionales de nuestras democracias. Las dimensiones de la transición ecosocial son múltiples, apuntamos algunos ejes que pueden esbozar mapas transitables.

Tenemos hoy, como punto de partida, un estado de bienestar que no ha generado un espacio de derechos universales en torno a las necesidades humanas fundamentales: un ingreso garantizado para existir; una casa y un planeta donde habitar; una comunidad donde vincularnos. Hoy la mercantilización de las bases materiales de la vida y de la vivienda, y la crisis de los cuidados, configuran el núcleo de la emergencia social. Podemos pensar, ante ello, en un nuevo entramado colectivo orientado a garantizar cuatro seguridades elementales: la seguridad económica, a través de una renta básica como herramienta para ayudar a trazar vidas emancipadas de precariedades laborales y dependencias patriarcales; la seguridad habitacional, por medio del acceso a casas asequibles, dignas y estables, frente al extractivismo de una minoría; la seguridad relacional, a través de la reconstrucción de lógicas de reciprocidad y apoyo mutuo; y la seguridad climática, por medio del abandono de las energías fósiles y la descarbonización del planeta.

En esas seguridades humanas anidan también las condicones de posibilidad para disputar la batalla cultural de la libertad. Es verdad que las políticas sociales clásicas se han atrincherado a menudo en formas jerárquicas y burocráticas, derivando en un esquema más protector que emancipador. Pero frente al espejismo neoliberal de la libertad conectada a marcos de individualismo que socavan lo común, y ante la concepción elitista traducida en la ‘libertad’ para reproducir desigualdades, resulta fundamental rescatar esa otra libertad real de raíces teóricas republicanas, entendida como ausencia de dominación: para preservar, en clave individual, los espacios de autodeterminación personal que dotan de sentido a cada proyecto de vida; y para remover, en clave colectiva, tanto las asimetrías de renta y de poder en la esfera laboral, como el rentismo inmobiliario que favorece la creciente transferencia regresiva de riqueza de inquilinos pobres a propietarios ricos.

Estas dinámicas de desigualdad, además, se interconectan hoy con fuerza a tendencias de segregación social y desviculación relacional. La segregación dibuja una cotidianidad de lugares no compartidos y escasas interacciones entre diferentes. La desvinculación apunta a la erosión de redes. Cuando la construcción de igualdad se frena, la segregación se ensancha y los lazos se rompen. Sin mixturas ni vínculos, las lógicas de movilidad social dejan de funcionar: por un lado, en ausencia de experiencias compartidas se segregan también los horizontes aspiracionales; por otro lado, en ausencia de comunidades fuertes se fragilizan las capacidades de acción colectiva y deja de funcionar, por tanto, un motor histórico en la conquista de derechos sociales. Ante todo ello, resulta hoy fundamental trazar mapas de fraternidad, inserir la autonomía personal en tramas colectivas. El giro comunal abre dos importantes ventanas de oportunidad. Permite -en tiempos de individualización- priorizar la reconstrucción de bases para la acción transformadora (prácticas de autogestión, estructuras público-comunitarias...). Y permite -en tiempos de crisis climática- ensamblar derechos sociales y transición ecológica. Posibilita, en concreto, reemplazar visiones colapsistas y gramáticas de sacrificio por un nuevo marco de ‘abundancia comunitaria’. La transición ecosocial ha de reintegrar la economia en los límites del planeta, sí; pero sobre todo generar modelos de bienestar comunal en torno a viviendas cooperativas, comunidades energéticas o redes de soberanía alimentaria.

Contra la reacción: horizontes de esperanza

En síntesis, erigir un proyecto que recupere la vieja pulsión humanista del estado de bienestar, en el marco del tiempo nuevo que vivimos, implica entrelazar lógicas de ampliación e innovación de los derechos sociales: transitar hacia agendas de seguridad vital, hacia estructuras de libertad real y hacia formas más fratenales, ecológicas y feministas de lo común. Sería la urdimbre donde tejer el nuevo contrato ecosocial. Más allá del ciclo reaccionario que hoy se despliega con contundencia, existen energías y prácticas emancipatorias que confieren fuerza a la transición ecosocial (programas de renta básica, ecosistemas de economía solidaria, sindicalismo habitacional, ciudades pioneras en neutralidad climática, escuelas e infraestructuras comunitarias que fortalecen vínculos y enlazan diversidades en barrios populares...). Claro que deberían articularse amplias coaliciones de actores para escalar los cambios con todo el empuje posible. Y ahí, probablemente, existe un potencial en los espacios políticos progresistas que no acaba de cristalizar. Es necesario defender logros sociales históricos. Pero la gramática que requiere el siglo XXI es de ambición transformadora, de construcción de utopías cotidianas, de horizontes de esperanza radical.

El año ha comenzado con importantes noticias económicas para Catalunya. El país registró un récord de empleo a finales de 2025. Pero algo no encaja con la realidad de millones de personas del país. Bajo esta avalancha de titulares y esta apariencia de bonanza se esconden datos que hacen chirriar el relato triunfalista del Govern, ejemplificado en el Conseller de Presidència, Albert Dalmau, quien recientemente se jactaba en redes sociales del crecimiento de la economía catalana, que se sitúa por encima de la media europea.

El señor Dalmau confía en un espejismo. Y es peligroso, porque esta mejora no se ha traducido en una mejora real de las condiciones de vida. Ni mucho menos. Hace unas semanas conocíamos el informe FOESSA, presentado por Cáritas, con un diagnóstico contundente: el 38% de la población ocupada en Catalunya es pobre. Hablamos de 1,4 millones de personas que trabajan y cotizan, pero que no llegan a fin de mes con tranquilidad. Los últimos datos del Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) muestran que Catalunya se encuentra entre los territorios con más pobreza de Europa (24,85%, a la altura de Bulgaria y Rumanía) y, especialmente, aumenta en los hogares con hijos (30,8%).

Este es el tabú económico del país para las élites económicas, que se niegan a reconocer que su modelo no funciona: trabajar ya no es una garantía contra la pobreza. Nos hemos acostumbrado a medir el éxito del país con variables macroeconómicas, pero no con la que realmente importa: si los salarios permiten vivir bien. Y estos datos no son flor de un día, sino que tienen raíces profundas.

Entre 2018 y 2024, el número de personas con empleo en Catalunya ha crecido un 13,8%, sobre todo en el sector servicios y en la construcción. Pero este impulso no se ha traducido en mejoras salariales. La inflación disparada desde 2021 ha engullido cualquier incremento, y el resultado es que miles de personas trabajan cada día por sueldos que no les permiten cubrir necesidades básicas.

Si lo miramos en clave europea, los casos de Italia y España son paradigmáticos. Un salario de 1.000 euros en 1991 hoy son 1.308 en la media de la OCDE o 1.284 en Francia. En cambio, son solo 1.028 en España y 1.005 en Italia. Es decir, hemos pasado treinta años trabajando, las grandes cifras hablan de un gran crecimiento, pero tú ganas prácticamente lo mismo. La causa principal la conocemos: un modelo productivo de bajo valor añadido y una dependencia desmesurada del turismo y de los servicios de baja productividad.

En este contexto, la única política que realmente ha impulsado los salarios al alza ha sido la subida del salario mínimo. Pero el impacto ha sido más limitado en Catalunya, donde los precios y el coste de la vida son mucho más elevados. Pero nada de esto es inevitable. Los salarios no son la ley de la gravedad: son una decisión colectiva y dependen de decisiones políticas.

Catalunya no está condenada a reproducir el modelo de crecimiento español: cada vez más puestos de trabajo y más trabajadores pobres. ¿Por qué debemos conformarnos con estas cifras de pobreza y con un país en el que ni siquiera funcionan los trenes que te tienen que llevar a tu lugar de trabajo? A menudo nos sorprende el ascenso de los discursos reaccionarios, pero si aceptamos con resignación que casi cuatro de cada diez trabajadores sean pobres, el futuro será suyo.

Necesitamos una agenda económica catalana con el compromiso de todos los actores: trabajadores, sindicatos y también la clase empresarial. Necesitamos encontrar un camino propio para escapar del modelo productivo basado en el monocultivo turístico y la economía “low cost”, y apostar decididamente por la reindustrialización, la innovación y los servicios de valor añadido. Y necesitamos el compromiso de todas las fuerzas políticas del país con un salario mínimo catalán que responda a los precios y al coste real de vivir en el país. Este es un mínimo imprescindible para empezar a revertir esta situación crítica.

El 25 de noviembre, Dia Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, transciende la mera efeméride. Es una fecha dedicada a la memoria, a la denuncia y al compromiso colectivo para enfrentar a una situación que nos afecta profundamente y demanda acciones inmediatas. Las violencias machistas continúan siendo una de las violaciones de derechos humanos más preocupantes, constantes y, a menudo, inadvertidas, en el conjunto del planeta.

Esta violencia no es accidental, es la manifestación más aguda de una brecha histórica de la desigualdad. Representa un asalto directo a los principios democráticos y a la dignidad de las mujeres, por el mero hecho de serlo. No es un conjunto de hechos aislados, sino un fenómeno sistémico y estructural. Su erradicación es una responsabilidad ineludible del Estado y, por ende, un requisito ético y moral. 

La magnitud de esta plaga queda clara con las estadísticas: según datos recopilados por la Organización Mundial de la Salud, el 28,6% de las mujeres y niñas mayores de 15 años en Europa ha experimentado violencia física y/o sexual en algún momento de su vida.

La violencia hacia las mujeres posee un carácter profundamente arraigado. Debido a su naturaleza sistémica, se manifiesta en todas las esferas de la vida: el hogar, los espacios públicos, los espacios digitales, el entorno laboral, contextos políticos e institucionales.

Además de la agresión física evidente, esta violencia se presenta de múltiples formas como el maltrato psicológico, la privación económica, el abuso sexual, la coerción digital o la violencia vicaria. 

En los momentos que vivimos actualmente, resulta esencial destacar una violencia que tiende a pasar desapercibida: la agresión en el entorno digital. Aunque afecta a mujeres de cualquier edad, procedencia social u origen, tiene un efecto particularmente significativo en las vidas de las más jóvenes. 

El espacio digital no es neutral, sino un medio más donde se replican y se magnifican las desigualdades sociales ya existentes. Se caracteriza, además, por una menor regulación y una evolución constante de las dinámicas de abuso. Es importante señalar que ignorar o restar importancia a la violencia digital constituye en si mismo una forma de agresión. En el marco de la legislación catalana, la reforma de la ley 5/2008, realizada mediante la Ley 17/2020, ya contempla la violencia digital como una manifestación específica de la violencia machista, tanto en sus formas de expresión como en los escenarios donde ocurre. El Pacto de Estado contra la violencia de género, renovado en febrero de 2025, también aborda medidas específicas contra la violencia digital, especialmente en la protección de menores, la educación digital como base para la prevención, así como la reparación de las víctimas, tal y como ocurre con el resto de violencias machistas. Sin embargo, sigue siendo imperativo implementar medidas específicas para integrar completamente la lucha contra esta violencia en el entorno digital. 

Las modalidades de la violencia machista en el ámbito digital son varias: incluye el acoso cibernético, la vigilancia mediante geolocalización, la invasión de la esfera privada, el acceso no autorizado a información privada, la explotación sexual a través de plataformas específicas y la difusión de insultos dirigidos a mujeres que tienen presencia pública, como mujeres políticas, periodistas o activistas. 

Esta agresión en línea deja secuelas profundas y duraderas. En las víctimas se generan sentimientos permanentes de miedo, vergüenza, aislamiento e indefensión. La violencia digital intensifica los estereotipos, perjudica la reputación y la dignidad, atenta contra la intimidad y la autonomía, conlleva pérdidas económicas, y limita su participación política y su derecho a la libre expresión. La falta de reconocimiento y la tendencia a normalizar estas situaciones, dificultan que las víctimas busquen ayuda, prolongando el sufrimiento y cronificando los efectos adversos. 

En términos estadísticos, la ONU reporta que más del 73% de las mujeres a nivel mundial han sido objeto o han sufrido alguna forma de violencia en la red. Asimismo, el 90% de las personas que sufren la divulgación de material íntimo de carácter sexual sin su consentimiento son mujeres.

Ante esta cruda realidad, las instituciones están obligadas a actuar con solidez y compromiso, ofreciendo respuestas que sean exhaustivas, innovadoras y eficaces para asegurar una vida libre de violencia. Erradicar la violencia machista en todos los frentes es una condición esencial para construir una sociedad más equitativa, democrática y justa. Una sociedad que aspire a la justicia y a la democracia no puede permitirse la inacción.

Es alarmante, que, ante este contexto, nos sigamos encontrando corrientes negacionistas de la violencia machista que intentan minimizar a desestimar esta realidad. Estas narrativas ideológicas tienen como objetivo minimizar la magnitud del problema, y al hacerlo ponen en riesgo todos los avances sociales y jurídicos logrados gracias a la lucha sostenida del movimiento feminista. Esta negación no solo es inaceptable, sino que es profundamente peligrosa. Negar la violencia machista es atacar directamente a los valores democráticos. 

Defender la igualdad y combatir la violencia machista equivale a proteger la democracia. Poner fin a estas agresiones no es una posibilidad, sino una responsabilidad compartida y un imperativo democrático. 

Nosotras nos comprometemos a retroceder ni un ápice.

El centenario del nacimiento de Manuel Sacristán (1925-1985) brinda una buena ocasión para aproximarnos a la figura y a la obra de uno de los pensadores más fecundos y polifacéticos de nuestro país en la segunda mitad del siglo XX. Su legado, marcado por el rigor intelectual y el compromiso ético, contiene múltiples contribuciones para reflexionar y actuar ante los grandes retos del presente y el futuro de nuestra sociedad. 

Quienes lo tratamos siendo más jóvenes y compartimos con él principios y proyectos por los caminos de la vida desde finales de la década de los 60 hasta su prematura muerte el 27 de agosto de 1985 –primero en el PSUC bajo el franquismo y luego en Comisiones Obreras de Enseñanza, el Comité Antinuclear de Catalunya y la revista mientras tanto–, guardamos en nuestra memoria el recuerdo de un maestro con todas las letras. Sabía mucho, lo transmitía bien y además señalaba fines. Su obra, además de enseñar cosas, nos enseñó a vivir y todo lo que el vivir conlleva, como escribió él glosando a Ortega. 

Su trayectoria intelectual comprende consideraciones sobre las principales corrientes filosóficas contemporáneas y el lugar de la filosofía en los estudios superiores, el estudio de la lógica formal, la función de la Universidad en la división social del trabajo, la sociología y política de la ciencia, la metodología de las ciencias sociales, textos de crítica literaria, estudios sobre la tradición marxista y autores como Marx, Engels, Lenin, Gramsci, Lukács y Bujarin, entre otros, así como sobre otras personalidades que despertaron su interés como lo hicieron de modo singular Simone Weil o el indio Gerónimo y la cultura apache. 

En los últimos años de su vida Manuel Sacristán centró su atención en la crisis ecosocial y las amenazas bélicas para la supervivencia de la especie humana, así como en la necesaria reafirmación de la voluntad ético-política transformadora unida a la renovación de la identidad comunista y del pensamiento y la práctica del movimiento emancipatorio contemporáneo. 

La toma en consideración de los datos y alertas expresadas desde la comunidad científica, las manifestaciones observables de la crisis ecológica y la urgencia de hacer frente a los retos planteados llevaron a Manuel Sacristán a revisar la comprensión de dos actores claves en los procesos sociales: la lucha de clases y la ciencia como fuerza productiva. ¿Cómo responderán las clases trabajadoras frente a los problemas ecológicos? ¿Podríamos acabar desembocando en el desastre de todas las clases en lucha en lugar de en la victoria de una clase sobre otra? Para Sacristán las clases trabajadoras precisan añadir una nueva consciencia de su papel como sujeto transformador en su condición sustentadora de la especie, conservadora de la vida, elemento imprescindible del metabolismo de la sociedad con la naturaleza. Y en ese marco, cobra especial importancia el papel de las mujeres en la sostenibilidad de la vida y el de las aportaciones culturales de los ecofeminismos. 

El otro factor novedoso observado por Sacristán lo constituye el hecho de que en el doble papel de la ciencia como fuerza productiva y a la vez destructiva, este segundo aspecto aparezca ya en un nivel que nos sitúe ante la perspectiva de una tiranía integral basada en el estado atómico o en determinados usos de la ingeniería genética (y otros de la inteligencia artificial, podríamos añadir hoy).

El otro tema del que se ocupó Manuel Sacristán de forma destacada en sus últimos años fue el de carrera de armamentos, el peligro de una guerra con armas nucleares y la importancia de fundamentar la respuesta pacifista y de los movimientos por la paz desde los nuevos parámetros impuestos por las innovaciones de las tecnologías bélicas. Ello le llevó también a implicarse activamente en el movimiento contra la permanencia de España en la OTAN, polemizando duramente con sus “intelectuales orgánicos” y con las fuerzas políticas empeñadas en el arte perverso de la política tradicional de conducir a los pueblos a donde no quieren ir, violentando sus consciencias mediante “lavados de cerebro” con la construcción de relatos de miedo y odio falsos y chantajistas. Una situación que se ve hoy realimentada por la nueva escalada armamentista y belicista, bien documentada en recientes informes del Centre Delàs de Estudios por la Paz de Barcelona o del SIPRI de Estocolmo.  

Manuel Sacristán nos dejó hace cuarenta años un conjunto de reflexiones y propuestas que tiene interés revisitar, a la vez que conocer los frutos que están dando hoy investigaciones que sin duda le habrían interesado mucho, como las de Enric Tello sobre enfoques biofísicos de las desigualdades sociales y de género en los sistemas agroalimentarios a partir de nuevos análisis ecológicos micro y macroeconómicos, las de Oscar Carpintero y el Grupo de  Energía, Economía y dinámica de Sistemas (GEEDS) de Valladolid o los trabajos de Antonio y Alicia Valero, Joaquim Sempere y Jorge Riechmann, entre otros.  

La Fundación Neus Català está llevando a cabo conferencias, seminarios y jornadas divulgativas sobre la figura y la obra de Manuel Sacristán y preparando nuevas actividades dedicadas a conmemorar el centenario del nacimiento de una persona que dedicó su vida a poner su lucidez y su consistencia intelectual y ético-política al servicio del combate por una humanidad justa y libre en una Tierra habitable. 

En estas semanas de continuas incidencias ferroviarias, en la Asociación para la Promoción del Transporte Público (PTP) hemos vuelto a dar difusión a un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que recoge un hecho que nuestra entidad ha denunciado durante décadas: la enorme desproporción en España entre la inversión en ferrocarril convencional y en alta velocidad. Entre 1990 y 2018 la inversión total en alta velocidad fue superior a los 61.000 millones de euros, mientras que en todas las redes de cercanías se invirtieron cerca de 3.700. Esto quiere decir que durante este largo periodo poco más del 5% de la inversión en trenes fue al servicio que mueve más personas diariamente. Y de estas migajas que tuvieron que repartirse entre los núcleos de cercanías de todo el Estado, el 48% fueron a los Cercanías de Madrid, mientras que los de Barcelona recibieron el 17%.

La inercia de las infraestructuras ferroviarias es muy fuerte y como resultado de esta situación, tenemos una red envejecida y mal mantenida, que ahora reacciona muy mal cuando, desde el 2018, esta desinversión en el ferrocarril de proximidad se ha empezado a revertir y el ritmo de obras se incrementa. Según datos del ministerio, el año pasado el 50,6% de su inversión en Catalunya fue a Cercanías, pero aun así el mal funcionamiento del servicio es un hecho y no es extraño que en todo el territorio se levanten voces para denunciarlo, cuando en 2024 en Catalunya se hicieron en él más de 120 millones de viajes.

Por suerte, parece que cada vez más gente es consciente del origen del problema, y las movilizaciones fuerzan a las instituciones a poner los ojos y la prioridad inversora donde toca. Pero no siempre ha sido así. En algunos casos sorprende ver ahora este “ya lo decía yo”, cuando durante décadas los que denunciábamos que la inversión en alta velocidad no se tenía que hacer en detrimento del ferrocarril convencional no encontrábamos eco en ninguna parte (éramos cuatro).

El discurso a favor de la alta velocidad ferroviaria era hegemónico en las instituciones catalanas, en la prensa y en general en la opinión pública, mientras que hablar de trenes regionales o de cercanías y de la movilidad cotidiana del día a día de la población no era considerado un tema suficientemente relevante para el país. Las fuerzas políticas que contestaban este discurso, junto con los movimientos sociales, eran, además de muy minoritarios, tachados de ignorantes que estaban en contra del progreso. La llegada del AVE ha permitido un cambio modal del avión al tren entre Barcelona y Madrid, sí, pero su planificación ha perjudicado a Cercanías. No solo en términos de falta de recursos, sino que su expansión en el territorio se ha hecho a expensas de quitarle espacio físico a Cercanías, un espacio que ahora necesita para crecer.

La inversión en Cercanías y Regionales ha vuelto, el plan vigente contempla inversiones por valor de 6.300 millones de euros con horizonte 2030, y según el ministerio ya se han ejecutado más de 2.000, pero siete años después los resultados todavía no se notan. Podríamos explicar que un periodo tan largo sin la inversión y el mantenimiento adecuado tarda muchos años en recuperarse, y no faltaríamos a la verdad. Pero no nos podemos quedar solo con este argumento, porque quedarían por responder muchas preguntas, como por ejemplo por qué algunas de las obras que se han priorizado son mejoras estéticas y urbanísticas en vez de obras para mejorar las condiciones del servicio, o por qué se programan obras sobre un mismo tramo y no se ejecutan a la vez cuando podría hacerse (lo que obligará a algunas poblaciones a soportar dos cortes consecutivos, como pasará en el Alt Penedès) o por qué se ponen en marcha obras sin hacer las pruebas pertinentes, causando fallos masivos del servicio y... La respuesta a todas ellas es que las necesidades de la población que usa cercanías diariamente no están en el centro de la planificación. Y es esta situación la que hay que cambiar.

Y no todo es inversión. La gobernanza del sistema ferroviario es fundamental y aquí queda mucho por mejorar. Las directivas europeas que prepararon el terreno para la liberalización de los servicios ferroviarios resultaron en 2005 en la separación fulminante de Renfe en dos organismos: Adif, el gestor de las infraestructuras, y Renfe Operadora, la compañía que gestiona los trenes. Mientras que otros países optaron por fórmulas menos lesivas para el buen funcionamiento del sistema ferroviario, con estructuras que favorecen la coordinación, en nuestro país los vientos de liberalización sonaron muy bien y nos pusimos a ello con fruición. Hoy la separación entre Renfe y Adif es tan profunda que afecta de forma directa al funcionamiento del día a día de Cercanías, en cuestiones tan concretas como la gestión de las incidencias, la información a las personas usuarias o el establecimiento de prioridades de paso cuando hay retrasos. La gestión del personal de Renfe y la carencia de maquinistas también va más allá de las cuestiones inversoras. El traspaso de cercanías tiene muchas carpetas por abordar.

Por otro lado, en Catalunya todavía tenemos mucho campo para recorrer en el ámbito de la gobernanza del sistema ferroviario y de la movilidad en general para avanzar hacia una movilidad más sostenible y segura. Actualmente, fuera de la conurbación barcelonesa y a excepción de algunos corredores y ciudades del país, el transporte público obtiene cifras modestas con relación al uso del vehículo privado. Hay que definir unos objetivos ambiciosos de los niveles de demanda que queremos lograr en transporte público. En este aspecto una propuesta estratégica pasaría por la aprobación de un plan de servicio ferroviario que sirva para pensar y definir los servicios que Catalunya necesita, para después priorizar las inversiones en infraestructuras y servicios necesarios. Esto tendría que permitir avanzar sin ningún retroceso en las inversiones más útiles. Es decir, en aquellas que aportan más capacidad al sistema, las que eliminan los cuellos de botella del servicio y dan seguridad y fiabilidad a la operación, las que evitan que si algo falla, los problemas se extiendan por toda la red: duplicaciones de vías allá donde todavía tenemos vía única, eliminación de cruces de vías, más infraestructura ferroviaria en puntos clave, etc. Hay varias obras de este tipo en marcha y es aquí donde hay que poner todos los esfuerzos. Y no dejar nunca más de invertir en mantenimiento.

En un contexto de crisis climática deberíamos estar invirtiendo en ferrocarril como nunca, ya que los territorios que no tengan un sistema eficiente para mover personas y mercancías afrontarán su futuro en condiciones bastante peores. Y aquí el tren es un aliado imbatible: ningún otro medio de transporte es capaz de mover su carga con un menor consumo energético. En el momento en el que estamos, además, donde se pretende cuestionar cualquier derecho conquistado en lugar de avanzar, defender un buen servicio público para las clases populares es un imperativo democrático, y los usuarios y usuarias del transporte público continuaremos forzando a que las administraciones estén al servicio de la mayoría.

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Mercedes Vidal es experta en ecología urbana. Fue regidora de Movilidad en el Ayuntamiento de Barcelona y presidenta de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) entre el 2015 y el 2019. Nuria Pérez es especialista en planificación y gestión de la movilidad urbana sostenible y en el análisis de las desigualdades socio territoriales de la movilidad. Las dos son portavoces de la Asociación para la Promoción del Transporte Público (PTP).

En Catalunya, desde el 16 de marzo de 2024, tenemos un tope en los precios del alquiler en 271 municipios donde la vivienda se ha convertido en un lujo inalcanzable. Estos municipios, en los que vive casi el 90% de la población catalana, tienen una norma clara: los grandes tenedores (propietarios con cinco o más viviendas) no pueden cobrar más de lo que marca el índice de referencia del Ministerio de Vivienda. El resto de propietarios deben mantener el precio del contrato anterior o el del índice, dependiendo de cuál sea más bajo.

No es ningún capricho. Esta regulación era una necesidad urgente, fruto de la presión del movimiento por el derecho la vivienda y del impulso de fuerzas políticas como los Comuns, que llevamos años reclamándolo. Pero llega tarde, muy tarde.

Los precios del alquiler han subido un 68,3% en solo una década, mientras que los salarios han aumentado apenas un 2,9%, según Fotocasa e Infojobs. Y no es que una inmobiliaria del tamaño de Fotocasa tenga precisamente interés en exagerar estos datos.

Además, el Banco de España alerta que la mitad de los inquilinos destinan más del 40% de sus ingresos a pagar su vivienda. Con este panorama, intervenir en el mercado del alquiler no era una opción: era una obligación.

Desde que se puso en marcha la regulación, el alquiler medio ha bajado un 0,9% en los municipios donde se aplica, mientras que en el resto ha subido un 6,1%. Es una bajada pequeña, sí, pero constante. Ahora bien, el precio medio sigue rondando los 845 euros (según el INCASÒL), mientras que el salario mínimo es de 1.134 euros. No hace falta ser economista para ver que algo no encaja aquí.

La regulación del alquiler ha tenido grietas desde el primer día. Y quienes viven de la especulación las han aprovechado. Algunos han buscado maneras de saltarse la norma: hacer contratos de temporada fraudulentos, fijar precios por encima de lo permitido o cargar gastos de gestión al inquilino, a pesar de estar prohibido. ¿El resultado? Una ley que sobre el papel era efectiva, pero que en la práctica ha tenido demasiados agujeros.

Y esto no es casualidad. Cuando se aprobó la Ley de Vivienda 12/2023, que permite a las comunidades autónomas regular los alquileres, el Partido Socialista se negó a incluir un régimen sancionador. También se dejó fuera la regulación de los contratos de temporada y de habitaciones, sabiendo perfectamente que esto abriría una autopista al fraude. No era ninguna sorpresa: cuando en Catalunya se aplicó una ley similar en 2020, estos trucos ya se usaron para esquivarla. A pesar de las advertencias de los Comuns y de los colectivos por el derecho a la vivienda, el PSOE no quiso ir más allá.

Aquí es donde entra en juego el acuerdo alcanzado esta semana entre el Govern de la Generalitat y los Comuns. Se ha aprobado un decreto que establece un régimen sancionador para que la contención de rentas no quede en papel mojado. A partir de ahora, en Catalunya, saltarse la ley de vivienda saldrá caro.

Este nuevo decreto introduce una serie de medidas para garantizar la transparencia en el mercado del alquiler. A partir de ahora, los anuncios y contratos deberán incluir obligatoriamente el precio del índice de referencia o el precio del contrato anterior, según corresponda. También será necesario indicar si el propietario es un gran tenedor y especificar cuál es la finalidad del alquiler. No cumplir con estas obligaciones será sancionable, con multas que pueden ir desde 9.000 hasta 900.000 euros, según la gravedad de la infracción.

El decreto también establece sanciones económicas contundentes para los piratas inmobiliarios. Alquilar por encima del 30% del límite legal podrá conllevar multas de entre 90.000 y 900.000 euros. Lo mismo ocurrirá con aquellos que trasladen a los inquilinos gastos de gestión que, según la ley, deben asumir los propietarios.

Una de las prácticas más comunes para esquivar la regulación ha sido el uso fraudulento de los contratos de temporada, desalojando a los inquilinos cada pocos meses para poder subir el precio. Con este nuevo régimen sancionador, estas prácticas también podrán ser castigadas con sanciones de hasta 900.000 euros. Además, la Agencia Catalana de Consumo tendrá competencias para sancionar a las inmobiliarias que faciliten o fomenten este tipo de prácticas abusivas.

Las sanciones serán acumulativas en caso de que se detecten varias infracciones en un mismo anuncio o contrato. Esto significa que un especulador o inmobiliaria que incumpla varios aspectos de la normativa podrá recibir una sanción aún más elevada.

Este decreto no tiene como objetivo perseguir ni criminalizar a nadie, pero sí acabar con la piratería inmobiliaria. Quien cumpla la ley no tiene nada que temer. Pero lo que no puede ser es que algunos se hagan ricos saltándose las normas mientras el resto sufre para llegar a fin de mes. Los precios que fija el índice de referencia son suficientes para que cualquier propietario haga negocio sin necesidad de robar a los inquilinos. Porque la vivienda no debe ser un terreno para el abuso.

El objetivo de este régimen sancionador es claro: garantizar que cobrar más de lo permitido por un alquiler no sea un negocio, que hacer contratos de temporada en cadena para cobrar más sea inviable y que saltarse la ley no salga rentable. La lógica es exactamente la misma que con las multas de tráfico: quien se salta las normas, paga.

Esto no va solo de números: va de vidas. Va de personas que tienen que marcharse de su barrio porque ya no pueden pagar el piso. De familias que viven con el miedo en el cuerpo cada vez que se les acaba el contrato. De jóvenes que no pueden emanciparse hasta los 40 años porque el precio del alquiler es un escándalo. Este régimen sancionador es un paso adelante para garantizar una vivienda digna y acabar con la angustia de miles de personas que solo quieren vivir en paz.

El nuevo régimen sancionador es un paso para frenar esta realidad y garantizar que tener un hogar digno deje de ser una lucha constante. Ahora tenemos una herramienta para plantar cara a los especuladores y poner la vivienda en el centro de las políticas públicas. Junto con la lucha de las organizaciones sociales y otras medidas anti-especulación, como la reserva del 30% para vivienda protegida en grandes rehabilitaciones y construcciones de vivienda nueva, esto debe servir para evitar que los especuladores expulsen de sus hogares a los vecinos y vecinas, como ha estado a punto de pasar en la Casa Orsola. Y esto es solo el principio.

Un nuevo año, muchas prisas y un acuerdo de presupuestos que sigue sin llegar. El Govern pide responsabilidad a los partidos y afirma en público que quiere aprobar las cuentas este mismo mes, pero la realidad es que nos encontramos en el mismo punto que estábamos antes de acabar el año. Incumplimiento de los presupuestos del 2023, puerta abierta al casino más grande de Europa en el Camp de Tarragona y unas prioridades de gobierno que no conocemos.

Siempre hemos trabajado para tener unos presupuestos que puedan ayudar a mejorar la vida de los catalanes y catalanas. Catalunya ha tenido tres presupuestos desde el 2017 y han sido posibles gracias a los comuns, incluso en año electoral. Es más, estamos orgullosas de haber cambiado la lógica de ‘si no formo parte del gobierno, tumbo los presupuestos’, pero no estamos dispuestas a hacerlo a cualquier precio. No a cambio de hipotecar el futuro de Catalunya. Buena voluntad o querer presupuestos no es un cheque en blanco.

Se han tenido doce meses para cumplir con todo lo que se pactó, así que si alguna prisa debe tener el Govern es la de pararse a pensar y analizar cuál es el contexto, cómo y cuándo cumple el acuerdo del 2023 con un calendario realista y urgente y cuáles son las necesidades del país de ahora.

Nosotros tenemos claro que las necesidades no son Eurovegas, Barcelona World, Hard Rock o como se diga. Tres maneras diferentes para referirse a un mismo delirio. Después de más de 10 años hablando, todavía está sobre la mesa –incluso en medio de la peor sequía de la historia– la apuesta por el macroproyecto del Hard Rock, el casino más grande de Europa que iría instalado en el Camp de Tarragona.

Un proyecto con un gran impacto ambiental y social que promueve un modelo de precariedad laboral y se basa en el juego y las apuestas, un fenómeno que genera adicciones y ludopatía y que ahora mismo es un verdadero problema de salud pública. Hay que dejar claro que apostar o no para convertir Catalunya en Las Vegas de Europa es exclusivamente una decisión política.

Desde los comuns creemos que el 2024 tiene que ser el año en que el Govern realmente sitúe como prioridades la vivienda, la salud, la educación y la planificación ecológica. Cuatro prioridades que no son de partido, sino que son de país, y que desgraciadamente coinciden con los ámbitos en que el Ejecutivo de ERC menos está cumpliendo.

Faltan miles de viviendas para hacer crecer el parque público en vez de ayudas al alquiler como promueve el Govern, que no ayudan a rebajar el precio. Hace falta valentía política para parar los pies a los especuladores y convertir el Govern de la Generalitat en el principal facilitador de vivienda pública.

En el ámbito sanitario, a pesar de tener el presupuesto en salud más grande de la historia, estamos viviendo un momento crítico para la salud pública: hospitales y centros sanitarios colapsados, huelga indefinida de enfermería o directivos de centros de atención primaria que amenazan con dimitir. En definitiva, unos profesionales que siguen diciendo que los refuerzos no llegan y que siguen como antes de la pandemia; sobrecargados y agotados.

En vez de hacer frente a la situación, el Govern ha anunciado que recorta un 80% el acceso a la pediatría: de 374 centros que hay en Catalunya, a partir de ahora solo en 79 de estos habrá servicio pediátrico. Y se incumple lo que recogía el acuerdo de los presupuestos de 2023 para fijar un plazo máximo de 5 días para poder acceder a la atención primaria.

En educación, nos encontramos con una crisis que se podría haber evitado, pero una vez la tenemos aquí hay que afrontarla y hay que hacerlo con diálogo, con recursos y con planificación, luchando contra la desigualdad y entendiendo la educación 24/7. Medidas como la sexta hora o tres tardes de extraescolares gratuitas son básicas.

Y en transición ecológica, aunque con algunas mejoras, seguimos a la cola en energías renovables, que es una energía más limpia y también más barata. Hay que seguir avanzando, pero también hay que hablar de la sequía. Después de una década de carencia de planificación de política hídrica, vamos muy tarde y el Govern no está fijando las prioridades claras, pidiendo unos sacrificios extraordinarios al sector primario, pero, en cambio, dando barra libre al turismo. Hay que reequilibrar.

Querer aprobar presupuestos tendría que ser sinónimo de querer definir el proyecto de país que se quiere. La sensación de muchos catalanes y catalanas es que su Govern no tiene claro qué proyecto propone. Estar en minoría no tiene que significar renunciar al liderazgo. El camino de Catalunya para el 2024 pasa sí o sí por la vivienda, la educación, la sanidad y las renovables.

El pasado seis de octubre el Ayuntamiento de Barcelona anunció por sorpresa que cesaba a la investigadora y escritora Marta Marín-Dòmine de la dirección del Born Centre de Cultura i Memòria, cargo al que accedió en 2021 tras ganar un concurso público convocado después del despido de la antropóloga Montserrat Iniesta.

El concejal de cultura Xavier Marcé anunció también que el Born CCM pasará a depender del Museu d’Història de Barcelona y dejará de ser una institución de cultura contemporánea para volver a su estatus como yacimiento arqueológico. En otras palabras, el Ayuntamiento renuncia a la memoria como hecho cultural, aquella que hace preguntas, a veces incómodas, sobre el pasado, en favor de la memoria como monumento, siempre más fácil de controlar para el poder político.

El concejal de cultura Xavier Marcé anunció también que el Born CCM pasará a depender del Museu d’Història de Barcelona y dejará de ser una institución de cultura contemporánea para volver a su estatus como yacimiento arqueológico. En otras palabras, el Ayuntamiento renuncia a la memoria como hecho cultural, aquella que hace preguntas, a veces incómodas, sobre el pasado, en favor de la memoria como monumento, siempre más fácil de controlar para el poder político.

La decisión sorprende por los argumentos confusos que ha empleado el consistorio para cuestionar el proyecto que el equipo liderado por Marín-Dòmine llevaba apenas dos años desplegando, y resulta cuanto menos llamativa al producirse apenas un mes después de que Quim Torra, primer director de la institución, lanzase un “SOS pel Born” en donde criticaba la pérdida de peso de los “hechos del 1714” en el equipamiento e interpelaba directamente al nuevo alcalde socialista.

El Born CCM se sitúa así de nuevo en el epicentro de la inacabable batalla entre los caprichos de la política y el trabajo sobre la memoria. Desgraciadamente, nada nuevo en un país en el que el pasado parece no poder pasar, parafraseando al historiador Ismael Saz, y en donde se lo utiliza más bien como un arma arrojadiza en lugar de un espacio para reflexionar, con rigor y generosidad, sobre lo sucedido como semilla de futuros posibles.

“Sin el trabajo de la memoria nuestros valores y nuestras democracias están en un grave peligro”, nos recuerda la escritora Géraldine Schwarz en su fantástico libro Los amnésicos (2019). Por eso preocupa tanto la decisión de prescindir de un centro contemporáneo de reflexión sobre la memoria, que apostaba precisamente, como recordaba Marín-Dòmine en su intervención en el programa Més 324 de Xavier Grasset el mismo día de su cese, por dialogar con los múltiples estratos de la memoria del Born a la vez que se abría a las memorias del mundo.

Sin desmerecer en absoluto la importantísima condición de yacimiento del lugar, y el trabajo de los profesionales que lo investigan, ese valioso diálogo entre pasado, presente y futuro se ha puesto ahora en entredicho.

Sin desmerecer en absoluto la importantísima condición de yacimiento del lugar, y el trabajo de los profesionales que lo investigan, ese valioso diálogo entre pasado, presente y futuro se ha puesto ahora en entredicho, vaciando el edificio de las palabras, las imágenes y los cuerpos que lo mantenían vivo. Yo mismo había de comisariar en 2024, junto al investigador Pablo La Parra Pérez, un ciclo de conferencias sobre la relación entre historia y utopía, un programa que, como tantos otros, se quedará ahora en un cajón.

En 2022 TV3 emitió el capítulo 5 de la segunda temporada del programa Batalla monumental, en donde el Born CCM y el Poble Vell de Corbera optaban a ganar el duelo al mejor monumento sobre la “historia trágica de Catalunya”. Perdió el Born, quien un año después quizás tendría una buena oportunidad en la categoría de los monumentos a las memorias que estorban, como se preguntaba Xavier Grasset al hilo de este último episodio en la larga lista de las memorias que molestan. 

En un contexto precario y enormemente dependiente del sector público, como es el de la cultura, resulta complicado imaginar una alternativa al control de las instituciones por parte del poder político de turno, y las redes clientelares, y los silencios, que esto alimenta. Pero urge encontrar la manera, o estaremos condenados a regirnos por la visión cortoplacista de la política y a seguir recibiendo tristes noticias sobre ceses inesperados de personal, nombramientos a dedo, cierres de instituciones, cambios de presupuestos o, en su extremo, censura. 

Enrique Fibla es doctor en Filosofía de la imagen e investigador especializado en la intersección entre cultura visual, archivo y memoria histórica.

Al Congrés dels Diputats està en tràmit el Projecte de Llei de Mobilitat Sostenible. L'Associació per la Promoció del Transport Públic (PTP) i altres 13 entitats hi estem treballant de valent, ja des d’abans que el govern aprovés el Projecte. Creiem que és una llei necessària, oportuna i esperada, doncs no tenir-la suposa una important diferència si ens comparem amb països del nostre entorn.

Especialment pel que fa al finançament del transport públic: mentre arreu mereix un text legal que garanteix la seva estabilitat, aquí depenem cada any de les discussions puntuals sobre els pressupostos públics, sempre sotmesos a negociacions d’última hora entre els partits, sovint no gaire transparents per a la ciutadania. És una forma de funcionar desfasada i perniciosa per als interessos públics.

Per tant, ens satisfà que hi hagi una llei estatal de la mobilitat i que aquesta sigui sostenible, a la qual s’incorpori el dret a la mobilitat de les persones que permet satisfer altres drets, no només la regulació dels diversos sistemes de transport que fem servir per als nostres desplaçaments. Es crea, encertadament, un autèntic sistema nacional de mobilitat sostenible, es preveu la compartició de les dades i la seva integració per a la millora del sistema, s’aposta per l’experimentació i es regulen les obligacions de servei públic que han de vetllar perquè els usuaris tinguin una prestació de serveis de qualitat.

També reconeixem la dificultat de construir un text regulador d’una matèria complexa, que afecta a tots els nivells de les administracions públiques i també a operadors privats, que ha de convèncer de la voluntat d’una futura modernització i, alhora, reflectir quin és el model present i donar resposta a les demandes del moment.

Però en un context com l’actual, d’emergència climàtica i dependència energètica, on hi ha consciència sobre les insuficiències clares del nostre model, estem treballant un text que no cobreix les expectatives i resulta poc ambiciós. És així perquè no incorpora l’obligació d’assolir objectius concrets i calendaritzats de descarbonització o neutralitat climàtica abans de 2050, amb objectius intermedis per a la reducció d’emissions pera a 2030 i 2040 -en relació als nivells de 1990. I cal saber que en el seu dia es va aprovar el compromís de fer-ho, quan es va aprovar la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica.

Des del punt de vista del transport públic, es renuncia a que el seu finançament sigui nuclear en la nova llei -com estava previst inicialment. A més, no es defineix un esquema objectiu que permeti entendre que es busca un futur sistema multimodal que tingui com a columna vertebral el transport públic -en especial el sistema ferroviari-, que alhora hauria de tenir un objectiu d’increment del nombre de trajectes en el transport de viatgers i de mercaderies per ferrocarril.

És més, en comptes de preveure mecanismes per a l’apertura de noves línies ferroviàries, la llei preveu com justificar-ne el tancament en base a criteris econòmics. No hi ha el compromís de millorar les connexions transfrontereres i la potenciació dels trens nocturns, iniciativa que està sumant adeptes a tota Europa. No hi ha previsions de crear targetes úniques de transport, que facilitin els moviments de la gent sense patir la dispersió que significa l’existència de diversos operadors i responsables del servei.

Hi ha una regulació escadussera de les Zones de Baixes Emissions, sense preveure la implantació de peatges urbans o altres vies per a la fiscalitat ambiental, sinó el seu mer estudi i anàlisi. Cal dir que, com a país, en aquesta matèria estem molt per davant de la fase d’estudi, de manera que les Administracions s’han d’atrevir a fer un pas més enllà i no quedar-se en les simples declaracions d’intencions. També observem que, si no es modifica, serà una Llei més pensada per als sistemes administratius que per a la ciutadania usuària del transport. Finalment, en el text no hi ha una especial presència de l’imprescindible objectiu de millorar les connexions en les àrees despoblades i zones rurals.

Però, tornant al principi, el que ens preocupa més és la manca de previsions valentes pel que fa al finançament del transport, en un moment en què la crisi econòmica post-guerra Ucraïna ha justificat l’adopció de mesures com la gratuïtat o reducció de preus, que no han anat acompanyades de garanties d’estabilitat per tal que el sistema no pateixi més, fins a degradar-se de forma irreversible. La llei preveu un màxim d’aportació de l’Estat als sistemes urbans de transport públic, però en canvi no preveu un mínim, que és el que en garantiria l’estabilitat.

És el moment d’exigir a les administracions compromisos clars al respecte, doncs està en perill la pròpia sostenibilitat del sistema, no només la seva imprescindible millora i modernització. No és de rebut que els governs vulguin beneficiar-se dels rèdits electorals que creuen que els reportarà la reducció del preu del transport públic, però no vulguin fer-se càrrec d’incrementar els ingressos públics per poder sufragar els costos de les seves pròpies polítiques.

Per tot això i moltes altres qüestions, hem presentat un total de 64 esmenes al Projecte de Llei i estem en contacte amb tots els grups polítics per fer escoltar la nostra posició. Hem fet diversos webinars i posem tota l’energia disponible per aconseguir millores.

És el moment que hi hagi un general coneixement d’aquesta tasca i que ens ajudeu des dels vostres diferents espais de treball i reflexió, per aconseguir el màxim de millores al Projecte. Mereixem una llei de mobilitat sostenible i finançament del transport públic que sigui molt bona, perdurable, estable i modernitzadora. De tots i totes depèn el resultat final i necessitem comptar amb el suport suficient de la gent que senti que aquest tema importa, com ho sentim nosaltres, la gent de la PTP.

Si entráis en las estadísticas del Ministerio de Trabajo os será imposible encontrar datos sobre las huelgas generales. Por alguna razón que desconozco, estos datos ya no aparecen. Aun así, durante un tiempo, estuvieron disponibles para su consulta y eso facilitó que algunos analistas, como el periodista Roger Tugas, dieran cuenta de las proporciones históricas de la huelga del 3 de octubre de 2017 en Catalunya. Constaba el seguimiento de 2.249.145 trabajadores por cuenta ajena, lo que supone más de un 81% de este sector. Unas proporciones mucho mayores que las dos huelgas generales del 2012, que movilizaron entre el 21% y el 24,5%. O también que la huelga feminista del 8M del 2018, con un seguimiento similar a las dos citadas.

Fue una huelga histórica, pues, que tan sólo podría compararse a la del 14-D de 1988. Pero tiene particularidades propias. Por ejemplo, a diferencia de la mayoría de las huelgas generales, en las cuales el paro de la gran industria es el indicador, en la del 3-O este fue uno de los sectores con un seguimiento menor. La explicación es la hegemonía de CCOO y UGT en los comités de empresa de dicho sector industrial.

En relación con esto, otra particularidad, quizá la más destacable, es que Catalunya fue a la huelga sin ningún entusiasmo por parte de CCOO y UGT. Fueron sindicatos alternativos los que convocaron oficialmente la huelga: I-CSC, CGT, IAC y COS. Fue más tarde que se añadieron algunas pequeñas patronales y las dos principales centrales sindicales que, arrastrando los pies y tratando de diluir el carácter combativo de la convocatoria, llamaron a un “paro de país” en el que trabajadores y empresarios llegasen a un acuerdo para detener los centros de trabajo durante unas horas y no toda la jornada.

El gran seguimiento se dejó notar en educación, sanidad, transporte, comercio e incluso en el ámbito de la justicia: el 63% de los trabajadores de la Audiencia Provincial y del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya se sumó a la huelga. Y si el símbolo del 14-D fue el apagón de TVE (cabe recordar que en aquél entonces no existían todavía las TV privadas), una de las imágenes significativas de aquél 3-O fueron los trabajadores de las oficinas centrales de Caixabank bajando a cortar la Avenida Diagonal.

El éxito de esa huelga se explica porque conectó con la sociedad catalana. Se convocó a partir de la operación represiva del 20 de septiembre, cuando la policía detuvo a miembros del Govern y registró sus dependencias, a la vez que trataba de hacer lo mismo en la sede de la CUP cuando un muro humano se lo impidió. Pero la envergadura masiva de la huelga se fraguó con las cargas policiales del Primero de Octubre, día del referéndum.

Fue, por tanto, una huelga reactiva, de protesta. Era una coalición puntual bastante diversa, desde el independentismo más militante hasta sindicatos y colectivos libertarios que rechazaban la ocupación policial de las últimas semanas y los abusos contra los derechos civiles y políticos.

Pero fue algo más que una coincidencia. Lo interesante del 3-O es que muestra unas solidaridades de fondo presentes en el pueblo catalán y que son imposibles de entender para aquellos que solo han observado el proceso independentista desde el punto de vista de las maniobras en la cúpula de instituciones y partidos. Aquella revuelta ponía de relieve el carácter popular y la dinámica de abajo hacia arriba. Y eso rompía muchos esquemas, desde los del “independentismo burgués” hasta los del “independentismo rural”. En un sentido contrario, tampoco las corrientes que hoy se identifican con algo así como la “pureza proletaria” parecen entender nada sobre la fuerza que hizo temblar, durante unas semanas, el Estado español. Fueron estudiantes, profesores, sanitarios, bomberos, estibadores, agricultores, sindicalistas y trabajadores de todo tipo el motor de la huelga más grande.

Aquella fuerza le quemó en las manos a los dirigentes independentistas y no supieron qué hacer. Algunos se asustaron de la reacción del Estado, que aquél mismo día reforzó su carácter autoritario con el discurso del Rey avalando la represión. Como han contado algunos protagonistas, España mandaba mensajes oficiosos que, de seguir adelante, habría muertos. Puede que a los principales dirigentes independentistas, tanto como “los muertos” les asustaran “los vivos” y que, precisamente por el carácter popular de las jornadas de Octubre, temieron un proceso de transformación profundo. Quizá, también, hubo quién calculó con excesiva prudencia que aquella confluencia del 3-O era puramente antirepresiva y que aquello no bastaba para una declaración de independencia. Por supuesto que no todo el mundo que salió a la calle aquél día era independentista, pero también es cierto que la gente sigue a quién muestra determinación e iniciativa.

Es necesario un análisis crítico de éstas carencias para poder volver a crear unas condiciones revolucionarias y esta vez contar con una dirección revolucionaria. Pero también es necesario mantener viva la memoria de la enorme fuerza que, pese a todo, expresó nuestro pueblo en la que fue la huelga más grande.

En política, como en la vida, la mayoría de las crisis nos las autogeneramos nosotros mismos. Somos nuestro peor enemigo. Excesos verbales, comentarios desafortunados, presiones, acoso… La mayoría de personas son plenamente conscientes de cuando han actuado mal. Ante esta tesitura tenemos dos formas de proceder: pensar que nuestra actuación no trascenderá a la luz pública y hacer como si nada hubiese pasado o reconocerlo rápidamente y actuar en consecuencia. 

La segunda opción suele ser siempre mejor que la primera. Te garantiza llevar la iniciativa y evitar navegar a la deriva cuando llegue el temporal. Además, una disculpa rápida suele tener efectos balsámicos y minimiza los daños posteriores. Como decía el padre de una de las víctimas del accidente del Alvia del que de aquí tres días hará 9 años: “Si a mí me piden disculpas me quedo sin argumentos”. Las víctimas de cualquier situación lo que más necesitan en un primer momento es una disculpa, que es lo que casi nunca reciben. 

El diputado de Junts Francesc de Dalmases, según publicó este diario y Nació Digital, después de una entrevista a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, en el programa Faqs de TV3, cogió a una periodista del brazo, la cerró en un despacho y la increpó reprochándole que los periodistas hubiesen hecho preguntas “no adecuadas”. 

Cuando accedes a ir un plató de televisión y estás inmersa en una situación delicada como Laura Borràs, es mucho mejor dedicar el tiempo a preparar un buen argumentario, con todas aquellas preguntas que desearías que le hiciesen a tu rival político si se encontrase en el mismo lugar que tú. Y ensayar cómo dar respuesta a las más complicadas y, sobre todo, cómo controlar las emociones si la entrevista coge un camino que no es el que deseamos. Es decir, centrarnos en hacer lo mejor posible nuestro trabajo y dejar que los periodistas hagan el suyo, que es hacer preguntas, gusten o no a los interlocutores. Su trabajo, al fin y al cabo, no es o no debería ser dar masajes sino cuestionar al poder. 

Este tipo de situaciones han sucedido siempre. Y las llevan a cabo personas que tienen una manera muy particular de entender el poder, un ego excesivo y temor a que se sepa la verdad. También lo hizo en su día el entrenador José Mourinho con el periodista Antón Meana. Y también, como Dalmases, actuó rodeado de su gente, dejando solo al periodista. Ni a Dalmases ni a Mourinho los paró ninguno de sus colaboradores. 

Una vez salen a la luz pública las informaciones que le ponen en la diana, Dalmases y Junts siguieron con el manual de lo que no se debe hacer en una situación de crisis. Es muy habitual en estos casos tratar de minimizarlo, quitarle hierro esperando a que el globo se pinche. “Lo que pasó es una discusión profesional entre el equipo de la presidenta y el programa. En ningún caso hubo ningún comportamiento agresivo”, verbalizaron desde Junts. Pero no se conformaron con minimizar, como se ha sabido hoy, dieron un paso más. Laura Borrás presionó a la periodista para que exonerase públicamente a Dalmases. 

Pero en crisis como esta, el globo nunca se pincha, sino que se hincha a toda velocidad. Aparte de los dos medios que habían publicado la noticia el resto también se hizo eco, los partidos empezaron a opinar y Twitter echaba humo. Ya tenemos el fuego a todo gas. La presión cada vez es más intensa. Dalmases hace este tuit pidiendo disculpas. 

“Pido disculpas a quien se haya podido sentir ofendido” no sería la frase más adecuada para disculparse. Además de la disculpa pública, la más importante siempre es la disculpa privada. Puede que ya la haya hecho, lo desconozco. En caso de haber sido así, hubiese sido bueno añadirlo en el tuit. En comunicación de crisis el orden de los factores sí altera el producto. ¿Qué hubiese pasado si el lunes siguiente Dalmases se hubiese disculpado con la periodista y el equipo del programa?

El problema es que solo movemos ficha cuando nos ponen en el punto de mira. Y entonces actuamos reactivamente, no tenemos la iniciativa y perdemos el relato. La crisis se va haciendo larga y es más difícil de sobrellevar. El caso Dalmases lleva cuatro días en la agenda política y mediática. El jueves anunció que dimitía “temporalmente” como portavoz en la comisión de la CCMA, organismo que gestiona los medios públicos y Junts anunció que le abrirá un expediente informativo.

La crisis continúa y los efectos que puede acarrear todavía no han acabado. A Boris Johnson le pasó una factura elevada seguir un sistema muy parecido en la crisis de las fiestas en Downing Street durante la pandemia. Ya conocemos su final. 

Cuando antes asumimos el error, más opciones tenemos de evitar males mayores. En una crisis, no solo importa qué sucede sino cómo gestionamos lo que sucede. Una buena gestión nos puede mantener a flote y una mala puede acabar hundiéndonos. La pregunta es ¿por qué si la historia demuestra que actuar tarde y mal no funciona se sigue optando por este camino? 

Tras asistir a la representación teatral de ‘Lorca en Nueva York’ en el Teatro Condal de Barcelona, interpretada por Alberto San Juan, tuve la ocasión de compartir con él unos minutos de agradable conversación. Entre otras cosas, pudimos hablar sobre las elecciones francesas, de las recientes presidenciales y de las futuras elecciones legislativas que deben realizarse en pocos días. 

En dicha conversación, una parte de nuestro interés se centró en la figura de Jean-Luc Mélenchon, quien en dos elecciones presidenciales consecutivas ha quedado a poca distancia de Marine Le Pen y, por lo tanto, a poca distancia de tener la opción de pasar a la segunda vuelta y de disputar la presidencia de la república a Macron. Nos preguntábamos si sería capaz de construir un proyecto o alternativa que en las próximas legislativas obtenga un resultado que permita que la Asamblea Nacional Francesa condicione, en el mejor sentido de la expresión, la política presidencial del recientemente reelecto.

Todo ello nos condujo a intentar recordar en qué momento de la historia francesa se había producido una victoria electoral de una opción política situada claramente a la izquierda de aquello que representaban las opciones socialistas a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI. La única ocasión en la que este resultado se produjo fue en las elecciones del 2 enero 1956. Estos resultados otorgaron al PCF el 25% de los votos. Uno de cada cuatro franceses votó partido comunista, con un total de más de cinco millones de votos de aquella época. 

En el otro extremo del arco parlamentario, obtuvo también un resultado notable -muy alejado del partido comunista, pero, aun así, notable- el partido de Pierre Poujade. Con un discurso contra los impuestos, Poujade pretendía aglutinar a su alrededor el voto descontento de una parte de la sociedad francesa y buscaba una opción política ubicada claramente a la derecha del abanico parlamentario. El partido comunista había ganado las elecciones, fue el partido más votado, pero optó por no asumir la presidencia del Gobierno francés en un intento de construir un gobierno viable y aceptado por gran parte de la sociedad francesa e incluso de los aliados occidentales. 

Por lo tanto, el partido comunista entregó la presidencia del Gobierno francés al candidato del partido socialista -denominado oficialmente SFIO (Sección Francesa de la Internacional Obrera). En dicho gobierno también estaban representados los socialistas radicales, que eran una herencia del republicanismo democrático que desde el siglo XIX se había construido alrededor de conceptos -durante la segunda mitad del siglo XX ya estaban plenamente asumidos- como el del sufragio universal. La tradición radical, llamada así en Italia, Francia y en otros países europeos (también tuvo su versión española, a veces contrapuesta a la versión italiana o francesa) había sido un espacio político con un papel muy importante en Europa y con una presencia electoral notable en Francia.

Este gobierno de izquierdas, con un primer ministro socialista y con un apoyo mayoritario parlamentario del PCF, acabó chocando con la incapacidad de la clase política francesa de entender que la independencia de Argelia era inevitable. El nuevo gobierno estaba condicionado por los hechos recientes, cuando un gobierno derechista había tenido que aceptar la independencia de Indochina en las negociaciones de Ginebra, tras el desastre militar francés en Dien Bien Phu, en 1954. 

El 1956, además de la victoria del partido comunista en Francia, fue relevante por otras razones. Un hecho significativo fue la intervención militar conjunta de Israel, Francia y el Reino Unido en el canal de Suez que no contó con el apoyo de los Estados Unidos. En cambio, benefició enormemente a la estrategia diplomática de la Unión Soviética, que pudo presentarse como el mejor aliado posible ante los ojos del mundo árabe y de India, Yugoslavia y el propio Egipto, que lideraban el movimiento de los países no alineados. La intervención en el canal de Suez acabó con la retirada vergonzante de británicos y franceses del Sinaí en una derrota que fue militar y política. 

Esta intervención francesa en Egipto agravaba las tensiones ya existentes en Argelia y la incapacidad del nuevo gobierno de izquierdas de encontrar una solución respetuosa a las aspiraciones nacionales argelinas. Algo que fue utilizado por los poderes fácticos para acabar forzando una guerra sanguinaria en Argelia. 

Finalmente, la crisis de la cuarta república desembocó en una quinta república en la que nunca una opción política a la izquierda del espacio socialista ha tenido la oportunidad de ganar unas elecciones. 

La izquierda francesa ha sufrido, pues, en sus carnes electorales, las múltiples inseguridades de una potencia que sigue siendo relevante, pero que ya no es el imperio que fue un día. La indigestión imperial da una gran ventaja a las fuerzas que se benefician de su gestión, bien sean democráticas (como el gaullismo o el macronismo) o autoritarias (como el lepenismo). Para salir de esa rueda, probablemente a la izquierda francesa no le quede otro remedio que tratar de romperla. Reivindicar una idea de Francia que no esté anclada en la nostalgia de una uniformidad que nunca fue tal, ni en el recuerdo de una ‘grandeur’ imperial de la que se beneficiaron realmente y, sobre todo, sus élites. 

Veremos, pues, si Mélenchon y sus filas son capaces de lograr este hito. Quizás este sino de la historia iniciado en 1956 cambie por primera vez en estas elecciones legislativas francesas en junio de 2022.

La salud pública catalana pierde calidad. No es una afirmación menor y menos si quién la hace es el mismo conseller de salud, Josep Maria Argimon. En su comparecencia en la Comisión de Salud a principios del 2022, explicaba cómo los seguros privados de salud se han disparado en solo cuatro años. Los ciudadanos y ciudadanas con mutua privada han pasado del 25% de la población al 32%. El conseller afirmaba que esta es la verdadera privatización del sistema catalán de salud.

La salud pública catalana se está privatizando. Es un titular que tendría que hacer saltar todas las alarmas. Es evidente que el aumento de las mutuas privadas de salud, como reconoce el mismo consejero, es el primer paso para construir un sistema dual donde los recursos económicos hacia la sanidad pública no sean la máxima prioridad de los gobiernos de turno. Esto ya ha pasado, solo hay que recordar los tiempos de Boi Ruiz hace apenas diez años y como todavía pagamos las consecuencias de los recortes del gobierno de Artur Mas. El principal patrimonio que tienen las clases populares y una de las principales políticas de lucha contra la desigualdad a través de mecanismos de pre-distribución son un sistema público de salud y educación fuertes y robustos. Dos pilares que la pandemia ha sacudido todavía más.

¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es la respuesta que hay que dar? Estas son las dos preguntas que nos tendríamos que hacer.

El aumento de las mutuas privadas de salud no es un acontecimiento meteorológico. Es causa de la situación de la sanidad pública catalana, de la carencia de prioridades y orientación del Departamento, tanto en la etapa del actual conseller como en la de la anterior consellera, y principalmente del colapso que vive nuestra atención primaria. Es marca de la casa de los gobiernos de ERC y Junts.

Cuando conseguir hora para tu médico o médica de familia o con un especialista en tiempo razonable, cuando las pruebas diagnósticas de enfermedades cardiovasculares o cardíacas se han desplomado entre el 30 o el 40% o el seguimiento de los y las enfermas crónicas están en crisis, la gente que puede pagar una mutua apuesta por un sistema dual: el día a día a la privada y si tengo una cosa grave ya iré a la pública.

Sin duda la COVID ha sido el golpe de gracia a la atención primaria, pero también está siendo una excusa para introducir cambios relevantes que suponen un nuevo modelo y más dificultades para acceder a nuestra médica o médico de cabecera. Hoy pedir hora en nuestro Centro de Atención Primaria (CAP) es lo más parecido a una yincana digital, no se garantiza la accesibilidad, después de meses con consultorios cerrados y los CAPs blindados. Al mismo tiempo la estrategia de “Concentración” de especialidades como pediatría o ginecología hace que muchos centros de atención primaria pierdan estas especialidades, y a la vez hace que las urgencias se colapsen, por ejemplo, ante la angustia de muchos padres y madres que no pueden esperar hasta tres semanas por una visita pediátrica.

Ante esta situación no hay bastante con hacer el diagnóstico. La atención primaria es el corazón del sistema. Sin ella no hay sistema nacional de salud. Necesitamos un tratamiento de emergencia por una sanidad pública catalana que está en paro cardíaco. Hace falta que el conseller y el Departamento pasen de las palabras a los hechos. Sino puede ser sólo la constatación de una realidad en la que la conselleria es directamente responsable. Un conseller no es un notario, tiene que intervenir, gobernar.

Y es urgente intervenir. Por eso desde En Comú Podem hemos propuesto un plan de choque que permita actuar de manera inmediata sobre la situación de la Atención Primaria en Cataluña. En primer lugar, que recuperemos la normalidad. Discotecas abiertas y CAPs blindados, es una verdadera realidad distópica. Es urgente recuperar el nivel de pruebas diagnósticas pre-COVID, y el Departamento tiene los recursos necesarios para hacerlo, gracias a los presupuestos de 2022 que suponen el récord de recursos destinado al Departament de Salut, con partidas específicas para hacerlo posible introducidas por En Comú Podem. El primer paso es regresar al punto pre-COVID pero sabiendo que lo hacemos con unos profesionales que han dado lo mejor de sí mismos, que están al límite y agotados. Hace falta sin duda mejorar de una vez por todas sus condiciones laborales si no nos queremos abocar a una nueva huelga en la sanidad pública. No nos podemos permitir ni la precariedad ni el abandono de profesionales excelentes, a todos los niveles, desde médicos y médicas, enfermería o personal administrativo.

Garantizar la accesibilidad y la longitudinalidad, es decir que tu médico o médica de cabecera sea el mismo a lo largo del tiempo, es clave para garantizar una buena atención sanitaria y a la vez prevenir y también hacer una eficiente gestión de los recursos sanitarios. Disponer de cita con nuestro médico o médica de cabecera en menos de 48 horas y visita con el especialista en menos de tres semanas. Esta es la clave para parar la privatización de nuestra sanidad pública. En una situación límite, necesitamos respuestas urgentes, no simplemente un diagnóstico.

Para hacerlo, es indispensable que se destine el 25% de los recursos del Presupuesto de Salud a la Atención Primaria. Y esto es únicamente responsabilidad de la Conselleria de Salut. La reclamación de más recursos, un nuevo fondo COVID de 1.400 millones de euros por parte del conseller, por justa que sea, no puede tapar como las prioridades no son las que necesita hoy la sanidad pública catalana para recuperar calidad. ¿Dónde irían a parar estos 1.400 millones? ¿A la Atención Primaria? Es una pregunta que hoy sigue sin respuesta.

Y a la vez hay que actuar a medio plazo. Hoy solo el 26% de los MIR eligen la primaria como especialidad, años atrás eran un 46%. Necesitamos más profesionales en la primaria, y especialmente de enfermería, haciendo que las y los enfermeros de primaria pasen a dos por cada médico o médica de familia.

Y finalmente, necesitamos una ley de Atención Primaria Catalana que nos permita blindar legislativamente el corazón de nuestro sistema, porque gobierne quién gobierne protejamos nuestro sistema nacional de salud público. Desde En Comú Podem ya nos hemos puesto a trabajar para hacerla realidad antes del verano, desde el diálogo con profesionales, usuarios, movimientos y sindicatos.

En los últimos tiempos el uso de las criptomonedas se ha disparado. Es un tema habitual de conversación en muchas reuniones sociales, y casi todos tenemos algún amigo que se ha convertido en un cryptobro.

¿Pero porque las personas están dispuestas a pagar grandes cantidades de dinero por bienes que no hacen nada? Es difícil entender la fascinación por las criptomonedas, como activo económico son un fenómeno muy extraño, sin ningún tipo de correlación con ninguna otra actividad económica.

Recientemente también estamos viendo que el uso de las criptomonedas se ha disparado en Rusia y Ucrania desde que se inició la guerra. En pocos días el volumen de conversión del rublo a bitcoins ha superado los 140 millones de dólares, según datos recogidos por Euronews.

Los ciudadanos rusos han visto en las divisas digitales la forma de retener su capacidad adquisitiva ante la caída del rublo, y de la misma manera, los grandes magnates del país buscan transformar sus rublos en criptomonedas para eludir el bloqueo internacional al que están sometidos sus cuentas.

Lo que lo permite es la propia naturaleza de las criptomonedas, que viven en un sistema propio y no son fiscalizadas por bancos centrales. Los movimientos de las criptodivisas no necesitan hacerse con nombres y apellidos, como sí ocurre con las transacciones bancarias que se ven afectadas por la desconexión de la plataforma de pagos SWIFT y por las restricciones impuestas por Visa, MasterCard y American Express.

Por su parte, el Gobierno ucraniano, se ha soportado en las criptomonedas para solicitar donaciones para financiar la defensa del país. La cuenta oficial de Twitter del Gobierno lleva días difundiendo las direcciones de bitcoin y ether a las que enviar dinero para colaborar en la causa. Hasta el 1 de marzo habían recibido por esa vía más de 15 millones de dólares. Ucrania antes de la invasión era el cuarto país del mundo donde más se utilizaban las criptomonedas, y al igual que el propio gobierno, la gente ha recurrido al bitcoin y otras criptomonedas para transportar fácilmente su dinero y conseguir conservar sus ahorros.

Pero a pesar de esta dinámica al alza, nada garantiza que estos ahorros no pierdan valor. El valor de las criptomonedas sólo depende de lo que decidan aquellos que las poseen. Por ejemplo, la criptomoneda más famosa: el Bitcoin, no genera valor económico añadido, ni beneficios, ni dividendos; su valor intrínseco es cero. Sólo se basa en la limitación previa de la oferta.

Es cierto que ahora mismo las criptomonedas no amenazan al sistema financiero; los números no son lo suficientemente grandes para ello. Sin embargo, gran parte de su crecimiento se basa en expectativas especulativas. Es decir, en que el gran público observa que surge una nueva clase de activos y comienza a actuar para no perder una posible oportunidad.

Según un informe reciente de la Asociación de Usuarios Financieros, 4,3 millones de personas en España poseen criptomonedas. De éstos, un 40% lo considera una “apuesta segura”.

Las criptomonedas, como las monedas tradicionales, tienen también dos caras: por un lado, son una inversión emergente y extremadamente golosa. Pero la otra cara es la que revela que más que de un mercado de activos deberíamos hablar de un criptocasino.

Las inversiones especulativas de alto riesgo en las que se manejan plazos cortísimos de tiempo para obtener beneficios y en los que todo es volátil e incierto son más cercanas a una apuesta que a una inversión. Y las consecuencias que esto puede tener para algunas personas, sobre todo para los jóvenes, son imprevisibles.

Por tanto, estamos ante una pregunta evidente: si en el mundo físico se han ido aprobando normativas que limitan incluso el dinero que se puede pagar en efectivo, ¿por qué no existe ninguna ley que establezca lo que se puede pagar o no en bitcoins? Y de ahí uno de los debates en torno a las criptomonedas: ¿cómo regularlas?

Ahora mismo estamos muy lejos del tipo de regulaciones que se aplica a cualquier otro tipo de activo financiero. Si las criptomonedas se comportan como un activo financiero y se anuncian como activo financiero, probablemente las autoridades reguladoras deberían tratarlo, por lo menos, como un activo financiero.

Asimismo, no puede olvidarse el alto impacto ecológico que tienen. Según un estudio publicado por New York Times en septiembre de 2021, esta industria necesita alrededor de 91 teravatios/hora de electricidad al año, es decir, casi el 0,5% de todo el consumo de electricidad mundial. O por decirlo en términos más gráficos, el consumo anual de electricidad del sistema supera ya el de países como Holanda, Finlandia o Filipinas, y se acerca al de Noruega o Argentina.

Tal y como publicó el diario económico francés Les Echos, hace meses que muchas de las grandes fortunas rusas empezaron a transferir dinero a las criptodivisas. Precisamente por ello, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ya dijo el 25 de febrero, al día siguiente de iniciarse la invasión, que la UE necesita una legislación que regule las transacciones de criptomonedas.

Lo que esto pone en evidencia, a pesar de la negativa de muchos cryptobros , es que el dinero es profundamente político, no es un elemento inocuo que pueda depender de un algoritmo privado. Y es que la ideología cripto es contraria a la política, porque implica la erosión de la democracia y fomenta la desaparición de las instituciones colectivas utilizando un marco que descarta al Estado como soberano a la hora de diseñar tecnologías los beneficios de las que puedan ser colectivizados.

Bajo el discurso de liberarnos de los magnates, los Estados e incluso del cambio climático, los fanáticos de las criptomonedas están impulsando la ideología de la mercantilización. Un criptoimperialismo en manos de especuladores que no responden delante de nadie. Y es que hay que recordar que el 0,01% de los propietarios de bitcoin controlan el 27% de las monedas en circulación, es decir, un cuarto de todos los bitcoins que existen en el mundo está en poder de 10.000 megarricos.

Es evidente pues que no estamos ante una tecnología democratizadora y descentralizadora, sino ante una tecnología que está produciendo un nuevo imperialismo de los megarricos que pueden surfear las legislaciones estatales. Seguramente el ejemplo más paradigmático es Elon Musk, que se ha convertido en el mayor criptoinfluencer. Un tuit suyo provoca subidas y bajadas instantáneas en el Bitcoin, el Ethereum o el Dogecoin, que son sus criptoactivos favoritos.

Así pues, cualquier aproximación política a las criptomonedas debe partir de la necesidad de evitar que las tecnologías blockchain sólo acaben siendo útiles para el poder extractivo de unos pocos. Siendo conscientes de que cualquier escenario que surja no depende de las inevitabilidades tecnológicas, sino de las decisiones políticas que se tomen.

La cuestión de los derechos lingüísticos vuelve a estar en el centro del debate político. Hace unas semanas, a raíz de la sentencia sobre el modelo de inmersión lingüística en Catalunya, Pablo Casado declaró que era necesario defender los “derechos lingüísticos que consagran nuestra nación”. ¿Se están garantizando tales derechos para todos los ciudadanos por igual?

En España existe una desigualdad lingüística de base. Los derechos lingüísticos de los castellanohablantes están garantizados independientemente de donde se sitúen en el territorio del estado. Sin embargo, los derechos lingüísticos de los hablantes de las otras lenguas oficiales están territorialmente acotados. Esto caracterizaría España como un régimen de personalidad lingüística desigual. El principio de personalidad lingüística sostiene que los derechos lingüísticos de la ciudadanía se mantienen y garantizan por igual en un territorio determinado. En España, la constitución establece el conocimiento del castellano como obligación y su uso como derecho en todo el territorio estatal, un estatus confirmado en la jurisprudencia relevante y que no se aplica al resto de lenguas.

En buena medida, la protección de la riqueza lingüística mencionada en el artículo 3.3 de la Constitución española se externaliza a los gobiernos autonómicos, que pueden escoger entre regímenes de cooficialidad (por ejemplo, Catalunya, Euskadi o las Illes Balears) o de reconocimiento limitado (por ejemplo, Aragón en relación con el aragonés y el catalán o Asturias en relación con el asturiano).

En casos avanzados de cooficialidad, observamos una competencia por la prevalencia lingüística, es decir, una tensión entre la voluntad de promocionar las lenguas oficiales distintas al castellano y la preeminencia del castellano en el diseño lingüístico estatal. De hecho, las controversias lingüísticas emergen precisamente cuando la voluntad de priorizar la lengua cooficial en un ámbito determinado (como la educación en Catalunya) pone en cuestión la supremacía del castellano establecida en el régimen lingüístico español.

¿Cómo podemos evaluar este diseño? El régimen español de personalidad lingüística desigual ofrece importantes ventajas. Por ejemplo, facilita la movilidad territorial, la intercomprensión general entre la ciudadanía, y un grado de autonomía política significativo para que cada territorio pueda decidir, dentro de unos límites, cómo quiere regular esta cuestión. No obstante, este diseño plantea problemas en términos de justicia lingüística. El principal teórico en la materia, Philippe Van Parijs, identifica la injusticia lingüística como desigualdad (o falta de paridad) de trato según la lengua que uno hable. En el caso español, los hablantes de lenguas oficiales distintas al castellano viven una desigualdad de trato debido a la desigualdad de reconocimiento de derechos y preferencias lingüísticas.

Los ejemplos abundan. En lo que se refiere a las instituciones centrales del estado -que el legislador ha mantenido básicamente monolingües en castellano-, los diputados no pueden expresarse en las otras lenguas oficiales en el principal órgano de representación democrática de la ciudadanía, que es el Congreso de los Diputados. También encontramos ejemplos de esta desigualdad de trato en los territorios con régimen de cooficialidad, donde -tribunales mediante- se mantiene el deber de saber castellano, pero, en cambio, no existe el deber de ser competente en la otra lengua oficial.

Esta desigualdad, junto con las dinámicas sociolingüísticas que caracterizan la coexistencia entre una lengua dominante y las demás, genera un privilegio monolingüe. Es decir, algunos ciudadanos disponen de la prerrogativa de no aprender otras lenguas cuando vivan en territorios plurilingües, pero al mismo tiempo pueden obligar a otros ciudadanos a cambiar de lengua con tal de maximizar la intercomprensión.

Pero, siguiendo el argumento inicial de Pablo Casado, ¿no estarían los gobiernos autonómicos ofreciendo un trato desigual a los ciudadanos castellanohablantes en los territorios con regímenes de cooficialidad? ¿No sería la inmersión otro ejemplo de injusticia lingüística? Todos los sistemas educativos garantizan el derecho y deber de aprender castellano en todo el territorio estatal, independientemente de si el sistema escolar tiene como vehicular una lengua distinta del castellano. Los datos de competencias lingüísticas son contundentes en este sentido. Lo que pretenden los sistemas de inmersión es promover los proyectos plurilingües de las comunidades con lenguas distintas al castellano, garantizando el multilingüismo general y, sobre todo, el del alumnado al final del proceso educativo.

Nos gustaría sugerir que los elementos de desigualdad destacados en este artículo se incorporen al debate político sobre derechos lingüísticos. También consideramos que se deben tener en cuenta en el ámbito de la regulación de la diversidad lingüística, para que un estado en un territorio multilingüe sea de toda su ciudadanía. A nuestro parecer, en España haría falta desarrollar legislación que blinde los proyectos multilingües de las comunidades autónomas y los derechos lingüísticos de los hablantes de lenguas distintas al castellano. Es eso, o que, con razón, muchos ciudadanos sigan pensando que el estado representa los intereses de algunos, pero no de todos.

La cumbre climática de las Naciones Unidas en Glasgow nos ha dejado algunos mensajes claros, a la vez que importantes decepciones. Todos debemos asumir nuestra responsabilidad, cada uno desde el lugar que ocupamos. También la ciudadanía, pero sobre todo las empresas con el liderazgo de los poderes públicos en su doble rol de administradores y reguladores de las relaciones entre el resto de actores. La capacidad de los ayuntamientos es muy limitada en esta segunda función y más en el sistema alimentario, pero Barcelona asume su parte en los retos planetarios que tenemos que afrontar. Parafraseando al exalcalde de Vitoria José Ángel Cuerda, no tenemos competencias pero sí incumbencias. Por eso durante 2021 Barcelona ha hecho la apuesta por el proyecto Capital Mundial Alimentación Sostenible, no para porque tengamos un sistema alimentario sostenible que es insostenible como el de todas las ciudades, sino porque queremos darnos la oportunidad de ser parte de la solución contribuyendo con determinación al proceso de transformar el sistema alimentario con nuevos proyectos y políticas.  

Durante la cumbre climática se presentó la Declaración de Glasgow sobre la alimentación y el clima, un frente climático clave que se ha puesto de relieve durante el mes de octubre en Barcelona con el Fórum Global de las más de 200 ciudades signatarias del Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán. La reunión concluyó lanzando un mensaje desde las ciudades hacia los Estados para situar la transformación de los sistemas alimentarios en el núcleo de los acuerdos y de las políticas para afrontar la emergencia climática. Un tercio de los gases de efecto invernadero proceden actualmente de la cadena alimentaria, y las ciudades –donde hoy habita el 55% de la población mundial y se consume el 70% de los alimentos— tienen que ser necesariamente parte de la solución.

El impacto en el territorio y en las personas de nuestro modelo alimentario lo hace insostenible y Barcelona ha situado este otoño el debate en el centro de la agenda, aprovechando la Capitalidad Mundial de la Alimentación Sostenible –que ostenta hasta fin de 2021— como palanca de cambio. Más de 100.000 personas han participado en las propuestas lúdicas y divulgativas realizadas y encaramos la recta final con múltiples iniciativas que garantizan la continuidad de nuestra apuesta en los próximos meses y años. El caldo de cultivo con que cuenta la ciudad ha impulsado numerosas alianzas con actores sociales y económicos que llevan años trabajando por un sistema alimentario sostenible.

Nos queda mucho camino por recorrer y noviembre marca un nuevo punto de inflexión después de Glasgow. En Barcelona iniciamos el proceso para elaborar una Estrategia de ciudad por la Alimentación Sostenible 2030 capaz de fijar un rumbo transformador, que cuente con todas las voces necesarias y logre ilusionar a la ciudadanía. El primer gran reto es contribuir a frenar el cambio climático reduciendo las emisiones y combatiendo la deforestación y la desertificación. La estrategia europea ‘del campo al plato’ establece que al finalizar esta década el 25% de los cultivos sean ecológicos y que el desperdicio alimentario, así como el uso de químicos, se reduzcan a la mitad.

Recientemente presentábamos un informe sobre la huella de carbono de los alimentos consumidos en la ciudad que la cuantifica en un 40% de la emisiones estimadas conjuntamente para alimentación, transporte y la energía. Se desprenden tres conclusiones claras para disminuir la huella de nuestro sistema alimentario: reequilibrar el desproporcionado consumo de proteína animal, aumentar el consumo de productos locales y ecológicos y reducir el desperdicio alimentario. Por ello estamos extendiendo estos principios que ya se aplican en los 102 comedores de las escuelas infantiles municipales y sus 8.500 menús diarios a toda la compra pública alimentaria del ayuntamiento. Y por ello también, Mercabarna triplicará la capacidad de aprovechamiento alimentario con un nuevo equipamiento especializado y pionero así como ha abierto el mayor mercado mayorista de productos ecológicos en Europa.  

El segundo reto es concienciar acerca de la alimentación como base de la salud individual y colectiva, y ser consecuentes con este vínculo. La nueva regulación de la publicidad infantil de comida no saludable –no casualmente anunciada por el Ministro de Consumo en Barcelona , donde el ayuntamiento se ha comprometido a ser la avanzadilla restringiendo los espacios publicitarios municipales—, es un buen ejemplo de la dirección en que debemos avanzar a pesar de las resistencias. Un 70% de las muertes en el mundo a causa de enfermedades crónicas no transmisibles –incluida una cuarta parte de los cánceres— está relacionado con la mala alimentación, ya sea por dietas desequilibradas o por ingesta de tóxicos. El sesgo según el nivel de rentas en este terreno es fundamental para trabajar en clave de equidad y justicia social; en Barcelona la prevalencia de problemas de obesidad infantil ha crecido hasta un 13%, con mucha más incidencia en barrios económicamente vulnerables. Por eso las escuelas están siendo uno de los grandes aliados en esta transición alimentaria y, entre otras acciones, estamos trabajando con 40 escuelas públicas de primaria para reequilibrar los menús.

Por último, hay que renovar la relación entre el mundo rural y el urbano. Las ciudades no podemos seguir viviendo de espaldas al sector primario. El área metropolitana ha perdido un 80% de suelo cultivable entre 1956 y 2018. Si queremos un mundo rural vivo y un territorio equilibrado, hemos de ayudar a que el sector primario sea una actividad viable y atractiva. Pero la renta agraria ha caído un 34,5% entre 2001 i el 2018 y la población ocupada, un 23,6% entre 2010 y 2019. Cifras así en otros sectores económicos, como el de la automoción, habrían generado seguramente portadas en la prensa. Mientras tanto, el presupuesto dedicado por los hogares a la alimentación ha caído un 65% y el destinado a pagar la vivienda ha aumentado un 200% desde la década de 1960.

Barcelona ha de poder ser aliada en la comercialización en condiciones justas de la producción de proximidad. Pocas ciudades globales europeas pueden explicar, como es nuestro caso, que todavía el 60% de la población compra regularmente buena parte del producto fresco en el pequeño comercio de proximidad; gracias en parte a una red de 38 mercados municipales que emplea a 8.500 personas y recibe 68 millones de visitantes. El 52% de los paradistas se han sumado ya a la iniciativa de Comercios Verdes para ofrecer y señalizar los productos que contribuyen a construir una cadena alimentaria más justa, sostenible y saludable. Son agentes clave en la alianza virtuosa que estamos forjando entre distintos ámbitos amenazados por un sistema alimentario insostenible y desequilibrado, que incluye al pequeño comercio y la restauración de proximidad, que mantienen nuestra trama urbana de ciudad mediterránea, y al sector primario local, que mantiene el territorio equilibrado. 

La cumbre de Glasgow debe servir para reforzar la apuesta de las grandes metrópolis y apoyarla con acciones a todos los niveles. Nos jugamos la salud de la población, de los territorios y del planeta entero.

Este jueves en el Congreso de los Diputados se ha votado la renovación del Tribunal Constitucional, con los votos favorables del PSOE, PP y Podemos a una propuesta pactada en el despacho entre el PSOE y el PP. 

Y que el PSOE y el PP pacten los órganos de la alta magistratura no es novedad. De hecho lo de hoy es antesala de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y a pesar de que en las sesiones de control simulen ser gobierno y oposición para modificar las encuestas, cuando se trata del gobierno de los jueces todos van a una. Dos para ti y dos para mí. Y si uno está vinculado a la FAES, a casos de corrupción varios, y a otra se la recusa en la Gürtel, yo tengo los míos. 

La novedad de hoy es Podemos. Y no porque sostengan una votación complicada en la coalición –ha habido otras, como la inexistente subida de impuestos a las rentas altas o la bajada de impuestos a las eléctricas. Hoy la noticia es que Podemos decide avalar un pacto de despachos en el Tribunal Constitucional. Hoy el fin del ciclo del 15M es una realidad tangible. La casta, la democracia secuestrada, y el gobierno de las togas han pasado a un plano discursivo. Ya no es condición necesaria para gobernar, ahora ya son discursos vagos. 

Y es una mala noticia. Democrática. De izquierdas. E incluso independentista. Ya no queda nadie con más de 10 diputados en España que esté por la democratización honesta de este Estado que vuelve a ser una mazmorra de derechos. Y da miedo. Mucho.  

La independencia se vuelve una cuestión de principio democrático, en un estado en el que se encarcela a gente por hacer referéndums y se salvan sistemáticamente personajes de las altas esferas del estado de casos de corrupción, de malversación de fondos, y que son devotos de la democracia militante de la extrema derecha. 

¿Por qué se avala un Tribunal Constitucional que hace décadas que torpedea cualquier atisbo de apertura democrática? 

 En una entrevista en elDiario.es el Fiscal Carlos Castresana se preguntaba dos elementos claves para entender la tesis que expongo. 

¿No podría el TC haber hecho una interpretación garantista y de derechos de la ley de amnistía del 1977 en vez de sellar las torturas del franquismo? 

¿No podría el TC haber hecho un puente constitucional entre la Constitución de 1931 y la de 1978? 

En vez defender la doctrina de los derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional se ha dedicado a anular leyes del Parlament de Catalunya de forma obsesiva, a dar por buena la ley mordaza y las devoluciones en caliente, o a permitir la prisión permanente revisable. 

Los discursos del PSOE en la cámara han sido de responsabilidad de estado para la renovación. Y los de Podemos de desbloquear la renovación de los órganos judiciales. 

¡Ay del país en el que la razón de estado es exclusivamente la del poder!  

¡Ay del país en el que los mandatos de orden se olvidan de los derechos fundamentales! 

Ya lo decía Gil de Biedma: de todas las historias de la Historia la más triste es la de España porque termina mal. Como si el hombre harto ya de luchar con sus demonios, quisiera terminar con esa historia de ese país de todos los demonios. 

Y lo peor de todo, es que si este es el mejor gobierno posible para una España de izquierdas, la extrema derecha tiene el camino despejado. La alternativa son ellos.  

Lamentablemente, hoy, el 15 M ha muerto.

Somos una sociedad a la que en general le cuesta hablar de la muerte. A menudo creemos que si no hablamos de un tema es como si no existiera, especialmente cuando son cuestiones relacionadas con nuestros miedos. Es una reacción normal y comprensible en cualquier persona, pero no es la reacción que deberíamos recibir de las instituciones públicas, que justamente deben protegernos.

Eso es exactamente lo que han hecho esta semana en el Parlament las fuerzas del Govern, con los socialistas como escuderos, bloqueando la Comisión de Investigación sobre las residencias: mirar hacia otro lado esperando a que las 9.241 muertes por COVID que ha habido en las residencias de mayores desaparezcan. Aún cuando algunas de esas muertes tienen causas abiertas en Fiscalía por posibles negligencias.

Cabe recordar, por doloroso que sea, que las residencias de mayores fueron la auténtica zona cero de la crisis del coronavirus. Durante la primera ola, cuando el ejército entró a desinfectar algunas residencias encontró a gente absolutamente abandonada, incluso fallecidos en sus camas. Muertes que en muchos casos fueron en absoluta soledad. Aquellos lugares donde vivían nuestros mayores que deberían haber sido sitios seguros y amables para ellos se convirtieron en lugares propicios al contagio, llenos de población en situación de vulnerabilidad, con falta de equipamientos de protección, protocolos y de medidas de seguridad, tremendas dificultades para identificar y aislar a los positivos, y falta de personal. 

Somos muchas y muchos, con los familiares de los fallecidos al frente, quienes no queremos mirar hacia otro lado. Nos hemos dado cuenta después de esta gran conmoción que el abandono de las residencias de ancianos y las indicaciones de no llevarlos a hospitales no eran una casualidad o una simple negligencia, sino que respondían a una manera de considerar a las personas mayores como un estorbo, como gente improductiva.

Esto, parece motivo más que suficiente para promover una Comisión de Investigación en el Parlament, como la que se aprobó durante el final de la última legislatura por unanimidad, para generar un espacio en el que los familiares pudieran recibir explicaciones de los responsables sobre lo que pasó.

Pero lo que hace un año era un consenso político, parece que ahora ya no lo es. De hecho, PSC, ERC y Junts están haciendo lo mismo que Ayuso y VOX en Madrid: bloquear la investigación profunda y rigurosa de lo que ocurrió en las residencias. En Catalunya, la comisión parlamentaria era la única oportunidad de los familiares para rendir cuentas de lo ocurrido ya que la mayoría de denuncias a la justicia han terminado en archivo. Se merecen que les escuchemos, que puedan explicar sus vivencias. 

Ahora parece que Junts, PSC y ERC prefieren que este tema sea tratado por un “comité de expertos”, que es la forma técnica de decir que prefieren mirar hacia otro lado y pasar página. Sin embargo, un grupo de expertos no puede garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación que los familiares todavía reclaman. Y, de hecho, ¿quién es más experto que las familias que han vivido todo el proceso?¿Los lobbies empresariales que han convertido las residencias de mayores en factorías de la atención? 

Como sociedad estamos en deuda con todas estas familias, y si no lo investigamos, si no entendemos qué falló, no podremos garantizar que no vuelva a ocurrir. La Comisión de Investigación era, y sigue siendo, la palanca para construir el nuevo modelo residencial que nuestro país necesita. 

Siempre hemos defendido que hay que transformar y dignificar los modelos de envejecimiento, dependencia y cuidados que faciliten la personalización de la atención frente al fordismo asistencial; la adaptación de los espacios como un segundo hogar, el fomento de la capacidad de elección y la autonomía por parte de las personas usuarias. Pero es absolutamente imposible construir un nuevo modelo sin asumir responsabilidades por lo que ocurrió en los momentos más duros de la pandemia. 

El SIPRI acaba de publicar sus nuevas estimaciones sobre el arsenal nuclear mundial. Se observa una ligera reducción respecto a los datos del año anterior. Concretamente el SIPRI estima que a principios de 2021 había 13.080 armas nucleares, mientras que un año antes la cifra era de 13.400. Los Estados Unidos y Rusia acaparan el 90% del arsenal, como ha sido siempre. Hay una modesta disminución en los arsenales de EE. UU. (que pasa de 5.800 a 5.550 ojivas) y de Rusia (de 6.375 a 6.255) y un discreto aumento en los arsenales del Reino Unido (de 215 a 225), China (de 320 a 350), Pakistán (de 160 a 165) e India (de 150 a 156). No hay variaciones en las cifras de Francia e Israel. Como también es habitual, en el caso de Corea del Norte se hace una estimación a partir del material fisible que puede haber producido. Según este criterio, pasaría de poder fabricar 30-40 cabezas nucleares a 40-50. Es muy preocupante que, de esas 13.000 cabezas nucleares, unas dos mil se mantienen en alerta máxima, es decir que se pueden lanzar en pocos minutos. La inmensa mayoría pertenecen a los EE. UU. y a Rusia.

A pesar de la pequeña reducción del número global de ojivas, este continúa siendo espeluznante. Según varios estudios, el lanzamiento de solo 100 cabezas nucleares (de la potencia de la de Hiroshima) sobre núcleos urbanos provocaría unos cambios atmosféricos planetarios (sequías, bajada de temperatura...) que reducirían la producción agrícola y podría poner en riesgo alimentario a dos mil millones de personas. Y esto únicamente con 100 cabezas de las 13.000 actuales (que tienen potencias muy superiores a la bomba de Hiroshima). La situación continúa, pues, siente escalofriante.

Tampoco invita al optimismo el hecho de que actualmente todos los estados nucleares tienen programas de modernización de sus arsenales. Hasta el punto de que el gasto mundial en armamento nuclear del año 2020 ha llegado hasta los 72.600 millones de dólares (61.200 millones de euros). Más de la mitad corresponde al gasto norteamericano (37.400 millones de dólares). Una cifra que supera con creces los 10.100 millones de China o los 8.000 millones de Rusia.

Estas cifras son las que definen la situación actual del arsenal nuclear mundial. Pero para poder evaluar la perspectiva de futuro, es preciso conocer las directrices de los estados en cuanto a su estrategia nuclear, es decir la función que asignan a las armas nucleares en sus políticas de defensa. En este contexto será un elemento determinante la política nuclear de la nueva Administración norteamericana.

El presidente Biden tiene la oportunidad de revertir el clima de inestabilidad, tensión y desconfianza que suscitó la política nuclear de la Administración Trump. Efectivamente, durante el anterior mandato, el gobierno de EE. UU. decidió la retirada unilateral del Tratado INF (con Rusia), del acuerdo multilateral con Irán, anunció la no ratificación del Tratado de Prohibición Total de Pruebas Nucleares y, muy probablemente, no habría prorrogado el Tratado New Start, también con Rusia. También las directrices nucleares de la Administración Trump fueron un elemento clave de desestabilización: se admitía la posibilidad de uso de armas nucleares ante una agresión significativa no nuclear, no se descartaba la decisión de primer uso, se preveía la fabricación de nuevas armas menos potentes y por tanto, más fácilmente usables.

La política nuclear de China es suficientemente conocida y bastante menos alarmante: dispone de un número sorprendentemente pequeño de armas en comparación a las de EE. UU. o Rusia (tres centenares frente a cinco o seis miles), con el cual ya considera garantizada su defensa y asegura que nunca será el primero en usar armamento nuclear. El Reino Unido ha revisado una decisión del año 2010 que limitaba su reserva de armas nucleares hasta las 225 ojivas. A principios de 2021 el gobierno británico ha anunciado un nuevo límite en 260 ojivas. Una noticia poco alentadora.

Ojalá Joe Biden retome la vía de la limitación del armamento nuclear. De hecho, pocos días después de la toma de posesión de Biden, las dos partes ya acordaban la prórroga del New Start. Rusia se ha caracterizado siempre por no ser nunca el primero en retirarse de un tratado y en su insistencia sobre la necesidad y la conveniencia de los tratados. 

La OTAN, en su última cumbre (junio 2021), ha señalado a China como una gran amenaza, que se sumará a la tradicional amenaza rusa. Si a esto añadimos las malas relaciones actuales entre EE. UU. y Rusia, la posibilidad de confrontación no es ilusoria. Al margen de un eventual conflicto, el peligro de desencadenar una guerra nuclear a causa de errores de interpretación, percepción o comunicación, siempre está presente (se han dado muchos episodios de este tipo que, afortunadamente, se han acabado resolviendo bien). 

En la situación actual, la solución definitiva a todos estos riesgos es la adhesión de los estados al Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, aprobado por la ONU en 2017 y que ha entrado en vigor a principios de este 2021.

Martin Luther King fue el rostro de la lucha contra la segregación estadounidense y la discriminación racial a través de medios no violentos en la década de los 60. Su activismo fue inspirador en todo el planeta y fue reconocido con el Premio Nobel de la Paz en 1964. Entre sus frases célebres destaca una que describe a la perfección su combate: “Lo que se obtiene con violencia, solamente se puede mantener con violencia”.

En los últimos años se ha ido instalando en una parte de la ciudadanía catalana, como consecuencia de un relato interesado, que si a lo largo de la historia no se hubiesen producido revoluciones violentas y no se hubiese batallado por los derechos de los que hoy gozamos, ni disfrutaríamos de ellos ni habría un solo estado democrático en el mundo. En consecuencia, si queremos cambiar todo aquello que encontramos injusto y no podemos hacerlo por otros medios, estamos legitimados para utilizar la violencia.

Este razonamiento es una pura falacia en un estado democrático, donde los cambios no se producen a golpe de revolución o quebrantando el estado de derecho, sino conformando mayorías. Con la violencia no se conquistan nuevos derechos ni se defienden libertades. La violencia sólo persigue imponer ideas y pisar los derechos de aquellos que no piensan igual.

Por eso, las personas de profundas convicciones democráticas, que respetan a quien piensa diferente, sólo tienen un camino: rechazar la violencia. En cualquier forma o expresión. Sin peros ni medias tintas. Es inaceptable el lanzamiento de piedras o vidrios, la quema de contenedores, los destrozos en la vía pública o el saqueo de comercios en nombre de causa alguna, por justa que ésta parezca. Pero es aún más aberrante que se prenda fuego a un furgón de la Guardia Urbana, poniendo en peligro la vida de un agente que se encontraba en su interior.

La violencia es la negación de la libertad y de la democracia. Incluida la verbal, que no podemos confundir de ninguna de las maneras con libertad de expresión. La libertad de expresión se define como el derecho de toda persona a expresar sus pensamientos, opiniones o ideas libremente y en ausencia de censura. Es un derecho fundamental recogido en el articulo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que a su vez establece un único límite para su ejercicio: el respeto a los derechos y libertades de los demás.

Nadie debe ser encarcelado por sus ideas en un país plenamente democrático. De hecho en los últimos 45 años nadie ha sido encarcelado por sus ideas en este país. Vivimos en una democracia plena que, como todas, es perfectible. Seamos exigentes con ella. Pero a diario se expresan ideas u opiniones en bares, parlamentos o medios de comunicación que pueden sonarnos a auténticas barbaridades y que en muchos casos están exentas del más mínimo rigor, y no por ello vemos a los que las pronuncian entre rejas.

No nos hagamos trampas al solitario. ¿Recuerdan ustedes la famosa comedia española ‘¿por qué le llaman amor cuando quieren decir sexo?’. Y aplicándolo al caso actual, ¿por qué le llaman libertad de expresión cuando quieren decir violencia?