Al conmemorar el 22º Día Mundial contra la Pena de Muerte el 10 de octubre, nosotros, los Miembros de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte (CIPM), elogiamos los notables progresos realizados por África para poner fin a esta práctica inhumana.

El continente africano ha liderado la tendencia abolicionista desde el año 2000, con países que han abolido la pena de muerte para todos los delitos, como Gabón en 2010, República del Congo y Madagascar en 2015, Chad en 2020, Sierra Leona en 2021, República Centroafricana y Zambia en 2022, mientras que Burkina Faso y Guinea Ecuatorial han abolido la pena capital para los delitos comunes en 2018 y en 2022, respectivamente, y Ghana puso fin a la pena de muerte para todos los delitos, excepto la alta traición, en 2023. Además, en mayo de 2024, el Gabinete de Zimbabue anunció que el país iba a poner fin en breve a la pena de muerte.

En la actualidad, la mitad de los países del continente han abolido la pena de muerte: 23 países africanos la han abolido para todos los delitos, mientras que cuatro Estados han derogado la pena capital para los delitos comunes. 27 de ellos mantienen la pena de muerte en sus leyes, si bien 13 no han llevado a cabo ejecuciones en más de 10 años.

La CIPM, con sede en España, ha estado cerca de África desde sus inicios. El comisario Mohamed Bedjaoui, ex presidente de la Corte Internacional de Justicia y ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, ha sido comisario fundador, mientras que Sudáfrica y Argelia son Estados miembros fundadores del Grupo de Apoyo de la CIPM. Nuestra Presidenta, la Jueza Navi Pillay, ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es de nacionalidad sudafricana y fue elegida por la Asamblea General de las Naciones Unidas jueza y Presidenta del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. La Comisaria Sylvie Kayitesi fue Vicepresidenta del Tribunal Supremo de Ruanda, Presidenta de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y Presidenta del Grupo de Trabajo sobre la Pena de Muerte en África…

Aparte de los destacados Comisarios de la CIPM procedentes de África, todos los miembros de la Comisión han trabajado activamente para animar a los países a que abandonen la pena de muerte y pongan fin a esta práctica cruel e inhumana que erosiona la dignidad humana. España estuvo presente en el parlamento togolés cuando el país abolió la pena de muerte en 2009. Y, entre otras muchas iniciativas, y por citar una de las más recientes, a finales de 2023, la CIPM llevó a cabo una misión en Zambia y Malawi, coordinando la participación de altos funcionarios de los gobiernos de los países vecinos en diálogos e intercambios de experiencias sobre pasos para abandonar la pena de muerte y animando a ambos países a poner fin a la pena capital para todos los delitos.

Aún queda trabajo por hacer. En 2023 se registraron condenas a muerte en 19 países. La República Democrática del Congo (RDC) levantó su moratoria de 20 años sobre la pena de muerte tras el anuncio, en marzo de 2024, de la ministra de Justicia, Rose Mutombo. Resulta preocupante que 37 personas hayan sido condenadas a muerte acusadas de intentar un golpe de Estado en la RDC.

Multilateralmente, para la última resolución de la Asamblea General de la ONU de 2022 sobre una moratoria del uso de la pena de muerte, 29 países africanos votaron a favor de la resolución bienal. Existe la esperanza de que, dado el número de países que se están alejando de la pena de muerte en el continente africano, más naciones del mismo puedan votar a favor de la resolución de 2024.

En relación con el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte (Protocolo), aunque 27 países africanos han abolido la pena de muerte, sólo 15 Estados han ratificado el Protocolo. Y en África, aún no se ha adoptado el proyecto de protocolo adicional a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre la abolición de la pena de muerte. La adopción de este protocolo sería un paso histórico que reflejaría el claro alejamiento del continente africano de la pena de muerte. 

Mientras conmemoramos el Día Mundial contra la Pena de Muerte, es importante señalar que de los 54 países de África, 52 no llevaron a cabo ejecuciones en 2023; que 40 países han abolido la pena capital o no han llevado a cabo ninguna ejecución desde hace más de diez años, y ello a pesar de que el continente sufre innumerables desafíos, entre ellos el de la pobreza, la inseguridad debida a los conflictos y las sequías, muchas de las cuales se deben al cambio climático y a las consiguientes migraciones masivas y crisis sanitarias. 

Los notables avances del continente hacia la abolición de la pena capital y el refuerzo del respeto, la protección y el cumplimiento del derecho a la vida de sus pueblos sirven como poderoso recordatorio de que un cambio significativo no sólo es posible, sino que está a nuestro alcance. En efecto, parece que en África se ha tomado conciencia de que la pena de muerte es un castigo cruel e inhumano, radicalmente contrario a la dignidad humana, que afecta de manera desproporcionada a las personas más desfavorecidas y marginadas de todas las sociedades. Que perpetúa la injusticia y presenta el riesgo constante de ejecutar a personas inocentes, un riesgo que ningún sistema de justicia debería tolerar.

Los avances en África no son sólo un éxito regional, sino una inspiración mundial, que anima a otras naciones a seguir pasos similares y reafirma la realidad de nuestra humanidad compartida. Estos avances reflejan un profundo compromiso con los derechos humanos y la justicia, marcando una alentadora tendencia abolicionista que sirve de poderoso ejemplo para el resto del mundo.

La jueza Navi Pillay es presidenta de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte; Sylvie Kayitesi es comisionada de la CIPM; y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero es miembro honorario de la CIPM

En este año, marcado por una crisis sanitaria y económica sin precedentes, se conmemora el 25 aniversario del Proceso de Barcelona. Un proceso con el que, si se me permite esa perspectiva personal, siempre me he sentido muy vinculado, desde que, en 2008, asistiera como Presidente del Gobierno de España al nacimiento de la Unión por el Mediterráneo en París y supusiera un motivo de orgullo para nuestro país acoger la sede de su Secretariado en Barcelona. 

Tras dejar atrás las obligaciones gubernamentales, viajo a los vecinos mediterráneos en todas las ocasiones posibles. Siempre es un estímulo compartir ideas, reflexiones y nuevas iniciativas, tanto gubernamentales, empresariales o de la sociedad civil. Siempre quedan muy presentes en mi recuerdo la valentía y el esfuerzo de mujeres y hombres que trabajan por el progreso, la democracia y la igualdad.

Si echamos la vista atrás, comprobaremos que el compromiso merece la pena. Los 25 años del proceso de Barcelona y de la Unión por el Mediterráneo han generado grandes avances y progresos. Se han creado universidades para educar a nuevas generaciones con una visión euromediterránea única. Se han brindado oportunidades laborales y formación a cientos de miles de jóvenes, y se ha apoyado al desarrollo de miles de pequeñas y medianas empresas. El diálogo regional a nivel ministerial en materias tan clave como la acción climática, la protección ambiental, la igualdad de género, el desempleo, la digitalización y la conectividad regional, entre otras, ha puesto sobre la mesa una hoja de ruta común para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Mediterráneo. Pero aún vemos demasiados conflictos, demasiada desigualdad, pobreza y aspiraciones truncadas. 

Pienso con preocupación en los conflictos en los países que rodean nuestro querido Mediterráneo. Tengo presente, por supuesto, a Siria y Libia; el conflicto entre palestinos e israelíes y cómo el terrorismo sigue hiriendo nuestras poblaciones. Sin olvidar el gran número de refugiados que buscan una vida segura y cómo Europa no ha sabido encontrar aún el modo de recibirlos. 

Y, naturalmente, pienso en las graves consecuencias que traerá la nueva amenaza de la COVID-19, las oportunidades perdidas de los jóvenes, la lucha cotidiana de muchos para alimentar a sus familias, el desafío de encontrar respuestas a graves situaciones económicas, junto al riesgo de que resurjan el nacionalismo y el odio entre pueblos. Pero hay esperanza. 

Las primeras reacciones a la pandemia fueron unilaterales: países cerrando fronteras, pugnando por material médico. Sin embargo, hemos empezado a ver señales más positivas. La conferencia de financiación del pasado mes de mayo, impulsada por la Unión Europea, ha sido una clara muestra de cómo la comunidad internacional debe luchar contra la COVID-19. La unión de grandes empresas y países, la puesta en común de recursos, es un primer paso hacia una respuesta que no puede ser sino global a un problema que es global. 

Para ello, debemos escuchar la poderosa voz de la sociedad civil, reclamando vacunas y tratamientos para todos, y demandando un alto el fuego indiscriminado, para que juntos podamos combatir la epidemia. 

La Unión por el Mediterráneo es una unión para la defensa de la paz y del desarrollo sostenible en la región. Conviene tenerlo muy presente ahora, cuando esta pandemia vuelve a evocar la necesaria rectificación de la relación entre una determinada concepción del progreso económico y nuestro ecosistema. 

En estos días hemos podido leer informes tan impactantes como los que señalan que, en los últimos 40 años, al tiempo que la población en la tierra se duplicaba, se destruían la mitad de nuestros ecosistemas. Cuando concluya esta crisis y logremos poner a salvo todas las posibles vidas que hoy están amenazadas, tendremos que reflexionar sobre esta vinculación entre el equilibrio de las especies, los ecosistemas y el riesgo de que los seres humanos padezcamos nuevas pandemias. Una reflexión que hay que situar en el marco más amplio de la lucha contra todas las consecuencias del cambio climático. La propia Unión por el Mediterráneo ya está abordando, bajo este contexto climático, la relación entre el impacto de la Covid-19 y la garantía del acceso al agua en diversos países del Mediterráneo.

La Unión Europea y la Unión por el Mediterráneo tienen que fraguar una visión común, clara y de largo alcance para asegurar la estabilidad y la prosperidad de nuestros países. También para reanudar los intercambios comerciales e impulsar una nueva era global, sana, democrática y digital. Aprovechemos con tal fin este aniversario, para enarbolar la solidaridad con medidas valientes, dentro de nuestras fronteras y en toda Europa, en el Mediterráneo y en todo el mundo. 

El 15 de junio de 2020, el Fiscal General William P. Barr ordenó a la Oficina Federal de Prisiones de EEUU (BOP) que programara la ejecución de cuatro condenados a muerte federales entre mediados de julio y agosto. La Comisión Internacional contra la Pena de Muerte (la Comisión) cree firmemente que esta reanudación de las ejecuciones federales, tras un paréntesis de 17 años en las ejecuciones, es prematura y no tiene en cuenta varios factores, entre ellos el dolor y el sufrimiento sin precedentes causados por la pandemia COVID-19, las protestas nacionales inspiradas por el movimiento “Black Lives Matter”, y las terribles repercusiones económicas de la pandemia que dejan a decenas de millones de personas sin empleo y con un futuro incierto. 

La Comisión está formada por 22 comisionados, todas ellas personalidades muy respetadas en la escena internacional, incluido al Gobernador Richardson, que abolió la pena de muerte en Nuevo México. Estamos compuestos por ex jefes de Estado, jefes de gobierno, ministros, altos funcionarios de las Naciones Unidas, jueces, abogados y académicos de renombre internacional que provienen de todas las partes del mundo. Además, nuestras actividades cuentan con el apoyo de 23 países de todas las regiones del mundo. En nuestra experiencia como líderes, la pena de muerte es una violación del derecho fundamental a la vida y no ha demostrado ser un elemento disuasorio para los crímenes más graves. 

Creemos que esta reanudación de las ejecuciones va en contra de la tendencia observada a nivel internacional y en los Estados Unidos. A finales de junio de 2020, la mayoría de los países del mundo han abandonado el uso de la pena de muerte: 107 países han abolido la pena de muerte de su legislación para todos los delitos y 142 países han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica. Lamentablemente, al seguir llevando a cabo ejecuciones, los Estados Unidos se unen al clan de países que llevan a cabo el mayor número de ejecuciones: China, Irán, Irak, Corea del Norte, Arabia Saudita y Vietnam. Cabe señalar también que los Estados Unidos son el único país de las Américas que lleva a cabo ejecuciones. 

En los Estados Unidos se ha producido un alejamiento de la pena capital sin precedentes y drástico desde la última ejecución federal, que tuvo lugar hace más de 17 años, el 18 de marzo de 2003. Ese mismo año, 12 estados abolieron la pena de muerte. A mediados de 2020, un total de 22 estados y el Distrito de Columbia habían abolido la pena de muerte y 3 estados tenían moratorias sobre las ejecuciones emitidas por gobernadores. Las próximas ejecuciones federales previstas se producen en un momento en que hay una clara tendencia al abandono de la pena de muerte en los Estados Unidos. En 2019, 7 estados llevaron a cabo 22 ejecuciones, representando la segunda cifra más baja en 28 años. En el mismo año, 34 personas fueron condenadas a muerte, representando la segunda cifra más baja en 46 años. Finalmente, por quinto año consecutivo, menos de 30 personas fueron ejecutadas y menos de 50 fueron condenadas a muerte. 

La reanudación de las ejecuciones federales no está en consonancia con las normas internacionales. Según el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que entró en vigor el 10 de diciembre de 1948: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. Más recientemente, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su Observación General Núm. 36 de 2018 sobre el derecho a la vida declaró que: “El artículo 6 (del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que los Estados Unidos son un Estado Parte) reconoce y protege el derecho a la vida de todos los seres humanos. Se trata del derecho supremo respecto del cual no se autoriza suspensión alguna, ni siquiera en situaciones de conflicto armado y otras emergencias públicas. El derecho a la vida… constituye un derecho fundamental...”. 

Estos cuatro hombres tienen fuertes razones para no ser ejecutados. Un estudio reciente realizado en los Estados Unidos por el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, de carácter bipartidista, revela que aproximadamente el 75% de los condenados a muerte tienen un historial documentado de traumatismos y abusos en la infancia. Daniel Lewis Lee, cuya ejecución está prevista para el 13 de julio, ha sufrido repetidos abusos en su casa y en las instalaciones de salud mental para adolescentes a las que lo envió su padrastro abusivo. Fue abusado físicamente de manera intensa cuando era niño, tan severamente que temió por su vida en varias ocasiones. Información reciente indica que un juez federal en Indiana ha bloqueado lo que habría sido la primera ejecución federal en 17 años, programada para el sr Lewis para el 13 de julio, citando problemas de salud relacionados con el coronavirus planteadas por los familiares de las víctimas que fueron seleccionados para asistir.

Además, el mismo estudio encontró que casi el 50% de los prisioneros condenados a muerte a nivel federal muestran signos de enfermedad mental grave. Es el caso de Wesley Purkey ha sufrido un trauma significativo a lo largo de su vida. Además, muestra los efectos combinados de la enfermedad de Alzheimer y la demencia, la esquizofrenia, que, entre otras cosas, ha reducido sus capacidades cognitivas hasta tal punto que no puede entender por qué el gobierno federal planea ejecutarlo. De acuerdo con la última Información recibida, hay una suspensión temporal de la ejecución de Wesley Purkey, cuya ejecución estaba programada para el 15 de julio.

El tercer condenado, Dustin Honken, cuya ejecución está prevista para el 17 de julio, procede de una familia muy disfuncional. Su infancia fue muy problemática, en particular por el alcoholismo, que es una característica común en las familias de los condenados a muerte a nivel federal. Además, se sabe que el padre de Honken, un criminal y un hombre alcohólico y violento, reclutó a sus hijos para que fueran cómplices de sus delitos. Por desgracia, la defensa de Honken no presentó pruebas de su infancia y sus antecedentes gravemente horribles o los problemas de salud mental causados por ello.

El cuarto condenado, Keith Nelson, cuya ejecución está prevista para el 28 de agosto, está entre los 29% de los reclusos federales en el corredor de la muerte que tienen lesiones cerebrales de desarrollo, lesiones en la cabeza y/o discapacidades intelectuales. Sufrió una importante lesión cerebral cuando era un recién nacido. Para empeorar las cosas, fue sometido a repetidos abusos sexuales y físicos cuando era niño. Nació en un ambiente familiar donde enfermedades mentales graves han estado presente durante varias generaciones. Sin embargo, el abogado de Nelson no investigó su pasado y el jurado nunca fue consciente de la extrema privación, el trauma y el abandono que sufrió cuando era niño.

En nuestra experiencia, y especialmente en estos tiempos difíciles, es importante, de hecho esencial, que los líderes políticos rechacen la idea de la venganza a través del daño infligido por el propio Estado. El gobierno y los líderes políticos tienen un papel fundamental que desempeñar en este proceso, ya que tienen la obligación política y la responsabilidad moral no sólo de abstenerse de utilizar los sentimientos de odio y venganza, sino también de ofrecer esperanza. Un camino a seguir es para los gobiernos garantizar un mejor respeto y protección del derecho fundamental a la vida. Parece que las ejecuciones de estos cuatro hombres fueron programadas para promover un aura de “ley y orden” en una época de confusión y miedo. Sin embargo, numerosos proyectos de investigación han demostrado definitivamente que la pena de muerte no es más disuasoria que el encarcelamiento a largo plazo.  

En resumen, no es el momento de reanudar las ejecuciones a ningún nivel, incluido al nivel federal de EEUU. Ha llegado el momento de que los Estados Unidos abandonen la pena capital, en consonancia con las tendencias nacionales e internacionales.