El relator de la ONU para la pobreza extrema y los derechos humanos, Philip Alston, visitó el campo de Huelva poco antes del inicio de la pandemia del coronavirus, justo durante la campaña de la recogida de la fresa. Durante su visita quedo impresionado por las condiciones de vida de las temporeras y temporeros, que describió como unas condiciones “mucho peores que un campamento de refugiados”, “como animales”, “mientras grandes empresas ganan millones de euros”. Este no es un fenómeno nuevo, pero sí que ha ido creciendo de forma exponencial en los últimos años en relación al aumento de los cultivos de la fresa y frutos rojos. Así la degradación permanente de las condiciones de vida y laborales de los/as jornaleros/as se ha convertido en un pilar fundamental del llamado milagro económico del “oro rojo”, que ha transformado a Huelva en la primera potencia europea con unas 400.000 toneladas de fresones y otros frutos rojos, 11.500 hectáreas de cultivos y exportaciones por valor de 1.200 millones de euros al año.

Estos mismos jornaleros/as que se ven obligados a vivir en infraviviendas en poblados chabolistas, en los márgenes de los campos de cultivo, aún teniendo recursos económicos para poder alquilar una vivienda, se encuentran con la imposibilidad de poder hacerlo, ya que ni los empresarios se lo facilitan, ni los propietarios de las viviendas de los diferentes municipios donde trabajan.

Jornaleros/as que durante el confinamiento por la crisis sanitaria ha sido un sector económico “esencial” para que la comida llegue a nuestras mesas. En cierta medida, el confinamiento ha arrojado luz sobre quiénes están realizando principalmente este trabajo esencial y en qué condiciones: explotación y semiesclavitud, tal como lo vemos en los campos frutícolas de Huelva. Sin derechos, infraviviendas, sin agua, luz y mucho menos condiciones de salubridad o servicios sanitarios para hasta unas 5000 personas, en unos 50 asentamientos. En España suman 15.000 entre este y otros polos como Almería y Murcia.

La situación en el campo, es de todo menos desconocida para una patronal agraria que se lucra con este régimen de explotación y unas instituciones que lo permiten, a pesar de lo cual nadie parece estar dispuesto a mover un dedo para que esta situación mejore.

Llamativo fue cómo la misma ministra de Trabajo y Economía Social fue amenazada por la patronal al anunciar inspecciones laborales extraordinarias en el campo. Unas inspecciones motivadas entre otras razones por la relevancia mediática de la escandalosa situación de las más de 7.000 temporeras marroquíes atrapadas sin recursos económicos, ni información y en un absoluto abandono institucional en Huelva. Además al estar alojadas en fincas dispersas muy lejos de los núcleos urbanos, la sensación de abandono y de estar atrapadas se ha intensificado generando numerosas patologías. Una situación que no solo manifiesta las terribles condiciones laborales de estas temporeras sino que también cuestiona el marco de la propia contratación en origen.

La situación de los asentamientos chabolistas de la comarca de la fresa en Huelva no es nueva, a pesar de ello ni la patronal ni las instituciones enfrentan la situación buscando algún tipo de alternativa habitacional para los miles de jornaleros/as que se desplazan cada año a la región. Por si no fuera poco, estos campamentos son en demasiadas ocasiones pasto de las llamas, con una frecuencia que hace sospechar que no solo se debe a las altas temperaturas o a la precariedad de su situación sino que en muchas casos pueden estar provocados.

Solo en la última semana, el incendio de tres poblados chabolistas habitados por trabajadoras migrantes del campo, ha dejado a más de 400 personas sin techo en la provincia de Huelva. El fuego no solo ha destruido sus casas y sus escasas pertenencias, sino también documentación vital para sus aspiraciones de regularización. El último en la madrugada de este viernes 17 de julio, cuando las llamas arrasaron parte del poblado chabolista ubicado a la vera de la “Pista del Corchuelo”, muy cerca del Estadio Ciudad de Lepe. En lo que podría ser un incendio provocado por uno o varios vecinos de la localidad. Mientras el Ayuntamiento sigue sin responder a la emergencia habitacional, a pesar de que podría habilitar alguna de las numerosas dependencia municipales como polideportivos o escuelas que continúan sin actividad por la pandemia. Como por cierto ya se ha hecho en otras ocasiones en este municipio, la gran diferencia parece residir en que el Ayuntamiento del PP tiene miedo a la presión electoral de una extrema derecha en auge en la localidad, que en las últimas elecciones generales llego a ser la segunda fuerza.

Todos sabemos que si cualquier vecino hubiera perdido su casa o más aun si un barrio entero de Lepe hubiera ardido pasto de las llamas, esa misma noche las personas afectadas hubieran contado con la ayuda de las diferentes administraciones asegurando que nadie durmiera en la calle. Pero como aparecía en un telediario de Antena 3, no son personas sino migrantes, sujetos de no derecho, invisibilizados y estigmatizados por una legislación migratoria que vulnera derechos. Porque una de las grandes falacias, no española sino europea, es que no queremos o necesitamos migrantes, claro que los necesitamos pero justamente así, sin derechos, con miedo, viviendo en chabolas y sin sus papeles en regla. Como mano de obra barata, explotable, sin capacidad de sindicarse u organizarse y favoreciendo una disputa por los recursos escasos entre los últimos contra los penúltimos. Porque negando los derechos a las personas migrantes estamos devaluando nuestros propios derechos, favoreciendo una competencia laboral a la baja que solo favorece a unas elites que maximizan sus beneficios a costa de agrandar la desigualdad y a una extrema derecha que se aprovecha de ella para convertir a los más golpeados en chivos expiatorios y exculpatorios de las primeras.

El Real Decreto 13/2020 permitió que jóvenes extranjeros de 18 a 21 años adquiriesen permiso de trabajo temporal en el sector agrario durante la pandemia para asegurar que se salvaran las cosechas. A través de este gesto quedó claro que una regularización amplia no sólo es posible, sino necesaria y que jurídicamente no habría obstáculos, sobre todo si se considera el derecho al trabajo como derecho universal. Y es que no existe otro enfoque para la regularización, que no sea el de derechos, rechazando la premisa según la cual la población inmigrante solo merece consideración si económicamente aportan más de lo que reciben de parte del Estado. En el actual contexto, un gobierno que se autodenomine progresista no pude menos que afrontar una regularización administrativa urgente de aplicación inmediata para las personas en situación administrativa irregular. El movimiento de Black Lives Matter ha generado con su movilización todo tipo de simpatías, es el momento de demostrar que las vidas negras importan a miles de kilómetros, pero también en los campos de Andalucía.