Escenario de problemas y oportunidades como la escasez y grave falta de continuidad del personal que está lastrando la motivación y calidad de la atención y las perspectivas de consolidación y renovación de personal sanitario interino, la reposición necesaria -no sin dificultades- que tendrá que producirse por la enorme cantidad de profesionales de la medicina y de enfermería que se jubilará en los próximos años; el conseguir preparar a los directoras/es de zonas básicas de salud según mérito, capacidad y transparencia, según marca la normativa. Temas pendientes e imprescindibles para la mejora de la organización y funcionamiento de la atención primaria y de los servicios y atención técnico-asistencial en general.

Pero también por una necesaria renovación de criterios de carrera profesional motivadora; por aplicar el desarrollo del olvidado decreto 117/1997 de organización y funcionamiento de las Zonas Básicas de Salud impulsando el desarrollo de los reglamentos de régimen interno que otorguen mayor autonomía en una cogestión de los Equipos de Atención Primaria, en toda la red asistencial hospitalaria, de salud mental y de atención sociosanitaria, de salud pública, así como de los servicios centrales e insulares del Servicio Canario de Salud y de las Direcciones de las Áreas de Salud para situarnos en un futuro que entre la continuidad y el cambio está comenzando hoy.

La organización territorial del sistema canario de salud también exige plantearse cambios estructurales; algunos previstos en la normativa pero que no han estado nunca en la agenda política y otros que mejorarían el desarrollo de una Reforma Sanitaria que consideramos necesario impulsar y defender. Se necesitaría crear más de 30 zonas básicas de salud (centros de salud) en los municipios más poblados de Canarias: Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Santa Lucía de Tirajana, San Bartolomé de Tirajana, Arucas, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Arrecife de Lanzarote etc. Solo en Gran Canaria ya en 2010 se necesitaban 9 nuevos centros de salud dado que contamos con zonas básicas con hasta 70.000 habitantes, cuando el ratio máximo debería de ser de 25.000.

Con independencia de la necesidad de introducir cambios normativos que permitan agilizar e introducir algún cambio en los órganos de participación y de gestión colegiada del Servicio Canario de Salud, y así agilizar y hacer más efectivo su funcionamiento y ejercicio de sus competencias, consideramos que el nuevo equipo de gobierno en la sanidad de Canarias ha de activar en el primer año todo ese sistema de participación y pilotando un nuevo modelo de cogestión. En el proceso de constitución formando a sus vocales y una vez funcionando, pactar con el poder ejecutivo las modificaciones reglamentarias que viabilicen esos cambios iniciando pilotajes en cada isla.

Porque hoy por hoy, la ciudadanía está, y estará ausente en las importantísimas y criticas decisiones que nos están afectando y nos seguirán afectando otros 20 años como usuarios, pacientes y sobre todo como ciudadanos que pagamos impuestos con los que se financia los servicios públicos de salud en un 100%. Esta consideración, como ejercicio ciudadano que aún podemos ejercer en la sanidad pública – porque no está ni ha estado, ni posiblemente estará, en la agenda política del Estado - es, además, una apelación a participar en la democratización de la democracia a través de la intervención, a pesar de que aún no será completa, en la gestión de un sistema sanitario público, que tenemos y podemos, entre todos, sacar de los cuidados intensivos.

La renovación en marcha de todos y cada uno de los órganos de participación locales y de dirección insulares exigirá reuniones y negociación en la FECAM y FECAI, como también en organizaciones sindicales, movimientos vecinales y ecologistas; organizaciones sociales de enfermos, usuarios; de personas mayores, con discapacidad; por barrios municipios e islas, del Archipiélago. Para ello nos tenemos que preparar y formar. Y lo podremos acometer con firmeza si nos apoyamos en el espacio potencial de consenso que nos puede unir, en la mejora y defensa de la salud y de la sanidad pública, como un derecho social básico, en defensa de vida. 

Y, para la acción de gobierno, un plan no puede ser un conjunto de normas y procedimientos en el que unos dirigen y otros son dirigidos, porque no funcionan. Los pactos con frecuencia se incumplen como ocurre con muchas normas de obligado cumplimiento. Y aquí, en Canarias podemos hacer una reflexión a partir cuatro importantes normas que no culminaron su tramitación, o directamente se incumplieron. 

Por un lado, los artículos 4 y 14 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Zona Básicas de Salud (Decreto 117/1997 de la CAC) que establece las atribuciones del equipo de atención primaria y de su director en las funciones de salud pública que nunca se ha desarrollado, cuando hoy en plena pandemia seguramente tendríamos que acogernos a esta norma para reorientar aspectos críticos para su gestión y control.

En segundo lugar, el Director del Servicio Canario de Salud (Román Rodríguez) junto a su Consejero de Sanidad de Coalición Canaria (Julio Bonis) trabajaron durante casi dos años en el acertado y oportuno proyecto de plan estratégico para Servicio Canario de la Salud (Documento Visión de Futuro-1999) que se quedó en una gaveta. Se acercaba el final dela legislatura y decidieron no aprobarlo para que lo hiciera el siguiente Consejero de Sanidad. Pero este, optó por ignorarlo aun siendo del mismo partido político, pero de otra familia política (José Carlos Francisco). 

En tercer lugar El II Plan de Salud de Canarias 2004-2008 no consiguió pasar el trámite parlamentario por la oposición del PSC-PSOE. Algo parecido ocurrió diez años más tarde con el proyecto del III (en realidad II) Plan de Salud 2016-2017 presentado en el Parlamento siendo Consejera Brígida Mendoza, de Coalición Canaria, al final de la legislatura. Pero tampoco consiguió pasar el trámite parlamentario por la oposición de Nueva Canarias y del Partido Popular. 

Este III Plan, se había iniciado a finales del 2007 con la Consejera del Partido Popular Mercedes Roldós y una importante asistencia técnica de Rafael Bengoa como experto internacional. Tuvo un proceso de formulación de ocho años de duración y atravesó administraciones de cinco Consejerías de Sanidad y cuatro Directores del Servicio Canario de Salud. Fueron necesarios más de cinco borradores conteniendo cambios que cada equipo de gobierno indicaba, según su criterio. 

Finalmente, tras un rico debate del proyecto en la comisión de sanidad del Parlamento de Canarias, consiguió ser aprobado por unanimidad y ratificado en el Consejo de Gobierno presidido por Coalición Canaria siendo Consejero de Sanidad Jesús Morera, del PSC-PSOE, en septiembre de 2016. El periodo de vigencia del Plan, de apenas algo más de un año y medio, fue aceptado con la intención de que fuera prorrogado cuatro años una vez aprobado por recomendación del Parlamento en sus Propuestas de Resolución.

Poco meses después del cese de Jesús Morera por la salida del Partido Socialista del gobierno, es nombrado Consejero José Manuel Baltar que, a pesar de contar con el Plan de Salud de Canarias sin estrenar, en marzo de 2017 convoca el pacto del “Compromiso por la mejora de la sanidad pública canaria. Era la apuesta para la sanidad de la Coalición Canaria de Fernando Clavijo. 

Este “Compromiso” fue el último intento de pacto por la sanidad, anterior al que se trabaja en estos momentos para el necesario e histórico Pacto por la Reactivación Social y Económica de Canarias para afrontar la crisis de la Covid 19. Con todo el apoyo de su Director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, la consejería buscó y logró la adhesión de colectivos sociales, partidos políticos y algunos sindicatos. El Consejero José Manuel Baltar no logró el apoyo del Parlamento pero consiguió reforzarse en el Consejo de Gobierno.

El diputado Juan Márquez, por el partido político Podemos, le había propuesto que lo incorporara como desarrollo de las Líneas de Actuación y de Colaboración del Plan de Salud 2016-2017, en la medida en que una mayoría de sus acciones estaban alineadas al Plan de Salud y otras en política de recursos humanos y en inversiones. Si lo hubiera aceptado, el “Compromiso”, no solo hubiera supuesto una aportación al Plan de Salud sino, que hubiera legitimado su continuidad en el contexto de la inestabilidad estructural de la Sanidad en Canarias. Pero no se quiso.

En Canarias, la inestabilidad crónica asociada a la baja gobernabilidad e insuficiente financiación del sistema, hacen muy difícil la acción de gobierno en materia sanitaria.  Nuestros profesionales, además de necesitar una formación orientada con enfoque estratégico de cambio, como plantea el III Plan de Salud de Canarias 2016-2017, necesitan sentir una música que les ayude a situarse en sintonía y con fuerza para contribuir a orientar el rumbo para la actualización y reforma que el modelo clínico asistencial y de salud pública lleva pendiente hace décadas. En caso contrario, en menos de veinte años, tendremos un sistema de seguros para las personas y familias que puedan permitírselo y, por otro lado, un sistema público que acogerá básicamente a la población con menos recursos, ¿les suena? 

Las connotaciones sanitarias y sobre todo económicas, para afrontar la declaración de pandemia, han podido añadir a la acción de los gobiernos un mayor conflicto y complejidad que lo hacen mucho más difícil de manejar. Sus decisiones están sometidas a los cambios de escenarios y a otras consideraciones, evaluaciones y presiones que son ejercidas desde actores sociales, económicos, políticos, medios de comunicación y redes sociales que también condicionan, en última instancia, las disposiciones que se adopten. Es evidente por tanto, que los criterios científicos y técnicos han guiado el proceso situacional de control de esta pandemia, pero no pueden marcar estrictamente la planificación de la legítima y necesaria acción de gobierno. Son necesarias herramientas poderosas para enfrentar la incertidumbre en la que nos encontramos, descubrir y anticipar respuestas para imponer un rumbo a los acontecimientos que deseamos transformar.

En un interesante artículo, el profesor antropólogo social Eduardo Menéndez trata de entender por qué y cómo actuó el sector salud mexicano en la gestión y control de la epidemia de la gripe A (H1N1) de finales de abril de 2009, observando la legitimidad técnica de las acciones que desarrolló dicho sector y de las críticas que se hicieron a dichas decisiones. Entre otros aspectos se analiza cómo el sector salud actuó sobre las estrategias a seguir en su prevención y control, desde la racionalidad técnica, con el objetivo principal de reducir los efectos negativos en términos de mortalidad de la nueva gripe. Pero también que se habló del miedo, como medio de control de la población, sumados a los factores económicos, políticos e ideológicos de los diferentes actores sociales involucrados. Igualmente sobre las dudas sobre la influencia de las empresas químico-farmacéuticas en decisiones de la OMS, con la declaración de la pandemia de la influenza A (H1N1) que fueron denunciados entre otros medios por la revista British Medical Journal en el año 2010. Estas críticas forzaron a la OMS a hacer público los nombres de los quince integrantes del Comité de Emergencia que el 11 de junio de 2009 hizo la recomendación con la que su directora general Margaret Chan declarase la pandemia por la influenza A (H1N1). Se reconoció que cinco de estos expertos “cobraban de la industria”, pero la OMS subrayó que en ningún caso se produjeron conflictos de intereses que pudieran afectar la autonomía de los especialistas (Cohen D, Carter P.- BMJ. 2010). 

A estos antecedentes se puede añadir la polémica por los excedentes en compras masivas de vacunas y de la utilización de los antivirales Tamiflú y Relenza. La prestigiosa organización Colaboración Cochrane y el British Medical Journal,  en una revisión de más de 24.000 casos, no encontraron  indicios de que el medicamento evitara determinadas complicaciones o el ingreso en hospitales, cuestionando así su utilización (Hefferson T. 2014).

En España, el Secretario General de Sanidad durante la pandemia de la gripe A José Martínez Olmos, acompañado del presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, en la presentación de su libro “Que pasó con la Gripe A”, llamaron la atención sobre determinados hechos de la OMS “…que le hicieron perder crédito y que habría que reparar a futuro”. Entre ellos, el tema de las vacunas, además de la complejidad añadida a la gestión de la pandemia. Se tuvieron que afrontar posiciones contrapuestas, al no verse justificado lo que estaba ocurriendo desde el punto de vista científico y social, por la que se denominó de “epidemia del miedo”. Pero también, lo difícil que puede ser que un gobierno no siga las recomendaciones de la OMS por el coste político y económico, además de las consecuencias ante los tribunales, de poder ser acusado de no proteger la vida de las personas.

El Doctor Juan Gervás fue más contundente en su artículo ¿Qué pasó con la gripe A? Autoevaluación política (2015), en la que tras una extensa revisión, afirma que la gripe A fue pandemia en el sentido de distribución mundial, pero su gravedad fue menor a la de una epidemia de gripe estacional. La OMS en el año 2009, había modificado el concepto de pandemia, retirando de su definición el criterio de producir una letalidad significativa dejándola en “propagación mundial de una nueva enfermedad”.

Lo que podemos afirmar con rotundidad es que la Organización Mundial de la Salud, a la que hay que defender como organismo de las Naciones Unidas, no debe ni puede exponerse a ser cuestionada en asuntos de esta gravedad. Estos antecedentes han podido contribuir a explicar las dudas, posiciones contrapuestas a nivel nacional y mundial en los retrasos en la respuesta a la declaración de pandemia de COVID-19 por la OMS. La Gripe A H1N1 es hoy una gripe estacional ¿Qué pasará con este nuevo coronavirus?

Recientemente, el ministro de economía en la sombra del Partido Laborista del Reino, John McDonell decía al respecto que “…estamos obligados a construir la resistencia necesaria para poder afrontar nuevas oleadas de este virus o amenazas futuras desconocidas, nuestra sociedad debería basarse en unos servicios públicos controlados democráticamente de propiedad pública y con la financiación suficiente”.  

A partir de esta reflexión inicial nos hacemos la pregunta de cuál puede ser el significado que para nosotros aquí y ahora, en Canarias, puede tener el mejorar y construir la resistencia necesaria para reorientar nuestra reforma sanitaria con una respuesta solidaria de todos; social, institucional, política y económica para afrontar esta situación, prevenir  oleadas de estas y otras amenazas, y que nos permitan aprovechar el momento de apoyo y aumento de la legitimidad que están adquiriendo nuestros sistemas públicos de protección social para “ponerlos a punto”.

 Esto es, responder a cómo aprovechar sus fortalezas y capacidad potencial de cambio que nos permitan afrontar el desarrollo de las reformas que los sistemas públicos de protección social, y en particular el sistema canario de la salud necesita desde hace más de treinta años. 

Aunque nuestro modelo de salud es de los mejores del mundo, hoy es peor del que teníamos antes de la crisis del 2008 y del que podríamos haber tenido debido a los procesos contra-reformistas que se iniciaron a nivel del Estado y de Europa, desde incluso antes del mismo momento en que se aprobó la Ley General de Sanidad de 1986. España junto a los países del sur de Europa, desarrollaban sus reformas sanitarias orientadas al desarrollo de los Sistemas Nacionales de Salud siguiendo el modelo del Estado de Bienestar del Reino Unido y de  las socialdemocracias europeas: Italia en 1978, Portugal en 1979, Grecia en 1983. 

Estos países del sur de Europa, como España, también salidos de gobiernos y estructuras autoritarias por las dictaduras que les precedieron, implementan los procesos reformadores en contextos históricos que presentan muchas semejanzas. El sector salud, en momentos de democratización, avances sociales y políticos, proporciona espacios de disputa política y confrontación técnica que contribuyen a la modificación de las correlaciones de poder en ese sector del aparato institucional del Estado y en la sociedad civil. Eran estructuras de Estado que se encontraban en procesos de transición desde la dictadura hacia su reconocimiento y legitimación como Estados democráticos de derecho. La institucionalización de las reformas con la aprobación de las correspondientes leyes era la culminación de procesos, históricamente determinados, que apenas conseguía encaminarse y que había comenzado años atrás. 

Sin embargo, antes de encaminar los proceso de las Reformas Sanitarias en los países del Sur de Europa, ya a finales de los años 80, la globalización neoliberal impulsada por  Ronald Reagan en USA y continuada en la Comunidad Económica Europea por  Reino Unido con Margaret Thatcher con afirmaciones como la del ex-primer ministro francés, Sr. Barrè, en el World Economic Forum (Carvajal V. 1994), plantaban las semillas para la desinversión publica en los sistemas de protección social  que hoy tenemos. ¿Les suenan estas expresiones?  “tenemos que apretarnos el cinturón,... ”Hay un exceso de protecciones sociales que ahora están bajo amenaza y que ha desaparecido en algunos países como Suecia“… ”Una drástica reducción de los beneficios sociales es el precio para evitar un ajuste futuro más doloroso“… ”Nuestros Estados de Bienestar no dan los incentivos necesarios para el trabajo; hay demasiados desincentivos“. Estas declaraciones junto con otras afirmaciones como la del primer ministro Belga Sr. Dehaene: ” El sistema actual de gravar el trabajo para financiar el Estado de bienestar está creando más y más desempleo“. Estas eran manifestaciones del pensamiento neoliberal hegemónico que ya en esa época estaban comenzando a cambiar el rumbo de las Reformas Sanitarias en el mundo, basadas en el modelo de servicios nacionales de salud de cobertura universal y financiado con los impuestos. 

A pesar de la neutralidad política- jurídica de la Unión Europea, en cuanto a estructuras organizativas en los sistemas sanitarios, se introducen cambios que tienen que ver con la contención de costes, racionalismo planificador, gerencialismo, mercado, con tímidos avances hacia modelos de gestión clínica y de integración vertical. Además, se privatizan amplios sectores de la gestión de los servicios, ampliando el espacio para las multinacionales de las compañías de seguros y propiciándose la deslegitimación y desacreditación de los servicios sanitarios públicos, al demorarse o interrumpirse la introducción de los cambios necesarios. 

La crisis de 2008 aceleró los procesos de contrarreforma en los países del sur de Europa, con la desinversión estatal y la jibarización y debilitamiento de los servicios públicos, al ser forzados a implementar medidas de ajuste estructural para salir de aquella “crisis”, planteando retos importantes de sostenibilidad financiera. Aquellos países que a nivel internacional abanderaron los recortes y la desregulación de la protección social como Estados Unidos, han quedado más expuestos y desprotegidos al efecto sanitario, social y económico.

El gran desafío en el plan de reconstrucción social y económico de Canarias  es  si continuar o no con el  piloto automático que nos ha traído hasta aquí  ¿Nos tomamos la irrupción del nuevo coronavirus SARS Cov 2, que causa la enfermedad del Covid-19, como problema o como oportunidad?

Ahí está el dilema… ¿seremos valientes o nos quedamos en la mediocridad sumisa del inmovilismo? Como cantaba Carlos di  Fulvio en “Para el que tenga una ventana”: “… ayudar al semejante que no pudo salir de su mundo pequeñito que no supo entender por ser tan grande el problema...”