La más que necesaria renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional, y el incumplimiento de tal obligación, es noticia día tras día en el debate político y en los medios de comunicación. Discursos y noticias que, prácticamente en su totalidad, minimizan la importancia de lo que es y debería ser el último y máximo guardián de los derechos humanos, el único con el cometido de analizar si nuestras leyes son conformes o disconformes con la Constitución española. 

El único Tribunal Constitucional que interesa a esos voceros, ignorando otras de sus variadas competencias, es el que debe dictaminar acerca de la constitucionalidad de las leyes sobre el aborto, la eutanasia, la ley Celaá; sobre proyectos lingüísticos de los centros educativos, el estado de alarma, la prisión permanente revisable, o, entre otros variopintos ejemplos, sobre nombramientos por el Consejo General del Poder Judicial de cargos judiciales cuando está en funciones. A tales emisarios solo parece interesarles el resultado de recursos impregnados de un alto componente político, planteados por parlamentarios, por el presidente del Gobierno, por el Defensor del Pueblo, por órganos ejecutivos y legislativos de las comunidades autónomas o, incluso, por otros jueces. 

Esos condicionantes políticos se exteriorizan con el advenimiento de los ciclos de renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional. Lo importante con esos nombramientos no es alcanzar desequilibrios numéricos entre los togados para inclinar la balanza en favor de una pretendida y particular justicia, sino de la plena Justicia. Aun así, y afortunadamente, por raras que sean las ocasiones, esos pronósticos en la votación fracasan cuando en los ya 'clásicos', pero nada apasionantes —más bien cansinos— partidos judiciales de conservadores frente a progresistas o viceversa, prima en el colegio de magistrados la independencia y el criterio jurídico, aunando en el consenso técnico las diferentes sensibilidades. El actual presidente del Tribunal recordaba con acierto en la última memoria de la institución, como un factor para alcanzar “el logro de la mejor impartición de justicia”, que el Tribunal Constitucional “es un órgano llamado a integrar las diferentes visiones legítimas” de sus miembros; pero siempre —advertía el presidente— “bajo el amparo de los preceptos constitucionales”.

A los ciudadanos nos importa, y mucho, ese tribunal porque vela por la suprema salud constitucional de normas y actos del Estado y de las comunidades autónomas. Sin embargo, existe otro Tribunal Constitucional que no se puede ni olvidar ni ignorar. Es aquel que el justiciable de a pie siente cercano. Es al que acude, como último remedio, para tratar de denunciar y que se le repare la lesión a sus derechos fundamentales y libertades ocasionadas por otros órganos judiciales que conocieron previamente de su pleito y por la que, con razón o sin ella, se siente agraviado. Es la última puerta a la que llama el justiciable agonizante, depositando toda su esperanza y fe judicial, por muy ateo jurídico que sea, para tratar de enmendar los desmanes judiciales anteriores que ha sufrido.

Es el remedio para quejarse constitucionalmente de que los jueces que le enjuiciaron previamente no le tutelaron de forma efectiva, que no fueron imparciales, que carecían de competencia para conocer de su caso, que le impidieron acceder a la jurisdicción o formular un recurso, que no le dejaron defenderse, que le privaron de pruebas pertinentes y necesarias, que se produjo un error patente y grave en el enjuiciamiento, o, en definitiva, que su proceso no fue justo por ausencia de garantías. Es el anhelo para el que se siente injustamente condenado y reclama la plenitud de la presunción de inocencia, para quien piensa que fue privado de libertad indebidamente, para el que se queja de que policías le pegaron ilegalmente una patada a la puerta de su casa, para el que reprocha que le escucharon sus conversaciones telefónicas o ambientales y fisgonearon su WhatsApp de forma ilícita o airearon indebidamente sus datos de carácter personal. 

Es la curia a la que en último extremo acuden expulsados y extraditados que imploran no ser entregados al país de destino por temer razonablemente que allí perderán su vida o serán torturados. Es el tribunal al que se le pide que garantice el derecho al honor frente a la calumnia y la injuria; o el derecho a la libertad de información y de expresión frente a la mentira. Al que se le solicita que frente al castigo cruel y desproporcionado imponga penas justas. Es el templo donde, en última instancia, también se reclama el principio de igualdad; la protección de la vida y la integridad física y moral; la libertad ideológica, de religión y de culto, o el derecho a la educación, a la libre circulación, a reunirnos, a asociarnos, a sindicarnos o a participar en una huelga. Y al que suplicamos, en determinadas ocasiones, que adopte alguna medida cautelar para evitar la ejecución de una grave decisión, como la paralización de un desahucio o el cumplimiento de una pena.

Este otro tribunal, el del justiciable, tan constitucional como el que resuelve los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad, parece no interesar. Ni una sola línea he leído —al hilo del actual y bochornoso espectáculo sobre los futuros nombramientos de sus magistrados— en la que se aborde el recurso de amparo como vehículo en el que accede el justiciable por la calle Domenico Scarlatti al Constitucional. Nada se ha dicho sobre la función y cometido de este recurso; ni de sus virtudes; ni de su saturación de asuntos que impide la agilidad procesal; ni de sus deficiencias orgánicas y estructurales, como es el recóndito y cambiante criterio sobre el ínfimo número de recursos que se admiten; ni de sus propuestas de mejora. La protección especial de los derechos humanos individuales de cada uno de nosotros no consta en la agenda ni de unos ni de otros.

La relevancia de este otro Tribunal Constitucional es incuestionable. De los 8.370 asuntos registrados en el último curso, 8.294 fueron recursos de amparo. Muchos de ellos son, innegablemente, remedios abusivos e infundados provocados por la desesperación jurídica del recurrente, pero otros no. El ciudadano se merece jueces y juezas que, por encima de la necesaria ideología que profesen como personas, se crean, entiendan y apliquen el contenido esencial de los derechos humanos y de las libertades inherentes a la dignidad de toda persona, sea quien sea, ciudadano anónimo o público. 

La brillantez técnica y la reconocida competencia e independencia profesional de esos magistrados será la mejor garantía para la justicia constitucional y la protección del ciudadano. Justicia que debe ser incolora y ajena a inclinaciones e injerencias de poderes políticos y mediáticos. Así también se fortalecerá nuestra democracia y nuestro Estado de derecho. Y ello, sin perjuicio de que, como dijera Tomás y Valiente, “en una sociedad democrática dotada de las libertades que el propio Tribunal ampara, siempre habrá, en cada caso, ante cada sentencia no rutinaria, aplausos y censuras”.

En los últimos días asistimos al interesante debate público que se desarrolla principalmente en términos políticos en relación con una enmienda introducida, por el PSOE y Unidas Podemos, en el texto que se tramita actualmente en el Parlamento sobre el Proyecto de Ley de Memoria Democrática. El texto de la enmienda exige que todas nuestras leyes, incluida la Ley de Amnistía 1977, se interpreten y apliquen “de conformidad con el Derecho Internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables”.

Vaya por delante que este texto no deja de ser una consecuencia directa de la previsión de nuestra Constitución, que proclama que los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, forman parte de su ordenamiento jurídico interno (artículo 96.1); y que las normas relativas a derechos fundamentales se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales ratificados en esta materia (artículo 10.2).

Esta previsión constitucional también se incorporó en el año 2014, en la Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales. Ley que, como no puede ser de otra forma, declara que, en caso de conflicto entre una norma contenida en un tratado internacional y otra interna prevalecerá la internacional, salvo que la nacional sea de rango constitucional. Es lo que se denomina control de convencionalidad, esto es, la obligación de los jueces de desplazar o inaplicar la norma interna en caso de conflicto normativo entre ambas.

Una de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos contraída por el Estado español es la investigación y enjuiciamiento de los crímenes internacionales de primer grado, como, entre otros, los crímenes contra la humanidad, si se han cometido en nuestro territorio. Y, si está obligación que impone el Derecho internacional —y que España ha asumido con la firma de diferentes tratados o instrumentos internacionales— y la norma internacional prevalece sobre la nacional, ¿por qué se ha presentado esta enmienda?

La respuesta la encontramos en las diferentes resoluciones judiciales dictadas por los juzgados y tribunales españoles que en los últimos cinco años han interpretado que la Ley de Amnistía es un obstáculo jurídico para investigar y enjuiciar los crímenes franquistas. Así, ante la constatada resistencia de los jueces españoles, en más de 80 resoluciones, a observar la prevalencia del Derecho internacional, el mensaje de la enmienda es claro: el poder legislativo advierte expresamente al judicial que el Derecho internacional existe y que, de una vez, interpreten la ley nacional en consonancia con los imperativos del Derecho internacional, del Derecho internacional de los derechos humanos, y del Derecho internacional penal.

Por ello, el efecto práctico de esta enmienda para poder investigar y enjuiciar los crímenes del pasado es nulo. La propuesta legislativa no pasa de ser un desiderátum teórico de cómo debe interpretarse la ley. Advertencia que se formula a pesar de que la función del legislador no es enseñar a los jueces a interpretar la norma. Estos deben aplicar la ley de acuerdo con los criterios hermenéuticos que ofrece el ordenamiento jurídico y que se presupone que, por su formación jurídica acreditada, al superar la prueba de acceso a la carrera judicial, conocen.

La única posibilidad real de que se juzguen esos hechos y a sus responsables reclama, en primer lugar, la intervención del legislador para abordar con rigor la nada fácil tarea de modificar la Ley de Amnistía. Es necesario sentar que su contenido no puede impedir la investigación y enjuiciamiento de crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista. No es lo mismo la modificación efectiva de una norma, que una mera pauta de cómo debe ser interpretada.

Y, en segundo lugar, uno de los escollos de mayor calado y controversia jurídica para impedir la investigación y enjuiciamiento de estos crímenes es la aplicación del principio de legalidad penal. Así se desprende del Auto del Tribunal Constitucional, del pasado 16 de septiembre. Esta resolución inadmitió la demanda de amparo interpuesta por Gerardo Iglesias que denunciaba a los autores de las torturas infligidas, en un contexto de crímenes contra la humanidad, durante la dictadura franquista. El Auto justifica la inadmisión de la demanda porque lo impide el principio de legalidad penal. El Tribunal Constitucional recuerda que este principio —que se configura como parte del contenido del derecho fundamental, enunciado en el artículo 25 de la Constitución Española­— es inherente al Estado de Derecho. Y explica que este principio exige como garantía para el ciudadano que el delito y la pena tienen que estar previstos en nuestra Código penal antes de que se cometan los hechos subsumibles en ese delito.

Los órganos judiciales españoles, en aplicación del principio de legalidad, han impedido el acceso a la jurisdicción de los diferentes denunciantes de los crímenes franquistas. En síntesis, sostienen que, como el delito o crimen de lesa humanidad entró en vigor en octubre de 2004, con su incorporación al Código Penal, dicho tipo penal es inaplicable a hechos cometidos con anterioridad a esa fecha.

Por ello, descartada la posibilidad de enjuiciar los hechos y a sus autores por crímenes de lesa humanidad, únicamente se podría enjuiciar, inicialmente, esos hechos —devaluando su verdadera calificación jurídica— de acuerdo con la tipificación correspondiente en el momento de su comisión: asesinato, secuestro, tortura (caso de Gerardo Iglesias), etc. Delitos que son de imposible persecución judicial por estar prescrita en el momento de la interposición de la denuncia la acción penal. Los crímenes de lesa humanidad, por el contrario, son imprescriptibles.

Esta interpretación, desde la perspectiva del derecho interno es correcta. Sin embargo, no lo es de acuerdo con el Derecho internacional de los Derechos Humanos. En concreto, la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 11), el Convenio Europeo de Derechos Humanos (artículo 7), la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículo 49) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 15) promulgan, como fuentes del Derecho penal, tanto la norma nacional como la internacional.

Esto significa que si con anterioridad a la realización de los hechos, existe en el Derecho internacional escrito (tratado internacional) o consuetudinario, una norma que prohíba su comisión, ese hecho es un delito en el Derecho internacional penal, aunque la legislación interna no lo tipifique, con la exigencia de que la norma internacional describa con claridad los elementos del crimen correspondiente. La pena a imponer, al no preverla el Derecho internacional, será la prevista en el Código Penal nacional para el delito subyacente (asesinato, tortura, secuestros, etc.) en el que se ha instrumentado el crimen internacional.

Los crímenes franquistas, en el momento de su comisión, ya estaban considerados por los principios generales reconocidos por la comunidad internacional, especialmente por los principios de Nüremberg, como crímenes contra la humanidad. Se cumplían y se cumplen, por tanto, con las garantías materiales del principio de legalidad para posibilitar su investigación y enjuiciamiento penal.

Por ello, la aplicación directa del Derecho internacional penal, para investigar y enjuiciar crímenes internacionales de primer grado, invita a modificar el Código Penal para introducir la modulación del principio de legalidad conforme a los estándares internacionales. Transformación que, en modo alguno, puede materializarse a través de la Ley de Memoria Democrática. Al afectar a derechos fundamentales, debe ser mediante ley orgánica.

Concluyendo, si finalmente se aprobara la Ley de Memoria Democrática y se reformara la Ley de Amnistía, restaría mudar legislativamente el principio de legalidad penal, lo que constituiría un extraordinario reto jurídico y político legislativo, imprescindible para combatir el modelo de impunidad español frente a los crímenes del pasado.

Marruecos, una vez más, miente. Y sus cómplices y correligionarios aplauden con las orejas. La legión de todo tipo de medios desplegados, en los que no escatima ni dírhams, ni euros, ni dólares, pretende convertir al secretario general del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Brahim Ghali, en un criminal. Para ello, inventó —y, si no se pone coto, seguirá haciéndolo— dos querellas disparatadas.

Este tipo de querellas son infundadas porque obedecen a denuncias sin fundamento alguno, cuya pretensión es utilizar a los tribunales de justicia con fines fraudulentos, y fueron archivadas por la Audiencia Nacional. 

Ahora, el brazo jurídico ejecutor marroquí, aprovechando la presencia del líder del Frente Polisario en España por motivos médico humanitarios, trata de desempolvar esas denuncias, para hacerlas valer como balas judiciales. Su pretendido objetivo —y aun a sabiendas de su nulo recorrido— obedece a diferentes razones. Por un lado, reivindicar ante las autoridades españolas su permanente rechazo del derecho del pueblo saharaui a su autodeterminación e independencia. Por otro, tratar de desacreditar a Ghali y al Frente Polisario con imputaciones penales irreales e inverosímiles. Y, de paso, buscan maquillar la responsabilidad estatal marroquí y la de sus doce ciudadanos alauitas, procesados en la Audiencia Nacional y sujetos a órdenes internacionales de detención con fines de extradición, como responsables del crimen de genocidio cometido contra el pueblo saharaui. De esta forma, la presión al gobierno de España está servida.

Estas querellas ideadas, deliberadas y redactadas al otro lado del Estrecho, destilan aromas estrictamente políticos. Todo propósito de confusión y engaño por parte de los tentáculos de Marruecos hay que rechazarlo. La técnica procesal utilizada  es una destreza vieja conocida en los juzgados: cuando no tienes razón en tu pretensión dibuja hechos impactantes con apariencia de verosimilitud para conseguir que la denuncia sea admitida a trámite. Y esto es lo que ha sucedido. Los querellantes, subidos a ese desleal carro de la justicia, relatan hechos pero huérfanos de cualquier sustento mínimo probatorio. Hablar y escribir es fácil, probar, en este caso, una mentira imposible. La propia Audiencia Nacional, en esa vorágine a la que se la tiene sometida con las dos querellas, ha sido rotunda al rechazar las medidas cautelares solicitadas, con finalidad política, y no jurídica: “no hay indicios claros de su participación [Brahim Ghali] en las conductas recogidas en la querella”.

La realidad es otra bien distinta. La única querella legítima, por mucho que le aterre a Marruecos, es la que se interpuso ante la Audiencia Nacional en el año 2006, gracias a la denuncia de víctimas y de organismos defensores de Derechos Humanos, por los graves crímenes cometidos contra el pueblo saharaui por parte de Marruecos desde el mismo momento que iniciaron la invasión del Sahara Occidental. 

A pesar de la deliberada ausencia de justicia en Marruecos, garantizando a sus autores la impunidad absoluta, y de sus obstáculos continuos para impedir la investigación y enjuiciamiento de estos crímenes en España, los tribunales españoles, después de la pertinente y rigurosa investigación judicial, dictaron un auto de procesamiento de extraordinaria importancia. Y es así porque, aunque sea de forma provisional, se declara, con el rigor de un tribunal de justicia, la verdad judicial de lo que sucedió en el Sahara Occidental. Esta resolución es una decisión dictada por un tribunal de justicia, independiente e imparcial, basada en abundantes elementos probatorios practicados a lo largo de años de investigación, respetando escrupulosamente todos los estándares del juicio justo.

La irritación de Marruecos y sus acólitos procede del revés judicial del auto de procesamiento español. No soporta que se declare la existencia del pueblo saharaui con sus específicas circunstancias. Se descomponen con la retahíla de resoluciones de Naciones Unidas, plasmadas en el auto que considera al Sahara Occidental como “territorio no autónomo”, y por tanto se deriva el reconocimiento al derecho del Sahara a la libre determinación y la independencia, y el proceso a seguir para su consecución.

Marruecos se sulfura cuando la Audiencia Nacional le recuerda que: i) ocupó con violencia el Sahara Occidental y que su ejército y policía atacaron sistemáticamente a la población saharaui; ii) que el Tribunal Internacional de Justicia, el 16 de octubre de 1975, concluyó que el Sahara Occidental no era territorio de nadie en el momento de su colonización por parte de España y que carecía de vínculo de soberanía territorial con Marruecos y Mauritania; iii) que la “Marcha Verde” de 1975, iniciada por militares y civiles y rechazada por Naciones Unidas, fue el origen la invasión del Sahara Occidental; y iv) que por decisión de Naciones Unidas se acordó la realización de un referéndum. Labor que sigue incumplida.

Marruecos busca blanquear su imagen y responsabilidad. El auto de procesamiento, que repudia, describe crímenes concretos perpetrados desde 1975 contra la población saharaui, especificando el lugar de comisión, los nombres de víctimas y victimarios identificados y el momento temporal en el que se ejecutaron.

La resolución describe la sinrazón de la barbarie protagonizada por Marruecos contra los saharauis y narra cómo se ejecutaban los crímenes y los crueles métodos de tortura. Se leen pasajes de horror: “Dio a luz en la cárcel y al recién nacido le cortaron los dedos y se los trajeron después a la madre en la comida”; “prendieron fuego a uno de los prisioneros”; “le quemaron con cigarrillos y mecheros y le obligaron a hacer felaciones a varios guardias”; “el campamento fue bombardeado con napalm y fósforo blanco por la aviación marroquí ocasionando al menos 39 muertos, así como más de 75 heridos de gravedad”; “las bombas cayeron en la tienda-hospital que estaba señalizada con una media luna roja, matando a la mayoría de la gente que se encontraba en su interior e hiriendo a otras muchas”.

Marruecos pretende que se olvide lo inolvidable, que se ignore que cometió el crimen de los crímenes. La resolución judicial española califica los hechos como genocidio porque las acciones cometidas por militares o policías marroquíes se dirigieron unívocamente contra los saharauis, personas originarias del Sahara Occidental, “que fueron sometidas a persecución únicamente por el motivo de ser originarios de ese territorio que reclama Marruecos y con la finalidad de destruirlos, mediante el asesinato o desapariciones forzadas o incluso mediante la reclusión durante grandes períodos de tiempo”. Y lo que es peor, la resolución judicial señala que existió en esa política planificada alauita “una finalidad de destrucción” del pueblo saharaui.

Marruecos busca que se queme —al igual que hicieron con las jaimas que cobijaban a los saharauis, ancianos, mujeres y niños en su éxodo por el desierto— todas y cada una de las líneas del auto de procesamiento.

Marruecos ahora exige cooperación a las autoridades españolas, cuando la reciprocidad ha sido inexistente. Marruecos no atendió ni una sola petición de ayuda cooperativa de los jueces españoles para investigar los hechos y personas que conforman en el auto de procesamiento. Y, por supuesto, no ha detenido ni extraditado a ninguno de sus ciudadanos escondidos dentro de sus fronteras. 

Este genocidio hoy continúa contra aquellos saharauis que luchan pacíficamente por la independencia de su pueblo y por la defensa de los Derechos Humanos en los territorios ocupados del Sahara Occidental. Marruecos persigue, secuestra, encarcela y tortura a los civiles saharauis, negándoles el derecho a un juicio justo. Saquean sus propiedades, expolian las riquezas naturales del territorio no autónomo del Sahara Occidental y colocan minas anti-personas en los lindes del Sahara Occidental con Mauritania, Argelia y las zonas liberadas.

Marruecos debe recordar que ya no son sólo las resoluciones de Naciones Unidas, sino también los tribunales de justicia españoles, los que, después de una rigurosa investigación judicial, han concluido que existen indicios racionales de que Marruecos cometió un genocidio contra el pueblo saharaui y que este pueblo tiene el derecho a la autodeterminación e independencia. Es imperativo que Marruecos salga de una vez de la permanente ilegalidad, deje de maquinar torticeramente para obtener objetivos espurios y cumpla sin fisuras con las obligaciones que le impone el Derecho Internacional. Y desde luego debe aleccionar a sus servicios de inteligencia a trabajar con el rigor a la verdad y el respeto a los derechos fundamentales de las personas.

“El rey emérito, don Juan Carlos, abandona España voluntariamente”. Esta frase, desde hace unas horas, ha corrido dentro y fuera de nuestras fronteras —será por las fechas en las que estamos— como el relámpago de una gran tormenta de verano.

El antiguo monarca, como todos los mortales, tiene la libertad plena de circular y residir donde desee, siempre que, lógicamente, cumpla con los requisitos exigidos legalmente en el lugar de destino. Sin embargo, esta libertad puede verse comprometida por la investigación a la que el Rey emérito está sometido, en este momento, por la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Estas diligencias en las que está trabajando el Ministerio Público pueden desembocar en el archivo de las mismas o en la interposición, por parte de aquél, de una denuncia o querella si el fruto de esa investigación arroja, inicialmente, la posible comisión de hechos con relevancia penal por parte del rey.

El rey Juan Carlos goza, al igual que todos los justiciables que son sometidos a la acción de la justicia ante los tribunales españoles, de todos los derechos fundamentales y de todas y cada una las garantías que le brinda nuestra Constitución y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Uno de esos derechos es el de la presunción de inocencia, que hay que respetar durante todo el procedimiento de investigación de la fiscalía y, en su caso, de los órganos judiciales.

En el primer escenario, archivo por el Ministerio Fiscal de las diligencias de investigación, el problema se acaba y el rey emérito podrá disfrutar de su estancia lejos de nuestras fronteras. Por el contrario, si, como consecuencia de la denuncia o querella del Ministerio Fiscal o, incluso, de un tercero, los jueces incoaran un procedimiento penal contra él, su situación personal —y aunque finalmente se decretase el sobreseimiento o se dictara sentencia absolutoria— podría inicialmente cambiar sustancialmente. Desde ese momento, el monarca emérito pasaría a ostentar la condición de investigado y estaría sometido y sujeto a las limitaciones personales que el tribunal penal le impusiera.

A partir de ahí, en este segundo escenario, el interés de la investigación judicial primaría sobre el derecho a la libertad de circulación y de residencia del rey emérito, que ya ha ejercido. Así, el juez instructor deberá ponderar todos los elementos en juego, especialmente la intensidad de los elementos incriminatorios —que, en su caso, evidenciará la investigación judicial— frente a los riesgos de que la ausencia física del investigado de nuestro país pudiera atisbar su elusión de la acción de la justicia o la obstaculización de la misma. Su abogado ya ha adelantado, con indudable acierto, para evitar a su cliente males mayores, que éste, residente ya fuera de España, está y estará a disposición del Ministerio Fiscal para la práctica de las diligencias que sean necesarias. Lógicamente, se supone y se entiende que esa disposición se extiende a los jueces, para el caso de que el rey emérito alcance la condición procesal de investigado.

Por ello, en el marco de una posible investigación judicial, el derecho a la libertad deambulatoria que unilateralmente ha ejercido el monarca emérito, tendría que autorizarlo el correspondiente juez instructor. Sea cual sea la pretensión del rey Juan Carlos, la última palabra sobre su residencia le corresponderá al juez. Éste decidirá, aplicando criterios de proporcionalidad, desde la vigencia de la presunción de inocencia y todas las garantías del juicio justo, si la instrucción judicial aconseja que el investigado permanezca en territorio español o pueda residir, con las cautelas pertinentes, fuera de nuestro país.

Cada caso judicial es un mundo y cada caso obedece a circunstancias concretas y específicas. Pero no hay que olvidar que la casuística judicial —sólo hay que leer, ver y escuchar diariamente los medios de comunicación— permite afirmar que muchas personas acusadas ante nuestros tribunales de hechos de semejante naturaleza y entidad se han visto sometidas a importantes medidas cautelares personales, como la de prohibición de abandonar nuestro territorio u otras de mayor gravedad.

También es cierto que la cooperación judicial penal entre los Estados de la comunidad internacional y, especialmente, entre los Estados miembros de la Unión Europea, ha cambiado considerablemente. En los últimos tiempos, aunque con ciertas limitaciones, se permite el control judicial, en terceros países, de los investigados y acusados ante nuestros tribunales nacionales. Pero también es una realidad que aquellos justiciables que se han sustraído a la acción de la justicia han sido objeto de procedimientos de extradición o de órdenes europeas de detención y entrega.

Confiemos en que el Estado de destino del rey Juan Carlos —que se ignora cuál es en el momento de escribir estas líneas de urgencia—, mantenga con España tratados de cooperación penal que permitan, si se abre el procedimiento judicial, culminar con eficacia la investigación. Por encima de voluntades unilaterales, el imperio de la ley aplicado por los jueces será el que prevalezca.