“No queremos guerras con otras comunidades pero Madrid seguirá bajando impuestos”. Esto es lo que decía Isabel Díaz Ayuso tras ser investida presidenta de la Comunidad de Madrid en agosto de 2019. Toda una declaración de intenciones de lo que iba a venir en los años siguientes. En 2019 nadie esperábamos que una pandemia mundial con réplicas económicas y sociales iba a azotar los cimientos del sistema y, mucho menos, que iba a ser utilizada por Díaz Ayuso como caballo de Troya para desarrollar sus intenciones.

La frase de Ayuso, que en su momento pudo pasar desapercibida, parecer inocente o incluso bienintencionada para algunos, estaba cargada de contenido y recogía el principal de los propósitos de su acción política: servir a los ricos, generando conflictos territoriales si es preciso.

Eso es precisamente lo que hemos vivido desde agosto de 2019 y de forma más intensa desde el inicio de la pandemia. En este tiempo ha tratado de convertirse en una suerte de heroína del liberticidio frente a la agenda social y de protección de la salud pública que ha impulsado el gobierno de coalición. Para ello ha recurrido a todas las tretas posibles: desde la adjudicación de contratos a grandes empresas y multinacionales, hasta el maltrato de lo público para justificar y profundizar la gestión privada, pasando por continuos alegatos a la bajada de impuestos. Para los ricos, claro está.

Ayuso dijo que no quería entrar en guerras con otras comunidades, pero entra. Definió Madrid como “España dentro de España”, lanzando provocaciones y reflejando que para ella el resto de territorios no son más que parques temáticos que visitar en unas vacaciones. Las reducciones de impuestos a las rentas altas en la Comunidad de Madrid llevan años generando una competencia desleal hacia otros territorios. Este es el llamado dumping fiscal, bajar impuestos para competir con el resto de autonomías y llevar hacia Madrid empresas y grandes capitales, ahondando en los intensos desequilibrios territoriales que ya existen en nuestro país. 

Las políticas de Ayuso perjudican a la mayoría que vivimos en otros territorios: perdemos empresas y empleos, falta de inversión y deterioro de los servicios públicos. Lo peor es que tampoco ofrece beneficios para la mayoría de los y las madrileñas. Y es que cuando se reducen impuestos a los que más tienen y cuando se rompe la progresividad del sistema fiscal, es la gente corriente la que lo sufre a través de la debilitación de los servicios públicos.

Esta estrategia, que no es nueva, no propone otra cosa que la emancipación de los ricos en todos los sentidos. Lo propone desde una óptica de clase, siendo los que más tienen los que se benefician de esa bajada de impuestos, al tiempo que la gente corriente lo paga con el maltrato y la debilitación de unos servicios públicos claves para reducir las desigualdades y cohesionar las capas de la sociedad. Esto provoca que las clases pudientes puedan llevar a sus hijos e hijas a colegios de pago mientras el alumnado de Carabanchel no tiene maestra sustituta cuando su tutora se pone enferma o que mientras los más favorecidos van a la clínica privada, la vecina de Vallecas espera durante 3 meses su visita al especialista. Por si esto fuera poco, esta estrategia también implica la secesión de los ricos desde una óptica territorial, fomentado la insolidaridad entre Comunidades Autónomas, especialmente entre las más abundantes en recursos y las que menos, también entre las más pobladas y las más vacías, agudizando los conflictos territoriales a base de deslealtad hacia el resto de instituciones.

Ayuso no duda en recurrir a un regionalismo elitista como mecanismo de confrontación. Un regionalismo que no atiende las necesidades materiales de la gente corriente y que sirve de excusa para seguir favoreciendo a los ricos. También se sube a la ola trumpista y lo hace a la par que cultiva el nacionalismo centralista con soflamas como “Madrid, monarquía y España son lo mismo”. Frases que le sirven para desmenuzar y mostrarnos su proyecto de país: un país pequeño donde sólo caben unos pocos y donde se olvida de la España plurinacional y diversa. Un país en el que la monarquía sigue siendo clave de bóveda, sinónimo y garantía de desigualdades. Un país en el que se da la espalda a los territorios despoblados y en el que los ricos se emancipan en todos los sentidos: desde la gente más acomodada hasta los territorios más pudientes. Y todo ello en nombre de la libertad. Libertad para el que se la pueda pagar, claro está.

La pandemia ha sido y va a seguir siendo utilizada por Ayuso para imponer el liberticidio y para hacer política de clase. Para la clase alta, por supuesto. Para bajar impuestos a los que más tienen y para seguir poniendo lo público en sucias manos. Mientras la gente corriente, ansiosa por recuperar sus vidas prepandemia, aproveche el verano para evadirse, Ayuso hará de las suyas para servir a los poderosos. Todos los neoliberales han encontrado su shock para imponer su agenda y sus políticas. El de Ayuso es el coronavirus. 

La romantización y la mitificación del pacto tiene un reservado en la cultura política de nuestro país. Es una tradición que formó parte de ella en tiempos pasados que cobró una fuerza idealista desde que nos la inyectaron en vena tras la muerte del dictador en 1975. La transición, el relato de “las dos Españas que cierran heridas”, aunque antes una de las dos nos hubiera dejado helado el corazón, y los Pactos de la Moncloa de 1977, fueron los primeros puntales del mito de los grandes consensos.

En Aragón, la cosa no iba a ser menos. Durante este tiempo, los pactos entre élites fueron elevados a categoría de hitos. Buen ejemplo de ello es el Pacto del Agua de 1992 y todas las obras faraónicas que lleva aparejadas. Si a eso le sumamos que en las últimas décadas en los distintos procesos electorales aragoneses no se han determinado mayorías absolutas o suficientemente amplias y que, en este sentido, el mandato de las urnas ha obligado a las distintas fuerzas políticas a negociar y alcanzar acuerdos conformando coaliciones de gobierno, desde determinados sectores se ha cultivado el mito de referirnos a Aragón como tierra de pactos. Y es que en lo puramente parlamentario, cuando las urnas no determinan mayorías absolutas en las distintas cámaras, las fuerzas políticas se ven obligadas a subirse las mangas de la camisa y tratar de alcanzar acuerdos. No hay otra.

En política siempre se han dado dos tipos de acuerdos o consensos. Los pactos por arriba; acuerdos entre élites que en la inmensa mayoría de casos eran meros repartos de poder sin contenido, y pactos por abajo; amplios consensos sociales que nacían y se peleaban en las calles y acababan proyectándose en las instituciones, con mayor o menor fortuna y acierto, en forma de políticas concretas o leyes con el objetivo de mejorar la vida de la gente.

La historia es caprichosa y recurrir a ella puede hacer que relatos glorificados pierdan color o se agrieten. Cuando se construyen mitos románticos con el objetivo de generar un marco que perdure y sea dominante en el tiempo, siempre hay cosas que, o bien se ocultan o bien tienden a desvanecerse y olvidarse. Si viajamos al pasado, apreciamos que los mayores avances que se han dado en este país son fruto de acuerdos y consensos sociales, siempre generados por abajo y por la izquierda, que han tenido réplica en la institución. No es casualidad que los sectores conservadores nunca hayan formado parte de ellos.

Tanto en Aragón como en el conjunto del Estado, la derecha sólo ha estado en los pactos de las élites, pero nunca cuando los amplios consensos sociales se han traducido en acuerdos políticos y leyes que suponían ganar derechos. Cuando no faltaron fue en la reforma del artículo 135 de la Constitución, acordado entre PSOE y PP ante el desconocimiento de la ciudadanía, para imponer el austericidio mandatado por Bruselas y aprobado en el Congreso con agosticidad y alevosía mientras el españolito de a pie estaba sumido en la operación retorno de las vacaciones de verano. Tampoco nos olvidamos del trasvase del Ebro de Aznar, con la connivencia del PP y sin contar con Aragón; un acuerdo entre los poderes de Madrid y los feudos populares del litoral que daba la espalda al pueblo aragonés y que se paró en la calle.

La derecha nunca ha estado en los pasos más importantes que ha dado nuestro país. Mientras discutían en el búnker qué hacer cuando muriera Franco, los sectores populares empujaban la democracia desde las calles. La derecha llegó tarde. Lo mismo ocurrió con la Ley del divorcio en 1981, que contó con el rechazo de los 10 diputados de Alianza Popular. Más de lo mismo con el aborto y los derechos reproductivos de las mujeres en 1983. Ruíz Gallardón, por aquel entonces diputado de Alianza Popular, llegó a decir que esta ley recogía el “egoísmo de la madre”. Llegaron tarde al matrimonio igualitario, pues en 2005 votaron no en el Congreso cuando hacía años que era una demanda social. En 2007 rechazaron una ley que venía para hacer justicia con el pasado, la Ley de Memoria Histórica que salió adelante gracias al trabajo y esfuerzo de las asociaciones memorialistas y los partidos de izquierda. Por aquel entonces Casado llamaba “carca” a la izquierda y decía que “estaba todo el día con las fosas de no sé quién” y con “la guerra del abuelo”. A día de hoy siguen sin condenar el franquismo. Y continúan comportándose como un freno, también en este año 2021, en el que tampoco apoyaron la ley que legaliza la eutanasia. Son presos del pasado y de los privilegios de las élites.

El ciclo electoral de 2019 significó la entrada de la ultraderecha en la mayoría de los parlamentos de este país. Una ultraderecha que llegaba a las instituciones para romper los consensos más básicos, los que lleva implícitos la democracia, y los que todo demócrata debería defender, los consensos en torno a los Derechos Humanos que llevan décadas asentados en nuestra sociedad. La ultraderecha ha venido para tratar de acabar con la igualdad entre hombres y mujeres. Niegan las violencias machistas y niegan los derechos a las personas LGTB. Lanzan discursos y soflamas racistas y xenófobas. Persiguen a demócratas y a personas que piensan diferente. Se oponen a la cooperación internacional. Niegan el cambio climático. Hasta han votado en contra de las medidas protectoras para hacer frente a la pandemia y sus consecuencias, como la aplicación de los estados de alarma o los ERTE que protegen el empleo. Esto ocurre en todos los parlamentos, también en las Cortes de Aragón.

Echar la vista atrás no sólo nos ayuda a conocer el presente, sino también a superar ciertos momentos de amnesia colectiva y a recuperar memoria. Cuando realizamos este ejercicio nos damos cuenta que los avances de este país, nacidos de consensos sociales, siempre han llegado impulsados por los sectores populares y con acuerdos que se han dado por la izquierda. La derecha sólo está en las fotos de las élites, nunca cuando los pactos sociales significan avances y beneficios para el común. En España no empujaron los mayores avances sociales y en Aragón no hicieron nada por replicarlos y desarrollarlos. Nunca han estado. Cuando te digan que “Aragón es tierra de pactos” con el objetivo de ensalzarlos, añade los matices. 

Fue la cadena de televisión alemana Deutsche Welle la que lo puso encima de la mesa en prime time: las altas cifras de contagios en España se deben a la precariedad como modo de vida. Salarios bajos, empleo precario, explotación laboral, trabajadores sin asegurar, imposibilidad de teletrabajo y elevado precio de la vivienda que nos obliga a compartir pisos y, en muchos casos, a vivir amontonados.

Esta pandemia ha alterado el planeta tal y como lo conocíamos. Lo ha sacudido todo y nos ha puesto delante del espejo para que veamos cómo emergen las carencias del mundo en el que habitamos, donde el dónde vivimos, el cómo vivimos y el en qué condiciones vivimos, son factores determinantes para la salud y para las vidas de las personas.

En el caso de la Covid19, es patente que las malas condiciones económicas son un factor predisponente para tener más probabilidades de ser contagiado o de transmitir la enfermedad, por las condiciones que conlleva el trabajo o los hacinamientos en pisos. Este es un hecho que a nivel de todo el país se ha demostrado en las ciudades más grandes, donde se puede ver que los brotes o la incidencia es mayor en los barrios más humildes, con casas más pequeñas y hacinadas que en los barrios de renta más alta, donde es más sencillo hacer confinamientos dentro de las propias casas y existen mayores posibilidades y facilidades de teletrabajar.

Hay múltiples estudios que demuestran la importancia del lugar de residencia en relación con la calidad de vida y los determinantes de salud. Uno publicado en Estados Unidos hace poco más de un año señalaba que, en varias ciudades de Estados Unidos, la esperanza de vida promedio en ciertas comunidades es de 20 a 30 años menor que las que se encuentran a sólo unos kilómetros de distancia. En general, las disparidades de salud se basan en una interacción de factores raciales, económicos, educativos y sociales.

Por si esto fuera poco, el coronavirus ha sacado a relucir que no sólo es determinante el código postal, el pueblo, el barrio o la ciudad en la que vivimos, sino también un espacio tan íntimo como la vivienda en la que habitamos. Y es que para mantener la distancia social se necesitan metros cuadrados y para poder ventilar se necesitan ventanas al exterior. No es lo mismo vivir en un apartamento que en una unifamiliar. No es lo mismo disponer de una habitación para cada persona que compartir dormitorio. No es lo mismo tener espacios al aire libre, terrazas o jardines, que no tenerlos. No es lo mismo habitar una vivienda con ventanas al exterior que con ventanas a un patio interior o, en el peor de los casos, sin ventilación.

En este mismo sentido, se expresaba un estudio realizado este verano en Barcelona; “La covid-19 no entiende de fronteras, pero se ceba con los entornos desfavorecidos”, rezaba dicho informe. Es cierto que los que tienen un nivel de vida superior también pueden contagiarse, pero no es menos cierto que las probabilidades de contagio son menores. Esto es, cuanto peor sea el nivel de vida, cuanto más precario sea, más probabilidades de contagio.

Estas conclusiones vienen a reforzar la idea de que el nivel de vida, educativo, económico y social determina el nivel de salud, y hasta la esperanza de vida de las personas. Nunca debería ser así, pero en estos tiempos que corren, en los que la vivienda es sinónimo de protección, nadie puede quedarse en la calle, ni nadie debería vivir en infraviviendas.

Con la que está cayendo, no es admisible que familias sufran desahucios sin alternativa habitacional. Es cierto que hay mecanismos como la ley aragonesa 10/2016 de medidas de emergencia social que ya prohíben los desahucios sin alternativa habitacional para familias vulnerables, pero es imprescindible acabar con la burocracia que complica el cumplimiento de este derecho. Al mismo tiempo, será necesario ampliar los parques públicos de vivienda, fundamentales para poder garantizar alternativas habitacionales. También es un avance el Real Decreto-ley que prohíbe los desahucios de familias en situación de vulnerabilidad mientras el estado de alarma permanezca vigente. Pero una vez se supere esta situación, ¿qué hacemos? Es necesario avanzar hacia la prohibición de los desahucios más allá de la duración del estado de alarma. Es una cuestión de salud, de justicia y de dignidad.

De aquellos polvos, estos lodos. Las políticas austericidas derivadas de la crisis del 2008, se convierten en importantes desigualdades sociales que tienen su traslado, no sólo en términos de precariedad laboral, dificultad de acceso a una vivienda, debilitamiento de los servicios públicos o mayor pobreza infantil, sino que indirectamente estos factores redundan en una peor calidad de vida y una peor salud de determinados sectores de la población. El canal de televisión alemán sacaba a relucir a los datos de Eurostat para trasladar que “los salarios anuales netos de una familia española con dos hijos son, de media, 20.000 euros más bajos que en Alemania. Sin embargo, un estudio de Wohn-Magazin Magazyne muestra que un apartamento es solo un poco más barato en promedio”.

Por lo tanto, es imprescindible acabar con las desigualdades sociales y económicas entre los barrios de una misma ciudad, para así mejorar de una forma global y completa la calidad de vida de toda la ciudadanía. Porque no solo hablamos de trabajo, acceso a la vivienda, proyectos de futuro, familia u ocio. Sino que todos los estudios que llevan casi una década saliendo nos muestran una clara relación entre desempleo y pobreza con una menor esperanza de vida.

La vacuna ha sido la mejor noticia en lo que llevamos de año. Un balón de oxígeno que nos permite ver más cerca la luz al final del túnel. Pero no podemos engañarnos. La vacuna es el remedio al mal de la covid, a sabiendas que esta vacuna no será la solución a todas las pandemias. Y es que, científicos de todo el mundo alertan de que estas crisis sanitarias se repetirán con mayor frecuencia. Aprendamos de ésta para minimizar los impactos de la próxima. Así, salvar vidas no dependerá únicamente de una vacuna que tarda un año en desarrollarse. Seamos valientes y ataquemos lo estructural para garantizar derechos y protección a toda la población. Trabajemos con mirada larga para no seguir siendo un país vulnerable ante la coyuntura.

Estos hechos hablan, muy claramente, de la necesidad de liderar políticas sociales y progresistas para que no sólo disminuyan las desigualdades sociales, se brinden mejores oportunidades laborales y, a la vez, que se garantiza el acceso a una vivienda digna, si no que Pero también nos piden una reflexión para que los determinantes de salud mejoren, de forma indirecta, con los innegables beneficios que ello conlleva. Queda claro que son necesarias dichas acciones políticas, sobre todo, en estos tiempos de pandemia, para asegurar en definitiva, el bienestar y la salud de toda la sociedad, sin importar su renta, su código postal, o barrio de residencia.

En algún momento de la primera década del nuevo siglo, cuatro hombres poderosos compartieron jornada de caza en la finca El Alamín, situada en Santa Cruz de Retamar, en la provincia de Toledo. Un total de 1600 interminables hectáreas para recorrer y abatir perdices. Poder, dinero, felicidad y una afición compartida. ¿Qué podía salir mal?

Esos cuatro hombres no eran otros que los líderes de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán y Arturo Fernández, el expresident de las Islas Baleares por el PP, Jaume Matas, y Juan Carlos de Borbón, por aquel entonces jefe del Estado. Cuatro hombres poderosos que compartían jornada, afición por la caza y que posaban juntos ante una cámara para inmortalizar el magnífico día.

Se desconoce la fecha en la que se celebró la cacería, pero las especulaciones hablan de 2007. Momento glorioso para la élite de nuestro país, en la que campaban a sus anchas casi exentos de presión y en un contexto de felicidad económica. En lo particular, también era un momento excepcional para estos cuatro hombres, pues se encontraban en el techo de unas carreras personales que no han dejado de tocar fondo.

Desde 2007 hasta diciembre de 2012, fecha en la que se publicó la foto, ocurrieron muchas cosas en nuestro país. Una crisis económica, política e institucional, un movimiento popular, el 15M, que gritaba a las élites “no nos representan” y una foto previa, de abril de 2012, en la que el monarca fugado posaba, rifle en mano, ante un elefante abatido en Botsuana. Mientras la ciudadanía de nuestro país pasaba calamidades enfrentándose a paro y desahucios, el jefe del Estado alimentaba sus hobbys yéndose de safari al continente africano. La indignación iba en aumento y el monarca se veía obligado a realizar un vergonzoso intento de lavado de imagen pidiendo perdón, con la boca pequeña, ante algunos medios de comunicación.

Éstos no eran los únicos cambios que se habían producido en nuestro país. En 2007 la élite privilegiada, entre la que se encontraban estos cuatro hombres, gozaba de una sensación de inmortalidad ante los escándalos, corruptelas y delitos. El sentimiento de impunidad de los privilegiados es algo que siempre me ha despertado curiosidad. En un país de tradición judeocristiana, ¿no sería más habitual que las personas con responsabilidades públicas se sintieran culpables cuando cometen un error? O mejor dicho, ¿Cuándo roban? Pues no. Eso es lo que le ocurre a todo hijo de vecino, pero entre la corte y los cortesanos existe el sentimiento de impunidad. Pueden aceptar el cobro de comisiones ilegales, defraudar al fisco o meter la mano en la caja, y creerse inmortales. Cosas de las élites.

Destapada parte de la corrupción que infestó nuestro país y, gracias al empuje popular, comenzó a debilitarse ese sentimiento de impunidad con el que operaban las élites sin vergüenza alguna. Ni todo lo que debería, ni tan rápido como nos gustaría, a base de investigaciones y de manifestaciones, comenzaron a agrietarse algunos de los privilegios de los cortesanos. La corrupción llegó a los juzgados y los amigos del rey, Díaz Ferrán, Arturo Fernández y Jaume Matas acabaron en los tribunales, y los dos últimos, en la cárcel.

Pasado el tiempo hemos conocido que los cuatro hombres de la foto no sólo compartían afición por la caza, sino también una virtuosa capacidad para cruzar la línea roja y para moverse con facilidad en los terrenos más oscuros. Las noticias e informaciones sobre los escándalos y las presuntas corruptelas de Juan Carlos de Borbón ya han pasado de los tabloides a los juzgados. Por el momento, son investigados por la Fiscalía de Ginebra, la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. Casi nada.

El sentimiento de impunidad con el que los corruptos campaban a sus anchas no apareció por casualidad. Es cierto que está en el ADN de las élites, pero en buena parte este sentimiento ha sido alimentado por el silencio mediático y por “el mirar para otro lado” que durante años han practicado buena parte de los medios de comunicación de nuestro país. La presión de la ciudadanía y el desmantelamiento de tramas corruptas ha sido clave para que este sentimiento de impunidad se resquebraje. Es un paso, pero no es suficiente.

Para que nuestra sociedad y nuestras instituciones sigan avanzando hacia la profundización de la democracia no es suficiente con acabar con esa sensibilidad de sentirse inmortales, sino que es necesario acotar la figura de la inviolabilidad y acabar con sus interpretaciones maximalistas. Es un escándalo que se retuerza y se estire la ley para que la inviolabilidad judicial llegue a casi todas las facetas de la vida del monarca cuando ésta debería limitarse a las competencias puramente institucionales.

En pleno siglo XXI la democracia debería llegar a todas las instituciones del Estado, también a su jefatura. Para ello es imprescindible que si el jefe del Estado comete un delito responda ante la Justicia y sea apartado de sus funciones como cualquier ciudadano. Pero mientras la forma política del Estado siga siendo una monarquía esto no será posible y la justicia y la igualdad seguirán siendo una apariencia.

En la nochebuena de 2011, al tiempo que conocíamos multitud de escándalos y corruptelas de Iñaki Urdangarín, su suegro, Juan Carlos de Borbón, cargado de desfachatez, se dirigía a los españoles y españolas en su tradicional discurso de Navidad exigiendo ejemplaridad y diciendo que podíamos estar tranquilos, que la justicia es igual para todos. Se dice que el tiempo pone a cada uno en su sitio, pero en este caso no es suficiente. Debe hacerlo la justicia. El tiempo nos deja recuerdos, imágenes y palabras que nos alegran, nos emocionan o, como en este caso, nos indignan. Después de casi nueve años desde ese discurso, el tiempo ha puesto de manifiesto que el exrey no estaba en condiciones de exigir ejemplaridad a nadie. También que la justicia no es igual para todos. Y es que, cae el desgraciado que roba para comer, el que ocupa el piso vacío de un banco porque no tiene un techo donde vivir o, incluso, si me apuran, los Matas, Fernández y Díaz Ferran. Pero en el caso de que el apellido sea Borbón, todo es distinto. 

“Llega el momento en el que el silencio es una traición”. Así hablaba Martin Luther King al pueblo estadounidense cuando defendía los derechos civiles, especialmente de la población negra, en tiempos de amenazas y retrocesos. La década de los sesenta en los Estados Unidos fue un tiempo complejo de persecuciones y agitaciones, pero también de nuevos vientos que traían respuestas, nuevas ideas e intentos de rupturas con las dinámicas del pasado que operaban bajo el “siempre ha sido así”. Protestas contra la Guerra de Vietnam, por los derechos civiles y de las personas negras o el apogeo y consolidación del rock and roll marcaban un antes y un después que ponía en manifiesto que no eran tiempos para equidistancias.

Si te callabas ante las violaciones de derechos que sufría una parte de la población, estabas con el opresor. Eso es lo que trasladaba Martin Luther King a sus compatriotas. Cuando sobrevuelan amenazas y retrocesos hay que tomar parte. En los momentos históricos y complicados, en los momentos de agitación en los que también crece la polarización, mojarse es una necesidad.

La covid ha hecho que el mundo, tal y como lo conocemos, se resquebraje. Nos ha traído una crisis sanitaria, económica y social que está haciendo que el sistema se tambalee en todos los sentidos. En nuestro país ha coincidido con una latente crisis política e institucional que ha provocado un incremento de la polarización a niveles muy elevados.

El primer gobierno de coalición tras la restauración de la democracia trabaja para trazar una salida a la crisis distinta a la de 2008, la monarquía se desmorona entre comisiones ilegales, testaferros, corruptelas y exreyes que huyen, la Unión Europea corrige las políticas del pasado dándonos la razón en que había otra forma de hacer las cosas y que la pasada crisis no fue una crisis sino una estafa. Entre tanto, una derecha echada al monte y alineada con la monarquía y el poder judicial para erosionar a los gobiernos progresistas, trata de imponernos un modelo fracasado y trata de derribar gobiernos para recuperar la parte de poder que no tienen. Los hombres de la troika que amenaza nuestros derechos ya no visten de negro, ahora visten de azul, de naranja y de verde.

Fue a Ayuso a quien se le escapó que el Madrid del PP, Ciudadanos y Vox, el poder judicial y la monarquía actuaban como un bloque para tratar de torpedear la acción del Gobierno de coalición progresista. Mientras Ayuso secuestra la Comunidad de Madrid para utilizarla como ariete contra el Gobierno, los de Casado, Arrimadas y Abascal escupen insultos en el Congreso de los Diputados y utilizan las redes y televisiones para amenazar, azuzar e incendiar el ambiente en un todo vale contra el Gobierno.

La izquierda utiliza su espacio en los gobiernos para impulsar políticas pensando en el común y la derecha utiliza todas sus armas para recuperar el Gobierno a toda costa, a las bravas si es preciso. En esta guerra de trincheras en la que el ambiente se tensa, nos toca tomar parte. O recortar y privatizar o fortalecer lo público. O apuntalar un sistema carcomido que se desmorona o avanzar hacia una democracia más justa, más fuerte y más moderna. O una salida de la crisis al servicio de las élites privilegiadas o una salida de la crisis con más derechos para el común. No hay lugar para las equidistancias. El “sí pero no” y el “contigo pero con ellos” no son posibles.

En estos tiempos en los que toca mojarse aún hay algunos que juegan a las equidistancias y tratan de tender puentes con el adversario político que trata de derribarles. No son tiempos de ideologías, son tiempos de unidad y consensos, nos dicen. ¿Unidad de quiénes? ¿Consensos para qué? La respuesta a estas preguntas está en la ideología. Quienes utilizan los acuerdos y consensos para minimizarla, lo hacen con la intención de bloquear cambios. Si queremos avanzar no podemos alcanzar acuerdos con quienes nos quieren hacer retroceder. En una situación como esta el consenso actúa como una trampa, como un freno que aprieta para impedir que los tiempos avancen.

Viene un año 2021 duro con un invierno y una primavera que no van a ser nada sencillos. Los presupuestos, tanto los del Estado como los de Aragón, son la primera herramienta que tienen los gobiernos para marcar el rumbo, no sólo del próximo año, sino de la próxima década, y dibujar el camino de una recuperación al servicio de la gente, poniendo fin a la era de la austeridad y abriendo un nuevo tiempo de fortalecimiento de lo público. Después habrá que impulsar medidas y aprobar nuevas leyes para garantizar derechos en un contexto de crisis al tiempo que la derecha permanecerá instalada en el jaleo, el alboroto y el motín con el único ánimo de tensar y bloquear.

En este mientras tanto es fundamental que los partidos que gobiernan elijan bien a sus aliados para sacar adelante las cuentas y las leyes. El Gobierno de España, conformado por dos fuerzas, Unidas Podemos y PSOE, que no tienen mayoría parlamentaria, ya ha decidido que buscará respaldo y acuerdos con las fuerzas políticas que hicieron posible la investidura. En Aragón, donde el Gobierno cuenta con mayoría parlamentaria, no debería haber mayores problemas, por mucho que algún grupo de la oposición insista en busca de visibilidad. Hasta la fecha, Ciudadanos ya ha demostrado ser capaz de firmar un papel en blanco para poder salir en la foto. La clave está en que los gobernantes respeten las mayorías que les allanaron el camino al ejecutivo y que aseguran políticas progresistas, y que no se despisten para jugar a posicionarse en puntos intermedios.

En estos tiempos agitados y en estos momentos complejos los gobiernos tendrán que mojarse. Mojarse para elegir aliados. Mojarse para consolidar las mayorías que garantizan políticas progresistas. Mojarse para fortalecer lo público y para proteger a la gente corriente. Con mirada larga y con ambición. Y es que Martin Luther King tenía razón. Cuando las cosas se ponen feas no hay lugar para titubeos, silencios o equidistancias. 

En algunas partes del mundo reivindicarse como patriota implica defender los intereses del conjunto del país por encima de todo. Así ocurre en Francia, y así lo recoge su himno, el Chant de guerre pour l'armée du Rhin, la popular Marsellesa, que recuerda con resentimiento al Marqués de Bouillé por haber entorpecido, con el objetivo de mantener los privilegios de una minoría, colaboración con Inglaterra incluida, el camino del pueblo francés hacia la libertad, la igualdad y la fraternidad.

Si en España había algo que uniera a toda la ciudadanía y que nos hiciera sentir orgullosos de nuestro país era la sanidad pública. Y es que cuando las personas sentimos que lo público nos respalda y nos protege, nos sentimos amparados por nuestro país.

En la última década hemos visto como los que presumían de patriotas con pulsera en la muñeca utilizaban los gobiernos para saquearnos, debilitar lo público en favor de lo privado y ponerle las cosas fáciles a los que tributaban en paraísos fiscales. Con una mano nos enseñaban la pulsera y con la otra nos atizaban. Para la derecha de nuestro país la patria no es más que un arma arrojadiza. Un elemento del que apropiarse y utilizar para golpear a todo aquel que piensa diferente. Alzan banderas, se dan golpes en el pecho y acusan a todo aquel que no les sigue de felón y de traidor.

La crisis provocada por el maldito coronavirus nos ha enseñado algunas lecciones, entre ellas que nunca más podemos soportar recortes ni privatizaciones de servicios públicos, pues cuando vienen mal dadas es lo público lo que nos salva el pellejo. Pero esta crisis, aparte de para aprender de los errores del pasado, también ha servido para poner a cada uno en su sitio.

Los mismos que agitan la bandera son los mismos que nos abandonan. Ocurrencias han sido poner en manos de telepizza la alimentación de los escolares, las cartillas covid, subvencionar a los toreros con el dinero que debía servir para contratar sanitarios, adjudicar el servicio de rastreo del virus a empresas privadas, servir bocadillos de calamares en actos multitudinarios en el hospital de IFEMA como hicieron Ayuso y Almeida, así como las llamadas a salir de la Organización Mundial de la Salud que hizo Abascal. Ocurrencias muy ocurrentes que siempre van encaminadas hacia el mismo horizonte: debilitar lo público y fortalecer el negocio privado. O lo que es lo mismo, reducir tus derechos mientras enriquecen a las élites privilegiadas.

Pero todo no queda ahí. Hace unas semanas, al tiempo que el Gobierno de coalición progresista negociaba en Europa un acuerdo para reaccionar de forma coordinada ante la crisis sanitaria, económica y social provocada por el coronavirus que no contara con la persecución de los hombres de negro, la derecha patria se alineaba con el sector de los países del norte, los denominados “frugales” liderados por Holanda, para tratar de que los fondos que llegaran a España estuvieran condicionados a reformas, o lo que es lo mismo, a recortes. Querían que viajaramos a 2010, al ciclo de la austeridad, para poner palos en las ruedas de la acción del Gobierno.

En el PP son expertos en hacer que la ciudadanía de este país pase vergüenza. Nos sacaron los colores cada vez que veíamos la detención y el encarcelamiento de representantes políticos, cuando nos enteramos que guardaban su dinero en Suiza, y ahora nos la vuelve a hacer pasar mientras sostienen la bandera holandesa con una pulsera rojigualda en la muñeca. Son patriotas fake, patrioteros, que hacen gala de su deslealtad al país sin sonrojarse.

Por si fuera poco, y cuando pensábamos que esto ya no podía ir más allá, las ocurrencias y las deslealtades siguen en aumento. La última en llegar ha sido el anuncio de la ultraderecha de presentar una moción de censura urgente para derribar al Gobierno. Urgente, pero esperan a que pase el verano para registrarla. Abascal ya es una caricatura de sí mismo. El autoproclamado líder de “la España que madruga” retrasando la urgente moción porque se tiene que ir de vacaciones. Una ocurrencia que lejos de aportar algo para mejorar la vida de la gente, es una deslealtad al conjunto del país, pues tratar de profundizar una crisis política y de gobierno en medio del huracán que genera una crisis sanitaria, económica y social de este calado, y también institucional con la huida al extranjero de Juan Carlos de Borbón, no es la mejor idea. Así parece que se lo dirán el resto de fuerzas políticas cuando Abascal defienda su moción post-vacacional en el Congreso de los Diputados.

Una última ocurrencia y una última traición que no esconde otra cosa que la lucha por la hegemonía en el bloque de la derecha. Una vez más, los intereses partidistas por encima de los intereses del país. La derecha y la ultraderecha no sólo no han aportado nada para ayudar a la ciudadanía y para mejorar el país durante esta crisis, sino que no han tenido vergüenza en demostrar su partidismo, patrioterismo y sus intereses de clase poniendo lo público en manos de los de siempre.

Mientras unos, por meros intereses particulares, juegan a emular al Marqués de Bouillé, otros ponen en el centro la defensa de lo común y de la “res pública”, la cosa pública, como protección del interés general. Y es que, sin hospitales dignos, sin pensiones, sin derechos laborales o sin unos servicios públicos fuertes que nos igualen a todos, la patria no es nada.