Un fuerte dolor en el pecho y una fiebre insoportable llevaron al oficial de la policía peruana Edder Meca a buscar ayuda médica en el Hospital Central de la Policía. Había pasado intensas jornadas en operativos de control a los ciudadanos en Lima, en la comisaría La Victoria, donde estaba asignado. Confiado en los elementos de bioseguridad entregados como dotación, orientaba a los ciudadanos para que mantuvieran las normas de aislamiento al comienzo de la pandemia. A las pocas horas, murió.

Rubí, su novia, cree que Edder, de 35 años, contrajo el virus durante su trabajo. Fue uno de los 223 agentes fallecidos en Perú a las pocas semanas de la llegada del virus. Una de las posibles causas fue la exposición al usar mascarillas que no eran aptas. Una millonaria compra bajo investigación por irregularidades que salpica al ministro del Interior. Fueron más de 15.000 los agentes que resultaron contagiados en esa primera etapa de la pandemia.

Como respuesta, el Congreso peruano declaró héroes a Edder y a sus compañeros policías fallecidos por causa de la COVID-19. Pero Para Rubí, esto no es ningún consuelo. “No puedo entender por qué te fuiste”, escribió en sus redes sociales.

Desde marzo 2020, una de las principales #HuellasDeLaPandemia en América Latina es el abuso político y la corrupción con los recursos públicos. Así lo señala un informe de la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL). Los actos recogidos por este reportaje, parte del especial realizado de manera colectiva por periodistas miembros de Connectas, van desde el robo de medicina donada que ha sido revendida a hospitales como en Ecuador, hasta posibles sobreprecios en la compra de alimentos con casos ejemplares en Colombia, más de medio millar de variados actos de corrupción en compras en Perú y adquisiciones de respiradores sobrevalorados en Bolivia y México.

Las medidas de excepción han impuesto mecanismos de contratación y compras más ágiles para evitar retrasos y burocracia. Sin embargo, las compras directas se convirtieron en la vía más utilizada para cometer actos ilícitos. Para Pablo Dávila, miembro de la Red Iberoamericana de Contratación Pública, los casos tienen como trasfondo “un problema ético que no es de ahora y que por varios años ha afectado a América Latina: una profunda corrupción en el poder”.

Es el caso de Ecuador. “Tú me das la mano y yo te doy la mano”, dice el expresidente Abdalá Bucaram en una grabación que ha trascendido, en una conversación con una persona recluida por supuestamente participar en actos de corrupción en la compra de insumos médicos para la pandemia con el hijo del expresidente. Esas grabaciones apuntarían a los presuntos beneficios que Bucaram le estaría ofreciendo al interno si aceptaba un pacto de silencio. “¿Yo tengo tu palabra de que nadie va a tratar de matarme?”, dice el detenido como presagiando lo peor al haberse convertido en testigo para revelar la trama detrás de esas compras. Pero este nuevo acuerdo no lo protegió. Fue asesinado.

Días antes, cuando la policía allanó las viviendas de la familia del expresidente, incluidos sus hijos Abdalá (Dalo) y Michell, encontró 2.000 cajas de pruebas de coronavirus y 5.000 mascarillas. La Fiscalía local presume que las ventas de insumos médicos al Estado alcanzaron unos 7,7 millones de dólares, en contratos hechos a través del testigo asesinado y una operación de la que aún no se conoce todo su alcance. La revelación de los audios llevó a que las autoridades detuvieran al expresidente Bucaram para presentarlo ante un juez que a la postre le dictaría arresto domiciliario, mientras se le investiga por delincuencia organizada. Bucaram adujo que era una persecución política, buscando relacionar la acción judicial con el reciente anuncio de que quería competir de nuevo por la presidencia de su país. Antes de llegar ante el juez, el exmandatario fue conducido a un hospital, pues supuestamente había sufrido un preinfarto.

Pocos meses antes de la llegada de la COVID-19 a la región, organismos como Transparencia Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) coincidieron en la alerta sobre los altos niveles de corrupción en la región. Una situación agravada por las fallas en los sistemas de transparencia durante emergencias, así como la debilidad y politización de los organismos de control.

El escándalo de los oficiales muertos por COVID-19 en Perú motivó la salida del ministro del Interior, Carlos Morán, el más alto cargo del Gobierno peruano en ser investigado por posibles actos de corrupción durante la emergencia sanitaria. Es uno más de los más de 650 casos que se han detectado en este país durante la emergencia sanitaria, declaró Omar Tello, coordinador nacional de las Fiscalías Anticorrupción del Perú, a inicios de junio.

El índice de Capacidad de Combate a la Corrupción (CCC) del Consejo de las Américas y Control Risk, pone a Brasil, Argentina y Colombia en la misma situación de Perú, con grandes desafíos críticos por enfrentar.

La corrupción en la compra de insumos médicos tuvo un primer episodio que se repitió en varios países en la compra de mascarillas. A finales de marzo, medios de comunicación locales dieron a conocer que el Instituto de Seguridad Social de Ecuador había firmado un contrato para adquirir 131.000 mascarillas un 240% más caras. Esta situación dio pie a la renuncia de Paúl Granda, principal autoridad del instituto, quien antes había encabezado varios ministerios y había sido parte del círculo más cercano al presidente Lenin Moreno.

Adrián Castro, abogado especialista en compras públicas, explica que los actos ilegales en compras por emergencia existen de tiempo atrás en Ecuador y, aunque hay un marco legal administrativo y penal para sancionarlos, la aplicación de multas o penas resulta tardía y poco efectiva. Por lo mismo, en este país, el cobro de multas por mal uso de recursos públicos puede tardar hasta dos años y un proceso judicial sobre corrupción hasta cuatro años en resolverse.

A pesar de que se han formalizado diversos sistemas de control, tienen fallas. El CCC indica que México, Ecuador y Panamá solo presentaron avances en áreas limitadas, mientras que Guatemala, Paraguay, República Dominicana y Bolivia, en lugar de mejorar, han decaído en sus sistemas de transparencia y control.

Cómo afecta esta corrupción a los ciudadanos se puede ver en las redes sociales, a través de vídeos que estremecen. En Santa Cruz, Bolivia, por ejemplo, un hombre fallece a metros del hospital, otro pide desesperadamente atención para su madre enferma de COVID-19 y en uno más se ve a personal médico desesperado explicando que los insumos no son suficientes para enfrentar la pandemia. En Colombia, el caso del enfermero Fabián Palacios Pulido se volvió un emblema. Denunció cómo los recursos no llegaban al hospital en el que trabajaba y esto impedía la compra de elementos de seguridad. Murió contagiado a los pocos días de la denuncia. Sus compañeros confirmaron a El Tiempo que hasta el último minuto trabajó con una mascarilla remendada.

El portal digital Clave 300 recogió el testimonio de “Pamela”, quien pidió ayuda para su esposo Miguel, de 33 años, enfermo de COVID-19 y sin acceso a respiradores en un hospital de Bolivia. “Los médicos me comunicaron que no había espacio y debía esperar a que un paciente falleciese para que mi esposo ingresase en la intubación endotraqueal”, relata desesperada. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos mostró a través de Twitter su consternación por las muertes debido a “la imposibilidad de recibir atención médica ante la saturación de hospitales”. Esto, en uno de los países con mayor déficit en insumos, equipo y personal, como lo muestra esta investigación de la Agencia Fides en alianza con CONNECTAS.

Hacia mediados de mayo, cuando la pandemia empezaba a mostrar su capacidad letal, el Gobierno boliviano anunció que se comenzarían a distribuir respiradores en todo el país, pero días después, por publicaciones de la prensa local, la ciudadanía supo que los aparatos únicamente se podían usar en ambulancias como medida de terapia intermedia y por unas pocas horas. No solo fueron insuficientes. Se compraron 170 respiradores inutilizables para pacientes con COVID-19, con un sobreprecio que bordea los 2,5 millones de dólares.

Uno de los señalados por tal despropósito es Marcelo Navajas, en ese momento ministro de Salud, que ahora cumple prisión preventiva de tres meses y enfrenta un proceso que le puede costar cinco años de cárcel. El precio acordado por cada respirador, según datos del gobierno boliviano, fue superior a los 27.000 dólares, aunque la empresa fabricante declaró que su precio es casi tres veces menor: 10.000 dólares. La compra total alcanzó los 4,7 millones de dólares

Los sobreprecios en los respiradores también salpican a México, donde León Manuel Barlett Álvarez es investigado por la Fiscalía de México tras la venta de ventiladores al Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) en, por lo menos, el doble de su valor. Él es hijo del titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, político que ha sido calificado por la prensa local como uno de los personajes más influyentes, poderosos y polémicos de la administración de Andrés Manuel López Obrador, pues ha sido señalado por enriquecimiento ilícito, ocultamiento de conflicto de intereses y tráfico de influencias.

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que la delegación del IMSS en Hidalgo asignó a una empresa de Bartlett Álvarez un contrato por 1,37 millones de dólares (31 millones de pesos) por 20 ventiladores. Cada equipo fue vendido en 69.000 dólares, que es el precio más alto del que se tiene registro en la región desde que se declaró la emergencia sanitaria por COVID-19. Aunque Barlett Álvarez negó las acusaciones, la Secretaría de la Función Pública emitió dos inhabilitaciones y dos multas por más de 88.000 dólares contra su empresa.

En Panamá también hubo irregularidades en la compra de ventiladores. Por esta situación, el viceministro de la Presidencia panameña renunció al cargo en abril 2020 y ahora enfrenta una investigación de oficio por adquirir 10 ventiladores 9,8 veces más caros al precio de mercado. Por su parte, en Honduras, la Comisión Permanente de Contingencias realizó la compra de 160 respiradores incompletos y no adecuados para atender a pacientes críticos.

“Debemos defender los derechos humanos y atacar la corrupción”, insiste Kristian Hölge, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en México. Sostiene que cada niña, niño, joven, adulto, anciana y anciano sin acceso a servicios de salud, es una víctima visible o invisible de la correlación entre el daño social de la corrupción y la violación de derechos humanos durante la emergencia sanitaria que deja la COVID-19.

Alimentos a precio de oro y reventa de medicinas

Si con los insumos médicos hay negocio, las ayudas para mitigar el hambre no se escapan de las garras de los corruptos.

En Colombia, el paisaje de las ciudades se llenó de trapos rojos, un peculiar código con el que las familias necesitadas pedían ayuda para poder alimentarse al inicio de la pandemia. Estos trapos también colgaban de la ventana de Ruth Grisales, quien mostraba la nevera vacía de su casa a la BBC. La tenía sin alimentos “por la falta de plata, de trabajo, por esta situación que estamos viviendo”, contó a los corresponsales. En la casa de Ruth, ubicada en un suburbio de Bogotá, viven cuatro personas más, una por cada trapo rojo colgado para informar que tienen hambre, “que la necesidad es mucha para todos nosotros”.

La ayuda alimentaria ha sido el principal foco de acción de los municipios colombianos durante la emergencia. Allí, una simple comparación de precios entre los productos que se venden en un supermercado común y el valor al que se compraban los alimentos para las entregas humanitarias hizo que la Procuraduría General de la Nación iniciara procesos judiciales en una veintena de gobiernos locales.

Este país es uno de los que cuenta con mayor número de normativas, guías y herramientas para el control de la corrupción. Tiene tres decretos y dos guías de transparencia; una herramienta de control ciudadano y otros mecanismos facilitan la detección de casos. Pese a esto, analiza el procurador Fernando Carrillo, la corrupción se ha convertido en una práctica generalizada.

En conjunto con la Fiscalía, la Procuraduría ha iniciado investigaciones a 23 personas por contratos con presunciones de corrupción; entre ellas, autoridades locales, contratistas del Estado, así como sus socios o familiares. Las acciones de las autoridades incluyen capturas de políticos locales, órdenes de detención contra funcionarios en una decena de ciudades, llamamientos a declarar para al menos tres gobernadores e investigaciones preliminares contra 14 más.

En Bolivia, a la falta de transparencia se suma la pugna política por la presidencia, que ha llevado las denuncias de corrupción en las compras públicas al escenario electoral de un país en plena convulsión por definir su futuro político. Las elecciones previstas para el 3 de mayo se aplazaron hasta el 18 de octubre y con una campaña política constante en la que la desinformación, las acusaciones sobre el manejo de la crisis por parte de la presidenta Jeanine Añez y las críticas al sistema de salud dejado por Evo Morales se confunden con las denuncias de corrupción. El caso más escandaloso es el del alcalde Cochabamba, José Leyes, sobre quien se emitió una orden de aprehensión por haber comprado alimentos en mal estado para cestas solidarias.

Por otro lado, el Ministerio Público de Perú investiga sobreprecio en canastas alimenticias firmados en 48 contratos por alcaldes o funcionarios municipales, así como la entrega indebida de estas a familiares o personas cercanas a los servidores públicos en, al menos, 58 casos. Por su parte, en Ecuador, la Fiscalía General del Estado hizo compras por 1,1 millones de dólares en kits de alimentos para población vulnerable, con un 40% de sobreprecio. La principal implicada es Alexandra Ocles, entonces secretaria de Gestión de Riesgos; fue llevada ante una juez, quien le ordenó libertad condicional. En su declaración, Ocles afirmó que el alto costo de las compras se debió a que había comprado pastas sin gluten.

En República Dominicana también se han hecho investigaciones por corrupción en funcionarios de altos cargos. Ahí, Berlinesa Franco renunció a su puesto como directora del Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia, después de que un empresario la acusara de favorecer, sin licitación, a una empresa con un contrato de unos 40.000 kits de alimentos.

La situación es igual de grave con el tráfico de medicamentos. En Ecuador, desde que empezó la emergencia sanitaria, Carmen ha tenido que comprar por cuenta propia medicina para tratar la artritis reumatoide que padece. Ella recibía sus tratamientos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), pero en más de una ocasión le han indicado que el fármaco que usa está agotado debido al coronavirus.

Medios de comunicación de Guayaquil dieron cuenta de que medicamentos donados al IESS se vendían libremente en “La Bahía”, mercado de artículos populares de la ciudad. Uno de ellos es Actemra, el que utiliza “Carmen”; se trata de un fármaco biológico que comenzó a ser utilizado para disminuir los efectos provocados por la COVID-19 y que, en la pandemia, se convirtió en el más codiciado de Ecuador.

En el caso Bucaram, uno de los implicados ofertaba insumos médicos por redes sociales a costos muy elevados. Por ejemplo, por las ampollas inyectables que tienen un valor de 200 dólares, pedía entre 1.000 y hasta 2.000 dólares, luego publicaban en sus redes sociales el dinero obtenido de las transacciones realizadas, según las investigaciones de la Fiscalía. Además, dentro de esos negocios, vendía medicinas al sistema de salud que habían sido donadas por una casa farmacéutica al hospital del Guasmo Sur, en Guayaquil, centro médico regentado por el IESS. Funcionarios de esa entidad registraron el egreso de la medicina, pero no se corroboró que hubiera sido aplicada a pacientes de esta casa de salud.

La compra de insumos médicos con sobreprecio también apunta a Rodolfo Galdámez y Héctor Marroquín, viceministros de Salud y Asistencia Social de Guatemala. Fueron separados de sus cargos por sobreprecios en las compras de material médico y medicamentos por unos 2,5 millones de dólares (19 millones de quetzales) tras denuncias de la Comisión Presidencial Anticorrupción.

Por otro lado, Mabel Cabeza, exjefa de personal del Departamento de Salud de Puerto Rico, es investigada por permitir la compra de pruebas COVID-19 por un valor de 38 millones de dólares, donde se calcula un posible sobreprecio del 300%, según investigaciones de la Comisión de Salud de este país. Realizó las compras sin autorización de sus superiores.

Todos estos casos revelan lo débiles que aún son los sistemas de transparencia en Latinoamérica. Por ello, el CAF propone la rendición de cuentas orientada a resultados, publicidad de la contratación directa de emergencia y la digitalización en la agregación de demanda para los gobiernos. Carlos Santiso, principal de la Dirección de Innovación Digital del Estado de esta institución, remata: “Si las nuevas tecnologías se complementan con el análisis de los datos para el monitoreo de la pandemia, lograríamos reducir los riesgos” de seguir viendo tal cantidad de historias de corrupción en esta región.

Puede leer aquí el resto de historias del especial #HuellasDeLaPandemia.

A José le aterra que cualquier error desate una anarquía en la cárcel donde lleva casi un lustro. Sabe que es cuestión de tiempo para que estalle la situación. Marca desde un celular. Baja la voz. Murmura. Se le escucha temeroso porque si lo descubren los custodios, lo aislarán; y si se enteran las bandas criminales, le darán tablazos en las nalgas. 

Relata cómo esa mañana del 28 de junio los reos de la prisión de Chiconautla, localizada en Ecatepec, en el estado de México, tomaron como rehén a un custodio, según José, porque no les permitían visitas familiares, ni meter comida o los artículos de limpieza que les mandan sus parientes, a menos que cedan a la extorsión de los vigilantes que ronda entre nueve y 14 dólares.

“¡Queremos buena comida, visitas y que ya no nos cobren!”, recuerda el preso sobre las palabras de quienes iniciaron la revuelta. Sin embargo, no se cumplió ninguna de sus demandas. Sólo mandaron a los antimotines en la noche para lanzar gas lacrimógeno y castigar a los “alborotadores”, dijo José a periodistas de la Comunidad de CONNECTAS, autores de este reportaje colectivo.

En mayo un hecho similar sucedió en la cárcel de Manaos, en Brasil, donde decenas de presos se amotinaron y tomaron como rehenes a varios funcionarios de seguridad para exigir mejores medidas sanitarias para hacer frente a la pandemia por coronavirus.

Las cárceles viven una agudización del hacinamiento tras la llegada del nuevo coronavirus. Medidas como suspender las visitas y la entrega de alimentos del exterior, así como de los encuentros conyugales y los procesos judiciales, llevó a que los más de un millón setecientos mil reos que hay en la región quedaran aislados de la poca interacción que tenían.

En un detallado repaso de prensa y reportes oficiales para este reportaje, se contabilizaron al menos 11.680 contagios y 431 muertes por COVID-19 dentro de los reclusorios del continente, desde la llegada del coronavirus hasta el 15 de julio, con una tasa de 24,8 presos muertos por cada 100.000 privados de libertad. Las cifras corresponden a 23 países, pues 14 países adicionales que se revisaron no están informando del efecto de la COVID-19 en sus prisiones. 

“No hay lo mínimo y básico: agua potable, productos sanitarios, limpieza individual, desinfección de las instalaciones”, comenta la directora de Amnistía Internacional (AI) para las Américas, Erika Guevara, quien asegura que dentro de las cárceles de la región no existen condiciones adecuadas para sobrellevar la COVID-19. 

Apenas 20 días después del inicio de la pandemia, el 16 de marzo, Brasil tuvo una fuga de 1.350 presos. Aunque cientos de ellos fueron recapturados más tarde, este acto fue el banderazo de los motines, protestas y huelgas de hambre en las penitenciarías de la región.

El primer motín ocurrió en Colombia el 21 de abril con un resultado de 23 muertos y 90 heridos. Aunque está en investigación si fue por riñas entre facciones criminales, tampoco se descarta como una medida de mayor presión las “condiciones precarias de salud” y el temor al contagio, como lo denunció el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), formado por desmovilizados del grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

“Las protestas han sido comunes en la región (...) Ahora continúa habiendo motines en algunas prisiones, frecuentemente tras la muerte de un recluso por COVID-19. Es el mecanismo que las personas encarceladas están usando para llamar la atención y reclamar medidas de protección contra la enfermedad”, asegura José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch en las Américas. 

Las medidas implementadas por los gobiernos por la llegada de la COVID-19 fueron la suspensión de visitas, la paralización de procesos judiciales e incomunicaciones, además de otras implicaciones de la paralización de la justicia durante la pandemia.

Estas, sumadas a problemas endémicos como la sobrepoblación, prisión preventiva y la falta de insumos detonaron motines, huelgas de hambre y protestas que alcanzaron el 52% de los 23 países de los que se obtuvo información.

Estos sucesos dejaron como saldo 91 reos fallecidos y 309 lesionados. Las muertes durante marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto a causa de rebeliones se registraron en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y México. Debido a esto, la alta comisionada de ONU-DH, Michelle Bachelet, exigió en mayo investigaciones en torno a los casos. 

Uno de los sucesos más sangrientos y polémicos ocurrió el uno de mayo en Venezuela, donde murieron 47 reos y otros 75 quedaron heridos en un motín en el Centro Penitenciario de Los Llanos Occidentales (Cepello), en el centro-occidente del país. La razón, según lo expuesto por familiares y sobrevivientes, habría sido que las autoridades impidieron que los parientes llevaran alimentos para los reclusos. 

El temor a un fácil contagio por el hacinamiento, la falta de atención con lo básico y la muerte, son temores que se repiten a lo largo de todo el continente. “Que vivas con tantas personas te estresa”, dice José, quien duerme con otros 16 internos en su celda de la prisión de Chiconautla. “No nos dan mascarillas”, denuncia otro preso desde la cárcel de La Joya en Panamá. “Ver que la gente que conocemos va muriendo, hace pensar que pronto te tocará a ti”, comenta un recluso que está en el penal de San Pedro, en Bolivia. 

Los reclamos de todo tipo son una constante. El tono de las protestas es variado, en la mayoría de los casos sin violencia. En abril, por ejemplo, cientos de prisioneros argentinos iniciaron una huelga de hambre al tiempo que alzaban pancartas desde lo alto del penal para demandar mejores condiciones frente a la pandemia.

Por su parte, en el Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari, en Panamá, las reclusas se unieron para redactar un comunicado exigiendo a las autoridades medidas para reducir los riesgos por COVID-19 y denunciar algunas irregularidades. Las demandas fueron difundidas mediante un vídeo elaborado por las presas.

Otras protestas se gestaron desde las afueras de las prisiones, como en México, donde familiares de reos rodearon casi una decena de penales para exigir las preliberaciones. Las reacciones se centraron en la lentitud para excarcelar, los reclamos por la implementación de medidas de mano dura y la decisión de suspender las visitas. De forma similar sucedió en la cárcel La Picota, en Bogotá, Colombia.

Las protestas fueron potenciadas por las respuestas desacertadas de algunos mandatarios, como Nayid Bukele en El Salvador, que declaró la “emergencia máxima” en los penales donde hay pandilleros, implementando su “encierro absoluto”. Posteriormente, mandó a “sellar” todos los calabozos para que los reclusos no pudieran “ver hacia fuera, ni recibieran luz”.

“Las personas privadas de la libertad no ocupan ningún lugar en la lista de las prioridades de los gobiernos durante la pandemia, ni nunca la han ocupado. Es una de las situaciones de derechos humanos donde las respuestas de los Estados han sido de mayor negligencia (…) Nunca han sido una respuesta prioritaria, han quedado en el último escalón, eso de alguna manera responde a la estigmatización que han generado las autoridades”, asegura Erika Guevara, de Amnistía Internacional. 

En intramuros, esta es la situación generalizada de más de 1,7 millones de presos en las cárceles de América Latina. En los centros penitenciarios, el embate del virus se vive con carencias en materia de salud y servicios de básicos que dificultan cumplir con los protocolos sanitarios.

Aislados, sin visitas y sin comida

Luis, quien estuvo preso en el Cepello y fue liberado tras el motín del primero de mayo, bajo la figura de Régimen Tutelado de Confianza cuenta: “lo peor del virus ese es que alejó las visitas de la familia. Un preso en Venezuela no es nada sin una familia que se esté moviendo afuera, sin que te traiga la papa (comida), un remedio (medicina), el pago a la causa (extorsión impuesta por los líderes de la prisión, conocidos como pranes) y hasta el agua. En el Cepello prohibieron las visitas desde los primeros días de abril”.

En Venezuela, como en otros países de la región, los privados de libertad sobreviven gracias a los suministros que les llevan sus familiares. El temor a no recibir alimentos fue lo que provocó el descontento de los presos y el alboroto que terminó en matanza en la cárcel Cepello. El aislamiento en los penales, sumado a las restricciones de visitas por el coronavirus y las limitaciones en la entrega de provisiones hace más difícil la supervivencia de los reclusos, quienes suelen expresar su desesperación con manifestaciones de violencia. 

En julio de 2020, la directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Carolina Girón, denunció las graves consecuencias de la falta de asistencia. “El aumento de las muertes causadas por enfermedades relacionadas con la desnutrición (en prisiones) es palpable. El 63,46% de las muertes en 2019 estuvieron relacionadas con falta de tratamientos, alimentos y cuidados no otorgados por el Estado”, detalló.

Luis describió a periodistas de este reportaje cómo era la situación del centro de reclusión antes de su liberación. “Había panas (amigos) que comían cada dos días. Otros comían una sola vez al día. Allí había un kiosco que vendía comida, era de un pran, pero a él también se le acabó la comida, así que ni comprando uno podía tener para comer. Algunas familias se organizaron y venían en grupos a traer la comida, pero los guardias se ponían obtusos. A veces dejaban la comida manoseada en el sol y cuando uno iba a recibirla estaba podrida. El hambre fue lo que ocasionó la protesta y los guardias respondieron con tiros. Ese virus nos jodió, nos dejó sin familia que fuera a solucionarnos. Que te quiten la visita es la peor desgracia de un preso”.

La realidad es similar a la de otras cárceles de Latinoamérica, donde el Estado no cumple con sus funciones básicas de atención alimentaria, médica y cuidado. “Me da más miedo morir de hambre que infectado por el coronavirus”, dice Pablo, un preso que tiene 40 años de edad, de los que los últimos 15 los ha pasado en prisión, y ahora está en la cárcel San Pedro en Bolivia. El encierro, le ha dejado hambre y enfermedades crónicas. Nadie lo visita. Su familia se olvidó de él hace más de una década. Desde entonces sobrevive con ocho bolivianos al día, que equivale a 1,1 dólar, en alimentos de muy baja calidad.

El hombre de nacionalidad peruana sabe bien lo que es dormir con el estómago vacío. Otros 400 internos bolivianos, al igual que Pablo, no tienen familia que les ayude. Tampoco cuentan con una celda donde dormir. Deben buscar cada día dónde pasar la noche. Ellos son conocidos como los presos sin sección, los más marginados de la prisión. 

Cuando las visitas eran normales, las familias ayudaban con insumos al 60% de los internos del penal San Pedro en La Paz, Bolivia, una de las cárceles más hacinadas del país. Ahora solo llegan limitadas encomiendas que apenas alcanzan para el 20% de la población carcelaria. Con la familia al lado, el drama de vivir en la cárcel era más llevadero. Ahora sin ella, los internos se sienten más expuestos y desamparados.

Además, la cárcel de San Pedro ostenta el nefasto récord de tener la mayor cantidad de presos muertos por problemas de salud en todo el sistema de ese país andino: los internos reciben pocos medicamentos, las condiciones son insalubres y tiene la relación más desigual médico-reclusos del país, según datos de la Dirección de Régimen Penitenciario.

Los elevados muros del penal, de unos 20 metros, encierran a más de 2.600 internos mezclados entre sentenciados y detenidos preventivos y donde se registran más de 40 patologías. El gobierno optó por cerrar las cárceles como medida de salubridad contra la COVID-19 y no dotó de mascarillas, gel antibacterial y jabón a los internos, así como medicamentos, más personal médico y pruebas para detectar casos sospechosos. Un protocolo de bioseguridad, que al parecer no existe. 

La decisión de sellar completamente sus recintos penitenciarios para aislarlos del mundo exterior, cancelando las visitas y los permisos de salida por tiempo indefinido como medida sanitaria para atajar la COVID-19, fue la misma de la mayoría de los países. Es una forma adicional de aislamiento que agudiza la afectación psicológica entre los internos, que tampoco cuentan con asistencia especializada para atender estos temores.

“A partir del aislamiento se producen una serie de sintomatologías psicológicas como la ansiedad, por sobre todo; cuando uno sabe que cualquier situación de aislamiento tiene final, obviamente se puede acomodar bastante, pero en esta situación nadie sabe y hay una incertidumbre y esa incertidumbre es la que genera mayor ansiedad de la que se podría esperar”, refiere la presidenta del Colegio de Psicólogos de La Paz, Verónica Alfaro.

La experta indica que la situación está relacionada con el miedo a contraer la enfermedad, a que la familia también se contagie y el sentimiento de culpa del interno si es el responsable del contagio. “Toda esta situación exacerba las sintomatologías psicológicas que pueden tener las personas mucho más si se corta definitivamente cualquier tipo de comunicación”, señala la especialista.

En la cárcel de San Pedro ya fallecieron 14 internos en menos de 10 días. Sus cuerpos fueron sacados en cajones. Todos hablan de los muertos, se conocen, les afecta mucho. “Es como un pueblo chico”, dice Pablo. “Ayer murió el gordo Juan, dueño de una pensión en población; hace dos días el loco Manuel, era un gran tipo; ver que la gente que conocemos va muriendo hace pensar que pronto te tocará a ti”, señala.

El temor es tan grande dentro del penal que es generalizado que la mayoría digan sentir los síntomas. Algunos con lágrimas se despidieron de sus familiares. Hay presos con tos, fiebre, dolor de cabeza. Los cinco médicos asignados a la cárcel no son suficientes. Los internos temen morir solos y abandonados, sin que a nadie le importe sus muertes.

En un penal hacinado como San Pedro, con un 378% de sobrepoblación, las autoridades liberan espacios para habilitar lugares de aislamiento para los casos sospechosos y confirmados de COVID-19, lo que significa comprimir más a algunos sectores de la población y a los propios infectados. En estos lugares, la soledad y el olor a la muerte es mucho más intenso. La incomunicación, peor. Muchos internos con síntomas prefieren no decir nada para no ser llevados a estos lugares donde las probabilidades de muerte son muy elevadas.

Uno de estos lugares en San Pedro es la Grulla. El lugar más frío y lúgubre de la cárcel. Era una zona de castigo que fue habilitada como sector covid. Se trata de un largo pasadizo con 10 celdas, una al lado de otra, de dos por tres metros. Ahí son confinados los presos sospechosos y confirmados de ser portadores del virus. Llegan a estar hasta seis por celda y duermen en el suelo. Permanecen encerrados todo el día y solo salen al baño unos minutos. No hay insumos para hacer el aseo. La atención de los infortunados corre por parte de los propios internos: comida y medicamentos básicos, si es que hay.  

“Esta situación es como estar abandonado y a la vez esperando que vas a morir, estás esperando algo que es grave, muy malo, pero no hay adónde ir. Todos están ahí deambulando. Esta situación también se parece a una guerra, la incertidumbre de morir, de que te caiga un balazo, o de decir que ahorita te van a dar los síntomas, todo el mundo está así”, describe Pablo.

La psicóloga indica que esta situación agrava la relación entre los internos con frustraciones que pueden generar conductas cada vez más violentas dentro de los penales, y por eso es necesario la asistencia psicológica a los privados de libertad mucho más que antes.

Alfaro destaca que el contacto con la familia es tal vez lo único que mantiene al preso con la esperanza de cumplir su condena, y en el caso de detenidos preventivos de poder luchar para conseguir su libertad. 

A decir de la reconocida organización Human Right Watch, si alguien quisiera propagar el coronavirus a propósito, encerraría a muchas personas en espacios hacinados e insalubres, con escasa ventilación, acceso esporádico al agua, atención médica deficiente y muy pocas pruebas para detectar infectados. Es decir, diseñaría una cárcel típica latinoamericana o caribeña.

¿Salud?

“El gobierno optó por encerrarnos a cada uno en nuestras celdas, hay muchos casos y no se nos dice nada. El virus ya entró al centro penitenciario La Joya”, denuncia a escondidas Francisco, quien enfrenta la pandemia en esa prisión panameña, donde está recluido por robo agravado. Usando su teléfono móvil, objeto prohibido en la prisión, relató en audios de whatsapp las carencias sanitarias que vive tras las rejas.

“No nos dan mascarillas, no nos dan ningún artículo de aseo… No nos dejan entrar gel hidro-alcohólico. Nos oprimen, nos oprimen… En el sentido de que nos quitaron la visita y el famoso ‘Paquito’ (tienda en el interior del penal) donde podíamos comprar cosas de aseo”, describe Francisco.

Panamá es el país con la tasa de contagios más elevada de la región, con una tasa de 60,4 casos por cada 1.000 presos. Tiene una población penitenciaria de 17.899 reos y reporta 1.082 afectados hasta el 15 de julio. En el pabellón donde permanece confinado Francisco, sin síntomas por el momento, dos de sus compañeros han sido aislados con la COVID-19.

Le siguen República Dominicana, con 34,2 contagios por cada 1.000 presos (917 casos); Bolivia, con 21,2 (408 casos); Chile, con 18,3 (710 casos); Ecuador, con 12,7 (500 casos); Perú con 11,3 (1.099 casos); México, con 9,8 (1.962 casos); Guatemala, con 8,3 (203); Colombia, con 7,8 (884 casos); Honduras, con 5,6 (122); y Brasil, con 4,5 (3.482 casos).

Aunque el gobierno de Venezuela no ha reportado casos de coronavirus en las prisiones, algunas ONG han denunciado al menos 53 contagios en centros de detención preventiva que son las celdas en delegaciones policiales, en distintos estados del país. Incluso la primera semana de agosto se informó que funcionarios de dependencias policiales que albergan detenidos dieron positivos de COVID-19, y se investiga el fallecimiento por coronavirus de un recluso de El Helicoide, prisión donde están los detenidos considerados presos políticos. 

María Luisa Romero, experta independiente del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas y exministra de Gobierno panameña, explicó en un artículo publicado en Open Democracy que las características propias del encarcelamiento, agudizadas por el hacinamiento, dificulta la toma de medidas recomendadas en esta pandemia para “aplanar la curva”. 

“En centros sobrepoblados resulta imposible la distancia física. Hasta lavarse las manos es un lujo: en muchos centros escasea el agua, en muchos más escasea el jabón y se prohíbe el alcohol en gel por seguridad. Tampoco funciona el aislamiento como se implementa para la población general; por un lado no hay suficiente espacio, por el otro, aunque los detenidos no reciban visitas, en las cárceles a diario entran y salen un sinnúmero de funcionarios y, en algunos casos, proveedores privados”, analiza la experta. 

En algunos países la falta de mitigación y prevención por parte de las autoridades ha hecho que la supervivencia sobrepase el miedo. En Guatemala, jóvenes desde la prisión han confeccionado 5.000 mascarillas. Los propios detenidos panameños han elaborado las suyas. 

La Defensoría del Pueblo de Panamá ha pedido un fortalecimiento urgente de medidas de protección sanitarias dentro en varios centros de reclusión. En el complejo La Joya, por ejemplo, se detectó que los presos incumplían los protocolos de protección, pues estaban manipulando alimentos sin mascarillas. La dirección del penal procedió a que los privados de libertad fuesen retirados de estas labores. Esto también ocurrió en el Centro Femenino de Rehabilitación, donde se detectaron 132 reclusas positivas para coronavirus.

Por otra parte, luego de coordinaciones con médicos, el Ministerio de Gobierno de Panamá ha permitido a familiares la remisión a los internos de al menos 11 medicamentos como acetaminofén, jarabes y antihistamínicos limitados en sus cantidades.

En Colombia ante el brote descontrolado del virus, reclusos y guardianes encontraron en la moringa, una planta de origen hindú, una apuesta de fe, que aseguran está trayendo beneficios. Sin sustento médico, el brebaje a partir de esta planta que fue donado por uno de los guardias, se popularizó de tal manera que muy pronto la fórmula se extendió a una decena de prisiones como receta milagrosa ante la incapacidad del Estado de dar una masiva atención satisfactoria.

La situación es desesperada. Así lo concluye José Miguel Vivanco en entrevista para este reportaje: “los gobiernos y los jueces deben actuar con urgencia. Es una cuestión de vida o muerte”.

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