Cuando se aproximaba el día mundial de la Libertad de expresión a celebrar el 3 de mayo (ONU, 1993) y con apenas un mes de diferencia se han publicado dos informes críticos sobre la libertad de expresión en España, de orígenes muy diversos pero concomitancias notables. Aunque la legitimidad de sus observaciones sea muy diferente, ambos demuestran las notables dificultades de evaluar el grado de ejercicio de ese derecho en nuestra sociedad y la complejidad de su crítica, así como las confusiones que lleva consigo su ordenación y ranking internacional. La coyuntura electoral ha agitado y dramatizado el impacto de estas valoraciones, al ser glosados interesadamente por muchos medios.

Primero, a finales del pasado mes de marzo se difundió en los medios un dossier del Departamento de Estado de los EE.UU sobre la libertad de expresión en España, en el marco de su habitual balance sobre la situación internacional en esta materia. Un juicio que resumía el respeto “general” en nuestro país a este derecho, aunque criticando las observaciones de miembros del Gobierno como Pablo Iglesias e incluso Pedro Sánchez a determinados periodistas y medios, la práctica temporal de las ruedas de prensa gubernamentales sin preguntas o la marginación de algunos medios por parte de Vox. Discutida su factura como resto tardío y sorprendente de la violación sistemática de la libertad de expresión en la era Trump (que ignoró la estrategia del plasma del Gobierno Rajoy con la prensa), o como precoz demostración de la de Biden (no tan disímil en aspectos como la persecución contra Julien Assange) mostraba siempre una concepción individualista y parcial ceñida al gobierno y olvidadiza de las presiones económicas o de la oposición.

Salvando las debidas distancias, Reporteros Sin Fronteras ha difundido en días pasados una denuncia similar que, además de criticar la “escandalosa” ausencia de transparencia en la información gubernamental sobre la pandemia (se supone que incluye a los gobiernos autonómicos que son la fuente sistemática de datos), abunda en los mismos casos para situar sin embargo a España en el puesto número 29 del ranking internacional de la libertad de expresión. Aunque RSF lleva a cabo una meritoria labor permanente de denuncia y rechazo de la persecución internacional de periodistas, la habitual restricción de sus críticas a las acciones estatales, su hipersensibilidad corporativista hacia los profesionales de la información y su olvido sistemático de las consecuencias más negativas del mercado sesgan notablemente sus análisis y les imprimen un aire parcial y conservador. 

De entrada, y aunque esta parece una vía políticamente poco fructífera, no resulta razonable vetar toda crítica pública a profesionales y medios de comunicación que exigen transparencia a toda la sociedad aunque, en ocasiones concretas, violen todos los códigos éticos. Una actitud que parece parangonable a ese poder judicial que  cobija con la libertad de expresión las declaraciones de sus miembros mientras protesta airadamente por cada crítica recibida a sus actuaciones.

Además, de la situación de muchos profesionales, sometidos en estos tiempos a inciertas y duras condiciones laborales- que redundan asimismo en penalizaciones a su libertad de expresión y de rebote a la del público, están las  condiciones estructurales de la comunicación social que determinan profundamente el grado del pluralismo y los límites al derecho activo a la comunicación social. Sin ellas, es imposible calibrar con seriedad el nivel de libertad de expresión efectivo de un país.

En primer lugar, está el grado de concentración en cada sector mediático y las configuraciones multimedia que han ido  creciendo en las últimas cuatro décadas, entrelazándose cada vez más estrechamente con las conexiones bancarias y  empresariales, como muestra la sucesión de estudios históricos que comenzando con “El informe sobre la Información” (M.Vázquez Montalbán,  1963) y siguiendo con “Los amos de la información en España” (E. Bustamante, 1981), encuentra epígonos más recientes en obras como las de Pascual Serrano (“Traficantes de información”, 2010) o J. V. García Santamaría (“Los grupos multimedia españoles”, 2016) entre otros. Ahí puede seguirse el ascenso del IBEX, o de los grupos internacionales de capital riesgo que hoy ejercen influencias dominantes en muchos medios y grupos de comunicación, tiñéndolos de múltiples sospechas de intereses en sus líneas informativas y en sus posiciones políticas. 

Los remedios habitualmente recetados frente a estos males, suelen ser de escaso valor práctico. En términos informativos porque los grandes grupos ocultan generalmente sus conexiones empresariales y los intereses que llevan consigo. En cuanto a los lazos múltiples de propiedad e intereses, la moraleja jurídica habitual es que las medidas legales antitrust se van acomodando a los saltos en la concentración financiera para santiguarlos en lugar de embridarlos. Como sucedió en España con las medidas que prohibían inicialmente el pluralismo en la televisión, que fueron degradándose a nivel del pluralismo interno (25% máximo de las acciones, al 49% al 51% , y al 100% en una concesión) o del pluralismo externo (acciones en sólo una concesión, en una cadena, en un múltiplex, en dos …). De esta forma, según la CNMC,  las tres cadenas principales de televisión han llegado a acumular un 55,1% de la audiencia pero un 85 % del mercado de anuncios, y en la radio, tres cadenas suman un 99,45% del total de la facturación publicitaria. Una centralización del negocio publicitario que se extiende ahora a Google en la vertiente de publicidad digital.

Quedaría, como antídoto principal, el tejido de radiotelevisiones públicas, si no fuera por su subordinación a los gobiernos autonómicos de turno con su falta de mandatos-marco y de contratos programa y, en el caso de RTVE, por la “lottizacione” partidista instaurada recientemente entre sus cargos, que azuza las confrontaciones y la pugna de influencias. Queda asimismo, como último refugio del pluralismo, la prensa escrita cuya descomposición de los grupos nacionales y regionales en papel – acelerada por la pandemia- está ocasionando una reconfiguración digital relativamente democratizadora o al menos más plural que en el orden tradicional, gracias al surgimiento y afianzamiento de un nuevo modelo de medios cooperativos independientes como elDiario.es. Sin que todos estos medios lleguen a concordar con una estructura estatal descentralizada como la que se presumiría del Estado de las autonomías, al menos enriquecen la diversidad de visiones del mundo y del país.

En todo caso, en la prensa como en la radio y la televisión especialmente (en los anales de la radiotelevisión comercial no se conocen canales de izquierda), la tónica dominante sigue siendo una ideología editorial de derechas con matices diversos que no se compadecen con los pesos específicos de las ideologías y del voto en la sociedad española, y ni siquiera en algunos medios con el sello mayoritario de su clientela, para desbordar con frecuencia sus límites también digitales hacia la extrema derecha. Una desviación trascendental, ya que muchos grandes medios, comenzando por la radio y siguiendo por la prensa e incluso la televisión e Internet, han abandonado la estrategia neutral y “atrapalotodo” de otro tiempo para convertirse en bandera ideológica e incluso militante de los partidos de la derecha, destinada a liderar en ocasiones a esas formaciones políticas. Una desviación que pasa tanto más desapercibida por cuanto muchos de los grandes medios juegan a un fair play mutuo de discreción ejemplar, para evitar que los competidores repliquen en sentido contrario. 

La polarización consiguiente de muchos de estos medios, al priorizar la verdad ideológica por encima de la realidad comprobable, estimula las noticias falsas, las tergiversaciones, las fake news…incluso en algunos medios considerados “serios” y “respetables”, haciendo por ejemplo que un suplemento de economía aglutine a los epígonos más radicales de la economía neocon y de la extrema derecha, o que las tribunas de opinión o los tertulianos de algún medio se homologuen en las posiciones más extremas del insulto y la insidia. Se conforman así supuestos “periodistas” que ejercen prioritariamente de propagandistas políticos militantes, nombres que el corporativismo periodístico suele proteger, confundiéndolos a menudo con la profesión informativa y su legítima defensa.

En medio de tales confusiones del periodismo y de su evaluación de la libertad de expresión en España, sería bueno que se aliara con la investigación en comunicación para realizar un análisis complejo, autónomo y periódico sobre los factores y evoluciones de la libertad de expresión, del derecho al ejercicio activo a la comunicación social, de las consecuencias de ambos elementos sobre la democracia. Comenzando por la eliminación de una legislación confusa y contraria a la jurisprudencia europea de derechos humanos (la “ley mordaza” de entrada), y por la anulación de las condenas insostenibles como las de Hasel y Valtònyc. A escala europea e incluso nacional, hay mimbres ya para sostener esa investigación, de los que nos ocuparemos en otro momento. Porque, siendo la libertad de expresión la clave de bóveda de la democracia, su estado y evolución en cada país determina en buena medida sus conquistas y sus déficits democráticos; Contrapesos y desequilibrios inestables que España muestra todavía en gran medida.

Los trabajadores más veteranos de RTVE, curtidos en mil batallas, y habituados a resumir grandes relatos en leads breves, no dudaron en calificar al pasado jueves 25 de Febrero como “Jueves negro”. Ese día, el Congreso había votado por mayoría de dos tercios a los seis nuevos consejeros de la Corporación y, adelantándose a la votación correspondiente, había difundido también los nombres de los otros cuatro vocales elegibles por el Senado e incluso la personalidad del nuevo Presidente, que debía ser elegido posteriormente de entre los diez consejeros. El  relevo de Rosa María Mateo, designada administradora única “provisional” y cuyo mandato se había prolongado durante prácticamente tres años (de julio de 2018 a marzo de 2021) absorbió toda la atención mediática.

Algunos medios de comunicación saludaron con entusiasmo ese primer pacto del Gobierno con la oposición que, supuestamente, inauguraba una nueva etapa de relaciones PSOE-PP, abriendo el camino a acuerdos “de Estado”, entre los que se contaba especialmente la renovación del poder judicial, aunque esa continuación del camino de pactos se frustró inmediatamente después de RTVE. Olvidaban, a pesar de su oficio, anteponer dos lecturas del acuerdo: primero, la obvia consideración del servicio público de comunicación como un “asunto de Estado” y no de independencia y autonomía, en una reiterada versión de “la voz de Francia” que De Gaulle aplicó a la ORTF de la época, y que todo el mundo entendió como “la voz de De Gaulle”; y, en segundo lugar, su degradación a la categoría de anzuelo para arrastrar a la oposición al auténtico objetivo, la reforma de los órganos judiciales, con desprecio evidente de la trascendencia de la radiotelevisión pública.

Más claras aún son la chapuza política y la barrabasada legislativa que la operación ha entrañado por parte del Gobierno de coalición. Después de la experiencia, positiva pero corta de la etapa de Zapatero, con su ley de 2006 de RTVE que obligaba a una mayoría reforzada de dos tercios para los nombramientos de la cúspide de RTVE (presidencias de Luis Fernández y Alberto Oliart) vino la contrarreforma de Rajoy para volver a una mayoría simple gubernamental que amparó de nuevo la manipulación sistemática. Pero la ley 5/2017 de 29 de septiembre, propuesta por el PSOE, aprobada por casi unanimidad del Congreso, trajo la promesa de “recuperar la independencia y el pluralismo en la elección de sus órganos”, y nuevas esperanzas democratizadoras radicadas en la exigencia de un concurso público, realizado por un Comité de expertos que debía emitir “el informe de evaluación de la idoneidad de los solicitantes”, con relación de las puntuaciones obtenidas, con informes individuales motivados (disposición transitoria segunda). 

Incluso con todos los defectos iniciales del baremo y de los criterios impuestos por la convocatoria parlamentaria, la promesa de un concurso público, que rememoraba las buenas prácticas internacionales crecientes en los museos y los centros de arte, traía consigo una poderosa invitación a la defensa de la autonomía de la cultura y de la comunicación, priorizando la evaluación de los méritos y la capacidad de los aspirantes por sobre toda consideración política.

La historia posterior es ampliamente conocida: el Comité de expertos, con 17 académicos y profesionales de la comunicación propuestos por todo el arco parlamentario, trabajó durante más de seis meses en el Congreso (entre julio y diciembre de 2018), con asesoramiento sistemático de sus letrados, y publicó una selección de 20 candidatos “idóneos” (mínimo de 65 puntos sobre 100) de los 94 presentados, en base a la evaluación de los curricula profesionales y de los proyectos de gestión (de forma anónima) junto con los informes individuales requeridos (BOE 18-12-2018). Pero estos resultados durmieron durante dos años en el Parlamento, pese a peticiones y protestas de todo signo, hasta que un dictamen de los letrados del Senado propuso, oportunamente, continuar el proceso haciendo caso omiso del concurso efectuado. El principio de selección por méritos y capacidad, que daba al Parlamento la opción de elegir entre aspirantes de ideologías diversas (10 de los 20), volvía a parecer una limitación insoportable a la mayoría de los partidos políticos.

Tras la decisión correspondiente de la Comisión mixta de control de RTVE, de considerar “idóneos” a todos los candidatos presentados, la Comisión de Nombramientos del Congreso ha dedicado tres semanas a entrevistar a cada uno de los 87 aspirantes finales, en un ejercicio de sobrada paciencia que se compadecía mal con el tiempo dedicado a cada candidato (unos diez minutos) y cuya rutina imposible apelaba necesariamente a los “tapados” que encerraba tan proceloso procedimiento. El resultado final ha sido la elección, con los votos de PSOE, UP, PP y PNV (249 síes), de diez consejeros, tres de los cuales incluido el Presidente figuraban ciertamente en la lista de los 20 idóneos del Comité, pero no así los siete restantes, algunos de los cuales habían recibido puntuaciones extremadamente bajas en sus proyectos de gestión e incluso en sus historiales profesionales.

El incumplimiento de la ley 5/ 2017 en puntos esenciales y la práctica anulación del concurso público deja a la independencia y al pluralismo proclamados en el nutrido limbo endémico de la historia lamentable de RTVE. Y al mismo tiempo disuelve las ilusiones de salir del círculo vicioso de las luchas miopes de los partidos, para conformar directivas eficientes y comprometidas con la reforma y la consolidación de un auténtico servicio público. La ausencia todavía hoy de plan estratégico en toda su historia, la laguna legal de un mandato marco y la caducidad de un contrato programa que permitan fijar los principios y misiones del servicio público, su financiación proporcional y su reconversión multimedia, seguirán probablemente pendientes sine die, propiciando la desorientación y la caída libre de audiencias experimentadas en la última década. 

En definitiva, con raras excepciones, los elegidos del Consejo obedecen a un patrón político bien conocido: militantes ostentosos de partido, algunos resucitados de la jubilación o la excedencia después de 20-30 años fuera de RTVE, cuya idoneidad para atender a las perentorias necesidades de reconversión multimedia y multiplataforma de la corporación resulta harto dudosa. Incluso figuran directivos que acumularon críticas y protestas bajo los Gobiernos de Felipe González y de Aznar y Rajoy por su manipulación sistemática en los periodos de García Candau, de José Antonio Sánchez y Urdaci y que, según los Gobiernos, ejercieron después de látigos de la oposición. Solo falta ese consejero que ha apelado al Tribunal Constitucional porque, después de 18 años en el Consejo, se siente discriminado en el acceso a los cargos públicos.

Los elogios a este consenso peculiar (que no tenía lugar desde 2009 con Alberto Oliart) olvidan algunos detalles de tal recuperación del sistema típico de gestión de RTVE propio del “régimen del 78” (desde el Estatuto de 1980). Primero, que este pacto inherente al bipartidismo (aderezado ahora con los votos de UP) con su mayoría gubernamental inevitable (6 de 10 votos) supone la anulación del control que debe ejercer el Consejo de Administración, dominado siempre por el Gobierno de turno; y suele acarrear la conversión del Consejo para la oposición en cámara de críticas feroces a la manipulación gubernamental (duplicando a la Comisión Mixta de control).  

La larga experiencia de RTVE y algunas televisiones autonómicas es peor aún. Porque el acuerdo entre Gobierno y oposición debe después extenderse en cascada hacia los cargos secundarios y terciarios, en la fórmula que los italianos consagraron durante décadas en la RAI con el apelativo de lottizzazione; en breve, reparto por lotes partidistas del poder en los informativos, las cadenas de televisión y de radio, con la única salvedad en el caso español del control presupuestario y financiero (guardado con mano de hierro por la SEPI y el Ministerio de Hacienda). 

Las reformas imperiosas exigidas por el servicio público de RTVE en tiempos de fuerte mutación del sistema mediático, quedan en esas circunstancias en segundo plano para dejar paso a la dinámica política y partidista inmediata. Y con ellas corre un grave peligro la supervivencia misma del servicio público en la sociedad española, cuya ausencia supondría un golpe decisivo a la calidad de nuestra democracia. Pero los defensores del servicio público de comunicación desde hace tres, cuatro décadas, resistentes a todas las tergiversaciones y desviaciones de sus principios, su gobernanza, su financiación y sus contenidos, tenemos ya la piel engrosada de un rinoceronte. Y por ello, resistentes a todo desaliento, seguiremos deseando suerte al nuevo Presidente para afrontar una labor titánica en un contexto inverosímil.

El informe presentado por el Presidente de Gobierno con el llamativo título de “Cumpliendo”, a título de balance de su Gobierno de coalición (diciembre de 2020), plantea serios interrogantes en algunos de sus apartados y en la configuración misma del listado total. En metodología de ciencias sociales y en filosofía política, un objetivo comienza a ser cumplido cuando se define su perímetro, se determina el plan para alcanzarlo y se aprueba la memoria económica que permite su realización. A título de ejemplo, por ahora, examinaremos el objetivo de “derechos digitales”, inserto en el documento estrella “España digital 2025”, del Ministerio de Industria y transición digital, como apartado número 10, definido genéricamente como “garantizar los derechos de la ciudadanía en el nuevo entorno digital”. Olvidaremos, de momento, otros capítulos polémicos de este informe, como el de crear un gran “hub ”audiovisual, que recuerda ensoñaciones reiterativas del pasado sobre el gran y presunto “Hollywood español” nunca divisado en el horizonte (además ahora curiosamente prometido sin participación alguna de las televisiones públicas).

No se puede decir que sean nuevos ni el entorno digital ni los derechos que aplican su uso como extensión de los derechos humanos clásicos. Hace 20 años, algún entonces joven filósofo ya desarrolló en varios artículos la necesidad de los “derechos humanos de cuarta generación” y en la última década expertos jurídicos han hablado de la “cuarta ola” en el campo digital.  En ambos casos, la numeración hacía alusión a los derechos humanos de la declaración de 1948 (libertades individuales), la segunda generación de derechos socioeconómicos de igualdad, y la tercera de solidaridad con las poblaciones vulnerables. En ese avance ético de la humanidad, la cuarta generación proyectaba los anteriores sobre el mundo digital, reconociendo el acceso universal a las redes digitales y al conocimiento que vehiculaban, con toda su declinación de derechos (a la privacidad, a la imagen digital, al secreto…).

En estos veinte años, algunos de esos derechos han sido reconocidos y reclamados por múltiples autores y documentos internacionales con el lema frecuente de la Sociedad de la Información “para todos”, especialmente de la ONU o la UNESCO, o de la propia UE, en una enumeración que sería imposible en este espacio (por ejemplo, en la “agenda  2030 para el desarrollo sostenible). También han sido mencionados en los diversos planes de los Gobiernos españoles desde el plan Avanza y Avanza 2 (2005-2009) de Rodríguez Zapatero hasta las Agendas digitales de 2013 y 2016 de Mariano Rajoy, con escasas ambiciones económicas en la gran crisis. Pero la constante en estos planes y en sus informes ha sido minimizar la brecha digital, atribuirse los incrementos porcentuales motivados por el mercado, y mantener una concepción ”biológica“ de los derechos digitales: la tasa mínima de desconectados iría descendiendo a medida que los jóvenes, -cautivados por las TIC y el mercado-,  envejecieran y, se supone, que los mayores de edad, analfabetos digitales, fueran desapareciendo. En los informes privados y públicos más conocidos (ONTSI, Anuarios de SI de Orange y de Telefónica), la carestía de los costes de conexión o la desertificación digital de los territorios despoblados no tenían la menor importancia y componían un tabú inviolable, mientras que coincidían con los planes oficiales en poner el acento en una banda cada vez más ancha y rápida (equivalente a más riqueza para los ricos) en lugar de un acceso universal.

Sin embargo, en 2017, un amplio informe de FUNCAS, entidad nada sospechosa de radicalismo izquierdista (“Las desigualdades sociales. Los límites de la sociedad red”), no sólo analizaba la brecha digital en España (distancia entre conectados y desconectados) sino también la “desigualdad digital”, definida como indicadores de población que no posee las habilidades básicas suficientes para su uso aplicado. Se concluía que esta desigualdad (digital inequality), a pesar de los progresos realizados en los últimos años, no solo no tendía a desaparecer sino que se estancaba y “estratificaba”, con graves consecuencias al catalizar las restantes desigualdades. La propuesta, muy clara, era que estos derechos componían un “bien público no opcional” que la sociedad debía garantizar. 

El desarrollo de la Sociedad de la Información (SI) o mejor, Sociedad del Conocimiento, ha demostrado la trascendencia absoluta de esos derechos de la ciudadanía para el progreso económico y social de los ciudadanos y del país, para el ejercicio y la calidad de la democracia. La pandemia y sus consecuencias educativas, laborales, comunicativas y culturales, han evidenciado abruptamente que la conexión y el saber hacer en las redes, inclusivos en su apropiación personal y social (empoderamiento) son vitales para el ejercicio de la ciudadanía democrática actual. Pero las brechas y desigualdades digitales resisten en España.

Según la ONTSI, en su informe anual de 2020, 2,92 millones de usuarios utilizan Internet “alguna vez” (ni semanal ni mensual), pero, sobre todo, uno de cada tres españoles conectados confiesa no tener ni las habilidades básicas de uso, concepto en el que ocupamos el puesto 16 en el ranking por países de la UE (indicador DESI). Según el INE, el 93,2% de los españoles de entre 16 y 74 años se ha conectado a Internet en los tres últimos meses. Queda conocer y actuar sobre el resto, pero también sobre quienes conectan ocasionalmente, y sobre quienes no tienen capacidad de usarlo socialmente.

El informe España digital 2025 podría tener este propósito como bandera fundamental de su actuación, pero parece datar para 2025, “como meta”, “una carta nacional sobre derechos digitales”. No sabemos si necesita cuatro años para enunciarlos o para conseguirlos, pero ya es sospechosa en política esa fecha que posterga objetivos más allá de la legislatura y del mandato de un Gobierno. Además, mezcla estos derechos humanos “digitales” con los desconocidos “derechos” (¿humanos?) de las empresas, insinúa discusiones teóricas inextricables, y no adelanta ningún plan de acción con dotación presupuestaria. Ni siquiera proclama que, como servicio universal o como “bien público no condicional” estos derechos son irrenunciables.

En fin, está por ver si se aborda decididamente y a corto plazo el grave problema de la España vaciada y de su integración en la era digital, que debería componer un objetivo específico y urgente de esa agenda digital, con dotación presupuestaria suficiente y mantenida, un compromiso que el Gobierno de coalición asumió destacadamente. Los pruritos europeos de “neutralidad” tecnológica y respeto de la competencia no deberían ni podrían obstaculizar esos planes, que el mercado no va a cumplir evidentemente por sí solo. 

El pasado 3 de Diciembre concluyó el plazo de “consulta pública” del anteproyecto de ley que va a incorporar al derecho español la Directiva europea de servicios de comunicación audiovisual (UE)2018/1808, abarcando por vez primera a los servicios a “petición” y a las plataformas de intercambio de vídeo, al sustituir a la Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual. Decenas de alegaciones han sido presentadas por múltiples entidades, que se añaden a las más de 60 propuestas recibidas en la fase inicial de audiencia pública y acompañadas de los informes de 10 ministerios. Pero parece dudoso que pueda revertirse la decidida orientación neoliberal impresa en la mayor parte del borrador por el Ministerio de Economía y Transformación digital, sorprendentemente emanado de un Gobierno progresista. 

Los siete títulos y 164 artículos del anteproyecto dan una idea de la complejidad actual de este sector y de la trascendencia de los retos afrontados que, según la memoria, tendrá impacto sobre la el pluralismo y la competencia, la igualdad de género, las PYMES, los menores, la discapacidad y accesibilidad, los consumidores… Unos efectos que el preámbulo, –como suele ocurrir en las leyes y se dice de los anuncios al ostentar las carencias del producto–, considera positivos en todos los casos. 

Sin embargo, los artículos más vinculados a las novedades de la directiva europea, se reclaman de los mínimos de protección establecidos, como la liberalización de los tiempos publicitarios, que pasan de estar limitados al 20% “por hora de reloj” (anuncios y televenta), a cuantificarse en un máximo del 20% (144 minutos) entre las 6 y las 18,00 horas y de entre las 18,00 y las 24,00 horas (72  minutos), sin incluir patrocinios, ni autopromoción, ni emplazamiento de producto, ni promociones…Una presumible saturación publicitaria extrema que se acumulará en el prime time y en el day time de mayor audiencia, probablemente con efectos de cansancio en el espectador y de mayor fuga hacia la televisión a demanda. De la misma forma, los proveedores de estos últimos servicios audiovisuales deberán ofrecer al menos un 30% de programas europeos en sus catálogos – el mínimo previsto por la directiva (51% en la televisión lineal), pero sus plataformas (Nextflix, HBO, Amazon Prime…) solo estarán obligados a invertir en producción europea o española si superan los 50 ME de ingresos el año anterior (10 ME en la televisión lineal), y se libran de colaborar a la financiación de RTVE como hace el resto de los canales abiertos o de pago. 

Dado que la Ley General Audiovisual de 2010, inspirada por la entonces Vicepresidenta María Teresa de la Vega, ha sido ya considerada generalmente como un texto ampliamente escorado hacia la televisión privada, con encendidos elogios de su patronal UTECA, el anteproyecto promete acentuar la protección de los menores, pero al contrario de lo que proclama, debilita claramente su tutela al eliminar los horarios de “protección reforzada” que venían incumpliéndose año tras año por todas las cadenas de cobertura nacional, con la curiosa argumentación de que también hay niños en otros horarios en el servicio público (con alegaciones contrarias de la AUC).

Pero donde el anteproyecto alcanza niveles ideológicos de derecha neocon pura, es en la protección y refuerzo del servicio público autonómico y local, donde se abraza sorprendentemente la contrarreforma orquestada por la Vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, cuya “ley de modificación” de la Ley General de Comunicación Audiovisual (Ley 6/2012 de 1 de Agosto) permitió que los Gobiernos autonómicos “flexibilizaran” (privatizaran) el servicio público de la radiotelevisión autonómica cambiándolo a la “gestión indirecta” completa o mixta por parte de empresas privadas. Así Esperanza Aguirre jibarizó a RTVMadrid aunque no consiguió la total privatización planeada, y lo mismo intentó la Generalitat valenciana con Canal 9, hasta provocar su insólito cierre en 2013 con un coste inútil de más de 300 ME. Y en culminación de esta tergiversación total del servicio público, se acuñó el apellidado como “modelo Murcia”: concesión a una empresa privada de la práctica totalidad de la gestión, la programación y la publicidad de los canales regionales, mediando jugosas subvenciones al agraciado, compatible con el control o la manipulación externa de los informativos.

No es extraño que múltiples alegaciones (Teledetodos, COO.OO, Plataforma en defensa de la comunicación y el periodismo andaluz) rechacen este calco que contradice la consideración del pluralismo como equilibrio entre modelos, pese a la minoría de licencias hertzianas reservadas a la gestión pública, que parece una condición sine qua non para la definición del servicio público como “de interés general”, con misiones informativas y culturales acrecentadas. E igual ocurre con el servicio público local, que se confía a los municipios salvo que estos decidan su entrega a empresas privadas, con desviación de todos sus objetivos de comunicación democrática de proximidad. En el mismo sentido, los medios comunitarios locales, ya marginados en el reparto de licencias, siguen privados de toda vía de financiación al prohibírseles la difusión de publicidad de cualquier tipo, incluso la institucional. 

La otra gran “captura” del gobierno progresista por los antecedentes del PP es todavía más grave, porque afecta al control, la regulación y la sanción del sistema audiovisual entero, confiados por la ley de RTVE de 2006 y la general del audiovisual de 2010 al CEMA (Consejo Estatal de Medios Audiovisuales) con anuencia general. Su boicot posterior por el PP en la oposición y su suplantación por el Gobierno de Rajoy, con la sempiterna excusa del ahorro, por una elefantiásica Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia  (CNMC) con autoridad sobre múltiples sectores, fue objeto de expedientes en Bruselas; y  resultó duramente contestado por el PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba, que acusó al nuevo organismo de falta de independencia y total subordinación gubernamental (episodio de la sobrina de Guindos) y se negó a pactar vocales propuestos por el PSOE.

Si esta atribución constituía ya un mensaje subliminal que designaba prioritariamente al audiovisual como competencia de mercado y no como pluralismo comunicativo o diversidad cultural, la CNMC ha sido especialmente criticada por haber realizado en siete años apenas tres informes sobre la misión de servicio público de RTVE, confesando en varios de ellos su incapacidad para realizar esa labor y su aceptación acrítica de los informes de la Corporación por la falta de medios técnicos y humanos para estudiar el asunto de forma autónoma y, lo que es más grave,  como reflejo de la degradación del marco jurídico audiovisual español, por la carencia de contratos programa sobre los que poder realizar esa evaluación.

Ahora, tras años de mayoría y control absoluto del PP (seis consejeros y Presidente, más uno de CIU y otro del PNV) el Gobierno de Sánchez ha vuelto las tornas y controla una mayoría del consejo (siete consejeros y tres de ERC, PNV y Podemos), para pasar a  considerar a la CNMC perfectamente independiente, mientras, el PP acusa al Gobierno de coalición de injerencia. En ese ambiente viciado, el anteproyecto del audiovisual confía a la CNMC  nuevas funciones, como  el control del pluralismo,  de los contenidos audiovisuales, de las faltas graves o muy graves (entre ellas contenidos que inciten a la violencia o al odio, al terrorismo o la pornografía infantil, al racismo, la xenofobia o la discriminación) incluyendo sanciones que pueden alcanzar el 10% de la facturación. Aunque visto el escaso porcentaje ejecutado –un 3% cobrado del total de las sanciones impuestas– ese riesgo queda atenuado, no deja de ser llamativo para un organismo netamente económico.

En su consideración conjunta, ese anteproyecto, que muy probablemente derivará en ley con modificaciones menores tras su paso por el Parlamento, resulta absolutamente incongruente con un Gobierno progresista y suscita moralejas históricas curiosas. Si un Calviño (José María) asestó en los años 80 un duro golpe a las ilusiones progresistas de la transición e incluso a los planes directos del PSOE sobre RTVE (mediando el poder de Alfonso Guerra), otra Calviño (Nadia) puede ahora contribuir a agravar la crisis que sufre el servicio público audiovisual en todos sus ámbitos. Así, una vez más, el PSOE seguiría colaborando a la prolongación irreversible y en cascada de los castigos que la derecha infringe históricamente a las cadenas públicas: ajustes y manipulaciones sistemáticos cuando está en el gobierno, acusaciones y redención cuando vuelve a la oposición. Pasos adelante siempre del desmoronamiento del servicio público y de la preeminencia del polo privado.

La publicación en el BOE del 5 de noviembre de un llamado “procedimiento de actuación contra la desinformación” y la correspondiente  “comisión permanente”, aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional y coordinada por la secretaría de Estado de Comunicación (dirigida por el inquietante Iván Redondo), ha levantado una oleada de comentarios y críticas de los medios, los columnistas y la oposición. Aun conociendo que esta orden ministerial (Presidencia) correspondía a documentos inspirados por el Consejo y la Comisión europeos, especialmente al Plan de acción para la lucha contra la desinformación (COM (2018)236) que insta a los gobiernos a tomar medidas urgentes en ese campo y a coordinar sus acciones a escala europea, la alarma venía justificada por la ambigüedad de las definiciones utilizadas, su acumulación de “autoridades públicas competentes” y su débil apelación a la participación social, como amenazas posibles de la eterna pulsión censora de los gobiernos.

La reacción de la oposición de derechas se ha centrado en acusar al Gobierno de querer constituir un orwelliano “Ministerio de la verdad”, atacando frontalmente a la libertad de expresión. Una posición paradójica para un PP que había adoptado unas disposiciones parecidas en 2018 sin publicidad alguna pero que, sobre todo, puso en vigor la llamada “Ley mordaza” desde Julio de 2015, ocasionando lo que Amnistía Internacional calificó como “grave retroceso” de la libertad de expresión, cifrando en más de 74.000 las sanciones impuestas hasta finales de 2017 contra protestas sociales y, en muchos casos, contra informaciones o expresiones periodísticas o artísticas. En cuanto a Vox, su estrategia de veto y amenazas a periodistas y medios de comunicación, junto a su protagonismo en la difusión masiva de bulos y fake news, hacen difícilmente creíble su enfado ante el peligro de censura oficial.

Por lo demás, las respuestas más frecuentes en los medios se han dividido entre quienes consideran que, aunque el problema exista, es mejor dejarlo estar por situarse en un terreno “resbaladizo”, y quienes se remiten a la autorregulación de las plataformas de Internet que ya estarían en vías de conjurar el peligro. 

Frente a la primera posición, está el consenso general de Estados y países desarrollados, desde América (con la salvaguarda de la santificación de la primera enmienda en los USA) a Europa u Oceanía, con numerosas leyes nacionales ya en vigor. Por referencia a nuestro contexto, la UE ha llamado la atención desde 2015 al menos sobre una amenaza que va mucho más allá de las fake news, en un concepto de desinformación masificado y viralizado por las redes y dispositivos digitales, que define como “información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población y que puede causar un perjuicio público”. 

Desde la investigación académica y desde los ámbitos parlamentarios se ha clamado también en los últimos años por los efectos de esta oleada, incluso antes de alcanzar sus niveles máximos con la llamada infodemia, pandemia de desinformación que atenta al mismo tiempo contra la salud colectiva y la democracia. Así, destacadas investigadoras británicas como Robin Mansell y  Sonia Livingstone, señalaban en un reciente estudio de la London School of Economics, “Tackling the Information Crisis” (2019), los “cinco gigantes malvados” que se acumulaban en nuestra época: confusión, cinismo, fragmentación, irresponsabilidad y apatía; y pedían una reacción institucional inmediata: “El tiempo para una decisiva acción para terminar con la crisis de la información es ahora” .

Pero las propuestas para que sean las grandes plataformas de Internet quienes nos defiendan de la desinformación son todavía más polémicas que la acción gubernamental, porque aunque recibidas según beneficien a unos u otros, convierten a estos mastodontes empresariales en censores generales, en gatekeepers en quienes los gobiernos delegan alegremente el poder de diagnóstico social de la verdad y la mentira, renunciando a su responsabilidad de defensa del pluralismo. 

La confianza en la autorregulación, centrada en los algoritmos, aumenta estas polarizaciones y las desviaciones de poder que provoca, agravadas en época de pandemia con la retirada general del factor humano encargado de matizar esos controles censores, y sometidas siempre a la presión mercantil de sus enormes beneficios habituales. De esta forma, celebramos la actitud de Facebook, Twitter o Google etiquetando a Donald Trump y sus mentiras o de las cadenas CNN y Fox silenciándole en sus tortuosas acusaciones de fraude electoral (esta última después de cuatro años de celebrar y amplificar su “verdad” paralela), pero investigaciones académicas han revelado que los algoritmos benefician muchas veces a los mensajes racistas frente a los antirracistas, a los sexistas, xenófobos u homófobos  frente a los humanistas e igualitarios, que usan lenguajes habitualmente más reivindicativos y agresivos,  menos “correctos” políticamente.

Un organismo europeo emblemático como la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea), del Consejo de Europa, encargado por la UE de vigilar la independencia del servicio público europeo de radiodifusión, ha proclamado así su preocupación por el uso de la Inteligencia artificial sobre la libertad de expresión y su instauración paulatina de las plataformas como “guardianes de la información”, que según el relator de la ONU,. Philip Alstom, operan en una “zona franca de los derechos humanos”. Como decía Edward Snowden en una memorable entrevista en elDiario.es, se estaban configurando de esta forma los “nuevos sheriffs” de la información global.

¿Cómo conjurar esta amenaza de la desinformación, cada vez más polifacética y peligrosa? (injerencias extranjeras, distorsiones electorales, promoción del terrorismo, discursos de odio, desprestigio planificado de las instituciones democráticas). Desde los organismos internacionales, los parlamentos y los medios académicos comienzan a surgir propuestas sensatas que van en el sentido de una acción integral, internacional y nacional, capaz de aunar la regulación estatal con la corregulación, la defensa cerrada de la libertad de expresión – y de la innovación y la competencia tan escasas en la radiotelevisión o peor aún en Internet (“the winners takes all” o “most”)- con la protección de los ciudadanos de la manipulación informativa sistemática, con especial atención para  los sectores sociales más discriminados o vulnerables. 

Una política denominada ya como “smart regulation” (Michéle Bachelet, David Kaye, ONU), sustentada en principios de legalidad, necesidad, legitimidad y transparencia, y en la normativa internacional de derechos humanos. Sobre la base de códigos de buenas prácticas obligados para las plataformas, con la participación de la industria de la comunicación y de la sociedad civil, organismos independientes coordinarían la acción contra la desinformación que abocaría en sus casos límites ante los jueces. Además, y a medio plazo, hace falta una alfabetización mediática masiva, investigación acrecentada, desarrollo de “fast check” que descubran y denuncien las campañas falsas, sinergias reforzadas entre los “stakeholders” involucrados. 

La ERGA o asociación europea de reguladores independientes de la comunicación ya colabora estrechamente con las autoridades europeas en esta tarea. El gobierno francés ha delegado competencias crecientes de la “Loi Infox” de 2018, en la CSA (Conseil National de l´Audiovisuel) de acreditada independencia, y en similares términos el ejecutivo británico ha confiado nuevas responsabilidades a la OFCOM , organismo mixto entre el audiovisual y las telecomunicaciones, pero con una fuerte e independiente rama sobre la comunicación social. 

Pero, ¿qué hacer en España, único país de la OCDE y de la UE que carece de una autoridad independiente y especializada en la comunicación masiva? Reclamada por unanimidad por el Senado en 1995, exigida en el Informe para la reforma de los medios públicos de 2005, prevista de forma inmediata en la Ley de RTVE de 2006 y en la general audiovisual de 2010, el Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales es un caso de manual de una reivindicación de la oposición que desaparece en el Gobierno, “capturada” por las dinámicas del poder. El gobierno de Rajoy lo eliminó so pretexto del ahorro y lo subsumió en un organismo auténticamente frankenstein que regula sectores muy diferentes (electricidad, gas, telecomunicaciones, transportes, correos, radiotelevisión…), bajo el manto de la competencia de mercado (CNMC). Pero su autonomía respecto de los partidos y su independencia de los gobiernos han sido muy relativas desde 2013, con muy escasos consejeros con experiencia en el audiovisual y una notable impotencia estructural para ocuparse del pluralismo (por ejemplo en los informes sobre RTVE) que no es precisamente igual a competencia mercantil. 

Este pavor de los gobiernos españoles a soportar organismos “cuasi non” gubernamentales dificulta ahora la lucha contra la desinformación, e incrementa las tentaciones autoritarias de este y otros gobiernos venideros. Nos colocamos así entre la espada de la manipulación y el muro de la censura.

Crecen las quejas y demandas que reclaman la culminación del concurso público de 2018 para renovar la Presidencia y el Consejo de Administración de la Corporación RTVE, como motor de las reformas indispensables para su recuperación. Mientras el servicio público sufre la peor crisis de su historia, diversas entidades sociales amenazan ahora con dirigirse ante las instancias españolas y europeas, denunciando el prolongado inmovilismo del Parlamento y el Gobierno.

Tres años han pasado ya desde la aprobación, con rara unanimidad parlamentaria, de la Ley 5/2017 (29 de septiembre) que buscaba anular la contrarreforma del Gobierno de Rajoy de 2012 (elección por mayoría simple gubernamental), para volver a exigir mayoría parlamentaria reforzada de dos tercios para la elección de los máximos órganos de gestión de RTVE. Dos años largos han transcurrido también desde que, a propuesta del Gobierno y en tanto se sustanciaba el concurso público que según esta ley debería preseleccionar a los candidatos más idóneos, se designó como administradora única “provisional” a Rosa María Mateo (julio de 2018). Ese mismo mes comenzaron las sesiones de trabajo del Comité de Expertos, nombrado a propuesta de la totalidad de los grupos parlamentarios que, tras publicar sus baremos legales (BOE de 17-8-2018), actuó por general consenso para valorar y distinguir a 20 candidatos del casi centenar de aspirantes presentados (BOE de 18-12-2018).

¿Y después? Luego vinieron las elecciones generales del 30 de abril de 2019, que dieron la investidura fallida, con el expediente del concurso traspasado oficialmente de la XIII y a la XIV legislatura. Y los comicios del 10 de noviembre siguiente, que abocaron al Gobierno de coalición. Y después llegó la pandemia que embrolló todo. Mientras tanto y hasta hoy, el concurso público quedó congelado y la “provisionalidad” se instaló en RTVE. Con una primera y evidente consecuencia: la no aplicación de la ley de 2017, titulada precisamente “para recuperar la independencia” de RTVE “y el pluralismo en la elección de sus órganos” demuestra que el servicio público de radiodifusión sigue careciendo de ambas notas vitales. 

Aunque con su singularidad actual, la historia de RTVE repite esta paradoja endémica de avances y regresiones con cada gobierno, de izquierdas o de derechas, en lo que algunos historiadores no han dudado en calificar de “fatalidad” del servicio público: el nacimiento de TVE en pleno franquismo (1956) habría creado un aparato de “régimen” dictatorial, cuyo supremo valor era la manipulación de los súbditos, una mentalidad que habría atravesado la pared de la transición para contaminar a los gobiernos democráticos.

Así, Suárez inició la transición de la dictadura poniendo a RTVE con Rafael Ansón al servicio de UCD y Calvo Sotelo anuló la virtud del primer Estatuto democrático de 1980, “dimitiendo” a Fernando Castedo. Como Alfonso Guerra arruinó las promesas socialistas con José María Calviño y Jordi García Candau y hasta Rodríguez Zapatero permitió que su reforma democrática de 2006 fuera descafeinada por María Teresa Fernández de la Vega con la “reforma” financiera de 2009 (eliminación de la publicidad sin modelo financiero viable alternativo) y con penalizaciones al servicio público en una ley general audiovisual escorada al polo comercial (2010).

Así, mientras la derecha explotaba al máximo la utilización partidista de RTVE al tiempo que deterioraba el servicio público, los gobiernos progresistas han coqueteado con las cadenas comerciales y preterido el servicio público. Hasta la última ilusión de ese pacto del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos que prometía la elección y renovación (…) del consejo de administración de RTVE, primando “los principios de mérito, capacidad, igualdad, paridad de género y prestigio profesional”, y “mejorando el sistema de concurso público”.

En cada ocasión, RTVE ha descendido varios escalones en su capacidad de referencia social. Pero ahora parece estar inmersa en una pendiente de caída libre en todos los planos. Sin presidencia ni consejo de administración elegidos por el parlamento, por vez primera en democracia, no solo incumple la ley de 2006 sino la propia constitución (art. 20.3: “la ley regulará…”) perdiendo al mismo tiempo su legitimidad para las funciones que le son propias: nombramiento de directivos, aprobación de contenidos y presupuestos. De forma que las múltiples decisiones de estos dos años, normales en una gestión televisiva, como las remociones de directivos de radio o de centros territoriales, las sustituciones de corresponsalías claves, los cambios sustanciales de programación y sus frecuentes fracasos, suscitan en estas condiciones crisis periódicas internas y el deterioro creciente de su imagen pública.

Efectivamente, el servicio público “no pertenece a los gestores y tampoco a los trabajadores, sino a todos los españoles”, pero eso se garantiza solo con el cumplimiento de las leyes y sus buenas prácticas. Porque RTVE tiene además su mandato marco anticuado y vencido desde diciembre de 2016 y carece siempre del contrato programa trienal que exige la ley de 2006, sin los cuales es inverosímil su misión social, y el cumplimiento del protocolo de Amsterdam (32 del tratado de constitución actual de la UE) que exige la proporcionalidad del dinero público con las funciones legales del servicio público, por lo que Bruselas podría expedientar a España en cualquier momento.

Peor aún, con su presupuesto de gastos congelado desde 2010, RTVE es incapaz de competir con el potente duopolio comercial de Mediaset y Atresmedia, y por supuesto de hacer una transición digital y multimedia que exige su propia supervivencia. Pero los déficits comienzan a crecer, con casi 30 ME de pérdidas en 2019 y previsiones pesimistas de unos 50 ME en rojo para 2020. Una caída que augura nuevos problemas políticos, porque la ley de 2006 (art. 13.2) preveía la dimisión en bloque del Consejo de Administración si se superaba en gastos el 10% de la compensación presupuestada por el servicio público; pero es difícil exigir el cese de un Consejo que no existe…

Termómetro insoslayable de la gestión deficiente  de la corporación, desde que asumió el mando la dirección “provisional” (Julio de 2018), la 1 ha descendido del 10,5% de share medio al 9,2% de Septiembre de 2020 (con récords a la baja mensuales hasta del 8%), un deterioro de su peso social mucho más preocupante por cuanto que las dos cadenas privadas competidoras han mantenido básicamente en este tiempo sus cuotas, y porque esta pérdida de liderazgo incluye a los telediarios, corazón de su función social; con todos sus canales, el grupo público ha caído del 16,5 al 15,5% en comparación con la preponderancia creciente de Mediaset (28,2) y Atresmedia (27%), unas tasas que amenazan con la irrelevancia de servicio público a corto plazo (aun sumando el 8,15% de las TV.AA).

La impaciencia y la indignación parecen ganar enteros en los ambientes defensores del servicio público español. Así, si el pasado año el Comité de Expertos y algunos de los candidatos seleccionados pidieron al parlamento que culminara el concurso público, en Julio de 2020, el Comité protestó airadamente contra un dictamen de los letrados del Senado que pretendía la anulación práctica del concurso alegando que el Comité se había “excedido” en su autonomía, e incluso parecía reñir al parlamento por haber aceptado constreñir “el ámbito de la decisión política de las cámaras”. El resultado habría sido volver a las cuotas militantes partidistas y a la manumisión de RTVE por los gobiernos de turno, porque el concurso se ha convertido en la clave de bóveda de todas las reformas indispensables.

En las últimas semanas, los 19 candidatos considerados idóneos, de todas las tendencias ideológicas, se han dirigido al Parlamento exigiendo concluir el concurso público para dotar a RTVE de una dirección estable y plural, y en el mismo sentido se ha pronunciado el Consejo de Informativos de RTVE. Por su parte, la asociación Teledetodos ha promovido un manifiesto con decenas de entidades ciudadanas y periodísticas, en las que da un paso más, amenazando con interponer quejas y demandas ante las autoridades españolas, como el defensor del pueblo o la CNMC, y europeas (el Parlamento europeo, el Consejo de Europa, organismo que ya emitió una “alerta” sobre la empecinada ausencia de presidente y consejo elegidos parlamentariamente para RTVE). 

La convicción general es que los cuarenta años en democracia buscando a trompicones un modelo de servicio público democrático como el reconocido en el tratado constitutivo de la UE, no son ya soportables, y que RTVE y detrás las TV.AA. están ante su última oportunidad histórica. Especialmente cuando una larga trayectoria de las radiotelevisiones europeas occidentales muestra el camino de normas y “buenas prácticas” que hacen de sus servicios públicos puntales de la información y el debate democrático, de la creación y la difusión de la cultura, indispensables frente a la avalancha de programaciones comerciales, de contenidos basura, y a la hiperfragmentación de un público que pierde sus referentes simbólicos comunes. 

Habitualmente empaquetada con el poder judicial, como una especie de guinda al pastel de ese consenso imposible con la oposición, la renovación del Consejo de RTVE es legalmente viable aun en el hipotético caso de un boicot de la derecha, porque según la ley de 2007, 15 días al menos después de una fallida votación por 2/3 de ambas cámaras, los nombramientos pueden salir adelante por mayoría simple si aúnan propuestas de la mitad al menos de los grupos parlamentarios existentes (disposición transitoria 1ª), una previsión factible en el Congreso (10 grupos) como en el Senado (ocho). 

Las maldiciones, por tanto, no proceden de los dioses ni de hipotecas históricas irredentas, sino de los hombres, especialmente cuando se agrupan en partidos políticos españoles para conformarse como maquinarias miopes de poder a corto plazo, sin visión para preservar las plataformas vitales de la democracia, del diálogo y la construcción del consenso en la esfera pública, en cuya ausencia la polarización ideológica, la desinformación y la manipulación sistémica se convierten en la dinámica hegemónica de la opinión pública. Una conclusión que la COVID-19 no ha descubierto ciertamente pero sí ha venido a corroborar con todas sus amenazas, para la salud, para la democracia y para el desarrollo integral de nuestra sociedad.

El próximo día 7 se reanudará presumiblemente en Londres el juicio de extradición de Julian Assange, a requerimiento de la justicia estadounidense. Imperturbables ante las múltiples instancias internacionales, Naciones Unidas incluida, las decenas de manifiestos, las miles de firmas de personalidades y profesionales de la información que han exigido su puesta en libertad y el rechazo a la extradición, el aparato judicial británico y el bulldozer paralelo de la fiscalía norteamericana continúan su camino, al final del cual podrían caerle encima a Assange más de 170 años de prisión.

No es preciso rememorar el famoso “J´Accusse”, ni la conciencia moral que expresó en ese texto Émile Zola, puesto de actualidad por la película reciente de Roman Polanski, para abordar esta situación de excepcional gravedad. Pero podríamos al menos recordar su apelación a “no callar”, “no ser cómplice”, al insomnio de la honestidad ante la ética herida de una sociedad entera. 

Como en aquel texto emblemático, hay que recordar los antecedentes más significativos que enmarcan ese proceso: las filtraciones de decenas, miles, cientos de miles de textos secretos por Wikileaks permitieron entre 2007- 2010 que la opinión pública mundial descubriera la inmoralidad sistemática de las actuaciones de muchos gobiernos. Especialmente en referencia al Gobierno estadounidense y su acción en Afganistán, en Irak, en Guantánamo y Abu Ghraib, comprobamos con estupor la práctica sistemática de la tortura, el asesinato indiscriminado de inocentes, el ocultamiento de las violaciones más agresivas de los derechos humanos, la manipulación planificada de la opinión pública global. 

La primera consecuencia de esa audacia fueron las acusaciones de acoso y abuso sexual que, procedentes de la fiscalía sueca, permitieron a las autoridades británicas encarcelar a Julian Assange, siempre con el rechazo indignado de ambos gobiernos a las sospechas plausibles de una maniobra planificada en complicidad con Estados Unidos y destinada a ejecutar un castigo ejemplar de los filtradores de información oficial. Una sombra que agudiza la oportuna sustitución de tales acusaciones, ya sin fuerzas desde 2015, por nuevas peticiones norteamericanas.

El segundo gran capítulo de esta historia lo protagoniza el Gobierno de Ecuador que, bajo el presidente Rafael Correa otorgó asilo diplomático a Assange en su embajada de Londres en 2012 para, casi siete años después, “entregarle” a la policía británica. Las confusas justificaciones del Gobierno de Lenin Moreno, propias de una argumentación burda y frívola (“comportamiento inadecuado”, falta de limpieza, “maltrato al personal diplomático”) no consiguieron siquiera mitigar la ignominia histórica de un gobierno que traicionaba así el derecho internacional más sagrado, menos aún cuando pronto se supo que con su anuencia irremediable el prisionero había sido espiado a conciencia y la información resultante entregada al espionaje estadounidense, incluyendo los preparativos de su defensa con sus abogados frente a las acusaciones del Gobierno de Trump. Sus excusas oficiales, balbuceadas sobre la cláusula de exclusión de extradición a países “con pena de muerte vigente” fueron rápidamente desmentidas por el Reino Unido como aplicable solo en casos de “petición de la pena de muerte”, de imprevisible resultante con el actual inquilino de la Casa Blanca.

Solo esos factores bastarían en derecho internacional para inferir la violación más descarada del derecho a la defensa y para rechazar las peticiones de extradición, más aún proviniendo de una administración de justicia que bajo la égida de William Barr ha demostrado impúdicamente su absoluta falta de independencia y su subordinación a los caprichos del Presidente. Pero la fiscalía norteamericana ha hecho más méritos en esta línea al modificar por dos veces en estos últimos meses el acta de acusación, -en detrimento de toda capacidad de defensa- elevándolo de un delito relativamente leve (“conspiración para cometer una intrusión informática”, con cinco años máximo de cárcel) a peticiones reiteradas de delitos que podrían acarrear más de 175 años de prisión. Por el camino, ha aderezado esas acusaciones con repetidas negaciones de ir contra el periodismo o afectar a la libertad de expresión (la famosa primera enmienda, en lectura estadounidense) refugiándose en presuntas actividades de hackers, de alentar delitos informáticos, y hasta de afirmaciones que sobrepasan el ridículo para las prácticas habituales de la Administración Trump como es la de violar “las reglas deontológicas del periodismo”.

Pero el capítulo próximo más inmediato de esta historia se juega en la justicia británica, cuya independencia es presumible pero que en materia de extradiciones depende demasiado de las presiones y decisiones del Gobierno británico de Boris Johnson, un ejecutivo que, tras proclamar su absoluta libertad de actuación con la consumación del Brexit, se apresuró a  mostrar su independencia al anunciar su ruptura con Huawei y su 5G en coincidencia casual con la visita de Mike Pompeo a Londres. 

Es la hora pues de la justicia británica, que debería calibrar cómo el periodismo contemporáneo se ha deteriorado profundamente en los últimos años, tanto en la mayoría de los medios clásicos como en los digitales, redes sociales especialmente, por la mercantilización extrema y la concentración de la información en manos de algunos Gobiernos y de los grandes gigantes tecnológicos, y por la planificación sistemática de las fake news en cada país y a escala global. Basta citar los nombres emblemáticos de Orban en Hungría, Bolsonaro en Brasil, Trump en los USA, Duterte en Filipinas o incluso Erdogan en Turquía, para aquilatar la altura de la amenaza gubernamental y de la derecha empresarial y política contra los medios y la propia libertad de expresión.

En ese contexto, que la caída de su credibilidad en todos los países desarrollados refleja insistentemente, la comunicación social democrática depende cada vez más de un periodismo comprometido, capaz de denunciar los atentados que los Gobiernos y las empresas realicen contra los derechos humanos. Una denuncia que, irremediablemente en la era de los big data, pasa por el pirateo informático masivo. En definitiva, si en el pasado el viejo adagio del buen periodista era que toda información auténtica es robada y, por tanto, que toda información regalada es sospechosa de ser simple y pura propaganda, el cuarto poder hoy reside principalmente en un periodismo capaz de hurtar la información oficial u oficiosa en las redes, de difundirla y de desentrañar su significación en contra de la “verdad y la razón de Estado”.

Los medios de comunicación institucionalizados no siempre han sido capaces de ver que ahí se jugaba su futuro. Beneficiarios muchas veces de las filtraciones que, como las de Wikileaks se realizaban con el filtro de pools de medios tradicionales, algunos han intentado adular al poder ostentando los vicios y pecados de los nuevos periodistas críticos, como si la libertad de expresión se decidiera en la virtud privada de sus protagonistas y héroes. Gobiernos y ciertos medios de comunicación miran así de forma cómplice para otro lado frente a la persecución de esos auténticos periodistas digitales del Siglo XXI, capaces de arriesgarse para denunciar las violaciones masivas de la legalidad y de los derechos humanos, las corrupciones y los espionajes indebidos a escala nacional e internacional. 

Julian Assange es ahora el pivote principal de esta lucha por la libertad de comunicación y por la transparencia democrática, pero detrás están los casos conocidos de Eduard Snowden o Hervé Falciani, e incluso de Rui Pinto (denunciante del caso reciente de la Football Leaks), parangonables a los ya míticos Carl Bernstein y Bob Woodward en el periodismo clásico, a quienes nunca pedimos cartas de pureza. Despreciarles y ningunearles como “piratas informáticos” ilegales es colaborar a la represión ejemplarizante del poder contra el periodismo crítico del Siglo XXI.

Por esas muchas razones, deberíamos volver a movilizarnos sin descanso mientras dure la persecución contra Julian Assange. Y proclamar, como hizo Zola en su famoso artículo, que “puesto que ellos osaron, yo también osaré” para denunciar a sus inquisidores sin cesar.