Desde diferentes frentes, los retos a los que la Unión Europea se enfrenta nos muestran un cambio de realidad, que necesita de nuevos paradigmas guiados por la justicia social y la inversión en unos sistemas de bienestar social sólidos.

Con una tendencia inflacionista al alza, salarios congelados en muchos países de la Unión, precios de la energía por las nubes y una pobreza laboral latente y evidenciada, Europa se encomienda a la tarea de buscar nuevos instrumentos que ayuden a sobrevolar las fluctuaciones del mercado, adaptarse a las transiciones, y frenar los choques, también en materia social. Toca renovar o, renovar.

Entra por tanto en el tablero de discusión, cómo mejorar los mecanismos antipobreza existentes, como el del Ingreso Mínimo Vital (IMV), también llamado Renta Mínima.

España ha sido pionera en impulsar un sistema de renta mínima (IMV) muy aplaudido fuera de nuestras fronteras, por lo que este tema podría desempeñar un papel relevante durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, en el segundo semestre de este año. Si bien todos los países europeos cuentan hoy con un sistema de renta mínima, existen grandes disparidades en cuanto al diseño y la aplicación de los mismos. La UE pone por tanto ahora el foco en la necesidad de adaptar estos sistemas nacionales, no solo para impulsar una mayor adecuación, sino también para asegurar su eficacia. Y es que, si la renta mínima nació para ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad o pobreza mediante un ingreso mínimo, no parece estar dando los resultados esperados: todos los sistemas actuales se sitúan por debajo del respectivo umbral nacional de pobreza y, en algunos casos, incluso por debajo del 20%. Es evidente pues, que el flotador diseñado para ayudarnos a ondear tiempos difíciles, necesita una inyección de oxígeno de manera global.

Los datos sobre la magnitud del problema de la pobreza en la Unión Europea, hablan por sí solos. Según Eurostat, ya en 2021, 95,4 millones de personas estaban en riesgo de pobreza o exclusión social en la UE, lo que equivale al 21,7% de la población europea. El riesgo de pobreza o exclusión social fue, ese mismo año, mayor para las mujeres que para los hombres (22,7% frente a 20,7%), y más de una quinta parte (22,5%) de la población europea con hijos a cargo, estaba en situación de riesgo de pobreza y/o exclusión social.

En vistas a cumplir con los objetivos fijados en la cumbre europea de Oporto de reducir el número de personas que viven en la pobreza o exclusión social en, al menos, 15 millones para 2030, resulta imprescindible mejorar los instrumentos de lucha contra la pobreza y, en concreto, los sistemas de renta mínima.

Consciente del incremento del coste de la vida, y de la necesidad de ayudar a millones de europeos a llevar una vida digna y pagar las facturas, el Parlamento Europeo aprobó el pasado mes de marzo en Estrasburgo, una resolución sobre rentas mínimas adecuadas, lanzando un claro mensaje: la necesidad de apostar por una directiva europea. Durante las negociaciones del texto, desde el grupo socialista defendimos la necesidad de impulsar normativa europea para contar con unos sistemas de renta mínima eficaces en Europa, que sirvan como red de seguridad y protección social.

La resolución aprobada por la Eurocámara, contiene además importantes recomendaciones relativas a la admisibilidad, accesibilidad o cobertura de las prestaciones. Entre otras muchas cuestiones, pide el aumento de los esquemas nacionales de renta mínima para alcanzar un nivel equivalente al umbral nacional de pobreza, o al valor económico de los bienes y servicios necesarios. También, la complementariedad con otro tipo de prestaciones sociales como la pensión por jubilación, desempleo o discapacidad, e incentivos para ayudar al acceso a un mercado de trabajo de calidad, importante para reducir el circulo de pobreza laboral, y velar por la obtención de trabajos decentes con unas buenas condiciones laborales. 

El texto contempla, asimismo, la posibilidad de percibir la prestación de manera individual dentro de un mismo núcleo familiar, y la eliminación de barreras para acceder a las ayudas, potenciando así un rastreo por parte de las administraciones para contactar a los potenciales beneficiarios. Con estas recomendaciones, se pretende prevenir situaciones de dependencia o violencia de género, y la eliminación del conocido problema de la non take-up, referido a personas que pudiendo pretender a la prestación, no la solicitan por falta de información, perpetuando así su condición de vulnerabilidad.

En tiempos convulsos, debemos dar ejemplo de solidaridad y apostar por una inversión en lo público. Unos sistemas de renta mínima bien diseñados pueden funcionar como instrumento estabilizador frente a choques económicos y sociales.

La Unión Europea explora la manera de avanzar hacia una reducción de la pobreza, a expensas de dar ese giro de tuerca que contribuya a eliminar las desigualdades.

El impacto social de la pandemia en el sector residencial de personas mayores ha abierto un debate sobre qué modelo de cuidados es necesario desarrollar para prevenir y atender las situaciones de dependencia. Las causas estructurales del impacto de la pandemia en la población de personas mayores son problemas acumulados no resueltos, como el envejecimiento de la población residencial, la elevada concentración en grandes residencias, la precariedad del empleo en el sector sociosanitario y un limitado control de la calidad de los servicios. El debate se ha extendido no solo a todo tipo de centros residenciales sociosanitarios, por ejemplo los de personas con discapacidad, sino que ha puesto sobre la mesa de la agenda política de la Unión Europea una tarea tradicionalmente pospuesta, pero cada vez más urgente: el desarrollo de un modelo de cuidados integral que garantice una atención de calidad en los cuidados de larga duración que, a su vez, sea asequible y sostenible para las personas en situación de dependencia, las personas que las cuidan y sus familias.  

El pasado día 7 de septiembre, la Comisión Europea presentó su propuesta para una estrategia europea de cuidados. En esta Comunicación al Consejo y al Parlamento, la Comisión realiza un diagnóstico correcto de la enfermedad, pero no alcanza a prescribir el tratamiento adecuado, que hubiese necesitado de una directiva ambiciosa y no solo un paquete de recomendaciones. 

Sin embargo, este embalaje de indicaciones y buenos consejos no tiene por qué caer en saco roto. La Comisión abre tímidamente las puertas a un nuevo modelo de atención cuyo diseño deja en manos de los estados miembros que tendrán que ir labrando, poco a poco, un nuevo camino. Es un primer paso fundamental en la aplicación del principio 18 del Pilar Europeo de Derechos Sociales y predice un cambio paradigmático en la forma en que se valora y organiza la atención de las personas dependientes. La propuesta, que ha sido elaborada respondiendo a las preocupaciones de la Conferencia sobre el Futuro de Europa sobre demografía, hace especial hincapié en los servicios basados en la comunidad, igualdad de género, conciliación laboral, inversión tecnológica, capacitación digital y primera infancia. 

La estrategia anima a adoptar un enfoque integrado y centrado en la persona, lo que implica mejorar la transición de la atención institucional a la atención domiciliaria y servicios basados ​​en la comunidad. Pero la desinstitucionalización solo puede tener éxito con la profesionalización de los cuidados, incluidos los servicios personales y domésticos, aplicando medidas que mejoren las condiciones de trabajo en todo tipo de entornos y abordando el trabajo no declarado. 

La estrategia reconoce que una fuerza laboral resiliente es la columna vertebral del sector del cuidado, pero la resiliencia requiere salarios dignos, niveles de dotación de personal seguros, revisión de las condiciones laborales, buena infraestructura, ayudas estatales, apoyo y formación para los cuidadores y otras medidas específicas que no parecen ser competencia de la Comisión y cuyo diseño se deja en mano de los Estados. 

Paralelamente es necesario proteger y apoyar el cuidado informal. Casi el 80% de los cuidados a largo plazo en Europa son asumidos por cuidadores informales, la mayoría mujeres En 2019 antes de la pandemia, alrededor de un tercio (32,6%) de las mujeres de 25 a 49 años que no formaban parte de la fuerza laboral indicaron que las responsabilidades de cuidados eran la principal razón para no buscar empleo, en comparación con el 7,6% de los hombres inactivos. Si bien la estrategia hace hincapié en la importancia de la igualdad de género y la conciliación laboral, deja de lado la situación de inmigrantes sin regularizar que trabajan en el sector de los cuidados. También deja fuera la cuestión de la interseccionalidad.

Sabido es que la transición digital ofrece múltiples oportunidades también para los cuidados, y la Comisión no pierde ocasión para señalarlo, pero la tecnología no puede ni debe reemplazar al ser humano, que se encuentra en el corazón del trabajo de cuidados. La tecnología de asistencia, teleasistencia, telesalud, inteligencia artificial y la robótica pueden mejorar el acceso a una atención asequible de alta calidad y servicios y ayuda para la vida independiente, especialmente en las zonas rurales, pero estas inversiones deben ir acompañadas de inversión en la formación de los cuidadores, no solo a nivel digital sino también (y sobre todo) en cuestiones de gestión emocional y capacitación psicológica para evitar situaciones como el abuso y el maltrato de las personas dependientes.

En esta línea, y aunque la salud mental parece ser fuente de preocupación para la Comisión Europea en su estrategia de cuidados, falta ambición en las propuestas concretas. En el informe aprobado recientemente por el Parlamento Europeo sobre salud mental en el entorno laboral digital, los socialistas señalamos la necesidad de que la estrategia de cuidados se complemente con una estrategia sobre salud mental a nivel europeo. Es el momento de tomarse esto en serio.

Junto con esta estrategia de cuidados, la Comisión presenta una recomendación del Consejo sobre la revisión de los objetivos de Barcelona, ​​que invita a los estados miembros a cumplir los objetivos revisados ​​de participación en la educación y el cuidado de la primera infancia, para 2030: al menos el 50% de los niños menores de tres años y al menos el 96% de los niños de 3 años hasta la edad de la escuela primaria obligatoria debe participar en la educación y el cuidado de la primera infancia. Los estados deberán hacer buen uso de la Garantía Infantil Europea para garantizar que esta atención llegue a los niños más necesitados con el fin de prevenir y combatir la pobreza y la exclusión social. Pero la Comisión no habla de la necesidad de universalizar la gratuidad de la enseñanza infantil para niños de entre 0 y 3 años a nivel europeo, de ofrecer flexibilidad a los padres y proporcionar subvenciones y cheques de guardería para aquellos que estén inscritos en centros privados. 

En definitiva, la Estrategia presentada por la Comisión recomienda pautas de acción que los estados deben trabajar diseñando paquetes de inversiones en materia asistencial, para ir perfilando una nueva economía de la prestación de cuidados que reconozca los cuidados como un derecho y los valore como la columna vertebral de nuestra sociedad. El desafío es enorme pues exige repensar el modelo sociosanitario y requiere una fuerte inyección económica para evitar que se resquebraje el estado de bienestar.

Debemos considerar los cuidados como un bien público, por lo que es necesario aumentar la inversión en cuidados y hacerlo de forma urgente. No olvidemos, volviendo al inicio de este artículo, que las precarias condiciones laborales de los cuidadores formales y la paupérrima calidad de los servicios sociosanitarios ofrecidos durante la pandemia, debido a privatización y mercantilización de los mismos, explican gran parte de las muertes por Covid en las residencias.

Desde hace algún tiempo, cuando se trata de abordar el lugar de las personas con discapacidad en la sociedad, la noción de inclusión ha dominado los debates. Una sociedad llamada “inclusiva” se adapta a las diferencias de la persona, va por delante de sus necesidades para darle todas las posibilidades de éxito en la vida. Por lo tanto, la inclusión requiere, para su plena aplicación, la movilización colectiva y la voluntad de los organismos sociales, políticos y económicos para lograr la integración de las personas más vulnerables.

Desde el inicio de la crisis de la COVID-19, han sido muchas las empresas que han demostrado su contribución social, no solo donando equipamiento médico y ayudando a los más desfavorecidos sino también invirtiendo grandes cantidades de dinero en la preservación del empleo y fabricando mascarillas, respiradores, geles y otros productos imprescindibles a nivel sanitario. Además, se han alzado voces para hablar del mundo después de la crisis. ¿Volverá todo a la normalidad? ¿Era aquella normalidad normal? ¿Es deseable volver a ese mundo de antes? ¿Podría surgir un mundo nuevo impulsado por el deseo de solidaridad? ¿Una nueva sociedad marcada por más ayuda mutua y tolerancia? ¿Un nuevo modelo económico?

Han pasado ya muchos años desde que las normas de Responsabilidad Social Empresarial daban sus primeros balbuceos y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU solicitaba el nombramiento de un representante especial para estos temas. Era imprescindible en aquellos momentos abrir a nivel europeo un ámbito explícito de reflexión y acción sobre derechos humanos en el mundo empresarial. Aún resonaban los ecos de Bhopal en los años ochenta, la masacre del pueblo Mapuche por la empresa hidroeléctrica Endesa o el desastre medioambiental en el Delta del Níger por los vertidos de la empresa holandesa Shell. Las grandes empresas, especialmente las multinacionales, querían demostrar lo responsables que se sentían más allá de la relación tradicional empresa-producto-cliente, pero seguía y sigue fallando la iniciativa de las grandes corporaciones en la distribución de los beneficios, (su responsabilidad fiscal), por lo que sus buenas acciones, consideradas a menudo meramente cosméticas, han sido objeto de todo tipo de críticas.

Entre las empresas privadas con sus normas de RSE y los sectores públicos, Stiglitz propone un tercer pilar que representa además una alternativa al modelo económico actual: la economía social. Este modelo formado principalmente por cooperativas y entidades sin ánimo lucrativo representan para el autor el modelo empresarial del futuro. Su virtud principal es que conjugan la eficiencia empresarial con la equidad en la distribución de los beneficios. La propiedad democrática de las cooperativas significa que la distribución de excedentes se hace de manera igual para cada asociado, en contraste con el mecanismo de distribución proporcional al aporte de capital de las sociedades anónimas y otras formas de empresas capitalistas. Además, es importante la aportación de la economía social como “fuente de innovación” de la que también se beneficia el resto de la economía, así como su capacidad de inclusión de los sectores más vulnerables de la población.

La estrategia de discapacidad aprobada por la Comisión el pasado 4 de marzo establece una serie de objetivos y legislación vinculantes de aquí a 2030 entre los que se incluye un plan de acción sobre economía social para mejorar el entorno propicio para las empresas sociales. Es importante aprovechar este impulso de la estrategia para fortalecer el lazo entre economía social y empresa inclusiva, pues el nivel de interacción entre el ámbito de la discapacidad y la economía social es aún insuficiente. A pesar de que se tiende a relacionar empresa inclusiva con economía social, esta relación está todavía lejos de ser una realidad. En España, por ejemplo, dentro de las empresas y entidades de la economía social, el 6,2% de los trabajadores tiene una discapacidad reconocida, un porcentaje muy superior al observado en las empresas mercantiles (1,7%).

Las empresas inclusivas pueden ser tanto sociales como mercantiles y, a pesar de la proximidad en valores y posicionamientos entre empresa inclusiva y economía social, se observa que el desconocimiento del ámbito de la discapacidad, en general, sigue siendo también una barrera a la contratación e incorporación del colectivo dentro de empresas con objetivos sociales.

Una economía en la que prevalece el interés privado por encima del público obstaculiza la innovación y la eficiencia para maximizar los beneficios de unos pocos. Un aumento de la democracia interna en las empresas no solo puede garantizar un entorno laboral más agradable, sino también más innovador y, con ello, una sociedad más innovadora en su conjunto. Son las entidades con una cultura socialmente responsable las que suelen traducir esta posición en una mayor representación de los colectivos que experimentan mayores cuotas de discriminación, como las personas con discapacidad. Por ello, es importante repensar la RSE para que deje un lugar real a la economía social e inclusiva en nuestra sociedad, acelerando la transición de la rentabilidad a la sostenibilidad y al bienestar social.

La Cumbre Social Europea prevista para mayo en Oporto es una gran oportunidad para materializar el principio 17 del pilar europeo de derechos sociales dedicado a la inclusión de las personas con discapacidad y poner por delante la economía social, estableciendo objetivos e indicadores concretos como el índice de desarrollo inclusivo que sustituya al ya obsoleto PIB y también indicadores de inversión en sistemas públicos de bienestar social.

El reconocimiento del derecho a la vivienda como derecho fundamental está vinculado a su consideración como una necesidad imprescindible para vivir con dignidad y seguridad, y desarrollar libremente la propia personalidad. Su vulneración pone en entredicho la integridad física y mental de las personas, su vida privada y familiar. La ausencia de una vivienda digna afecta a la salud y al medio ambiente, tanto en términos individuales como colectivos, y menoscaba el derecho a la educación, al desarrollo profesional e incluso a la participación en la vida pública. No es extraño, por ello, que la garantía del derecho a la vivienda aparezca vinculada, cada vez más, a la del derecho más amplio a un entorno urbano inclusivo, sostenible y democráticamente gestionado o, si se prefiere, al derecho a la ciudad. 

El derecho a la ciudad no es una propuesta nueva. El término apareció en 1968, cuando Henri Lefebvre escribió El derecho a la ciudad tomando en cuenta el impacto negativo sufrido por las ciudades en los países de economía capitalista, con la conversión de la ciudad en una mercancía al servicio exclusivo de los intereses financieros. Como contrapropuesta a este fenómeno, Lefebvre construye un planteamiento político para reivindicar la posibilidad de que la gente vuelva a ser dueña de la ciudad. 

Las ciudades reflejan la sociedad en la que vivimos y, en ese sentido, son un espejo de lo que somos. Una ciudad de arquitectura monolítica, granítica, es la proyección probablemente de una sociedad totalitaria. Mientras que una ciudad, como el París de 1968, en que hay barrios bohemios como el barrio latino, y otros aristocráticos, como los que rodean a los Campos Elíseos, refleja una sociedad que vota a De Gaulle pero en la que, al mismo tiempo, se prepara ya la futura explosión de Mayo del 68. Una ciudad como Viena, que sigue hoy en día encabezando la lista de la mejor ciudad del mundo para vivir, refleja una sociedad democráticamente gestionada y preocupada por el bienestar y el medioambiente. Varios factores sociales convergen en el diseño de su infraestructura: excelentes redes de transporte público y de abastecimiento de electricidad y agua, servicio sanitario y educativo de calidad y medidas eficaces para descongestionar la ciudad del tráfico y mejorar la calidad del aire…, sin embargo, todas estas políticas parecen ser ramificaciones posteriores de una longeva política social que se remonta a 1920 y que representa la columna vertebral de la ciudad: la política de vivienda.

Hemos asumido que el derecho a la salud y a la educación son parte integrante de nuestro sistema de políticas públicas, sin embargo, tratamos la vivienda como una mercancía más y usamos la ciudad como un objeto mercantil destinado al consumo y al turismo, privatizando espacios urbanos y permitiendo que cada noche 700.000 personas en Europa duerman en la calle. El resultado es, de un lado, ciudades fragmentadas social, económica y psicológicamente que llevan años sufriendo los efectos de la gentrificación y el turismo, y, de otro lado, sociedades cuyo ascensor social se halla paralizado (un niño de familia pobre, que pasa su infancia en una vivienda sobreocupada, necesitará 4,5 generaciones para llegar a alcanzar un nivel medio de ingresos). Que el turista, un ser que, por definición, no pertenece a la comunidad, sea concebido como el sujeto ideal de la arquitectura urbana, plantea desde luego un grave problema de orden político. Las plataformas digitales de alquiler temporal que están produciendo un aumento de los precios de la vivienda y un cambio en la composición de los barrios urbanos, sin crear una vivienda asequible u otros beneficios para la población local, deben ser sometidas a un estricto control normativo que proteja el derecho a la vivienda en nuestras ciudades. 

La Unión Europea atraviesa actualmente una importante crisis en el sector de la vivienda y el peligro real de un coste excesivo de la vivienda ya no solo afecta a los más desfavorecidos, sino también a una parte cada vez mayor del resto de la población. Más de un 15% de la población de la UE reside en viviendas sobreocupadas; más de un tercio de los ciudadanos europeos gasta en vivienda más del 40 % de su renta disponible, siendo esta proporción de la población superior a dos quintas partes en España (42,1%), y un total de once millones de «hogares» europeos -familias, parejas e incluso personas solas- carecen de un techo y viven en la calle, en albergues sociales o alojadas en casas de terceros. Además, solo en nuestro país, desde 2008, se han producido más de 1.002.000 desahucios. 

Ante este panorama, la Comisión Europea debe hablar con una sola voz y actuar en consecuencia. Para ello es necesario mirar a los diferentes modelos nacionales y adoptar las mejores prácticas. Las ciudades que mejor regulan el mercado de vivienda son aquellas que disponen de una oferta amplia de vivienda social. Por países, Francia es el país europeo que más invierte en vivienda social (500 000 hogares sociales al año). Holanda es el país donde hay más personas en viviendas sociales (33%). En Suecia no se necesita vivienda social ya que los alquileres son gestionados por los municipios y son propiedad del estado o por empresas sin ánimo de lucro cuyo objetivo es asegurar el acceso a la vivienda para todo el mundo independientemente de la edad, el género o los ingresos. España sin embargo ofrece uno de los panoramas más desoladores de la UE en esta materia, consecuencia principalmente de la mala gestión del gobierno del partido popular y los devastadores efectos de la crisis financiera que reventó la burbuja inmobiliaria en 2008. Entre 1997 y 2007, durante el gobierno del partido popular, los precios de la vivienda subieron hasta la escalofriante cifra de 232% y la construcción casi se detuvo: mientras se otorgaron 727,893 permisos de construcción en 2006, en 2011 el número era de apenas 77,700 según datos del Ministerio de Fomento. A partir de hoy, hay una gran cantidad de viviendas vacías, la mayoría de las cuales son propiedad de bancos y nuestro país sigue estando a la cola en la construcción de viviendas sociales (un 2%).

Está claro que no existe una sola respuesta para luchar contra la falta de vivienda asequible, sino que la receta se tiene que completar con diferentes medidas. Los socialistas en el Parlamento Europeo hemos incluido, en el informe que está elaborando la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales sobre Acceso a Viviendas Asequibles y Decentes, algunas medidas concretas: aumentar la vivienda social y apostar por un nuevo concepto de vivienda social accesible para todos (no solo los grupos vulnerables), apoyar firmemente a nivel europeo el programa Housing First para combatir el sinhogarismo, excluir a nivel europeo el gasto social de las reglas fiscales, mejorar los indicadores sociales de vivienda del semestre europeo, mejorar la información a nivel local sobre acceso a fondos europeos para vivienda, apostar por la economía circular en el sector de la construcción,  y medidas eficaces para combatir la pobreza energética y garantizar la provisión de servicios básicos a todos los hogares y, sobre todo, medidas firmes para parar los desahucios. 

La actual pandemia de COVID-19 ha puesto en evidencia la importancia de la vivienda para la salud y el bienestar. El principio del que debe partir la Comisión Europea es que la vivienda, como derecho fundamental, no puede ser un elemento de especulación y, en este sentido, hacen falta operadores públicos que se puedan desmarcar del mercado y ofrecer alternativas reales a la configuración de las ciudades “inteligentes” del futuro y que sean los propios ciudadanos quienes decidan sobre cómo transformar su ciudad y cómo transformarse como sociedad a través de ella. 

Según la  OCDE en el año 2100, el 85% de los 11.000 millones de habitantes del planeta vivirán en ciudades. Creo que tenemos pues un gran desafío en la era de las ciudades y es el de optar por una de las dos posturas siguientes: o seguimos reafirmando nuestras creencias ciegas en el poder del crecimiento económico y la suposición tácita de que los beneficios de tal crecimiento, sinónimo de progreso, llegarán poco a poco a los pobres y harán de las ciudades un lugar habitable, o las ciudades se han de esforzar por lograr un verdadero desarrollo social subordinado a los valores de equidad social, sostenibilidad ecológica, eficiencia económica, la participación política,  pluralismo e integración cultural. Los socialistas europeos optaremos desde luego por el segundo reconociendo que la ciencia y la tecnología son un proceso social entre otros, por lo que rechazaremos una política urbana enraizada en la mistificación del destino tecnológico y apostaremos, hoy más que nunca, por su destino social. La tecnología y la sostenibilidad marcarán el futuro de las ciudades inteligentes, que contarán con mejores infraestructuras y avanzadas conexiones para un mayor desarrollo medioambiental y económico. Pero esperemos que la ciudad digital del futuro no sea solo un reflejo de la inteligencia artificial sino también el reflejo de una verdadera inteligencia social capaz de realzar las capacidades humanas.