La Unidad de Salud Mental Comunitaria de Osuna representaba a las claras el éxito en la gestión pública de la sanidad, descentralizada y enfocada en un servicio cercano para la ciudadanía. Un modelo por el que Andalucía llevaba apostando décadas y que, ahora, se está dejando caer por parte de la clase política dirigente en nuestra comunidad autónoma.

En el nacimiento y consolidación de aquella Unidad de Salud Mental, ubicada en el Hospital de Osuna y cerrada ahora desde el pasado 30 de diciembre, fueron partícipes activos los Ayuntamientos de la comarca de la Sierra Sur, con sus alcaldes y alcaldesas al frente, respaldados por profesionales sanitarios de esos municipios que, generosamente, dieron mucho más que lo que se les exigía desde su puesto de responsabilidad.

De ahí surgió una Unidad que ha sido, durante mucho tiempo, modelo para la implantación de las políticas de salud mental. Porque dicho servicio no terminaba en la planta del hospital. Lejos de eso, los Ayuntamientos implicados y el propio área sanitaria consiguieron habilitar incluso viviendas aledañas al centro sanitario, para ofrecer atención personalizada a los pacientes.

El desmantelamiento sanitario que llevó a la Junta a no renovar a 8.000 profesionales de la salud en octubre conduce también al cierre de la unidad de Salud Mental en el hospital de Osuna; después de que los sindicatos lleven meses denunciado gestión ineficaz del servicio y, principalmente, una desidia institucional que con su inacción ha permitido que la Unidad pase de contar con 12 psiquiatras a solo 4, lo que ha provocado su cierre.

Ahora, el relato oficial es que no se encuentran psiquiatras para prestar el servicio, pero el viejo arte de la inacción política como artimaña para precipitar los acontecimientos es realmente la causa del desmantelamiento de la unidad de salud mental en Osuna.

La Consejería de Salud pretende hacernos creer que la creación de macroáreas sanitarias es buena para ciudadanos y profesionales, cuando centrales sindicales denuncian que el análisis de la situación pone en evidencia justamente lo contrario

Porque el problema de raíz no es que ahora no se encuentre personal cualificado, sino que la plantilla existente ha estado sometida a unos niveles de presión asistencial y de estrés laboral que han provocado bajas y vacantes, hasta llegar a la situación actual, con las tres últimas bajas de psiquiatras en el mes de diciembre.

Y la realidad sanitaria que se deja atrás es la de una población objetivo de 170.000 habitantes que, si se encuentra con un problema de salud mental, tendrá que desplazarse entre 80 y 120 kilómetros hasta los hospitales de Valme o El Rocío para ser atendida. O lo que es lo mismo, todo lo contrario a lo que necesitan y requieren estos perfiles de actuación sanitaria. Porque en estos casos, son cruciales la rapidez y la cercanía al entorno familiar, junto a un importante trabajo a nivel comunitario, con servicios sociales, asociaciones o escuelas de trabajo. Todo eso se va al traste, imposibilitando el trabajo con los pacientes cerca de sus casas y en su red de apoyo habitual.

En definitiva, lo que está ocurriendo con la unidad de Salud Mental en el Hospital de Osuna no es más que otro ejemplo de cómo el Gobierno de Andalucía desteje silenciosamente la red sanitaria que, durante décadas, ha intentado establecer un trato cercano, directo y personalizado con los pacientes a lo largo y ancho de nuestra geografía. A eso respondía la construcción de Centros Hospitalarios de Alta Resolución y Especialidades en numerosas comarcas, por ejemplo, y las unidades como la que ahora nos ocupa.

Frente a eso, hoy la Consejería de Salud pretende hacernos creer que la creación de macroáreas sanitarias es buena para ciudadanos y profesionales, cuando centrales sindicales como SATSE denuncian que el análisis de la situación pone en evidencia justamente lo contrario.    

En definitiva, el cierre de la Unidad de Salud Mental en Osuna, como botón de muestra, nos deja preguntas de fondo: por qué no se ha actuado antes, por qué no se llevan a cabo medidas para dotar a los hospitales comarcales de plantillas adecuadas y por qué no se incentiva al personal sanitario para que puedan cubrirse las vacantes en las zonas más rurales.

Esa es la línea, por ejemplo, del pacto que el Secretario General del PSOE-A; Juan Espadas, acaba de ofrecer al presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, una modificación presupuestaria que permita la readmisión de los 8.000 profesionales sanitarios despedidos por el gobierno andaluz en octubre y la continuidad de los 12.000 que finalizan su contrato en marzo.

A estas alturas, seguir empeñados en ocultar el desmantelamiento progresivo de la sanidad pública andaluza se antoja tarea difícil para el gobierno de nuestra comunidad. Bien harían en reconocerlo, y en devolver el derecho sanitario pleno a los vecinos y vecinas de todos los pueblos de nuestra tierra.

Bien sabemos que, en derecho constitucional, llamamos interés general al concepto que resume las funciones de los poderes públicos y que trascienden los intereses concretos de ciudadanos o grupos. Es decir, que en aras de ese interés general, las administraciones deben velar por que sus actos beneficien siempre a una amplia mayoría de los ciudadanos.

Y me gustaría abordar, bajo esa óptica, el acuerdo que alcanzaron la FEMP y el Gobierno de España para que las entidades locales pudiesen utilizar sus superávits y remanentes. Un documento que actualmente se tramita en el Congreso para su convalidación y que está siendo cuestionado desde algunos grupos políticos en clave partidista, principalmente por el PP.

Para empezar, es necesario señalar que existe un doble interés general cuando el Gobierno propone como opción voluntaria ceder los remanentes de las corporaciones locales y, a la vez, permite usar parte de los mismos, de forma anual, en inversiones provinciales y municipales de carácter social, cultural y de agenda urbana sostenible. Ahí, el doble interés general reside en que las Cuentas del Tesoro Público reciben recursos financieros -que luego son devueltos íntegramente- y, a la vez, se permite a Ayuntamientos y Diputaciones hacer uso de unos remanentes que estaban encorsetados por la Ley de Estabilidad -que promulgó el PP y que obligaba a mantener los ahorros en los bancos, sin poder ser usados en su totalidad y con gastos de mantenimiento-.

Y es precisamente en esa apertura a la posibilidad de usar e invertir los fondos que las entidades locales tienen ahorrados lo que, de nuevo, atiende al interés general en cuanto a la repercusión y amplitud territorial de la norma. Porque tampoco podemos olvidar que esa licencia para usar superávit y remanentes alcanza a más de 7.800 ayuntamientos y Diputaciones de los 8.131 que hay en España, que son los que presentan remanentes positivos de tesorería en la actualidad.

Solo en torno a 300 son los Consistorios que tienen remanente de tesorería negativa y, de todos ellos, unos 90 presentan unas finanzas en estado crítico. Y para ellos también tiene sitio el acuerdo entre la FEMP y el Gobierno que ahora pasa por el Congreso. Porque ese documento arbitra soluciones de financiación para esas arcas locales que se encuentran en una situación más delicada.

Incluso existe ese interés general en la voluntad del ejecutivo que preside Sánchez cuando, en el acuerdo, se establece que Ayuntamientos y Diputaciones podrán participar de forma directa en el fondo de Recuperación que llegue desde la UE para hacer frente a la crisis actual.

Frente a todo esto, la propuesta que han formulado en estos días una minoría de Ayuntamientos españoles para repartir desde el Gobierno los 5.000 M€ a las entidades locales por criterios de población no atiende a ese interés general del que venimos hablando. No lo atiende por varias razones. Primero, porque repartir los fondos de esa manera sería generar insolidaridad con la inmensa mayoría de municipios españoles, que son los que tienen remanentes de tesorería positivos. Y segundo, porque esas ciudades que reclaman un reparto por habitantes no son precisamente las mismas localidades que han ahorrado durante estos años con tanto esfuerzo.

No podemos dejarnos llevar por un discurso insolidario en el seno municipalista porque, desde siempre, nuestra fortaleza ha sido remar al unísono durante toda la democracia.

Hay un grupo mínimo de alcaldes y alcaldesas que no están de acuerdo con este RDL, pues exigen que el reparto de los 5.000 M€ se haga por criterio de población. Si se tiene en cuenta este criterio, se favorece a los municipios de mayor población frente a los de menos. Es decir, que esa minoría pretende un acuerdo que favorezca solo a unos cuantos.

Además, es curioso que ese mismo grupo de primeros ediles exige distintos criterios según el apartado del RDL. Para el reparto de los 5.000 M€ exigen criterio poblacional pero para el reparto del fondo para transporte público piden que se tengan en cuenta las pérdidas obtenidas a causa del coronavirus.

Incongruencias, por tanto, más disonantes aún si tenemos en cuenta que los grupos políticos que gobiernan esos Ayuntamientos presentaron un escrito en el Congreso solicitando no aplicar el techo de gasto, poder hacer uso del superávit y participar en fondos europeos -cuestiones todas recogidas en el Real Decreto Ley-, pero nunca solicitaron el uso de los remanentes positivos, que también se recoge en el acuerdo. Por tanto estamos ante una solución que va más allá incluso de las demandas iniciales de los grupos políticos que, ahora, quieren hacer bandera en contra de ese acuerdo entre la FEMP y el Gobierno.

En definitiva, la voz de una minoría, no por ello menos respetable, debería suavizar su tono y facilitar que la inmensa mayoría de localidades de España pueda invertir aquellos recursos financieros propios que fueron capaces de generar desde 2013, año tras año. No podemos dejarnos llevar por un discurso insolidario en el seno municipalista porque, desde siempre, nuestra fortaleza ha sido remar al unísono durante toda la democracia.

Lejos de eso resulta vital, urgente para los muncipios, para la ciudadanía, poner en marcha las inversiones que permite el RDL. No sería justo que unos cuantos bloqueasen la mayor inyección económica de la que va a disponer el municipalismo en muchos años.

Se hace necesario, por tanto, un ejercicio de generosidad en aras del interés general al que atiende el Real Decreto Ley que tramita el Gobierno en el Congreso. Un gesto de unión municipalista para que, como ocurrió en la Transición y en otros muchos momentos de la historia reciente, los Ayuntamientos y Diputaciones seamos piezas clave en la recuperación, el avance y el progreso de este país.