El gobierno de coalición, que gobierna con minoría parlamentaria, nos tiene acostumbrados a actuar como si gobernara con mayoría absoluta, asumiendo que los grupos de la oposición le acabaremos convalidando todos los decretos. Pero con el decreto que regula el uso del superávit de los ayuntamientos, los ahorros que deberían servir para ponerlos a disposición de la gente que tanto está sufriendo en esta crisis sanitaria, económica y social, no ha calculado bien la fuerza del municipalismo.

Conceptualmente se hace muy difícil para cualquier alcalde explicar que los ahorros generados en los últimos años no se podrán utilizar para ayudar a los vecinos y las vecinas de su pueblo o ciudad en un momento de máxima excepcionalidad, o para garantizar la cadena de pagos a pymes, autónomos, etc., sino que se enviarán al Gobierno central. Ahorros que, cabe recordar, se han generado a base de no poder atender muchas necesidades que ya existían previamente y que ahora se acentúan. No es que los ayuntamientos hayan generado ahorros porque van sobrados de financiación, más bien al contrario, esta es otra asignatura pendiente. Los ahorros se han generado debido a unas imposiciones estatales que han limitado la capacidad de los ayuntamientos de dar respuesta a las necesidades sociales en ámbitos tan sensibles como la vivienda.

Muchos de los diputados y diputadas que formamos parte de esta cámara legislativa hemos tenido en algún momento responsabilidades en la política y la gestión municipal. Por eso conocemos muy bien las necesidades de los ayuntamientos y las dificultades que se encuentran con unas leyes estatales que condicionan enormemente su margen de actuación. Es lo que ha pasado los últimos años con la reforma del artículo 135 de la Constitución y con las posteriores leyes Montoro, que imponían un modelo de gobernanza pública basado en la austeridad, concretamente en imponer esta austeridad a las autonomías y a los consistorios.

Desde Esquerra Republicana llevamos años insistiendo en aprovechar la actual correlación de fuerzas para revertir algunas de las disposiciones que más afectan a los ayuntamientos. Con el inicio de la pandemia consideramos oportuno intensificar esta demanda, previendo que el impacto económico sería de gran magnitud y los ayuntamientos deberían salir al rescate de las familias y también del tejido económico local, muy perjudicado por los diferentes períodos de confinamiento.

Pero nos hemos encontrado que el gobierno de coalición no tiene ninguna intención de modificar el marco normativo diseñado por el exministro Montoro (ni la Ley de Estabilidad Presupuestaria ni mucho menos el artículo 135 de la Constitución). Y como “solución” nos plantean que los ayuntamientos cedan sus ahorros al Estado en forma de préstamo, por lo que el Estado los irá devolviendo durante 15 años en forma de transferencias, que podrán ser dispuestas sin las limitaciones de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Ante la negativa rotunda del municipalismo, la ministra Montero puso a disposición de los ayuntamientos un fondo Covid extraordinario al que sólo podrían acceder los ayuntamientos que tengan ahorros y los cedan al Estado. Injusto, ineficiente e insolidario.

Llegados a este punto de oposición unánime, lo mejor que puede hacer el gobierno de coalición es aceptar la derogación del actual decreto de los remanentes y proponer de urgencia un nuevo decreto que dé soluciones a todos los ayuntamientos.

Este nuevo decreto debe mantener el fondo Covid de 5.000 millones de euros, pero desvinculado de la cesión de los remanentes, de manera que todos los ayuntamientos puedan acceder en base a criterios de población y de afectación social y económica. También debe garantizar la libre disposición de superávits y remanentes, es decir, que estos recursos se puedan reinvertir allí donde se han generado. Y es imprescindible que de, manera excepcional para los años 2020 y 2021, los ayuntamientos puedan incurrir en déficits puntuales sin estar sujetos a las consecuencias que recoge la Ley de Estabilidad Presupuestaria. 

También es necesario que aquellas ciudades con pocos ahorros pero que disponen de capacidad financiera, como es el caso de Barcelona, ​​puedan recurrir al endeudamiento para abordar los retos de la recuperación económica y social. Por último, debería garantizarse la participación de las entidades locales en el fondo de recuperación económica de la Unión Europea vinculado a proyectos transformadores, como la transición ecológica y la digitalización de la economía.

Pedimos la aprobación urgente de un nuevo decreto que mantenga los elementos positivos de la actual e incorpore los puntos expuestos anteriormente. Será la manera más rápida de dar soluciones a los ayuntamientos y de sumarse al consenso municipalista del que finalmente sólo ha quedado fuera el PSOE.

Con todo, nosotros seguiremos insistiendo en la necesidad de revertir el marco de austeridad levantado por el PP, porque si nos dicen que no se puede seguir gobernando con los presupuestos de Montoro, la coherencia nos diría que tampoco se ha de poder seguir gobernando con las leyes austericidas de Montoro.

Joan Margall es diputado del Grupo Republicano en el Congreso

Jordi Martí es senador de Esquerra Republicana – EH Bildu