Lo que ha sucedido en el campamento de Bernedo no es una excepción ni un hecho puntual. Es una historia más —una entre muchas— de violencia y desprotección que viven niñas, niños y adolescentes en espacios que deberían ser seguros. Es el reflejo de un sistema que, demasiadas veces, falla en lo esencial: prevenir, proteger y escuchar.

Las denuncias de las familias, los testimonios de menores y la respuesta institucional no solo evidencian que realmente en la práctica la protección a la infancia no ha sido una prioridad. Cualquier actividad que involucre a la infancia debería desarrollarse en un entorno que cumpla con unos requerimientos mínimos exigidos por las entidades o instituciones públicas correspondientes. Los hechos recientemente conocidos revelan no solamente un entorno inseguro durante la celebración de los campamentos de verano, sino que evidencian esa falta de exigencia y seguimiento institucional necesario.

Siguen existiendo muchas situaciones de violencia contra la infancia en nuestra sociedad. Y sigue habiendo muchas violencias que no se denuncian. Algunas porque se han normalizado tanto que ya no se reconocen como tales. Otras porque duelen demasiado, porque cuesta ponerles palabras, porque el miedo o la vergüenza las silencian. Y muchas porque quienes las sufren no encuentran personas adultas que les escuchen, que les crean, que les protejan y las acompañen en un proceso que no es sencillo.

Algunas reflexiones concretas sobre el caso de Bernedo desde una perspectiva de derechos de infancia:

1. Falta de supervisión institucional. Ninguna administración vasca supervisó la actividad del campamento previamente a su celebración, ni dió seguimiento a situaciones previamente denunciadas. Y esto es grave. La legislación estatal y autonómica exige vigilancia activa en cualquier espacio en el que se trabaje con personas menores de edad. No cumplir con la obligación de supervisar en el fondo es una forma de permitir.

2. Prácticas que vulneran la intimidad y el pudor. Duchas mixtas obligatorias, monitores desnudos, juegos humillantes como chupar dedos o cocinar sin ropa… No son dinámicas educativas. Son acciones que violentan y que pueden dañar el bienestar de un niño, niña o adolescente. La ley lo dice claro: hay que proteger la intimidad, la integridad física y moral, y evitar cualquier trato degradante.

3. Falta de intervención preventiva. Alguna educadora o educador de varias personas menores de edad en situación de protección foral en Gipuzkoa conoció por boca de alguna de ellas las situaciones de agresiones vividas en ediciones anteriores del campamento. Se avisó a la Ertzaintza hace un año y se comenzó un periodo de investigación sin que se tomase ninguna

4. Ausencia de comunicación interinstitucional y exposición a riesgos. Si algún departamento de alguna institución pública tenía conocimiento de esta realidad y se había presentado denuncia a la Ertzaintza, llama la atención de que no se comunicará internamente dentro de la institución, ni se hiciese externamente a otras administraciones que pudieran estar concernidas. Todo ello con un único fin y es que mientras hay abierto un proceso de investigación ante supuestas situaciones de agresiones sexuales, hubiese sido fundamental establecer alguna medida provisional para no celebrar este campamento con la entidad y personas que están en investigación. Dicha ausencia de una medida provisional ha podido suponer exponer a riesgos a las personas menores de edad que han acudido en posteriores ediciones.

5. Ausencia de protocolos de protección. No había canales seguros para que las personas menores de edad pudieran contar lo que vivían y les dañaba de una manera inmediata dentro del campamento. ¿Había nombrado oficialmente una persona responsable de protección a la infancia en la entidad? ¿Todos los monitores/as contaban con el certificado negativo de delitos sexuales al día? Son preguntas que quedan en el aire.

6. Normalización de dinámicas violentas. Juegos que simulan persecuciones con palos, agresiones como lanzar cazuelas, control físico… No son parte de un entorno educativo. Normalizar situaciones de violencia vistiendolas de procesos educativos que se ofertaban a la infancia no solamente es condenable, sino que puede sustentar otros tipos de violencia escalables.

¿Qué deben exigir las familias? Para que un campamento sea realmente protector, las familias pueden fijarse en:

La implementación real de las leyes que protegen a la infancia como escudo protector.

La LOPIVI, la Ley Vasca de Infancia, la estrategia vasca para la erradicación de la violencia contra la infancia no son solamente textos legales. Deben ser herramientas para prevenir, detectar y actuar ante cualquier forma de violencia. Las familias deben exigir su cumplimiento. Las instituciones deben garantizar. Y las entidades que trabajan con menores deben respetarlo.

Lo ocurrido en Bernedo (aunque no sea desgraciadamente excepcional) debe servir como punto de inflexión para la implementación verdadera de medidas de seguimiento y fiscalización de las actividades en las que participan personas menores de edad por parte de las Administraciones Públicas. Todas las actividades que proliferan especialmente en verano, vacaciones o aquellas actividades extraescolares donde la infancia invierte gran parte de su tiempo deben cumplir con unos requerimientos mínimos en materia de protección a la infancia. Y cumplir con ellos debería ser condición sine qua non para su celebración.

Porque proteger a la infancia no es una opción: es una obligación legal, ética y humana.

Y una verdad incómoda que no podemos ignorar.

Hay muchas violencias que no se denuncian. No porque no duelan, sino porque duelen demasiado. Porque a veces se disfrazan de juego, de costumbre, de “así se ha hecho siempre”. Porque hay niñas, niños y adolescentes que no saben cómo contarlo, que no encuentran a quién, o que temen no ser creídos.

Y también porque hay agresiones tan profundas, tan invasivas, que cuesta incluso ponerles palabras. El silencio no siempre es olvido. A veces es miedo. A veces es protección. A veces es supervivencia.

Por eso necesitamos entornos donde la infancia se sienta segura para hablar. Donde haya adultos que escuchen sin juzgar. Donde cada gesto, cada mirada, cada palabra construya confianza. Porque solo así podremos ver lo que hoy permanece oculto. Y actuar antes de que sea demasiado tarde.

El fútbol, una pasión compartida por millones en todo el mundo, es un terreno donde las actitudes machistas han persistido durante décadas, muchas. Todavía hoy se cuestiona la valía del Fútbol Femenino, ¡cuánto señoro! A pesar de los avances en igualdad, la cultura deportiva sigue siendo un reflejo de desafíos más amplios en cuanto a género y poder. El reciente episodio de Rubiales hacia Jenny Hermoso no solo es un ejemplo del machismo imperante y del 'pormishuevismos', sino también una oportunidad para reflexionar sobre los mensajes que transmitimos a través del deporte y el impacto en las mujeres, tanto dentro como fuera del campo. 

Es innegable que las actitudes machistas arraigadas en la sociedad se manifiestan con frecuencia en el mundo del fútbol. El incidente de Rubiales tocándose despectivamente los genitales mientras estaba en el palco ejemplifica no solo una acción inapropiada y degradante, sino también un patrón de masculinidad tóxica. Si a esa expresión tan 'pormishuevismos' unimos el beso “sin consentimiento” estamos ante un 'señoro'. No voy a entrar en todo tipo de detalles, ya se ha hablado mucho de esto. Pero sí de como funciona el modus operandi del machismo: el victimario se victimiza, acusa a la víctima, cambia el discurso para decir que le dijo “Jenny, un piquito?” y revictimiza a esta, señalándola.  Estos actos refuerzan la idea de que, ante la denuncia de comportamientos machistas, la respuesta común es la negación y la inversión de roles, donde el victimario se convierte en víctima y la víctima es culpabilizada.

Este hecho machista y asqueroso de Rubiales hacia Jenny Hermoso ha arrojado luz sobre esta problemática persistente. Lo siento Jenny por lo que estás pasando, pero además de decirte que no estás sola, te doy las gracias por todo lo que se ha visibilizado en torno al mundo del deporte y las masculinidades tóxicas y machistas. Hablamos de Rubiales, figura de poder en el fútbol español, sí hablo de poder porque no hablarlo sería no entender todo lo que está sucediendo ya que hay que ser fuerte y estar muy bien arropada para enfrentarte a semejante personaje. 

Es relevante destacar cómo estas actitudes se conectan con mensajes más amplios que se envían a los hombres y a las mujeres en la sociedad. A menudo, la idea de que “hacer lo que quieras, independientemente del consentimiento”, se normaliza en diferentes contextos, incluido el deporte. Esta mentalidad perpetúa la noción de que el poder otorga licencia para actuar sin restricciones, obviando por completo el respeto fundamental hacia el espacio y la autonomía de las demás. Además, la cultura en torno a las deportistas jóvenes también merece un examen profundo. La influencia que ejercen los entrenadores y las figuras de autoridad sobre las menores puede ser enormemente poderosa. El mensaje implícito de que se les puede tocar o besar sin su consentimiento, debido a esta desigual relación de poder, es alarmante y problemático. Esto no solo socava la integridad de las jóvenes deportistas, sino que también perpetúa la idea de que su valor se encuentra en función de su apariencia y su capacidad para ser objeto.

En este contexto, la respuesta de los líderes deportivos, de los jugadores, las instituciones y de la sociedad en general cobra una importancia crítica. Es un bochorno que el 'pormishuevismo' de Rubiales y su negativa a dimitir no hayan provocado su expulsión inmediata. Esta inacción envía un mensaje claro de tolerancia hacia el machismo en el deporte en particular y en la sociedad en general. Las instituciones deben asumir la responsabilidad que tienen y aplicar de urgencia las Leyes que nos protegen de situaciones como esta.

No me gustaría acabar sin comentar el papel de futbolistas “masculinos” en la denuncia de estas actitudes. La complicidad del silencio solo perpetúa la cultura machista arraigada en el deporte. La decisión de figuras como Borja Iglesias de dejar la selección hasta que se implementen cambios reales es un acto de solidaridad y responsabilidad que debería ser ejemplo para muchos. 

En conclusión, el incidente entre Rubiales y Jenny Hermoso no es un caso aislado, sino una ventana a un problema más amplio. Es un llamado a la acción para la transformación de la cultura deportiva. El fútbol tiene el poder de ser una plataforma para la igualdad y el respeto, pero solo si se enfrenta de manera valiente a las actitudes machistas arraigadas y se establecen nuevas normas que reflejen los valores de inclusión y equidad que todas merecemos.

Por cierto, un saludo a todos los que aplaudís a este 'señoro'.

El 31 de mayo de 2019, en el Parlamento Vasco decía: “Nos sentimos realmente satisfechas con el acuerdo unánime que vamos a firmar en el día de hoy. Porque hoy, en el Parlamento Vasco, vamos a dar un gran salto cualitativo, sin precedentes, en la forma en que el abuso sexual infantil y de alguna manera todas las violencias sexuales son tratadas en la agenda política vasca”. Ese día se aprobaba la realización de una “ponencia para la realización de un estudio que brinde propuestas para la prevención, verdad y reparación en los casos de abusos sexuales contra menores”. ¡Qué ilusa fui! Lo que parecía un gran avance para la prevención, la memoria, la verdad y la reparación de la violencia sexual contra la infancia y adolescencia, lo que suponía reconocer la vulneración de derechos humanos que sufren nuestras y nuestros menores, quedó en nada.

En el camino por avanzar hacia una sociedad más justa, más igualitaria, por construir y defender una convivencia democrática y una sociedad basada en la defensa de los derechos humanos y la paz, es absolutamente imprescindible que afrontemos todas la violencias, que son bases ideológicas, culturales y simbólicas que se producen en nuestra sociedad contra aquellos que están en situación de mayor vulnerabilidad. Y la violencia sexual contra la infancia y adolescencia es una de las formas de esas violencias que por motivos culturales, simbólicos e ideológicos atraviesan a toda la sociedad. Hoy en día y gracias a la voz que están alzando las víctimas de violencias sexuales parece que las instituciones, los gobiernos y los partidos están empezando a ponerse las pilas. Instituciones, públicas y privadas, que han estado mirando a otro lado, que no han sabido o no han querido poner los mecanismos necesarios para prevenir y proteger a nuestras niñas, niños y adolescente frente a las violencias que sufren.

El Parlamento Vasco debería pedir perdón, perdón por haber tenido la oportunidad de escuchar a más de veinte víctimas que en su momento estaban dispuestas a acudir a la ponencia y contar cómo se han sentido en los procesos de denuncia y qué carencias tiene el sistema. Se acabó la legislatura y más de dos años después todavía no se les ha llamado, ni se les ha dado ningún tipo de explicación, lo que ha supuesto para muchas y muchos una nueva revictimización, una decepción más.

Los casos públicos sobre violencia sexual que estamos viendo últimamente son solo la punta del iceberg. Se estima que una de cada niñas, niños y adolescentes han sido víctimas, están siendo víctimas de violencia sexual, lo que significa que todas y todos conocemos seguramente, al menos, a un o una menor que está sufriendo violencia sexual, lo que significa que todas y todos conocemos a algún agresor y esta vergonzosa y horrible situación que sufren las y los menores hay que afrontarla con valentía y poniendo los recursos necesarios para prevenir, proteger y reparar a nuestra infancia y adolescencia.

El Parlamento Vasco debería pedir perdón por haber tenido la oportunidad de escuchar a veinte víctimas que en su momento estaban dispuestas a acudir a la ponencia y contar cómo se han sentido en los procesos de denuncia y qué carencias tiene el sistema

Como sociedad tenemos que mirarnos al espejo sin engaños. Hay que cantarse las verdades. Pero no para lamentarnos, sino para afrontarlas con responsabilidad. Toca pedir perdón por no haber llegado a tiempo, por ir lentos y toca pedir perdón por no haber escuchado a las víctimas; invito a todas las instituciones a empezar por ahí, al Parlamento Vasco también. Esto no es cosa de algunas personas enfermas. No son episodios aislados, esto está más extendido de lo que nos gustaría. La violencia sexual infantil forma parte de una violencia estructural, y no puede ni debe quedar enterrada en el pasado, ya que en la actualidad también se están dando casos y no puede ni debe quedarse escondida en la privacidad del hogar, del equipo de fútbol, del colegio, etc.

El 25 de noviembre es el día contra la eliminación de todas, absolutamente todas, las formas de violencia contra las mujeres por el mero hecho de serlo.

Estos días hemos tenido noticia de que dos mujeres, dos amigas, dos hermanas han sido agredidas por sus parejas en Gasteiz y Donostia respectivamente, dos más. Estas agresiones me han conectado con lo que decía el Lehendakari Urkullu hace unos días. Pedía a la sociedad que “esté atenta” a las mujeres que puedan sufrir violencia machista porque estas mujeres necesitan “ayuda, colaboración y compromiso”. Es curioso que quien gobierna pida ayuda y no sea él quien pegue un puñetazo sobre la mesa y ponga las herramientas de ayuda necesarias y que estas no revictimicen a las víctimas, que pida colaboración y que no veamos colaboración alguna con mujeres expertas en la materia, víctimas supervivientes y movimiento feminista para ir a la raíz del problema y es curioso que pida compromiso a la sociedad y que no veamos, por parte de su gobierno, un compromiso transversal, global y real en todas la políticas de este gobierno y con los recursos necesarios para poner fin a esta vulneración de Derechos Humanos que nos acaba matando.

Este 2020 está siendo un año extraño, diferente, donde nuestras libertades se han visto mermadas por una pandemia mundial. También está siendo el año en el que miles de mujeres, niños, niñas y adolescentes han sido obligadas a permanecer secuestradas en la cárcel de las violencias. En sus casas, sin salir, conviviendo de forma permanente con su agresor. El Covid-19 y las violencias machistas han resultado ser una combinación muy peligrosa. Desde la OMS ya se alertó sobre esta combinación e instó a los gobiernos a tomar medidas urgentes para la prevención y asistencia de las víctimas.

Durante los meses de confinamiento disminuyeron las demandas judiciales y los arrestos fruto de las limitaciones que tenían las mujeres para poder denunciar y solicitar ayuda ante las violencias. Las mujeres han estado obligadas a convivir con sus agresores, sin contacto con el exterior y sin opciones para poder denunciar su situación. Durante el estado de alarma las peticiones de asistencia a víctimas de violencias machistas, en el estado español, se elevaron a 29.700, un 57,9% más que el año anterior. El incremento de las llamadas al 016 fue de un 41,4% y el de las consultas online del 457,9% respecto a 2019. En Euskadi 4.781 mujeres reciben algún tipo de protección por parte de la Ertzaintza, cifra que ha aumentado con respecto al año pasado.

Durante los meses de confinamiento disminuyeron las demandas judiciales y los arrestos fruto de las limitaciones que tenían las mujeres para poder denunciar y solicitar ayuda ante las violencias

Resulta curioso como ante estas decisiones políticas para parar una pandemia no se haya tenido en cuenta, desde el principio, lo que suponía este encierro para todas esas mujeres que están sufriendo violencias machistas, o es que alguien pensaba que esto se solucionaría con el encierro?. Los gobiernos no han estado atentos en cuanto a la necesidad de tomar decisiones que contemplaran la ayuda, colaboración y compromiso con las mujeres que están sufriendo violencias machistas.

Una vez más las mujeres hemos sufrido las consecuencias de medidas sin perspectiva de género, una vez más los gobiernos se han olvidado de nosotras. Es urgente comprender la dimensión estructural de las violencias contra las mujeres en el marco de una sociedad que está siendo paulatinamente despojada de derechos sociales y de libertades públicas, porque todo recorte de derechos y recursos recae, aún más negativamente, sobre los cuerpos y vidas de las mujeres. La ausencia de recursos materiales para las mujeres víctimas y la falta de inversión social en políticas preventivas y educativas con hombres, además de la falta de inversión por una educación afectivo sexual en igualdad con las generaciones más jóvenes y dentro del currículo escolar, está haciendo que la sociedad genere cada año casi 100 asesinos nuevos de mujeres en el Estado español.

Es necesario repensar las respuestas y el apoyo que se ofrece a las mujeres, siempre, también en tiempos de pandemia, es imprescindible aumentar la especialización de las instituciones y los servicios deben ser más y mejores. Son necesarias medidas reales y urgentes contra las violencias machistas, con presupuesto, con profesionales especializados en todas las ramas. Además estas medidas tienen que ser revisables y evaluables, tienen que incorporar todos los tipos de violencia contra las mujeres (física, psicológica, económica, sexual...) y en cualquiera de sus ámbitos de manifestación (familiar, pareja/relación, laboral, social, institucional...), tienen que ser transversales a todas las políticas públicas y en las que deben trabajarse y volcarse específicamente actuaciones dirigidas a situaciones de especial vulnerabilidad.

Sr. Urkullu, esté atento, ayude, colabore y demuestre, con políticas valientes y dotadas de recursos, su compromiso con las mujeres víctimas de violencias machistas.

El caso de Gaztelueta es un caso de manual. Una mirada adultocéntrica y una falta de formación específica en Infancia y Abuso sexual provocan sentencias como esta. Juan, Pepe, Miriam, Iratxe, Juan Carlos, Pau… #YoSiOsCreo

El abuso sexual infantil, al igual que la explotación sexual, la pornografía infantil, la trata con fines de explotación sexual, el turismo sexual…son formas de violencia que atentan contra su integridad psíquica y emocional, contra su libertad sexual, contra el bienestar y desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Cuando hablamos de abusos a menores, hablamos no solo de un abuso sexual y de confianza, hablamos también de una vulneración de Derechos Humanos. Existe un desequilibrio de poder entre el abusador y la víctima que provoca un SILENCIO aterrador en el o la menor. El abuso sexual en menores es un proceso paulatino, primero el adulto, repito mayoritariamente hombres, normales y corrientes; tu vecino, hermano, cura, profesor.., se ganan la confianza del niño, niña o adolescente, y le convence de que lo que esta pasando es normal (amor disfuncional), provocando que el o la menor se quede atrapada en un estado de culpabilidad, miedo, ansiedad, generando un pesado silencio por miedo a las consecuencias (venganza, impacto sobre la familia, vergüenza, culpabilidad, etc.), al no saber cómo manejar esa situación, recordemos que es un menor.

Es muy difícil para un niño, niña o adolescente, denunciar el abuso, principalmente porque no se le cree, además de saber que para un menor es muy difícil en esas edades construyan esos relatos, si no les creemos es por esa mirada adultocéntrica y de superioridad con la que tratamos a los y las menores.

La realidad, en ocasiones, es tan dura que nos cuesta creer que muchos niños, niñas y adolescentes son víctimas de abuso sexual en la infancia. Cuando hablamos de abusos hablamos de tocamientos, violación, acoso sexual, exhibicionismo, chantaje sexual, etc. Según La Organización Mundial de la Salud, especifica que una de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia. Entre el 70% y el 85% de los menores conocen a su agresor, es decir la mayoría de los niños, niñas y adolescentes son víctimas de personas, mayoritariamente hombres, de su confianza. Los datos apuntan a que casi seguro, sin saberlo, conocemosa niños, niñas o adolescentes que están siendo víctimas de abuso sexual. Esos menores están en nuestros barrios, en el colegio de nuestros hijos, en nuestro propio círculo familiar o de amistades, pero su sufrimiento permanece oculto y silenciado porque preferimos mirar para otro lado, lo que no se nombra no existe.

En el Estado español, según la organización Save The Children en el informe “Ojos que no ven” calcula que se denuncian tan solo un 15% de los abusos a menores y además que el 70% de las denuncias no llegan a juicio oral. Es decir, solo tres de cada 7 denuncias no llega a juicio oral y las causas poco tienen que ver con la veracidad de las denuncias.

Según todas las personas especialistas llevamos años avanzando a ciegas, sin una foto real de la dimensión de esta vulneración de Derechos Humanos. No existen políticas que trabajen de forma integral la memoria, la verdad y la reparación

El pasado 30 de mayo de 2019, se aprobó en el Parlamento Vasco la creación de una ponencia para realizar un estudio que brinde propuestas para la prevención, verdad y reparación en los casos de abusos sexuales y el 12 de Junio se constituyó la ponencia. Durante el poco tiempo que estuvo abierta la ponencia, se cerró sin acabar por el adelanto electoral, comparecieron más de 30 personas, entre ellas; expertas en la materia, responsables de Servicios Sociales, el inspector general del Departamento de Educación, jefes de la División de Investigación de la Policía Local de Bilbao, San Sebastián y de Vitoria-Gasteiz. jefe de Investigación Criminal y Policía Judicial de la Ertzaintza , la responsable de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia, del Ararteko, la fiscal de Menores, representantes de Unicef, Save the Children…, en la inmensa mayoría de las comparecencias se repetía una y otra vez que las instituciones educativas, deportivas, judiciales, los servicios sociales etc. no están preparados para escuchar y atender con todas las garantías de no revictimización y garantizar la plena protección del o la menor, por carecer de personal cualificado en Infancia, adolescencia y Abusos Sexuales. Según todas las personas especialistas llevamos años avanzando a ciegas, sin una foto real de la dimensión de esta vulneración de Derechos Humanos. No existen políticas que trabajen de forma integral la memoria, la verdad y la reparación para todas aquellas personas supervivientes que denunciaron cuando ya habían prescrito sus abusos, para quienes fueron capaces de hablar y no obtuvieron respuestas institucionales y además ahora no tienen posibilidades de un proceso judicial, o simplemente no se les ha creído, ni se les cree, o lo que es peor, como por ejemplo en el caso Gaztelueta, es insultante que la falta de formación e información en Abuso Sexual en la Infancia en juececes y fiscales provoquen sentencias que perjudican y revictimizan a todas las víctimas de abuso. Que no entiendan que para un niño, niña o adolescente es muy difícil contar esa horrible vivencia y que lo hacen cuando pueden y como pueden, a veces en capítulos, y no como nos gustaría a los adultos. El Supremo en su fallo, se olvida de todos los profesionales que testificaron en el juicio y que corroboraban la versión de la víctima. Una vez más la justicia esta obsoleta.

Solo espero y deseo que la ponencia se ponga las pilas, que acaben con el trabajo pendiente y que apuesten por una batería de medidas valientes y a la altura de todas las víctimas de abuso sexual en la infancia y adolescencia. #YoSiOsCreo 

Si algo ha evidenciado la COVID-19 es que, como bien lleva apuntando el Movimiento Feminista desde hace años, tenemos que cambiar el paradigma actual para colocar los cuidados en el centro de la agenda política, además de dar la prioridad que se merece a la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres y contra las violencias machistas. Ante dicha coyuntura, que el Lehendakari haya decidido relegar Emakunde a un departamento más dentro de una consejería multifunciones nos dice mucho y mal sobre cuál será su apuesta en este sentido en esta legislatura.

Esta crisis sanitaria visibiliza las diferentes crisis actuales: la crisis de cuidados, ecológica, la social, la migratoria, las violencias machistas y los DDHH. Nuestro sistema capitalista y patriarcal no deja títere con cabeza privatizando todo aquello que es necesario para el sostenimiento de la vida, agotando los recursos naturales, ahondando, más si cabe, en la desigualdad que sufren las mujeres principalmente a través de contratos precarios, parcialidad, brecha salarial y falta de oportunidades.

La pandemia ha evidenciado la importancia del trabajo de los cuidados, la insostenibilidad del estado actual, poniendo de relieve la desigualdad que sufrimos las mujeres en la asunción de estas tareas vitales para la vida. Porque cuidar no es poner los pañales a los bebés y llevarlos al colegio. Cuando hablamos de la crisis de los cuidados hablamos de las personas que en un momento de su vida necesita cuidados, hablamos del sostenimiento del medio ambiente, de las condiciones laborales de un sector altamente feminizado y también de las condiciones de vida de aquellas personas que no son atendidas adecuadamente, de las que ya no producen, como dice Judith Butler “de aquellas vidas cuya pérdida no será llorada” por el sistema capitalista. Ante esto, los Gobiernos no deben dar pasos atrás y han de tomarse en serio la necesidad de fortalecer la organización social de los cuidados con corresponsabilidad, y hacerlo desde una mirada feminista promoviendo que estos atraviesen todas las políticas públicas.

Que Emakunde pase a ser un compartimiento más de las Políticas Sociales es fruto de una visión conservadora y obsoleta, además de un gran error

Con el nuevo Gobierno Vasco recién estrenado y con todo lo que se ha hablado de la crisis de los cuidados cuesta creer el retroceso voluntario que el Señor Urkullu está haciendo con las políticas de igualdad y de los cuidados. Que Emakunde pase a ser un compartimiento más de las Políticas Sociales es fruto de una visión conservadora y obsoleta, además de un gran error. Es desde este instituto como organismo autónomo y ejecutivo, desde donde se tendrían que definir y desarrollar las políticas de cuidados para que atraviesen, al igual que el feminismo, todas las políticas de Gobierno. Como bien explica Yayo Herrero: “En vez de tratar la dependencia como una especie de anomalía o patología que sufrimos en algunos momentos de nuestra vida, tratemos de repensar la política desde los cuidados”. Esto significa cambiar el paradigma de los cuidados y trabajar desde la idea de que las personas necesitamos cuidados toda nuestra vida. Es por eso que estos tienen que atravesar todas las políticas y no relegarse a ser una rama más de los servicios sociales.

Con esta nueva organización, el Instituto de la Mujer pierde su posición de interlocución central, recordar que la adscripción a Lehendakaritza está recogida en la ley de creación de Emakunde de 1988. Euskadi era la única Comunidad Autónoma cuyo Instituto de Igualdad no dependía de ninguna consejería. Ahora deja de tener identidad propia y pierde la transversalidad que necesitan y deben tener las políticas de igualdad.

Estamos ante una oportunidad perdida para abrir el debate para resignificar “los cuidados”; una verdadera pena si tenemos en cuenta que desde Emakunde, como organismo autónomo, se podrían generar estos espacios de la mano del Movimiento Feminista y de personas expertas en la materia.

Ahora tocaba dar más pasos, aumentar los recursos, crear una consejería específica de Igualdad y cuidados, tocaba tener una visión más global, inclusiva, justa y feminista. No cabe otra que estar atentas y vigilantes a lo que nos trae este nuevo Gobierno, y no es baladí señalar que pasamos de tener un Gobierno con mayoría de mujeres a uno en el que se pierde la paridad y cuyos principales cargos son hombres. Tenemos una Ley de igualdad que propone la paridad en las empresas pero que el mismo Gobierno Vasco no se la aplica.

En plena ola feminista y cuando los cuidados deben estar en el centro de la vida al nuevo gobierno le toca enmendarse y comprometerse con la igualdad con hechos y a través de políticas públicas. Un buen principio sería sacar adelante el proyecto de Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres, con un respaldo mayoritario del Movimiento Feminista, sociedad civil y partidos políticos, que tenía que haberse aprobado en la anterior legislatura.

Reorganizar los cuidados es uno de los grandes retos que tenemos como sociedad, necesitamos que el gobierno sepa estar a la altura de esta tarea y para ello las políticas de igualdad ni pueden arrinconarse, ni mucho menos dejarse de nuevo en la esquinita.