Es de sobra conocido que las dictaduras atacan a la sociedad civil. Al ser potenciales espacios de resistencia, los dictadores procuran anular cualquier organización cívica, sea política o no. En principio, una vez termina el régimen, la sociedad civil debería volver a florecer: las barreras legales desaparecen y el miedo a la represión deja de ser un factor determinante. Sin embargo, ¿cuáles son las consecuencias de una dictadura a largo plazo? Es posible que el autoritarismo deje un poso de desafección que persista mucho después de la caída del dictador. Al fin y al cabo, los hábitos cívicos no se recuperan de la noche a la mañana; un músculo asociativo atrofiado puede tardar décadas en volver a funcionar. Si la apatía social está arraigada, el cambio de instituciones no garantiza, por sí solo, un cambio en la cultura cívica de los ciudadanos.

España es un buen caso de estudio para intentar responder a esta pregunta. El país atravesó una dictadura que se prolongó desde el final de la Guerra Civil en 1939 hasta la muerte de Francisco Franco en 1975. Si bien el proceso de democratización posterior trajo consigo un crecimiento notable de la participación política y cívica, la huella del régimen no desapareció. Cabe preguntarse si quienes vivieron la dictadura como adultos mantuvieron comportamientos distintos a los de las generaciones más jóvenes, es decir, aquellas que vivieron el franquismo siendo niños o que, directamente, ya nacieron en democracia.

En un estudio reciente publicado en la revista European Journal of Political Research, analizamos precisamente estas dinámicas. Para ello, recopilamos todas las encuestas del CIS que incluían preguntas sobre la participación de los españoles en asociaciones de todo tipo, desde las políticas (como sindicatos) hasta las estrictamente civiles (como asociaciones de vecinos o deportivas). Nuestra base de datos cuenta con unas 140.000 respuestas recogidas entre 1989 y 2017, lo que nos permite abarcar un espectro generacional inmenso: desde nacidos durante la Primera Guerra Mundial hasta la generación de los 80. Gracias a este volumen de datos, podemos aplicar modelos estadísticos para distinguir los efectos de generación, nuestra variable de interés, de los efectos de edad y de periodo. Es decir, podemos aislar el peso de haber nacido en un año concreto, independientemente de la edad que tuviera el encuestado al responder o del contexto político de ese momento.

Nuestros resultados indican que las generaciones socializadas como adultos durante el franquismo participan menos que las más jóvenes, especialmente en organizaciones de carácter político. El Gráfico 1 muestra la tasa de asociacionismo por década de nacimiento, tras controlar por otros factores como el género, el nivel educativo, el entorno (rural o urbano) o la ideología. Observamos que, si bien no existen brechas generacionales drásticas en el asociacionismo general, la diferencia es notable en el ámbito político. Resulta particularmente interesante el “gran salto” que se produce en la cohorte nacida en torno a 1950, tendencia que se estabiliza a partir de entonces. En definitiva: el aumento de la participación se consolida precisamente entre quienes ya no vivieron el régimen franquista como adultos.

¿Cómo asegurar que estos resultados no se deben a efectos de periodo o de edad? En primer lugar, podemos comprobar si este efecto se mantiene a lo largo de todos los años para los que tenemos encuestas. El Gráfico 2 ilustra precisamente este punto. Para simplificar el análisis, dividimos a la población en dos grupos: aquellos nacidos antes de 1958 (quienes ya eran adultos a la muerte de Franco) y los nacidos después. Al compararlos año tras año, el gráfico revela que, en el ámbito de las asociaciones políticas, las generaciones más antiguas participan sistemáticamente menos, independientemente del momento en que se realice la encuesta.

Por último, para descartar que se trate de un simple efecto de edad (es decir, el hecho de que nuestra ventana de observación para las cohortes más antiguas se limite a sus años de vejez, al no disponer de encuestas de cuando eran jóvenes), realizamos una reconstrucción de la trayectoria de cada generación. En este análisis, comparamos la participación de cohortes específicas (por ejemplo, los nacidos en 1945) con la de cohortes más jóvenes cuando ambas tenían la misma edad. El Gráfico 3 ilustra este ejercicio y los resultados son claros: independientemente de la edad que tomemos como referencia, las generaciones más antiguas siempre participan menos que las jóvenes a esa misma edad. Esta brecha es especialmente profunda en las que denominamos “generaciones de Franco” (nacidas antes de 1955), representadas en el gráfico con colores fríos.

 En resumen, los dictadores no solamente asfixian la participación cívica mientras están en el poder. Nuestro estudio indica que la experiencia del autoritarismo genera una desafección que puede durar toda la vida. Aunque nuestro estudio está centrado en el caso de España, es muy posible que esto también ocurra en otros países que emergen de dictaduras. Investigaciones previas han mostrado el impacto a largo plazo de haber vivido bajo el régimen soviético o cómo, de forma general, socializarse como adulto en contextos autoritarios reduce la probabilidad de participar electoralmente durante el resto de la vida.

Muchos de los que hoy superamos los 30 años recordamos a nuestros abuelos decir aquello de: “mejor no te metas en política, que solo trae dolores de cabeza”. Nunca sabremos qué habría pasado en España si la dictadura franquista hubiera durado menos, pero es muy probable que su longevidad fuera clave para dinamitar el espíritu cívico de toda una generación de la forma en que lo hizo.

Artículo de Laia Balcells, Sergi Martínez y Ethan vanderWilden

Una de las grandes preguntas de la ciencia política es por qué algunas personas votan, aparentemente, en contra de sus propios intereses. Casos como el apoyo al Brexit en regiones del Reino Unido dependientes del comercio europeo, o el respaldo de amplios sectores de la clase trabajadora a Javier Milei en Argentina, son ejemplos ilustrativos.

Aunque factores como el descontento o la desesperanza pueden explicar parte del atractivo de los discursos populistas, estos no bastan para entender por qué movimientos de derecha radical logran convertirse en mayoritarios. Para ello, deben atraer también a votantes moderados, que aceptan el conjunto del “paquete” ideológico a pesar de contener postulados extremos.

 Con el objetivo de entender mejor por qué sectores conservadores pero centristas pueden apoyar a partidos de extrema derecha con posturas que, al menos en lo social, parecen contradecir sus propios valores, nos planteamos una pregunta central: ¿cuándo pagan las fuerzas de extrema derecha un precio por adoptar posiciones extremas? En un estudio realizado en España y recientemente publicado en la revista Political Science Research and Methods, sugerimos que la respuesta depende de cómo son percibidas estas formaciones dentro del sistema político, de si están normalizadas o son objeto de estigmatización.

 En nuestro estudio, utilizamos un experimento de encuesta para analizar en qué medida la ciudadanía castiga las posturas extremas de Vox y si ese castigo varía según el grado de normalización del partido dentro del sistema político. Este tipo de diseño permite evitar que los participantes se autoseleccionen —es decir, que elijan leer o no cierta información—, ya que los mensajes o viñetas sobre Vox se asignan de forma aleatoria. Además, el proceso de aleatorización nos permite estimar los efectos causales de los mensajes de forma precisa.

 Por un lado, nuestro diseño incluye algunas viñetas que presentan a Vox como defensor de posiciones radicales, con declaraciones (reales) de miembros del partido en temas como derechos LGBTQ+ o el franquismo; por otro, variamos el nivel de estigmatización o legitimidad con el que se presenta al partido. Centramos nuestra muestra en votantes que se autoubican por encima del 4 en la escala ideológica de 0 (izquierda) a 10 (derecha).

Nuestro principal hallazgo es que cuando la ultraderecha se normaliza, sus salidas de tono o posiciones extremas no escandalizan; probablemente porque se interpretan como mera retórica. En consecuencia, los votantes les castigan menos por estas posturas extremas. La Figura 1 muestra estos resultados cuando evaluamos las posiciones extremas anti-LGTBQ+ de Vox. Mientras que estas posiciones se penalizan cuando presentamos al partido como estigmatizado (segunda fila), este castigo desaparece cuando presentamos al partido como un actor relevante y legítimo (tercera fila).

Las implicaciones de estos resultados son especialmente relevantes dado el contexto político actual. La extrema derecha ha ganado terreno no solo en países europeos como Italia, Francia, Alemania y los Países Bajos, sino también en el continente americano. En muchos de estos contextos, estos partidos no solo han accedido a posiciones de poder, sino que también influyen en las agendas de gobiernos conservadores tradicionales. Casos como la coalición liderada por Giorgia Meloni en Italia o el crecimiento del Rassemblement National en Francia evidencian el proceso de normalización de la derecha radical en Europa (otros posts de Piedras de Papel profundizan en este fenómeno). España no es la excepción: la inclusión de Vox en gobiernos autonómicos y su creciente protagonismo en el debate público han contribuido a su legitimación. A medida que otros partidos —especialmente del centro-derecha— se alían o dialogan con ellos, se disuelven las barreras simbólicas que antes delimitaban el terreno democrático. Nuestro estudio sugiere que el resultado de esta normalización es una ciudadanía menos reactiva a discursos que, en otro momento, habrían generado un rechazo rotundo.

¿Descuentan los votantes siempre las posturas radicales de la extrema derecha? No necesariamente. Mientras observamos un efecto descuento de la normalización de Vox por posiciones radicales en temas LGTBQ+, no observamos este efecto cuando Vox reivindica el régimen franquista. Esta divergencia puede estar relacionada con la capacidad de la derecha radical para mantener su ambigüedad en ciertos temas. Por ejemplo, en España —como en otros países— estos partidos han intentado a veces proyectar una imagen de cercanía o incluso simpatía hacia las comunidades LGTBQ+ (por razón del llamado homonacionalismo), mientras que su defensa del franquismo es mucho más explícita y menos susceptible de reinterpretación.

Además, los acontecimientos también podrían influir en el grado en que los votantes “descuentan” ciertas posturas extremistas. En Canadá, por ejemplo, muchos votantes conservadores moderados se han distanciado de la derecha radical al observar que las promesas más extremas del trumpismo no eran mera retórica, sino una agenda real que ahora se está implementando en el país vecino. Aunque este aspecto no forma parte del análisis principal de nuestro estudio, creemos que merece ser abordado en futuras investigaciones.

El conflicto árabe-israelí ha acaparado la atención de los medios de comunicación a nivel mundial desde hace tres semanas, tras la incursión de Hamas en territorio israelí, que resultó en ataques violentos sin precedentes contra civiles y militares, además del secuestro de más de doscientos civiles. Este ataque desencadenó una respuesta contundente por parte del gobierno israelí en la Franja de Gaza, generando una crisis humanitaria de gran magnitud que continúa empeorando hasta la fecha. Partidos políticos y ciudadanos se han pronunciado sobre el conflicto, y aún en países sin fronteras directas con Israel, ha habido debates intensos, posicionamientos y consecuencias.

Una de las preguntas que surgen a raíz de este conflicto es el cómo nos afecta el estallido de estas guerras lejanas. Algo que también nos pudimos preguntar cuando Rusia invadió Ucrania a principios de 2022. Sabemos desde hace décadas que cuando un país se involucra en un conflicto internacional, la popularidad de los líderes políticos aumenta en ese país. Es lo que se conoce como el efecto “rally ‘round the flag”, traducido a veces como “efecto bandera.” La idea es que, ante una amenaza, los ciudadanos se agrupan en torno al líder político del que dependen, aumentando el patriotismo y la confianza en el gobierno, incluso aunque las políticas que se lleven a cabo no sean populares. De hecho, también hay estudios sobre un efecto similar que pudo tener lugar durante la crisis del coronavirus.

Pero, ¿qué ocurre cuando estalla una guerra lejana, donde el país propio no se involucra ni hay una relación cercana con los países en conflicto? En estos casos, la amenaza no es tan inmediata o directa, y no se dan muchas de las dinámicas que sí ocurren en un país en conflicto, como la movilización de parte de la sociedad o la militarización.

Hay razones para pensar que, aun así, sí puede haber un efecto de estas “guerras de otros”. Aunque no haya un riesgo tan inmediato, un conflicto internacional puede aumentar el sentimiento de inseguridad, ya que recuerda que este tipo de conflictos pueden ocurrir. Además, la guerra podría extenderse a otras regiones o países, ya sea directa o indirectamente. Por ejemplo, un determinado conflicto puede aumentar el riesgo de que se utilicen armas nucleares (tanto Rusia como Israel tienen arsenal nuclear), afectando a terceros países, pero también puede desencadenar una crisis económica mundial, con consecuencias incluso para países en la otra punta del mundo. ¿Qué efecto tienen, entonces, estas “guerras de otros” en las actitudes políticas en otros países?

En un artículo reciente publicado en The Journal of Politics, intentamos responder esta pregunta. Analizamos la reacción del público español ante la invasión rusa de Ucrania en 2022, un evento con repercusiones a lo largo de Europa. A pesar de la distancia geográfica, la invasión planteó temores significativos sobre la seguridad económica y física de los ciudadanos en España. Incluso, el presidente Pedro Sánchez anunció un aumento del gasto militar pocas semanas después del inicio del conflicto, con el fin de fortalecer la seguridad de los países de la OTAN.

Durante el período de la invasión rusa en Ucrania, estábamos realizando una encuesta representativa en España, lo que nos permitió comparar las actitudes previas y posteriores al conflicto. Este análisis revela que la invasión rusa tuvo un impacto notable en el sentimiento nacionalista (español) entre los encuestados, tanto en individuos de izquierda como de derecha. Sin embargo, este aumento en el nacionalismo de estado no se produjo a expensas de identificaciones regionales o nacionalistas subestatales. No vemos, además, que aumentara el nacionalismo español entre aquellos catalanes o vascos que votan a partidos nacionalistas periféricos.

Nuestros hallazgos también indican un cierto incremento en el compromiso cívico, especialmente en relación con la intención de voto, después de la invasión. Al mismo tiempo, no hubo cambios significativos en la percepción del liderazgo político (por ejemplo, no mejoró ni empeoró la confianza en el gobierno). 

Curiosamente, observamos que después del conflicto, los encuestados mostraron una disminución en la confianza hacia las Fuerzas Armadas españolas, lo que sugiere una mayor percepción de amenaza y preocupación por la preparación del ejército español frente a una hipotética escalada militar. El hecho de que los encuestados también apoyaran un aumento de impuestos se alinea con esta idea, ya que contribuir al fisco puede considerase como un medio para fortalecer al Estado.

Nuestro estudio destaca que las guerras lejanas pueden tener efectos significativos en las actitudes internas de los ciudadanos de países no directamente implicados en el conflicto. Estos efectos probablemente estén vinculados a la percepción de amenaza y la sensación de inseguridad, lo que parece fortalecer el nacionalismo de estado. Nuestros hallazgos subrayan la compleja interacción entre los conflictos globales y la política interna, resaltando la importancia de comprender estas dinámicas en un mundo cada vez más interconectado.

La historia siempre es polémica. El 12 de octubre trajo consigo los tradicionales debates sobre cómo celebrar públicamente determinados eventos o personajes históricos, y si es necesario o no revisar este tipo de celebraciones, como festividades, monumentos o nombres de calles. En países con una experiencia previa de conflictos violentos, estos debates son aún más controvertidos. Este país tampoco es ajeno a éstos. A principios de mes, una manifestación en el distrito de Latina en Madrid reclamaba que la calle Millán Astray vuelva a llamarse calle de la Maestra Justa Freire, después de que el Ayuntamiento deshiciese el cambio que el equipo de Manuela Carmena hizo en 2017, siguiendo la Ley de Memoria Histórica aprobada por el PSOE diez años antes.

El debate que ha habido la última década sobre la revisión de la herencia del Franquismo y la Guerra Civil en los símbolos públicos—nombres de calles, monumentos, placas—no es único a España. En Estados Unidos se han quitado recientemente muchos monumentos y símbolos ligados al bando confederado de la guerra civil, motivado principalmente por el movimiento Black Lives Matter. Estos actos, en algunos casos, han generado protestas de movimientos supremacistas, en los que incluso ha llegado a haber víctimas mortales, como en Charlottesville en 2017.

En muchos países que han sufrido una guerra civil o un régimen autoritario, se llevan a cabo políticas de justicia transicional, medidas que tratan de reparar o corregir violaciones a los derechos humanos con el objetivo de reforzar la reconciliación y asegurar la paz. Una de las más famosas son las llamadas Comisiones de la verdad, organismos que intentan aclarar qué ocurrió durante un conflicto o una dictadura y recopilar un listado de víctimas. Hay ejemplos en Chile, Argentina, Sudáfrica, El Salvador, Guatemala o Nepal. Generalmente, la justicia transicional incluye una batería de medidas en la misma dirección, incluyendo, además de las comisiones de verdad, reparaciones económicas, la creación de museos de memoria histórica, procesos judiciales o la revisión de símbolos del espacio público.

Sin embargo, el efecto de estas medidas no está libre de discusión. Más allá de su justificación moral, algunos expertos afirman que la justicia transicional tiene un efecto positivo ya que fortalece el proceso democrático y cementan la reconciliación social. Pero también los hay que dicen que no sabemos realmente qué efecto tienen, e incluso hay quien dice que hacen más mal que bien, ya que aumentan las tensiones sociales y pueden contribuir a un aumento de la polarización política.

Existe investigación que indica que medidas como procesos judiciales, reparaciones económicas o visitar “museos de la verdad” pueden tener un efecto positivo en la reconciliación. Sin embargo, sabemos muy poco sobre qué efectos tiene revisar los símbolos del espacio público. En un artículo recién publicado en la revista Research and Politics indagamos precisamente en esto. Centrándonos en el contexto de España, nos preguntamos si el cambio de nombre de las “calles franquistas” en España ha tenido algún efecto en la opinión pública, especialmente entre los sectores conservadores que generalmente han estado en contra de la Ley de Memoria Histórica y la justicia transicional en España. Nos preguntamos: si un municipio retira los nombres franquistas de su callejero, ¿esto hace que los ciudadanos locales más conservadores se “radicalicen”?

Responder a esta pregunta no es sencillo. Si comparamos los municipios que primero cambiaron los nombres de las calles, probablemente encontremos que son más de izquierdas que el resto. Pero porque precisamente el hecho de que sean más de izquierdas es lo que explica que cambiasen los nombres de las calles. Los cambios de las calles no son aleatorios, si no que ocurren por las mismas dinámicas políticas locales que queremos explicar. Para solucionar este problema de endogeneidad, tratamos de encontrar algo similar a un experimento natural. Lo hacemos centrándonos en los municipios que aún tenían calles franquistas en 2016 –municipios conservadores por lo general–, y comparando la evolución en el voto a Vox entre 2016 y 2019 entre los municipios que quitaron calles franquistas en este periodo y los que no.

La Ley de Memoria Histórica de 2007, entre otras cosas, hizo obligatorio quitar los nombres franquistas que aún quedasen en el callejero público. Los responsables de esos cambios son los ayuntamientos. Muchos nombres de calles ya se habían cambiado antes, y otros se cambiaron después de la aprobación de la ley en 2007. Sin embargo, en 2016, aún quedaban muchos municipios con calles franquistas. Usando datos del callejero del INE, y clasificando los nombres de las calles como franquistas siguiendo el listado de la comisión de Madrid de 2017 (más algunos nombres que ya habían sido quitados de Madrid, como “Generalísimo”, “General Primo de Rivera”, etc.), el siguiente gráfico muestra el porcentaje de calles que aún quedaban con nombres franquistas durante los últimos años:

Lo que nosotros suponemos es que todos los municipios que aún tenían calles franquistas en 2016, sea por inercia política, sea por resistencia a la Ley de 2007, son más o menos similares. Se trata de municipios más conservadores que la media, más pequeños, y por lo general situados en provincias del centro del país. Además, dado que los municipios que cambiaron las calles por voluntad propia ya lo habían hecho antes de 2016, es bastante probable que los cambios de calles franquistas sucedidos entre 2016 y 2019 sean más o menos aleatorios, debidos, en muchos casos, a procesos legales que tardaron años en resolverse.

Con esta estrategia en la mano, comparando estos dos grupos de municipios y controlando por otros factores (por ejemplo, la población, que hubiese salido un alcalde de izquierdas en 2015 o la participación política en 2016), los resultados nos permiten estimar el efecto de quitar los nombres de calles franquistas en el cambio en votos a Vox, PP, y PSOE entre junio de 2016 y abril de 2019. Estos resultados se muestran en el siguiente gráfico:

Lo que los datos dicen, en resumen, es que en los municipios donde se quitaron nombres de calles franquistas entre 2016 y 2019 el apoyo electoral de Vox creció casi un punto (+0.7%), el del PP disminuyó en casi dos (-1.7%), y el del PSOE no tuvo cambios significativos. Es decir, que probablemente el cambio de nombres franquistas radicalizó a parte del electorado conservador, que pasó a apoyar a Vox en lugar de al PP. No hay un aumento general de la polarización, ya que no hay cambios entre el electorado de izquierdas, sino una radicalización dentro de las derechas.

Hay dos lecturas a estos resultados. La primera, más o menos coherente con el discurso de la derecha, es que ellos tenían razón: remover al pasado sí abre las heridas y crea divisiones sociales. El problema de esta interpretación es que sólo vemos un efecto entre individuos más conservadores, y no es atrevido pensar que se debe a que es precisamente la extrema derecha quien ha intentando potenciar el discurso contrario a la justicia transicional para movilizar a sus seguidores. La segunda lectura puede que sea más realista: quizás éste sea un efecto de la justicia transicional; al menos, a corto plazo. Esto no quiere decir que tengamos que abandonar este tipo de medidas, si no que tal vez haga falta acompañarlas de cierta campaña de concienciación que intente paliar estos efectos a corto plazo.

Estos resultados no son en ningún caso un argumento en contra de revisar el pasado. Además de la necesidad moral de este tipo de medidas, la justicia transicional probablemente tenga un efecto beneficioso a largo plazo, ya que fomenta la reconciliación y fortalece un aspecto fundamental de cualquier democracia: la rendición de cuentas. El discurso de la derecha contrario a estas medidas normalmente gira en torno a dos ideas: que el pasado es el que es y hay que dejarlo estar, y que la memoria histórica es un asunto privado que cada uno ha de llevar y revisar como él quiere. Pero ambos argumentos favorecen indirectamente la historia que se ha mantenido hasta ahora, dejando las heridas abiertas. Para cerrarlas, y evitar la polarización a largo plazo, hace falta revisar la historia colectiva. Incluso aunque haya que estar alerta de posibles efectos adversos a corto plazo.

Estas ultimas semanas, a raíz del indulto del Gobierno de Pedro Sánchez a los 9 presos independentistas que se encontraban encarcelados desde el otoño de 2017 y de la prevista reanudación de la mesa de dialogo con el gobierno catalán, se ha vuelto a hablar de un posible referéndum sobre la independencia de Catalunya. Mientras los líderes independentistas catalanes siguen reclamando un referéndum acordado con el Estado español, que permitiría a los catalanes decidir sobre el estatus territorial de este territorio (tal y como Escocia hizo en 2014, defienden), algunos líderes políticos españoles siguen viendo inviable un referéndum en Catalunya y expresan que “el futuro de Cataluña lo decidirán todos los españoles”. ¿Cuál es la opinión de los ciudadanos españoles sobre este tema? En una encuesta reciente, hicimos esta pregunta a 2.000 ciudadanos españoles adultos. En concreto, les planteamos la siguiente cuestión: “Supongamos que en el futuro el gobierno central y el gobierno de Cataluña se pusieran de acuerdo para celebrar un referéndum en Cataluña para decidir si Cataluña pasa a ser una república independiente. ¿Estarías a favor de que se celebrara dicho referéndum?”

 Las posibles respuestas iban, en una escala de Likert, de “Muy de acuerdo” (5) a “Muy en desacuerdo” (1). Lo que hicimos, además, fue plantear una cuestión algo diferente al 50% de la muestra, escogida de forma aleatoria. A estos entrevistados, les dimos el siguiente enunciado [en subrayado, aquí, la diferencia con la pregunta anterior]: “Supongamos que en el futuro el gobierno central y el gobierno de Cataluña se pusieran de acuerdo para celebrar un referéndum en Cataluña para decidir si Cataluña pasa a ser una república independiente y votara el conjunto de España. ¿Estaría a favor de que se celebrara dicho referéndum? De esta manera, la mitad de la muestra entiende y define sus preferencias pensando que en el referéndum votarían solamente los catalanes mientras que la otra mitad ajusta sus preferencias entendiendo que votaría toda España.

 Este pequeño experimento de encuesta nos permite ver cuál es el grado de aceptación de un referéndum sobre la independencia de Cataluña según quién se considere el “demos” de este referéndum. Hacemos el ejercicio a pesar de que un referéndum secesionista en el que vote la ciudadanía del estado matriz sería una modalidad muy poco común y, de hecho, no se trataría de un referéndum de autodeterminación. Dicho esto, examinar los datos de opinión publica, aunque sea sobre escenarios hipotéticos, es siempre interesante y nos puede dar algunas pistas sobre posibles vías de resolución del conflicto territorial.

 El gráfico 1 presenta los descriptivos de esta variable. Distinguimos las respuestas entre los catalanes (residentes en Cataluña) y los españoles residentes fuera de Cataluña. Podemos ver que el efecto del enunciado “votara el conjunto de España” es diametralmente diferente en sendos territorios.

Figura 1. Apoyo a un referéndum de independencia según el “demos” del referéndum

Por un lado, alrededor del 70% de los catalanes estaría de acuerdo con un referéndum que se celebrase en Catalunya, resultado que es consistente con evidencia previa relativa a la opinión pública catalana sobre el referéndum. En cambio, algo menos del 55% estaría a favor de un referéndum en el que votasen todos los españoles (más de 40% de los catalanes estaría en contra de esta segunda opción). Por otro lado, cerca de un 40% de españoles estaría a favor de la celebración de un referéndum si votasen todos los españoles, mientras que un 30% estaría a favor de un referéndum en el que votasen solamente los catalanes. Un dato interesante es que hay cierta convergencia entre Catalunya y el resto de España respecto a un referéndum en el que voten todos los españoles, pero esta no es la opción preferida en ninguno de estos territorios. Mientras en Catalunya la mayoría de la gente quisiera un referéndum en el que votasen solamente los catalanes; en el resto de España la mayoría de la gente prefiere que no haya ningún referéndum.

 Los siguientes dos gráficos muestran el efecto del cambio del “demos” hipotético en el apoyo al referéndum de forma mas clara, y controlando por variables sociodemográficas como edad, ideología, genero, renta familiar, y nivel de estudios. El gráfico 2 presenta los resultados únicamente para Catalunya; el grafico 3 presenta los resultados para el resto de España. De nuevo, los resultados de nuestro experimento de encuesta son completamente opuestos: mientras que proponer un referéndum en el que voten todos los españoles reduce el apoyo al referéndum en Catalunya, lo hace aumentar significativamente en el resto del España. 

Figura 2. Resultados del tratamiento experimental en Catalunya

Figura 3. Resultados del tratamiento experimental fuera de Catalunya

En la encuesta también preguntamos si votarían en este referéndum y, en caso afirmativo, qué votarían en el mismo. Un 51% de los españoles fuera de Catalunya dicen que participarían en un referéndum en el que pudieran votar todos los españoles; de estos, un 78% votaría en contra de la independencia de Catalunya mientras que un 22% dice que votaría a favor. Por lo que refiere a los residentes en Catalunya, un 80% participaría en el referéndum si tuviera lugar solamente en Catalunya; lo haría un 72% si el referéndum fuese para toda España (de nuevo, la segunda modalidad de referéndum tiene menos apoyo en Catalunya). Entre los primeros, un 62% dice que votaría que sí a la independencia. En un referéndum donde votaran todos los españoles, un 59% (un porcentaje algo menor) dice que votaría que sí a la independencia.

Una propuesta: votos secuenciales

Una forma de leer estos resultados es pensar que no hay punto de encuentro y que la celebración de un referéndum sobre la independencia de Catalunya se antoja difícil o imposible. Un referéndum a la escocesa es la opción preferida por los catalanes, pero la mayoría de los españoles rechaza esta posibilidad. Una forma de salir de este callejón sin salida es plantear procedimientos de votación alternativos, por ejemplo, votos secuenciales, que podrían recabar apoyos tanto en Cataluña como en toda España. Por ejemplo, en su libro “La confusión nacional”, Ignacio Sánchez-Cuenca plantea un referéndum secuencial en el que toda España votase primero una reforma Constitucional que acomode a Cataluña; en caso de rechazo se haría un segundo referéndum en Cataluña, en el que se plantearía la independencia del territorio.  

 Otra posibilidad de voto secuencial sería que Cataluña votase primero una oferta política del gobierno español (por ejemplo, una propuesta de reforma constitucional, o una reforma del trato fiscal) y que luego esta reforma, en caso de ser aceptada por los catalanes en una primera consulta, fuera ratificada luego por el conjunto de los españoles. En el caso que la oferta inicial del gobierno español fuese rechazada por una mayoría de los catalanes, entonces el demos catalán votaría en segunda ronda sobre la posibilidad de independencia.

Esta propuesta de voto secuencial constituiría un acuerdo procedimental y no necesariamente un acuerdo de contenidos entre gobiernos. Dado que la segunda vuelta tendría o bien carácter de ratificación por el conjunto de los españoles (si la propuesta inicial es aceptada por los catalanes) o bien carácter de referéndum solo en Cataluña (si la propuesta inicial no se acepta en Cataluña), el proceso debería ser acordado de entrada por ambos gobiernos – para que no hubiera posibilidad de dar marcha atrás. Es cierto que previsiblemente los partidos independentistas realizarían campaña a favor de rechazar la oferta política del gobierno español en la primera ronda para forzar un referéndum luego. Pero el gobierno español tendría la posibilidad de presentar primero una oferta política que podría ser aceptada por una mayoría de catalanes.

 La evidencia comparada nos muestra que no hay un solo tipo de referéndum – sobre el tema territorial, a lo largo y ancho del mundo se han celebrado muchos referéndums con distintas características. Desarrollar un acuerdo procedimental sobre votaciones secuenciales, que maximice el apoyo y la participación esperada, podría ser una vía de resolución del conflicto catalán.

El gobierno acaba de aprobar el anteproyecto de ley de Memoria democrática, y es muy probable que levante ampollas entre sectores de la sociedad española partidarios de no destapar las vergüenzas de algunos de los episodios más conflictivos de nuestro pasado. Las políticas de memoria histórica, según ellos, son proclives a generar más polarización y conflicto. ¿Cuáles son los beneficios de las políticas de justicia transicional como la exhumación de fosas, las comisiones de la verdad, juicios por delitos de lesa humanidad, o la construcción de museos y memoriales? ¿Genera polarización y conflicto hablar de pasados conflictivos, ya sean guerras civiles, dictaduras, masacres, genocidios, o ataques terroristas?

En una investigación reciente, exploramos esta cuestión en Santiago de Chile. El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, impulsado por el primer gobierno de Michelle Bachelet junto a múltiples organizaciones sociales. El museo, inaugurado el año 2010, explica el golpe militar de Pinochet y la dictadura que siguió, así como todas las violaciones de derechos humanos que se llevaron a cabo durante este oscuro período de la historia chilena. Entre otros materiales, el museo presenta el testimonio de personas que fueron sometidas a torturas por la policía y/o el ejército. El recorrido de tres plantas termina con la explicación del plebiscito de 1988 y la transición a la democracia en Chile. El Museo tiene el objetivo de recordar el pasado, pero también hablar del futuro y promover el respeto de los derechos humanos, como su nombre indica.

Chile, como España, es una sociedad dividida por lo que se refiere al pasado y a las políticas de memoria. Por ello, quisimos estudiar de forma rigurosa cómo afectaba el Museo de la Memoria a la gente que lo visitaba, y cómo estos efectos variaban según las afinidades ideológicas de los individuos. Un posible efecto que podíamos esperar es que el museo polarizara a la gente; por ejemplo, que aquellos que por motivos ideológicos no daban apoyo a políticas de Justicia Transicional fuesen todavía menos favorables a las mismas al terminar la visita al museo, y al revés. La opción alternativa era que el Museo generase cierta reconciliación, y que, por lo tanto, observásemos una cierta aproximación de posiciones alejadas antes de visitarlo.

Para hacer esta evaluación, hicimos un experimento de campo en marzo de 2017 con estudiantes de la Universidad Católica de Chile, todos mayores de edad. Entre los 502 que se prestaron voluntariamente a participar en nuestro estudio, llevamos a un grupo aleatorio a visitar el Museo, y pudimos comparar a quienes visitaron el museo con los que no lo hicieron (esto es, el grupo de control). Los estudiantes respondieron varios cuestionarios: uno antes y otro después de la visita, un tercero una semana después, y algunos más hasta seis meses después de la visita. Con ello pudimos estimar el efecto de la visita en distintas opiniones y actitudes medidas en las encuestas que les hicimos, y pudimos evaluar la duración del efecto.

Encontramos, por un lado, que los estudiantes tenían distintas opiniones del museo según su ideología. Los estudiantes de izquierdas presentaban una visión más favorable que aquellos de derechas, cosa que no es sorprendente. Sin embargo, estas predisposiciones ideológicas no impidieron que la visita al Museo tuviera algunos efectos convergentes en los estudiantes. Principalmente, encontramos que después de la visita, los estudiantes presentaban actitudes más favorables a la democracia y menos a las dictaduras militares. También mostraban más satisfacción con el gobierno que, cuando tuvo lugar el trabajo de campo, lideraba otra vez Michelle Bachelet.

Además, identificamos efectos sobre algunas políticas de justicia transicional. Independientemente de su ideología, aquellos que visitaron el museo eran más favorables a compensar a las víctimas de la dictadura y a que los responsables se disculparan públicamente, pero también a perdonar a los culpables de las violaciones de los derechos humanos. Además, la visita al museo mejoraba la confianza en la Iglesia Católica, especialmente entre los estudiantes de izquierdas, efecto que atribuimos al hecho de que en Chile la Iglesia tuvo un papel activo en ayudar a las víctimas de la dictadura (principalmente, a través de la Vicaría de la Solidaridad).

Así, nuestro estudio en Santiago de Chile sugiere que las políticas de memoria no necesariamente generan polarización y que, a pesar de que antes de ser expuestos a tales políticas los individuos pueden mostrar visiones ideológicamente sesgadas sobre las mismas, después de la exposición (en este caso, la visita al museo), hay cierta convergencia de opiniones, y no lo contrario. En este sentido, las políticas de Justicia Transicional como la construcción de un museo que arroja luz sobre los hechos y recuerda a las víctimas, aunque recupera un pasado incómodo, parece tener efectos a medio y largo plazo que son positivos para la sociedad.