Ana G. (nombre ficticio) tiene 30 años, está embarazada y mira con nerviosismo el reloj. Sabe que las horas cuentan y hace ya ocho semanas que busca por todos los medios un aborto seguro, pero el tiempo se acaba. Desde que llegó a España hace frente a quienes le piden que no aborte y a un sistema sanitario que no le permite decidir porque no tiene papeles. “Me dicen que si lo tengo me van a dar los papeles más rápido”, cuenta. Sin embargo, ella está decidida a seguir adelante con la interrupción de su embarazo. Ana no se atreve a hablar de lo que pasó y tiembla de solo recordarlo.

Esta mujer de Costa de Marfil llegó a Canarias el pasado mes de abril y fue trasladada después a Getafe. Una vez en la ciudad madrileña, acudió a la farmacia para comprar un test de embarazo: el primer resultado fue negativo. Pero seguía sintiéndose extraña. Se hizo una ecografía en un centro de salud que confirmó sus mayores miedos: estaba embarazada de nueve semanas. Desde ese momento, empezó su lucha contra las dificultades que ha encontrado en el sistema sanitario de la Comunidad de Madrid. Acaba de cumplir diez semanas de embarazo y dice que su decisión sigue siendo firme.

El tiempo corre en su contra. “Tengo pesadillas todas las noches, no puedo dormir. Me está empezando a afectar mentalmente, tengo que acabar con esto cuanto antes”, explica Ana asustada. Cada día al despertar en el centro de acogida para refugiados en el edificio de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) enciende sus dos móviles. Ahora tiene dos vidas. Primero, el de la tarjeta del móvil de Costa de Marfil donde mira sus mensajes. Después, coge su móvil con la tarjeta de España y empieza a buscar qué puede hacer por su cuenta para interrumpir la gestación. Pero su prioridad es intentarlo por la vía legal y segura. Desde que sabe que está embarazada ha visitado al menos cinco veces el centro de salud, otras tantas el hospital más cercano y ha pedido dos citas en clínicas donde se practican interrupciones de embarazo. En todas partes, una misma respuesta: sin los papeles en regla, no la atienden. 

“Me siento rechazada”

Camina asustada por las calles de Getafe. Lo único que conoce de la ciudad es el centro de salud y el hospital. “Cuando estoy en el albergue me siento segura, pero cuando salgo empiezo a sentirme mal”, dice. El otro día le dio antojo de mango y decidió ir a la frutería, pero al llegar se arrepintió. El mango costaba más de lo que ella podía permitirse y cuando trató de hablar con el tendero, no la entendió. Dice que nadie hace el esfuerzo de entenderla. “Me siento rechazada por no ser como todos aquí”, cuenta Ana.

El informe de la Policía relata con precisión la llegada de Ana. A las 20.15 del 6 de abril llegó al muelle de Arguineguín, en Gran Canaria. Lo hizo desde Costa de Marfil en una patera que compartió con otras 35 personas más de origen subsahariano. Al menos esto es lo que consta en el documento del acuerdo de devolución que le entregó la policía. “No entiendo por qué ese papel oficial del Gobierno no vale para que me atiendan en el hospital y me ayuden. Ahí sale que tengo número de NIE”, dice. 

Las citas de extranjería se están demorando más de lo normal. Los trámites se quedaron paralizados por el cierre de las oficinas de atención a causa de la pandemia. Cuando, tras mucho batallar, logró al fin su cita para pedir asilo como refugiada, no pudo acudir. “En el albergue donde estoy detectaron un positivo y nos pusieron a todos en cuarentena, entonces no pude ir a mi cita”, cuenta Ana, que dio negativo por coronavirus en la prueba PCR que le hicieron. Mientras tanto, el tiempo pasa y el límite para interrumpir su embarazo llega a su final.

Las dificultades no acaban ahí. Ana nunca tuvo la oportunidad de ir al colegio. No sabe ni leer ni escribir, pero quiere aprender castellano. Empezó a dar clases de español antes del confinamiento, pero tuvo que interrumpirlas. Solo habla francés, y eso ha supuesto un obstáculo más en esta carrera que libra contra el tiempo. En España, la interrupción del embarazo está cubierta por la sanidad pública hasta la semana 14 de embarazo y hasta la 22 por causas médicas. En condiciones normales, a Ana solo le queda un mes para abortar.

El único documento de identificación que tiene es el que le entregó la policía la noche que pisó España. “El problema es que no me da tiempo a tener los documentos. Fui también a la embajada de mi país y me pidieron mi pasaporte, pero no lo puedo conseguir porque no tengo ninguna relación con mi familia”, explica mientras deja escapar unos suspiros, por debajo de la mascarilla. Su padre murió, y era él quien se ocupaba de ayudarla con los documentos. 

Este jueves una voluntaria de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos se enteró de su caso y acompañó a Ana toda la tarde para que pudiera conseguir el certificado que necesita para que le realicen el procedimiento sin tener que presentar sus papeles. “Tenemos establecido el código DAR para irregulares [una forma de identificar y dar asistencia para personas extranjeras sin papeles], solo tiene que tramitarlo”, afirma al respecto un portavoz de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Por ahora, decirlo parece más fácil que conseguirlo. En primera instancia la Comisión Española de Ayuda al Refugiado estuvo acompañando a Ana. Ella dice que el trabajador social que le tocó no se esforzó en ayudarla. Durante la elaboración de este artículo, la Comisión intervino y ahora la está apoyando en todo el proceso. 

Obstáculos ya denunciados

Este no es solo el caso de Ana, sino que sucede a las mujeres migrantes sin papeles que necesitan demostrar su identidad para que se les practique un aborto seguro. La alternativa privada está fuera de su alcance. En abril del 2019, dos organizaciones pidieron al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, que investigara los obstáculos y demoras que afrontan las inmigrantes para acceder a un aborto en la Comunidad de Madrid. Women's Link y la Comisión para la Investigación de Malos Tratos presentaron una queja con seis casos de mujeres sin autorización para vivir en España que, entre 2016 y 2018, tuvieron dificultades cuando pidieron una interrupción voluntaria del embarazo. 

El origen de la discriminación se remonta a la reforma sanitaria del Partido Popular, que excluyó de la sanidad pública a los inmigrantes sin papeles, salvo embarazadas, menores y casos de urgencias. Sin embargo, la indefinición de la normativa se traducía en la práctica en numerosos casos de mujeres a las que negaban acceder al sistema nacional de salud a pesar de su embarazo. Tras la entrada en vigor del Real Decreto 7/2018, aprobado en 2018 para “recuperar la sanidad universal”, persisten los problemas en la aplicación de la ley.

Las organizaciones denuncian que la normativa dejó una serie de grietas que permiten la elevación de barreras de los gobiernos autonómicos a la asistencia sanitaria de diversos colectivos, entre ellos, las mujeres embarazadas sin papeles que lleven menos de 90 días residiendo en España o no puedan demostrar una estancia superior a tres meses. En estos seis casos, que se suman a cuatro más presentados este año, con la ayuda de varias ONG, las mujeres sí pudieron acceder a su derecho al aborto. Pero las cosas se están poniendo cada vez más difíciles. “Con la pandemia, el sistema sanitario ha cambiado por completo y es otra realidad diferente”, explica un representante de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos.

Ana tiene cuatro hijos que dejó en Costa de Marfil. El más pequeño tiene cinco años y el mayor, 13. Llegó a España con la ilusión de poder vivir en libertad y de labrarse un futuro trabajando en su gran pasión: la gastronomía. Cuando piensa en lo mejor de aquí, lo tiene claro: la paella. “Quisiera traerme a mis niños cuando se pueda”, cuenta. 

No entiende por qué le está costando tanto trabajo ejercer el derecho a terminar su embarazo. “Es mi cuerpo”, afirma. Ana no quiere hablar de cómo se quedó embarazada, pero no puede contener las lágrimas y el gesto de angustia cuando se enfrenta a esa pregunta. Es la misma expresión de miles de mujeres que sufren agresiones sexuales en su ruta hacia Europa. “Entiendo que por ser inmigrante no tenga los mismos derechos que los blancos aquí, pero la salud es un derecho y todos merecemos ser atendidos”, dice Ana.

Información elaborada en colaboración con porCausa.