Cuidamos mal el planeta. Estamos castigando su biodiversidad, que es algo tan sencillo y tan importante como la variedad de la vida que nos rodea. El número de especies amenazadas de extinción es ahora mayor que en cualquier momento de la historia de la humanidad.

Por eso es una buena noticia que el Parlamento europeo haya aprobado el informe sobre la Estrategia de Biodiversidad para 2030 del que he sido responsable en nombre del grupo liberal europeo. Después de que haya pasado más de un año desde la presentación de la Comisión y tras negociaciones complejas y difíciles, salió adelante por una amplia mayoría (515 votos a favor, 90 en contra y 86 abstenciones).

Me satisface haber superado las dificultades, al tiempo que me resulta difícil de entender que haya tanta resistencia y, en general, que las iniciativas para frenar el deterioro ecosistémico del planeta sean la historia de un fracaso. El Decenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica 2011-2020 acabó con resultados nefastos. Y en la UE, la anterior Estrategia de Biodiversidad para 2020 ha finalizado, según la Agencia Europea del Medio Ambiente, con una tasa alarmante de pérdida de biodiversidad. De los trece objetivos para 2020, solo se han cumplido dos: designar zonas marinas protegidas y zonas terrestres protegidas.

 El 60% de las especies están en un estado de conservación desfavorable; el 77% de los hábitats, el 32% de las aves de las tierras de cultivo y el 39% de las mariposas de pastizales han disminuido, según datos de la misma agencia. ¿A quién no le pueden parecer alarmantes estos datos? Teniendo en cuenta todo lo que sabemos sobre el impacto del cambio climático y las repercusiones de la contaminación en el medio ambiente y la salud, y los cientos de miles de muertes prematuras en Europa al año en las que cuentan estos factores, ¿cómo es posible que haya sido tan difícil sacar adelante una nueva estrategia que, intentando evitar errores pasados, busca detener la destrucción de nuestro medio natural?

En medio de la peor crisis sanitaria, social y económica global reciente, confieso que creí que iba a ser más fácil asumir el concepto de una sola salud del que la Organización Mundial de la Salud habla desde hace años, un concepto tan elemental como inapelable: es imposible tener ciudadanos sanos en un planeta enfermo. No debería ser difícil asumir las consecuencias de seguir destruyendo bosques tropicales, una auténtica muralla de protección que evita que virus como el Covid-19 salten de la vida silvestre a los humanos. El 70% de las enfermedades emergentes (como el ébola, el zika o la encefalitis de Nipah) y casi todas las pandemias conocidas, como la influenza y el VIH/SIDA, son zoonóticas, pueden transmitirse entre animales y humanos. Prevenir brotes es infinitamente más barato que enfrentarnos a una pandemia como la que estamos aun viviendo.

Todavía persiste una visión antigua que entiende que las actividades de protección de la naturaleza deben ser algo secundario. Recordemos que, no hace tanto tiempo, los intentos de las personas y los grupos que querían incluir en las agendas políticas la protección del medio natural y el uso sostenible de los recursos eran ridiculizados con etiquetas burlonas como abrazaárboles (tree huggers) para desprestigiar sus argumentos.

Pues bien, ahora podemos decir que los abrazaárboles tenían razón: se extiende la convicción de que nuestro capital natural no es un bien que podamos adquirir e importar de países terceros, es nuestro sistema de supervivencia. Los ecosistemas no son movibles de un país a otro, como tampoco lo son los servicios que presta su diversidad biológica, que es la póliza de seguro para la supervivencia de nuestra especie.

Esa diversidad se puede conservar y gestionar de forma sostenible, y es fundamental para proporcionar alimentos, energía y medicinas, para regular el clima y la calidad del agua y del aire.

El colapso de la naturaleza es el colapso de la economía y de la sociedad; de la naturaleza depende la mitad del PIB mundial (40 billones de euros), y a medida que las especies se degradan o se destruyen, disminuye su capacidad para continuar prestando esos servicios.

Esta nueva estrategia europea es nuestro escudo y hoja de ruta para hacer frente a la doble crisis de biodiversidad y cambio climático: dos caras de la misma moneda que requieren inversión y compromiso político. Para evitar los fracasos del pasado, la estrategia propone objetivos vinculantes y concretos, como convertir al menos el 30% de la superficie terrestre y el 30% de la superficie marina de Europa en zonas protegidas gestionadas eficazmente, garantizando al tiempo una protección estricta del 10% de las zonas con alto valor en biodiversidad y clima.

Se plantea un nuevo marco de gobernanza y un Plan de Recuperación de la Naturaleza de la UE de gran alcance en el que se prevé, previa evaluación de impacto, elaborar la propuesta de un marco jurídico para recuperar los ecosistemas degradados, especialmente los más ricos en carbono. Se trata de mejorar la aplicación de las directivas de hábitats y aumentar las capacidades regionales y locales de control y seguimiento. Para ello, la Estrategia desbloqueará al menos 20 000 millones de euros al año.

Es suicida despreciar la naturaleza, el sustento que nos ha protegido durante miles de años. Nosotros somos parte de esa riqueza, y tenemos la capacidad de protegerla o destruirla.

Es el momento de hacer las paces con la naturaleza, y el propósito de la nueva Estrategia de Biodiversidad de plantar 3.000 millones de árboles en los próximos diez años es una manera simbólica de comenzar a hacerlo. Ojalá también entre los resultados de esta estrategia haya 3.000 millones de nuevos abrazaárboles dispuestos a abrazar y defender la vida.

Desde su creación en 2002, la Corte Penal Internacional (CPI) ha desempeñado un papel fundamental en la lucha contra la impunidad.

En su calidad de único órgano judicial internacional con jurisdicción para juzgar a los individuos responsables de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra y, más recientemente, crímenes de agresión, la CPI es sin duda un organismo de suma importancia para garantizar la justicia a las víctimas de los crímenes internacionales.

Si bien la Corte no ha abordado cuestiones consideradas demasiado delicadas para ciertos países con mayor peso internacional, ha habido pocos problemas --si es que los ha habido-- con su funcionamiento o el de sus fiscales. Lamentablemente, durante sus últimos dieciocho años de existencia, la CPI se ha enfrentado a una serie de retos y obstáculos. La escalada de hostilidad hacia esta Corte es resultado del reciente mandato de investigar los presuntos delitos cometidos por ciudadanos de Estados Unidos en Afganistán y la posibilidad de investigar los delitos cometidos en los Territorios Ocupados Palestinos y en Jerusalén oriental.

El pasado mes de junio, la Administración de Estados Unidos golpeó a la CPI con un decreto presidencial que permitía la congelación de los activos de varios de sus miembros, restricciones de viaje y la prohibición de interactuar con entidades financieras estadounidenses. Una medida sin precedentes, sin duda vinculada a las investigaciones de presuntos delitos en el territorio de Afganistán. Además, por si fuera poco, Mike Pompeo, secretario de Estado, anunció la semana pasada nuevas sanciones contra el Fiscal Jefe, Fatou Bensouda, y otros funcionarios clave del tribunal.

Por consiguiente, se trata de un ataque inaceptable contra la independencia e imparcialidad de la Corte Penal Internacional en un intento de socavar el sistema de justicia penal internacional. Los fuertes ataques contra la CPI y su personal no pueden pasar sin que haya una clara condena. Los ataques contra la CPI, así como la negativa a ratificar el Estatuto de Roma, constituyen amenazas inaceptables para el multilateralismo, representado por esta institución comprometida con el principio de responsabilidad universal, piedra angular de un sistema multilateral de protección de los derechos humanos.

Los Estados miembros de la Unión Europea deben movilizarse y apoyar sin reservas a a la CPI y a los valores que ésta representa.

Como miembros del Parlamento Europeo, reafirmamos claramente nuestro apoyo a la actividad de la Corte y su independencia. La CPI es la única institución internacional permanente con competencia para juzgar algunos de los crímenes más horribles y para defender a las víctimas en ausencia de cualquier otro órgano de apelación. Tenemos el deber de proteger su independencia e imparcialidad contra los ataques dirigidos a obstruir su funcionamiento. Ningún Estado, organización o individuo que pretenda defender el estado de derecho, la separación de poderes y el orden penal internacional puede permanecer en silencio.

El Alto Representante de la Unión Europea y varios Estados signatarios del Estatuto de Roma ya han expresado su apoyo a la CPI, condenando las recientes medidas del Gobierno de los Estados Unidos. Esperamos que otros sigan el ejemplo y tomen las medidas necesarias para apoyar a la Corte en su lucha esencial contra la impunidad.