Anteayer Elías Bendodo, consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, subió un tuit tras las declaraciones del ministro de Consumo y coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón. Es el encargado del departamento de agitación y propaganda, y está ahí para mantener la crispación y el ruido; es su papel. Tampoco es sorprendente la valoración del presidente del PP, Pablo Casado, o que el resto de la derecha saliera en tromba. Lo suyo no son los cambios que supongan avances ni la pedagogía política; les vienen mal. No hay medida mínimamente avanzada que para adoptarse pueda contar con su respaldo, da igual de lo que se trate.

Más preocupante es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se apunte a la moda de la banalidad, y con él otros insignes representantes de su partido con responsabilidades de gobierno. La producción intensiva de carne provoca serios problemas y destroza las opciones de una ganadería tradicional generadora de empleo estable, que fija población a los territorios y que ayuda a proteger sus condiciones ambientales. Paralelamente, el excesivo consumo de carne ocasiona problemas a nuestra salud puestos en evidencia por las autoridades sanitarias nacionales e internacionales. Aconsejar una disminución de la ingesta de carne y una recuperación de la dieta mediterránea es lo esperable de un ministro de Consumo. Poner el foco en las macrogranjas y el daño que ocasionan a pequeñas explotaciones ganaderas es lo esperable del líder de una fuerza política que prioriza la mejora de las condiciones de vida y trabajo de la mayoría social.

Del mismo modo que ponemos sobre la mesa esta situación y sus consecuencias para la salud, la economía y el medio ambiente, Unidas Podemos está percutiendo en la necesidad de garantizar el acceso a una vivienda digna a precios asequibles, en una fiscalidad más justa en la que paguen más los que más tienen o en mejoras del mercado de trabajo tras años de destrozo provocados por las reformas laborales. No es un secreto que al PSOE le cuesta tomar decisiones que incomoden en demasía a fondos buitre, grandes fortunas o multinacionales. Entrar al gobierno era condición necesaria para vencer esas reticencias, y el calado de las dificultades a las que se enfrenta el país debería ser condición suficiente para acabar definitivamente con ellas.  

No es un secreto que al PSOE le cuesta tomar decisiones que incomoden en demasía a fondos buitre, grandes fortunas o multinacionales. Entrar al gobierno era condición necesaria para vencer esas reticencias

La maldita Covid nos ha puesto frente a nuestra fragilidad y ha anticipado debates que muchos hubieran deseado posponer o directamente no afrontar, pero resulta que el futuro ya está aquí y hay que obrar en consecuencia. Jugar a tapar problemas con simplezas y chascarrillos es impropio de quienes ostentan la responsabilidad pública de hacer política. La política, toda ella pero especialmente la institucional, incluye conocer los problemas, hacer propuestas para resolverlos y tomar decisiones. Puedes hacer una foto a una chuleta o cantar sus alabanzas, pero si lo haces para separarte de una evidencia científica contrastada y recogida en tu agenda de gobierno, el que se retrata eres tú.    

El destrozo pandémico ha puesto sobre la mesa tres cuestiones urgentes. El imprescindible fortalecimiento de los servicios públicos, la inaplazable diversificación productiva que favorezca la creación de empleo estable, y la garantía de que los fondos públicos que se pongan a disposición de la recuperación económica y social sirvan para intervenir en la emergencia climática.

Para lograr esos objetivos hay mucho que hacer, y desde luego requiere remover cierto orden de cosas tan asentado como dañino. Hay una hoja de ruta en los documentos que fijan las estrategias de actuación del ejecutivo, en el acuerdo que da soporte a la coalición y en el paquete de reformas que hemos comprometido con la Unión Europea. Las ocurrencias y las chuflas mejor dejarlas para cuando nuestra gente no lo esté pasando tan mal. Ahora toca poner toda la carne en el asador.  

El próximo jueves, el presidente de la comisión de estudio para la recuperación económica y social de Andalucía (CERES COVID-19), un diputado de Vox, subirá a la tribuna del parlamento a defender su dictamen. Con su aprobación terminará el recorrido parlamentario de una pantomima en la que decidimos no intervenir el mismo día que los partidos del gobierno decidieron otorgar la presidencia a la extrema derecha. Su socio parlamentario era el único que votó en contra de la constitución de la comisión, pero su concurso era imprescindible para garantizar que aquello no alterase los planes del ejecutivo.

Blindar la mayoría en el órgano llamado a consensuar las prioridades que atender para afrontar la crisis provocada por la pandemia no era cuestión menor. De hecho, el dictamen preparado por Vox y cepillado por PP y Cs es una retahíla de obviedades y lugares comunes. Supuestas medidas que a nada comprometen: no hay cronograma, no hay objetivos medibles, no hay análisis previo, no hay datos… Este resultado hubiera sido imposible en una comisión sin mayorías garantizadas. Haber afrontado su desarrollo desde la ética de la convicción, a la que tanto apelaba Antonio Maíllo, hubiera obligado a hacer un esfuerzo a todos sus miembros. Todos hubiéramos compartido la responsabilidad de estar a la altura y lo que es más determinante en la arena política de las negociaciones: hubiéramos compartido el miedo al fracaso.

Incluso con un resultado tan discreto como el obtenido, o precisamente gracias a él, la comisión podría haberle dado cierto juego al ejecutivo. Tras la aprobación de sus conclusiones, comenzar a hacer públicas medidas y vincularlas a esa supuesta hoja de ruta trazada por las mismas. Pero ni eso.

El avance de la segunda oleada de la pandemia ha trastocado los planes del gobierno de Moreno Bonilla. En menos de un mes el sistema sanitario ha empezado a dar preocupantes muestras de desborde. La Atención Primaria ya se ha colapsado: citas a quince días vista, imposible contactar por teléfono con los centros de salud, fallan los rastreos y escasean las pruebas, cuyos resultados en muchos casos se eternizan. Con un ritmo de contagios vertiginoso y con el personal sanitario aún exhausto, creciendo las hospitalizaciones, las personas fallecidas, y volviendo a tener varias residencias de mayores infectadas, ha comenzado también el curso escolar.

Las comunidades educativas de toda Andalucía hacen malabares para garantizar la seguridad de unos centros que carecen de personal para ello. Aulas con la misma ratio que antes de la pandemia. Demasiados niños y niñas por clase entonces y ahora. Centros con pocos recursos y menos profesorado y personal de apoyo del necesario, antes y ahora. Pero ahora en mitad de una pandemia.

En este contexto de preocupación e indignación crecientes, con los dos sistemas públicos en la picota y sus máximos responsables políticos mantenidos incomprensiblemente en sus puestos tras la remodelación del Consejo de Gobierno, el presidente debió pensar que para el próximo jueves quedaba una eternidad. Así que el pasado día 14 presentó 'Andalucía en marcha'. Ya sabemos lo que tiene previsto hacer el gobierno en los próximos tres años y cuánto cuesta. Por cierto, y sin entrar en muchos pormenores, la enésima pedrea que le toca a Andalucía financiada con dinero europeo para empezar o rematar obras previstas y pendientes desde hace muchos años. Otra vez con mecanismos de colaboración público-privada que disparan su coste, y otra vez atribuyendo a su realización miles de puestos de trabajo y un revulsivo económico sin precedentes para nuestra tierra. A quien no le suene la música no ha vivido en Andalucía en los últimos ¿veinte años? 

En cualquier caso, esperar a que las conclusiones se aprobasen antes de dar a conocer sus planes entraba dentro de los márgenes del decoro. Pero en un platillo de la balanza estaba hacerle spoiler a la CERES y regalar a la oposición la confirmación de su absoluta inutilidad, y en el otro una convocatoria de huelga educativa y la gestión de la pandemia fuera de control. En esa tesitura Moreno Bonilla ha debido pensar que cambiar el orden de los factores no era tan grave, especialmente si tenemos en cuenta que en ningún caso iban a alterar el valor del producto. Craso error.

La cruda realidad se impone. Si la atención hospitalaria corre la misma suerte que la primaria, y el sistema educativo traduce en nuevos contagios la proverbial ligereza con que la Junta ha planteado la reapertura de los colegios, en menos de tres meses 'Andalucía en marcha' estará en un cajón junto al diario de sesiones que publique el dictamen de la comisión de estudio para la recuperación económica y social de Andalucía.   

Si el sistema sanitario colapsa, no habrá “Andalucía en marcha” ni nada que se le parezca. No hay recuperación económica ni social posible si no se actúa ahora. Todos los recursos disponibles deben movilizarse a evitar que eso ocurra. Los planes de un gobierno no pueden permanecer inalterables, no en esta situación. Hay que ponerlo todo a reforzar el sistema sanitario, y hay que ponerlo ya. En otras circunstancias la falta de reflejos del gobierno daría lugar a un escenario estimulante para la oposición. Pero no en estas, y desde luego no a este precio.

Descartado lo de salir de la pandemia mejores, al menos asumamos que hay que invertir para salir de ella.