Desde que a las 23.45 horas del 3 de septiembre Caixabank y Bankia dieron a conocer la existencia de conversaciones entre sus consejos de administración para “analizar la fusión entre ambas entidades”, los mercados la dieron por hecha. Y ello pese a que el accionista mayoritario de Bankia, el FROB, indicase en un comunicado inmediato que se había enterado de la operación por la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y que solo la analizaría si esta “culminara en el planteamiento a la Junta de Accionistas de una propuesta de fusión”.

Y es que, ciertamente, la operación estaba hecha, y con pleno conocimiento de quien se considera, aunque no lo sea, dueño de Bankia, el Gobierno de España. Si no fuera así, ninguna de las dos entidades habría aumentado su capitalización en Bolsa en las últimas semanas. Pero la excitación que la operación ha provocado en el sector bancario y en los mercados no se explica por los beneficios que esta vaya a proporcionar a la sociedad o a sus autores.

 Las cifras de la fusión

La opinión expresada al final del punto anterior se ve confirmada por las austeras facciones de los protagonistas de la operación, Gonzálo Gortázar y José Ignacio Goirigolzarri, en la rueda de prensa en la que presentaron los números de la fusión el pasado viernes, 18 de septiembre. Su actitud no era la de invitar a ninguna fiesta. Pero son los propios números los que mejor avalan este criterio: están mucho más cerca de las cuentas de la lechera que de un informe técnico, y además ocultan alguno de los elementos esenciales del negocio.

Los números pretenden demostrar que la entidad producto de la fusión será mucho más rentable y solvente. Para ello se apoyan, sin un soporte creíble, en una pequeña mejora de ingresos, pero así que pasen cinco años, y en una importante reducción de gastos, demorada a 2023. De esa forma, nos ofrecen unas futuras ratios de eficiencia y rentabilidad sólo aceptables para los amantes de la ciencia ficción.

Al mismo tiempo evitan pronunciarse sobre el badwill que producirá la operación (que Goldman Sachs ha cifrado en 8.300 millones de euros) y sobre su contribución a los beneficios y reservas de la entidad resultante. Y es que las normas contables permiten que la diferencia entre el valor contable del banco absorbido y el de las acciones que se emiten para absorberlo se lleve directamente a resultados de la absorbente; aunque no supone ningún ingreso de caja, se alega que comprar al valor de cotización genera beneficios si la cotización está por debajo del valor en libros de la empresa adquirida.

Tampoco aclaran el alcance de los inevitables excedentes de plantilla que deben afrontar dos bancos que pueden ser cualquier cosa menos complementarios, ya que ambos se dedican, en esencia, al mismo negocio y en los mismos sitios. 

Gortázar y Goirigolzarri también declararon que la brutal caída de la solvencia de la entidad fusionada, cuyo CET1 (capital de primera calidad) cae del 13,1% sobre activos ponderados por riesgo al 11,6%, no es preocupante sino una muestra de “robustez” porque permite mantener un exceso de capital de 310 pb, cuando lo cierto es que:

En resumen, un análisis riguroso de la operación no deja más justificación económica para Caixabank que el aumento de tamaño o lo que es lo mismo, del poder económico que tendrá el nuevo banco. Sin embargo, todos somos conscientes (lo acabamos de ver en muchos procesos de consolidación salidos de la crisis) de las dificultades de rentabilizar estas operaciones, tanto por los límites que afectan a las economías de escala y de dimensión, como por los riesgos y fallos que surgen en su gestión. La mención, en este contexto, a “los valores compartidos”, que hizo el futuro presidente del banco, no deja de ser una forma elegante de reconocer la ausencia de ventajas tangibles.

Y aun así, la ampliación de poder no parece suficiente para explicar una operación tan incierta y arriesgada en tiempos de pandemia y con un negocio, el bancario, en claro declive. Y resulta aún más sorprendente si se piensa que quien la lidera desde la Caixa, un hombre tan religioso como Isidro Fainé, desoiga a San Ignacio y “en tiempos de desolación” haga “mudanza”.

Muchos señalan que la justificación de la operación es política y que hay pagos de unos y contrapartidas de otros, pero también podría ser que su justificación haya que buscarla en la propia situación financiera de Caixabank, y en la necesidad de utilizar el badwill no consumido por los ajustes post-integración (que con sus cifras estaría en torno a 5.000 millones de euros) para dotarse de una provisión para pérdidas esperadas que tendría que hacer en todo caso pero que su cuenta de resultados autónoma no soportaría. 

Lo que perdemos los dueños de Bankia

Pero si los números no explican en modo alguno las bondades de la fusión para Caixabank y sus accionistas, aún son menos convincentes para los españoles, tanto en su condición de dueños de Bankia (es a los contribuyentes, que rescataron la entidad, y no al Gobierno ni a su Consejo de Administración, a quienes pertenece el banco), como en la de sujetos del interés general.

Y es que los dueños de Bankia pasamos de controlar nuestro propio destino a través de una participación del 61% en un banco solvente, eficiente y rentable (pese a estar desde hace ocho años en espera de ser vendido), a disponer de una participación minoritaria y subordinada en una entidad cuyo futuro no es menos incierto, y cuyo mayor driver sigue siendo provinciano (sin menosprecio alguno para Catalunya, Madrid o la Comunidad Valenciana).

Es cierto que los accionistas de Bankia van a recibir acciones que valdrán un 20% más de la cotización de Bankia el 3 de septiembre. Pero incluso con esa prima, el valor en bolsa de la participación del Estado sólo permitiría recuperar el 9%, de los 24.069 millones de euros que invertimos en Bankia en 2012 para mantenerla a flote, millones de los que todavía no hemos recuperado un céntimo. Si el objetivo de la operación para el Gobierno, según ha manifestado su ministra de Economía, es maximizar el valor de la participación del Estado, más le valdría reconocer su fracaso en vez de prometer futuros improbables.

Pero si bien debemos reconocer que la situación financiera del país y la gestión de los sucesivos gobiernos en Bankia durante estos últimos 8 años nos van a hacer perder más del 90% de lo invertido en el banco, también debemos darnos cuenta de que esta no va a ser la única pérdida que va a sufrir el interés general con la fusión. Todos los ciudadanos, ricos o pobres, jóvenes o mayores, vamos a perder:

Además, vamos a sufrir graves daños para el empleo y a soportar más riesgos en nuestro sistema de pensiones. Y no sólo por los excedentes de empleo que esta fusión provocará (mayores de los que deberían asumir los bancos por separado para reducir su respectiva capacidad instalada), o por la pérdida de talento que llevará consigo, sino por el más que probable uso de los mecanismos públicos de la jubilación anticipada para reducir los costes del ajuste y, finalmente, por el efecto emulación que ya está generando.

Es verdad que, contra los males de la concentración bancaria, algunos analistas, y seguramente también algunos supervisores, dirán que los gigantes son más seguros, y que la consolidación es la única vía realista para afrontar los ajustes de capacidad instalada que requiere el negocio bancario. 

La primera es una afirmación contrapuesta al bien conocido small is beautiful, y muy dudosa si pensamos, sin ir más lejos, en Alemania y colocamos, en un lado a Deutsche Bank y Commerzbank (dos gigantes al borde de la quiebra) y en el otro a los cientos o miles de cajas de ahorros y cooperativas de crédito que operan en ese país con solidez y servicio intachables.

Por su parte, ya hemos visto las importantes contraindicaciones y efectos secundarios de fusiones de este tipo. Su defensa revela, además, una actitud pasiva, fruto quizá del dominio social a que los banqueros están acostumbrados. Y es que no hay por qué asumir que los negocios en declive no puedan reconvertirse y utilizar su personal cualificado y sus recursos técnicos y de investigación en adaptar su actividad a otros ámbitos, y más ahora, dada la velocidad del cambio tecnológico y los nuevos servicios demandados por la sociedad.

Frenar la euforia…

A la vista de todo lo anterior, y dejando a un lado la alegría de especuladores y accionistas minoritarios de Bankia, es razonable pensar que la euforia con que ha sido recibida la operación procede, sobre todo, de que hemos visto confirmado que: 

..y buscar una solución transparente y sensata

Nos queda, por último, la cuestión política, que, no lo neguemos, es inevitable en operaciones de esta importancia, máxime si están en juego los intereses del Estado.

No conocemos los compromisos y contrapartidas que habrá, sin duda, en este asunto, y no vamos a especular sobre ello. Sin embargo, nos consta que la ministra de Economía, que es quien debe autorizar la operación, ha justificado su ocultación al vicepresidente segundo del Gobierno y a otros ministros porque el éxito de este tipo de operaciones depende de restringir al mínimo el ámbito de los iniciados. Por ello, entendemos que el asunto se ha abordado al margen del Consejo de Ministros, donde el secreto de las deliberaciones hubiese impedido a Pablo Iglesias y demás ministros irse de la lengua.

En sentido contrario, creemos que el alcance de los intereses generales en juego y la naturaleza de la propiedad que se fusiona (de todos los españoles) aconsejan que la decisión final la tome el Gobierno al completo, la máxima transparencia en el proceso de decisión y el uso de asesores que valoren, también, potenciales soluciones alternativas.

En aras a la transparencia abogamos porque los aspectos no confidenciales de los informes técnicos (FROB, BdE, BCE, Competencia, CNMV, DG Seguros, etcétera) que se emitan en este proceso, sean de público conocimiento.

También creemos necesario contar con un asesoramiento apropiado (equivalente al que recibirá Caixabank), máxime cuando el FROB no puede ejercer adecuadamente ese papel. Y es que sus mejores técnicos, que además integran su Comisión Rectora (cuatro representantes del Banco de España, uno de la CNMV y el secretario general del Tesoro) no pueden analizar la operación, ni mucho menos proponer su autorización.

Debe notarse que las responsabilidades esenciales de las instituciones a las que pertenecen esos altos funcionarios (la subgobernadora o la directora general de supervisión del Banco de España o la vicepresidenta de la CNMV) les llevan a tener que evaluar financieramente la fusión como supervisores prudenciales o de los mercados, rol absolutamente incompatible con el de asesorar al Gobierno sobre la oportunidad de su venta o fusión. De ahí que el último comunicado del FROB (del 17 de septiembre) indique que la Comisión Gestora se ha limitado a “tomar razón” del proyecto de fusión que le ha trasladado Bankia, porque es consciente de que la no abstención inmediata de los supervisores contaminaría y haría anulable el acuerdo de la Comisión Gestora.

Y ese asesoramiento debe evaluar alternativas posibles y mejores que esta fusión, porque, aun aceptando la visión miope que identifica el interés general de la operación con el dinero que se ofrezca por Bankia, surge una pregunta que este Gobierno debe responder: ¿no hay más alternativas? y, por ejemplo, ¿no sería una subasta internacional de la participación del Estado una vía más útil para maximizar el valor de la operación y, de paso, si la compra la realiza una entidad extranjera, evitar los males para la competencia, la estabilidad financiera y el empleo que antes hemos denunciado?