El 21 de abril se han cumplido 30 años desde que el primer tren AVE se pusiera en funcionamiento en este país. Durante el mandato de Felipe González se construyó el primer AVE (desde Madrid a Sevilla) y se cerraron más de 800 km de ferrocarril convencional para el transporte de pasajeros. Mientras los beneficiados del AVE fueron las grandes urbes, las líneas cerradas lo fueron casi en su totalidad de lo que conocemos como la España vaciada. El mismo expresidente que defiende acabar con “la broma de los partidos provinciales”, cerró líneas de ferrocarril en Teruel, Soria, Salamanca, León, Burgos, Jaén, Huesca, Granada… Con ese ahorro que supuso dejar sin servicio a cientos de pueblos importantes, y con un incremento de la deuda pública que todavía arrastramos, se pudo conectar unas pocas grandes ciudades mediante AVE. Esta inercia de cerrar el ferrocarril convencional y construir vías de alta velocidad ha continuado a lo largo de toda la democracia con gobernantes de uno y otro color. Como consecuencia, tenemos un problema grave de vertebración del territorio y despoblación. Pero también tenemos la segunda red de alta velocidad más extensa a nivel global (después de China), que es a su vez la red con menor intensidad de uso en el mundo.

Tras 3.086 kilómetros de vías de alta velocidad construidas y 55.888 millones de euros gastados, la AIREF ha presentado un interesante estudio en el que destaca que “la red de alta velocidad no ha logrado mejorar la cohesión territorial. Los resultados de todos los análisis realizados indican que el AVE ha contribuido a aumentar las disparidades provinciales”. Como viene siendo habitual cada ver que nuestros políticos optan por obras faraónicas, las provincias ricas y pobladas han ganado más riqueza y población con esta infraestructura, mientras que las pobres y despobladas han perdido sin lugar a dudas.

El AVE produce lo que se conoce en geografía económica como “efecto túnel”. Es decir, cuando se unen dos ciudades con una vía de alta velocidad y sin paradas intermedias, observamos un vaciamiento de población y recursos económicos en los territorios intermedios que atraviesa esa vía. Todos esos recursos que antes estaban diseminados por el territorio, ahora van a parar exclusivamente al lugar de origen y destino de la vía. El lema para nuestro ferrocarril del siglo XXI, podría haber sido Alta Vertebración Española, pero sin embargo algunos decidieron que era más importante la velocidad que el equilibrio territorial.

Podría pensarse, no obstante, que este vaciamiento del territorio a favor de las grandes ciudades es un mal necesario derivado del progreso. Nada más lejos de la realidad. Entre otros muchos ejemplos, podemos ver el caso de Alemania y su compañía de ferrocarril pública Deustche Bahn. Poco sospechosa de tener infraestructuras deficientes, Alemania combina una red ferroviaria rápida y moderna, con una vertebración del territorio mediante el ferrocarril. Si uno ha visitado el país (o si se mira en internet un mapa de estaciones de la Deustche Bahn), se puede comprobar como se puede llegar a cualquier pueblo mediano o pequeña ciudad con ferrocarril. Apostar por ese modelo implicó unos ferrocarriles algo más lentos, que en vez de alcanzar los 300 km/h como el AVE solo llegan a 250, pero significó también que las provincias o comarcas con menor población estuviesen conectadas con cualquier otra parte del país y su población no se viese obligada a marchar a causa de infraestructuras deficientes.

Volviendo a nuestro país, tras la liberalización ferroviaria, vemos como se pueden recorrer los más de 600 kilómetros que separan Barcelona de Madrid por 9€ con las nuevas operadoras ferroviarias, pero tenemos que pagar más de 20€ por recorrer los menos de 200 km que separan Teruel de Zaragoza. Tres veces más trayecto por menos de la mitad del precio. Y esto no es una excepción, sino más bien la norma entre trayectos en los cuales el origen o destino pertenecen a la España vaciada. En cualquier caso, no es en ese agravio comparativo donde se produce el mayor escarnio, sino más bien en las escasas y mal organizadas frecuencias de los viajes del ferrocarril convencional. Al margen de la escasez de viajes diarios, estas frecuencias parecen en ocasiones instaladas a propósito para perder pasajeros y poder justificar así a posteriori, un cierre de la línea por falta de demanda.

En tiempos en que todavía algunos cuestionan el nombre España vaciada, alegando que ese vaciamiento no tuvo un agente como tal, el caso del desmantelamiento del ferrocarril convencional parece un buen ejemplo, uno más, de cómo las decisiones políticas han actuado a favor de la concentración de la población en grandes núcleos de población y no en vertebrar el territorio para hacer compatibles las grandes ciudades con los pequeños pueblos. Perder una estación de ferrocarril supone privar de posibilidades de desarrollo económico a la comarca entera que se ve afectada. Que la mayoría de municipios de nuestro país pudieran tener una estación de ferrocarril (o una autovía en su defecto) a una distancia máxima de 30 kilómetros permitiría repartir mejor la población y la actividad económica por la totalidad de la península y no generar más concentración en las grandes urbes que cuentan con una sobredotación de infraestructuras.

Hace algo más de una semana, se anunció que la España Vaciada concurrirá a las próximas elecciones. La noticia no tardó en despertar opiniones de todo tipo. Especialmente en contra, las de aquellos que empezaban a ver peligrar escaños que siempre habían tenido más o menos controlados. Entre las críticas que se ejercieron sobre la propuesta de las plataformas de la España Vaciada, la más sonada fue la de ser cantonalista. Un grupo parlamentario de la España Vaciada, dicen, solo se dedicaría a pedir su 'parte del pastel'. Una autovía a tal provincia, un ferrocarril por cual ciudad, extensión de fibra óptica en aquel pueblo etc. En definitiva, nada que aportar a los asuntos comunes de todos los españoles. Quienes ahondaron la crítica, vieron en esta propuesta una nueva fuerza que vendría a complicar la, ya de por si difícil, aritmética política en el Congreso de los Diputados.

Un análisis más exhaustivo de la trayectoria de estos movimientos sociales de la España Vaciada nos muestra una dirección sustancialmente diferente a la crítica anteriormente expuesta. Desde aquella manifestación del 31 de marzo de 2019 en Madrid, en la que todas las plataformas se movilizaron juntas contra el olvido institucional que sufren las provincias despobladas, sus acciones han estado orientadas a pedir soluciones conjuntas, que dejan a un lado los localismos. El modelo de desarrollo que presentaron conjuntamente hace unos meses y que enarbolan como hoja de ruta común, es un conjunto de 101 medidas que no hace alusión a ninguna provincia en concreto sino que propone soluciones para todas; pero aún se podría añadir una demostración más a estos argumentos. Desde que Teruel Existe entró en el Congreso y Senado, ha sabido combinar muy bien los intereses concretos de su provincia con propuestas y acciones para revertir la despoblación y el desequilibrio territorial en todo el país. 

El panorama de fuerzas autonómicas es ciertamente, complejo. Por un lado, las regiones con fuerzas nacionalistas llevan años negociado el apoyo a gobiernos, leyes y presupuestos a cambio de inversiones por encima de lo razonable para sus comunidades. Por otro lado, la capital del país es cada vez más centralista y actúa como 'aspiradora' de recursos humanos y de una gran parte del desarrollo económico de las regiones colindantes. Mientras tanto, las provincias de la España Vaciada observan esta batalla con indignación. Estos territorios, que arrastran un déficit de inversión histórico, soportan cabreados los trueques de costosas inversiones a cambio de una pequeña tregua cada vez que hay una negociación del gobierno central con los nacionalistas. Al mismo tiempo, tienen que aguantar también que desde la llegada de Ayuso a la presidencia de la Comunidad de Madrid se pretende convertir la capital en un paraíso fiscal que acabe atrayendo los últimos recursos que conservan las provincias despobladas.

En medio de esta carrera por los recursos entre regiones nacionalistas y la Comunidad de Madrid, la España Vaciada no solo no es una propuesta cantonalista, sino que es la argamasa que puede unir a un país que por momentos parece irreconciliable. Una propuesta para reconciliar posturas dentro de nuestro proyecto nacional. Frente a repartir las empresas entre Madrid, Cataluña o el País Vasco, la propuesta de una industrialización del cinturón interior español. Frente a la dialéctica de mantener instituciones en Madrid o llevarlas a Barcelona, optar por un ministerio para cada una de las provincias más despobladas de la España Vaciada. Frente a conectar todas las carreteras por Madrid, un modelo mayado de infraestructuras. Frente a un AVE que atrae población al origen y destino, pero vacía todo lo demás, la apuesta por un ferrocarril convencional moderno eficiente, efectivo y sostenible. Frente a luchas entre las comunidades más desarrolladas, la apuesta por que todas las provincias converjan. 

Un votante de Ayuso no apoyaría invertir en las regiones nacionalistas al igual que un votante nacionalista no aceptaría la política de exenciones fiscales de la presidenta de la comunidad de Madrid. Sin embargo, esta propuesta de recoser España mediante el desarrollo de las zonas despobladas es hoy en día la única que podría poner de acuerdo a un votante de Ayuso y a un nacionalista vasco o catalán. Cuando parece inconcebible un acuerdo entre estas partes, proponer una cesión mutua que oriente la atención de las políticas hacia un proyecto de reequilibrio territorial puede ser la clave. La entrada de la España Vaciada en política puede darnos la receta para la conciliación que tanto tiempo llevamos buscando en el país.

Este 2021 estrenará Presupuestos Generales del Estado. Tras conocer las asignaciones presupuestarias, toda clase de análisis han tratado de aclarar quien ganará y quién perderá comparativamente con las cuentas públicas. Generalmente, las disputas toman como referencia las inversiones por habitante para cada comunidad autónoma o provincia. Sin embargo, este indicador deja de lado realidades muy importantes de cara a la consecución efectiva de una igualdad de oportunidades entre todos los españoles.

Espejismos sorprendentes: la demografía de barrios frente al tamaño de provincias

La provincia de Teruel tiene en su conjunto los mismos habitantes que el distrito madrileño de Chamberí, unos 135.000. Sin embargo, mientras que esta zona de la capital española ocupa algo menos de 5 kilómetros cuadrados, la provincia del sur de Aragón tiene más de 14.800 kilómetros cuadrados. Aunque este sea simplemente un ejemplo ilustrativo, podemos encontrar otras impactantes comparaciones a lo largo y ancho de la geografía española. Por ejemplo, la provincia de Ávila tiene una población similar a la del madrileño barrio de San Blas-Canillejas. En el caso de la provincia de Segovia, su numero de habitantes es equivalente al del distrito barcelonés de Sarrià-Sant Gervasi. Y la provincia de Zamora, tiene los mismos habitantes que el distrito de Nou Barris, ubicado en la ciudad condal. 

Pese a lo desequilibrado de algunas distribuciones territoriales como las que hemos visto, podríamos pensar que los habitantes de Teruel, Ávila, Segovia y Zamora deberían sentirse satisfechos si sus cifras de inversión estatal por habitante fuesen similares a las de Madrid o Barcelona. Nada más lejos de la realidad. En primer lugar, las redes de transportes que atraviesan las provincias despobladas son infraestructuras necesarias y esenciales para vertebrar todos los territorios de España, para garantizar la existencia de un mercado nacional y europeo; su función es nacional y europea, no exclusivamente provincial. Por otro lado garantizar igualdad de derechos significa también implica facilitar oportunidades de desarrollo y calidad de vida en las zonas que se han quedado atrás, aunque las distorsiones estadísticas generen falsas impresiones con las inversiones estatales en provincias de baja densidad de población o despobladas.

Los costes de los servicios en áreas de baja densidad y despobladas

Las inversiones destinadas a la contratación de profesorado y al funcionamiento de colegios, institutos y universidades deben ser mayores en provincias despobladas, donde en ocasiones los colegios no tienen más de 5 o 10 alumnos, que en barrios muy poblados donde un colegio puede tener más de 3000 alumnos. De manera idéntica, mientras que un hospital, unos cuantos centros de salud y algunas ambulancias pueden asistir perfectamente a un distrito muy poblado, una provincia entera necesitaría al menos triplicar el número de esos servicios para proveer una atención sanitaria de similar calidad. 

En la misma dirección, es evidente que en un distrito muy poblado, los servicios de policía y bomberos pueden actuar con mucha más rapidez que en una provincia que tiene una gran extensión. Para corregir ese desequilibrio, las plantillas dedicadas a la seguridad ciudadana deberían incrementarse a medida que se multiplica la extensión de territorio que deben atender. 

En cuanto a infraestructuras viarias y ferroviarias, la diferencia es aún mayor. Mientras que unas centenas de miles de euros de inversión anual podrían bastar para que un distrito de una gran ciudad tenga un servicio de metro o cercanías decente y unas redes viarias suficientes, garantizar un territorio conectado en una provincia extensa requiere de muchos millones de euros invertidos en líneas de ferrocarril tradicional, autovías y carreteras nacionales en condiciones. En la línea de las inversiones destacadas en educación, sanidad, seguridad e infraestructuras, el mismo criterio se puede aplicar para muchas otras partidas de gasto, como las dedicadas a cultura y patrimonio o a la garantía de servicios como el acceso a la banda ancha de Internet.

Indicadores para analizar las inversiones públicas

Tras estas argumentaciones, podemos entrever las deficiencias que proporciona el indicador inversión por habitante. Al mismo tiempo, se evidencia que para complementar o enriquecer el indicador señalado, se hacen necesarias nuevas variables tales como la inversión por kilómetro cuadrado, el grado de envejecimiento y dependencia que contiene la estructura demográfica, la tipología y dispersión del poblamiento, los problemas heredados… Si tomamos los datos de inversión por provincia de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y los dividimos por la extensión de cada provincia, encontramos algunos datos sorprendentes al compararlos con la inversión por habitante. Algunas de las provincias mejor situadas en inversión por habitante, pasan al fondo de la clasificación cuando hablamos de inversión por kilómetro cuadrado. Así pues, en las provincias que estaríamos calificando como mejor tratadas por los PGE, la realidad sería más bien la contraria. Siguiendo con la provincia que da título a este artículo, Teruel goza de la tercera mejor inversión por habitante de todo el país con unos 663 euros por ciudadano. Sin embargo, en la clasificación de inversión por extensión territorial, pasa a ser la séptima empezando por el final.  El caso de Teruel es el más abultado con una caída de 43 puestos entre una clasificación y otra. Sin embargo, el mismo patrón de empeoramiento afecta a las demás provincias tratadas en este artículo, y en general a las provincias de la España Vaciada. 

No solo hay provincias como Huesca, León, Cáceres o Soria, entre otras, que empeoran su posición relativa al cambiar de un indicador a otro. También apreciamos una mayor desigualdad entre territorios. Mientras en la inversión por habitante de los PGE la diferencia entre el que menos tiene (Toledo con 99 euros) y el que más tiene (Soria con 1.148) es de algo más de 11 veces, en la inversión por km2 la provincia mejor tratada (Barcelona con 17.145) tiene 81 veces más que la que menos tiene (Ávila con 211).

Seguir usando solo el indicador de inversión por habitante supone un agravio comparativo contra los ciudadanos de zonas despobladas, que ya de por sí son quienes tienen unos peores servicios e infraestructuras. La brecha rural-urbana seguirá agrandándose si no cambian los patrones de análisis de las inversiones estatales. El peligro sigue vigente debido a quienes, en nombre de la eficiencia, dictan que no se deben “malgastar” más recursos en atender a alguien solo porque viva en una zona despoblada. Es un reto para nuestra democracia el decidir entre una gestión minimizadora de costes, y una gestión que ponga la importancia en el ciudadano, sea cual sea su lugar de residencia. 

Los indicadores de análisis económico juegan un papel fundamental en la dirección que toman las políticas públicas y las decisiones de inversión. Poner sobre la mesa indicadores como la inversión por kilómetro cuadrado e indagar en la construcción de indicadores más complejos que reflejen los desequilibrios socio-territoriales, puede rescatar la cohesión social y la credibilidad en las instituciones políticas que tanto necesita hoy en día nuestro país.

El 25 de septiembre celebramos el quinto aniversario de la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por parte de la asamblea general de las Naciones Unidas. El proceso que llevó a la aprobación de estas ambiciosas metas ha sido seguramente una de las más importantes negociaciones entre sociedad civil, diplomáticos y políticos que hemos vivido en la Historia contemporánea. Ha habido quien se ha referido a los ODS como la actualización y concreción de la declaración de los Derechos Humanos para el periodo 2015-2030. Poco a poco, la ciudadanía y los gobernantes se van concienciando de la importancia de crear un nuevo contrato social basado en esta agenda planteada por Naciones Unidas. No en vano, en esta legislatura el gobierno de España ha incorporado una Vicepresidencia para la Agenda 2030.

Todavía tenemos por delante 10 años para alcanzar las 17 metas u objetivos de carácter económico, social y medioambiental que marcan los ODS. Sin embargo, la pandemia de la COVID19 ha hecho que se pierdan muchos de los progresos conseguidos en el periodo 2015-2020. Volvemos al punto de partida y urgen propuestas holísticas, estructurales y realistas que no pretendan arreglar los complejos problemas a los que nos enfrentamos poniendo parches o con bonitos (y vacíos) discursos que nunca llegan a terreno. Las viejas categorías de la política han quedado obsoletas y el eje izquierda-derecha ya no sirve para enfrentar problemas globales como la desigualdad o el cambio climático.

En este sentido, la propuesta que se hace desde la España Vaciada para volver a desarrollar los territorios despoblados podría ser un medio muy valioso para lograr el fin que proponen los ODS. Si nos fijamos con atención, podemos observar que los 17 ODS guardan relación con cuestiones que son difícilmente solucionables en las áreas urbanas congestionadas donde vive la mayoría de la población. Sin embargo, cuando miramos hacia regiones sin una densidad poblacional tan elevada, comprobamos que el equilibrio territorial conduce con mayor facilidad a un equilibrio económico, social y medioambiental. De este modo, un medio rural poblado y en el que se garanticen la localización de industria y servicios, contribuiría en gran medida al objetivo que Naciones Unidas plantea.

El medio rural es el actual responsable de la depuración del CO2 que se produce en las ciudades. Sin pobladores en las zonas rurales, los incendios en los bosques serán cada vez más frecuentes y el mecanismo natural para la absorción del CO2 se quebrará, aumentando los problemas causados por el cambio climático y retrocediendo en el objetivo planteado por el ODS 13.

Por otro lado, el medio rural garantiza un enclave idóneo para el desarrollo de las energías renovables (ODS 7). Por ejemplo, las centrales de energías renovables basadas en la actividad agrovoltaica combinan la generación de energía limpia con el cultivo sostenible de las superficies agropecuarias. Con abundantes terrenos agrícolas, el medio rural puede conseguir un equilibrio que, respetando los sistemas productivos y el entorno local, garantice la generación de energía, de productos agrícolas, y de puestos de trabajo.

Además, el entorno socioeconómico de los pueblos y las pequeñas ciudades garantiza una menor desigualdad entre personas que es lo que persigue el ODS 10. En un entorno global donde las 26 personas más ricas tienen lo mismo que los 3500 millones de personas más pobres, las estructuras poblacionales de menor tamaño garantizan un reparto de la renta más igualitario y que la acumulación de riqueza por parte de la élite no alcance cuotas tan exageradas.

Pero no solo la desigualdad de ingreso y renta puede ser solucionada por el reequilibrio territorial. También la erradicación de la pobreza (ODS 1) es más fácil en contextos que cuentan con ventajas como precios de alquiler o compra de vivienda más baratos o una tasa mayor de empleo digno o no precario (ODS 8). Además el componente relacional de las pequeñas urbes hace que el sentimiento de vecindad y la identidad colectiva estén más arraigados y por tanto pueda florecer una mayor solidaridad hacia quien pasa dificultades. Algo que no suele ocurrir en las anónimas comunidades de vecinos de las grandes urbes.

Por último, quizás el ODS más a destacar por su relación con el reequilibrio territorial es el número 11, que tiene por objetivo “Ciudades y comunidades sostenibles”. La sostenibilidad es más difícil en las grandes megalópolis que necesitan importar desde el mundo rural grandes cantidades de energía, la práctica totalidad de productos alimenticios y recursos naturales como el agua e incluso el oxígeno. Este tipo de urbes no son precisamente un buen ejemplo de ciudades sostenibles. Un consumo responsable (ODS 12) solo puede ser el que se sirva en su mayoría de productos provenientes del entorno y esto solo puede ser logrado en pequeñas ciudades o pueblos.

Los ODS han sido planteados como una manera de “Pensar globalmente, actuar localmente”. Nos damos cuenta que el problema de la despoblación y el desequilibrio territorial no es un problema que afecte solo a provincias como Teruel, Cuenca o Soria (aunque en estas provincias tiene una dimensión gravísima). Ni siquiera un problema nacional a nivel español. La pobreza, la desigualdad y el deterioro medioambiental causados en parte por la estructura de grandes megalópolis superpobladas y regiones despobladas es un problema mundial.

Los problemas que pueden sufrir las zonas despobladas a nivel global, están interrelacionados con los problemas a los que se enfrentan las zonas superpobladas en todo el mundo. En un contexto globalizado como el nuestro, donde todo está conectado, las megalópolis que conllevan desigualdad y deterioro medioambiental son la otra cara de la moneda de las zonas despobladas que sufren la falta de servicios básicos y de industria. Para arreglar lo primero es necesario solucionar lo segundo. Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible reequilibrando el territorio es una cuestión de justicia social que nos ayudaría a tener sociedades donde la gente sea más feliz, donde merezca más la pena vivir.