“Una noche a las 3 de la mañana, unos criminales entraron en nuestra casa. Golpearon a mi esposa. Me defendí. Me apuñalaron en una pierna y dijeron, 'Si te mueves, le disparamos'. Nos secuestraron y nos llevaron a un hangar en las afueras de Trípoli. Pidieron 20.000 dólares por cada uno. Había 16 o 17 personas más de Somalia, Eritrea, Etiopía. Nos quedamos unos 15 días...  Golpeaban a la gente. Cuando llegas, te desnudan, golpean a los hombres y violan a las mujeres. Tras dos semanas allí, me arriesgué y escapé”. Este es el relato de Ahmed (nombre ficticio), que sufrió una letanía de abusos en Libia —donde vivió entre 2017 y 2019— después de escapar del grupo armado al-Shabab en Somalia siendo aún menor de edad. 

El testimonio de Ahmed es similar al de otros refugiados y migrantes en Libia que están atrapados en un círculo vicioso de violaciones y abusos de los derechos humanos que no ha hecho más que agravarse por las restricciones de movimiento impuestas desde marzo para contener la propagación del Covid-19. Así lo denuncia Amnistía Internacional (AI) en su último informe titulado ‘Between life and death’: Refugees and migrants trapped in Libya’s cycle of abuse. La organización ha hecho público el documento un día después de que la Comisión Europea presentara su propuesta para un nuevo pacto europeo de asilo y migración.

La batería de propuestas de Bruselas —que tendrán que validarse por los países miembros a finales de este año— no pone fin al ciclo de violencia contra los migrantes en el país norteafricano. “Eleva los muros y refuerza las vallas”, sentencia María Serrano, experta en migración y refugio de AI, en una entrevista por teléfono. “El enfoque que plantea la UE no es nuevo, es el mismo que ya se ha probado como fracasado, la propuesta no aliviará el sufrimiento de miles de personas que están en centros de detección en Libia”, apunta.

El informe de la organización de defensa de los derechos humanos repasa el catálogo de crueldad contra los refugiados y migrantes en el país magrebí tras ser interceptados en el mar de camino a Europa. Lejos de disminuir, la lista de vejaciones aumenta porque el coronavirus ha dejado varados a decenas de miles de personas de forma indefinida en situaciones de horrores inimaginables. 

Según ha conseguido documentar por primera vez AI, las personas están siendo transferidas por las autoridades libias a “agujeros negros” no oficiales de detención dirigidos por milicias donde desaparecen sin dejar rastro. Un delito que prueba la connivencia entre la Administración y los traficantes de personas. “Los que hacen negocio con los migrantes no están siendo perseguidos a pesar de que se conocen su nombre y apellidos”, denuncia Serrano. En concreto, AI tiene constancia de una fábrica de tabaco en Trípoli dirigida por milicias afiliadas al Gobierno de Acuerdo Nacional (reconocido por la ONU) y de las llamadas “instalaciones de recopilación de datos e investigación”, controladas por el Ministerio de Interior. La organización prueba, con datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y de personas entrevistadas con acceso directo a estos centros, cómo la Guardia Costera Libia hace desaparecer a los migrantes interceptados en el Mediterráneo encerrándolos en estos puntos de detención no oficiales cuyos custodios se niegan a revelar su destino y paradero.

Estos abusos se suman a los que siguen perpetrándose en Libia en un clima de casi total impunidad. Detenciones arbitrarias prolongadas, torturas y malos tratos, asesinatos, actos de violencia sexual, trabajos forzosos, extorsión y explotación a manos de actores estatales y no estatales. Según la organización, Europa continúa implementando políticas que derivan en la reclusión de personas en condiciones infrahumanas. “Nada de lo que se ha propuesto proporcionará ninguna vía de salida a las personas que están atrapadas en Libia”, aclara Serrano.

Desde 2016 —año en que la UE dio impulso a las políticas de cooperación con las autoridades libias— hasta ahora, han sido capturados 60.000 hombres, mujeres y niños. De ellos, 8.435 fueron interceptados por guardacostas libios financiados por Europa entre enero y mediados de septiembre de este año, según recoge la OIM. Para contener los flujos de migrantes hacia su territorio, Bruselas invierte millones de euros en proporcionar lanchas rápidas, entrenamiento y asistencia a la Guardia Costera Libia para interceptar personas en alta mar y devolverlas a los centros de detención de Libia. Este apoyo logístico, sin embargo, no está condicionado a que se garanticen los derechos humanos de estas personas, según denuncia AI.

El informe constata que son los mismos funcionarios los que perpetúan los abusos, junto con miembros de milicias, grupos armados y traficantes; todos actúan en completa complicidad. “Esos delitos se documentan en los centros de detención oficiales, en las cárceles, que dependen de los ministerios de justicia o del interior, y en las instalaciones no oficiales controladas por milicias, grupos armados y traficantes. Los métodos de tortura más denunciados incluyen golpes con tubos, mangueras y barras y la administración de choques eléctricos”, sostiene la investigación. “Las mujeres y las niñas corren un mayor riesgo de violencia y explotación sexual. Los perpetradores, incluidos los funcionarios del DCIM, torturan y maltratan a los que están bajo su custodia para castigarlos y humillarlos o para extraer el dinero del rescate”. Los que estuvieron prisioneros contaron a Amnistía Internacional que los guardias del DCIM los golpeaban regularmente por quejarse sobre sus condiciones o, a veces, sin ninguna razón aparente.

La salida de este círculo vicioso es lanzarse al mar en una barcaza. Una solución que, aunque entraña riesgos inmensos, se concibe como la única viable ahora que el coronavirus ha cerrado las fronteras de manera temporal y ha suspendido los programas de la ONU de reasentamiento y repatriación. Amnistía pide a la UE y a sus miembros reconsiderar sus programas de cooperación con Libia: “Para romper el círculo de abusos, Europa debe condicionar cualquier apoyo a medidas que pongan fin a los horribles abusos contra los refugiados y migrantes”, concluye el informe.

Pero este no ha sido el foco de la propuesta de la Comisión Europea anunciada este miércoles sobre la nueva política migratoria comunitaria: “Europa se sigue basando en externalizar fronteras, subcontratar la protección internacional a terceros países y en políticas de disuasión para evitar que lleguen, dejar morir a las personas en el mar, abandonar obligaciones de salvamento y hacer todo tipo de acciones para que acaben siendo retornadas a Libia”, concluye Serrano.