La estrategia con la que el Gobierno de María Guardiola pretende proyectar a Extremadura en el continente americano vivió este jueves su primer enfrentamiento en la Asamblea. La creación del Instituto Extremeño del Mestizaje, aprobada en el Consejo de Gobierno del pasado 20 de octubre dentro de la iniciativa Extremestiza, ha centrado el debate en la sesión de control a raíz de una pregunta del grupo parlamentario socialista.

El diputado del PSOE Gonzalo Romero ha calificado el nuevo organismo como un paso más en “la senda del delirio ideológico” respecto a las relaciones históricas y culturales entre la región e Iberoamérica. Romero ha contrapuesto la dotación del nuevo ente con las medidas de contención del gasto aplicadas en otros departamentos por la exttrema derecha, señalando que la Fundación Extremeña de la Cultura ha visto modificado su marco de actuación al tiempo que su presupuesto anual pasaba de uno a dos millones de euros, un incremento que ha contrapuesto con los recortes aplicados en las transferencias a sindicatos, la Agencia Extremeña de Cooperación o el Consejo de la Juventud.

Desde la oposición se ha advertido además de que las funciones encomendadas al Instituto del Mestizaje interfieren con la labor de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste. Romero ha aludido también a la inestabilidad en la dirección de la entidad tras la renuncia de su responsable inicial, Fernando Pizarro, para concurrir en la candidatura del PP al Senado.

En su turno de respuesta, el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León, ha rechazado que el nuevo organismo altere la actividad de las entidades preexistentes. León ha sostenido que el Instituto del Mestizaje no afectará “en nada y en ninguna circunstancia” a la Fundación Extremeña de la Cultura, garantizando que ambas mantendrán estructuras operativas, presupuestarias y de personal independientes.

El titular de Cultura ha afirmado que el organismo asumirá la representación de la Junta de Extremadura en las relaciones con Hispanoamérica a través de instrumentos de diplomacia cultural y soft power (poder blando).

El debate ha derivado finalmente en un intercambio de acusaciones sobre la creación de estructuras afines, donde el consejero ha replicado a las críticas haciendo referencia a decisiones adoptadas por administraciones socialistas, como la creación de la Dirección de Artes Escénicas en la Diputación de Badajoz o expedientes de contratación en empresas públicas a nivel estatal. Tras la sesión, el Ejecutivo autonómico ha confirmado la continuidad del calendario previsto para la puesta en marcha del instituto.

El primer día de la ronda de comparecencias de los altos cargos de la Junta de Extremadura para detallar las cuentas regionales de 2027 en la Comisión de Hacienda y Presupuestos ha dado lugar a numerosos choques ideológico, como era previsible, sobre todo porque uno de los departamentos protagonistas era la Consejería de Desregulación que dirige la extrema derecha. PP y Vox han cerrado filas para defender el drástico recorte aplicado al Capítulo 2 (gastos de funcionamiento y proyectos) del Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx), justificando la minoración de fondos en la necesidad de desmantelar un organismo al que acusan abiertamente de “adoctrinar” a los jóvenes y de haber ejercido como una plataforma “ideológica” al servicio de la oposición.

La reestructuración contempla despojar al CJEx de su capacidad ejecutiva para traspasar todo el peso operativo de las políticas juveniles al Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX), dependiente directamente de Vox. Bajo el argumento de eliminar “duplicidades” y “gastos superfluos”, la Junta pretende relegar al Consejo de la Juventud a un rol estrictamente “consultivo y asambleario”, reduciendo su capacidad de acción independiente.

En concreto, el capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios experimenta un drástico desplome, reduciéndose un 92% en comparación con el ejercicio anterior. Las cuentas en su conjunto se hunden casi a la mitad (de 763.380 a 392.635 euros, un 48,6 %).

El PP exige espacios “neutros y blancos” y Vox tilda al Consejo de “chiringuito”

Durante las intervenciones, el PP ha dejado clara la carga política que atribuyen a la trayectoria del organismo juvenil. Su portavoz, Teresa Tortonda, ha defendido la reorganización de competencias asegurando que las instituciones públicas deben garantizar la imparcialidad: “No queremos una juventud ni adoctrinada ni aborregada ni una juventud obediente”. En esta línea, ha afirmado que los entornos dirigidos a los jóvenes “tienen que ser neutros, blancos, ni azules ni rojos ni verdes ni morados”, dando a entender que la estructura del CJEx había perdido la pluralidad para inclinarse hacia posicionamientos partidistas.

De hecho, durante la legislatura de José Antonio Monago (2011-2015), el PP también aplicó una severa reducción presupuestaria al Consejo de la Juventud de Extremadura, del 21%, aunque en los capítulos de gasto corriente y de actividades de promoción del asociacionismo la rebaja alcanzó el 50%.

Por su parte, la portavoz de Vox, Inés Checa, ha empleado un tono aún más duro al calificar directamente al Consejo de la Juventud como un “chiringuito” opaco. Según ha dicho, “aproximadamente la mitad de este presupuesto se iba a pagar gastos de funcionariado”, mientras que las asociaciones juveniles miembro recibían únicamente “migajas” equivalentes al 9% del total de las partidas. Checa ha acusado a la oposición de utilizar el CJEx para hacer “propaganda política” y ha celebrado que las nuevas cuentas pongan fin a lo que considera una red de subvenciones ideológicas.

Esta postura coincide con la tesis expuesta por el secretario general de la Consejería, Fernando José Guerrero, quien ha explicado en la comisión que el Ejecutivo autonómico actúa para corregir una deriva histórica, argumentando que el Consejo de la Juventud “ha evolucionado a ejercer políticas de juventud de forma ideológica” que solapaban el trabajo de la propia administración regional.

La oposición denuncia un “hachazo” para acallar a la juventud organizada

Las explicaciones de la derecha y la extrema derecha han encontrado una contundente réplica en los grupos de la izquierda, que acusan al Gobierno de María Guardiola de perpetrar una persecución política contra el asociacionismo independiente. Desde el PSOE, el diputado Aitor Vaquerizo ha tildado la medida de “recorte ideológico” y ha advertido de que el verdadero propósito del Ejecutivo es “impedir que haya una juventud extremeña organizada, diversa y plural que pueda decir las cosas a los gobiernos”.

En los mismos términos se ha pronunciado Unidas por Extremadura. Su portavoz, José Antonio González Frutos, ha desmentido la existencia de duplicidades administrativas reales y ha alertado del impacto directo de dejar desiertas las partidas de apoyo a proyectos juveniles locales: “¿Cómo se garantiza la participación juvenil organizada” si se retira el sustento económico para la operatividad y la sede del Consejo?, ha cuestionado.

Tijeretazo en Inclusión Social y Cooperación

El conflicto por el Consejo de la Juventud ha sido la punta de lanza de una Sección 24 del presupuesto autonómico, que experimenta una caída global del 3,1% en sus cuentas, descendiendo de 218,6 a 211,8 millones de euros. Desde Unidas por Extremadura, González Frutos ha calificado el presupuesto de “un peligro para las políticas sociales” al revelar que la partida destinada a Inclusión Social sufre un recorte de 11 millones de euros, precisamente en una comunidad autónoma que soporta una tasa de pobreza del 30,4%. González Frutos ha criticado además que mientras se ajustan las ayudas sociales, la propia Secretaría General de la Consejería “sube sus gastos un 39%”.

Asimismo, el PSOE ha denunciado el desmantelamiento práctico de la cooperación internacional a través de la Agencia Extremeña de Cooperación (AEXCID), cuyas transferencias quedan testimonialmente reducidas a un “fondo de contingencia” de 300.000 euros. Para los socialistas, las cuentas aplican la política de “la motosierra” a los colectivos más vulnerables bajo el pretexto del ahorro.

Frente a la lluvia de críticas, tanto la Junta como el PP han defendido los incrementos localizados en el área de infancia y familias, que alcanza los 99,7 millones de euros (un 3,65% más). Entre las cifras exhibidas por el Gobierno destacan la consignación de 16,7 millones de euros (un aumento del 96%) para concertar plazas en hogares de protección de menores tutelados, la duplicación de las ayudas individuales a enfermos de ELA (que pasan de 2.000 a 4.000 euros) y el refuerzo con 500.000 euros adicionales para el programa de respiro familiar de cuidadores.

Las grandes compañías energéticas que operan en Extremadura pagarán menos impuestos en 2027 porque, según el Gobierno autonómico de PP y VOX, están al límite. Durante el debate de la enmienda a la totalidad presentada por el PSOE al proyecto de Presupuestos regionales, la consejera de Hacienda, Elena Manzano, ha justificado el recorte progresivo de la ecotasa escudándose en la “absoluta desesperación de las eléctricas” ante la carga tributaria que les impone el Ejecutivo central.

El argumento ha servido a la Junta para amparar el inicio de un calendario de bonificaciones a las propietarias de la central nuclear de Almaraz (Iberdrola, Endesa y Naturgy) con la premisa de que rebajarles la presión fiscal regional ha sido la única vía para forzar la prórroga de la planta cacereña y proteger unos 4.000 empleos, según sus datos. Frente a los cerca de 9.000 millones de euros que ingresa el Estado por la fiscalidad energética, la titular de Hacienda ha reprochado a Madrid que haga “caso omiso” a las demandas del sector.

La explicación de la consejera ha encontrado un rechazo frontal en la bancada socialista durante la defensa de su enmienda a la totalidad. Desde el PSOE han tildado de “falta de respeto a la inteligencia del pueblo extremeño” vincular el futuro de Almaraz con una rebaja de impuestos autonómicos y han cuestionado con dureza la supuesta vulnerabilidad del sector. “Madre mía, tomarán trankimacín para dormir los que ganan 10.000 millones de euros al año”, ha ironizado la portavoz socialista Isabel Gil Rosiña, que ha pedido a la consejera “no levantar los pies del suelo” mientras a muchas familias de la región “les cuesta llegar a fin de mes”.

Los socialistas han recordado que la ecotasa, que ha aportado históricamente en torno a 100 millones de euros anuales a las arcas regionales, según la cifra que ha manejado Gil, Rosiña, “forma parte del autogobierno y de la dignidad de un pueblo que se negó a ser espoliado”, avalada en su día por los tribunales tras las batallas judiciales libradas por los gobiernos de Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara. “Se ponen al lado de los poderosos, abrazan a las grandes eléctricas y le dan la espalda a los ciudadanos regalándoles 28 millones en este presupuesto”, han afeado a la Junta.

Las cifras del plan: así se calculan los 178 millones

Más allá de la batalla política, los números del proyecto presupuestario han diseñado una renuncia de ingresos de calado a tres años. La merma de recaudación acumulada para la Hacienda autonómica alcanzará los 177,9 millones de euros hasta 2029, año en el que el tributo ambiental quedará completamente extinguido para las instalaciones atómicas si antes el Gobierno central beneficia a las multinacionales eléctricas con rebajas fiscales, ha precisado la consejera de Hacienda.

El cálculo se articula en tres fases sobre una base de recaudación potencial de 93,6 millones de euros anuales: en 2027 (primer año) se aplicará un descuento del 30% en la cuota de la ecotasa, lo que supondrá 28,1 millones de euros menos para las arcas públicas, tal y como recogen las cuentas autonómicas. En 2028, las deducciones se ampliarán hasta el 60%, con un impacto de 56,2 millones de euros. Y el tercer año (2029) se alcanzará la bonificación del 100%, lo que implicará dejar de ingresar la totalidad de la cuota, estimada en 93,6 millones de euros.

La suma de esas mermas arroja un saldo de cerca de 178 millones de euros en beneficios fiscales para Iberdrola (53% de Almaraz), Endesa (36%) y Naturgy (11%).

Un Gobierno “vago”

La portavoz del PSOE también ha criticado la rebaja fiscal propuesta para el año que viene porque supondrá la pérdida de 500 millones de euros en tasas e impuestos para las arcas públicas, traducidos en un ahorro de apenas 4,31 euros al mes para las familias trabajadoras mientras se “regalan” 22 millones de euros a las rentas altas con la supresión del Impuesto de Patrimonio y 28 millones en este ejercicio a las multinacionales energéticas.

“Nunca antes Extremadura había tenido un Gobierno tan irresponsable, tan vago y tan incapaz de cumplir con lo mínimo”, ha sentenciado Gil Rosiña, denunciando el “coste ideológico” de las cuentas de PP y VOX, que a su juicio castiga la juventud, la cooperación al desarrollo y la memoria histórica tras una “falsa moderación” de Guardiola.

Frente a la enmienda a la totalidad de la oposición, la consejera de Hacienda, Elena Manzano, ha cerrado filas reprochando al PSOE su “agradecimiento y defensa” de la gestión de Pedro Sánchez frente a una deuda del Estado con Extremadura que ha cifrado en 1,75 billones de euros. “Son el peor Partido Socialista de la historia de la región porque se posicionan al lado del que ha intentado aniquilar los servicios públicos”, ha arremetido Manzano.

La titular de Hacienda ha defendido la ejecución presupuestaria de 2026 como “la mayor de los últimos diez años” y ha argumentado que las cuentas de 9.254 millones de euros (425 millones más que el año anterior) contienen una fiscalidad “justa” para favorecer el acceso a la vivienda y el crecimiento económico. “Nos da igual que a ustedes no les guste el Presupuesto, les gusta a los extremeños. A los extremeños no les gusta el PSOE”, ha concluido Manzano sobre una enmienda que ha calificado como “la nada más absoluta” ante un proyecto que saldrá adelante con el respaldo del 66% de la Cámara.

El socialismo extremeño y la política regional están de luto tras la muerte este lunes de Luciano Fernández Gómez, conocido por todos como 'Chano', a los 74 años de edad. Natural de la localidad cacereña de Ibahernando, Fernández fue una de las figuras históricas más reconocibles y respetadas del parlamentarismo regional, habiendo desempeñado responsabilidades de relevancia institucional como la Vicepresidencia de la Asamblea de Extremadura, además de su labor como diputado en autonómico a lo largo de varias legislaturas.

Docente de profesión y apasionado por la vida pública, Chano Fernández dedicó más de cinco décadas a la actividad política y social en la comunidad autónoma. Su trayectoria estuvo estrechamente vinculada a la ciudad de Mérida, donde ejerció la militancia en la Agrupación Socialista local y mantuvo un papel activo tanto en la gestión de asuntos públicos como en el debate político, continuando en sus últimos años su faceta divulgativa como colaborador en tertulias y medios de comunicación.

Tras conocerse la noticia de su pérdida, las muestras de condolencia y dolor no se han hecho esperar dentro de las filas del PSOE extremeño y entre representantes de distintas formaciones políticas, instituciones y colectivos sociales de la región. Dirigentes políticos y compañeros de partido han coincidido en destacar su carácter afable, su profunda vocación de servicio público y su contribución imprescindible a la consolidación de las instituciones democráticas y al desarrollo de Extremadura.

PP y Vox han cerrado la puerta a cualquier crítica a los centros de datos en Extremadura, a pesar de que cuatro megainfraestructuras se proyectan en la región, alguna con trámites muy avanzados. Los socios de gobierno han impedido la comparecencia en la Comisión de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Asamblea del científico del CSIC Manuel García Domínguez, propuesta por Unidas por Extremadura para que aportara “una visión científica acerca de los beneficios y los riesgos asociados a los proyectos de instalación de grandes centros de datos” en la comunidad.

El diputado de la coalición de izquierdas, Francisco Llera Cáceres, explicó que el investigador se encuentra elaborando su tesis doctoral precisamente sobre la gobernanza, los cuellos de botella, la sostenibilidad y el impacto socioeconómico real de los centros de datos en Aragón y Extremadura, pero pese a los argumentos académicos esgrimidos por Llera, el PP y Vox rechazaron de plano la solicitud. La portavoz del PP en la comisión, Isabel Cortés

Pese a los argumentos académicos esgrimidos, la bancada del Partido Popular rechazó de plano la solicitud. La diputada del PP Isabel Cortés, cargó con dureza contra el perfil del ponente, cuestionando que se convoque a “alguien de fuera”, pese a sus vínculos familiares con Extremadura, y que, a su juicio, mantiene “una visión muy negativa y un ecologismo chavista”.

Cortés defendió el interés empresarial suscitado en la región y cifró en unos 700 los empleos directos de operación que generarán estas plantas, reprochando a la izquierda estar instalada en el “no a todo” frente al crecimiento regional y contraponiendo esta postura con los 4.000 puestos vinculados a la central nuclear de Almaraz.

Por su parte, Vox justificó su negativa amparándose en motivos competenciales. La diputada Eva García Alegre sostuvo que los trabajos de la comisión parlamentaria deben ceñirse a un enfoque estrictamente técnico-industrial orientado al desarrollo económico, por lo que las valoraciones de carácter científico como las del investigador propuesto deben canalizarse a través de los trámites administrativos de información pública y alegaciones.

La iniciativa contó únicamente con el respaldo del bloque progresista de la Cámara. Desde las filas del PSOE, el diputado Aitor Vaquerizo calificó la solicitud de “oportuna” y confirmó el voto favorable de su formación con el fin de evaluar tanto los riesgos como los potenciales beneficios de estos megaproyectos.

Ecologistas en Acción carga contra el “negacionismo ambiental”

El veto parlamentario ha provocado una contundente reacción de Ecologistas en Acción, que ha denunciado formalmente que PP y Vox “cierran las puertas de la Asamblea a la ciencia ambiental” al impedir la intervención del científico. Desde la organización ecologista inciden en que la intención del grupo proponente “no era paralizar ningún centro de datos, sino escuchar a un investigador antes de tomar decisiones que pueden condicionar el futuro de Extremadura durante décadas”.

Para el colectivo, resulta “preocupante” que la derecha relegue el conocimiento científico a meros expedientes administrativos de información pública, excluyéndolo del debate y la fiscalización parlamentaria. Ecologistas en Acción advierte de que el rechazo se produce en un contexto de “fuerte presión” por grandes inversiones industriales, energéticas, mineras y agroganaderas, donde las preguntas sobre el elevadísimo consumo de agua y energía, la ocupación de suelo o las emisiones “quedan relegadas frente al discurso triunfalista de los anuncios de inversión”. En este sentido, recuerdan que la propia Junta de Extremadura ha llegado a reclamar la retirada de propuestas estatales destinadas a fijar exigencias de eficiencia energética e hídrica a estas plantas informáticas.

“El negacionismo ambiental no consiste solo en negar el cambio climático; también se manifiesta cuando se ignoran las evidencias científicas, se minimizan los impactos económicos o se impide escuchar a quienes pueden explicarlos”, indica la organización. El colectivo subraya que la comunidad autónoma padece ya manifestaciones graves de degradación (embalses eutrofizados, acuíferos contaminados por nitratos, suelos degradados y dehesas amenazadas por la seca) que exigen rigurosidad técnica y evaluación de efectos acumulativos. “Cerrar las puertas de la Asamblea a la ciencia no hace desaparecer los impactos ambientales. Solo impide conocerlos y prevenirlos antes de que sean irreversibles”, concluyen.

Comienzan a ser excepcionales los plenos de la Asamblea de Extremadura que se desarrollan con normalidad. La sesión de este jueves ha vivido de nuevo momentos de bronca y de máxima tensión dialéctica que recuerdan al “me gusta la fruta” de Isabel Díaz Ayuso.

El detonante se ha producido durante el debate de una propuesta de pronunciamiento de Vox relativa a la seguridad y a la situación de los jóvenes en Ceuta. Durante su intervención, el diputado del PP, Hipólito Pacheco, ha arremetido contra el movimiento feminista y los partidos de la bancada de la izquierda al aludir a supuestas agresiones sexuales atribuidas a “invasores” en una tienda de campaña en Ceuta. Pacheco ha criticado lo que considera una respuesta tibia por parte de las formaciones progresistas.

“La mujer violada en una tienda de campaña en Ceuta... Las feministas de izquierda han escuchado ese audio, ¿han dicho algo las feministas de izquierda de la violación de esa mujer en una tienda de campaña por los invasores? No han dicho nada. Ustedes están calladas como puertas, igual que ante el catálogo de prostitutas de Ábalos, calladas como puertas las feministas de izquierda ante las violaciones en Ceuta”, ha dicho. Una expresión que en ese contexto recuerda a otra reconocida por la RAE: “callados como putas”.

El PSOE exige la retirada de las palabras

Ante estas afirmaciones, la portavoz del grupo socialista, Isabel Gil Rosiña, ha solicitado amparo a la Presidencia de la Asamblea para que revisara el reglamento y comprobara el contenido exacto de las declaraciones del diputado del PP.

“Señor vicepresidente (en funciones de presidente), en nombre del Partido Socialista le agradezco que, atendiendo a la aplicación del reglamento de la Cámara, no cele la palabra, porque tenemos una gran responsabilidad los 65 hombres y mujeres que aquí nos sentamos”, ha solicitado Gil Rosiña, que ha denunciado también que los portavoces de los grupos que sustentan al Gobierno autonómico, PP y Vox, vulneran de forma sistemática el respeto a los adversarios políticos.

“El señor que acaba de bajarse de la tribuna ha dicho a las mujeres de esta bancada, a las mujeres socialistas, no sé si al resto de mujeres, que estamos calladas como puertas, y esto es como lo que me gusta la fruta, como las putas de Ábalos. Solicito, señor presidente, atendiendo al reglamento de la Cámara, como si se tiene que parar esta sesión plenaria, para comprobar que se ha dicho eso y se ha retirado y pedido disculpas el diputado. ¿A dónde vamos a llegar, señor vicepresidente?”.

El PP justifica la intervención

Ante la petición de los socialistas de frenar el plenario para constatar el exabrupto y exigir una rectificación, la bancada del PP ha salido en defensa de su compañero de filas. El portavoz del grupo, José Ángel Sánchez Juliá, ha argumentado que a los socialistas solo “les duele que les digan las verdades”.

Por su parte, Hipólito Pachecho ha asegurado que con sus palabras no quería decir lo que el PSOE le acusa.

Los presupuestos y la rebaja fiscal que plantean PP y Vox para Iberdrola, Naturgy y Endesa ha llegado este jueves al pleno de la Asamblea de Extremadura. La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha defendido con firmeza la reducción en un 30% de la 'ecotasa' que pagan las empresas propietarias de la central nuclear Almaraz, una medida recogida en el proyecto de presupuestos para el año que viene, argumentando que ha sido “clave” para salvar las instalaciones y que responde a una “decisión responsable y no un capricho”.

Frente a esta postura, el secretario general del Grupo Socialista, Álvaro Sánchez Cotrina, ha arremetido contra el Ejecutivo autonómico. El dirigente del PSOE ha acusado a Guardiola de haber elegido “ayudar a las grandes compañías eléctricas antes que resolver los problemas de la gente”, criticando que se renuncien a 28 millones de euros de ingresos fiscales mientras sectores clave como la agricultura, la educación o los jóvenes que buscan una vivienda afrontan graves dificultades cotidianas.

Durante su intervención, la presidenta extremeña ha sostenido que la prioridad para Extremadura era garantizar la continuidad de la central y que la única forma de conseguirlo era rebajar los impuestos que soportan las compañías. Según ha explicado, en cuanto se anunció esta bonificación fiscal, las empresas propietarias solicitaron formalmente la prórroga. Asimismo, ha asegurado que con esta decisión se logró frenar un “plan maquiavélico” del Gobierno de Pedro Sánchez para hacer inviable la planta mediante la presión fiscal.

Guardiola se ha mostrado “enormemente orgullosa” de la medida presupuestaria y ha advertido de que un hipotético “apagón nuclear” encarecería la factura eléctrica de los ciudadanos en más de 200 euros, según datos de la patronal, recordando que a partir del próximo 29 de noviembre se abrirá la puerta a ampliar la prórroga por muchos años más.

“Amenazas” para mantener el empleo y pérdida de autoridad

Por su parte, Sánchez Cotrina ha rechazado frontalmente los argumentos del Gobierno extremeño y ha reprochado a la presidenta que confunda “defender a Extremadura con defender la cuenta de resultados de las grandes empresas”. El portavoz socialista ha criticado que la Junta acepte presiones y “amenazas para mantener los empleos”, defendiendo que las corporaciones energéticas no necesitaban este alivio fiscal a costa de los extremeños.

Además, el líder socialista ha advertido de que, al renunciar a los recursos propios de una tasa aplicada de forma histórica desde 1997, el Ejecutivo autonómico pierde “autoridad moral” y capacidad de negociación para exigir una financiación autonómica justa al Gobierno central.

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado este miércoles una enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos de Extremadura para 2027 con la exigencia de que sean devueltos a la Junta. Desde las filas socialistas se denuncia que las cuentas de PP y Vox carecen de la ambición política indispensable para transformar la realidad de la región.

Según la portavoz socialista, Isabel Gil Rosiña, el incremento presupuestario responde al buen comportamiento de la economía española y al aumento de los recursos procedentes de la financiación estatal y de los fondos europeos, y no a una gestión propia de la presidenta María Guardiola. “Esta oportunidad que brinda la buena marcha de la economía española hace que este presupuesto crezca. Sin embargo, la parte que tenía que poner el Gobierno de la Junta de Extremadura no está escrita en el presupuesto”, ha señalado en referencia a los más de 9.000 millones de euros consolidados.

El PSOE advierte de que el proyecto está inflado debido a una elevada inejecución prevista y critica que el incremento de los ingresos no se traduzca en un impulso efectivo de las políticas económicas, de empleo o de vivienda, sector este último cuyo crecimiento se limita a un testimonial 0,8%.

“Abrazarse a los poderosos” y cesiones a Vox

Durante su intervención, Gil Rosiña ha acusado al Ejecutivo de coalición entre el PP y Vox de utilizar las cuentas públicas para favorecer a los grandes intereses económicos en detrimento del bienestar general. En este sentido, ha denunciado que los presupuestos contemplan “regalar” 28 millones de euros a las grandes compañías eléctricas que explotan la central nuclear de Almaraz, mientras se debilitan de manera paulatina servicios esenciales como la sanidad y la educación pública.

Asimismo, los socialistas han puesto el foco en la subordinación del Gobierno extremeño a la “agenda ultra y conservadora” de su socio de coalición, lo que a su juicio se traduce en recortes drásticos en áreas clave para la cohesión social. Como ejemplo, han destacado el desplome del presupuesto de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) en más de un 52% y la reducción a la mitad de la partida destinada al Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx), además del recorte a los sindicatos y patronal que debilita la concertación social.

Frente a ese modelo, la enmienda a la totalidad registrada por el Grupo Socialista plantea un modelo alternativo estructurado en torno a 12 ejes estratégicos orientados a relanzar la economía y blindar el estado del bienestar. Entre las prioridades reclamadas por el PSOE figuran la puesta en marcha de un plan extraordinario de vivienda protegida, el refuerzo de la atención primaria y de la educación pública, la implantación de una nueva estrategia de industrialización vinculada a la transición energética y el impulso de medidas efectivas contra la despoblación.

Si en los primeros presupuestos de la nueva coalición de PP y Vox en Extremadura, aprobados este verano, las principales daminificadas fueron la cooperación internacional al desarrollo y las ONG, en los segundos, los de 2027, el tijeretazo lo sufren los jóvenes extremeños y, en concreto, el Consejo de la Juventud regional (CJEx), una institución que lleva cuatro décadas defendiendo siendo el principal interlocutor válido de representación juvenil ante los poderes públicos y dando voz al tejido asociativo de la región, pero ahora ve amenazado su propio funcionamiento y viabilidad.

El CJEx ha instado de manera urgente a revisar la dotación económica contemplada en el proyecto de presupuestos autonómicos para el año que viene porque el capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios experimenta un drástico desplome, reduciéndose un 92% en comparación con el ejercicio anterior. Las cuentas en su conjunto se hunden casi a la mitad (de 763.380 a 392.635 euros, un 48,6 %).

Según los datos detallados por el propio Consejo, esta partida presupuestaria cuenta con una consignación de apenas 28.300 euros, una cifra que contrasta con los 352.703 euros asignados durante el ejercicio económico de 2026. Desde el organismo juvenil recuerdan que este fondo no se emplea de forma exclusiva para el diseño y desarrollo de proyectos orientados a la juventud, sino que constituye el soporte financiero indispensable para garantizar el funcionamiento ordinario y el sostenimiento físico de la sede del CJEx.

A juicio de la organización, un recorte de esta magnitud “reducirá considerablemente” la capacidad operativa de la entidad para impulsar iniciativas de participación juvenil y atender de manera eficaz las demandas y necesidades de la juventud extremeña.

A esta merma en los gastos corrientes se suma la completa eliminación del capítulo VI, una partida que estaba destinada específicamente a la inversión en investigación y recogida de datos. Desde la perspectiva del Consejo, esta supresión limita gravemente la posibilidad de analizar con rigor científico la realidad de los jóvenes en la comunidad y de generar un conocimiento útil que sirva de base para diseñar políticas públicas eficaces.

La postura del Ejecutivo autonómico: evitar duplicidades

De cualquier forma, el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández (Vox), que asume las competencias de juventud, ya lo advirtió en un pleno el pasado mes de septiembre. Fernández defendió durante un debate con Unidas por Extremadura la necesidad de eliminar las actividades que se solapen con las competencias del Instituto de la Juventud —organismo que depende de su consejería— para atajar lo que considera “gasto superfluo”.

Según explicó, carece de sentido “que se estén pagando proyectos de unos cuando lo pueden hacer otros” y criticó que se incurra en una situación en la que “se multiplique por dos el gasto” público destinado a fines idénticos dentro de la administración autonómica.

Durante la legislatura de José Antonio Monago (2011-2015), el PP también aplicó una severa reducción presupuestaria al Consejo de la Juventud de Extremadura, del 21%, aunque en los capítulos de gasto corriente y de actividades de promoción del asociacionismo la rebaja alcanzó el 50%.

La tensión en las negociaciones entre las diferentes fuerzas a la izquierda del PSOE de cara a las elecciones generales del 29-N ha provocado una respuesta contundente desde Extremadura. Irene de Miguel, coordinadora de Podemos y portavoz de la coalición Unidas por Extremadura, (formada por Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde) ha alzado la voz con dureza en las redes sociales para denunciar el rumbo de las conversaciones, calificándolas abiertamente de “espectáculo y circo lamentable”.

En su reflexión, De Miguel ha querido evidenciar la fractura territorial que percibe en el espacio progresista, señalando directamente a la desconexión de los aparatos estatales: “No sé qué pasará hoy, pero lo que es evidente es que existe una brecha cada vez mayor entre lo que sucede en Madrid y la política que hacemos en las periferias. Muy harta quienes solo piensan en ganar el relato, pero olvidan que hay que ganar un país”, ha manifestado con contundencia.

La dirigente extremeña se ha desmarcado de las disputas orgánicas centralizadas insistiendo en que, si bien el desenlace del pacto “depende de estatal”, su apuesta pasa por reproducir la coalición de Unidas por Extremadura. Para la portavoz, esta alianza ya demostró su eficacia al cosechar “muy buenos resultados” en los comicios autonómicos de diciembre de 2025, tras capitalizar el descontento con el PSOE y pasar de 4 a 7 diputados en la Asamblea y superar el 10% de los votos.

Por ello, De Miguel ha subrayado que se trata de una fórmula perfectamente “asentada, sólida, que funciona, reconocida y reconocible” por los extremeños, por lo que ha lamentado que la “estrategia de los partidos en Madrid y Cataluña nos va a afectar al resto de territorios porque nos vamos a ver con dos listas a la izquierda del PSOE”.

“Lucha de sillones” sin debate programático

A pocas horas de que finalice el plazo para negociar y presentar coaliciones para las elecciones del 29-N, De Miguel ha criticado que los actores implicados actúen desde el egoísmo: “Se miran el ombligo y unos y otros hacen cálculos que no tienen que ver con el futuro del país, sino con el futuro de su espacio político”, lo que a su juicio provocará una “desmovilización total del voto”.

El principal reproche lanzado desde Extremadura apunta a la total ausencia de contenido político en las conversaciones: “Aquí lo que se está produciendo es una lucha de sillones, pero nadie ha hablado de programa”, ha afeado la coordinadora de Podemos en Extremadura.

Su diagnóstico ha concluido con un aviso claro sobre las consecuencias electorales de este desencuentro. De Miguel ha advertido de que, de seguir por este camino de disputas internas, “los únicos que acudirán a votar ilusionados el próximo 29 de noviembre serán los de la extrema derecha”.

Los centros de salud y consultorios locales de Extremadura dan este jueves el pistoletazo de salida a la campaña general de vacunación combinada frente a los principales virus respiratorios de la temporada: la gripe, la covid-19 y el virus respiratorio sincitial (VRS). La comunidad autónoma dispone para esta estrategia de más de 503.000 dosis dirigidas a proteger a los grupos prioritarios y más vulnerables de la región.

Con el objetivo de agilizar la cobertura y facilitar el acceso a los ciudadanos, el Servicio Extremeño de Salud (SES) volverá a habilitar en los centros de salud que lo soliciten turnos de vacunación por las tardes y sin necesidad de cita previa para la población diana. Además, en aquellos casos en los que coincida la indicación frente a la gripe y la covid-19, ambas vacunas podrán coadministrarse en un único acto.

La planificación económica de la Junta de Extremadura ha supuesto una inversión de más de 8 millones de euros para la compra de 359.350 dosis de vacunas antigripales y frente al VRS, a las que se suman 143.800 dosis contra la covid-19 suministradas directamente por el Ministerio de Sanidad. La campaña se prolongará inicialmente hasta el 31 de enero de 2027, aunque podrá mantenerse activa durante el mes de febrero en función de la evolución de la curva epidemiológica.

Refuerzo para mayores y ampliación del calendario infantil

En el desglose por patologías, el SES ha adquirido 337.350 vacunas antigripales adaptadas a las necesidades de cada perfil. Entre las novedades destaca la ampliación de la edad recomendada de vacunación escolar hasta los 11 años, un proceso que comenzó el 1 de octubre en los colegios con 52.000 dosis de la fórmula intranasal infantil.

Para la población mayor de 60 años, la región vuelve a apostar por la vacuna de alta carga Efluelda, reservando 200.000 dosis diseñadas para generar una respuesta inmunitaria reforzada que reduzca el riesgo de hospitalización y complicaciones graves. El dispositivo se completa con 85.000 dosis estándar (Vaxigrip) y lotes específicos en cultivo celular para personas con alergias graves al huevo.

Escudo contra el VRS y la covid-19

En el caso del virus respiratorio sincitial (VRS), responsable de las bronquiolitis estacionales, el sistema sanitario regional cuenta con 7.000 dosis de nirsevimab (Beyfortus) para recién nacidos y lactantes, una inmunización sistemática implantada en la campaña 2023-2024 que ha logrado reducir drásticamente los ingresos hospitalarios en pediatría. Asimismo, se administrarán 15.000 dosis a mayores de 60 años institucionalizados en residencias y a personas con condiciones clínicas de alto riesgo.

Por su parte, las 143.800 dosis disponibles contra la covid-19 se destinarán prioritariamente a mayores de 70 años, usuarios de centros sociosanitarios, pacientes inmunodeprimidos o con patologías crónicas, embarazadas, personal sanitario y convivientes de personas vulnerables.

Unidas por Extremadura llevará ante el Tribunal Constitucional el bloqueo parlamentario de la proposición de ley para crear la Oficina Extremeña contra el Fraude y la Corrupción. La portavoz del grupo, Irene de Miguel, ha anunciado este viernes la presentación de un recurso de amparo ante el órgano garante de la Constitución tras confirmarse que la Mesa de la Asamblea de Extremadura ha vetado “de nuevo” la tramitación de esta iniciativa legislativa.

Para justificar el rechazo, la Mesa del Parlamento, donde PP y Vox ostentan la mayoría, ha argumentado que la norma genera un impacto directo en las cuentas públicas. Una justificación que De Miguel ha tildado de “excusa peregrina”, recordando que el texto preveía explícitamente en su disposición final que la entrada en vigor no se produciría hasta el siguiente ejercicio presupuestario.

“Nos parece muy grave. Vetar de esta manera hace que sea imposible presentar ningún tipo de ley en la Asamblea”, ha criticado la portavoz, quien ha alertado de que este criterio “cierra” la Cámara a la iniciativa legislativa de la oposición y supone una vía para “cercenar el trabajo parlamentario y acabar con la pluralidad política”.

De Miguel ha recordado que organismos de supervisión similares ya funcionan en otras comunidades autónomas como Andalucía, Cataluña, Navarra o la Comunitat Valenciana. Asimismo, ha censurado la incoherencia de PP y Vox en el discurso público sobre la regeneración democrática: “Se les llena la boca hablando de la corrupción del Partido Socialista, pero cuando les pones encima de la mesa una herramienta real para luchar contra ella en la administración pública, vetan la ley e impiden el debate”.

Ante lo que considera una vulneración del derecho fundamental de los diputados a ejercer la iniciativa legislativa, la formación registrará el recurso de amparo ante el TC para frenar lo que define como “autoritarismo” y una “forma patrimonial” de entender las instituciones por parte del Ejecutivo autonómico.

David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, ha recurrido ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que lo condenó a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa por su contratación en la Diputación de Badajoz. En el escrito, su letrado, Emilio Cortés, solicita la libre absolución y denuncia que la causa constituye una “investigación prospectiva” originada sin indicios delictivos e impulsada exclusivamente por su vínculo de parentesco con Pedro Sánchez.

La representación legal del músico enfatiza en el recurso que a lo largo de toda la instrucción y el plenario no se ha aportado prueba alguna que acredite más allá de toda duda razonable que David Sánchez participara en el impulso, preparación o tramitación del expediente administrativo que reguló su plaza en la Diputación de Badajoz.

Para la defensa, la atribuida responsabilidad penal responde a motivos extraprocesales: “Las imputaciones a David Sánchez se esconden tras la argumentación judicial, no cabe duda, por el libro de familia de los padres de nuestro mandante; esto es, por la condición de político de su hermano”.

El argumento principal de la apelación se basa en la contradicción en la que, a juicio de la defensa, incurre el propio fallo de primera instancia. La Audiencia Provincial absolvió expresamente a David Sánchez del delito de tráfico de influencias al declarar probado que “no ha quedado acreditado que esta actuación se llevara a cabo por el prevalimiento ejercido por el acusado” ni por servirse de su relación fraterna con el presidente del Gobierno o de su cercanía con el entonces presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.

El abogado explica que, al descartarse el uso de influencias, que es el único argumento que sostenían las siete acusaciones populares, la condena por prevaricación se queda sin móvil, contraviene la presunción de inocencia y quebranta el principio acusatorio al construir un relato condenatorio ajeno a las tesis validadas en el juicio.

El “señuelo” del absentismo desmentido por 4.500 correos y la UCO

El recurso desmonta asimismo la acusación de que no fuere a trabajar, que sirvió de detonante para la apertura de las diligencias. La defensa subraya que durante los años de prestación de servicios no existió queja ni expediente disciplinario alguno contra el funcionario, que por su condición de personal de alta dirección no tenía obligación de fichar y que la totalidad de los testigos interrogados en el juicio descartaron el absentismo.

A ello suma el resultado del análisis practicado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los 4.494 correos electrónicos de la cuenta profesional del investigado. El atestado policial concluyó que todas las comunicaciones versaban estrictamente sobre proyectos de gestión cultural e institucional, sin que los agentes detectaran indicio alguno de indisciplina o abandono del puesto.

El escrito ataca con dureza la génesis de las actuaciones, iniciadas en mayo de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias sustentada en recortes de prensa y conjeturas que buscaban vincular su residencia en la localidad portuguesa de Elvas con tramas de corrupción. La defensa critica que el juzgado de instrucción asumiera esos planteamientos para abrir una causa general sobre la totalidad de la vida laboral y el patrimonio del investigado.

Por todo ello, la representación de David Sánchez suplica al TSJEx la estimación íntegra de la alzada y la anulación de la condena por vulneración de los derechos fundamentales a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva, al secreto de las comunicaciones y a la intimidad, o, con carácter alternativo, al no concurrir los elementos objetivos ni subjetivos del delito de prevaricación.

El choque sobre la representación institucional de Extremadura en la negociación de la Política Agraria Común (PAC) ha desatado un enfrentamiento en el pleno de la Asamblea. El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Juan José García García (Vox), ha justificado este jueves su plantón al Ministerio de Agricultura para el Consejo Consultivo de Política Agraria para Asuntos Comunitarios celebrado en Madrid y su decisión de ceder la voz de la región, y la defensa de los intereses del campo extremeño, al consejero de Agricultura de Castilla y León, también de Vox.

Ante las recriminaciones de la oposición por dejar el futuro de los agricultores y ganaderos extremeños en manos de otra comunidad autónoma, García ha tirado de ironía para defender su ausencia en la reunión ministerial: “¿Por qué no fui a decírselo? Porque se lo había dicho antes por escrito. Porque entre que me conociese el ministro y estar con los agricultores de Tierra de Barros, prefiero estar con los agricultores de Tierra de Barros”. Respecto a delegar la representación autonómica en la Junta de Castilla y León, el titular de Agricultura ha argumentado que se trató de un mero criterio técnico al ser una sectorial entre consejeros del ramo.

Asimismo, García ha asegurado que la postura de Extremadura se remitió al Ministerio por escrito al Ministerio 15 días antes. Entre las exigencias, ha enumerado la reserva de entre un 7% y un 10% de los fondos para la incorporación de jóvenes, la negativa a asumir nuevas exigencias normativas que reduzcan la rentabilidad, la obligatoriedad de la degresividad de las ayudas y el rechazo a diluir la PAC dentro de un fondo único europeo.

Sectores desprotegidos y “ninguneo” a la consejera del PP

Las explicaciones del consejero no han convencido al Grupo Socialista. La portavoz de Agricultura del PSOE, Blanca Martín, ha criticado duramente que la representación autonómica se ponga en manos de una región cuyas prioridades productivas no coinciden con las de Extremadura. Martín ha reprochado al consejero que dejara sin defensa en Madrid a sectores estratégicos extremeños que nada tienen que ver con el modelo castellanoleonés, como el porcino ibérico extensivo, el tabaco, el vino, la apicultura, el olivar de montaña, el arroz, el tomate, los frutales o los cereales de bajo rendimiento.

“¿Por qué no fue a decírselo al ministro? ¿Por qué delegó en el consejero de Castilla y León y no en su compañera de Gobierno, la señora Morán, que algo sabrá de agricultura?”, le ha interpelado la diputada socialista, recordando que la actual consejera de Industria (PP) ostentó las competencias de Agricultura en la anterior legislatura.

El debate ha subido de tono con la intervención del parlamentario socialista Manuel Mejías, quien se ha dirigido directamente a Mercedes Morán para denunciar lo que considera un “ninguneo institucional” dentro del propio Gobierno de María Guardiola. “Su compañero de gobierno decidió que para representar a Extremadura era mejor un consejero de Castilla y León que usted. Desde que Vox está en el Ejecutivo, parece que los intereses del campo extremeño se tutelan desde Valladolid”, ha recriminado Mejías.

El diputado socialista ha exigido a la presidenta de la Junta que ponga orden de inmediato en la coalición autonómica: “No se puede tener el choto, la cabra y la leche: o gobiernan o se pelean. Si no son capaces de ponerse de acuerdo sobre quién representa a esta tierra, cese de una vez a los dos consejeros”.

Por su parte, Mercedes Morán ha negado sentirse apartada o marginada por sus socios de Gobierno. La consejera popular ha asegurado que ha acudido a las convocatorias del Ministerio en las materias de su competencia en Desarrollo Rural y ha asegurado que el PSOE también llegó a delegar la representación extremeña en el consejero de Castilla-La Mancha. Morán ha pedido a la oposición “no hacer ruido de lo que no existe” y centrar los esfuerzos en defender al sector primario de la región.

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha dado un paso al frente en el debate político nacional al animar y situar sobre la mesa un adelanto electoral en el caso de que decaigan los decretos del Gobierno en materia de vivienda. De este modo, se convierte en el primer líder regional en plantear abiertamente esta posibilidad ante el bloqueo parlamentario.

Durante una comparecencia pública el jueves por la tarde en Badajoz, Cotrina ha defendido la necesidad urgente de convalidar estas medidas para dar soluciones habitacionales a los ciudadanos que, a pesar de trabajar a diario de lunes a sábado, se encuentran con serias dificultades para acceder a una vivienda. En este sentido, ha instado a todas las fuerzas políticas a votar a favor de las iniciativas del Ejecutivo, advirtiendo de que tumbarlas supondría “una tristeza para toda España”.

El dirigente extremeño ha señalado que el fracaso de los decretos abriría un escenario de elecciones anticipadas que serviría como reválida ciudadana. A su juicio, una hipotética convocatoria a las urnas “abriría una oportunidad electoral para que la gente pueda medir la altura de todos los responsables políticos”, poniendo fin a la actual dinámica de confrontación y polarización.

En este sentido, los socialistas extremeños han presentado un Pacto por la Vivienda que van a proponer a las fuerzas políticas, ayuntamientos, diputaciones, agentes sociales y económicos y al conjunto de organizaciones vinculadas al ámbito residencial “para convertir el acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible en una política de Estado para Extremadura”.

La propuesta contempla la elaboración de un Mapa Regional de Necesidades de Vivienda, municipio a municipio, para conocer las necesidades de vivienda pública, protegida y asequible, rehabilitación, movilización de vivienda vacía, alojamiento para estudiantes y las necesidades específicas de jóvenes, familias y colectivos con dificultades de acceso.

La iniciativa incluye además un Plan de Vivienda Asequible para Jóvenes, un Registro Autonómico de Alojamientos para Estudiantes, un programa específico de rehabilitación de viviendas vacías en municipios rurales de menos de 5.000 habitantes y medidas para garantizar una alternativa habitacional digna ante situaciones de emergencia residencial.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a un total de 72 años de prisión a un hombre por cometer múltiples delitos continuados de agresión sexual, corrupción de menores y coacciones contra una decena de niñas menores de 16 años.

La resolución judicial, dictada de conformidad tras el acuerdo alcanzado entre las partes en la vista oral, incluye además el cumplimiento de 85 años de libertad vigilada y la prohibición estricta de comunicarse o acercarse a las víctimas durante un periodo de diez años. La sentencia declara la firmeza inmediata del fallo al haber manifestado la defensa y la acusación su voluntad de no interponer ningún recurso.

El fallo detalla que el procesado actuaba de forma premeditada dirigiéndose a niñas en situación de extrema vulnerabilidad, aprovechándose de sus problemáticas familiares, sus necesidades económicas y las condiciones de marginalidad social en las que se encontraban.

Para ganarse su voluntad e instaurar un vínculo de dependencia, el agresor las agasajaba con regalos, las llevaba de viaje y realizaba continuas recargas de saldo en sus teléfonos móviles, llegando a comprarles terminales nuevos a varias de ellas. Sin embargo, cuando las menores intentaban romper el contacto u oponerse a sus pretensiones, el condenado mostraba una actitud violenta e intimidatoria, amenazándolas con interponer denuncias falsas contra ellas por supuestos robos.

La condena total suma 72 años de cárcel distribuidos en función de la gravedad de los hechos cometidos contra cada una de las víctimas. En concreto, el tribunal le impone penas por cinco delitos continuados de agresión sexual que alcanzan hasta los 13 años y seis meses de prisión en los casos de acceso carnal, siete delitos de corrupción de menores con penas de entre seis meses y dos años de cárcel por obligar a las víctimas a presenciar actos sexuales, mostrar o elaborar material pornográfico o solicitar relaciones a cambio de dinero, además de cuatro delitos de agresión sexual por proposiciones para concertar encuentros penalizados con multa y un delito de coacciones.

Junto a las penas privativas de libertad y los 85 años de libertad vigilada, la Audiencia de Badajoz ha dictado la prohibición total de que el condenado se comunique o aproxima a las víctimas por cualquier vía durante diez años, así como su inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión, oficio o actividad que implique un contacto regular y directo con personas menores de edad.

En la misma causa, el tribunal ha condenado a un segundo procesado a nueve meses de multa, cinco años de prohibición de comunicación con las víctimas y dos años de inhabilitación para actividades con menores.

El cara a cara entre el líder del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, y la presidenta María Guardiola ha estado marcado por el intento de la oposición de señalar al Ejecutivo por la delegación de la defensa de la PAC en la Junta de Castilla y León.

Con más de 568 millones de euros anuales en juego, Sánchez Cotrina ha tachado la decisión de “bochorno” y ha exigido a la jefa del Ejecutivo que aclarase si respaldó o si tan siquiera conocía la cesión de la portavocía de los intereses extremeños.

Lejos de explicar la ausencia de un representante propio o argumentar los motivos de esa delegación, Guardiola ha optado por esquivar la cuestión central. La presidenta no ha respondido a la pregunta sobre Castilla y León y ha preferido cambiar el terreno de juego mediante un alud de datos.

Para neutralizar las críticas, la presidenta ha desplegado un balance financiero encabezado por 28 millones de euros para amortiguar los estragos de la lluvia en la cereza y los efectos de la lengua azul. A esta partida ha sumado 8,5 millones de euros en liquidez para el olivar y el viñedo de secano golpeados por la sequía, así como otros 7 millones de euros para paliar la enfermedad hemorrágica epizootica (EHE), asumiendo además el Ejecutivo autonómico el coste íntegro de las vacunas ganaderas, ha recordado.

En el tramo final, el líder socialista ha vuento a afear que la pregunta clave quedara en el aire, alertando de que la falta de explicaciones coincide con problemas estructurales como la caída del 30% en la producción de tomate o la incertidumbre del olivar tradicional.

Guardiola ha dado por concluido el intercambio pidiendo “rigor y honestidad” a la bancada socialista y acusándoles de intentar empañar la gestión con “mentiras”, pasando página sin detallar las razones de la delegación en la cumbre de la PAC.

El debate sobre la proliferación de plantas de biometano en el mundo rural extremeño ha desatado un tenso choque dialéctico en la Asamblea de Extremadura. La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, y la presidenta de la Junta, María Guardiola, han protagonizado un enfrentamiento en el que se han cruzado acusaciones sobre el modelo de desarrollo regional, la protección del medio ambiente y la llegada de inversiones privadas a la comunidad.

Irene de Miguel ha arrancado su intervención recordando las movilizaciones ciudadanas del pasado 7 de septiembre a las puertas del Teatro Romano de Mérida, donde plataformas vecinales, agricultores y ganaderos se manifestaron contra la instalación de estas industrias. Según la diputada de la formación morada, Extremadura corre el riesgo de convertirse en “el vertedero” donde se gestionen los desechos que rechazan otros territorios del país.

De Miguel ha criticado con dureza que la Junta de Extremadura esté poniendo “alfombra roja” a grandes empresas de fuera de la región facilitando autorizaciones ambientales en lugar de exigir Evaluaciones de Impacto Ambiental completas. Asimismo, ha advertido sobre las consecuencias que estas instalaciones conllevan para los pueblos: aumento del tráfico pesado de camiones, malos olores, contaminación de suelos y acuíferos, así como un impacto directo en la salud pública y en la agricultura y ganadería tradicionales.

“Convertir el medio rural en un polo industrial de tratamiento de desechos ahuyenta la población”, ha aseverado De Miguel, sosteniendo que la capacidad de las plantas proyectadas supera con creces los residuos que genera la propia región, lo que obligará a importar basura de otras zonas de España.

Guardiola: “Si un proyecto no cumple, no se autoriza”

Por su parte, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha rechazado tajantemente las críticas y ha defendido que la transformación de residuos agroganaderos en biometano y biofertilizantes es una herramienta clave de la economía circular promovida y financiada por la Unión Europea.

Guardiola ha tildado el discurso de De Miguel de “populismo barato disfrazado de sensibilidad ambiental” y “ecologismo chavista”, reprochándole que critique cualquier inversión privada que busque generar riqueza en la región. “Si un proyecto no cumple la ley, no se autoriza. Todos los expedientes pasan por informes de impacto ambiental, controles urbanísticos y la normativa más exigente”, ha garantizado la jefa del Ejecutivo autonómico, subrayando que las decisiones dependen de los informes técnicos y no de pancartas.

Las secciones territoriales en Extremadura de tres de las principales asociaciones de la judicatura (la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente) han difundido este martes un comunicado conjunto para expresar públicamente su respaldo y solidaridad con la magistrada Beatriz Biedma Rojano, titular de la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Badajoz.

El pronunciamiento de los colectivos judiciales se produce a raíz de las recientes informaciones periodísticas y actuaciones judiciales que apuntan a la existencia de episodios de seguimiento, presiones externas y maniobras de hostigamiento personal y familiar dirigidas a deslegitimar y menoscabar su labor jurisdiccional con el objetivo de apartarla de la instrucción judicial que investigó la contratación del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, en la Diputación de Badajoz.

“Consideramos imprescindible reiterar que el Poder Judicial actúa con plena independencia, sometido únicamente al imperio de la ley”, señalan las asociaciones en la nota difundida en la región. En el texto, advierten de que “cualquier intento de presión, intimidación o descrédito hacia jueces y juezas en el ejercicio de sus funciones constituye una grave amenaza para el Estado de Derecho y para el normal funcionamiento de nuestras instituciones democráticas”.

Defensa de la función jurisdiccional

Las tres organizaciones firmantes han subrayado su “firme defensa de la independencia judicial como uno de los pilares fundamentales del sistema democrático”, al tiempo que destacan la “profesionalidad y compromiso con la legalidad” manifestados por la instructora extremeña en el desempeño de su cargo.

Beatriz Biedma estuvo al frente de la instrucción de la causa abierta tras las denuncias contra David Sánchez por presunta prevaricación y tráfico de influencias. Recientemente, la magistrada ha solicitado su personación como acusación particular en el 'caso Leire Díez', que se tramita en la Audiencia Nacional sobre supuestas maniobras irregulares para obstaculizar casos que afectan al PSOE y al Gobierno. La presunta trama habría estado liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado la exmilitante Leire Díez.

El comunicado conjunto suscrito por las asociaciones de la judicatura en Extremadura concluye reafirmando la cohesión del estamento judicial en la región en la preservación de las garantías de independencia frente a cualquier interferencia o intento de interferencia externa en el ejercicio de la labor judicial.

Canal Extremadura estrena este lunes 21 de septiembre su nueva temporada, coincidiendo con el 20 aniversario de la cadena, con cambios en sus informativos, una renovación del magacín matinal y varios estrenos en el prime time. La nueva parrilla combina programas consolidados con nuevos formatos y mantiene como ejes la información, el servicio público y los contenidos vinculados a Extremadura.

Una de las principales novedades estará en los informativos. ‘Extremadura Noticias 2’, la edición de las 20:30 horas, inicia una nueva etapa con Antonio Texeira y María Campos al frente y una apuesta por una narrativa más propia para explicar y contextualizar la actualidad.

En ‘Extremadura Noticias 1’, a las 13:55 horas, continuarán Inmaculada Mateos y Manu Pérez, mientras que Eduardo Amador presentará las ediciones de los fines de semana.

La información deportiva seguirá concentrada en ‘Extremadura Deportes’, con Leticia Antúnez, Fernando Sosa y Óscar Marín, mientras que Carlos Benito, David López Rey, Jesús Teniente y Magda Pavón estarán al frente de ‘El Tiempo’.

La actualidad política también mantiene sus espacios. ‘Asamblea’, presentado por Ana María Ruiz, continuará los sábados a las 12:25 horas, mientras que María Hurtado seguirá al frente de ‘El Foro’, que se emite los jueves a partir de las 20:55 horas.

‘Ahora Extremadura’ cambia su formato

La franja matinal incorpora cambios con ‘Ahora Extremadura’, que presentan Lola Trigoso y Silvia Solano desde las 12:20 horas. El programa refuerza su formato de magacín informativo con más entrevistas, reportajes, gráficos y otros recursos audiovisuales.

El espacio mantendrá además contenidos de servicio público como ‘Iguales’, dedicado a cuestiones relacionadas con la diversidad, la igualdad y la lucha contra la violencia machista.

Antes, a las 13:20 horas, regresará ‘A nuestra salud’, con Noelia López Boluda, que incorpora las secciones ‘Salud viral’, dedicada a comprobar la veracidad de consejos sanitarios difundidos en redes sociales, y ‘Farmacia de guardia’, sobre el uso adecuado de los medicamentos.

También volverán ‘El campo es vida’, de lunes a viernes a las 14:55 horas, y ‘Conexión Extremadura’, desde las 17:30 horas, con actualidad, historias humanas, entretenimiento y conexiones en directo.

Nuevos programas en el prime time

La noche incorpora varias novedades. El lunes 21 de septiembre, a las 22:30 horas, regresa ‘112 en acción’, el docureality que muestra el trabajo de los distintos cuerpos y servicios coordinados por el Centro de Emergencias 112 Extremadura.

Una de las principales novedades será ‘El legado invisible’, con Ana Pecos, cuyo estreno está previsto para el 25 de octubre. El programa utilizará tecnologías como el escaneo 3D, los drones, el mapeo y las recreaciones digitales para mostrar el patrimonio histórico, artístico y cultural extremeño.

El espacio recorrerá monumentos, fortalezas, yacimientos y otros enclaves históricos de la región, conectando su patrimonio con las nuevas tecnologías.

También regresará ‘Muy de Aquí’, con Alicia Senovilla, que afronta su segunda temporada con entrevistas a extremeños vinculados a la cultura, el deporte, la ciencia, la empresa o la comunicación.

Por su parte, Senovilla volverá desde el lunes 21 a presentar ‘Atrápame si puedes’, de lunes a viernes a las 21:30 horas. El concurso tendrá además una edición especial de prime time: ‘Atrápame si puedes: Liga de Campeones’, que se estrenará el domingo 27 de septiembre a las 21:20 horas y reunirá a 25 concursantes destacados de la historia del programa.

Los programas que continúan

La nueva temporada mantiene buena parte de los espacios vinculados al territorio y al servicio público. ‘Territorio Extremadura’ se emitirá los sábados y domingos a las 14:50 horas y contará con programas monográficos sobre cuestiones como las mujeres rurales, la gastronomía, las tradiciones y el futuro del medio rural.

También continúan ‘Escúchame!’, los sábados a las 11:55 horas; ‘Informe Extremadura’, los sábados a las 22:20 horas; ‘Muévete X Extremadura’, los viernes a las 23:30 horas; ‘Cazadores de Lances’, los domingos a las 19:30 horas; ‘Extremadura: Tierra de Toros’, los domingos a las 12:55 horas; y ‘El Lince con Botas 3.0’, los viernes a medianoche.

‘La Besana en Verde’ mantiene igualmente su presencia durante el fin de semana.

La programación coincide con el 20 aniversario de Canal Extremadura, que afronta esta temporada con cambios en algunos de sus formatos y nuevas propuestas sin abandonar una parrilla basada en la información, la divulgación, la cultura, el entretenimiento y los contenidos relacionados con la realidad extremeña.