El yacimiento tartésico de Casas del Turuñuelo, ubicado en Guareña (Badajoz), suma un nuevo hito arqueológico a su ya extraordinaria trayectoria. Los trabajos arqueológicos de la octava campaña de excavaciones han sacado a la luz un excepcional carro de bronce con una estructura y decoración nunca vistas con anterioridad en la península ibérica. Las primeras interpretaciones del equipo investigador apuntan a que el vehículo procede de la antigua Etruria (en la actual Italia), el único lugar donde se han encontrado ejemplos similares.

El hallazgo, presentado este miércoles en Madrid, se suma a la recuperación de cerámicas y marfiles que evidencian la existencia de potentes redes de intercambio comercial de objetos de lujo entre este enclave del suroeste peninsular y distintos territorios del Mediterráneo durante el siglo V a. C.

Las excavaciones están lideradas por el Instituto de Arqueología de Mérida (IAM), un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) —organismo adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades— y la Junta de Extremadura.

Iconografía mitológica vinculada a banquetes rituales

La pieza ha sido localizada en el sector sur del edificio principal, un área cuyas excavaciones comenzaron en el año 2015. El carro conserva una rica decoración figurativa en su caja: en la parte frontal aparece representado un Aqueloo —una divinidad fluvial que, por su gestualidad, podría vincularse con el inframundo—, mientras que los laterales están ornamentados con dos grifos (seres mitológicos con cabeza de águila y cuerpo de león). Toda la estructura descansa sobre dos ruedas también decoradas y está sostenida en los extremos por dos figuras humanas con los brazos alzados.

“Es uno de los hallazgos más relevantes realizados hasta la fecha en este enclave tartésico del siglo V a. C.”, ha destacado Esther Rodríguez, codirectora de las excavaciones.

Respecto a su uso, los investigadores señalan que las piezas paralelas conocidas proceden de la civilización etrusca, que vivió su máximo esplendor en Italia central entre los siglos VIII y V a. C. Aunque su función exacta está por determinar, el codirector de las excavaciones, Sebastián Celestino, apunta que podría “estar relacionada con actividades rituales vinculadas fundamentalmente con los banquetes”. De hecho, el descubrimiento se ha producido al lado de la estancia denominada 'habitación del banquete', el espacio que albergó el ágape final con el que la comunidad del Turuñuelo clausuró el edificio.

Junto al carruaje de bronce, los arqueólogos han recuperado un destacado conjunto de materiales importados que revelan el contacto directo con el Mediterráneo oriental. Entre ellos, destaca una cerámica procedente de la región del Ática (Grecia), un recipiente de alabastro egipcio y marfiles decorados con representaciones de guerreros y motivos animales y vegetales.

Según explica Esther Rodríguez, estos objetos aportan una información extraordinaria para reconstruir las redes comerciales de la época: “Estamos documentando importaciones y piezas únicas que ayudan a reconstruir estas redes de intercambio”.

Nuevas habitaciones en el gran edificio de adobe

Esta última campaña, en la que han participado cerca de un centenar de investigadores, se ha desarrollado durante abril y mayo, y se ha centrado en los sectores norte y sur del túmulo de 90 metros de diámetro y seis de altura bajo el cual el edificio fue sellado intencionalmente a finales del siglo V a. C. Las tareas se han desplegado a ambos lados de la estancia H-100, una habitación de unos 70 metros cuadrados que es la más grande excavada hasta ahora en el complejo.

Los trabajos han sacado a la luz nuevas habitaciones y espacios de circulación que amplían el conocimiento de la arquitectura del complejo, cuyo estado de conservación sigue siendo excepcional. En el sector norte se han hallado dos braseros y un caldero de bronce, si bien el volumen de material cerámico recuperado en esta campaña ha sido significativamente menor en comparación con las anteriores. “Aunque todavía no podemos aportar información concluyente sobre la funcionalidad de los nuevos espacios, los hallazgos materiales están permitiendo avanzar de forma significativa”, valora Rodríguez.

Una vez concluidos los trabajos de campo, el proyecto arranca su segunda fase, centrada en la restauración, documentación, dibujo y análisis de las piezas. Estas labores de conservación se llevarán a cabo en el Servicio de Conservación, Restauración y Estudios Científicos del Patrimonio Arqueológico (SECYR) de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), institución que colabora con el proyecto 'Construyendo Tarteso' desde que se iniciaron las excavaciones hace una década.

'Construyendo Tarteso' es un proyecto de la Agencia Estatal de Investigación, integrado en el Plan Estatal I+D+i del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que busca caracterizar la cultura material tartésica mediante el análisis arquitectónico de sus grandes edificios de adobe.

El hallazgo del carro de bronce se suma a una cadena de descubrimientos históricos en este yacimiento pacense: el mayor sacrificio de animales del Mediterráneo occidental (2017), las primeras representaciones humanas de Tarteso (2023), una placa de pizarra con escenas de guerreros y un abecedario paleohispánico (2024) y el altar de mármol griego más antiguo del Mediterráneo occidental (2025).

La Policía Nacional, en una investigación conjunta con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Extremadura, ha desmantelado una organización criminal presuntamente dedicada a la introducción y depósito de armas prohibidas en Badajoz. La denominada 'Operación Alcántara' se ha saldado con la detención de dos hombres y una mujer, de entre 30 y 46 años, y el ingreso en prisión del principal investigado.

La investigación comenzó el pasado mes de mayo, cuando el Grupo Tercero de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Badajoz recibió informaciones sobre un entramado que introducía armas de fuego en la ciudad. Estas pesquisas coincidieron en el tiempo con la proliferación de varios episodios violentos registrados en la localidad durante los últimos meses.

Tras semanas de vigilancias discretas, los agentes descubrieron un sofisticado modus operandi. Los sospechosos aprovechaban su condición de responsables en una empresa de paquetería local para gestionar los envíos. Para blindar su seguridad y evitar el rastreo policial, utilizaban identidades falsas, empresas ficticias, direcciones de entrega erróneas y números de teléfono a nombre de terceras personas.

La entrega de la mercancía ilícita nunca se realizaba en una sede oficial: quedaban en puntos previamente seleccionados de la vía pública y, una vez recogidos los paquetes, los trasladaban a su propio almacén de reparto. Allí los mezclaban con envíos legales para moverlos hasta sus domicilios particulares simulando ser repartidores convencionales en mitad de su jornada laboral.

Interceptado con un subfusil en plena calle

El pasado 11 de junio, el equipo multidisciplinar antitráfico detectó la llegada de un paquete sospechoso y desplegó un fuerte dispositivo de vigilancia. Los agentes interceptaron al líder de la organización justo en el momento en el que se hacía cargo del envío en la calle.

Al abrir el paquete, las fuerzas de seguridad hallaron un arsenal de guerra: un subfusil del calibre 9 milímetros parabellum con culata retráctil, un arma corta del calibre 380, un silenciador y un cargador cilíndrico de alta capacidad. El hombre fue detenido de inmediato de forma flagrante.

De forma simultánea, y con la correspondiente autorización judicial, los agentes entraron a registrar el almacén de paquetería y los domicilios de los investigados, que permanecían custodiados por el operativo. En el interior de los inmuebles se intervinieron otras siete pistolas, un segundo silenciador, 4.610 euros en efectivo y un total de 3.355 euros en billetes presuntamente falsos. Según han confirmado fuentes policiales, todas las armas incautadas presentaban manipulaciones severas, como el borrado sistemático de los números de serie y modificaciones técnicas que prohíben por completo su comercialización en España.

Tras pasar a disposición judicial, el magistrado de guardia ha decretado el ingreso inmediato en prisión para el principal cabecilla, dándose la operación por completamente finalizada.

Las cuentas de la Junta de Extremadura para el año que viene dejan muy claro qué le gusta y qué no le gusta al Gobierno de PP y Vox. Con la entrada de la extrema derecha en el Ejecutivo de María Guardiola hay prioridades que han cambiado por completo y la batalla ideológica ultra se comienza a notar.

El primer presupuesto pactado esta legislatura por PP y Vox, el de 2026, se aprobará el 30 de junio y, además de los ajustes para encajarlo en el acuerdo de gobierno, evidencia a qué se refiere la formación ultra cuando habla de prioridad nacional: un recorte sin precedentes en solidaridad sociales, que incluso han criticado las diócesis extremeñas, y un gasto histórico para blindar el negocio de los toros. Es decir, la Junta de Extremadura cerrará el grifo de dinero público para la cooperación internacional, la educación en las aulas de la región contra los mensajes de odio y la ayuda a los migrantes, mientras que, por el otro, abrirá de par en par la ventanilla para regar con subvenciones al sector taurino.

El encargado de poner voz a este giro ha sido el vicepresidente del Ejecutivo y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, el líder de Vox en Extremadura. Durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda de la Asamblea para defender las cuentas de su departamento para este año, el dirigente ultra no ha ocultado que la 'tijera' responde a la implantación de lo que su formación denomina “prioridad nacional”: “Hemos recuperado la prioridad. La solidaridad no consiste en olvidarse de los propios para poner primero a los que acaban de llegar”, dijo en sede parlamentaria.

La aplicación práctica de ese concepto se traducirá en la asfixia económica del tejido asociativo que trabaja con las personas más vulnerables. Fernández Calle anunció la revisión y supresión de las subvenciones nominativas destinadas a programas de inmigración y asesoramiento a extranjeros. Entidades históricas como Accem (encargada de gestionar el centro de acogida de personas refugiadas de Mérida), Cepaim o Progestión se quedarán sin las ayudas de la administración autonómica para estos fines.

El vicepresidente ha justificado la medida alegando que su departamento rechaza seguir “financiando estructuras ligadas a la inmigración ilegal y descontrolada”, y ha llegado a comparar el coste mensual de una plaza para un menor migrante no acompañado (7.100 euros) con el sostenimiento de las residencias de mayores de la región. “Queremos llevar los recursos de los extremeños a las necesidades de los extremeños”, añadió, tras tildar las redes de solidaridad de “coartada ideológica y negocio”.

Pero el recorte a los colectivos sociales no se queda ahí. La nueva vicepresidencia también finiquitará, una vez aprobadas las cuentas regionales, las políticas de cooperación al desarrollo. En 2023, Extremadura destinaba más de 12,7 millones de euros a esta materia, situándose como la tercera región de España que más fondos invertía en relación con su PIB. Tras la entrada de Vox en el Ejecutivo en 2023, la cuantía bajó a 9,4 millones, y el hachazo definitivo llega ahora: el presupuesto de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) se desploma hasta una cantidad casi testimonial de 987.000 euros. Un tijeretazo del 92% que deja a la comunidad a la cola de la solidaridad internacional. Es lo justo para mantener con respiración asistida a un ente público que la extrema derecha no puede hacer desaparecer porque la ley extremeña de Cooperación lo impide, pero su directora, Isabel Belloso, nombrada por el PP, ha dimitido tras conocer los planes ultras.

“La solidaridad no puede convertirse en la coartada ideológica y el negocio que hace de esto su modo de vida”, ha sostenido el vicepresidente ante la comisión parlamentaria, a pesar del llamamiento que han hecho los obispos de Coria-Cáceres, Mérida-Badajoz y Plasencia a PP y Vox para que reconsideren el recorte de fondos. Las diócesis extremeñas han defendido públicamente que la cooperación al desarrollo forma parte del compromiso ético y social de Extremadura y alertan de las consecuencias de la reducción presupuestaria.

Las ONG también estudian protestas contra los presupuestos de la Junta. Han iniciado una ronda de contactos con los grupos políticos para intentar revertir este escenario y “por fin” el PP se reúne con la Coordinadora Extremeña de ONGD este viernes. La CONGDEX ha denunciado que desaparecerán los programas de desarrollo que se ejecutan en el exterior, como América Latina y África subsahariana, y la de acción humanitaria y emergencia, con la que se ayuda en caso de catástrofe.

Junto a ellas también se finiquitará, por falta de fondos, la línea de educación para la ciudadanía global, que se ejecuta en Extremadura, gracias a la que organizaciones sociales trabajan en centros educativos “para que el sistema de valores sea un sistema que haga de muro de contención a los discursos de odio”.

El 500% más para los toros

Sin embargo, la prioridad y la austeridad esgrimidas por Vox para desmantelar la red asistencial de los migrantes desaparecen cuando se trata de la tauromaquia, cuyas competencias gestiona la misma formación a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

El presupuesto taurino en la región va a experimentar una subida sin parangón, escalando de los 297.500 euros previos a los 1,78 millones de euros (un aumento de casi el 500%). Las cuentas incluyen el trasvase de 700.000 euros de fondos públicos directos (el ejercicio pasado recibieron 69.000 euros) al lobby Fundación Toro de Lidia —un ente privado de promoción taurina— para la organización de circuitos de novilladas, además de iniciar los trámites para blindar legalmente las corridas protegiéndolas bajo la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC).

El consejero Juan José García ha justificado este incremento de fondos con criterios meramente económicos. Su departamento sostiene que la tauromaquia genera en la región un impacto económico superior a 28 millones de euros y mantiene a más de 1.000 puestos de trabajo directos e indirectos, así como que en Extremadura pastan más de 120 ganaderías de toro bravo.

Además de la ayuda a la citada Fundación, Vox ha incluido 300.000 euros para el Circuito de Novilladas, 400.000 euros para el Circuito Conquistadores, 550.000 euros para difusión de la cultura taurina, 200.000 euros en ayudas a peñas taurinas, 150.000 euros para espectáculos taurinos, 150.000 euros en ayudas a la difusión de la cultura taurina y 30.000 euros para la Escuela Taurina de Coria.

No tenía nada que ver en el debate de este jueves en la Asamblea. La pregunta era sobre el modelo de región que María Guardiola busca con la aprobación de los presupuestos más altos de la historia, pero la respuesta de la presidenta de Extremadura ha ido a lo personal. Guardiola ha decidido reprochar al líder regional del PSOE, Álvaro Sánchez Cotrina, su reciente baja por paternidad, que, a su juicio, ha sido “intermitente y selectiva”.

Sánchez Cotrina ha cuestionado las prioridades de gasto de PP y Vox en los presupuestos que se aprobarán a finales de mes y ha afeado la privatización de la sanidad pública y el atasco en las listas de espera. En su respuesta, Guardiola ha optado por el ataque personal al reprochar al secretario regional del PSOE que no estuviera en el debate de investidura por su permiso por el nacimiento de su hijo.

“Yo no le voy a hablar de sus ausencias en el ámbito personal, en ningún momento de la política porque no me dedico a cuestionarla a usted y tampoco a fijarme qué es lo que hace en el ámbito personal”, ha respondido Sánchez Cotrina, que ha criticado a Guardiola por “rendirse a los postulados de la ultraderecha”.

El PSOE se ha pronunciado sobre estas críticas y ha recordado a la jefa del Ejecutivo extremeño que la baja por paternidad “no es una ausencia, sino del ejercicio de un derecho reconocido por la ley, del que hoy disfrutan miles de familias españolas y que ha supuesto un avance decisivo para favorecer la corresponsabilidad en la crianza y la igualdad entre hombres y mujeres”.

Según los socialistas, “con sus palabras, la señora Guardiola no solo falta al respeto al secretario general del PSOE, sino también a todos los padres que ejercen ese derecho y a las familias que entienden que cuidar de un hijo no es un privilegio, sino una responsabilidad compartida” y ha calificado este ataque como “impropio de quien ostenta la máxima responsabilidad institucional en Extremadura”.

Las alusiones personales de la presidenta durante los debates en la Asamblea también han sido criticados por la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel. Al finalizar su pregunta a Guardiola sobre la autorización que la Junta quiere obtener de la Fiscalía para la realización de pruebas de edad a los menores migrantes en situación de acogida, De Miguel ha aprovechado para advertir:“Por cierto, señora Guardiola, la próxima vez que se dirija a mí y lo haga atacándome en lo personal, como hace usted habitualmente, con esa elegancia, mostrando lo mucho que le molesta que yo esté aquí haciendo oposición, le voy a contestar con una frase de Mägo de Oz: 'Si molesto, me quedo'”.

La Ley de Cooperación y Solidaridad Internacional de Extremadura, aprobada por unanimidad en 2023, entonces sin la presencia de la extrema derecha en la Asamblea, no será derogada ni modificada. El único notivo es que no forma parte de las medidas incluidas en el acuerdo de gobierno de PP y Vox, ha aclarado este martes el director general de Servicios Sociales, Infancia y Familia, Eliseo Fernández, aunque, en su opinión, debería eliminarse.

El mantenimiento de la ley supone que la Junta de Extremadura está dispuesta a incumplirla. Entre otras cosas, el texto obliga a aumentar los fondos destinados a cooperación hasta llegar al 0,7% del presupuesto regional en 2030. Lejos de eso, Vox ha desmantelado prácticamente la Agencia extremeña de Cooperación (AEXCID) y ha recortado las ayudas a las organizaciones que trabajan en el sector en un 92%, al pasar de más de nueve millones el año pasado a menos de un millón para el ejercicio de 2026.

Fernández ha usado su intervención en la comisión parlamentaria para atacar las ayudas al desarrollo y la cooperación internacional. Según el director general, estas políticas generan “duplicidad” con las comunidades autónomas y deberían ser competencia exclusiva del Estado al tratarse de un asunto exterior.

Además, ha considerado difícil de justificar que Extremadura, siendo una de las regiones con menores índices de renta en España, figure entre las comunidades que más presupuesto destinaba a estos fondos. A su juicio, los recursos de los ciudadanos extremeños deben invertirse dentro de la propia comunidad, dado que estos ya financian la cooperación internacional a través de los presupuestos estatales.

Críticas al modelo y rechazo a “chiringuitos”

Más allá del encaje competencial, el representante de Vox ha cuestionado la eficacia y la base moral de la ayuda internacional. Apoyándose en diversos autores, Fernández ha afirmado que estas partidas suelen generar “efectos contraproducentes” al favorecer dinámicas dependientes y estructuras ineficientes en los países receptores.

En este punto, se ha mostrado especialmente crítico con el modelo extremeño por su “carácter ideológico” y ha calificado la cooperación de “moralmente reprobable” bajo el argumento de que empeora la situación de las naciones a las que llega. Fernández ha señalado que, mientras la mayoría de los países perceptores no han avanzado desde los años 50 a pesar de las “millonadas” invertidas, el Sudeste Asiático ha progresado sin estas ayudas, por lo que ha planteado la opción de no interferir y ha rechazado explícitamente la financiación de lo que denominó “chiringuitos”.

Por su parte, el diputado socialista Alfonso Beltrán ha defendido la vigencia de la norma recordando que el propio Estatuto de Autonomía obliga a trabajar en favor de la cooperación. Beltrán ha sostenido que estas políticas fomentan el avance de la democracia, la educación y la atención sanitaria en las zonas más vulnerables. Asimismo, ha lamentado que se niegue el apoyo a otros países cuando Extremadura ha sido históricamente una tierra de emigración, y ha advertido de que el desmantelamiento de estas partidas supondrá la pérdida en la región de unos 200 empleos cualificados para jóvenes. A su juicio, la postura de Vox no responde a una prioridad nacional, sino a “odio y rechazo” hacia el diferente, llegando a calificarla de “xenofobia y racismo”.

Por otro lado, en respuesta a las intervenciones de José Antonio González Frutos (Unidas por Extremadura) y de Soraya Vega (PSOE), el director general ha evitado detallar los próximos pasos presupuestarios en la materia, pero ha avanzado que “muy pronto” se conocerán las primeras medidas del Ejecutivo en materia de desregulación y simplificación administrativa, aplicables también a los servicios sociales de atención básica.

Fernández ha atribuido la falta de concreción actual a que el equipo apenas lleva un mes en el cargo y el trabajo técnico es complejo, asegurando que el objetivo no es “eliminar normas de forma indiscriminada ni debilitar garantías jurídicas”, sino encontrar un término medio sin caer en la improvisación.

Estaban avisados, pero las derechas españolas quieren pasar de puntillas por el discurso de León XIV que criticó con dureza a los políticos que convierten a las personas migrantes en munición que disparar contra el Gobierno. Tanto PP como Vox hacen oídos sordos a las palabras que pronunció el Papa ante el Congreso y ya aplican medidas con la premisa de la “prioridad nacional” allí donde gobiernan en coalición. Un “eslogan” que no estaba tan “hueco” como dijo Juan Manuel Moreno. El presidente andaluz negocia su reelección y los ultras se quieren cobrar la pieza de que firme lo que antes rechazó.

Robert Prevost se convirtió el pasado lunes en el primer pontífice que ofreció un discurso ante el Congreso español. Ante una sesión conjunta de las Cortes Generales, el Papa reclamó una “respuesta” al “drama migratorio” que “vaya más allá de la mera gestión de flujos” de personas y que les ofrezca “vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración”.

La respuesta de las derechas ha sido la de rebajar la importancia de las palabras de León XIV. El portavoz del PP, Borja Sémper, calificó de “histórico” el discurso el mismo lunes. Una alocución “de altura y de nivel” que “interpela a todos”. “Compartimos de principio a fin” lo dicho por Prevost, añadió. Pero cuando hizo un repaso pormenorizado, obvió completamente lo dicho por el jefe de la Iglesia católica en relación a las personas migrantes.

Preguntado de forma expresa por los detalles del discurso, Sémper dijo que no iba a “entrar en una valoración de analizar en detalle” las palabras del Papa porque “sería muy poco cortés”. “De principio a fin nos interesa, cada uno se queda con la parte que le interesa”, dijo en declaraciones a los medios. “Nuestro partido es de corte humanista, ancla su manera de entender la política en el humanismo cristiano”, dijo Sémper, quien aseguró que “las personas migrantes merecen ser tratadas con dignidad”. El portavoz del PP concluyó con una defensa de los pactos con Vox: “En un momento como el actual, independientemente de donde haya nacido un ciudadano, hay que demostrar arraigo y reciprocidad”.

Más contundente fue el líder del partido ultra. Santiago Abascal dijo “no ver ninguna contradicción” entre las palabras de León XIV y las arengas de Vox a las “deportaciones masivas” de “millones de personas”, como han expresado de forma habitual sus dirigentes. El dirigente aseguró que no es lo mismo “el discurso y la política práctica”. Abascal pidió para España “la misma política migratoria” que el Vaticano.

El martes fue Ester Muñoz quien avanzó ante los periodistas que no iba a “reinterpretar las palabras del Papa”. Inmediatamente después, añadió: “Sí ha dicho que los migrantes tienen derecho a residir en sus lugares de origen. Ha hablado de la importancia de que los Estados lleven a cabo políticas migratorias en las que no haya caos. Ha hablado de que hay que luchar contra las mafias”.

Extremadura y Aragón ya aplican la “prioridad nacional”

El problema es que las acciones políticas de los gobiernos de PP y Vox van en sentido contrario.

En Aragón se ha dejado notar la “prioridad nacional” durante este primer mes de legislatura. El partido de extrema derecha ha impulsado varias medidas polémicas, especialmente en cuestiones relacionadas con la inmigración. La última: retirar dinero destinado a la cooperación al no renovar la Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Zaragoza, que se sostenía en gran parte por los fondos aportados por el Ejecutivo autonómico. El líder de Vox en Aragón y vicepresidente, Alejandro Nolasco, justificó este martes la decisión en que los recursos públicos deben dirigirse “a quienes más lo necesitan aquí”.

Esta medida forma parte de lo que desde el Ejecutivo denominan “plan de recorte de subvenciones no prioritarias” que desarrolla la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia que dirige Nolasco: “Son muchísimos los aragoneses que están en situaciones de dificultad y a los que tenemos que atender de forma prioritaria”.

Nolasco aseguró que el convenio ha supuesto un coste de 678.000 euros para las arcas autonómicas en los últimos siete años, pero en respuesta la Universidad ha precisado que la aportación se había reducido desde 2024 a 30.000 euros anuales, frente a los 100.000 euros que llegó a recibir otros años.

No es el primer ámbito en el que se utiliza la “prioridad nacional” como argumento. Hace dos semanas, los grupos parlamentarios de PP y Vox en las Cortes de Aragón escenificaron su sintonía en materia de vivienda con la presentación conjunta de una proposición no de ley que apuesta por aplicar este principio en el acceso a la vivienda protegida y al alquiler social. Vox vinculó la crisis de acceso a la vivienda con las políticas del Gobierno central y también con “la llegada masiva de 2,5 millones de inmigrantes”.

Por el mismo camino transita el Gobierno de Extremadura, la primera comunidad en la que PP y Vox suscribieron un acuerdo de coalición basado en la prioridad nacional. Y el acuerdo de Presupuestos ya recoge la agenda ideológica de la extrema derecha bajo el marco de la denominada “prioridad nacional”. 

Las cuentas incluyen un “tijeretazo” de 10 millones de euros dirigido de forma específica a las partidas de cooperación internacional y a las asociaciones que trabajan en la acogida y ayuda a personas migrantes en la región. De hecho, en este ejercicio desaparecerá la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID).

Es lo contrario a esas “vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración” que pidió Prevost. Así lo han advertido las ONG extremeñas, que han previsto ya la pérdida de 200 empleos y de programas de desarrollo que se ejecutan en el exterior, como América Latina y el África subsahariana, y la de acción humanitaria y emergencia, con la que se ayuda en caso de catástrofe. 

También se pondrá fin a la línea de educación para la ciudadanía global, que se desarrolla en los centros educativos extremeños para educar contra los discursos de odio. 

La medida ha provocado la reacción de la Iglesia. Las propias diócesis extremeñas (Mérida-Badajoz, Coria-Cáceres y Plasencia), alineadas con sus delegaciones de misiones y Cáritas, han emitido un llamamiento público conjunto exigiendo a la Junta de Extremadura que reconsidere de inmediato el drástico recorte en cooperación al desarrollo. El objetivo de estos fondos es garantizar la dignidad humana en los países más vulnerables.

La negociación en Andalucía, en marcha

La “prioridad nacional” será también central en la negociación abierta entre el PP y Vox en Andalucía para la reelección de Juan Manuel Moreno, que perdió la mayoría absoluta en las recientes elecciones.

En la campaña, Moreno tildó la “prioridad nacional” de “eslogan hueco”, e incluso denunció que algunas propuestas de la ultraderecha son “irreales” y otras “ilegales”. Pero Vox no va a renunciar a una de sus principales banderas políticas, si no la más importante ahora mismo.

Los contactos entre el PP y Vox comenzaron la semana pasada, coincidiendo con la firma del tercer acuerdo de gobierno entre las derechas de esta nueva tanda, el de Castilla y León. Y la primera reunión oficial se produjo este martes, en pleno debate de investidura de Alfonso Fernández-Mañueco y después de que Moreno y Abascal coincidieran en la recepción oficial que Felipe VI organizó para el Papa en el Palacio Real. Allí, ambos estuvieron hablando un buen rato en solitario ante los ojos de muchas personas.

Este jueves se votará la Presidencia del Parlamento andaluz y el foco pasará a estar en el reparto de cargos en la Mesa para anticipar cómo van las conversaciones. Pero nada impide que las decisiones de ahora no puedan ser modificadas más adelante. Así ha ocurrido, por ejemplo, en Aragón, donde se cambiaron los equilibrios tras la firma del acuerdo PP-Vox.

Las conversaciones en Andalucía se producen “de momento, sin tutela” de la dirección nacional, según un dirigente del PP. Génova ha participado en los acuerdos de Extremadura, Aragón y Castilla y León. Y se espera que también lo haga en este caso a su debido tiempo.

La dirección de Alberto Núñez Feijóo no se meterá en la entrada de Vox al Gobierno andaluz ni en el reparto competencial que se haga, llegado el caso. Pero sí revisará con lupa el posible pacto en aquellas materias de carácter estatal, especialmente lo referido a la “prioridad nacional”.

Y eso que, según otra persona que integra el Comité de Dirección, este es un “debate superado”, aunque el Papa todavía hará una escala más en su viaje por España: el municipio grancanario de Arguineguín, uno de los principales puntos de acceso de personas migrantes que intentan llegar por mar a Europa en busca de una vida mejor.

El Ayuntamiento de Fuentes de León (Badajoz, 2.120 habitantes) adelantó 15 minutos el espectáculo de fuegos artificiales previsto para la medianoche del pasado 7 de junio después de que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) situara al municipio en riesgo alto de incendio a partir de las 00.00 horas.

Según el bando municipal difundido a las 14.25 horas, el lanzamiento pirotécnico, inicialmente programado para las 12 de la noche, pasaba a celebrarse a las 23.45 porque se había recibido ese aviso de la AEMET, que suponía la prohibición de celebrar los fuegos artificiales. La decisión ha generado polémica y críticas por parte de Ecologistas en Acción, que considera que el cambio horario supuso una maniobra para evitar la entrada formal en vigor de la alerta sin que variaran las condiciones meteorológicas que motivaban el aviso.

En un comunicado, la organización ecologista sostiene que “la gestión de la seguridad pública y la protección del medio ambiente no pueden depender de la picaresca horaria ni de la improvisación de última hora”, por lo que el comunicado del ayuntamiento “demuestra que, en ocasiones, las instituciones locales prefieren buscar atajos burocráticos que ponen en peligro el entorno y la seguridad”. A su juicio, adelantar el espectáculo “apenas 15 minutos” no reduce el riesgo real sobre el terreno.

“Argumentar que este cambio de última hora está motivado exclusivamente por seguridad y prevención supone un insulto a la lógica y a la inteligencia de los ciudadanos. Todos sabemos que los factores climatológicos que determinan un riesgo alto de incendio (altas temperaturas, baja humedad relativa, sequedad del combustible vegetal y rachas de viento) no se activan de golpe como un interruptor al llegar la medianoche”, reprocha Ecologistas en Acción. Por lo tanto, lanzar material pirotécnico en esas circunstancias “no disminuye la probabilidad de que una chispa descontrole un fuego forestal” y puede sentar “un precedente negativo” en la gestión de alertas técnicas destinadas a prevenir emergencias.

El adelanto de los fuegos artificiales tampoco ha sido compartido por muchos vecinos, que en las redes sociales han criticado la decisión: “Es de coña ¿no? Alas 00 hay riesgo, pero alas 23.45 no”, “Menos tornillos que un globo”, “En ese cuarto de hora , se puede evitar una multa ,pero no se evitaría un posible incendio, así que seguridad y prevención más bien poca”, “¿Quién es el inteligente que lo ha decidido?”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación del consistorio en Facebook.

La defensa del Ayuntamiento

Ante la polémica, el Ayuntamiento de Fuentes de León ha defendido que actuó “en todo momento dentro de la legalidad vigente y con criterios de prudencia y responsabilidad”. Sostiene que la normativa establece la entrada en vigor del riesgo alto a las 12 horas de ese día y que, tras recibir la notificación, decidió adelantar el espectáculo para ajustarse al marco legal. Asimismo, asegura que el lanzamiento contó con las medidas de seguridad exigidas y medios de prevención, y que se realizó dentro del casco urbano.

El equipo de gobierno considera “injustas y desproporcionadas” las acusaciones de negligencia y subraya que el municipio lleva a cabo labores preventivas de limpieza y desbroce durante todo el año.

La polémica reabre el debate sobre la aplicación práctica de las alertas por riesgo de incendio en una región como Extremadura, especialmente expuesta cada verano a incendios forestales y episodios de peligro alto.

Otro frente judicial para la Junta de Extremadura a cuenta de su política medioambiental. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha admitido a trámite el recurso presentado por el Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Fondenex) contra la resolución de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible que pretende modificar los límites de 52 espacios protegidos de la Red Natura 2000.

Esta decisión judicial supone un nuevo revés para la estrategia del Gobierno de María Guardiola. Llega, de hecho, de forma casi simultánea al frenazo que el propio TSJEx ha asestado a la Junta al suspender cautelarmente el Decreto 180/2025, el polémico “atajo” con el que la Administración autonómica pretendía modificar los límites ambientales de varias Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) con el objetivo de salvar de la demolición el resort de lujo de Marina Isla de Valdecañas.

Si en el caso del complejo ubicado en el norte de Cácres el tribunal ya ha reprochado la maniobra de la Junta, este nuevo procedimiento eleva el conflicto. La nueva iniciativa de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, con fecha de 7 de abril, afecta a un total de 39 ZEPA y 13 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), cuya superficie total protegida se pretende reducir de golpe en más de 10.600 hectáreas (7.018 hectáreas menos en las ZEPA y 3.639 menos en los LIC).

Desde Fondenex han comparado ambos escenarios: “Si grave fue la pretensión de modificar los límites de las 11 ZEPA -asociadas a Valdecañas-, más grave es intentar modificar los límites de 52 espacios protegidos”.

La Junta de Extremadura, a través de la Dirección General de Sostenibilidad, ha venido justificando de manera recurrente estos drásticos recortes escudándose en supuestos “errores cartográficos” cometidos durante las delimitaciones originales de los años 80 y 90. Un argumento que Fondenex rechaza por completo, recordando la solvencia de la cartografía de la época y apuntando a sospechas mucho más profundas. La entidad alerta de que la exclusión de estas miles de hectáreas —que sirven de hábitat y alimentación para especies protegidas como el cernícalo primilla en zonas como los Llanos de Cáceres o el Embalse de Orellana— podría coincidir de forma deliberada con futuros proyectos de desarrollo urbanístico o energético.

Desde el punto de vista legal, el recurso recuerda que cualquier reducción de la Red Natura 2000 solo puede ampararse en cambios naturales científicamente demostrados, exige una tramitación por ley y, además, requiere el visto bueno previo de la Comisión Europea. Sin embargo, la Junta de Extremadura ha intenado esquivar todos ellos por la vía del decreto.

Frente a las sospechas de los ecologistas, el Ejecutivo autonómico defiende en su propuesta que el objetivo de este decreto, más allá de corregir los supuestos errores cartográficos, es “permitir el desarrollo de núcleos donde hoy resulta difícil ampliar cementerios, polígonos o equipamientos básicos”. La Administración aduce que existen cascos urbanos y zonas consolidadas con un grado de protección ambiental que, a su juicio, ya no está justificado por sus valores naturales actuales.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha dado la razón a Ecologistas en Acción y ha paralizado el decreto de la Junta que pretendía evitar la demolición de la urbanización de lujo Marina Isla de Valdecañas, ubicada en la provincia de Cáceres.

La norma suspendida, que fue aprobada el pasado 16 de diciembre, ajustaba los límites de 11 espacios declarados Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de la región, entre ellos el de Valdecañas. Sin embargo, los magistrados de la Sala han sido tajantes en su resolución: “La exclusión de la zona ZEPA de la Isla Valdecañas puede suponer en definitiva un atajo para resolver otros problemas”, en clara referencia al intento de eludir la demolición del complejo turístico ordenada por el Tribunal Supremo y, posteriormente, avalada por el Constitucional, que desestimó los recursos de amparo que pretendían mantener en pie el complejo.

La Junta de Extremadura sostiene que el decreto solo pretende corregir imprecisiones cartográficas derivadas de mapas en papel obsoletos, pero el TSJEx ha concluido lo contrario al no apreciar “una justificación técnica y ambiental real para el cambio de delimitación que realiza el decreto, que va más allá de una corrección de errores con apariencia […] Resulta evidente que el nuevo decreto puede hacer extremadamente difícil ejecutar las sentencias firmes”.

Dada la naturaleza del caso, el alto tribunal extremeño ha adoptado la medida cautelar sin exigir caución o fianza alguna a la organización ecologista. El tribunal fundamenta esta decisión en que la medida tiene “como finalidad la protección de un bien colectivo como es el medio ambiente” y que la organización recurrente actúa en ejercicio de una acción popular.

“Un fraude de ley en toda regla”

El abogado de Ecologistas en Acción, Jaime Doreste, profesor de Derecho Ambiental y Urbanístico de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), ha subrayado que la decisión del TSJEx “ha desnudado por completo la maniobra de la Junta”. A su juicio, no se trata de una corrección técnica, “sino de un fraude de ley en toda regla” para “intentar rescatar urbanísticamente la Marina de Valdecañas a costa de violar el Estado de Derecho”. Aunque no es la sentencia final, supone “un golpe casi definitivo a las pretensiones de la Junta”, ha valorado.

Por su parte, la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias ha anunciado formalmente que recurrirá el auto del TSJEx. A través de un comunicado, el Gobierno de María Guardiola ha manifestado su respeto a las decisiones judiciales, pero ha asegurado que “seguirá peleando para que la realidad jurídica concuerde con la realidad material”.

La Junta defiende que el decreto recurrido emplea cartografía digital y tecnología más precisa para enmendar delimitaciones antiguas y sostiene que, precisamente, la situación de la Marina Isla de Valdecañas deriva de “errores cartográficos que llevaron a proteger como valores ambientales lo que verdaderamente no lo eran”.

En este sentido, el Ejecutivo ha argumentado que esta consideración “debe prevalecer por encima de cualquier otra, habida cuenta de que las sentencias lo son en base a datos que los avances tecnológicos han demostrado erróneos”. Además, ha destacado que la resolución judicial actual se limita a acordar una suspensión cautelar “sin pronunciarse sobre la validez del decreto”.

Una polémica de casi 20 años

Este nuevo varapalo del TSJEx a la estrategia de la Junta de Extremadura se suma a una larga lista de reveses judiciales que arrastra el complejo turístico, conocido como 'el Algarrobico extremeño', objeto de polémica desde que en 2007 obtuvo el visto bueno del Ejecutivo autonómico para levantarse en medio del pantano de Valdecañas y en una ZEPA, después de que la Junta lo declarase Proyecto de Interés Regional para permitir la recalificación de los terrenos para su construcción.

El recorrido en los tribunales quedó firmemente sellado cuando el Tribunal Supremo ordenó en 2022 la demolición total del resort de lujo de la Isla de Valdecañas, estimando el recurso de Ecologistas en Acción contra una resolución previa del TSJEx, que pretendía salvar los chalets y el campo de golf que ya estaban construidos. De esta forma, la orden es echar abajo las 185 villas de lujo, un hotel de cuatro estrellas y un campo de golf, además de todo lo que está en pie, pero se quedó sin concluir.

Los propietarios, los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo, en cuyos términos municipales se encuentra el resort, y la Junta de Extremadura acudieron al Tribunal Constitucional, que a finales del año pasado desestimó uno por uno los recursos de amparo planteados contra la sentencia del Supremo.

Este martes ha quedado visto para sentencia el juicio del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, por su contratación como coordinador de las actividades de los conservatorios en la Diputación de Badajoz. La Audiencia Provincial ha acogido ocho sesiones en las que han declarado 11 acusados, entre ellos también el expresidente de la institución pacense, Miguel Ángel Gallardo, y más de 40 testigos.

En esta jornada solo quedaba por escuchar las conclusiones definitivas de dos abogados de los acusados, que defienden a Ricardo Cabezas y Luis María Carrero, amigo de David Sánchez, que han coincidido en señalar la “ausencia” de pruebas de cargo en este procedimiento y en cuestionar la participación de la UCO en el juicio.

El letrado de Carrero, acusado de haber accedido a su puesto en comisión de servicio en 2023 gracias a su amistad con el hermano del presidente, ha recordado ante la Audiencia de Badajoz que todos los actos de desarrollo de la plaza pasaron los filtros administrativos correspondientes, como han avalado los peritos y testigos: “Han sido fiscalizados por la intervención y por los técnicos intervinientes. Nadie jamás ha puesto nota de reparo alguna. ¿Por qué se tacha de prevaricador ese acto?”.

Para el abogado, Salvador Morillas, la acusación carece de armazón jurídico y responde puramente a una estrategia mediática y de desgaste. “Se afirma que se creó la plaza para el señor Carrero porque era un enchufado del señor David. Bueno, si se dice eso, hay que probarlo. Queda muy bien, sobre todo de cara a la prensa y de cara al mundo de la política, decir que este es el típico enchufado que viene de Madrid porque se le ha fabricado un puesto. Pero eso es una leyenda”.

Por su parte, Raúl Montaño, abogado de Cabezas, ha asegurado desconocer aún de qué defiende a su cliente: “Se dice tráfico de influencias, pero no sé quién lo influye o a quién influye él”. Montaño ha subrayado la ausencia de pruebas de cargo, de pruebas periféricas que apoyen el testimonio del teniente coronel Antonio Balas, de la UCO, o testigos de directos y, sin embargo, ha afirmado que durante el juicio ha oído “discursos a veces políticos, a veces imaginativos, he oído novelas policiacas, cloacas… Pero el derecho de defensa es lo más sagrado en el procedimiento penal. Se pueden celebrar juicio sin acusaciones populares, pero nunca sin abogados de defensa”.

“La acusación ha ganado el juicio social”

El músico ha rehusado hacer uso de la última palabra, que sí ha aprovechado Miguel Ángel Gallardo para reiterar su inocencia y la del resto de personas que se han sentado en el banquillo de los acusados, aunque ha lamentado que ya “han sido condenados socialmente”. El exlíder del PSOE extremeño también ha querido resaltar el trasfondo político del proceso asegurando ante el tribunal que la única culpabilidad que se les puede atribuir es “no tener las mismas ideas que la acusación popular”. 

Gallardo también ha denunciado lo que ha denominado un “juicio mediático paralelo” que su entorno ha sufrido durante más de dos años.

También han querido aprovechar ejercer su derecho a la última palabra el que fue diputado provincial de Cultura entre 2019 y 2023, Francisco Martos, que ha asegurado que lleva “7 u 8 días sometido a un escrutinio que no acabo de entender” y ha destacado que en toda su carrera política (fue 24 años alcalde de Castuera) “jamás he ido a una comisión sin saber a qué iba, he ido a un pleno sin saber qué se iba a votar y jamás he tenido un reparto de Secretaría ni Intervención en actividad municipal o provincial”.

El actual diputado de Cultura, Ricardo Cabezas; el director del área de Cultura, Manuel Candalija; y el ex jefe de servicio de gestión de Recursos Humanos de la Diputación, Félix González, también ha hecho un alegato final.

El tribunal presidido por el magistrado José Antonio Patrocinio deberá resolver tres claves fundamentales: si la institución pacense creó una plaza a medida de libre designación para adjudicársela al músico en 2017, si el puesto cambió posteriormente de denominación para ajustarse a sus intereses personales y si David Sánchez influyó en la contratación en comisión de servicio de su amigo, Luis María Carrero, en 2023.

Por todo ello, los magistrados tendrán que valorar si los acusados cometieron los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, como consideran las acusaciones populares, formadas por Manos Limpias, Abogados Cristianos, Hazte Oír, PP, Vox, Iustitia Europa y Liberum. Este bloque ha elevado sus peticiones hasta los seis años de prisión para David Sánchez, cuatro años para Gallardo y dos para Carrero como principales acusados, mientras que la Fiscalía y las defensas han pedido la libre absolución para todos los procesados.

El abismo entre las tesis plasmadas en el papel y los testimonios escuchados en la Audiencia de Badajoz ha marcado el desarrollo del juicio contra David Sánchez, acusado de prevaricación y tráfico de influencias por su contratación en la Diputación en 2017. El procedimiento ha entrado en su recta final y ha evidenciado las distancias entre el relato de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que insiste en que la plaza de libre designación estaba amañada, y las declaraciones de los funcionarios, técnicos y peritos que han testificado en la vista oral, que han desmentido las deducciones, sin pruebas, del teniente coronel Antonio Balas.

Tan solo una testigo, Cristina de Frutos, que aspiró al puesto de coordinación de las actividades de los conservatorios pacenses, ha sostenido que en la entrevista personal del proceso de selección no “sintió” que hubiera igualdad de oportunidades, pero ni denunció ni presentó una queja por ello. El director de Cultura, Manuel Candalija, también en el banquillo, dijo en el juicio que presentó “un proyecto que era hoja y media, tenía un poco de desconocimiento sobre la administración local”. Sin embargo, otro candidato que compitió por la plaza, Nerses Avakimyam, no detectó nada extraño en los requisitos exigidos y tampoco observó irregularidades, según su testimonio.

El jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO ha señalado al expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, que también se sienta en el banquillo por prevaricación y tráfico de influencias, como la persona que decidió en 2016 crear la plaza de coordinador de los conservatorios e iniciar un proceso que estaba “predeterminado” para que fuera el hermano del presidente del Gobierno el que ocupara el puesto. Pero no ha ofrecido pruebas para esa acusación. Se trata de inferencias y deducciones tras analizar los correos electrónicos de Sánchez, Gallardo y los empleados del área de Cultura, que el exlíder regional del PSOE calificó como “novela de ciencia ficción”.

De hecho, en un atestado, la UCO aseguraba desconocer de quién fue la decisión de crear la plaza y, sin embargo, en el juicio señaló directamente a Miguel Ángel Gallardo. “¿Por qué?”, se interesó la fiscal. Por una “visión holística” de los oficios y atestados incluidos en la investigación.

Pero hay dos hechos a tener en cuenta: en el momento de crear la plaza (octubre de 2016), Pedro Sánchez ya había dimitido como secretario general del PSOE en el polémico comité federal del 1 de octubre y cuando se activó el proceso de selección aún no se habían celebrado las primarias que le enfrentaron a Susana Díaz y que acabó ganando. Aún faltaba un año para que el Congreso aprobara la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Pedro Sánchez tenía, cuando se creó la plaza, nulo poder orgánico o político.

El mando de la UCO insistió en que la plaza de alta dirección y de libre designación se creó a pesar de que las necesidades expresadas por los responsables de los conservatorios eran “otras”, pero estos explicaron que su reticencia obedecía a que se trataba de una “figura ajena” a la estructura de los conservatorios, que podría tener criterios “pedagógicos muy distintos”. Sin embargo, todos valoraron la ayuda que supuso la creación de la plaza porque la carga de trabajo era “tremenda” y el desempeño de David Sánchez, por su “buen currículum, estaba muy bien formado y capacitado” y realizaba “todas” las funciones de las que era responsable. Con ello, neutralizaron la acusación de absentismo laboral.

Todos los testigos, con la excepción de la citada contrincante de Sánchez en el proceso de selección, han ofrecido una versión muy distinta al relato esbozado por la UCO. Entre ellos, el exdirector del Conservatorio Superior de Badajoz, Evaristo Valentí. Su declaración estrenó las testificales del juicio y supuso un jarro de agua fría para las acusaciones (ejercidas por Manos Limpias, PP, Vox, Abogados Cristianos, Hazte Oír, Iustitia Europa y Liberum) y para la interpretación que el teniente coronel Antonio Balas, de la UCO, hizo de un correo electrónico, que ha sido una de las principales pruebas de cargo contra el músico.

El 19 de mayo de 2017, Valentí envió a la entonces directora del Conservatorio Profesional, Yolanda Sánchez, las bases del proceso de selección, que se hicieron públicas ese mismo día. En el asunto del correo puso “hermanísimo” y, a juicio de la UCO, Valentí “no es cualquier persona, sabe que la otra persona lo va a entender”. Es más, según declaró el mando de la Guardia Civil, el uso de ese término significa que el director del conservatorio “sabe que [Sánchez] se va a presentar y se lo van a dar, como pasó”.

Esa deducción no tiene nada que ver con lo testificado en la vista oral por el autor del mensaje, que indicó que escribió “hermanísimo” como una “anécdota”, porque era un término “llamativo” y había “rumores” de que David Sánchez iba a concurrir a la plaza, aunque no supo decir de dónde partieron (“en los pasillos, en la Secretaría, en alguna conversación, no sé quién lo dijo”) y también conocía los nombres “del 80% de los candidatos”. En ningún momento quiso decir, según su testimonio, que supiera que el puesto estaba dado de antemano.

Aval a los contratos administrativos

No ha sido el único revés a las tesis planteadas por la UCO. El teniente coronel Antonio Balas ha tenido que reconocer en el juicio su falta de formación en materia de contratación administrativa, a pesar de haber analizado y redactado un informe sobre esta cuestión.

El mando también indicó que le “llamó la atención” la urgencia para activar el proceso de adjudicación de la plaza, que se hizo “en el tiempo mínimo”. Sin embargo, los funcionarios y peritos que declararon en las primeras jornadas del juicio han subrayado la legalidad de los procesos que se enjuician: la contratación de David Sánchez, el cambio de nomenclatura del puesto (de coordinador de los conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas), un procedimiento que han considerado “normal”, “habitual” y que no supuso un aumento salarial, y la contratación del funcionario Luis María Carrero, amigo del músico, en comisión de servicio como jefe de sección de actividades transfronterizas.

Los acusados, cargos y exresponsables de la Diputación de Badajoz, también han avalado la transparencia y la legalidad en los procesos de creación y adjudicación tanto de la plaza que finalmente fue otorgada al hermano del presidente del Gobierno como la de Luis Carrero.

La UCO también interpreta que la plaza tenía el nombre de David Sánchez de antemano en el interés del músico por el alquiler de un piso en Badajoz el mismo día que estaban programadas las entrevistas personales para cubrir el puesto. Sánchez explicó en la fase de instrucción que su intención era testar el mercado. En el juicio solo respondió a las preguntas de su abogado y no abordó este tema porque el delito de aceptación de nombramiento ilegal se dio por prescrito al inicio la vista.

El juicio se reanudará este lunes con la presentación de los informes finales, con lo que quedará visto para sentencia, aunque el tribunal contempla la posibilidad de tener que extenderlo hasta el martes a mediodía. La Audiencia Provincial retomará la sesión después del sorpresivo cambio en la petición de penas formulada por PP, Vox y el resto de acusaciones ultras, con excepción de Manos Limpias. Han doblado de tres a seis años la solicitud de cárcel para David Sánchez. Argumentan que, aunque el delito de aceptación de nombramiento ilegal esté prescrito, no lo están los hechos, por lo que ahora lo califican como prevaricación.

Para el expresidente de la Diputación de Badajoz reclaman ahora cuatro años de cárcel, en lugar de tres, y hasta 40 años de inhabilitación.

PP, Vox, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Iustitia Europa y Liberum, todas las acusaciones populares a excepción de Manos Limpias, han elevado a seis años la pena de cárcel solicitada para el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, por prevaricación administrativa en concurso medial con un delito de tráfico de influencias. Se trata del doble de la pena de prisión que habían reclamado por la contratación del músico en la Diputación de Badajoz. El pseudosindicato ultra mantiene la petición de tres años de cárcel para el músico.

El PP ha presentado una calificación independiente a la que se ha adherido la letrada de Vox y la asociación Liberum. Esta acusación sostiene que, aunque el delito específico de aceptación de nombramiento ilegal haya prescrito, como estableció la Audiencia al inicio de la vista oral, los hechos no, por lo que lo han calificado ahora como prevaricación. Además de prisión, reclaman una multa por el doble del beneficio obtenido e inhabilitación de 20 años. La solicitud de pena de Hazte Oír ha sido respaldada por Iustitia Europa y Abogados Cristianos.

Para el expresidente de la institución provincial, Miguel Ángel Gallardo, las mismas acusaciones también han aumentado de tres a cuatro años la petición de cárcel por los mismos delitos, como han trasladado al tribunal en sus conclusiones definitivas. Para el exlíder del PSOE extremeño reclaman, además, 40 años de inhabilitación. En el caso de Manos Limpias, ha reducido de tres a un año y medio la pena de prisión al retirar el delito de prevaricación en relación con la contratación del amigo de David Sánchez, Luis María Carrero, aunque ha advertido que no descarta volver a solicitar cargos.

Para Carrero piden entre un año y medio y dos años de prisión e inhabilitación de entre nueve y 10 años por considerarlo autor de tráfico de influencias en concurso medial a título de inductor. En el caso de los acusados Elisa Moriano, Cristina Núñez y Félix González, hasta un año de prisión para cada uno de ellos, y para Emilia Parejo, Francisco Martos, Ricardo Cabezas, Manuel Candalijas y Juana Cintas un año y medio, tal como exige Hazte Oír.

Desde Vox, que no pide prisión para este grupo de cargos y exresponsables de diversas áreas de la Diputación, han propuesto inhabilitaciones que van de cinco a diez años.

La Fiscalía y las defensas han solicitado al tribunal que inadmita las nuevas peticiones al considerar que las acusaciones han modificado calificación jurídica de los hechos. Los letrados de los acusados sostienen que no es admisible modificar el relato fáctico del juicio a estas alturas del proceso, calificando la maniobra de “subversión absoluta” y de “anormalidad intolerable”.

De hecho, la Fiscalía ha vuelto a reclamar la absolución de David Sánchez y del resto de los acusados al considerar que no existen elementos suficientes para sustentar una condena. El Ministerio Público ya se opuso al auto de procedimiento al considerar que se basaba en “hipótesis” y “conjeturas”.

El tribunal ha aceptado las conclusiones definitivas de las acusaciones populares al apreciar que no suponen una modificación sustancial de los hechos y la sesión se ha suspendido hasta el lunes a las 9.30 horas.

La declaración de Sánchez en fase de instrucción

No ha sido la única petición de las acusaciones tenida en cuenta por los magistrados. El tribunal ha aceptado visionar en la sala la declaración de David Sánchez en la fase de instrucción tras percibir el letrado de Manos Limpias “contradicciones” y por entender que su defensa no ha preguntado por varias cuestiones al haber respondido solo a las cuestiones planteadas por su letrado. A la petición del pseudosindicato se han unido el resto de acusaciones.

El abogado de David Sánchez se ha opuesto por entender que la prueba podría ser nula y vulneraría el derecho de defensa porque los hechos relativos relacionados con su contratación están sobreseídos (por la prescripción del delito de aceptación de nombramiento ilegal), y que la “analogía” entre las declaraciones en fase de instrucción y en la vista oral nunca puede perjudicar al reo, según el Derecho Penal.

Las contradicciones han estado relacionadas con el carácter de posible compatibilidad de su cargo, aunque los funcionarios que han testificado como testigos han asegurado que no gozaba de ella, y la ubicación y los compañeros de trabajo de la Oficina de Artes Escénicas, pues en instrucción dijo al inicio que no sabía dónde se ubicaba y tanto en su segunda declaración en esa misma fase como en esta jornada matinal ha expuesto que era una denominación y no un espacio físico.

En su declaración de este jueves en la Audiencia Provincial, Sánchez ha defendido que la Oficina de Artes Escénicas es una categoría administrativa y que no hay un edificio público ni una ventanilla.

“Una novela de ciencia ficción”. Así ha calificado el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, el señalamiento sin pruebas del mando de la UCO Antonio Balas, quien en el juicio que se desarrolla en la Audiencia Provincial le atribuyó la decisión de crear la plaza de trabajo para adjudicársela al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.

Gallardo, que se enfrenta a una pena de 18 meses de prisión por prevaricación y tráfico de influencias por la contratación del músico, ha asegurado que “absolutamente nunca” ha participado en “cuestiones de personal” y ha negado que diese la orden de crear el puesto o decidiese quién debía ocuparlo. El también exlíder del PSOE extremeño ha recordado que en las primarias del PSOE que enfrentaron a Susana Díaz y Pedro Sánchez, que coincidió durante el proceso de selección de la plaza de coordinador de los conservatorios pacenses, él apoyó a la política andaluza, que no mantenía una “relación fluida” con Pedro Sánchez y que desconocía entonces que tuviera hermanos.

Gallardo ha explicado que su gabinete le comunicó que el hermano del ex secretario general (Pedro Sánchez dimitió en el comité federal del 1 de octubre de 2016 y aún no se habían celebrado las primarias) era uno de los candidatos a la plaza y sus palabras fueron: “Que gane el mejor”.

La decisión, en octubre de 2016

La decisión de crear la plaza en la Diputación de Badajoz se tomó en octubre de 2016 en una reunión del Gobierno provincial en la localidad de Valdivia para preparar los presupuestos del año siguiente, ha explicado Miguel Ángel Gallardo, una afirmación que los testigos de días anteriores han confirmado. Según el expresidente, la propuesta de ese puesto y de otros partió del área de Cultura, pero recibió el visto bueno en esa reunión, por lo que fue una decisión “política” de la que él ha asumido toda la responsabilidad. En esa reunión de Valdivia también se aprobó la creación de otros puestos directivos.

Sobre su primera impresión de que las demandas de personal de Cultura eran demasiadas, como aparece en uno de los correos intervenidos por la UCO, Gallardo ha explicado que valoró de la misma forma las peticiones de otras áreas de la institución provincial, pero que esos correos no han sido objeto de investigación por parte de la Guardia Civil.

En cuanto al cambio de la denominación de la plaza de David Sánchez, que en 2022 pasó de coordinador de actividades de los conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas, Gallardo ha asegurado que tampoco tuvo participación alguna ni la conoció previamente, pues no tuvo repercusión económica. “Entiendo que las acusaciones políticas, perdón populares, saquen sus deducciones, pero era una cuestión eminentemente técnica”. El presidente del tribunal, José Antonio Patrocinio, le ha llamado la atención por el uso de ese término.

Además, ha subrayado que la Diputación decidió crear la plaza como alta dirección y libre designación, en lugar de funcionario, porque es una demanda histórica que la Junta de Extremadura se haga cargo de los conservatorios y si eso llegara a suceder, será más fácil amortizarla. “Si mañana no se cuenta con esta competencia, no habrá que reubicar a nadie, pues la plaza tiene carácter directivo”, ha añadido.

El expresidente de la Diputación de Badajoz ha respondido solo a las preguntas de su defensa, como ha hecho David Sánchez, que ha negado haber influido en la contratación de su amigo, Luis Carrero, y ha afirmado que no intervino en el cambio de nombre de su propio puesto en 2022, que pasó a denominarse Jefatura de la Oficina de Artes Escénicas, aunque eso no supuso cambio en las funciones ni en la retribución.

El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, ha defendido este jueves ante los jueces de la Audiencia de Badajoz que no influyó en la contratación de su amigo Luis María Carrero como jefe de sección de actividades transfronterizas de la Diputación de Badajoz. “Yo no tengo capacidad de decidir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento”, ha aseverado. David Sánchez ha respondido únicamente a preguntas de su abogado, Emilio Cortés, que no le ha preguntado sobre el proceso de adjudicación de su puesto porque el tribunal decidió no juzgar al músico por el delito de aceptación de nombramiento ilegal al considerar que ha prescrito. Su declaración apenas ha durado diez minutos.

También ha asegurado que no intervino ni ejerció influencia alguna en el cambio de nomenclatura de su puesto de trabajo, que pasó de coordinador de los conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Ha rebatido así las tesis de las acusaciones que sustentan la causa, que defienden que esa modificación fue una vía para adaptar el puesto a sus preferencias personales. “Todas las actividades se enmarcaban dentro de la actividad institucional propia de la Diputación. Eran publicitadas con los logotipos de la Diputación. Había expedientes, controles de gasto... No puede ser una actividad privada mía”, ha afirmado.

Además, ha señalado que no intervino en el cambio de denominación del puesto y se enteró cuando este ya se había realizado, pero que supone que se produjo “por una evolución natural de las actividades que se venían realizando”.

En este sentido, ha defendido que la Oficina es una categoría administrativa y que “no era entendido” como “un edificio físico con una ventanilla”. Así, ha mantenido que, en los años 2023 y 2024, ya como jefe de la Oficina, estuvo trabajando en “espacios comunes” hasta que hubo una “reubicación” a los servicios centrales de la Diputación. De esa forma ha intentado aclarar su declaración durante la instrucción, en la que tuvo dificultades para explicar dónde se encontraba físicamente su lugar de trabajo.

En relación con la contratación de su amigo Luis María Carrero en comisión de servicio, David Sánchez ha mantenido en septiembre de 2023 empezó a escuchar por los pasillos de la Diputación que iba a haber “un refuerzo” en el área de Cultura. Y que, en consecuencia, le dijo a su amigo que estuviera “atento” porque el puesto le podría interesar. David Sánchez ha defendido que fue un “malentendido” el correo que usan las acusaciones para defender que él ya conocía su adjudicación.

“Dos meses más tarde, me cruzo con él, y me dice que la plaza ya estaba. El malentendido es que yo confundí que la plaza estaba publicada con la adjudicación de la plaza. En ese mismo correo, el propio Luis me corrige y me dice que no tiene noticia ni calendario (...). Yo no tengo capacidad de decidir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento”, ha explicado a preguntas de su letrado.

Las tres primeras sesiones de la vista oral, en la que participaron 42 testigos, estuvieron definidas por una contradicción técnica directa entre las conclusiones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y las declaraciones de los funcionarios, peritos, aspirantes y directores de los conservatorios provinciales.

La Audiencia de Badajoz ha completado la fase testifical en el juicio contra el hermano del presidente del Gobierno David Sánchez y el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la contratación del primero en el año 2017 en la institución. Las tres primeras sesiones de la vista oral, en la que han participado 42 testigos, han estado definidas por una contradicción técnica directa entre las conclusiones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y las declaraciones de los funcionarios, peritos, aspirantes y directores de los conservatorios provinciales.

Este jueves es el turno de los acusados. Declarará en primer lugar Gallardo y después lo hará Sánchez y el resto de encausados, 11 en total.

El teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO y responsable del volcado de los correos intervenidos a los trabajadores de la Diputación, ha atribuido al ex secretario general del PSOE extremeño la decisión de crear la plaza de libre designación de coordinador de los conservatorios pacenses y ha considerado que la adjudicación a Sánchez estaba “predeterminada”.

Balas “entiende y considera evidente” estas afirmaciones por inferencias tras el análisis de las comunicaciones internas entre funcionarios, altos cargos socialistas de la Diputación y Gallardo, aunque no ha aportado ninguna prueba, algo que algunos letrados de la defensa han querido evidenciar.

De Gallardo a Doraemon

El abogado de David Sánchez, Emilio Cortés, incluso ha dejado patente que la afirmación del teniente coronel es una deducción y a la salida de la Audiencia ha señalado que “ha apuntado a Gallardo como podría haber apuntado a Doraemon, al final de lo que se trata es de probarlo”.

Cortés se ha mostrado combativo con el agente y en la Sala ha dejado en evidencia la falta de formación de la UCO, como ha admitido el teniente coronel, en materia de contratación administrativa, aunque hayan analizado y redactado un informe sobre esta cuestión.

Según el mando de la UCO, la decisión de crear el puesto en octubre de 2016 “partió de un nivel superior con capacidad política” y no de las necesidades técnicas del área de Cultura. Balas ha sostenido que, como el tema de Personal obedece a “estrategias políticas”, el impulso para crear la plaza “partió de un nivel superior con capacidad política”. Y ha concluido: “El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es a Miguel Ángel Gallardo”.

No obstante, en un primer atestado, de finales de 2024, la UCO aseguró desconocer de quién partió la idea de habilitar la plaza de libre designación. Pero tras una “visión holística” de los oficios y atestados incluidos en la investigación “concluimos lo que acabo de concluir”, ha indicado Balas.

El teniente coronel ha indicado que le “llamó la atención” la “urgencia” para la habilitación de la plaza. El Gobierno provincial dio el visto bueno el 10 de octubre de 2016 durante una reunión preparatoria para los presupuestos del año siguiente, a pesar de que unos días antes Gallardo había considerado “excesiva” la propuesta del área de Cultura para crear nuevos puestos de alta dirección. Para entonces, Pedro Sánchez no solo no era presidente del Gobierno: además había dimitido como secretario general del PSOE en el Comité Federal que se había celebrado el 1 de octubre.

El mando de la Guardia Civil también ha destacado que, a pesar de esa “urgencia” para habilitar la plaza en octubre de 2016, luego no se activó el proceso para cubrirla hasta mayo de 2017. El proceso de adjudicación se hizo efectivo en poco tiempo, por lo que “parece que estaba predeterminada” a David Sánchez, según Balas. El proceso de selección, con la publicación de las bases, no se activó hasta el 19 de mayo de 2017.

Cabe recordar que para entonces el PSOE aún no había celebrado las primarias que enfrentaron a Susana Díaz y Pedro Sánchez. En ese proceso, además, Miguel Ángel Gallardo apoyó a la política andaluza y no a Sánchez. No fue hasta un año más tarde, en 2018, que el Congreso de los Diputados aprobó la moción de censura al Gobierno de Mariano Rajoy, tras la que Sánchez se convirtió en presidente.

“Hermanísimo”, el término de la discordia

Uno de los indicios de la UCO para afirmar que el proceso de selección estaba amañado es el correo que ese 19 de mayo envía el entonces director del Conservatorio Superior, Evaristo Valentí, a su compañera Yolanda Sánchez, directora del Conservatorio Profesional, en el que le envía las bases y en el asunto pone “hermanísimo”. A juicio del teniente coronel, Valentí “no es cualquier persona, sabe que la otra persona lo va a entender. Sabe que [Sánchez] se va a presentar y se lo van a dar, como pasó”.

Sin embargo, este extremo lo desmintió Valentí en su declaración como testigo el lunes. El director del conservatorio rebajó a categoría de anécdota el uso de ese término porque era “llamativo” y había “rumores” de que se presentaría a la plaza, pero que también conocía los nombres del “80% de los candidatos”, pero no de que el puesto estuviera adjudicado de antemano. Por su parte, la directora del otro centro afirmó que ni siquiera se percató de que el asunto del correo fuera ese.

Ambos, que en un principio no eran partidarios de la creación de una nueva plaza porque “había otras necesidades”, afirmaron en su comparecencia que la ayuda del coordinador “vino muy bien” por la carga de trabajo “tremenda” que tienen los conservatorios y porque el hermano del presidente del Gobierno tenía “un buen currículum, estaba muy bien formado y capacitado” y realizaba “todas” las funciones de las que era responsable. En este sentido, la UCO no ha encontrado indicios del posible absentismo laboral que señalan las acusaciones, ejercidas por Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Liberum, Iustitia Europa, PP y Vox.

Sobre la afirmación de que la plaza estaba dada de antemano, sustentada en el término “hermanísimo” y en que Sánchez buscara vivienda de alquiler en Badajoz antes de la adjudicación de la plaza, su abogado ha sido muy crítico, aunque ha asegurado que se trata de una parte de la causa que el tribunal ya declaró prescrito el lunes. Uno de los participantes en el proceso de selección, Nerses Avakimyam, aseguró el lunes que no percibió irregularidades ni detectó nada extraño en los requisitos exigidos. Pero otra de las aspirantes, Cristina de Frutos, se quejó de “falta de igualdad de oportunidades”, aunque no denunció y solo envió una queja a la Fiscalía en 2025, siete años después del proceso de selección y cuando el caso estaba siendo investigado por el juzgado de instrucción.

Los técnicos de la Diputación, peritos y directores de centros musicales que han comparecido en el juicio han mantenido una postura uniforme de defensa de la legalidad de los trámites y procedimientos en la creación de la plaza, la adjudicación al músico, el posterior cambio de denominación del puesto de trabajo, que las acusaciones consideran que se hizo para satisfacer las “preferencias personales” del músico, y la contratación del funcionario Luis María Carrero, amigo del Sánchez, en comisión de servicio como jefe de sección de actividades transfronterizas.

La exdirectora de Recursos Humanos, Cristina Correa, y otros funcionarios testificaron que tanto la contratación por Carrero como el posterior cambio de nomenclatura del puesto a jefe de la Oficina de Artes Escénicas en 2022 fueron procedimientos “ordinarios” y “habituales”. Correa aclaró además que la desaparición de la casilla de incompatibilidad ('I') en la relación de puestos de trabajo de 2023 no eximía al puesto de dicho régimen, el cual continuó vigente por ley al tratarse de un cargo de alta dirección.

Los agentes de la UCO que participaron en la investigación de la contratación del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, en la Diputación de Badajoz han insistido este miércoles en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial que la plaza de coordinador de los conservatorios pacenses, que fue adjudicada al músico, estaba amañada, a pesar de que varios testigos lo han desmentido.

El teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO), que participó en el volcado de los correos electrónicos de los empleados de la Diputación, ha afirmado que de su lectura se infiere que la decisión de crear ese puesto “partió de un nivel superior con capacidad política” porque “al final el tema de Personal debe corresponder a unas estrategias políticas”. “El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es Miguel Ángel Gallardo”, el expresidente de la corporación provincial y ex secretario general del PSOE de Extremadura.

La UCO “entiende y considera evidente”, a raíz de los correos, que la decisión de crear la plaza a finales de 2016 no nació en el área de Cultura, sino en Recursos Humanos, que se relaciona con Cultura de forma directa. Pero en el juicio han indicado que Recursos Humanos “es transversal a toda la Diputación y gestiona las necesidades de Personal”. De ahí que los agentes hayan deducido que se trata de una decisión política “de un nivel superior” y hayan señalado directamente a Gallardo.

La decisión de crear la plaza se tomó en octubre de 2016. El 10 de ese mes se reunió el Gobierno provincial en la localidad de Valdivia para preparar los presupuestos del año siguiente en el que se justificaba la creación del puesto. Para entonces, Pedro Sánchez ya había dimitido como secretario general del PSOE en el Comité Federal que se celebró el 1 de octubre.

Sin embargo, al teniente coronel Balas le “llamó la atención” la “urgencia” en la creación de la plaza de coordinador de los conservatorios, que no estaba “alineada” con las necesidades del área de Cultura, y el tiempo que se tardó en “dotarla”, por lo que “parece que estaba predeterminada”. Los funcionarios y peritos que han declarado el lunes y martes en el juicio han subrayado la legalidad de los procesos que se enjuician: la contratación de David Sánchez, el cambio de nomenclatura del puesto (de coordinador de los conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas), un procedimiento que han considerado “normal” y “habitual”, y la contratación del funcionario Luis María Carrero, amigo del músico, en comisión de servicio como jefe de sección de actividades transfronterizas.

La plaza de libre designación que finalmente ocupó David Sánchez se incorporó en los presupuestos de 2017, pero el proceso de selección no se activó hasta el 19 de mayo, con la publicación de las bases. El PSOE aún no había celebrado las primarias que enfrentaron a Susana Díaz y Pedro Sánchez, y que finalizó con la victoria de este. En ese proceso, Miguel Ángel Gallardo apoyó a la política andaluza.

Una vez concluida la prueba testifical, el jueves se iniciará la declaración de los 11 acusados. El primero será Miguel Ángel Gallardo y a continuación será el turno de David Sánchez. Después lo harán Elisa Moriano, Cristina Núñez, Juana Cintas, Manuel Candalija, Francisco Martos, Emilia Parejo, Félix González, Ricardo Cabezas y Luis Carrero.

Una de las testigos clave de la acusación en el juicio que se celebra por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz, Cristina de Frutos, que aspiró en 2017 a la plaza que finalmente se adjudicó a David Sánchez, ha afirmado que, en su opinión, no hubo “igualdad de oportunidades” en el proceso de selección. A pesar de ello, no presentó denuncia ni queja formal.

De Frutos ha explicado a través de videoconferencia que, tras conocer la resolución de la comisión de valoración para la selección de la plaza de coordinación de los conservatorios pacenses, comprobó que Sánchez pasó la criba por “su buena trayectoria, experiencia” y por haber contestado “muy bien” a las preguntas. Pero a ella no se le formularon preguntas y se limitó a presentar su proyecto, que consistió en un “esquema a dos caras”. La entrevista duró unos 15 minutos, al igual que la de un candidato anterior y que la de Nerses Avakimyam, otro de los aspirantes que en la jornada del lunes aseguró que no vio atisbos de irregularidad.

La testigo ha afirmado que se enteró de la oferta de empleo por un mensaje de teléfono que le envió el director del conservatorio de Plasencia, Antonio Luis Suárez, quien pocos días antes de la entrevista en la Diputación le dijo que el puesto estaba dado de antemano al hermano del presidente del Gobierno. Este extremo ha sido desmentido por Suárez en los medios de comunicación, pero la música ha insistido en su versión.

La defensa de David Sánchez ha preguntado por qué no denunció si sintió que no hubo igualdad de oportunidades o se unió a los otros candidatos para hacerlo. “En primer lugar, porque no los conocía. En segundo decidí no hacerlo porque pensé que era algo demasiado elevado y, en tercer lugar, porque no me iba la vida en ello, yo tenía mi trabajo”, ha respondido.

La fiscal también ha cuestionado a De Frutos sobre ello, ya que la testigo envió una carta al Ministerio Público en febrero de 2025, siete años después del proceso de selección al que se presentó. En este escrito describió sentirse discriminada y no obtuvo respuesta, pero la fiscal le ha recordado que lo que remitió no fue una denuncia.

'Ópera Joven' estaba “en expansión, fue creciendo”

Este martes también ha declarado Ángel Seco López, técnico de formación del área de Cultura de la Diputación de Badajoz, encargado de gestionar los expedientes de los programas de cultura y deporte, como el de Ópera Joven, que lideraba David Sánchez. El músico afirmó en la instrucción que trabajaba “todos los días” con Seco y aunque este ha desmentido esa expresión literal, el técnico ha explicado que se veían “a demanda” y en función de las necesidades, como pasa con “todos los directos y coordinadores de programas de cultura”.

En este caso concreto, Seco ha añadido que Sánchez “estaba muy pendiente [del programa Ópera Joven] y muy identificado” y ha asegurado que la iniciativa de acercar la lírica y la ópera al público en general “estaba en expansión y fue creciendo” hasta el punto de que se decidió que había que estructurar “mejor” el programa para darle “más empaque estratégico” y consolidarlo. “De una ópera se pasó a realizar actos paralelos, didácticos, de difusión... y evolucionó a una ópera general al año y otra infantil y familiar” e incluso se realizaron actos en Portugal.

Sin embargo, Seco ha explicado que la Oficina de Artes Escénicas se adscribe al área de Cultura y que está encargada de llevar actuaciones musicales paralelas a los conservatorios, entre ellas, el programa Ópera Joven, pero ha asegurado que no ha tenido “ni contacto no relación” con esa oficina. Paradójicamente, el técnico de la institución provincial continuó llevando la gestión de expedientes y tramitaciones, como es el caso de 'Carmen', la última representación que se licitó con David Sánchez al frente.

La segunda sesión de declaraciones en la Audiencia de Badajoz ha estado protagonizada por funcionarios de la Diputación y políticos que participaron en la contratación del músico, el cambio de denominación del puesto y el fichaje en comisión de servicio de Luis María Carrero, amigo de Sánchez. Todos, a igual que los funcionarios y peritos que testificaron en la jornada del lunes, han defendido la legalidad de los procedimientos que se llevaron a cabo y que son “ordinarios” y “habituales” en la institución.

Los funcionarios han explicado también que el nuevo nombre del puesto no supuso que desapareciera la incompatibilidad del cargo, a pesar de que en la ficha desapareció la 'I' para ese y otros dos puestos de alta dirección que se tramitaron en la relación de puestos de trabajo (RPT) de 2023. La que fuera directora de Recursos Humanos en la Diputación hasta el año pasado, Cristina Correa, ha explicado que más allá de que figurara marcada o no la “I” en la ficha, el régimen de incompatibilidad se mantuvo al tratarse puestos de alta dirección y atendiendo a la legislación.

Declaración de la UCO

Este miércoles concluirán las declaraciones de los testigos (hay 42 en la causa) con los nueve agentes de la UCO de la Guardia Civil que participaron en el procedimiento de instrucción. El jueves y el viernes será el turno de los acusados. El tribunal ha fijado para el lunes y martes los informes finales, con lo que juicio quedaría visto para sentencia.

La Audiencia Provincial de Badajoz juzga desde el jueves el presunto amaño en la contratación del hermano de Pedro Sánchez, una tesis que sufrió un evidente frenazo en la jornada del lunes con la declaración de los directores de los conservatorios pacenses, así como la acusación de que no acudía a su puesto de trabajo. Más bien al contrario, los testigos de las dos primeras jornadas han asegurado que era un profesional “preparado y muy implicado” en su desempeño profesional. También se juzga la presunta contratación fraudulenta de Luis María Carrero, amigo de David Sánchez, para ocupar en comisión de servicio la Jefatura de Sección Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas.

Además, del músico, se sientan en el banquillo el expresidente de la Diputación y exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y nueve altos cargos de la corporación provincial vinculados a los socialistas. Las acusaciones, ejercidas por Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Liberum, Iustitia Europa, PP y Vox, piden tres años de prisión para Sánchez y Gallardo por prevaricación y tráfico de influencias

La primera jornada de testigos en el juicio por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz ha estado marcada por la matización de las declaraciones de la fase de instrucción, hasta el punto de que la estrategia de las acusaciones populares (ejercidas por Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Liberum, Iustitia Europa, PP y Vox) ha sufrido un evidente frenazo.

Los tres primeros testigos de la causa —los directores de los conservatorios pacenses en diferentes etapas que trabajaron con el hermano del presidente del Gobierno— han enmarcado en el terreno de los “rumores” y las “conversaciones informales” el supuesto conocimiento previo de que la plaza estaba asignada de antemano a David Sánchez, por lo que han desactivado el supuesto amaño o enchufe por el que la Audiencia de Badajoz juzga al músico y al expresidente de la institución provincial, Miguel Ángel Gallardo, por prevaricación y tráfico de influencias.

En el caso hay otros nueve acusados, todos altos cargos del PSOE, que participaron en la creación, selección y adjudicación del puesto, que a partir de 2022 pasó a denominarse “jefe de la Oficina de Artes Escénicas”.

La declaración de Evaristo Valentí, Yolanda Sánchez y Rosario Mayoral ha demolido la que hasta ahora era la joya de la corona de la acusación: el famoso correo electrónico con el asunto “hermanísimo”, que se envió el 19 de mayo de 2017, el mismo día en que se publicaron las bases de la plaza. Su autor, Evaristo Valentí, entonces director del Conservatorio Superior, no lo ha negado; pero lo que se presentaba como una prueba irrefutable de que la plaza estaba adjudicada antes de convocarse, Valentí lo ha rebajado a la categoría de anécdota.

El profesor de guitarra ha insistido en que usó ese término porque era “llamativo” y había “rumores” de que se presentaría a la plaza, pero que también conocía los nombres del “80% de los candidatos”, por lo que ha negado que existieran especulaciones sobre que la adjudicación estaba amañada y que estas eran sobre su concurrencia al proceso de selección. A las preguntas de las acusaciones sobre de dónde salía esa información, el testigo ha asegurado no recordarlos: “Sería en una conversación informal, en la secretaría del centro, en los pasillos... no sé quién lo dijo”.

En la primera jornada del juicio se ha hablado tanto de rumores y especulaciones que el presidente del tribunal, el magistrado José Antonio Patrocinio, ha llegado a advertir que a la sala no le interesan “ni los rumores ni las elucubraciones ni los corrillos”.

“La ayuda del coordinador vino muy bien”

En esta primera jornada de declaración de testigos también ha quedado descafeinada la acusación de supuesto absentismo laboral de David Sánchez (absentismo que, de haberse dado, tampoco sería un delito ni penal ni de ninguna clase). Las tres personas que han dirigido los centros musicales de Badajoz en la última década han coincidido en lo mismo: no era un trabajador fantasma.

Yolanda Sánchez, destinataria del correo de Valentí, ha admitido que la carga de trabajo de los dos conservatorios es “tremenda” y que la ayuda de un coordinador “vino muy bien”. Además, ha admitido que tenía “un buen currículum, estaba muy bien formado y capacitado para la plaza”. Ello a pesar de que tanto Valentí como ella no consideraron necesaria la creación de la plaza de coordinador porque había “otras necesidades”.

Por su parte, María Rosario Mayoral (directora entre 2020 y 2025) ha apuntado que el programa Ópera Joven conllevaba “muchísimo trabajo” y que el músico siempre estuvo “disponible” para reuniones, matizando que las ausencias o la menor periodicidad de los encuentros presenciales coincidieron con la pandemia, una excedencia y su baja de paternidad.

Las acusaciones han dirigido muchas de sus preguntas a tratar de inferir el supuesto absentismo laboral de Sánchez, que ha quedado desmontado, y conocer si cumplía con las funciones del cargo con cuestiones muy concretas sobre, por ejemplo, si dirigió las orquestas de los conservatorios, asuntos que nada tienen que ver con el proceso penal que se sigue en la Audiencia Provincial por el que el hermano de Pedro Sánchez se enfrenta a una pena de tres años de prisión.

Ante las preguntas insistentes de la acusación, la directora del Conservatorio Profesional 'Juan Vázquez' ha asegurado que David Sánchez desempeñaba “todas” las funciones propias de su puesto como coordinador y se reunían con “asiduidad”, a veces de forma presencial y otras a través del correo electrónico o por teléfono.

Incluso el testimonio de Nerses Avakimyam, uno de los opositores que compitió por la plaza frente al investigado, ha transitado por la misma vía de normalidad. Se enteró del puesto por un portal de empleo, no detectó nada extraño en los requisitos exigidos y tampoco observó quejas de opacidad entre el resto de los aspirantes.

Este martes y miércoles continuarán las declaraciones de los testigos dentro de una lista que incluye a 42 personas. El turno de los acusados, entre ellos David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, está fijado para los días 4 y 5 de junio, mientras que los informes finales se expondrán los días 8 y 9. No obstante, el tribunal ya ha advertido de que, si las sesiones se prolongaran, el juicio no podrá superar el límite del 19 de junio.

El exdirector del Conservatorio Superior de Badajoz, Evaristo Valentí, ha negado en el juicio al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, por su contratación en la Diputación de Badajoz en 2017 que existieran rumores de que la plaza era para este y ha aclarado que el rumor era que el “hermanísimo” era uno de los candidatos a la coordinación de los conservatorios pacenses. “También conocía al 80% de los aspirantes”, ha explicado ante las preguntas de la acusación de Manos Limpias.

Valentí remitió un correo en mayo de 2017 a la directora del Conservatorio Profesional de Badajoz, Yolanda Sánchez, con el asunto de “hermanísimo” en el que hablaba de varios candidatos a la plaza, entre ellos David Sánchez, pero que usó ese calificativo porque era “llamativo”. En su declaración durante la fase de instrucción llegó a decir que su uso era “jocoso”. No obstante, ha reiterado que no había rumores sobre el posible amaño de la plaza para que se adjudicara al hermano del presidente, sino que la especulación era que se iba a presentar.

De esta forma, el exdirector del Conservatorio Superior ha tumbado una de las dos pruebas de cargo, el correo electrónico con el asunto 'hermanísimo', que han llevado al banquillo a David Sánchez, al expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, y otros nueve acusados por la creación de la plaza, la adjudicación y la posterior conversión de la plaza a Jefe de Artes Escénicas en 2022.

Valentí ha reconocido que no era partidario de la creación de la plaza de coordinador porque iba a recaer en una “figura ajena” a la estructura de los conservatorios, que podría tener criterios “pedagógicos muy distintos”. Pero ha enmarcado dentro de la normalidad que tanto él como la otra directora, Yolanda Sánchez, tuvieran que diseñar las funciones de esa plaza que se iba a crear. “Es normal que se nos pida asesoramiento técnico para la memoria justificativa”, ha subrayado.

El testigo también ha reconocido que durante su etapa como director del conservatorio se reunió con regularidad con David Sánchez, una vez nombrado coordinador. “Reuniones diarias”, ha dicho a las preguntas del abogado de Manos Limpias, e incluso algún fin de semana, y también ha admitido que considera que el músico era una persona preparada para el puesto que ocupó hasta 2022.

“Muchísimo trabajo” en la Ópera Joven

La segunda testigo de la jornada ha sido, Rosario Mayoral Núñez, que fue directora del Conservatorio Superior entre 2020 y 2025, sustituyendo a Evaristo Valentí. Mayoral también ha asegurado que no le constaban las afirmaciones sobre que el nuevo puesto creado por la Diputación fuera para asignarlo a dedo a Sánchez y que antes de la llegada del músico a la institución provincial no había escuchado que se le conociera como “hermanísimo”.

Sobre su relación profesional con el coordinador de los conservatorios, ha explicado que mantuvieron reuniones con “periodicidad” y ante la insistencia de la acusación ha especificado que podrían ser “tres o cuatro veces al año”, pero también ha matizado que asumió el puesto de directora durante la pandemia y, además, coincidió con una excedencia y la baja de paternidad de David Sánchez.

Mayoral ha asegurado desconocer de quién partió la idea de crear una plaza de coordinador de los conservatorios pacenses y que esta “en principio no era una necesidad”. Pero la Diputación de Badajoz volvió a convocarla tras la dimisión del hermano de Pedro Sánchez hace un año. De hecho, ha admitido que los equipos directivos de los centros “estamos a veces colapsados por la cantidad de actividades académicas, que acaban convirtiéndose en culturales porque se abren a la ciudad, a la provincia, a la región y a Portugal”.

El puesto que ocupó David Sánchez pasó a denominarse Jefe de la Oficina de Artes Escénicas en 2022 y la acusación tendrá que demostrar si ese cambio se produjo para satisfacer las “preferencias personales del músico”. Sobre ello, la testigo ha asegurado “desconocer” las atribuciones de esa oficina, pero, al mismo tiempo, ha afirmado que el programa Ópera Joven, ideado por Sánchez, conlleva “muchísimo trabajo” y que ha llevado a cabo una labor de difusión de la música y de los conservatorios por toda la provincia. También ha indicado que la oficina dirigida por el hermano del presidente del Gobierno ha sido una vía de oportunidades laborales para los alumnos y exalumnos.

Tampoco fue conocedora de los rumores sobre el presunto amaño de la plaza a favor de David Sánchez la directora del Conservatorio Profesional 'Juan Vázquez', Yolanda Sánchez, que ha asegurado que el término 'hermanísimo' lo conoció por el correo de Evaristo Valentí en mayo de 2017, pero, según ha dicho, no recuerda si le dijo que Sánchez iba a optar al puesto o que era para él, algo que el exdirector del Conservatorio Superior ha negado.

Sánchez tampoco sabe de quién partió la idea de crear la plaza de coordinador de los conservatorios, un puesto que existió hasta 2010, cuando se jubiló Emilio González Barroso. No obstante, aunque “nunca” consideró la posibilidad de que se volviera a ocupar ese puesto, cuyas tareas recayeron en “compañeros”, ha reconocido que la “ayudas nos vino muy bien” porque la actividad de los dos conservatorios de la Diputación es “tremenda”. “Fue positivo, todo suma”, ha añadido.

La directora del Conservatorio Profesional 'Juan Vázquez' ha explicado que David Sánchez “desempeñaba” todas las funciones de su puesto y que se reunían con “asiduidad”, a veces de forma presencial y otras por correo o por teléfono. Por último, ha considerado que el hermano de Pedro Sánchez tenía buen curriculum y estaba formado y capacitado para el puesto, aunque no había escuchado hablar de él en el sector, posiblemente por su trayectoria fuera de España.

Un aspirante a la plaza niega irregularidades

En esta primera jornada de testificales en la Audiencia de Badajoz también ha prestado declaración Nerses Avakimyam, uno de los aspirantes que se presentó al proceso de selección para ocupar la plaza de coordinador de los conservatorios municipales. Según ha dicho, “oyó” que unas de las personas que se presentaban al puesto era David Sánchez, pero “siempre se comentan cosas y se dicen cosas”.

Avakimyam ha manifestado que se enteró de la convocatoria por la suscripción a un portal de empleo y que no le llamaron la atención los requisitos incluidos en las bases. También ha afirmado que no vio irregularidades en el proceso ni escuchó de otro opositor que hubiera irregularidades.

Este lunes se ha retomado el juicio en la Audiencia de Badajoz y comenzarán a prestar declaración los primeros de los 42 testigos previstos. Si se cumplen las previsiones del tribunal, el turno de los acusados será a partir del jueves. Tanto para Sánchez como para Gallardo, las acusaciones solicitan tres años de prisión.

El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, ha solicitado la nulidad de la causa que desde este jueves se sigue contra él por prevaricación y tráfico de influencias y otros diez acusados en la Audiencia de Badajoz por la contratación del músico en 2017 en la Diputación Provincial. Su abogado, Emilio Cortés, ha atacado la denuncia que en 2024, siete años después de que Sánchez se incorporara a la institución pacense como coordinador de los conservatorios, presentó Manos Limpias en base a en “recortes de prensa” por delitos contra Hacienda, la Seguridad Social, fraude y exacciones ilegales. “Sin embargo, ninguno de esos delitos aparecen en el escrito de acusación, no se juzgan, lo que formalmente es llamativo”.

Cortés ha defendido que se ha llevado a cabo en una investigación prospectiva porque cuando los delitos de la denuncia no se sustentaron, hubo un “enganche popular” para relacionar a David Sánchez con la “trama” Víctor de Aldama después de que así lo señalara un medio de comunicación digital, lo que ha demostrado que era una “pura mentira, una invención” porque en el juicio del caso Koldo en el Tribunal Supremo no se ha abordado. Por eso ha sostenido que la denuncia del pseudosindicato ultra tuvo una “inspiración de signo político, solo hay que ver el sesgo de las acusaciones populares”. Estas están conformadas también por Abogados Cristianos, Hazte Oír, PP, Vox, Iustitia Europa y Liberum.

Según la defensa de Sánchez, el procedimiento “tiene la raíz podrida” debido al inicio del caso y porque algunas de las actuaciones ordenadas por la instructora han lesionado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del hermano del presidente. También ha elevado objeciones al proceso de incautación de los correos electrónicos, pues estaban referidos a la denuncia inicial y, a partir de ahí, surgen “hallazgos casuales” que tampoco sustentan indicio alguno.

El letrado ha advertido que el presunto delito de aceptación de nombramiento ilegal del que se acusa a David Sánchez está prescrito, puesto que la denuncia se presentó siete años después de su incorporación de la Diputación de Badajoz. También ha presentado dos certificados del Ministerio de Educación que homologan la titulación académica obtenida por el músico en Rusia, ya que las acusaciones pusieron en duda la formación de Sánchez.

El abogado del expresidente de la Diputación y exlíder del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, también ha solicitado la nulidad parcial del procedimiento porque en el auto de apertura de juicio oral aparecen hechos delictivos sobre a los que Gallardo no se interrogó durante la instrucción. En concreto, se refiere a la contratación en la institución provincial de Luis María Carrero, amigo de David Sánchez, como jefe de sección de Coordinación y Programas de Actividades Transfronterizas, una plaza en comisión de servicio.

La defensa de Gallardo también ha presentado una nota de prensa de la Diputación de 2016 cuando se empezaron a preparar los presupuestos del siguiente ejercicio, la convocatoria del comité federal del PSOE que en 2016 acabó con la dimisión de Pedro Sánchez, la celebración de las primarias socialistas en mayo de 2017, que ganó y la celebración en junio de ese año del Congreso Federal. Todo ello para demostrar que en el momento de la creación de la plaza de coordinador de los conservatorios, durante la oferta de empleo público y la contratación del David Sánchez, su hermano no tenía poder orgánico en el PSOE.

La Fiscalía, que pidió el archivo de la causa, no ha presentado cuestiones previas, pero se han adherido a algunas de las planteadas por las defensas. En concreto, el Ministerio Público apoya la prescripción del delito de aceptación de nombramiento ilegal, que, en todo, caso, se trata de un delito leve, como ha planteado la defensa de David Sánchez.

También se ha adherido la cuestión planteada por el abogado de Gallardo sobre la nulidad parcial del procedimiento porque la instructora no lo llamó a declarar sobre la contratación de Luis María Carrero, un hecho sobre el que se le acusa en el auto de apertura de juicio oral. Según la Fiscalía, se trata de una “acusación sorpresiva”, que podría haber vulnerado el derecho fundamental del expresidente de la Diputación a la defensa.

Las acusaciones de Vox y Manos Limpias chocan por el papel de Pedro Sánchez

Como era previsible, todas las acusaciones han rechazado las cuestiones previas planteadas por las defensas, sobre todo en lo relativo a que se haya producido una investigación prospectiva durante la fase de instrucción. Pero ha habido un tema en el que los letrados que representan a Manos Limpias y Vox han chocado por la supuesta influencia del presidente del Gobierno para que su hermano fuera contratado en la Diputación de Badajoz como coordinador de los conservatorios pacenses.

El abogado de Manos Limpias, José María Bueno, ha rechazado las pruebas documentales presentadas por la defensa de Miguel Ángel Gallardo para demostrar que durante la creación de la plaza que ocupó el músico (octubre 2016), el proceso de selección y su posterior contratación (mayo 2017) Pedro Sánchez no tenía ningún poder orgánico en el PSOE. Según Bueno, se trata de un “delito local” y en las pruebas y en la documentación posterior “no se cuenta por ningún sitio si intervino”.

Pero esa postura ha sido criticada por la letrada de Vox, Marta Castro: “¿Cómo que no tiene nada que ver? Si aquí lo que estamos viendo es la influencia de Pedro Sánchez”, ha afirmado.