La presidenta de Extremadura, María Guardiola, va poco a poco configurando el nuevo organigrama de la Junta, del que ha desaparecido la palabra 'Inclusión'. Tras el pacto entre PP y Vox, la exigencia de la extrema derecha de hacerse con una Vicepresidencia y las competencias en servicios sociales se ha materializado en una nueva consejería desde la que dirigirá la llamada “prioridad nacional” en la gestión de ayudas y la política de menores migrantes.

Hasta este miércoles, el Gobierno regional contaba con una Secretaría General de Servicios Sociales, Inclusión, Infancia y Familia dependiente de la Consejería de Salud. Ahora, estas competencias se han degradado a Dirección General bajo el mando de la Vicepresidencia de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, en manos de Vox. En el actual diseño, Guardiola ha borrado la Inclusión, el área que hasta ahora se encargaba de la integración de colectivos vulnerables y la equidad social en la región.

Al frente de esta nueva estructura, la Junta ha situado a Eliseo Fernández Fernández, un perfil que dista de la trayectoria técnica o la experiencia en intervención social habitual en este cargo. Politólogo de formación y experto en Geopolítica y Defensa, Fernández desembarcó en Extremadura en 2023 con una misión eminentemente política encargada desde su partido en Madrid: ejercer de coordinador parlamentario de Vox en la Asamblea para tutelar y asesorar a los diputados de extrema derecha que se estrenaban en el parlamento extremeño.

Antes de su llegada a la región, Fernández ya había desempeñado funciones de “fontanero” y estratega para el partido en otros escenarios. Ejerció como asistente parlamentario en el Congreso de los Diputados entre 2020 y 2022 y formó parte del equipo técnico en las Cortes de Castilla y León, donde Vox ya había ensayado su entrada en los gobiernos autonómicos. Su misión en Valladolid fue también la de coordinar la labor del grupo parlamentario tras pasar de uno a 13 procuradores en las elecciones de 2022. Incluso en las municipales de 2023 fue de número cuatro en la lista de Vox en Maello, un municipio de la provincia de Ávila de 700 habitantes, en el que la formación ultra no obtuvo representación. Ese año también se celebraron elecciones autonómicas en Extremadura, en las que Vox consiguió por primera vez representación parlamentaria y, con ello, se le encomendó la misión de trasladarse a Mérida para coordinar a ese grupo parlamentario, en la que ninguno de sus cinco diputados tenían experiencia política.

Rechazo a los menores migrantes

Por lo tanto, su trayectoria ha estado ligada siempre al aparato de Vox y a la asesoría en materias como Defensa, Exteriores y Cooperación (áreas en las que trabajó durante su etapa en el Congreso). Sin embargo, y a pesar de que su formación y experiencia técnica son ajenas al ámbito de la intervención social, asume en Extremadura la gestión de Servicios Sociales, Infancia y Familia. Esta dirección general ostenta la competencia directa sobre la política migratoria y, específicamente, sobre la acogida y tutela de los menores migrantes no acompañados. El relevo deja un mensaje nítido sobre el giro que la extrema derecha pretende imprimir a la gestión migratoria en la región dentro de sus nuevas responsabilidades y que se incluye en el acuerdo de PP y Vox.

De hecho, una de las prioridades del Gobierno de coalición, porque así se refleja en el pacto, es rechazar “desde el primer día” la política migratoria de Pedro Sánchez y oponerse “por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”. La Junta de Extremadura tampoco va a participar “en ningún caso en reformas normativas ni acuerdos presupuestarios destinados a facilitar, financiar o consolidar su entrada, acogida o permanencia en Extremadura”.

Supone un cambio respecto a lo que el PP defendía hace dos años, poco antes de que Vox rompiera por este asunto con todos los gobiernos autonómicos en los que participaba. El consejero de extremeño de Presidencia aseguró en un pleno de la Asamblea en junio de 2024 que el Ejecutivo de Guardiola iba a “cumplir con absoluto rigor la legislación vigente en materia de acogimiento de menores”. “La Junta siempre va a cumplir la legislación vigente, guste más o guste menos, pero si hablamos de menores, absoluto compromiso y sensibilidad”, dijo a los diputados ultras cuando aún eran socios de gobierno. Incluyó subrayó: “Esto no es una cuestión de sentimientos u opiniones; esto es una cuestión de responsabilidad absoluta”.

También desde el primer día, la Junta impedirá que se habilite “ningún nuevo centro de acogida de inmigrantes ilegales durante la legislatura ni se ampliarán plazas en los existentes”. PP y Vox se comprometen a reducir “al mínimo imprescindible” los gastos vinculados a la “inmigración ilegal”. Pero no solo eso, antes de que acabe 2026, la extrema derecha va a endurecer el régimen disciplinario en los centros en los que menores no acompañados cumplen medidas judiciales para “extremar la seguridad”.

El acuerdo vuelve a vincular inseguridad ciudadana e inmigración con el compromiso de dotar de “los recursos y mecanismos de control necesarios para impedir que se altere la convivencia y el orden público, se genere inseguridad, se perturbe la tranquilidad y la convivencia en nuestras calles y que los menores no acompañados gocen de cualquier privilegio o impunidad”. Además, el Gobierno extremeño va a realizar pruebas de edad a estos menores “para evitar fraudes y el colapso de servicios”.

Entre las funciones encomendadas por María Guardiola a esta Dirección General se incluye “el establecimiento de acuerdos con los países de origen dirigidos a procurar que la atención e integración social de los menores migrantes no acompañados se realice en su entorno de procedencia”. “Los menores deben estar con sus padres” es el título de esta medida en el pacto suscrito por PP y Vox.

Prioridad nacional en ayudas y prestaciones

Eliseo Fernández, será el responsable de todo ello desde la consejería que dirige el líder de Vox en Extremadura, Óscar Fernández, pero también será el brazo ejecutor de la 'prioridad nacional' en las ayudas sociales, una de las líneas rojas que los ultras impusieron a Guardiola, aunque este principio afecta también a otras carteras dirigidas por el PP, como Vivienda.

“El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”. Es otra medida del acuerdo político, que ya ha generado tensiones entre PP y Vox dentro y fuera de Extremadura. El líder regional de Vox, y ya vicepresidente de la Junta, retó a Guardiola en el debate de investidura, en el que no mencionó la polémica prioridad nacional: “Lo decimos claro, lo subrayamos: prioridad nacional. Llamamos a las cosas por su nombre y por eso debemos defender y vamos a defender a los nuestros los primeros [...] Con el esfuerzo y el dinero de los extremeños y de los españoles no da para que coma todo el mundo ni para que tenga sanidad todo el mundo. Hay que elegir y nosotros lo tenemos claro, elegimos a los españoles primero”.

En este sentido, las sospechas de Vox sobre las personas migrantes se institucionalizarán con la creación de una unidad administrativa contra el fraude en las prestaciones y el padrón. El PSOE ha anunciado que creará un comité jurídico que pondrá especial atención en “cualquier intento de meter mano en el padrón municipal por parte de PP y Vox”, algo que han calificado ilegal.

La Guardia Civil organiza un despliegue masivo para el próximo 8 de mayo, coordinando unidades de montaña, drones y equipos caninos en el entorno de “El Chorrero”. El operativo, que busca nuevos indicios sobre el paradero de la vecina desaparecida en mayo de 2020, hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para reforzar el rastreo.

El dispositivo contará con la participación de distintas unidades de la Guardia Civil, entre ellas la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia de Cáceres, patrullas de seguridad ciudadana de la zona, equipos PEGASO con drones procedentes de Cáceres y Badajoz, el Servicio Cinológico con perros especializados en la búsqueda de personas y el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM)

La Guardia Civil ha solicitado expresamente la participación de voluntarios para ampliar el radio de acción de la batida. Los interesados deben tener en cuenta que el punto de encuentro, a las 8 de la mañana del viernes, se encuentra en una explanada de tierra que se encuentra en el kilómetro 3,300 de la carretera CC-411 (Bohonal de Ibor – Mesas de Ibor), en el camino situado frente al paraje conocido como El Chorrero.

Las labores se centrarán en el rastreo y batida de diversas zonas del entorno, previamente delimitadas con el fin de optimizar la eficacia del operativo.

Además, el instituto armado recomienda a los asistentes tener buena condición física y acudir equipados con agua, comida, ropa y calzado adecuado para una jornada prolongada en el campo.

Rosalía Cáceres desapareció el 25 de mayo de 2020 tras salir a caminar por los alrededores de Bohonal de Ibor. A pesar de los múltiples operativos realizados en estos seis años, el caso sigue abierto y este nuevo intento de rastreo intensivo busca obtener cualquier pista o indicio que permita arrojar luz sobre un paradero que mantiene en vilo a toda la comarca.

Es vecina de Madrid, pero residía en Bohonal de Ibor desde antes de que diese comienzo el estado de alarma. Sobre las 8:00 horas del 25 de mayo de 2020 salió a pasear por caminos próximos a la localidad desde donde mantuvo contacto telefónico con un hijo y una prima y poco más tarde ya no respondía a su teléfono móvil.

La Junta de Extremadura ha emitido un informe de impacto ambiental favorable para el proyecto de ampliación de la empresa Rheinmetall Expal Munitions en Navalmoral de la Mata (Cáceres), que prevé aumentar su producción de artillería gracias a la ampliación de sus instalaciones en el polígono industrial de la localidad.

Según el informe, que se ha publicado este lunes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), el proyecto de ampliación de la planta de fabricación de material inerte de defensa se ubicará en una parcela de más de 34.000 metros cuadrados en el polígono Campo Arañuelo, en Navalmoral, lo que permitirá a Rheinmetall fabricar anualmente más de 13.600 toneladas de productos de artillería y unas 8.400 toneladas de material de aviación, además de granadas de mortero y productos de prácticas. El proceso productivo incluirá operaciones de forjado, mecanizado, tratamientos térmicos, ensamblaje y acabados superficiales.

La resolución aclara que en esta fábrica no se producirá ni se manipulará carga explosiva. La actividad se centrará en la fabricación de los cuerpos de los proyectiles, cabezas de guerra y bombas. Por ello, los informes de Protección Civil determinan que el riesgo por accidentes graves para la población es bajo, ya que las cantidades de sustancias peligrosas (como propano o pinturas) no alcanzan los umbrales que exigen planes de autoprotección especiales.

La Junta de Extremadura ha destacado el impacto positivo de esta ampliación en el medio socioeconómico de la comarca, debido a la generación de empleo directo e indirecto y su repercusión en la economía local. Rheinmetall tiene dos fábricas en la comunidad, una en Navalmoral de la Mata, que será la que ahora se va a ampliar, y la otra unos 20 kilómetros, en El Gordo. Las últimas cifras conocidas es que la empresa alemana ha creado en la zona norte de Cáceres algo más de 500 empleos directos, aunque hace un año ya se conocían sus planes para ampliar la planta morala.

El Gobierno de María Guardiola creó en 2025 el Plan de Impulso Regional al Sector Empresarial de Defensa, que bautizó como 'Baluartia', con el objetivo de “posicionar a Extremadura como región clave en la industria española de defensa”. Las líneas de actuación del plan incluyen apoyo a la comercialización, con la creación de un hub de empresas extremeñas proveedoras de defensa y un catálogo de estas, apoyo en certificaciones y licitaciones, además de formación y capacitación en la materia o jornadas técnicas, entre otras medidas.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha marcado la hoja de ruta de la legislatura durante la toma de posesión de sus consejeros en Mérida. Su nuevo gabinete está formado por ocho perfiles del PP y dos de Vox (seis hombres y cuatro mujeres), pero Guardiola ha subrayado que se trata de un “único gobierno” diseñado para esquivar el ruido político.

“No vamos a perder el tiempo en provocaciones ni en debates importados”, ha aseverado la jefa del Ejecutivo autonómico, aunque también ha pedido huir del “insulto y del desprecio” para construir “desde la unidad”, con “sensibilidad y cercanía”, en una nueva etapa que ha definido como la de “la ambición, estabilidad y responsabilidad”.

La presidenta extremeña ha asegurado que van a escuchar “al que piensa diferente” y se van a centrar en “defender lo que somos y todo aquello que queremos en Mérida, en Madrid, en Europa y donde haga falta”. En este sentido, ha recordado a sus consejeros que gobernar implica “dar la cara” y no esconderse tras expedientes administrativos, enfatizando la necesidad de una administración que no confunda “la prudencia con la resignación”.

Entre las caras nuevas del consejo de gobierno, el foco estaba en los dos representantes de Vox, Óscar Fernández Calle, el líder del partido en la comunidad, y Juan José García, que han asumido sus carteras con el compromiso de lealtad a la presidenta y la intención de ejecutar el pacto de coalición de forma inmediata.

Fernández Calle es vicepresidente de la Junta de Extremadura (el PP tiene otra vicepresidencia) y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, y ha destacado el buen acogimiento recibido en la sede de la Presidencia. Sobre sus futuras medidas, ha sido tajante: “Habrá pocas sorpresas; vamos a cumplir lo que venimos diciendo desde la oposición y en campaña”.

Por su parte, Juan José García ha tomado las riendas de una de las consejerías de mayor peso económico. García ha fijado como prioridad absoluta el regadío de Tierra de Barros, proyecto que considera vital para la riqueza de la región. El nuevo consejero ha prometido trabajar “desde el minuto uno” escuchando a los profesionales del sector primario.

El Ejecutivo liderado por María Guardiola queda compuesto por diez consejerías, con dos vicepresidencias integradas. Además, la Secretaría General de Igualdad y Conciliación mantiene su rango de consejería, aunque queda adscrita directamente a Presidencia.

María Guardiola ha despejado las incógnitas de la nueva legislatura: la estructura de su próximo Gobierno y quiénes son los responsables que, desde este jueves, cuando tomen posesión, estarán al frente de las diez consejerías y dos vicepresidencias, de nueva creación. La presidenta ha reorganizado las competencias para dar respuesta al pacto de coalición entre PP y Vox en Extremadura y para no perder a una de sus más estrechas colaboradoras, Mercedes Morán, que ha sido la titular de Agricultura, que ahora gestionará la extrema derecha.

Fruto de ese acuerdo, como se anunció, se ha convertido en vicepresidente el líder regional del Vox, Óscar Fernández Calle, que, además, será consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia. Pero quedaba por conocer a la persona que la formación de Santiago Abascal ha elegido para dirigir la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Rural. Se trata de Juan José García, diputado de la formación desde 2023.

Fernández y García serán los encargados de poner en marcha la agenda ideológica de Vox en Extremadura. El primero se encargará de aplicar la polémica prioridad nacional bajo competencias que incluyen la inmigración, la protección de los menores, las ayudas y prestaciones sociales, la familia y, sorprendentemente, la cooperación internacional al desarrollo, que su partido quiere eliminar.

García tendrá en sus manos las competencias de la Política Agraria Común (PAC), los toros, la caza, la pesca, los regadíos y las infraestructuras rurales. Pero, además, será el máximo representante de las políticas de medio ambiente. Es decir, el nuevo consejero será el encargado de desplegar en negacionismo climático de Vox: su lucha contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde, y la disminución o incluso eliminación de espacios naturales protegidos de la Red Natura 2000, que la Junta de Extremadura va a seguir ejecutando en esta legislatura, como se recoge en el pacto del gobierno de coalición.

No obstante, el PP ha modificado en dos ocasiones desde 2023 los límites de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), ambos bajo el argumento de realizar “ajustes técnicos” y “corregir errores cartográficos”. Con ello, además, ha buscado evitar la demolición de la urbanización de lujo de Valdecañas, en la provincia de Cáceres.

Según Vox, el nuevo consejero de Agricultura responde a un perfil “de alta cualificación técnica, experiencia académica y profundo conocimiento del mundo rural extremeño”. Juan José García (Atalaya, Badajoz) es licenciado en Ciencias Biológicas y doctor en Ciencias por la Universidad de Extremadura. Su carrera profesional se ha desarrollado en el ámbito de la investigación y la docencia universitaria, Además, según han resaltado, ha participado en proyectos científicos, publicaciones especializadas y estancias internacionales.

Dentro de su experiencia política, ha ejercido como portavoz en las comisiones de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible y fue presidente de la Comisión de Gestión Forestal y Mundo Rural. Pero también ha protagonizado una polémica, de la que ni siquiera fue consciente, cuando soltó una perla machista en un pleno de la Asamblea hace ahora un año.

Juan José García criticó que la Junta de Extremadura quisiera amortizar deuda para después “tener que pedir dinero” para hacer frente a otras “carencias”. Un argumento que el diputado de Vox consideró que hasta “una señora de letras lo entiende”. La frase provocó la protesta de algunos diputados, pero García mostró extrañeza por el revuelo y solicitó continuar.

La consejera de Hacienda, Elena Manzano, contestó: “Las señoras de letras y de ciencias sabemos leer, sabemos escribir, sabemos hablar, gritar, pero lo que sabemos hacer muy bien todas las señoras es combatir el machismo”. Ahora serán compañeros en el nuevo Gobierno de la Junta de Extremadura, que comienza a rodar este jueves.

García también dejó otra perla en la Asamblea cuando en septiembre de 2024, dos meses después de que Vox abandonara el Gobierno, acusó a María Guardiola de ser “la okupa de la plaza del Rastro”, sede del Ejecutivo autonómico, y de gobernar “sin haber ganado las elecciones”.

Una consejera en el equipo de un alcalde condenado por violencia machista

La titular de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, también inició su trayectoria política en la Asamblea con polémica. Valencia es docente y ha trabajado en la educación pública. Cuando María Guardiola tomó las riendas del PP en sustitución de José Antonio Monago la nombró secretaria ejecutiva de Educación del PP de Extremadura y la incorporó en las listas electorales en 2023.

Valencia consiguió el escaño por Cáceres, pero su estreno no fue tranquilo. La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, la denunció por amenazas que se produjeron durante el debate de la propuesta de impulso presentada por la coalición de izquierdas para incluir la educación afectivo-sexual en todas las etapas educativas desde los tres años, que fue rechaza por PP y Vox.

Según De Miguel, cuando regresaba a su escaño tras defender la propuesta, Valencia la agarró del brazo y le dijo: “ten cuidado y protege a tu hijo”. La entonces diputada y ahora consejera negó los hechos y explicó que lo que hizo fue trasladarle “una reflexión en privado”. En ningún momento ha sido una amenaza, sino un comentario en un tono comedido y sin intención alguna de ofender“. La denuncia ante la Policía no tuvo mayor recorrido, pero la polémica fue noticia nacional.

Se da la circunstancia de que, a pesar de la militancia de Sandra Valencia en el PP, ella es concejala y portavoz en el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres por el partido Por y Para Malpartida (PPM). El alcalde, Alfredo Aguilera, fue condenado formalmente por violencia de género por maltratar verbal y físicamente a su exmujer. El regidor pertenecía al PP, pero se dio de baja tras la ratificación de la sentencia por parte de la Audiencia Provincial, al igual que sus cinco concejales, que pasaron a ser independientes.

No obstante, el PP siempre ha mostrado una connivencia con Aguilera, hasta el PP de que María Guardiola rechazó presentar una candidatura del PP en las municipales de 2023. A pesar de ello, dos cargos del partido, entre ellos Sandra Valencia, formaron parte de la candidatura de Aguilera, que volvió a ganar las elecciones.

Rechazo a la memoria histórica

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Laureano León, es un conocido es un histórico en la política extremeña. Inició su carrera como diputado autonómico en 1991 hasta 2011, cuando tomó las riendas de la Diputación de Cáceres. En esa responsabilidad paralizó la colaboración de la institución con la Junta de Extremadura y la Universidad de Extremadura en materia de memoria histórica. Tras su salida, la Diputación retomó el convenio.

Entre 2011 y 2019 fue concejal en el Ayuntamiento de Cáceres, además de senador (2016-2019). En 2019 regresó a la Asamblea de Extremadura y desde enero es senador por designación autonómica, un cargo que tendrá que abandonar, no solo por su nombramiento como consejero, sino porque el pacto de PP y Vox incluye que el puesto de senador será para la formación de Santiago Abascal.

León pilotó la postura del PP contra la ley de Memoria Histórica de Extremadura el pasado octubre, que acabó derogándose y sustituyéndose por la ley de Concordia como contraprestación a Vox por su apoyo a una rebaja fiscal del Ejecutivo de Guardiola. No obstante, esa medida se incluyó en el acuerdo que ambos partidos firmaron en 2023.

Las competencias de memoria histórica han estado en manos de la Consejería de Cultura, por lo que Laureano León será en encargado de aplicar la ley de Concordia, siempre que salga adelante. El Gobierno ha frenado la norma de PP y Vox por considerarla contraria a la Constitución. Ha pedido que se lleven a cabo cambios en varios artículos de la ley, que se negociarán en una comisión bilateral, o la llevará al Constitucional.

El nuevo Gobierno de Extremadura engorda fruto del acuerdo de gobierno de PP y Vox. La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha dado a conocer la nueva estructura del ejecutivo y los responsables de los mismos. Seis hombres y seis mujeres forman el consejo de gobierno, que contará con dos vicepresidencias, una para el PP y la otra para Vox, y diez consejerías, una más que en la anterior legislatura. Además, Guardiola conserva la Secretaría General de Igualdad y Conciliación, que estará bajo su tutela, y cuya responsables, Ara Sánchez, tendrá rango de consejera, como hasta ahora.

Según el reparto de competencias, la extrema derecha ostentará una vicepresidencia, en manos del líder de Vox, Óscar Fernández, que también será consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia. El partido ultra también gestionará Agricultura, Ganadería y Medio Natural, cuyo responsable será el diputado autonómico Juan José García, desde donde se hará cargo de la conservación y protección del medio ambiente, los toros y la caza, además de todas las competencias de gestión de la PAC.

Era previsible que Guardiola creara también una vicepresidencia para el PP y que esta recayera en Abel Bautista, su mano derecha en el partido y en el consejo de gobierno. Bautista repite, además, como consejero de Presidencia, pero su departamento pasa a denominarse Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias. Pierde las competencias de Diálogo Social, pero incorpora las del Infoex y la política de planificación y extinción de los incendios forestales. Su trabajo al frente de los incendios del pasado verano fue muy valorado.

Como se ha dicho, Óscar Fernández asume la otra vicepresidencia y la responsabilidad en la eliminación de trabas burocráticas, simplificación administrativa, análisis y eficiencia de los recursos públicos, además de servicios sociales, familia, juventud y cooperación internacional. Desde este departamento implementará la agenda ideológica de la prioridad nacional al ser el responsable de las ayudas y prestaciones sociales. Además, el pacto de PP y Vox recoge la eliminación de las subvenciones a ONG.

Elena Manzano sigue al frente de Hacienda y Administración Pública, pero ahora también liderará el Diálogo Social en una legislatura en la que la extrema derecha ha logrado incluir en el acuerdo con el PP la reducción del 50% de las subvenciones que reciben los sindicatos y las organizaciones empresariales. Manzano seguirá como portavoz de la Junta de Extremadura.

En la estructura aparece una nueva consejería, la de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, desde la que Mercedes Morán seguirá defendiendo la continuidad de la central nuclear de Almaraz y tendrá que poner en marcha un plan industrial en el que se incluya, según el pacto de PP y Vox, la liberalización de suelo y la construcción de polígonos y parques empresariales. También tendrá que intentar hacer frente a la construcción de nuevas centrales fotovolaticas, que Vox, quiere frenar.

Morán era la responsable de Agricultura en la anterior legislatura, pero se daba por segura su continuidad al ser una estrecha colaboradora de María Guardiola. Además, conserva muchas de las competencias que estaba desarrollando hasta ahora.

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital sigue siendo Guillermo Santamaría y la consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada.

En la consejería de Educación y Formación Profesional hay una nueva titular. Se trata de Sandra Valencia, diputada regional del PP, que en la actualidad portavoz y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres, donde gobierna Alfredo Aguilera, condenado formalmente por violencia de género en 2016 por maltratar verbal y físicamente a su exmujer.

Un histórico del PP, Laureano León, se hará cargo de Cultura, Turismo y Deporte. León es presidente del PP de Cáceres desde 2004, ha sido presidente de la Diputación y es senador por designación autonómica, un cargo al que renunciará por su nueva responsabilidad y por el acuerdo con Vox, que elegirá como senador a Ángel Pelayo Gordillo.

El consejero de Infraestructura, Transporte y Vivienda es Francisco Ramírez, hasta ahora al frente de Gestión Forestal y Mundo Rural, después de que se descubriera que el consejero de Vox en la anterior legislatura, Ignacio Higuero, mintió en su currículum.

La presidenta ha prescindido de la hasta ahora consejera de Educación, Mercedes Vaquera; la responsable de Cultura y Turismo, Victoria Bazaga, que llegó a ser portavoz del Gobierno regional; y del consejero de Infraestructura, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo. Los tres llegaron como independientes al primer Ejecutivo de Guardiola. Ahora ha confiado en personas del PP para esas responsabilidades.

Primer consejo de gobierno

María Guardiola ha apurado el plazo legal, que es de cinco días desde su toma de posesión, para dar a conocer la estructura y composición del segundo Gobierno de coalición del PP y Vox en Extremadura. La presidenta extremeña se ha visto obligada a introducir cambios en el organigrama para volver a dar cabida a la extrema derecha debido al pacto que ambos partidos lograron firmar hace dos semanas y cuya negociación provocó una parálisis política inaudita de cuatro meses en Extremadura.

Los nuevos miembros del Ejecutivo tomarán posesión de su cargo este jueves y después se celebrará el primer consejo de gobierno. Una semana más tarde participarán en su primer pleno en la Asamblea, que ya está marcado por la polémica porque la junta de portavoces ha dado su visto bueno a esta fecha sin conocerse aún ni la estructura ni los responsables del Gobierno.

A finales de 1987, bajo el suelo del antiguo Cine Rialto en Villanueva de la Serena, el tiempo se detuvo para revelar un secreto custodiado durante más de siglo y medio. De forma accidental y a escasa profundidad, las obras de reforma del local sacaron a la luz un conjunto numismático de 149 piezas de oro. Tras décadas de un silencio casi absoluto, el reciente y lamentable robo de este tesoro ha vuelto a situarlo en el epicentro de la atención pública.

Sebastián Fernández Iglesias, de Acedera, un pueblo cercano a Villanueva de la Serena, fue el obrero que lo encontró. Picó en el suelo y aparecieron las monedas a muy poca profundidad cuando estaba trabajando en la construcción de la futura Casa de la Cultura. Así de simple, a pesar de que el inmueble había sido vivienda, edificio gremial, salón, cine... Según las crónicas de la época, el trabajador creyó que eran monedas de chocolate, pero eran un metal precioso apenas sin uso. Por su honradez al entregarlas recibió 650.000 pesetas y sus compañeros también obtuvieron una recompensa.

El 'Tesoro de Villanueva', como pasó a conocerse, ha estado custodiado por el ayuntamiento 38 años, pero el pasado noviembre, la Consejería de Cultura se hizo cargo de él para exponerlo y compartirlo en el Museo Arqueológico de Badajoz. Para ello se montó una exposición en diciembre, que hasta el viernes podía visitarse. La madrugada del sábado asaltaron el edificio para hacerse con el botín. Aunque en un principio se dijo que los ladrones habían sustraído las 149 monedas que componen el conjunto, han sido 144 las robadas.

Los cacos se colaron por una ventana de la parte trasera de edificio, rompieron la vitrina, cogieron las piezas y se fueron. No hay imágenes del robo y en el momento del asalto, cerca de las siete de la mañana, solo había una persona que vigilaba el centro. La Policía baraja como hipótesis que el robo se produjera por encargo. Pero quién lo encargó, quiénes lo robaron y dónde está el tesoro es un misterio a día de hoy. Como lo es quién pudo esconder unas monedas de oro de tanto valor bajo tierra, por qué tardaron tanto en salir a la luz si estaban enterradas superficialmente y por qué el dueño o su familia nunca las pudieron recuperar.

¿En qué consiste el 'Tesoro de Villanueva'?

El análisis del doctor en Historia Juan Ángel Ruiz Rodríguez, que hace unas semanas impartió una conferencia sobre el hallazgo en el Museo Arqueológico de Badajoz, revela un conjunto de una homogeneidad técnica excepcional, aunque no exento de singularidades. Según explica a elDiario.es Extremadura, estas piezas “no eran moneda de tránsito diario, sino de atesoramiento para grandes transacciones comerciales”.

Ruiz Rodríguez considera que la procedencia de las monedas desmiente categóricamente el mito de una Extremadura aislada durante la crisis del Antiguo Régimen. El tesoro es la prueba material de que esta localidad pacense latía al ritmo de una economía globalizada, impulsada por la industria lanera, la Mesta y las rutas de la trashumancia.

El conjunto consta de 149 monedas. Si bien el estándar de la época fijaba su peso en 27,1 gramos por pieza, existen dos excepciones documentadas: una moneda con un peso inferior debido a un error original de pesaje en la ceca, y otra a la que le falta un pequeño fragmento. En total, el conjunto suma casi 4 kilos de oro de 22 quilates.

Las piezas cubren un arco cronológico de medio siglo: hay 45 monedas del reinado de Carlos III, 64 de Carlos IV y 40 de Fernando VII. 148 de ellas corresponden al valor de ocho escudos. La excepción es la pieza de 1822, la más moderna y la única cuyo valor está expresado en reales. Su estado de conservación es, en su mayoría, flor de cuño, lo que indica que apenas circularon antes de ser ocultadas bajo tierra.

La mayoría se acuñaron en cecas de América (Santiago de Chile, Potosí, México, Lima y Nuevo Granada ) y solo 18 en España, concretamente en Madrid y Sevilla y una en Cádiz. Ruiz Rodríguez subraya que la abrumadora presencia de oro acuñado en ultramar evidencia la solidez de las relaciones transatlánticas de las familias de la zona.

Una moneda que se valoró en 420.000 pesetas

Es aquí donde surge una de las anécdotas más fascinantes: los “retratos prestados”. El historiador explica que, debido al retraso con el que los cuños oficiales llegaban a América, las cecas a menudo utilizaban bustos de reyes anteriores o inventaban la efigie del nuevo monarca. Esto dio lugar a piezas curiosas, como una donde Fernando VII presenta un aspecto que recuerda más a un indígena americano que al Borbón, un detalle que añade una capa de intriga numismática al conjunto.

Dentro de este numario, la pieza de 1822, la de más valor del conjunto destaca por su inmensa carga política. Es la más moderna del tesoro y, a juicio de Ruiz Rodríguez, marca el momento crítico del entierro del tesoro. Esta moneda es única por su ruptura formal: la leyenda abandona el latín por el castellano para proclamar a Fernando VII como 'Rey por la Gracia de Dios y la Constitución', reflejando su juramento forzoso de la Carta Magna de 1812.

Presenta además el llamado “retrato heroico”, una imagen idealizada del monarca que sustituyó a bustos anteriores mucho más crudos. En 1987, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre le otorgó una valoración individual de 420.000 pesetas, no solo por su estado impecable, sino por simbolizar el breve oasis liberal antes del retorno del absolutismo. El valor material del tesoro en su conjunto se cifró en 1987 en algo más de 15 millones de pesetas y su valor económico en el mercado actual ronda el medio millón de euros. Sin embargo, el valor histórico y patrimonial es “incalculable”, según el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

¿Quién lo enterró en su casa y nunca lo recuperó?

Entre los posibles dueños del dinero se ha barajado a Manuel Godoy, que era de Badajoz y fue valido de Carlos IV, con una carrera política meteórica, que le permitió amasar una gran riqueza. Parte de su patrimonio, formado por tierras e inmuebles, se encontraba en la comarca de La Serena, pero todo fue confiscado por el Estado con su caída en desgracia en 1808. Pero el historiador y cronista Juan Ángel Ruiz Rodríguez es tajante: la ubicación del hallazgo (calle Pedro del Río 2 de Villanueva de la Serena) no coincide con la residencia del 'Príncipe de la Paz'. La confusión nace de la división topográfica de la actual calle Carrera, que antiguamente constaba de tres tramos: la zona alta (propiamente Carrera, donde vivía Godoy), el tramo medio (Tesero) y el tramo bajo (Pedro del Río). Aunque la casa del tesoro perteneció a la hija de Godoy, la condesa de Chinchón, esta no la adquirió en 1875 como pago de una deuda judicial, medio siglo después de que el oro fuera enterrado.

La hipótesis más sólida apunta a que el dueño del oro fuera un liberal acomodado. Según las investigaciones de Ruiz Rodríguez, probablemente se trataba de un miembro de las familias procedentes de la Tierra de Cameros (La Rioja), comerciantes y arrendadores de dehesas que se asentaron en Villanueva. Su hipótesis es que el propietario ocultó su fortuna en 1823, al estallar la Década Ominosa, para evitar el secuestro de bienes por parte de los absolutistas. El hecho de que las monedas aparecieran esparcidas y de forma superficial sugiere un entierro ejecutado con improvisación en un momento de pánico.

A pesar de la ligereza a la hora de esconder el dinero, el tesoro no apareció hasta finales del siglo XX. Entre tanto, el edificio de la calle Pedro del Río fue testigo de la evolución social de la localidad a través de sus diversos propietarios, según el historiador. Siguió siendo una vivienda señorial hasta que en 1925 se convirtió en sede del sindicato agrario católico. Unos años más tarde lo adquirió una familia de Quintana de la Serena y pasó a acoger el Salón Trajano, después el Cine Trajano, el Cine Delicias y, por último el Cine Rialto, que se echó abajo para construir la Casa de Cultura y fue el lugar del hallazgo.

No obstante, la importancia del Tesoro de Villanueva de la Serena trasciende lo pecuniario. Su verdadera relevancia reside en la “musealización”: la necesidad de que estas piezas dejen de ser un secreto custodiado en la oscuridad de una caja fuerte para convertirse en patrimonio visible. Solo a través de su exposición y estudio público podrá este legado de oro y misterio ser devuelto a la ciudadanía, explicando una parte esencial de nuestra historia común.

La investigación sobre el robo del 'Tesoro de Villanueva' en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz comienza a despejar incógnitas sobre la naturaleza del delito, aunque no sobre sus autores. El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha confirmado este lunes que la Policía Nacional trabaja con la hipótesis principal de un “robo por encargo”. La precisión del golpe y el botín seleccionado, las 149 monedas de oro de los siglos XVIIIy XIX, refuerzan la idea de un plan ejecutado por profesionales.

Pese a la gravedad del suceso, por el momento no se han practicado detenciones, y es que los investigadores se enfrentan a la ausencia de imágenes de los autores en las cámaras de seguridad del centro. Sin rastro visual, la Policía Nacional mantiene abiertas distintas líneas de investigación para tratar de localizar unas piezas de “incalculable valor”, en palabras de Quintana, que fueron sustraídas tras reventar la vitrina donde se exhibían desde diciembre en la madrugada del sábado.

El delegado del Gobierno ha aprovechado para delimitar de nuevo responsabilidades en la custodia del patrimonio. Aunque el edificio del museo es de titularidad estatal, Quintana ha precisado que “la gestión integral de las instalaciones corresponde a la Junta de Extremadura”. Esta puntualización llega tras la polémica generada por las dificultades que encontraron los agentes para acceder al museo en los primeros momentos de la intervención policial. José Luis Quintana ha defendido la actuación de la Policía Nacional, subrayando que los agentes lograron acceder al recinto “salvando las dificultades” y actuando con celeridad pese a no disponer de llaves del centro en un primer momento, un detalle que pone el foco en los protocolos de coordinación y seguridad del Arqueológico pacense.

Un botín 'quemado' en el mercado legal

A pesar del éxito del robo, la recuperación de las piezas cuenta con un factor a favor. El delegado del Gobierno ha recordado que las monedas, descubiertas en 1987 en Villanueva de la Serena (Badajoz), donde estuvieron custodiadas hasta el pasado noviembre, y cedidas posteriormente a la Junta, están catalogadas de forma individualizada.

Esta ficha técnica detallada de cada pieza de oro es la principal baza de los investigadores, ya que dificulta enormemente su venta en circuitos legales de numismática o subastas internacionales. El rastreo se centra ahora en los canales del mercado negro de arte, bajo la premisa de que quien encargó el robo conocía perfectamente el valor histórico y material del conjunto.

Esta nueva información se suma a los detalles conocidos desde que se conoció el robo. Como ya se sabe, los asaltantes lograron sortear la vigilancia —el museo cuenta con vigilancia presencial, pero la persona encargada no detectó el asalto en el momento— para robar únicamente las 149 monedas de oro del 'Tesoro de Villanueva'.

La falta de grabaciones de vídeo y el método utilizado para reventar la vitrina sugerían desde el principio un conocimiento previo de las vulnerabilidades del museo, una teoría que cobra fuerza con la confirmación oficial del posible encargo profesional.

El PSOE de Extremadura ha abierto oficialmente una nueva etapa bajo el liderazgo de Álvaro Sánchez Cotrina, que toma el relevo de Miguel Ángel Gallardo, tras un proceso de primarias al que concurrieron cinco aspirantes. Los socialistas extremeños han celebrado este viernes su 16º Congreso Extraordinario para elegir a la nueva Ejecutiva, apoyada por el 88,2% de los delegados y en la que están integrados todos los rivales de Sánchez Cotrina a la Secretaría General.

El pacto de gobierno de PP y Vox en Extremadura se ha llevado el protagonismo en el discurso del nuevo barón socialista, que lo ha calificado como “una humillación y una vergüenza para todos los extremeños” porque supone “una enmienda a la totalidad a la historia de Extremadura”, marcada por la emigración durante el franquismo.

Cotrina también ha denunciado que la derecha y la extrema derecha “se están choteando de la inteligencia de los extremeños y no lo vamos a permitir”, y ha alertado de la privatización de los servicios públicos incluida en el pacto de PP y Vox para hacer “un Ayuso 2.0” al incrementar en 500 millones para sanidad a través de la colaboración público-privada.

El secretario regional del PSOE ha defendido la continuidad de la central nuclear de Almaraz y ha pedido la colaboración de la patronal para oponerse al ataque al diálogo social que llevará a cabo el Gobierno de Guardiola, que quiere acabar con las ayudas a las organizaciones empresariales y sindicales.

Por otro lado, el dirigente socialista ha advertido de la ilegalidad de algunas cuestiones del acuerdo como intentar que los ayuntamientos “metan mano en el padrón municipal”.

Cotrina, que se ha mostrado convencido de que será el próximo presidente de la Junta, también ha mandado un mensaje a su partido a nivel nacional, al que ha dicho que “nunca van a encontrar más lealtad que en el PSOE extremeño”, pero también le ha pedido “autonomía” para tomar sus propias decisiones.

En la clausura del congreso ha estado acompañado por la secretaria federal de Organización del PSOE, Rebeca Torró, que ha emplazado a los socialistas extremeños a estar vigilantes -“no le dejéis pasar ni una”- para hacer frente al “matrimonio negacionista” de PP y Vox y a un pacto en contra de la “esencia, la historia y la identidad de Extremadura”.

A su juicio, María Guardiola ha firmado una hipoteca con los ultras a cuenta de los ciudadanos de la región y por dictado de Génova, y usan la coarta de la prioridad nacional para esconder la xenofobia y el racismo. Frente a ello, ha explicado la prioridad del PSOE es el empleo, el crecimiento económico, la justicia social, el feminismo o la paz, “en lo que España se ha convertido en un referente mundial gracias al liderazgo de Pedo Sánchez”.

En opinión de Torró, la única prioridad del PP es “patrimonial”, como se ha visto en el juicio del caso Kitchen, y Alberto Núñez Feijóo no ha sido capaz de asumir responsabilidades.

La nueva Ejecutiva de los socialistas extremeños

El diseño de la nueva Comisión Ejecutiva Regional apuesta por la integración total de las distintas corrientes del partido, incorporando a todos los aspirantes que concurrieron al proceso de primarias y combinando perfiles de experiencia orgánica con peso territorial.

La estructura diseñada por Cotrina ha sido apoyada por el 88,2% de los delegados participantes en el 16º Congreso Extraordinario, celebrado en Mérida, y sitúa a Marisol Mateos en la presidencia del partido, mientras que Manuel José González Andrade asumirá la Secretaría de Coordinación Territorial y la Portavocía, convirtiéndose en una de las caras visibles del proyecto.

El control interno y la maquinaria del partido recaerán en Andrés Tovar Núñez, quien asume la Secretaría de Organización, el área estratégica encargada de la relación con las agrupaciones locales. Estará acompañado por Sandra Caballero Expósito como secretaria adjunta.

Integración de sensibilidades

Uno de los puntos clave de esta nueva dirección es la presencia de quienes disputaron el liderazgo del partido. Soraya Vega Prieto, rival de Cotrina en las urnas el pasado 11 de abril, dirigirá las áreas de Política Autonómica, Cooperación Internacional y Migración. Por su parte, Lara Garlito, quien también compitió en la primera fase de las primarias, estará al frente de Política Institucional, Política Territorial y Estrategia.

Asimismo, Blanca Martín —expresidenta de la Asamblea que integró su candidatura con la de Cotrina— asumirá la Secretaría de Coordinación Interna Ejecutiva y Planificación Política. Otros perfiles como Ana Belén Valls Muñoz (Desarrollo Rural y Viceportavocía) y Ramón Díaz Farias (Política Municipal) completan el bloque político de una ejecutiva que busca cerrar filas.

La nueva ejecutiva se despliega en una amplia red de secretarías sectoriales para cubrir los principales retos de la región. Al frente de Economía y Hacienda estará Carlos Caro Domínguez; en Sanidad, Luis David Zapata Macías; Educación será la responsabilidad de Dolores María Enrique Jiménez; en Igualdad estará Beatriz Cercas García; y Francisco Javier Fernández Cano estará al frente de Vivienda y Sostenibilidad.

El Congreso también ha designado a los representantes extremeños en el Comité Federal, entre los que figuran nombres como Antonio Rodríguez Osuna, Yolanda García Seco o César Ramos, asegurando así la voz de la federación extremeña en los órganos nacionales del PSOE.

“Los derechos de la ciudadanía no van a estar sometidos a ningún vaivén político”, ha asegurado la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en su toma de posesión del cargo, que se ha celebrado este viernes en el Anfiteatro Romano de Mérida. Guardiola ha formulado ese compromiso tras la polémica por el pacto entre PP y Vox, que ha posibilitado que ha hecho posible su nombramiento, por la inclusión de la prioridad nacional para dificultar el acceso a ayudas, prestaciones sociales y a la vivienda de las personas migrantes.

En su intervención, de unos 20 minutos, no se ha referido a políticas concretas y ha vuelto a esquivar esa polémica de la prioridad nacional, aunque se ha comprometido a que la “máxima prioridad”de su nuevo Gobierno sean “los servicios públicos, el bienestar y la vida de las personas. Y eso no es negociable. No es matizable”.

La presidenta extremeña ha ofrecido un discurso conciliador y ha rechazado “los muros” porque “la división nos hace peores y vulnerables”. Por eso, ha hecho un llamamiento a la moderación a los grupos de la oposición (ha mencionado a todos menos al PP) y a la “conversación pausada porque la ciudadanía está muy cansada del ruido”. Por eso, la líder del PP también ha lamentado los desprecios públicos, los insultos o que se le haya descalificado como mujer. “A mí no se me olvida”, ha dicho.

“Quiero piel, quiero cercanía y quiero una administración al servicio de las personas, y no a las personas al servicio de la administración”, ha añadido la presidenta extremeña, que ha anunciado que van “a tomar decisiones con firmeza y con valentía” porque está convencida de contar “con el mejor proyecto político posible.

Guardiola ha apostado en su toma de posesión por una Extremadura “más unida, más libre, más justa”, en la que nadie tenga que marcharse para comenzar su proyecto de vida.

Al acto han asistido los presidentes del Senado, Pedro Rollán; de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernando Fernández Mañueco; del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena; de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro; el delegado del Gobierno, José Luis Quintana; y el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna. También la han acompañado, entre otros, los expresidentes extremeños Juan Carlos Rodríguez Ibarra y José Antonio Monago; y el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado.

Segunda legislatura tras un pacto que tardó cuatro meses

Guardiola encara su segunda legislatura al frente de la Junta de Extremadura, aunque la primera duró solo dos años y medio. Ante la dificultad de aprobar los presupuestos de 2026, decidió convocar elecciones el pasado diciembre, pero el tablero político apenas se movió al no conseguir la mayoría absoluta (consiguió 29 de 33 diputados) y volver a depender de Vox, que pasó de cinco a 11 escaños, mientras que el PSOE se hundió hasta los 18 asientos en la Asamblea y Unidas por Extremadura creció hasta los siete.

Pero Guardiola ha tenido que esperar cuatro meses para conseguir sellar un pacto de Gobierno con la extrema derecha, que vuelve a Ejecutivo regional con más fuerza. Obtendrá las consejerías de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, con rango de vicepresidencia, que dirigirá el diputado y líder regional de Vox, Óscar Fernández Calle; y la de Agricultura, Ganadería y Medio Natural. Desde ellas gestionará, al menos, una cuarta parte del presupuesto autonómico.

El acuerdo también incluye el polémico concepto de prioridad nacional, rechazado por el Gobierno, la Iglesia a incluso la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso por dificultar el acceso a ayudas, prestaciones sociales y a la vivienda a las personas migrantes, aunque en Extremadura representan poco más del 4% de la población.

La intervención desarrollada en el cementerio municipal de Berlanga (Badajoz) ha evidenciado, por primera vez, la existencia de una fosa común de la Guerra Civil con, al menos, dos individuos represaliados inhumados en la misma. El hallazgo se ha producido en el marco de una intervención arqueológica promovida por el ayuntamiento, financiada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y con la colaboración de la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica Campiña Sur, entidad que canalizó la solicitud de la familia de Rafael Sanabria Barragán, asesinado el 28 de septiembre de 1936 en la localidad pacense. 

Esta primera fase del proyecto ha permitido desarrollar labores de investigación histórica y localización de fosas dentro del camposanto. El equipo técnico multidisciplinar se encuentra integrado por Félix Bizarro, arqueólogo y director del proyecto, Adriana Martín, arqueóloga y antropóloga forense y Juan Manuel Lima, historiador.

La intervención arqueológica, desarrollada durante este mes de abril, ha consistido en la ejecución de diferentes sondeos en aquellos espacios donde los testimonios familiares y la memoria oral situaban la ubicación de posibles fosas comunes, tanto en el interior como en el exterior del recinto cementerial, obteniendo finalmente resultados positivos en un patio dentro del recinto.

En la fosa documentada, en forma de zanja, se han identificado, por el momento, los restos óseos de, al menos, dos individuos compatibles con víctimas de la represión. Además, en el relleno de la propia fosa se han recuperado materiales represivos asociados a hechos violentos, entre ellos dos vainas de 7 mm de fusil Mauser y un fragmento de proyectil. 

Este hallazgo supone especial relevancia histórica puesto que el cementerio de Berlanga no figuraba en el Mapa de Fosas de Extremadura, abriendo con ello nuevas líneas de investigación sobre la represión en la comarca. Además, las investigaciones iniciales estimaban en 32 personas el número de víctimas de la represión asesinadas en Berlanga, sin embargo, los nuevos datos obtenidos durante la fase de investigación histórica y arqueológica apuntan a que esta cifra podría verse ampliamente superada, llegando incluso a duplicarse.

Desde la organización del proyecto se subraya que este hallazgo supone “un primer paso fundamental para recuperar la memoria histórica de Berlanga, arrojar luz sobre los hechos ocurridos durante la Guerra Civil y la posguerra, y ofrecer respuestas a las familias que llevan décadas buscando a sus desaparecidos”.

Al menos una cuarta parte del presupuesto de la Junta de Extremadura estará en manos de Vox, seis veces más dinero que el que gestionó entre 2023 y 2024 en la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, en la que, por cierto, dejó sin ejecutar casi el 60% de las inversiones contra incendios previstas en los presupuestos de 2024, el ejercicio previo a la peor temporada de incendios que ha padecido la comunidad. Esas fueron las únicas cuentas que María Guardiola logró aprobar en la anterior legislatura gracias a la extrema derecha antes de que saltaran por los aires los pactos autonómicos de PP y Vox.

Ahora la formación ultra ha exigido a Guardiola “más del doble” de lo que habían conseguido en el acuerdo de 2023, al pasar de cinco a 11 diputados y volver a ser imprescindibles para el PP en Extremadura. Esa exigencia se ha traducido en dos consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia. Sin embargo, el presupuesto que controlará se ha disparado, a la espera de que se conozca la estructura del nuevo Gobierno, que podría publicarse en el Diario Oficial de Extremadura este fin de semana.

Lo que se conoce, porque se incluye en el pacto de 2026, es que el líder de Vox en la comunidad, Óscar Fernández Calle, será vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, una nueva consejería con competencias en servicios sociales, inclusión, infancia, familia, juventud y cooperación al desarrollo, y tendrá también como objetivo la eliminación de trabas burocráticas y administrativas, simplificar los procedimientos, eliminar duplicidades y velar por la eficiencia presupuestaria.

Hasta ahora, las responsabilidades de los servicios sociales y juventud estaban en manos del PP (Consejerías de Sanidad y de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes). En el último presupuesto autonómico, las políticas de promoción social estaban dotadas de 227,5 millones de euros y las de Dependencia, con 491 millones de euros. Las competencias en cooperación suman unos 10 millones de euros, pero el pacto de PP y Vox recoge su práctica eliminación.

Vox también se ha hecho con Agricultura, Ganadería y Medio Natural, que disponen de 1.218 millones de euros. La persona que se ponga al frente de este departamento, que Fernández Calle ya ha advertido que es “muy de Vox” gestionará agricultura, ganadería, ayudas de la Política Agraria Común (PAC), regadíos e infraestructuras rurales, así como de caza, pesca, tauromaquia y medio natural. Estas últimas competencias están ahora en la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, por lo que el presupuesto total se incrementará. Pero el PP ha logrado conservar la responsabilidad en la gestión de incendios forestales.

La presidenta extremeña afirmó este jueves tras ser investida que tras su toma de posesión, que será este viernes en el Anfiteatro Romano de Mérida, que se tomará unos días para reflexionar sobre la estructura de la Junta y sobre las personas que la acompañarán, por lo que esto último podría conocerse la semana que viene. Actualmente, el Gobierno extremeño cuenta con nueve consejerías, encabezadas por cuatro hombres y cinco mujeres, además de la Secretaría de Igualdad y Conciliación, dirigida por María del Ara Sánchez.

“Lo decimos claro, lo subrayamos: prioridad nacional. Llamamos a las cosas por su nombre y por eso debemos defender y vamos a defender a los nuestros los primeros”. A diferencia de lo que hizo ayer la candidata del PP, María Guardiola, en su discurso de investidura, su socio de Vox no ha eludido uno de los aspectos más polémicos del pacto de gobierno, que convierte de nuevos en socios a las dos formaciones.

El portavoz de extrema derecha, que, además, será vicepresidenta de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha señalado que se trata de “garantizar que quien forma parte de esta tierra tenga la prioridad en el acceso a las oportunidades que, desgraciadamente, no dan para todos”. Un concepto considerado xenófobo e ilegal del que ya han alertado el Gobierno e incluso líderes del PP, como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Sin embargo, Fernández Calle ha asegurado que esa “prioridad nacional” se traducirá en medidas concretas y legales: “Prioridad para los de aquí en el acceso a la vivienda protegida, la vinculación de las ayudas al arraigo para garantizar que nadie de fuera esté por delante de ningún español y defensa de los servicios públicos para los nuestros los primeros”. A su juicio, esas medidas no son ni racistas y egoístas, sino “sentido común y realismo”.

El portavoz de Vox ha esgrimido que se trata de poner fin a “la perversión del concepto de solidaridad del que viven muchos paniaguados en esta región y en toda España. Con el esfuerzo y el dinero de los extremeños y de los españoles no da para que coma todo el mundo ni para que tenga sanidad todo el mundo. Hay que elegir y nosotros lo tenemos claro, elegimos a los españoles primero”.

Fernández Calle se ha detenido en explicar “un principio claro” del Gobierno de la Junta, que echará a andar en los próximos días: “la vivienda pública tiene que ser para los que tienen arraigo en Extremadura”. En ese nuevo sistema de acceso se priorizará a los que tienen una vinculación “real, duradera y verificable” con Extremadura, para lo que se tendrá en cuenta los años de empadronamiento y la trayectoria laboral y familiar porque “eso es poner primero a los de aquí, a los nuestros”.

Pero el próximo vicepresidente no ha hecho mención a otros aspectos del pacto de PP y Vox que tienen que ver con la migración, como la llegada de los menores migrantes no acompañados, a los que la nueva Junta de Extremadura se opondrá, ni a la gestión de los centros de menores en los que hay migrantes en cumplimiento de medidas judiciales, que estará en manos de la extrema derecha. No obstante, se ha resistido a vincular la migración con la delincuencia, aunque ha dicho que la criminalidad en la comunidad ha crecido un 5%, aunque es la más segura de toda España.

La izquierda no ha querido dejar pasar la oportunidad de denunciar la prioridad nacional del acuerdo de PP y Vox. La portavoz socialista, Piedad Álvarez, ha advertido que nadie “puede dificultar o prohibir el acceso a la educación, sanidad a ninguna de las personas que vivan en España. La prioridad nacional ni es legal ni es humana, hasta Ayuso se lo ha dicho”.

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha acusado a María Guardiola de “sacrificar” la región por “apuntalar estrategias de otros territorios”, así como su propia “dignidad” y la de los más vulnerables al asumir un acuerdo “inconstitucional”, “racista” y “clasista” que “carece de la más mínima fiabilidad”. Ha señalado que con este acuerdo, que habla de “prioridad naci-onal”, como lo ha pronunciado en diversas ocasiones, están construyendo “una sociedad individualista, que odia al extranjero, llena de prejuicios y de falsa moral”, de la mano de los “mayores vendepatrias” que ha visto este país y “lamebotas de Trump”.

Pero la líder del PP ha vuelto a esquivar la polémica de la prioridad nacional en su respuesta a los grupos parlamentarios. Tan solo se ha referido a la inmigración para reiterar que la concibe como “una oportunidad si se gestiona con rigor” porque “el descontrol beneficia a las mafias” y es “inhumano que se repartan por decreto a las comunidades autónomas”. Guardiola ha defendido una inmigración “legal, ordenada y vinculada al trabajo”.

Su intervención este miércoles la ha iniciado reclamando “respeto” a la Cámara y negándose a “pedir perdón por gobernar con quien representa a una parte importante de Extremadura y por dar estabilidad a mi tierra”.

El PP y la extrema derecha han formalizado su pacto de gobierno al votar a favor de la investidura de María Guardiola, que tomará posesión del cargo el viernes a las 19.30 horas en el Anfiteatro Romano de Mérida. Tras ello, Guardiola tendrá que conformar su nuevo Ejecutivo, donde Vox tendrá una vicepresidencia, con competencias en desregulación, familia y servicios sociales (incluida la inmigración), y la consejería responsable de agricultura y ganadería.

María Guardiola ha defendido este martes el pacto de PP y Vox, que la convertirá en presidenta de la Junta de Extremadura y en líder, otra vez, de un Gobierno de coalición entre la derecha y la extrema derecha. Pero en esa defensa ha eludido mencionar la “prioridad nacional”, uno de los conceptos recogidos en ese acuerdo que más polémica ha generado, incluso en su propio partido, por considerarse ilegal y xenófobo. Además, la interpretación de esa “prioridad nacional” ha servido ya para enfrentar a PP y Vox antes de que se materialice el pacto con la votación de este miércoles a favor de la investidura de Guardiola.

“El inmigrante no es un culpable por defecto. Es una persona con sus derechos y deberes”, ha reconocido la presidenta extremeña en funciones, pero, al mismo tiempo, ha anunciado la creación de una Unidad de Verificación del Fraude prestacional y del Padrón, institucionalizando desde la Junta de Extremadura la sospecha sobre las personas migrantes, con lo que ha hecho propio el marco ideológico de Vox en este asunto.

La finalidad de esa unidad es “combatir el uso fraudulento del empadronamiento y de los recursos públicos que este reconocimiento habilita”, ha explicado Guardiola. En el acuerdo firmado el pasado jueves se menciona concretamente “el uso fraudulento del empadronamiento y el acceso indebido a ayudas públicas, vivienda protegida y prestaciones sociales”. Por eso, entre sus funciones principales, según el acuerdo, se incluirán “la detección de empadronamientos ficticios, la verificación de la residencia efectiva, la coordinación con ayuntamientos y la activación de actuaciones inspectoras cuando existan indicios de fraude”

Pero esa Unidad irá más allá: “Tendrá un papel activo en la identificación y desmantelamiento de redes organizadas y mafias que operan mediante la sobreocupación de viviendas y los denominados ”pisos patera“, aunque no se especifica cómo se va a crear ni con qué recursos contará.

Guardiola ha vuelto a responsabilizar al Gobierno del “absoluto fracaso” de la política migratoria y de “tener la desfachatez de trasladar a las comunidades autónomas, que no tenemos competencias ni recursos suficientes para asumir lo que el Estado ha dejado de hacer”. En este sentido, ha asegurado que Extremadura “no va a cargar con las consecuencias de un modelo migratorio roto, improvisado y negociado con quienes no tienen ninguna legitimidad”, en referencia a Catalunya. Por ello, “nos opondremos a cualquier reparto obligatorio de inmigrantes. Y lo haremos en coherencia con el recurso de inconstitucionalidad que presentamos contra el Real Decreto de reparto de menores”.

En su discurso de investidura no ha hecho referencia a la realización de pruebas de determinación de edad a las personas migrantes ni al endurecimiento del régimen disciplinario de los centros donde se alojan menores no acompañados con medidas judiciales y supervisará el cumplimiento del estricto régimen disciplinario que les haya sido dictado. Ambas son también medidas incluidas en el pacto de gobernabilidad entre PP y Vox.

Guardiola ha asegurado que su Ejecutivo “jamás va a incumplir la ley” y ha justificado el acuerdo con la extrema derecha para “dejar atrás una etapa de bloqueo”, por lo que ha augurado que el entendimiento con la formación ultra será “duradero, fiable y de mirada larga”.

Desregulación de las leyes ambientales

Por otro lado, la presidenta en funciones se ha comprometido a “proteger del Pacto Verde” a los agricultores y ganaderos, y ha rechazado el acuerdo con Mercorsur “si no garantiza la igualdad de condiciones de los productores extremeños”. Además, el futuro Gobierno extremeño tendrá como “prioridad” la modificación y flexibilización de las leyes que afectan a la protección ambiental, a la caza, a la pesca, a la actividad agraria y a la conservación de espacios naturales. “No podemos ignorar que convivimos con un exceso de leyes pensadas sin contar con quienes trabajan la tierra”, ha afirmado.

La Junta también financiará, por fin, el macroproyecto del regadío en Tierra de Barros, y volverá a revisar (la última revisión es de hace unas semanas) las Zonas de Especial Protección de Aves y los Lugares de Interés Común “porque conservación y actividad económica no son incompatibles”.

Guardiola también vuelto a oponerse al posible cierre de la central nuclear de Almaraz, aunque no ha mencionado la rebaja de la carga fiscal a las eléctricas que ha pactado con Vox: la reducción de un 30% anual de la ecotasa hasta que desaparezca en 2029, es decir, 90 millones de euros menos anuales para las arcas autonómicas .

Vox tendrá las competencias de 'desregulación' en el futuro Gobierno de coalición para “eliminar trabas burocráticas y administrativas, simplificar procedimientos y eliminar duplicidades”, según el acuerdo. Por eso, la líder del PP ha mencionado la aplicación del principio de declaración responsable para el sector primario, la liberalización de suelo para la construcción de viviendas y la reducción de cargas urbanísticas y fiscales. Además, la Junta se ha puesto como objetivo la construcción de 3.500 VPO durante la legislatura.

Lazos con América

Entre las novedades que se van a poner en marcha en Extremadura, Guardiola ha afirmado que hay un horizonte “que me ilusiona especialmente” y es la relación con los países de Hispanoamérica para que Extremadura se convierta “en un referente de la cultura, el conocimiento y las oportunidades”. En concreto, la región se creará el Instituto del Mestizaje, para “tejer nuevas alianzas con los países hermanos de América en los ámbitos cultural, educativo y de investigación”.

Pero no se ha quedado ahí, la líder del PP ha reivindicado el papel de España y Extremadura en la conquista de América: “Extremadura no tiene nada de lo que avergonzarse y España no tiene nada de lo que pedir perdón. No podemos juzgar el siglo XV con los ojos del siglo XXI. América no fue una colonia sometida: fue parte de una Corona compartida, de un encuentro entre mundos que alumbró una de las culturas más ricas y diversas de la historia de la humanidad”.

A pesar de que Guardiola sentará en el consejo de gobierno a un vicepresidente y un consejero o consejera de Vox, la presidenta en funciones se ha comprometido a poner en marcha un protocolo de actuación en violencia contra las mujeres en atención primaria y un plan autonómico de sensibilización, prevención y detección de la violencia de género, con atención integral a las víctimas.

El tercer intento de Guardiola

María Guardiola se enfrenta a su tercer intento para ser investida presidenta de la Junta de Extremadura, pero en esta ocasión tiene asegurado el apoyo de Vox en la primera votación, que tendrá lugar este miércoles. Para lograr el apoyo de la extrema derecha, PP y Vox han pactado un Gobierno de coalición después de la experiencia fallida de la legislatura anterior, donde esa coalición apenas duró un año.

La situación ahora es distinta. Guardiola se quedó lejos de la mayoría absoluta en las elecciones del pasado diciembre, donde su formación obtuvo 29 diputados, pero Vox pasó de cinco a 11 escaños. La necesidad de acordar con los ultras y el buen resultado de estos han motivado que el pacto de gobierno al que han llegado con la intención de que permanezca vigente los cuatro años de legislatura esté repleto de concesiones ideológicas a la extrema derecha y de medidas xenófobas basadas en una supuesta “prioridad nacional”.

PP y Vox cerraron el pacto el pasado jueves, cuatro meses después de iniciar las negociaciones, que estuvieron cerca conducir a una repetición electoral por la falta de entendimientos de ambos partidos en Extremadura. Por ello, las direcciones nacionales tuvieron que intervenir y han participado en los últimos encuentros que se celebraron en Mérida.

La rebaja del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) pactada por PP y Vox en su acuerdo de Gobierno tendrá un impacto económico de ocho millones de euros cada año de la legislatura, lo que supondrá 32 millones de euros cuando esta finalice, según ha explicado este martes la consejera de Hacienda en funciones, Elena Manzano.

El pacto contempla que en cada año de la legislatura se aplique una bajada progresiva del IRPF del 0,25 % en los dos primeros tramos de la vigente tarifa autonómica, de modo que se llegue al 1% en 2029 para quedarse en una tributación del 7% y el 9%, respectivamente. Esa rebaja ya se incluirá en el proyecto de presupuestos que se llevará a la Asamblea en las próximas semanas.

El acuerdo también incluye una reducción al 0,5% del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) para las escrituras públicas que documenten la adquisición de viviendas habituales, siempre que el valor de la vivienda no supere los 200.000 euros, a favor de contribuyentes que no superen los 30.000 euros en tributación individual y 55.000 euros en tributación conjunta. Esto tendrá un impacto de 2,5 millones de euros, según la responsable de Hacienda.

A esto habría que sumar la ampliación de la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para el grupo III de parentesco (como de tíos a sobrinos) y la rebaja del tipo reducido del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para determinados colectivos y límites de renta, también incluidas en el acuerdo de PP y Vox.

Manzano ha dicho que estas y otras mejoras tributarias estarán incluidas en los presupuestos autonómicos para 2026, que estarán preparados “dentro de muy poco”. Hay que recordar que los presupuestos presentados por María Guardiola a finales de 2025, y que no salieron adelante, lo que motivó la convocatoria de elecciones autonómicas, incluía la bonificación de tasas y precios públicos, una deducción por gastos veterinarios y la rebaja del 75% del canon de saneamiento, con un impacto total de más de 20 millones de euros.

Lo que no incluirán las cuentas regionales este ejercicio es la rebaja del 30% de la ecotasa que paga la central nuclear de Almaraz. Esta reducción de la carga fiscal que beneficia a las eléctricas se deja para 2027, ya la Hacienda extremeña no puede asumir este año ese recorte de ingresos, según la consejera. El pacto de PP y Vox recoge una rebaja de la ecotasa del 30% anual hasta su total desaparición en 2029, lo que supondrá 90 millones de euros menos para las arcas autonómicas.

Pese a esta minoración de ingresos, Elena Manzano ha recordado que en los dos años y medio de legislatura las rebajas fiscales han supuesto 125 millones, mientras que la recaudación ha subido en más de 230 millones.

La prioridad nacional del pacto de PP y Vox

Por otro lado, la también portavoz del Ejecutivo extremeño en funciones ha afirmado que el concepto de prioridad nacional que figura en el pacto de gobierno entre PP y Vox lo que hace es valorar la vinculación territorial y el arraigo, y ha instado a los ciudadanos, y a los presidentes autonómicos, a interpretar este acuerdo “bajo los principios de legalidad, igualdad y justicia”.

Manzano ha defendido que el pacto alcanzado con Vox se desarrollará con el “máximo respeto” a la Constitución española, al principio de legalidad y al resto del ordenamiento jurídico. En concreto, en lo referido a la denominada “prioridad nacional” que figura en varias medidas del acuerdo, como el acceso a la vivienda protegida y al alquiler social, ha argumentado que lo que se busca es que la población residente en Extremadura permanezca en ella.

Respecto a las declaraciones del presidente andaluz en funciones y candidato a la reelección, Juanma Moreno Bonilla, en las que ha puesto el acuerdo como ejemplo de lo que no debe suceder en Andalucía, ya que aspira a gobernar con mayoría absoluta, Manzano ha expresado su “máximo respeto institucional a cualquier consideración” y le ha deseado “la mayor de las suertes en ese proceso”.

El acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Extremadura pone fin a cuatro meses de bloqueo y parálisis, y a uno de los capítulos políticos más convulsos en la historia parlamentaria de Extremadura. Vox asumirá una vicepresidencia con competencias en servicios sociales, familia y desregulación (una nueva cartera que anuncia una de las líneas maestras del pacto). Además recibirá la Consejería de Agricultura y Ganadería. Pasadas las 20:15 de este jueves, la propia María Guardiola, presidenta en funciones, y el líder regional de Vox, Óscar Fernández, han anunciado el pacto.

Vox también le saca al PP el senador por designación autonómica, que será Ángel Pelayo Gordillo. “El acuerdo va a ser bueno para Extremadura”, ha dicho Guardiola; mientras que Fernández ha expresado su voluntad de que el pacto dure los cuatro años de la legislatura. En las próximas horas está previsto que ambas formaciones difundan un documento con las medidas acordadas.

Fuentes del PP han asegurado que Guardiola ha contado “con total autonomía”para negociar la configuración de su Ejecutivo. “El número de cargos y el nombre de las personas que habrán de ocuparlos nunca fue motivo de negociación por parte de los negociadores de la Dirección nacional del Partido Popular”, aseguran . “Estamos muy satisfechos de haber ayudado a desbloquear una situación que hace dos meses apuntaba hacia unas nuevas elecciones y que ahora ha cristalizado en un acuerdo de Gobierno para cuatro años”, añaden las fuentes de Génova.

También aseguran que “en los ultimos días” se ha avanzado “de manera significativa” en las negociaciones en Aragón: “Somos optimistas y donde esperamos alcanzar un acuerdo igual de satisfactorio en los próximos días. Tras ganar las elecciones en Extremadura, Aragón y Castilla y León, el Partido Popular no sólo tiene ya las Presidencias de las tres Cámaras legislativas, sino que consigue un acuerdo para la primera de las investiduras. Cerrado el capítulo de Extremadura, vamos a por la siguiente”.

Investidura el 21 y 22 de abril, toma de posesión, el 24

Lo que comenzó el 21 de diciembre pasado, con una victoria insuficiente de la derecha, termina con un Ejecutivo de coalición forzado por el calendario, para evitar una repetición electoral, y por las directrices nacionales de ambos partidos. La investidura queda fijada para el martes 21 y el miércoles 22 de abril. La toma de posesión sería el viernes 24.

La falta de entendimiento, los reproches y los enfrentamientos han sido la tónica general entre PP y Vox en Extremadura, que, sin embargo, estaban condenados a entenderse para evitar que los extremeños volvieran a las urnas en junio. Hoy la sensación era de euforia. “Extremadura necesita estabilidad y crecimiento”, ha dicho Guardiola, y ha admitido “la parálisis” en la que ha vivido la región.

El acuerdo era necesario antes del 4 de mayo, pero en su contra jugaban las exigencias de la extrema derecha para hacer valer sus buenos resultados electorales, al pasar de cinco a 11 diputados; las presiones del PP para obligar a Vox a sentarse a negociar, acusándolos de cálculo electoral por estar pendientes de los comicios en Aragón y Castilla y León y no atreverse a sentarse en un Gobierno; y la constante supervisión nacional de la negociación extremeña, por ser la primera en la que se medía la temperatura de la relación entre la derecha y la extrema derecha tras la ruptura de todos los gobiernos autonómicos de coalición en 2024.

Abascal y Feijóo, para destensar la relación

Las conversaciones entre PP y Vox se rompieron en Extremadura al poco de empezar y no se retomaron hasta que celebraron las elecciones en Aragón y Castilla y León, cuando hablaron Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal para destensar la relación en los territorios. Desde entonces, el clima de entendimiento cambió en Extremadura y, aunque los avances para sellar el pacto se han sucedido a cuentagotas, ambas formaciones hicieron gala desde entonces de su voluntad negociadora y del “clima de colaboración”.

La lentitud para el acuerdo, a pesar de que las elecciones se celebraron en diciembre –y de que hubo por medio una investidura fallida de María Guardiola en la primera semana de marzo– ha estado motivada por el interés del PP de cerrar un pacto que garantizara de alguna manera cuatro años de legislatura completos y por las exigencias de Vox, tanto programáticas como de presupuesto y de poder en el organigrama de la Junta de Extremadura.

Tampoco ha sido posible este viernes tras más de seis horas de reunión en Mérida. PP y Vox no han sellado aún el pacto de Gobierno que permitirá la investidura de María Guardiola, pero ambas formaciones han emitido un comunicado conjunto en el que exhiben la sintonía de la que han hecho gala en las últimas semanas y aseguran que las negociaciones se encuentran ya en una “fase avanzada”.

Por ello, aunque hace más de tres meses y medio que se celebraron las elecciones autonómicas en Extremadura, PP y Vox no dan una fecha para la firma del acuerdo, pero sí confían en resolver “pronto” los asuntos pendientes, “con el fin de alcanzar el mejor acuerdo posible para garantizar la estabilidad política e institucional que Extremadura necesita”, según explican en ese comunicado.

El actual clima de entendimiento no tiene nada que ver con el mostrado por ambos partidos durante las primeras semanas tras la cita electoral, cuando planeó la posibilidad de una repetición electoral. Ahora, PP y Vox han resaltado el “clima de colaboración y responsabilidad” para centrarse “en la definición y desarrollo de las medidas y políticas prioritarias necesarias para poner en marcha el nuevo mandato, así como los plazos y la financiación que las hacen viables”. Es decir, como ha venido reclamando la extrema derecha: la concreción de un programa político para los próximos cuatro años, un cronograma para ejecutar las medidas a lo largo de los próximos cuatro años de legislatura y el presupuesto necesario para hacer realidad ese pacto.

En la negociación de este viernes en Mérida, la quinta reunión que se conoce, aunque aseguran que ha habido otras “sin trascendencia púbica”, han participado los líderes regionales del PP, María Guardiola, y de Vox, Óscar Fernández Calle. También se ha desplazado hasta la capital extremeña la diputada del PP Marta Varela, mientras que el secretario general del partido, Miguel Tellado, ha participado telemáticamente al encontrarse en Málaga con motivo de las próximas elecciones en Andalucía.

El pacto de gobierno entre PP y Vox en Extremadura se da por hecho. No se sabe cuándo obtendrá luz verde, aunque ambas formaciones dan a entender que el acuerdo llegará antes de mayo. Pero mientras que en el Gobierno en funciones extreman la cautela para evitar dar munición a la ultraderecha y evitar el bloqueo de las conversaciones, en Vox exhiben su fuerza en esa negociación.

El líder regional de la formación de extrema derecha, Óscar Fernández Calle, ha sido muy claro durante su intervención hoy en un pleno en el que se ha convalidado el decreto, pactado entre PP y Vox, para flexibilizar la acción del Gobierno extremeño, que está en funciones desde el 21 de diciembre: “Guardiola fue presidenta [en 2023] porque a Vox le dio la gana. Y si hay nueva presidenta, dios dirá porque estamos en manos del altísimo, será porque le dé la gana a Vox. Ni más ni menos”.

Las formas empleadas por el portavoz de Vox han protagonizado el debate, alejado del decoro parlamentario cada vez menos habitual en la Asamblea extremeña. Fernández Calle se ha mostrado desafiante con los diputados de Unidas por Extremadura (se ha llegado a encarar desde la tribuna con David Araújo, que se estrena en esta legislatura), a quienes ha dicho que, si finalmente hay “un Gobierno de Vox”, se “alegrará infinitamente de verles echar espuma por la boca”.

Su tono y palabras han sido afeadas por el portavoz del PSOE, José María Vergeles, que ha acusado a la presidenta en funciones, María Guardiola, del “ambiente cada vez más irrespirable que hay en esta Cámara”, y hasta por el portavoz del PP, Juan Luis Rodríguez Campos, que se ha dirigido a Fernández Calle para decirle que la gente quiere seriedad y acuerdos fruto de los resultados de las últimas elecciones autonómicas, y no venir aquí a provocar que nadie eche “espumarajos por la boca”.

Sin embargo, el consejero de Presidencia en funciones, Abel Bautista, que ha sido el encargado de defender el decreto, se ha mostrado conciliador con Vox hasta el punto de dar por asegurado el pacto: “Este es le camino que vamos a seguir recorriendo los próximos cuatro años, y lo haremos con la mayoría de esta Cámara, con el Grupo Parlamentario Popular y con el Grupo Parlamentario Vox, con responsabilidad, altura de miras y con la idea de una Extremadura mejor”.

Bautista ha descartado la posibilidad de una repetición electoral en Extremadura, aunque ha admitido que  la negociación entre ambas formaciones se está dilatando en el tiempo “más de lo deseado”, aunque ha recordado que en 2019 se repitieron las elecciones en España tras siete meses de bloqueo político.

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha denunciado el “circo” de la negociación entre el PP y Vox y ha subrayado que los que realmente “parten la pana” están en Madrid y no en Extremadura, por lo que “todo puede cambiar de uno día para otro”.

Más de tres meses después de las elecciones autonómicas en Extremadura, PP y Vox están muy cerca de cerrar la alianza de nuevo Gobierno de coalición, aunque aún no se ha cerrado y se descarta que esté antes de Semana Santa. Ambos partidos se han reunido en Mérida este miércoles para ultimar el acuerdo programático y presupuestario, pero en la mesa de negociación no han abordado el reparto de consejerías en un Ejecutivo que estará liderado de nuevo por María Guardiola.

En la reunión han participado el secretario general del PP, Miguel Tellado, además de Guardiola y su consejero de Presidencia, Abel Bautista. La comisión negociadora de Vox ha estado compuesta por su secretaria general adjunta, Montserrat Lluís; el portavoz nacional de Economía, José María Figaredo; el portavoz de Vivienda, Carlos Hernández Quero; y el portavoz en Extremadura, Óscar Fernández Calle.

Ambas partes han destacado que la reunión ha sido “muy positiva” y ha servido para que haya “avances”, pero la negociación se centra ahora en “el detalle” de las medidas. “Cuanto más detallado el acuerdo, más garantías de que vamos a estar cómodos para avanzar juntos”, ha explicado Abel Bautista, que durante su intervención ha insitido en lograr un acuerdo para la legislatura, que dure cuatro años y que, por lo tanto, la Junta de Extremadura tenga garantizados los próximos cuatro prespuestos autonómicos. “La ansiedad por querer llegar a un acuerdo no puede hacernos caer en la estabilidad”, ha dicho.

Bautista, que también es el secretario general del PP extremeño, ha indicado que hay “plena sintonía” con “el enunciado de las medidas” programáticas propuestas por la extrema derecha, pero en los próximos días los equipos negociadores trabajarán en detalle de cada una de ellas, eso es, valorar su coste presupuestario y un calendario para ponerlas en marcha a lo largo de la legislatura. Después será elm turno de otra negociación: el reparto de consejerías y altos cargos en el Gobierno de coalición.

Entre los asuntos que se han abordado este miércoles, el dirigente del PP ha mencionado la fiscalidad y la rebaja de impuestos, ya que Vox exige una reducción impositiva masiva, el proyecto de regadío de Tierra de Barros, que tendría que haber visto la luz en la pasada legislatura, la vivienda y la prórroga de la central nuclear de Almaraz.

Por su parte, el portavoz de Vox en Extremadura se ha manifestado “satisfecho” tras la reunión por la “predisposición de Guardiola para el acuerdo y el reconocimiento al peso y respaldo que Vox tuvo en las elecciones”, en las que consiguió cerca del 17% de los votos.

Fernández Calle ha afirmado que hay razones para el optimismo, en relación al pacto con el PP en Extremadura, pero ha reiterado que en estos momentos “no hay ningún tipo de acuerdo. ”Hay tiempo hasta el 3 de mayo, pero ójalá sea antes“, ha manifestado.

Medidas que exceden las competencias autonómicas

Vox ha exigido negociar el acuerdo programático “medida a medida” y este miércoles ha reiterado que, para el acuerdo, el PP debe “comprometerse” con “la seguridad en las calles, vivienda accesible, fin del despilfarro de dinero público y bajadas masivas de impuestos, prioridad de los españoles en sanidad, fin de Mercosur y el Pacto Verde y de las políticas de sustitución demográfica”.

Vox también ha citado “la familia en el centro de todas las políticas, Agenda España frente a las imposiciones de la Agenda 2030, reindustrialización de España y medidas que frenen el éxodo de los jóvenes de su patria, fin del adoctrinamiento en las aulas y rechazo de los acuerdos alcanzados por el PP y el PSOE en Europa”.

Sin embargo, muchas de estas medidas planteadas por la extrema derecha exceden las competencias autonómicas y van más allá del documento que el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, dijo que era la guía de negociación.

La reunión de este miércoles en Mérida es la primera que PP y Vox celebran para avanzar en el pacto en Extremadura desde que se suspendieron los contactos por la celebración de las elecciones en Castilla y León. La próxima será la semana que viene, aunque estos días habrá intercambio de documentación para detallar presupuestariamente las medidas que se han puesto sobre la mesa

Aunque no hay acuerdo, se trata del primer avance real en la negociación después de que hace un mes Vox bloqueara la investidura de María Guardiola en las dos votaciones. En la primera sesión del pleno, el portavoz ultra desveló una veintena de las medidas que su formación había puesto sobre la mesa al PP. Entre ellas, propuestas que atentan con la igualdad, que fomentan la xenofobia y la discriminación de las personas migrantes en la comunidad con la menor población extranjera, y la protección de la polémica Cruz de los Caídos de Cáceres, entre otras medidas que pasan por el negacionismo climático o una reforma fiscal con la reducción y eliminación de impuestos.

El 72º Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida ya tiene hoja de ruta. Bajo el lema 'Clásicos del pasado, emociones del presente', el certamen se abrirá el próximo 3 de julio para ofrecer un despliegue de más de 150 representaciones en sus diversas sedes. La programación vuelve a destacar por la presencia de rostros muy conocidos y varios de ellos pisarán por primera vez la arena del Teatro Romano, como Miguel Ángel Muñoz, Lydia Bosch, Juana Acosta y Fernando Tejero.

El director del festival, Jesús Cimarro, ha presentado este miércoles una edición que define como un “punto de encuentro, reflexión y emoción compartida”. En total, el escenario principal del Teatro Romano acogerá nueve producciones, todas ellas estrenos absolutos, que abarcan desde el teatro de texto y el musical hasta el ballet y la danza.

La inauguración correrá a cargo del Düsseldorf Ballet Theater con la obra 'Spartacus' (del 3 al 5 de julio). Contará con la narración de Miguel Ángel Muñoz, quien ha recordado emocionado las raíces emeritenses de su “tata”, testigo del estreno de la 'Medea' de Margarita Xirgu en 1933.

La programación continuará con 'Electra Jonda', una coproducción del Festival con los Teatros del Canal, del 8 al 12 de julio, dirigida por Manuel Canseco con Carolina Lapausa, Juan Gea y María Garralón, a la que seguirá del 15 al 19 de julio 'Timón de Atenas' con Pepe Viyuela y 'Bacanal' del 22 al 26 de julio con un reparto encabezado por Carlos Hipólito, Toni Acosta y Juana Acosta. Del 29 de julio al 2 de agosto llegará el turno de 'La comedia de la olla' dirigida por Juan Luis Iborra y protagonizada por Carlos Sobera.

Agosto traerá el debut de Fernando Tejero en el festival con 'Cómicos en Rosa' del 5 al 9, y ese mes también supondrá el regreso de Lydia Bosch al teatro tras 37 años de ausencia con 'Fedra en los infiernos', que se pondrá en escena del 12 al 18 de agosto. José Antonio Lucía, Marcial Álvarez, Jorge Muñoz y Sara Jiménez serán los protagonistas de 'El viaje de Edipo'. El cierre de la edición, coomo es habitual, corresponderña a una producción extremeña, En este caso será el musical 'Las 9 musas' ,protagonizado por Angy Fernández, Carmen Conesa, Nerea Rodríguez y Clara Alvarado.

El festival mantiene su vocación expansiva con siete espectáculos en el Teatro María Luisa y la propuesta 'Agusto en Mérida'. Además, se recupera la extensión de Cáparra con una programación ampliada, que se suma a las sedes de Madrid, Medellín y Regina. Además de las representaciones teatrales, la edición de este año incluye ocho proyecciones de cine, seis exposiciones y más de 20 talleres y cursos, además de tres pasacalles, una decena de conferencias y encuentros como el IX Encuentro de Creadoras Escénicas 'Madres: vasijas rotas' y el VIII Encuentro de Periodismo Móvil y Cultura.

Como novedad, se concederá el I Premio Odiseo y Penélope, convocada por el Festival de Mérida y la Cátedra Vargas Llosa para reconocer textos teatrales inéditos de temática grecolatina, y se impartirá un taller de entrenamiento actoral en Mérida con el director José Carlos Plaza.