Las secciones territoriales en Extremadura de tres de las principales asociaciones de la judicatura (la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente) han difundido este martes un comunicado conjunto para expresar públicamente su respaldo y solidaridad con la magistrada Beatriz Biedma Rojano, titular de la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Badajoz.

El pronunciamiento de los colectivos judiciales se produce a raíz de las recientes informaciones periodísticas y actuaciones judiciales que apuntan a la existencia de episodios de seguimiento, presiones externas y maniobras de hostigamiento personal y familiar dirigidas a deslegitimar y menoscabar su labor jurisdiccional con el objetivo de apartarla de la instrucción judicial que investigó la contratación del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, en la Diputación de Badajoz.

“Consideramos imprescindible reiterar que el Poder Judicial actúa con plena independencia, sometido únicamente al imperio de la ley”, señalan las asociaciones en la nota difundida en la región. En el texto, advierten de que “cualquier intento de presión, intimidación o descrédito hacia jueces y juezas en el ejercicio de sus funciones constituye una grave amenaza para el Estado de Derecho y para el normal funcionamiento de nuestras instituciones democráticas”.

Defensa de la función jurisdiccional

Las tres organizaciones firmantes han subrayado su “firme defensa de la independencia judicial como uno de los pilares fundamentales del sistema democrático”, al tiempo que destacan la “profesionalidad y compromiso con la legalidad” manifestados por la instructora extremeña en el desempeño de su cargo.

Beatriz Biedma estuvo al frente de la instrucción de la causa abierta tras las denuncias contra David Sánchez por presunta prevaricación y tráfico de influencias. Recientemente, la magistrada ha solicitado su personación como acusación particular en el 'caso Leire Díez', que se tramita en la Audiencia Nacional sobre supuestas maniobras irregulares para obstaculizar casos que afectan al PSOE y al Gobierno. La presunta trama habría estado liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado la exmilitante Leire Díez.

El comunicado conjunto suscrito por las asociaciones de la judicatura en Extremadura concluye reafirmando la cohesión del estamento judicial en la región en la preservación de las garantías de independencia frente a cualquier interferencia o intento de interferencia externa en el ejercicio de la labor judicial.

Canal Extremadura estrena este lunes 21 de septiembre su nueva temporada, coincidiendo con el 20 aniversario de la cadena, con cambios en sus informativos, una renovación del magacín matinal y varios estrenos en el prime time. La nueva parrilla combina programas consolidados con nuevos formatos y mantiene como ejes la información, el servicio público y los contenidos vinculados a Extremadura.

Una de las principales novedades estará en los informativos. ‘Extremadura Noticias 2’, la edición de las 20:30 horas, inicia una nueva etapa con Antonio Texeira y María Campos al frente y una apuesta por una narrativa más propia para explicar y contextualizar la actualidad.

En ‘Extremadura Noticias 1’, a las 13:55 horas, continuarán Inmaculada Mateos y Manu Pérez, mientras que Eduardo Amador presentará las ediciones de los fines de semana.

La información deportiva seguirá concentrada en ‘Extremadura Deportes’, con Leticia Antúnez, Fernando Sosa y Óscar Marín, mientras que Carlos Benito, David López Rey, Jesús Teniente y Magda Pavón estarán al frente de ‘El Tiempo’.

La actualidad política también mantiene sus espacios. ‘Asamblea’, presentado por Ana María Ruiz, continuará los sábados a las 12:25 horas, mientras que María Hurtado seguirá al frente de ‘El Foro’, que se emite los jueves a partir de las 20:55 horas.

‘Ahora Extremadura’ cambia su formato

La franja matinal incorpora cambios con ‘Ahora Extremadura’, que presentan Lola Trigoso y Silvia Solano desde las 12:20 horas. El programa refuerza su formato de magacín informativo con más entrevistas, reportajes, gráficos y otros recursos audiovisuales.

El espacio mantendrá además contenidos de servicio público como ‘Iguales’, dedicado a cuestiones relacionadas con la diversidad, la igualdad y la lucha contra la violencia machista.

Antes, a las 13:20 horas, regresará ‘A nuestra salud’, con Noelia López Boluda, que incorpora las secciones ‘Salud viral’, dedicada a comprobar la veracidad de consejos sanitarios difundidos en redes sociales, y ‘Farmacia de guardia’, sobre el uso adecuado de los medicamentos.

También volverán ‘El campo es vida’, de lunes a viernes a las 14:55 horas, y ‘Conexión Extremadura’, desde las 17:30 horas, con actualidad, historias humanas, entretenimiento y conexiones en directo.

Nuevos programas en el prime time

La noche incorpora varias novedades. El lunes 21 de septiembre, a las 22:30 horas, regresa ‘112 en acción’, el docureality que muestra el trabajo de los distintos cuerpos y servicios coordinados por el Centro de Emergencias 112 Extremadura.

Una de las principales novedades será ‘El legado invisible’, con Ana Pecos, cuyo estreno está previsto para el 25 de octubre. El programa utilizará tecnologías como el escaneo 3D, los drones, el mapeo y las recreaciones digitales para mostrar el patrimonio histórico, artístico y cultural extremeño.

El espacio recorrerá monumentos, fortalezas, yacimientos y otros enclaves históricos de la región, conectando su patrimonio con las nuevas tecnologías.

También regresará ‘Muy de Aquí’, con Alicia Senovilla, que afronta su segunda temporada con entrevistas a extremeños vinculados a la cultura, el deporte, la ciencia, la empresa o la comunicación.

Por su parte, Senovilla volverá desde el lunes 21 a presentar ‘Atrápame si puedes’, de lunes a viernes a las 21:30 horas. El concurso tendrá además una edición especial de prime time: ‘Atrápame si puedes: Liga de Campeones’, que se estrenará el domingo 27 de septiembre a las 21:20 horas y reunirá a 25 concursantes destacados de la historia del programa.

Los programas que continúan

La nueva temporada mantiene buena parte de los espacios vinculados al territorio y al servicio público. ‘Territorio Extremadura’ se emitirá los sábados y domingos a las 14:50 horas y contará con programas monográficos sobre cuestiones como las mujeres rurales, la gastronomía, las tradiciones y el futuro del medio rural.

También continúan ‘Escúchame!’, los sábados a las 11:55 horas; ‘Informe Extremadura’, los sábados a las 22:20 horas; ‘Muévete X Extremadura’, los viernes a las 23:30 horas; ‘Cazadores de Lances’, los domingos a las 19:30 horas; ‘Extremadura: Tierra de Toros’, los domingos a las 12:55 horas; y ‘El Lince con Botas 3.0’, los viernes a medianoche.

‘La Besana en Verde’ mantiene igualmente su presencia durante el fin de semana.

La programación coincide con el 20 aniversario de Canal Extremadura, que afronta esta temporada con cambios en algunos de sus formatos y nuevas propuestas sin abandonar una parrilla basada en la información, la divulgación, la cultura, el entretenimiento y los contenidos relacionados con la realidad extremeña.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural de Extremadura, Juan José García, de Vox, consideró “oportuno” delegar en el consejero de Agricultura de Castilla y León, también del partido de extrema derecha, su representación en la reunión del Ministerio sobre el futuro de la Política Agraria Común (PAC). La Junta de Extremadura confirma así que fue el propio consejero quien tomó la decisión, pero no explica por qué eligió a su homólogo de otra comunidad autónoma pese a que la consejera extremeña Mercedes Morán (PP) también estaba presente en el encuentro.

Fuentes de laa consejería han señalado que García fue invitado a la reunión por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y que “ejerció su derecho a delegar el voto en el consejero de Agricultura de Castilla y León, que es la persona en quien consideró oportuno delegarlo”.

La respuesta se produce después de que se preguntara expresamente a la Junta por el motivo de esa elección y por su posición sobre el hecho de que la representación de Extremadura quedara en manos del responsable de otra comunidad autónoma pese a la presencia de Morán en la reunión. La consejería no concreta ese motivo ni ofrece una valoración adicional sobre la decisión.

El encuentro se celebró este miércoles en Madrid y reunió al Ministerio de Agricultura y a las comunidades autónomas para abordar el futuro de la PAC y la posición de los territorios ante la reforma de la política agraria europea. García no acudió personalmente y su voto fue delegado en el consejero de Agricultura de Castilla y León, también de Vox.

La ausencia del consejero ya había sido objeto de críticas por parte de la oposición extremeña. PSOE y Unidas por Extremadura han cuestionado que García no participara directamente en una reunión en la que se abordaban cuestiones de especial relevancia para el campo de la región.

Críticas de organizaciones agrarias

La situación ha provocado también la reacción de La Unión Extremadura y de UPA-UCE Extremadura, que ha reclamado explicaciones al titular de Agricultura. Esta organización agraria recuerda que el pasado 26 de agosto las organizaciones profesionales agrarias fueron convocadas a una reunión con el consejero de Agricultura para trasladarle, con carácter previo, sus principales preocupaciones y propuestas ante el futuro de la PAC.

UPA-UCE señala que realizó un trabajo específico, con sus equipos técnicos y su Ejecutiva, para trasladar a García un posicionamiento elaborado “desde la realidad de las explotaciones extremeñas” y teniendo como referencia la defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos de la región.

Por este motivo, considera “especialmente relevante” conocer las razones por las que el titular de Agricultura no estuvo presente en la reunión del Ministerio celebrada en Madrid.

La organización agraria precisa que no cuestiona que el consejero pueda tener otros compromisos en su agenda ni que la delegación de funciones forme parte del funcionamiento normal de una Administración. Su reclamación se centra en conocer por qué la representación de los intereses agrarios de Extremadura se delegó en el responsable de Agricultura de otra comunidad autónoma.

UPA-UCE destaca además que en el encuentro se encontraba presente otra consejera del Gobierno extremeño, que participó en la reunión dentro del ámbito de sus competencias relacionadas con el desarrollo rural.

“No cuestionamos que el consejero pudiera tener otros compromisos en su agenda, sino que creemos que una reunión de este calado requería una explicación sobre cómo se iba a garantizar la defensa directa de los intereses de los agricultores y ganaderos extremeños”, ha señalado el líder de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos.

Para la organización, el futuro de la PAC es una cuestión estratégica para el campo extremeño por su incidencia en la rentabilidad de las explotaciones, el relevo generacional, la incorporación de jóvenes y el mantenimiento de la actividad agraria y ganadera.

UPA-UCE reclama por ello que Extremadura participe “activamente y con voz propia” en todos los foros en los que se vaya definiendo la posición de las comunidades autónomas sobre la futura PAC, para trasladar las necesidades concretas del sector extremeño y defender las particularidades de la región.

El dirigente agrario ha señalado además que el caso del tabaco pone de manifiesto la importancia de que Extremadura cuente con una representación que conozca de primera mano la realidad de sus sectores productivos.

La organización espera que el consejero de Agricultura pueda ofrecer las explicaciones oportunas y que el asunto se aborde “desde la responsabilidad y el diálogo”, con el objetivo de garantizar que los intereses de los agricultores y ganaderos extremeños estén presentes en las decisiones sobre el futuro de la PAC.

La consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, estaba llamada este jueves a dar explicaciones en la Asamblea de Extremadura sobre la situación de las políticas sanitarias de la Junta y, de manera específica, sobre las urgencias hospitalarias durante este verano. Pero las cuestiones que han marcado el debate sanitario de los últimos meses no han tenido espacio en su intervención.

García Espada no ha explicado la situación del servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres, ni las protestas relacionadas con la limpieza de centros sanitarios, ni el incidente registrado en el Hospital Don Benito-Villanueva por la caída de un falso techo en una habitación con un paciente. Tampoco se ha referido al episodio de las ambulancias del contrato de transporte sanitario terrestre, valorado en más de 285 millones de euros, que durante agosto prestaron servicio sin las autorizaciones de transporte en vigor y cuyos trabajadores recibieron avisos por WhatsApp sobre controles de la Guardia Civil, como desveló elDiario.es Extremadura.

Sobre las urgencias, la consejera se ha limitado a defender que los servicios de Cáceres y Badajoz cuentan actualmente con más profesionales que nunca: 36 y 48, respectivamente. “Si ahora a ustedes les parece insuficiente, imagínese cuando ustedes lo tenían con bastantes menos profesionales”, ha respondido a las críticas de la oposición.

El principal asunto nuevo que ha puesto sobre la mesa ha sido, en cambio, una deuda de 272.000 euros que atribuye al anterior Gobierno socialista con el grupo privado Quirón Salud. García Espada ha anunciado que la Junta tendrá que iniciar un expediente de reconocimiento de deuda para afrontar con cargo al presupuesto de 2026 el pago de unas derivaciones de pacientes de la sanidad pública que, según su versión, se realizaron fuera de los contratos de Galeno y Paracelso.

La consejera ha calificado de “escándalo” que el actual Ejecutivo tenga que afrontar ahora esa reclamación y ha asegurado que dispone de tres cartas remitidas por Quirón en las que reclama el abono de la cantidad. “Hoy Quirón nos destapa facturas que vienen reclamándole al Gobierno socialista sin pago ni escucha por parte de ustedes”, ha afirmado García Espada, que ha utilizado esta deuda para cuestionar la gestión sanitaria del anterior Ejecutivo.

Sanidad privada

El asunto ha provocado un enfrentamiento con el PSOE. Su portavoz en la Asamblea, Isabel Gil Rosiña, ha ironizado sobre la “buena comunicación y fluidez con Quirón” de la actual Junta y ha rechazado que la deuda de 272.000 euros sea el centro del debate sanitario. “Yo no le voy a hablar de los 272.000 euros. Yo le voy a hablar de los millones de euros que usted está dilapidando del dinero público para colapsar la sanidad pública y engordar el negocio de la sanidad privada en Extremadura”, ha señalado.

Gil Rosiña ha denunciado la saturación de la Atención Primaria, con demoras de hasta 14 días para conseguir una cita médica, y la situación de los servicios públicos de urgencias. También ha acusado al Gobierno extremeño de permitir un descenso de la actividad ordinaria en los hospitales y de utilizar las denominadas peonadas, actividad extraordinaria remunerada, como herramienta de planificación quirúrgica. La portavoz socialista ha reclamado la dimisión de García Espada.

Frente a las críticas, la consejera ha defendido el incremento de recursos de la sanidad extremeña y ha reivindicado que el SES dispone del mayor presupuesto de su historia. Entre las actuaciones que ha destacado se encuentran la financiación del tratamiento con Vyjuvek para pacientes afectados por piel de mariposa, la incorporación de los podólogos al SES mediante una bolsa de trabajo y la preparación de un programa para atender a los pacientes diabéticos con el objetivo de evitar amputaciones, mediante la coordinación entre Atención Primaria y Cirugía Vascular.

También ha destacado el refuerzo de la salud mental con 71 nuevos profesionales entre psiquiatras, psicólogos, enfermeras y terapeutas ocupacionales, además de nuevos recursos en este ámbito. En materia de vacunación, ha señalado la ampliación de la cobertura y la puesta en marcha en octubre de la vacunación intranasal contra la gripe en los colegios.

La consejera ha defendido que el SES realiza 16,5 millones de asistencias al año y ha admitido que con ese volumen de actividad “alguna incidencia habrá”, aunque ha asegurado que son más los pacientes que agradecen la atención recibida.

La oposición cuestiona el rumbo de la sanidad

El diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos ha reclamado “empatía” a la consejera con los profesionales sanitarios y los pacientes y ha considerado que su análisis está alejado de la realidad del sistema sanitario. También ha advertido de un proceso de “privatización” de la sanidad y ha vinculado el deterioro de la sanidad pública con las dimisiones y ceses producidos en el sistema.

La diputada de Vox María Jesús Salvatierra Gordillo ha defendido, en cambio, la estrategia de la Junta para reducir las listas de espera mediante la actividad ordinaria, la ampliación de horarios, las derivaciones y la colaboración público-privada. “El enfermo no pregunta si se le opera en un centro concertado o en un centro público, pregunta cuándo le operan”, ha señalado.

Desde el PP, Margarita Núñez ha defendido la gestión de la Junta y ha reprochado al PSOE que no tenga en cuenta las consecuencias de la huelga de médicos relacionada con el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad.

La comparecencia, que tenía entre sus asuntos expresamente la situación de las urgencias hospitalarias durante el verano, ha terminado así con el debate centrado en la gestión de los anteriores gobiernos, la sanidad privada y las nuevas prestaciones anunciadas por la Junta, mientras las cuestiones concretas que han afectado al SES durante estos meses han quedado sin una explicación específica por parte de la consejera.

El consejero de Agricultura de Extremadura, Juan José García, de Vox, no acudió este miércoles a la reunión convocada por el Ministerio de Agricultura con las comunidades autónomas para abordar la futura Política Agraria Común (PAC) y delegó la representación de Extremadura en otro consejero de Vox, el responsable de Agricultura de Castilla y León.

La decisión dejar en manos de otra comunidad autónoma la defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos extremeños se produjo pese a que otra integrante de la Junta de Extremadura, la consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, Mercedes Morán, del PP, sí asistió presencialmente al encuentro celebrado en Madrid. Morán participó en la reunión en el ámbito de sus competencias de desarrollo rural, entre otras.

El Gobierno regional había publicado a primera hora la participación de García en esa reunión en Madrid, pero finalmente eliminó el acto de la agenda. El titular de Agricultura estuvo esa tarde con la comunidad de regantes de Tierra de Barros para informar sobre el inicio de las obras de esta infarestructura y los nuevos requisitos para los comuneros.

La posición española ante la PAC

El ministro de Agricultura, Luis Planas, convocó el Consejo Consultivo de Política Agraria para Asuntos Comunitarios, para trabajar con las comunidades autónomas en un acuerdo que fije la posición española ante la reforma de la PAC para el periodo 2028-2034. Entre los asuntos sobre la mesa estuvieron el futuro sistema de ayudas directas, los pagos a pequeños agricultores, las ayudas asociadas y la arquitectura medioambiental de la nueva PAC.

La presidencia de turno irlandesa del Consejo de la Unión Europea tiene previsto que en este semestre quede cerrado el acuerdo político sobre el reglamento de la futura PAC, por lo que urge que los distintos Estados miembros se posicionen sobre aspectos fundamentales de la configuración del nuevo modelo.

Quejas a María Guardiola

Las críticas a esta decisión en la coalición de PP y Vox en Extremadura ya han escalado hasta la presidenta. María Guardiola. La Unión ha trasladado sus críticas a la presidenta en una carta en la que reclama que una situación como esta no vuelva a repetirse y que los intereses de Extremadura estén representados en las negociaciones sobre la futura política agraria europea.

La organización agraria considera “especialmente relevante” esta decisión del consejero extremeño “porque el encuentro reunía precisamente a los responsables autonómicos de Agricultura para perfilar la posición de España ante la reforma de la PAC”, cuya reforma tendrá una incidencia directa sobre agricultores y ganaderos.

Por eso, reclama que Extremadura “defienda sus intereses en todas las mesas de negociación”. La organización señala que la propuesta europea contempla cambios relevantes en el sistema de ayudas y cuestiona tanto el posible recorte de fondos como la cofinanciación de determinadas ayudas.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz ha dictado un auto aclaratorio para responder a las solicitudes de subsanación presentadas por las defensas y las acusaciones populares tras la sentencia del pasado mes de julio en el juicio por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz. La resolución judicial delimita el alcance exacto de las penas a los condenados en la causa, entre ellos el expresidente de la corporación provincial, Miguel Ángel Gallardo, y el músico David Sánchez Pérez-Castejón.

El pronunciamiento aclara los efectos prácticos del fallo, en el que la Audiencia condenó al hermano del presidente del Gobierno a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público y al que fuera líder del PSOE extremeño a 18 años de inhabilitación por prevaricación administrativa en la creación y adjudicación de la plaza en la Oficina de Artes Escénicas.

En el nuevo auto, la Sala precisa que la pena de inhabilitación especial acarrea la pérdida definitiva de los cargos u ocupaciones sobre los que recayeron los hechos, de carácter electivo o discrecional, así como la imposibilidad de acceder a otros de la misma naturaleza en cualquier administración pública durante el tiempo de la condena. Sin embargo, el tribunal matiza que esta pena no conlleva la pérdida de la condición de funcionarios de carrera o empleados públicos que los procesados pudieran ostentar de forma previa.

Apoyándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 314/2017), los magistrados explican que la condena impuesta es de inhabilitación especial y no de inhabilitación absoluta. En este sentido, privar a los procesados de cualquier plaza en la administración equivaldría a aplicar los efectos de una inhabilitación absoluta, figura reservada a supuestos de mayor gravedad penal.

Por ello, la Audiencia concreta el alcance para los principales implicados. En el caso de David Sánchez, queda privado de forma definitiva de la plaza de la Diputación cuya transformación originó la condena, imposibilitado para obtener puestos electivos o de libre designación en la administración durante el periodo de pena, manteniendo igualmente su estatus previo en la función pública si lo tuviera.

Gallardo pierde definitivamente el cargo de presidente de la Diputación de Badajoz y cualquier otro puesto electo o discrecional, quedando inhabilitado para optar a ellos durante 18 años, aunque no perderá su estatus de empleado público si lo tuviera con anterioridad.

Los exdiputados delegados de Cultura y directores de área o servicio juzgados se ven despojados de sus puestos discrecionales o electivos en los mismos términos, conservando el carácter de funcionarios que tuvieran previamente.

Reparto de costas

Junto a la delimitación de las penas, el auto acordado por la Sala da luz verde a la petición planteada por la acusación popular ejercida por la Asociación HazteOir para remitir al Tribunal de Cuentas testimonio de la sentencia y de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) y de retribuciones de la Diputación pacense. El objetivo es que el órgano fiscalizador evalúe si existió quebranto contable en los sueldos percibidos por David Sánchez.

Asimismo, la resolución modifica el apartado de costas procesales del fallo original, atribuyendo a Miguel Ángel Gallardo dos duodécimas partes de la mitad de las costas (incluidas las devengadas por las acusaciones populares), mientras que fija una duodécima parte a cada uno del resto de los condenados. Por último, el tribunal contempla la reserva de acciones para las acusaciones respecto a la actuación de Gallardo en el denominado “Bloque C”, excluido del juicio oral.

La Diputación de Badajoz ha solicitado al Tribunal de Cuentas que archive las denuncias presentadas para reclamar al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, y Luis Carrero la devolución del dinero que percibieron por los trabajos realizados para la institución provincial. La Diputación sostiene que no existe base legal para iniciar ese procedimiento mientras la sentencia que da origen a las actuaciones no sea firme.

La petición llega después de que el Tribunal de Cuentas diera la semana pasada cinco días a la Diputación para que decidiera si reclamaba al músico las cantidades que percibió durante su etapa como trabajador de la institución. El órgano fiscalizador abrió este trámite para determinar si de los hechos recogidos en la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz podía derivarse una posible responsabilidad contable.

En el escrito remitido ahora al Tribunal de Cuentas, la Diputación explica que los informes jurídicos elaborados por la institución concluyen que no se cumplen los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley del Tribunal de Cuentas para apreciar una responsabilidad contable por alcance.

Además, la institución provincial recuerda que la sentencia todavía no es firme. Según expone, la resolución aún no ha sido notificada formalmente y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. También están pendientes las solicitudes de subsanación y aclaración planteadas por las partes.

Por ello, la Diputación considera que no procede exigir a David Sánchez ni a Luis Carrero que devuelvan las cantidades percibidas ni abrir un expediente de reintegro mientras el procedimiento judicial no haya concluido.

Responsabilidad contable

El procedimiento se inició a raíz de las peticiones de los letrados de Vox e Iustitia Europa para ejercer la acción pública ante una posible responsabilidad contable relacionada con la creación de los puestos ocupados por ambos. Posteriormente presentaron escritos similares los abogados del PP y de HazteOír.

El Tribunal de Cuentas debía determinar si existían elementos suficientes para reclamar a los dos trabajadores las cantidades percibidas de la Diputación. Tras recibir la posición de la institución provincial, el Ministerio Fiscal dispondrá también de cinco días para pronunciarse y posteriormente se dará audiencia a las partes que promovieron las actuaciones.

La apertura de este procedimiento no implicaba que David Sánchez estuviera obligado a devolver ya sus nóminas. Entre 2017 y 2025, cuando renunció a su puesto como jefe de la Oficina de Artes Escénicas, percibió 340.572,36 euros brutos de la Diputación de Badajoz.

La actuación del Tribunal de Cuentas está vinculada a la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que condenó a David Sánchez a nueve años de inhabilitación por hechos relacionados con su contratación en la institución provincial. La resolución le absolvió del delito de tráfico de influencias y todavía puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

El servicio de transporte sanitario terrestre de Extremadura, el contrato público más cuantioso de la administración autonómica, valorado en más de 285 millones de euros, funcionó durante el pasado verano al margen de la legalidad, en concreto, desde el 1 de agosto hasta el 4 de septiembre.

Durante este tiempo, los vehículos de la concesionaria Ambuvital prestaron servicio público sin disponer de la autorización necesaria y obligatoria, por lo que trasladaron pacientes sin tener los permisos en regla, dejando al descubierto la cobertura de los seguros ante cualquier posible accidente en carretera y exponiendo a la Sanidad pública a un grave problema de responsabilidad patrimonial ante cualquier siniestro.

Además, la situación llevó a los conductores a coordinarse en chats internos para esquivar las patrullas de la Guardia Civil de Tráfico. Fue precisamente un aviso en un grupo de WhatsApp el que desató la alarma entre la plantilla. Trabajadores consultados por elDiario.es Extremadura han confirmado la existencia de un grupo interno de mensajería en el que durante agosto se ha avisado de los controles de la Guardia Civil y se ha recomendado tomar rutas alternativas para evitar determinados puntos porque las ambulancias no disponían de la tarjeta de transporte. Los mensajes también permitieron que parte de los conductores conocieran que los vehículos carecían de esa documentación.

El problema llegó incluso a producir una actuación de la Guardia Civil. Según las fuentes consultadas, una conductora fue parada y denunciada el 2 de septiembre por circular sin la autorización de transporte correspondiente. Este extremo contrasta con la respuesta facilitada por la Consejería de Infraestructuras y Transportes de la Junta, que ha señalado que “a día de hoy” no tiene constancia de expedientes de infracción que tengan su origen en denuncias de la Guardia Civil por falta de autorización en carretera.

Sin embargo, la Junta de Extremadura admite de forma implícita la irregularidad al confirmar a este periódico que en agosto tuvo que abrir un “procedimiento de rehabilitación” para las licencias de la flota (505 vehículos). Según el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT), este trámite extraordinario solo se activa cuando la autorización previa ha caducado o ha sido dada de baja en el registro oficial.

Ambuvital inició su solicitud de visado en junio, pero el expediente no fue favorable hasta el 4 de septiembre. Según la Consejería de Transportes, la empresa tuvo que atender unos “requerimientos de subsanación” y en agosto se inició un “procedimiento de rehabilitación donde se aportó nuevamente toda la documentación para comprobar que la empresa cumple con todos los requisitos”. Eso no sucedió hasta hace una semana, como ya consta en el registro de empresas y actividades de transporte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. También se puede demostrar que la autorización quedó rehabilitada hasta julio de 2028.

El contrato más caro de la sanidad extremeña

En cualquier caso, aunque la empresa ha logrado regularizar su situación, lo ha hecho después de que las ambulancias hubieran continuado prestando servicio durante agosto y hasta los primeros días de septiembre sin el visado y, por lo tanto, sin la autorización del ministerio para prestar el servicio de transporte sanitario.

Esta situación se ha producido cuatro meses después de la firma del contrato de transporte sanitario terrestre en Extremadura, más de 285 millones de euros. La adjudicataria, la UTE formada por Ambuvital y SSG, comenzó a operar el 1 de mayo, aunque la primera ya gestionaba gran parte del servicio. Además, Ambuvital fue adquirida a finales de 2024 por el fondo Asterion, integrándose dentro de la estructura corporativa del Grupo SSG.

Los pliegos del contrato establecen que corresponde a la adjudicataria obtener y mantener las autorizaciones, permisos y licencias necesarias para ejecutar la prestación. En particular, en las prescripciones técnicas se atribuye a la empresa la responsabilidad de obtener, mantener y renovar las licencias y autorizaciones que necesiten los vehículos para su circulación y uso sanitario.

El SES abre un expediente a la concesionaria

A pesar de ello, fuentes del sector han subrayado tras conocer “una situación ilegal y, si no, especialmente irregular”, la falta de “vigilancia y diligencia del SES para comprobar que las condiciones exigidas en el contrato se cumplen porque ”estamos hablando de un contrato muy relevante“.

El SES ha confirmado a este periódico la existencia de irregularidades relacionadas con el cumplimiento de las condiciones del contrato y la apertura de un expediente para determinar las posibles consecuencias contractuales para la empresa. Sin embargo, no ha aclarado qué controles ha realizado sobre este asunto.

En su respuesta, la Consejería de Salud asegura que con la entrada en vigor del nuevo contrato el pasado 1 de mayo, “los visados estaban vigentes” y que la empresa presentó el 25 de junio, “dentro del plazo legal establecido”, la solicitud para la renovación del visado de transporte, “junto con el abono de las tasas correspondientes”. Sin embargo, no hace referencia a que el expediente no resultó favorable hasta hace unos días, jornadas en las que la concesionaria de un servicio público estuvo operando al margen de la ley.

La defensa de David Sánchez se ha adherido a una petición de Manos Limpias en el trámite abierto tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que condenó al hermano del presidente del Gobierno a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa y lo absolvió del delito de tráfico de influencias.

En un escrito presentado ante la Audiencia de Badajoz, la defensa manifiesta su “expresa e íntegra adhesión” a la petición de aclaración formulada por Manos Limpias para diferenciarse de otras acusaciones populares y pide que, en efecto, la actuación del sindicato ultra se distinga. La defensa sostiene que la referencia que hace la sentencia a una supuesta “maniobra fraudulenta” de otras acusaciones no puede hacerse extensiva a la dirección letrada de Manos Limpias. Según argumenta, el sindicato mantuvo sus conclusiones provisionales respecto a la participación de David Sánchez en la dotación de la plaza de coordinador de los conservatorios de la Diputación de Badajoz.

Además, destaca que Manos Limpias reconoció en sus conclusiones definitivas la prescripción del delito de aceptación de nombramiento ilegal. Para la defensa, esta posición demuestra una actuación “leal” y coherente con el procedimiento.

El abogado de David Sánchez contrapone esta actuación a la del resto de acusaciones populares, a las que acusa de haber pretendido sortear los efectos de la prescripción mediante una modificación de sus conclusiones. El escrito califica ese supuesto intento de “sortear arteramente” la causa de extinción de la responsabilidad criminal mediante una modificación que considera “tan infundada como improcedente”.

La posición de la defensa resulta especialmente significativa porque Manos Limpias fue precisamente quien presentó en 2024 la denuncia que dio origen al procedimiento penal contra David Sánchez, siete años después de su contratación por la Diputación de Badajoz. La investigación se centró principalmente en la creación y configuración de la plaza de coordinador de las actividades de los conservatorios de música que posteriormente ocupó el hermano del presidente del Gobierno.

Ahora, tras las solicitudes de aclaración planteadas por distintas partes después de la sentencia, la defensa de David Sánchez pide a la Audiencia que tenga en cuenta la diferencia que establece entre Manos Limpias y las demás acusaciones populares.

En concreto, el abogado de Sánchez solicita que se tenga por presentado el escrito y por efectuadas sus manifestaciones, con una adhesión expresa a la petición planteada por el sindicato.

El Gobierno de María Guardiola destinará 1.862.352 euros de la sanidad pública extremeña a la asistencia religiosa católica en los hospitales durante los próximos cuatro años, según el convenio cuya firma ha autorizado este miércoles el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura.

El acuerdo se suscribirá entre el Servicio Extremeño de Salud (SES) y la provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz y tendrá una vigencia de cuatro años, desde el 1 de octubre de 2026 hasta el 30 de septiembre de 2030., lo que supone una media de 465.600 euros anuales. El convenio contempla además la posibilidad de establecer prórrogas en los términos previstos en el propio acuerdo.

En virtud del convenio, en cada centro hospitalario de Extremadura habrá un Servicio de Asistencia Religiosa Católica (SARC). Estará integrado por capellanes o por otras personas legítimamente designadas para desarrollar esta labor por las autoridades eclesiásticas competentes.

Los servicios estarán abiertos a las personas hospitalizadas y a sus acompañantes que soliciten recibir asistencia religiosa. Entre las actividades previstas se encuentran las visitas a los pacientes ingresados, la celebración de actos de culto y la administración de los sacramentos.

El personal encargado de esta asistencia también podrá ofrecer asesoramiento en cuestiones religiosas y morales, así como colaborar en actuaciones relacionadas con la humanización de la atención hospitalaria.

La admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional (TC) del recurso interpuesto por el Gobierno central contra la Ley de Concordia de Extremadura ha evidenciado una brecha en el discurso interno del Ejecutivo autonómico. Tras conocerse la paralización cautelar de varios apartados clave de la norma pactada entre el PP y la extrema derecha, la parte de Vox en la Junta ha optado por el choque frontal contra la alta magistratura, mientras el PP intenta rebajar el impacto del varapalo judicial.

La reacción más virulenta ha sido la del vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle. A través de sus redes sociales, el líder de Vox en Extremadura ha cargado duramente contra el tribunal de garantías, al que ha calificado como el Constitucional “de Pedro Sánchez y Conde-Pumpido”.

Fernández Calle ha ido más allá y ha acusado al tribunal de ser “el mismo que anula las condenas a decenas de delincuentes socialistas tras robar 700 millones de euros en Andalucía”. Además, ha avisado de que la Junta no dará un paso atrás: “La ley de Concordia de Extremadura se aprobará las veces que haga falta”.

Las exhumaciones siguen

Frente a la bronca de Vox, el vicepresidente y consejero de Presidencia, Abel Bautista (PP), ha utilizado con un tono institucional para intentar amortiguar las consecuencias de la resolución. Bautista ha subrayado que la decisión del Constitucional “afecta únicamente a determinados preceptos”, por lo que, a su juicio, “el resto de la ley de Concordia continúa en vigor”.

Entre las partes suspendidas de manera cautelar por el tribunal se encuentran el artículo 4.2, en lo relativo al matiz de “evitando el enfrentamiento entre españoles”, el artículo 4.4, los artículos 16 y 17 (vinculados a la colaboración institucional y al reconocimiento de entidades afines) y las disposiciones transitoria y derogatoria, esta última responsable de haber tumbado la anterior ley de Memoria Histórica autonómica de 2019.

Pese al varapalo, Bautista ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad sobre el trabajo en las fosas comunes. Según ha argumentado, la ley de Concordia que pactaron PP y Vox mantiene su “objetivo fundamental”, que es “el reconocimiento de todas las víctimas y el procedimiento de exhumación para salvaguardar la memoria de todos”. El vicepreidente ha asegurado que este es “el Gobierno que más ha invertido y más empeño ha puesto en encontrar aquellos cadáveres que todavía no han podido ser recuperados”.

Respecto al recorrido de la causa en los tribunales, la Junta no recurrirá el auto de admisión a trámite, pero sí se personará en la causa para defender que incisos como el del “enfrentamiento entre españoles” son “plenamente constitucionales, democráticos y reflejan lo que quiere una amplia mayoría de extremeños”.

Malestar con el Constitucional por la fecha del fallo

Más allá del debate jurídico, la Junta ha trasladado su malestar por el calendario elegido por el órgano constitucional. Bautista ha criticado que la inclusión de este recurso en el orden del día del pleno se haya producido “precisamente en el Día de Extremadura, cuando no figuraba inicialmente entre los asuntos previstos”. A juicio del vicepresidente, el 8 de septiembre debía ser una jornada “absolutamente limpia, sin nada que reprocharse desde un lado ni desde otro”, para focalizar el mensaje en los elementos de unión de la región.

La decisión del Tribunal Constitucional, adoptada por unanimidad en la apertura del curso judicial, responde a la impugnación formalizada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática tras el fracaso de la Comisión Bilateral de Cooperación abierta entre el Estado y la Junta de Extremadura.

El Gobierno de España argumenta que la norma aprobada por PP y Vox incurre en una invasión de competencias reservadas en exclusiva al Estado y rebaja la protección de las víctimas del franquismo reconocida en la Ley de Memoria Democrática estatal. Entre los aspectos más controvertidos bajo la lupa judicial figuran la dilución de la dictadura al extender el periodo temporal desde 1931 hasta la actualidad, las trabas administrativas impuestas a los expedientes de exhumación y el posible veto en el acceso a subvenciones para las asociaciones memorialistas tradicionales.

PP y Vox han sacado adelante en la Asamblea de Extremadura la convalidación del decreto-ley de urbanismo aprobado por la Junta el pasado 28 de julio, una reforma que busca aumentar la capacidad para construir viviendas y acortar los trámites urbanísticos. PSOE y Unidas por Extremadura han votado en contra y han reclamado que la norma se tramite como proyecto de ley para poder modificarla, entre otras cosas porque consideran que algunas de sus medidas reducen controles públicos y dan más margen a los promotores privados.

Una de las novedades con mayor impacto sobre la capacidad constructiva afecta a las terrazas cubiertas. El decreto establece que las que no superen el 30% de la superficie total de una vivienda no computarán a efectos de edificabilidad. En la práctica, esa superficie deja de consumir parte de la capacidad edificatoria de la parcela, lo que puede permitir aprovecharla para construir más superficie residencial y, cuando el resto de parámetros urbanísticos lo permita, más viviendas.

La medida no se limita a la vivienda protegida. El decreto establece además una prima específica para este tipo de vivienda: la edificabilidad podrá incrementarse excepcionalmente hasta un 20% en determinadas parcelas privadas y hasta un 30% cuando sean de titularidad pública, siempre que el incremento se destine íntegramente a vivienda protegida.

Es precisamente esta combinación de más capacidad constructiva y menos trámites la que la oposición cuestiona. El socialista Juan Ramón Ferreira ha acusado al Gobierno autonómico de “desregularizar el planeamiento urbanístico” para dejar los municipios “en manos de los promotores” y ha reclamado que se escuche a los alcaldes antes de modificar las reglas con las que se desarrollan sus ciudades y pueblos.

Más suelo y cambios de uso

El decreto introduce también los Proyectos Estratégicos para Vivienda Asequible, una nueva vía para desarrollar con mayor rapidez suelo destinado a vivienda protegida. La herramienta concentra en un mismo procedimiento distintos instrumentos de planeamiento, gestión y ejecución urbanística con el objetivo de reducir los plazos necesarios para poner esos terrenos en el mercado.

La reforma permite asimismo que determinados suelos y edificios destinados a usos terciarios puedan pasar a acoger vivienda protegida cuando se den las circunstancias previstas por la norma. El objetivo es aprovechar terrenos o inmuebles para los que no existe demanda suficiente para el uso terciario y evitar, en determinados casos, que sea necesario modificar previamente el planeamiento urbanístico.

En el caso de los edificios de vivienda colectiva, la norma contempla también el cambio de uso residencial de determinados locales u otros elementos privativos que tenían uso terciario, siempre que las viviendas resultantes cumplan las condiciones urbanísticas y técnicas exigidas. No supone, por tanto, que cualquier local comercial pueda convertirse automáticamente en vivienda.

La oposición ha puesto el foco en la forma de acreditar esa falta de demanda de uso terciario y en el riesgo de que decisiones que afectan al planeamiento municipal queden condicionadas por las necesidades de quienes promueven vivienda.

Menos licencia y más certificación privada

Otro de los cambios más relevantes afecta a la primera ocupación de los edificios. El decreto sustituye la licencia de primera ocupación por una declaración responsable. Esto permite que el inmueble pueda utilizarse desde la presentación de la documentación exigida, aunque el ayuntamiento mantiene después la obligación de comprobar que se cumplen las condiciones y puede realizar las inspecciones correspondientes.

Para Unidas por Extremadura, esta fórmula plantea dudas sobre hasta dónde llega la reducción de controles. Su diputada Alba Soto ha advertido de que “agilizar” no puede significar reducir el control público y ha reclamado distinguir entre eliminar burocracia innecesaria y rebajar las garantías administrativas.

El decreto crea además las Entidades de Certificación Urbanística (ECU), entidades privadas autorizadas para comprobar determinados proyectos y documentos y certificar su adecuación a la normativa. La Junta sostiene que servirán como apoyo técnico para acelerar expedientes sin sustituir las competencias de los ayuntamientos.

La oposición ve, sin embargo, el riesgo de que se genere una doble velocidad en la tramitación urbanística. Ferreira ha cuestionado que un promotor con capacidad económica pueda recurrir a una entidad privada para acelerar sus expedientes mientras otros tengan que esperar a unos servicios públicos que, según ha denunciado, están “saturados y faltos de personal”. Soto ha planteado una crítica similar y ha reclamado que la reforma se tramite como proyecto de ley para poder debatir y modificar sus medidas.

PP y Vox defienden que hay que construir más

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, ha defendido el decreto como una respuesta a una situación que considera evidente: la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, especialmente entre los jóvenes, y los municipios se encuentran con procedimientos urbanísticos demasiado lentos para poner suelo en el mercado.

El Gobierno extremeño sitúa por ello la simplificación urbanística como eje de la reforma y sostiene que la reducción de plazos y trámites permitirá aumentar la oferta residencial.

El PP ha respaldado esta argumentación. Su diputado Juan Luis Rodríguez Campos ha acusado al PSOE de hacer una «pirueta» para justificar su rechazo a una norma que, según ha defendido, responde también a demandas planteadas por alcaldes socialistas para poder aprobar planeamiento y poner suelo a disposición de los ciudadanos con mayor rapidez.

Vox, por su parte, ha defendido una reforma más profunda del modelo de vivienda. Ángel Pelayo ha responsabilizado a «años de equivocadas políticas de izquierda» de las dificultades para acceder a una vivienda y ha reclamado la derogación de la Ley estatal de Vivienda.

El diputado de Vox ha defendido que para solucionar el problema es necesario disponer de suelo, hacer viables las promociones y reducir los tiempos administrativos, pero también garantizar «márgenes suficientes» para que administraciones, cooperativas, promotores y particulares puedan tomar decisiones que hagan posible la construcción de nuevas viviendas.

PSOE y Unidas han coincidido en que la necesidad de aumentar la oferta de vivienda no justifica, a su juicio, aprobar por decreto y sin tramitación parlamentaria ordinaria cambios que afectan al planeamiento de los municipios. Por ello han pedido que el texto se tramite como proyecto de ley, una petición que PP y Vox han rechazado junto con la convalidación de la norma.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha asegurado este viernes en la Asamblea que la comunidad autónoma “va a apoyar a Ceuta dentro de sus competencias” ante la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma. Guardiola ha defendido que su Gobierno “no da la espalda ni mira para otro lado ante el sufrimiento de los ceutíes”, aunque ha rechazado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez utilice la solidaridad de las comunidades autónomas para “eludir su responsabilidad”.

La cuestión ha surgido durante una pregunta de Unidas por Extremadura sobre la respuesta de la Junta ante la situación de Ceuta. La diputada Nerea Fernández Cordero ha reprochado a Guardiola que Extremadura votara en contra del acuerdo de la Conferencia Sectorial de Infancia y Familia que contemplaba la movilización de 25 millones de euros para la ciudad autónoma.

Fernández Cordero ha confrontado esta posición con las declaraciones realizadas por Guardiola el pasado 27 de agosto, cuando la presidenta aseguró que su Gobierno no había rechazado recursos para Ceuta. La diputada ha sostenido que una comunicación remitida por el Ejecutivo extremeño al Ministerio recoge, sin embargo, el rechazo de la comunidad al acuerdo. “Una, usted miente. Dos, su vicepresidente tomó la decisión sin consultarla. O tres, todas las opciones son correctas”, ha planteado Fernández Cordero a la presidenta.

La diputada de Unidas por Extremadura también ha cuestionado que la Junta no haya ofrecido acogida a menores procedentes de Ceuta y ha reclamado a Guardiola que actúe ante lo que ha definido como una “crisis humanitaria”.

Guardiola: “Extremadura va a aportar todo aquello que sea necesario”

La presidenta ha respondido que Extremadura ya ha puesto recursos a disposición de Ceuta y ha señalado que la Junta envió cerca de un millar de vacunas a la ciudad autónoma, por lo que su Gobierno está dispuesto a aportar “todo aquello que sea necesario y esté en nuestra mano”.

La dirigente extremeña ha insistido, no obstante, en que las principales competencias sobre inmigración corresponden al Gobierno central. “Quien tiene la competencia en materia migratoria, quien tiene la información, aunque nos engañen como bellacos, y quien tiene la responsabilidad y los recursos para hacer frente a esta invasión, a este ataque a la soberanía nacional, es el Gobierno de España”, ha afirmado.

Guardiola ha defendido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez debe asumir el coste de la situación en Ceuta y ha señalado que el Gobierno central no necesita recurrir a una Conferencia Sectorial para proporcionar a la ciudad autónoma los recursos que necesite para aliviar el colapso de sus servicios públicos. “No pueden señalarme a mí ni señalar a Extremadura, que no es importante en este asunto”, ha añadido.

La presidenta extremeña ha acusado además a Unidas por Extremadura de formar parte de “esa izquierda de caviar que lo único que sabe hacer es juzgar” y ha reprochado a la formación que reclame solidaridad con Ceuta mientras mantiene, a su juicio, una posición distinta respecto a otros conflictos internacionales.

Un pleno marcado por el enfrentamiento por Ceuta

El debate sobre la situación de Ceuta ha elevado la tensión en el pleno de la Asamblea, donde Gobierno y oposición se han cruzado acusaciones sobre la falta de solidaridad con la ciudad autónoma.

El enfrentamiento entre Guardiola y Fernández Cordero ha subido especialmente de tono cuando la diputada de Unidas por Extremadura ha acusado a la presidenta de “mirar hacia otro lado mientras el Mediterráneo se convierte en el cementerio más grande que tenemos ahora mismo”. “A ustedes siempre les han gustado las fosas comunes”, ha asegurado la diputada de la coalición de izquierdas dirigiéndose a Guardiola.

La presidenta ha pedido que se retiraran esas palabras y ha acusado a Fernández Cordero de no conocer el respeto institucional ni personal, al tiempo que ha afirmado que ella y su grupo son “los únicos que supuran odio”.

El debate sobre la crisis migratoria en Ceuta ha terminado este viernes en la Asamblea de Extremadura con un duro enfrentamiento entre la diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández Cordero y la presidenta de la Junta, María Guardiola, después de que la parlamentaria de izquierdas relacionara al PP con las fosas comunes.

Fernández Cordero ha acusado al Gobierno extremeño de mirar hacia otro lado ante la situación de las personas migrantes y ha comparado el Mediterráneo con “la mayor fosa común que tenemos en Europa”. “Aunque a ustedes ya sabemos que las fosas comunes siempre les han gustado”, ha añadido dirigiéndose a Guardiola.

La frase ha provocado la reacción inmediata de la presidenta extremeña, que ha reclamado a Fernández Cordero que retirase sus palabras. “Lo primero que voy a pedir, señor presidente [de la Asamblea], es que retire la acusación de que me gustan las fosas comunes”, ha exigido Guardiola. La presidenta ha reprochado a la diputada que no conociera “el respeto, ni el institucional ni el personal” y ha añadido: “Lo primero que tendría que hacer, si tuviera algo de dignidad y de vergüenza, sería retirarlo”.

Guardiola ha acusado además a Unidas por Extremadura de ser el único grupo que “insufla odio” y ha situado la responsabilidad del enfrentamiento político en la propia formación de izquierdas.

El choque ha obligado a intervenir al presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, que ha pedido a Fernández Cordero que retirase la afirmación. Finalmente, la Presidencia de la Cámara ha anunciado que la expresión sería retirada del diario de sesiones.

El encontronazo se ha producido en el marco de una pregunta de Unidas por Extremadura a Guardiola sobre la situación de Ceuta y la respuesta de la Junta ante la llegada de personas migrantes. Fernández Cordero ha comenzado su intervención apelando a la responsabilidad ante lo que ha definido como una “crisis humanitaria” y ha criticado el discurso que presenta la llegada de migrantes como una amenaza.

La diputada también ha cuestionado la posición de la Junta ante el acuerdo entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Juventud e Infancia para movilizar 25 millones de euros destinados a Ceuta, y ha reprochado a Guardiola que Extremadura rechazara el acuerdo.

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha acometido una remodelación de su estructura directiva con el cese de tres de los gerentes de área de la región: Demetrio Pérez Civantos, hasta ahora responsable de Badajoz; Jesús Gallo Elorza, al frente de Mérida; y Eulalia Poveda Lozano, gerente del Área de Salud de Don Benito-Villanueva.

Los tres responsables llegaron a sus puestos en septiembre de 2023 y serán sustituidos en los próximos días. La Consejería de Salud y Atención a la Dependencia justifica los relevos como “decisiones organizativas adoptadas con el objetivo de reforzar la capacidad de gestión y afrontar los retos actuales” del SES. La Administración asegura que se inicia una “nueva etapa” destinada a introducir cambios organizativos y de gestión.

Los ceses se producen, sin embargo, en un momento especialmente delicado para la sanidad pública extremeña, después de varias semanas en las que distintos centros hospitalarios han acumulado problemas asistenciales, conflictos internos e incidencias relacionadas con sus instalaciones.

Las Urgencias de Cáceres, el principal foco de tensión

Uno de los principales frentes abiertos se encuentra en el Hospital Universitario de Cáceres. Los médicos adjuntos de Urgencias trasladaron en agosto a la dirección del centro su preocupación por una situación que calificaron de “crítica”, vinculada a la falta de facultativos y al incremento de la demanda asistencial. Los profesionales llegaron a advertir de un “riesgo cierto” para la seguridad de los pacientes por la acumulación de pacientes y la saturación de los circuitos asistenciales.

La tensión se ha traducido además en varias renuncias dentro del servicio. La coordinadora de Urgencias anunció su dimisión después de meses de advertencias sobre la falta de personal, mientras que posteriormente también abandonó sus funciones el responsable de la formación de los médicos residentes, ante las dificultades para organizar las rotaciones, las guardias y la actividad docente.

El conflicto llegó incluso al ámbito nacional después de que la organización de residentes Asociación MIR España cuestionara que los médicos en formación puedan utilizarse para cubrir de forma estructural las carencias de plantilla.

A finales de agosto, además, responsables de distintas especialidades del hospital rechazaron una instrucción del SES para afrontar los episodios de saturación que permite trasladar a planta a pacientes de Urgencias cuando hayan transcurrido dos horas desde la solicitud de valoración por un especialista. Los facultativos advirtieron de que la medida podía trasladar el colapso desde Urgencias a las plantas hospitalarias.

Una avería deja fuera de servicio ocho quirófanos

En este contexto, el Hospital Universitario de Cáceres sufrió esta semana una nueva incidencia. Una avería en la tubería del lavabo del quirófano 6 provocó el martes una fuga de agua que afectó a los quirófanos 3 al 10, además de a las áreas de esterilización y Anatomía Patológica.

La incidencia fue detectada a las 7.20 horas y la tubería quedó reparada aproximadamente una hora después. No obstante, el hospital tuvo que suspender las intervenciones quirúrgicas programadas mientras se realizaba la limpieza y esterilización de las zonas afectadas. Los quirófanos no afectados y otros espacios permanecieron disponibles para atender las intervenciones urgentes.

El SES aseguró que la situación técnica estaba solucionada y que la actividad quirúrgica programada se recuperaría progresivamente una vez concluidos los trabajos de acondicionamiento.

Un falso techo se desploma con un paciente dentro

Solo unos días antes, el 29 de agosto, parte del techo de una habitación de Medicina Interna del Hospital Don Benito-Villanueva se desprendió durante la madrugada, alrededor de las cuatro de la mañana. En la estancia se encontraban un paciente y su acompañante, que fueron atendidos y trasladados a otra habitación sin sufrir daños personales de consideración.

El SES ordenó retirar completamente el techo de la habitación afectada y acometer su renovación. Además, anunció una inspección mediante cámara de los techos de todo el hospital. La propia Consejería señaló que las estructuras tienen más de 50 años y que no habían recibido inversiones para su tratamiento y renovación.

El episodio provocó también críticas políticas. El PSOE extremeño utilizó el desprendimiento para denunciar el estado de la sanidad pública regional y afirmó que “lo que se está cayendo a cachos” es el SES, más allá del incidente concreto del techo.

Tres relevos en plena presión sobre el SES

Los tres ceses anunciados este jueves afectan a tres de las ocho áreas de salud de Extremadura y se producen mientras la Administración sanitaria trata de responder a problemas de distinta naturaleza: presión asistencial y falta de facultativos en las Urgencias de Cáceres, dificultades organizativas, incidencias en infraestructuras y reclamaciones de profesionales y organizaciones médicas.

La Junta no ha relacionado expresamente los cambios en las gerencias con ninguno de estos episodios y sostiene que obedecen a una decisión de carácter organizativo. El SES prevé comunicar en los próximos días los nombres de quienes asumirán las gerencias de Badajoz, Mérida y Don Benito-Villanueva.

El Ayuntamiento de Mérida ha acogido este miércoles una concentración en apoyo a Ceuta promovida por su alcalde, el socialista Antonio Rodríguez Osuna, que se ha convertido en una de las pocas excepciones dentro de las filas del PSOE al secundar las movilizaciones por la crisis migratoria de la ciudad autónoma. La amplia mayoría de los regidores socialistas de toda España han rechazado sumarse a las convocatorias promovidas desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) por considerar que responden a una estrategia de instrumentalización política orquestada por el PP y Vox contra la gestión del Ejecutivo central.

Con el objetivo de esquivar la confrontación partidista y marcar un perfil estrictamente institucional, Rodríguez Osuna promovió una convocatoria propia a las 12.00 horas en la Plaza de España, al margen del acto fijado por la FEMP a nivel nacional para la tarde. El regidor emeritense logró consensuar en una junta de portavoces extraordinaria un manifiesto unitario respaldado por la totalidad de la corporación municipal, en la que están representados PSOE, PP, Vox, XMérida y Unidas por Mérida, bajo el lema 'Mérida con Ceuta. Ceuta no está sola'.

La cita ha sido respaldada solo por unas decenas de asistentes y también han participado el vicepresidente de la Junta, Abel Bautista, la consejera de Administración Pública, Elena Manzano, el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, y varios diputados autonómicos.

Sin embargo, el intento del equipo de gobierno local de desmarcar la cita de la refriega política nacional chocó con el ambiente vivido en la propia concentración. Durante el desarrollo del acto frente al ayuntamiento, un sector de los participantes, portando banderas de España y de Ceuta, terminó convirtiendo la muestra de solidaridad en una protesta abierta contra el Gobierno central, entre aplausos, abucheos y cánticos pidiendo la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y llamándolo “hijo de puta”.

El manifiesto ha hecho referencia “la solidaridad y apoyo al pueblo de Ceuta, a su Gobierno y al conjunto de la sociedad civil ceutí, que está padeciendo las consecuencias de los gravísimos incidentes provocados durante los días 30 y 31 de julio por la entrada ilegal y masiva de miles de personas migrantes”. También se ha mostrado “la solidaridad y respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a todas las instituciones y organismos que están trabajando para aliviar y dar respuesta a la difícil situación que está padeciendo el pueblo ceutí”, ha subrayado Rodríguez Osuna.

Además, el ayuntamiento emeritense ha pedido al Gobierno de España “la defensa de la soberanía territorial de Ceuta, así como el apoyo económico y legal y la dotación de los recursos humanos suficientes que contribuyan a paliar los problemas y las consecuencias que esta situación está provocando en la sociedad ceutí”.

Por último, en el manifiesto se ha reclamado“una solución efectiva y pacífica”, así como “la solidaridad del conjunto del pueblo español con el pueblo de Ceuta”, ha concluido el alcalde emeritense.

Miriam Al Adib es ginecóloga y divulgadora en Almendralejo (Badajoz), un pueblo de 34.000 habitantes. Tras una vida dedicada a enseñar educación sexual y prevención a otros, le tocó intervenir en septiembre de 2023 en el caso más difícil de su carrera: su hija había sido desnudada artificialmente junto a otras compañeras por un grupo de menores de su instituto.

Los chicos, de entre 13 y 15 años, modificaron imágenes reales de las niñas con aplicaciones de inteligencia artificial generativa para simular desnudos y difundirlos masivamente a través de WhatsApp y Telegram: con una plataforma por la que se pagan nueve euros cambiaron los cuerpos reales por desnudos tipo porno y reenviaron las fotos, creando un cisma en el pueblo y llevando a terapia a muchas de esas niñas y sus familias. Unicef calcula que 1,2 millones de niños en el mundo han sido 'desnudados' y ha mostrado su preocupación por un fenómeno que no son bromas o cosas de chavales, sino que está enmarcado en la violencia contra la infancia y la violencia machista.

“Cuando me enteré, ni yo misma sabía si denunciar era una exageración, la policía no sabía ni lo que hacer, no sabían si era un delito porque en realidad no eran ellas, sino cuerpos de otras. Pero hice un vídeo que se volvió viral y hubo respuesta masiva con apoyo total”, cuenta esta madre, que también viajó al Parlamento Europeo a exponer el caso. En total, se acumularon 22 denuncias. “Vi cuatro violencias juntas en un clic: género, sexual, digital y acoso escolar, se me vino el mundo encima”, cuenta Miriam.

Hoy, tres años después de las medidas impuestas por la Fiscalía de Menores –encajó los hechos dentro de los delitos contra la integridad moral y la revelación de secretos y abrió la vía a la indemnización por daños morales a las víctimas– y de las resoluciones pioneras que sentaron jurisprudencia sobre el porno simulado con IA en Europa, el pueblo sigue digiriendo una lección que pilló a toda la sociedad con las defensas bajas. Además, el delito tiene dificultades probatorias, como admitió la memoria de la Fiscalía en 2023. Los autores se esconden tras perfiles falsos y las plataformas donde sucede y donde se deja que suceda (WhatsApp, Instagram, Facebook y otras redes sociales) tienen sus sedes fuera de España y Europa, y no siempre son colaboradoras con las autoridades.

Punto de inflexión penal en España y Europa

El impacto del caso trascendió con rapidez las fronteras de Extremadura. En España, aceleró la necesidad de reformar el Código Penal para tipificar de forma explícita la pornografía simulada y el acoso digital mediante IA. El Gobierno ha aprobado recientemente una ley de derecho al honor para castigar los desnudos como los que permitió Elon Musk con Grok y que recoge protección a menores. Otra ley específica de protección de menores está en el Congreso esperando a ser aprobada en el próximo periodo de sesiones.

Europa también movió ficha después de caso Almendralejo tras la iniciativa tomada por el Gobierno español después del escándalo, que evidenció la necesidad de prevenir y castigar. La Unión Europea acordó en mayo “prohibir en todo el territorio comunitario la introducción en el mercado, puesta en servicio y el uso de sistemas de Inteligencia Artificial que generen 'deepfakes' sexuales”. La UE, de hecho, acaba de aprobar un reglamento sobre IA que protege a la infancia.

Pero tras el hito jurídico, la respuesta social y el debate legislativo, en Almendralejo quedaron las secuelas humanas y el tema sigue siendo un tabú, según algunos vecinos. Las jóvenes afectadas, una veintena, recibieron atención psicológica y tuvieron a su disposición recursos especializados de la Junta de Extremadura. Las familias quisieron evitar a toda costa su exposición y aceptaron una resolución judicial de conformidad, también para evitar un juicio que revictimizara a las menores.

Los quince responsables fueron condenados por veinte delitos de pornografía infantil y veinte delitos contra la integridad moral, aunque tuvieron diferentes niveles de implicación. La justicia consideró a once de los menores como los responsables de usar la IA para generar los falsos desnudos y compartirlos.

Los otros cuatro fueron considerados cómplices por colaborar en la difusión. La condena fue un año de libertad vigilada para los principales responsables y la obligación de realizar cursos educativos (afectivo-sexuales y de uso responsable de la tecnología). Además, la resolución estableció una indemnización de 2.000 euros por cada víctima en concepto de daños morales, de la que deben responder subsidiariamente los padres de los menores condenados. Entre los implicados también había jóvenes de 13 años, inimputables en ese momento, a quienes se les aplicaron medidas correctoras de carácter social y educativo a través de los Servicios Sociales.

“No éramos unas madres histéricas”

“Conseguimos sentencia ejemplar, así que ahí descansamos, porque cuando el delito tiene un nombre dignifica a las víctimas, evidencia que no éramos unas madres histéricas, porque había un sector de la sociedad que pensaba que exagerábamos y que queríamos llamar la atención”, cuenta Al Adib. “Por suerte mi hija está bien y yo no quería un castigo de cárcel, pero sí que pusieran conciencia en esto”.

A la respuesta penal se sumó la actuación contundente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). El organismo no solo abrió expedientes sancionadores, sino que puso a prueba la eficacia de su Canal Prioritario para exigir la retirada inmediata del material íntimo simulado de las plataformas y redes sociales. La AEPD dictaminó que el uso del rostro real de una persona asociado a un cuerpo desnudo sin su consentimiento es una vulneración del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), al tratarse de un tratamiento ilícito de datos personales.

El organismo, con una sanción pionera en Europa, demostró que, más allá de la lentitud habitual de los procesos judiciales, existía un mecanismo administrativo de emergencia capaz de frenar la hemorragia digital y evitar que la agresión siguiera propagándose a golpe de clic.

Vulnerables ante la tecnología

En Almendralejo, quien más y quien menos conoce a la familia de unas de las víctimas o de los responsables. “Eso ya fue hace mucho, no volváis con ese tema, que ya está olvidado”, pide Carlos, un operario municipal que a las diez de la mañana se encuentra realizando su trabajo en la calle Mérida, a pocos metros del ayuntamiento.

Sin embargo, es un asunto que ha dejado huella. Paz Macías es madre de un niño y una niña: “Lo viví con mucha angustia porque pensé en la desprotección de mis hijos y en la frustración de nosotros como padres por no ser capaces de prevenirlo y no saber cómo actuar”. Pero actuó porque investigando por internet dio con una aplicación de Android que instalaron en el móvil de la pequeña. “En el de mi hijo no porque es un iPhone y no encontramos nada”, explica.

Esa aplicación le permite controlar el dispositivo de la menor: desde el lugar en el que se encuentra cuando está fuera de casa a consultar el móvil, apagarlo y lanzar una alarma. Como hizo Paz hicieron muchas otras familias, lo que da una idea del alcance del caso y de la profunda sensación de vulnerabilidad ante una situación impensable hasta entonces.

Del shock a la pedagogía

El alcalde de Almendralejo, José María Ramírez (PSOE), recuerda bien aquellos días de septiembre en los que la ciudad se convirtió, de la noche a la mañana, en el epicentro de un debate nacional. “El revuelo fue enorme, el pueblo entró en shock. Pero es algo comprensible, eran familias conocidas y tuvimos mucha presión, sobre todo mediática”, describe desde su despacho en el ayuntamiento

Ramírez lamenta la “mala imagen” de la ciudad que se pudo trasladar desde algunos medios de comunicación, pero valora que este lamentable caso sirvió para “generar un debate que no sabíamos lo necesario que era”.

Desde entonces son frecuentes las charlas sobre IA organizadas o impulsadas por muchos ayuntamientos, como el de Almendralejo. Incluso los propios centros educativos promueven estas formaciones no solo dirigidas a los alumnos, también para padres y madres. Uno de ellos es el instituto donde estudiaban las víctimas y los menores que hicieron los 'deepfakes' que helaron la sangre de millones de padres y llevaron a la administración, el Gobierno y la justicia a poner los esfuerzos en dar nombre, prevención y castigo a un delito que vulneró a los más vulnerables.

La nueva campaña de excavación y exhumación de fosas comunes en el cementerio municipal de Bodonal de la Sierra (Badajoz) ha permitido recuperar hasta el momento los restos de diez víctimas de la represión franquista. La actuación, iniciada a lo largo del mes de agosto, cuenta con la financiación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el ayuntamiento de la localidad, además de la colaboración de la Asociación Cultural La Corujá.

Los trabajos, dirigidos por los arqueólogos Adriana Martín López y Félix Bizarro Carmona junto a un equipo multidisciplinar de antropología forense e investigación histórica, retoman la intervención iniciada en el verano de 2025. En aquella primera fase se logró exhumar una fosa con tres individuos masculinos que presentaban signos de muerte violenta, mientras que dos depósitos más quedaron parcialmente delimitados a la espera de ampliar el área de excavación.

En las últimas semanas, los especialistas han completado la exhumación de esas dos fosas pendientes, de las que se han extraído los restos de nueve personas. El equipo técnico ha documentado un alto grado de alteración en ambos depósitos debido a la apertura, en fechas posteriores, de enterramientos normalizados que desplazaron parte de las estructuras óseas, lo que ha exigido una labor minuciosa para reconstruir la posición original de las víctimas.

De forma paralela, la apertura de un nuevo sondeo ha permitido hallar un enterramiento individual que albergaba el cuerpo de una décima persona con evidencias directas de ejecución. Los restos carecían de ataúd y conservaban un proyectil alojado en el interior de la cavidad craneal.

Las labores de campo continuarán desarrollándose hasta la primera semana de septiembre mientras avanzan los estudios antropológicos y documentales. Por este motivo, el equipo ha hecho un llamamiento a los familiares de personas desaparecidas o represaliadas en Bodonal de la Sierra para que aporten testimonios, documentación e información genética que ayude a la identificación de las víctimas, pudiendo acudir directamente al cementerio o ponerse en contacto con el ayuntamiento.

La Abogacía General de la Junta de Extremadura ya cuenta con la autorización para recurrir ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo el Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, por el que el Gobierno central regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. La decisión formaliza un conflicto judicial que el Ejecutivo autonómico incuba desde hace meses al considerar que la norma estatal incurre en una invasión de competencias exclusivas y penaliza los intereses financieros de la región.

La presidenta regional, María Guardiola, ha informado de la medida al Consejo de Gobierno celebrado este martes, después de que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana rechazara íntegramente el requerimiento de incompetencia planteado de forma previa por Extremadura “sin atender ninguna de las objeciones”.

Uno de los ejes centrales del recurso radica en la pretensión del Ministerio de imponer la protección pública permanente e indefinida de las viviendas de protección oficial (VPO) durante toda su vida útil. La Junta rechaza este precepto al entender que el Estado invade las atribuciones exclusivas de la comunidad en materia de urbanismo y vivienda, mermando su libertad para regular el régimen de descalificación y el parque protegido regional.

A esta traba normativa se suma la exigencia económica impuesta a las arcas autonómicas. El decreto obliga a la Junta a asumir el 40% de la financiación del plan (84 millones de euros de los 210 millones previstos para la región), un sobrecoste que el Gobierno extremeño califica de desproporcionado al multiplicar por siete su aportación respecto al periodo anterior y condicionar la elaboración de sus propios presupuestos.

El recurso cuestiona asimismo que la concesión de fondos quede vinculada a la aplicación de mecanismos de la Ley de Vivienda estatal, como los topes al alquiler o la fijación de zonas tensionadas, un esquema que la Junta considera una “coacción financiera” destinada a primar a comunidades urbanas como Cataluña o el País Vasco. El Ejecutivo de Guardiola se niega a intervenir el mercado de la vivienda.

Ante la falta de respuesta del Ejecutivo central tras vencer el plazo de un mes del requerimiento previo, Extremadura activa de forma simultánea un conflicto positivo de competencias ante el Tribunal Constitucional y un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo para exigir la nulidad de pleno derecho de los artículos impugnados.

La Junta de Extremadura ha acogido en los últimos días a cuatro menores migrantes procedentes de Ceuta. Un traslado que deja al descubierto una clara paradoja política: la responsabilidad directa de su tutela y atención recae sobre la consejería gestionada por Vox, la misma que ha tenido que autorizar la incorporación de los jóvenes al sistema regional de protección.

En concreto, y según ha confirmado la Delegación del Gobierno a elDiario.es Extremadura, la semana pasada llegaron dos menores y este martes otros dos. En todos los casos se trata de jóvenes que se encontraban en Ceuta con anterioridad a la crisis migratoria iniciada el 30 de julio.

Esta recepción choca de lleno con las declaraciones grandilocuentes vertidas hace tan solo unas jornadas por el líder de la extrema derecha en la comunidad, Óscar Fernández Calle. El dirigente de Vox abogaba por el bloqueo de cualquier llegada, exigía la devolución inmediata de los niños a sus países de origen y cargaba contra el sistema de reparto estatal: “Nos opondremos por tierra, mar y aire”, llegó a afirmar, advirtiendo de que utilizaría “todos los medios políticos, administrativos e incluso jurídicos” para impedir su llegada a Extremadura. Sin embargo, más allá de la retórica agresiva contra la inmigración y del pacto de PP y Vox, la realidad administrativa ha obligado al propio departamento dirigido por la formación ultra a formalizar el ingreso de los cuatro menores para garantizar su cobertura social, médica y residencial.

Más contenida se ha mostrado la presidenta extremeña. María Guardiola se comprometió este jueves a cumplir “siempre con la legalidad”, aunque defendió que “lo lógico, lo normal y lo que tiene que hacer el Gobierno de España es trabajar para que esos menores puedan volver con sus familias”. A su juicio, ese “debe ser el objetivo prioritario” ante la situación migratoria que atraviesa Ceuta.

Dentro de esta cruzada del Gobierno extremeño contra la migración, la Junta ha presentado cinco recursos contencioso-administrativos contra el sistema de distribución para que el reparto “no nos afecte”, en palabras del propio Fernández Calle; un choque judicial que no ha impedido que, por ahora, la consejería en manos de su partido haya tenido que hacerse cargo del acogimiento de estos cuatro menores.