Un incendio forestal declarado este sábado en la provincia de Cáceres ha obligado a activar el nivel 1 de peligrosidad y a desalojar por precaución a los vecinos de las localidades de Casas de Millán y la pedanía de Grimaldo. El fuego se ha originado a raíz de las llamas desatadas en un camión que circulaba por la Autovía de la Plata (A-66), según han informado la Guardia Civil y la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural a través del Plan Infoex.

El suceso ha tenido lugar a la altura del kilómetro 505 de la A-66, en sentido norte y dentro del término municipal de Casas de Millán. Según fuentes del instituto armado, el fuego originado en el vehículo pesado “se ha propagado con rapidez a la vegetación colindante, afectando tanto al entorno forestal como a las inmediaciones de la autovía”, lo que ha generado una densa humareda y ha puesto en alerta a los núcleos de población más cercanos.

Ante la proximidad del avance de las llamas a las viviendas y el riesgo para la circulación en esta arteria clave de la provincia, la dirección general del Plan Infoex ha decretado el nivel 1 de peligrosidad. Como medida preventiva, las fuerzas de seguridad han procedido a la evacuación de Casas de Millán, un municipio de unos 530 habitantes, y de la pedanía de Grimaldo, de apenas 70 vecinos, para evitar riesgos por inhalación de humo y garantizar la seguridad ciudadana.

Despliegue de medios aéreos y terrestres

Para tratar de contener la voracidad del fuego en un entorno de matorral y masa forestal, las autoridades han desplegado un amplio operativo coordinado. En las tareas de extinción participan un total de 13 medios aéreos (cuatro aviones y nueve helicópteros), que realizan descargas constantes sobre los focos más activos de la cabeza del incendio.

Sobre el terreno trabajan cuatro unidades de bomberos forestales terrestres, respaldadas por dos brigadas helitransportadas, un agente del Medio Natural, un técnico de extinción y maquinaria pesada para la apertura de cortafuegos en las zonas más complejas.

El dispositivo cuenta con la actuación conjunta de efectivos del Plan Infoex, medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y bomberos de la Diputación de Cáceres, junto al despliegue operativo de la Guardia Civil para la regulación del tráfico y la evacuación, además de personal de Cruz Roja para la atención de los vecinos desalojados.

Paso atrás para el polémico proyecto minero de Cáceres. La Junta de Extremadura ha denegado la solicitud de concesión directa para la explotación de este yacimiento de litio, ubicado a tan solo dos kilómetros del casco urbano, declarando terminado el procedimiento administrativo. La decisión se ha adoptado mediante una resolución firmada por la directora general de Minas, Raquel Pastor, después de que la empresa promotora, Castilla Mining SLU, no haya presentado en el plazo establecido la documentación requerida para subsanar y completar el expediente.

En la resolución se especifica la denegación para una extensión de dos cuadrículas mineras. La propia promotora manifestó la imposibilidad de aportar la documentación exigida por la Administración debido a que para ello necesitaba realizar “labores previas de investigación”, unos trabajos (como calicatas y sondeos de sondeo) que resultan “incompatibles con la tramitación de una concesión directa de explotación”.

Al no haber quedado demostrada la existencia del recurso minero en condiciones de “explotación racional”, el procedimiento queda cancelado en esta vía. No obstante, la resolución no frena de forma definitiva las pretensiones de la minera: la Junta ha dejado la puerta abierta a que el expediente continúe como permiso de investigación, otorgando a Castilla Mining SLU un plazo de 60 días para que solicite esta figura sobre el terreno afectado.

Satisfacción vecinal tras sus alegaciones

Desde la Asociación de Vecinos Sierra de la Mosca han valorado la resolución administrativa. El colectivo vecinal recuerda que las labores de investigación requeridas y no ejecutadas eran precisamente las que impedían acreditar técnicamente el recurso de litio.

En junio de 2024, la asociación presentó un recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas advirtiendo de las carencias del expediente. Entre la documentación omitida citaban los resultados de las pruebas metalúrgicas en el Proyecto de Investigación, deficiencias en el Plan de Explotación y Restauración, así como dudas sobre la viabilidad técnica y la solvencia financiera de la iniciativa.

Según destacan los vecinos, estos documentos solicitados en su día coinciden con los que la Administración autonómica requirió formalmente a la empresa y que finalmente han provocado el decaimiento de la concesión directa.

Frente a esta resolución de la Dirección General de Minas cabe interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante la consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, Mercedes Morán.

Hace casi un año, a mediados de agosto de 2025, los titulares de prensa que hoy ocupan los incendios de Ávila, Castelló o Almería los ocupaba el incendio de Jarilla, el peor en la historia de Extremadura. El fuego arrasó más de 17.300 hectáreas en los valles del Jerte y el Ambroz y tardó casi dos semanas en quedar controlado. Pese al desastre, el presupuesto de la Junta de Extremadura destinado a combatir y, sobre todo, a prevenir los incendios forestales volvió a cerrar el ejercicio pasado con una importante tajada de fondos públicos sin gastar. Según los datos oficiales de ejecución presupuestaria del ejercicio 2025, publicados por la Intervención General en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), el Gobierno de María Guardiola dejó en los cajones más de 50,9 millones de euros en prevención y extinción. Por eso también hay que buscar ahí la elevada ejecución en extinción del año pasado.

El mayor desfase presupuestario se sitúa precisamente en las labores estructurales que evitan que las masas forestales ardan cuando llegan las altas temperaturas. En concreto, el programa de 'Conservación, protección y mejora de los montes' contó en 2025 con un crédito definitivo de 96,19 millones de euros, pero solo se llegaron a reconocer obligaciones por valor de 52,18 millones. Esto supone un porcentaje de ejecución del 54,25%, por lo que el año pasado se dejaron sin ejecutar 44,01 millones de euros.

El programa de 'Protección y defensa contra los incendios', centrado en el dispositivo directo de respuesta y extinción, registró una mayor tasa de gasto. Sobre un presupuesto definitivo de 70,01 millones de euros, la Junta de Extremadura ejecutó 63,10 millones, es decir, el 90,14% de lo previsto, dejando un remanente sin gastar de 6,90 millones de euros, según los datos de la Intervención General.

Antes Vox, ahora PP

Estas competencias estaban en manos de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, que cambió de titulares precisamente en agosto de 2025, unos días antes del incendio de Jarilla. Ignacio Higuero presentó su dimisión en verano tras conocerse que había mentido al incluir en su currículum una titulación universitaria que no tenía y que ni siquiera existía cuando aseguró que se licenció en ella. Higuero, además, había sido nombrado por Vox en el primer gobierno de coalición en Extremadura y decidió permanecer junto al PP de María Guardiola cuando la extrema derecha salió a mediados de 2024 de todos los Ejecutivos autonómicos que compartía con el PP.

Su sustituto fue Francisco Ramírez, que solo ha estado unos meses al frente de esa consejería. Ese departamento ha desaparecido en el nuevo Gobierno de PP y Vox en Extremadura y las competencias en prevención y extinción están dividas en la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, y en la de Industria, Energía, Ciencia y Territorio.

La escasa ejecución de inversiones contra incendios también sucedió en el presupuesto de 2024. Como publicó elDiario.es Extremadura, el Gobierno de Guardiola dejó sin invertir casi 43 millones de euros en ese ejercicio y ejecutó solo el 41% de las inversiones que estaban previstas para prevención y extinción.

La ejecución más baja de los últimos años

La respuesta que entonces dio la Junta de Extremadura es similar a la de ahora. El Gobierno resalta que las partidas para extinción se han incrementado año tras año, con lo que la inversión ha sido mayor. Según los datos que ha facilitado a este periódico, en 2021 el presupuesto fue de 42,2 millones de euros y el de 2025 superaba los 69,6 millones.

También reconoce que la ejecución de inversiones en prevención se quedaron en 2025 en un 54,2%, “pero la cuantía ejecutada es superior a años anteriores porque el presupuesto ha ido creciendo en los últimos años”. “No es lo mismo ejecutar 52 millones sobre un presupuesto de 96 millones (año 2025) a 29 millones sobre un presupuesto de 51 millones (año 2022)”.

A pesar de ello, los datos de los ejercicios 2024 y 2025, los dos únicos gestionados hasta ahora en exclusiva por el Gobierno de Guardiola, son los de menor ejecución en prevención de incendios de los últimos años. Ese programa en concreto, tuvo una ejecución del 49,48% hace dos años, del 57,03% en 2023, 56,50% en 2022 y 58,18% en 2021.

Desde la Junta atribuyen la imposibilidad estructural de ejecutar el 100% del programa dos ventanas de inactividad obligatoria impuestas por la normativa medioambiental. Por un lado, las paradas biológicas por nidificación y cría de especies protegidas entre febrero y julio, dependiendo de la especie. Por otro, entre el 1 de junio y el 15 de octubre es época de alto riesgo de incendios, por lo que está prohibido “introducir maquinaria pesada o realizar trabajos de desbroce y silvicultura”.

PP y Vox han aprobado los primeros presupuestos de la legislatura, unas cuentas que tendrán un escaso recorrido, puesto que el cierre del ejercicio fiscal suele ordenarse en octubre, y que llevan el sello ideológico de la extrema derecha. Es el precio que ha tenido que pagar María Guardiola para ser investida presidenta el pasado abril y que le garantiza, al menos, la aprobación del resto de presupuestos de la legislatura.

PSOE y Unidas por Extremadura han sido los convidados de piedra en la única jornada de debate de estos presupuestos, que ascienden a 8.854 millones de euros, 755,6 millones más que el presupuesto prorrogado tras el adelanto electoral impulsado por el bloqueo del pasado otoño. La coalición de PP y Vox no ha dejado pasar ni una sola de las enmiendas, más de 600, presentadas por la izquierda.

Vox va a tener en sus manos la gestión de 1.297 millones de euros (el 15% del presupuesto)— repartidos entre la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural (1.080 millones) y la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia (217 millones).

El sello de la extrema derecha se refleja en partidas clave defendidas bajo el concepto de “prioridad nacional”. En concreto, la aprobación de los presupuestos supone un recorte de 10 millones de euros en cooperación internacional, lo que en la práctica supone la extinción de la Agencia Extremeña De Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), y en ayudas destinadas a ONG y entidades que colaboran con personas migrantes.

Estas cuentas también reducen a la mitad las subvenciones destinadas a los agentes sociales (unos 286.000 euros) e incorpora a la patronal CIEM junto a la CREEX, UGT y CCOO.

Sin embargo, los toros se verán beneficiados. El presupuesto taurino en la región experimenta una subida sin parangón, escalando de los 297.500 euros previos a los 1,78 millones de euros (un aumento de casi el 500%). Las cuentas incluyen el trasvase de 700.000 euros de fondos públicos directos (el ejercicio pasado recibieron 69.000 euros) al lobby Fundación Toro de Lidia —un ente privado de promoción taurina— para la organización de circuitos de novilladas, además de iniciar los trámites para blindar legalmente las corridas protegiéndolas bajo la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC).

Además, Vox ha creado subveciones directas para la Asociación Provida de Badajoz y para la Asociación Custodia Compartida de Extremadura, que dedicará a un proyecto piloto de coordinación de parentalidad en separaciones de alta conflictividad.

Rebajas fiscales de 43 millones

Otro de los aspectos más destacados es que PP y Vox continúan con la senda de rebajas fiscales. El impacto en estas cuentas asciende a 43,1 millones de euros, con la elevación de los límites de las deducciones autonómicas, el recorte en los dos primeros tramos de la tarifa del IRPF y la ampliación de los beneficios en el impuesto de sucesiones y donaciones a las herencias entre tíos y sobrinos.

Tanto PSOE como Unidas por Extremadura han solicitado sin éxito que la región recupere el impuesto sobre el Patrimonio, eliminado en 2023 durante la primera coalición del PPy Vox. La izquierda ha calificado los presupuestos como “injustos” e “insolidarios” porque las rebajas fiscales “benefician más a quien más tiene”.

Unidas también ha planteado en sus enmiedas el incremento del impuesto de transmisiones patrimoniales a los grandes tenedores de vivienda y una nueva tabla de IRPF en la que “los que más ganen paguen más”. También ha propuesto la reducción salarial en un 10 % de los cargos políticos que ha asegurado ha subido del mismo modo para tener unos salarios acordes con los de la sociedad.

El diputado de la coalición de izquierdas, José Antonio González Frutos, se ha mostrado “muy orgulloso” de los dos modelos de región que, en su opinión, se desprenden del debate, en alusión a lo dicho por Vox. “Queremos que la España que no madruga sea la que pague impuestos...en el momento en que le tocan el bolsillo, el patriotismo lo llevan regular”, ha asegurado a los diputados de Vox.

El Grupo Parlamentario Socialista ha exigido a la Junta de Extremadura “máxima transparencia” y explicaciones inmediatas ante lo que consideran un posible trato de favor en la Consejería de Educación. La denuncia surge a raíz de la información publicada en exclusiva por elDiario.es Extremadura sobre la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que beneficia a la hermana del secretario general de ese departamento, José Pedro Catalán (PP).

Según ha denunciado la portavoz socialista de Educación, Lara Garlito, la subida de categoría y sueldo para la plaza que ocupa la familiar directa del 'número dos' de la consejería se produce, además, en un contexto marcado por los recortes de recursos en el ámbito rural.

En este sentido, Garlito ha señalado la contradicción del Ejecutivo autonómico tras las recientes declaraciones de la recién elegida presidenta del PP de Cáceres y consejera de Hacienda, Elena Manzano, quien “se jactaba públicamente de que su formación no favorece a familiares”. “Parece que no sabían lo que estaba sucediendo en la propia Consejería de Educación”, ha afeado.

Mismas competencias, distinto nivel salarial

En concreto, la denuncia se centra en los cambios aplicados sobre dos jefaturas de servicio del departamento educativo. Con la nueva RPT, una de las jefaturas —ocupada por la hermana del secretario general— pasa de un nivel 28 a un nivel 29, incrementando así su retribución. Por el contrario, otra jefatura de servicio de la misma área sufre una rebaja del nivel 29 al 28.

Desde el PSOE critican que no existe “ninguna justificación técnica ni de competencias” para este movimiento: A mismas competencias, a una jefatura se le resta nivel y a la otra se la beneficia. Queremos saber si hay trato de favor y exigimos las explicaciones pertinentes. No dudamos de la legalidad, pero exigimos transparencia sobre este proceso“, ha remarcado la portavoz socialista.

Garlito ha contrapuesto la disponibilidad presupuestaria para estos incrementos retributivos en los servicios centrales de Mérida con la política de ajustes aplicada en los municipios rurales. El mismo Diario Oficial de Extremadura (DOE) que hacía pública la modificación de la RPT recogía también la amortización de dos plazas en la Escuela Hogar de Alburquerque.

“Resulta enormemente llamativo que se hable de optimizar recursos para justificar recortes en servicios básicos del mundo rural mientras hay recursos para subir sueldos en la Consejería”, ha criticado Garlito, subrayando el impacto que la pérdida de este personal tiene sobre los niños y familias usuarias de este centro educativo.

Por otro lado, la portavoz socialista ha hecho un llamamiento a los diputados del PP de Extremadura en el Congreso para que apoyen la senda de déficit y el techo de gasto que se vota este jueves en la Cámara Baja. Recuerdan que este marco financiero contempla la condonación de más de 1.700 millones de euros para Extremadura, un “momento vital” en el que piden situar las necesidades de la región por encima de los intereses de partido.

Por su parte, el PP ha defendido la modificación de la RPT de la Consejería de Educación y ha reprochado al PSOE que hable de “trato de favor” a un familiar de un alto cargo de dicho departamento cuando “acaban de ser condenados por montar un chiringuito al hermano de Pedro Sánchez”.

El PP defiende la subida salarial

Para el portavoz del Grupo Parlamentario Popular (GPP), José Ángel Sánchez Juliá, la modificación de la RPT “se ha hecho en función de la categoría de oposición de quienes ocupan los puestos”. “Quien pasa de una categoría 29 a una categoría 28 lo hace porque su puesto de oposición lo ocupa con categoría de diplomado; y quien ha pasado de una categoría 28 a una categoría 29, lo hace porque su plaza de oposición es con categoría de licenciado. Es con total transparencia y respetando las categorías de oposición”, ha explicado Sánchez Juliá.

Asimismo, ha destacado que esta modificación permite que, “por primera vez” los maestros puedan acceder a puestos de jefatura de servicio y en las delegaciones provinciales para que “también puedan aportar su sabiduría y su conocimiento en la administración y en la gestión de la Consejería de Educación”.

Finalmente, el portavoz del GPP ha criticado que el PSOE quiera “enturbiar la política extremeña” y ha señalado que los socialistas “todavía no han dicho qué van a hacer y por qué están manteniendo a los enchufadores condenados del caso del hermano de Pedro Sánchez” porque lo único que buscan es “generar una cortina de humo”.

El Club Deportivo Badajoz lucirá la bandera de España en su equipación oficial durante la próxima temporada 2026-2027. La decisión se ha tomado tras una votación organizada por la propia entidad en la red social X que ha rozado el 91% de apoyos a favor del 'sí'. Sin embargo, más allá del cambio en la indumentaria, lo que ha encendido el debate en las últimas horas es el tono marcadamente político y las ironías que la cuenta oficial del club ha dedicado a formaciones de izquierda y al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) al anunciar los resultados.

El episodio es el desenlace de una cadena de publicaciones que comenzó el pasado 14 de julio, cuando la cuenta del club, presidido por Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como 'Colate', celebró el pase de la selección española a la final del Mundial: “Enhorabuena a todos, somos finalistas. Arriba España”. El uso del lema falangista desató una oleada de críticas en la plataforma por sus connotaciones históricas vinculadas a la dictadura en una ciudad donde la represión franquista fue especialmente sangrienta con hechos conocidos como la Matanza de Badajoz, de la que este agosto se cumplirán 90 años y en la que murieron asesinadas entre 1.800 y 4.000 pacenses, dependiendo de las fuentes.

Entre las reacciones destacó la de Izquierda Unida Extremadura, que exigió la retirada del mensaje y disculpas públicas por la ofensa a las víctimas de la represión franquista en la capital pacense. La entidad deportiva, lejos de retractarse, respondió tirando de sarcasmo e invitando a los integrantes del partido a pasar por oficina para abonarse al club.

Con el triunfo final de la selección española, el CD Badajoz, que juega en Segunda Federación, volvió a la carga comparando al futbolista extremeño Pedro Porro con los conquistadores de la región y planteó formalmente la encuesta para la camiseta. Tras cerrar la votación con 90,8% de votos afirmativos y un 9,2% de negativos, la comunicación institucional cerró el proceso con un dardo directo a la oposición: “Esperamos que la izquierda, por escueto que haya sido el margen, acepte el resultado y no queme nada, que hace mucho calor ya”, rematando con la frase “ganamos los buenos”.

La estrategia en redes de la entidad ha provocado disparidad de opiniones entre la afición blanquinegra: mientras un sector celebra las publicaciones en el perfil oficial, otra parte de los seguidores lamenta la politización de la imagen del club y recuerda que la reglamentación de las peñas aboga por mantener un perfil puramente informativo y respetuoso con la pluralidad de su masa social.

La Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura ha exigido este miércoles a la Consejería de Educación y Formación Profesional transparencia y explicaciones documentadas tras la información publicada por elDiario.es Extremadura sobre la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que ha permitido elevar la categoría laboral y retributiva de la hermana del secretario general de Educación, José Pedro Catalán (PP), el 'número dos' del departamento.

El sindicato ha anunciado que reclamará formalmente toda la documentación que justifique la decisión adoptada en la Orden de 6 de julio de 2026 (publicada en el Diario Oficial de Extremadura el 9 de julio). Aunque señalan que no prejuzgan la legalidad del procedimiento ni la capacidad profesional del personal afectado, advierten de que la coincidencia entre la mejora de un puesto y “el parentesco directo con uno de los máximos responsables de la consejería genera dudas razonables que la Administración debe aclarar de manera inmediata”.

Desde CCOO consideran “insuficiente” la justificación trasladada hasta ahora por la Consejería de Educación, basada en la voluntad de equilibrar la importancia de los distintos servicios. Según el análisis del sindicato, el resultado de la orden sigue manteniendo dos niveles salariales diferentes, dado que la Jefatura de Servicio de Innovación asciende al mismo tiempo que la de Inclusión y Atención a la Diversidad desciende.

Asimismo, destacan la contradicción de reservar en exclusiva uno de los puestos al subgrupo A1 cuando la justificación ofrecida por la Administración era facilitar el acceso a miembros del cuerpo de maestros, pertenecientes al subgrupo A2.

“Las relaciones de puestos de trabajo deben responder exclusivamente a necesidades organizativas y a criterios objetivos. No pueden convertirse en instrumentos para adoptar decisiones singulares o aparentemente diseñadas en función de las personas que ocupan temporalmente los puestos”, remarca la organización sindical en su escrito.

Exigencia de informes y abstención

En su requerimiento formal, CCOO solicitará conocer los criterios técnicos, organizativos y económicos utilizados para adoptar la modificación, qué órgano la promovió y qué informes avalan el cambio. De igual forma, el sindicato ha puesto el foco en la actuación del propio 'número dos' de la consejería, solicitando información sobre la intervención del secretario general de Educación en la tramitación del expediente y la existencia de mecanismos de abstención, incompatibilidad o supervisión que garanticen la imparcialidad del proceso.

La Federación de Enseñanza ha avanzado que analizará el conjunto de la orden, que incluye también modificaciones y amortizaciones de personal laboral en servicios educativos, y pedirá abordar la cuestión en las mesas de negociación correspondientes, reservándose la posibilidad de emprender acciones sindicales, administrativas o jurídicas una vez examinado el expediente completo.

“Cuando una decisión puede generar una percepción de trato de favor, no basta con asegurar que existen razones organizativas: es imprescindible acreditarlas con transparencia, documentación y explicaciones públicas convincentes”, concluyen desde la organización.

La Consejería de Educación y Formación Profesional de la Junta de Extremadura ha modificado recientemente su Relación de Puestos de Trabajo (RPT), el documento oficial que fija la plantilla, las retribuciones y los requisitos de la administración pública, con un cambio que afecta a dos de sus jefaturas de servicio y que beneficia a la hermana del 'número dos' del departamento, el secretario general de Educación, José Pedro Catalán (PP).

La Orden, aprobada el 6 de julio y publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) tres días después, realiza un trasvase de categorías en la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa. En concreto, la Jefatura del Servicio de Innovación baja del nivel 29 al nivel 28, mientras que la de Inclusión realiza el camino contrario y sube del nivel 28 al nivel 29.

En la administración autonómica, el nivel determina el complemento de destino, una parte fija de la nómina que aumenta según la escala de responsabilidad (siendo el nivel 30 el máximo posible para un funcionario). La plaza que ha subido de nivel, y consecuentemente de retribución, la ocupa la hermana de Catalán, el segundo cargo con más peso en la Consejería tras la propia consejera, y que llegó al puesto a principios de mayo, tras la firma del pacto de gobierno entre PP y Vox.

La modificación publicada en el DOE no se limita al cambio de nivel de destino, sino que introduce un ajuste técnico en los requisitos para optar a la plaza y mantiene el complemento específico más alto. En la administración, el grupo A1 exige título universitario superior (licenciatura o grado), mientras que al grupo A2 se accede también con diplomatura o grado técnico. Con el cambio, la Jefatura del Servicio de Inclusión (la que sube de nivel) pasa a ser de adscripción exclusiva para el grupo “S A1”. Esto significa que ningún funcionario del grupo A2 puede optar a ese puesto.

Las contradicciones entre la versión oficial y el DOE

A preguntas de elDiario.es Extremadura sobre los criterios técnicos que justifican este cambio y sobre la existencia de un posible conflicto de intereses por la relación familiar del secretario general y la persona que ocupa la jefatura de servicio beneficiada, la Consejería de Educación no ha hecho ninguna mención al parentesco ni ha aclarado si existió alguna medida de transparencia o protocolo de abstención.

La Junta ha justificado la decisión asegurando que buscaba “dar la posibilidad a los maestros para que también tengan cabida en la administración” y que su intención era que todos los servicios “sean igual de importantes e igualmente remunerados, evitando puestos clave de primera y segunda categoría” mediante la “evolución de la categoría 1.2 a 1.1”. Asimismo, ha señalado que ha atendido esta medida “por solicitud”.

Sin embargo, la lectura directa del documento publicado en el DOE muestra varias contradicciones con esta versión oficial. Por un lado, no había categorías que “evolucionar”, ya que en el anexo oficial ninguno de los dos puestos ha cambiado el complemento específico (el plus salarial fijado por la especial dedicación o incompatibilidad del puesto), puesto que ambas jefaturas figuraban con el subconcepto 1.1 antes de la modificación y lo mantienen exactamente igual tras ella.

Por otro lado, los puestos tampoco se han igualado ni han quedado en el mismo nivel salarial, ya que la Orden ha bajado a una jefatura para subir a la otra, manteniendo así la brecha jerárquica y retributiva entre un puesto de nivel 29 y uno de nivel 28.

Finalmente, aunque la Consejería argumenta que busca dar espacio a los docentes de colegio, el cuerpo de maestros pertenece al grupo A2; al exigir que la Jefatura del Servicio de Inclusión sea exclusivamente para el grupo A1, el propio documento impide que un maestro pueda acceder a esa plaza en concreto.

Otros cambios menores y ajustes en el ámbito rural

Aunque la Orden del DOE modifica formalmente otros puestos de la consejería, como la adscripción de las Delegaciones Provinciales o la exigencia de méritos informáticos en la Sección de Contratación, se trata de ajustes puramente técnicos u organizativos que no conllevan ningún cambio salarial. El único movimiento que altera el nivel retributivo y la escala de sueldos entre los funcionarios de la Consejería es, precisamente, el trasvase ejecutado entre la Jefatura de Innovación y la de Inclusión.

En la misma respuesta enviada a este diario, la Consejería ha confirmado que la Dirección General de Inclusión ha pasado a depender directamente de la consejera por la “importancia y proyección” del área. En la práctica, esta reestructuración retira la supervisión directa del secretario general sobre el departamento en el que trabaja su hermana.

La misma orden que modifica estos puestos directivos aprueba otros cambios en la plantilla de la Consejería. Entre ellos figura la eliminación (amortización) de dos plazas de personal laboral en la Escuela Hogar Nuestra Señora de los Dolores, en Alburquerque (un cocinero y un camarero-limpiador), y la reducción de jornada al 80% para el personal de atención educativa (cuidadores) en centros escolares de la zona de Coria.

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado al hermano de Pedro Sánchez a nueve años de inhabilitación al considerarlo autor de un delito de prevaricación por su contratación en la Diputación en 2017 como coordinador de los conservatorios pacenses. El tribunal rechaza el tráfico de influencias, por lo que evita la pena de prisión que reclamaban las acusaciones populares.

De este modo, el tribunal descarta la petición de cárcel de hasta seis años que pedían Manos Limpias, Abogados Cristianos, Hazte Oír, PP, Vox, Iustitia Europa y Liberum. La Fiscalía pedía la absolución de David Sánchez y del resto de encausados, entre ellos, el presidente de la Diputación y ex secretario regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, que también ha sido condenado a 18 años de inhabilitación para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por dos delitos de prevaricación. La Audiencia ha impuesto nueve años de inhabilitación a los otro nueve acusados, la mayoría cargos o excargos del PSOE en la institución provincial.

La sentencia, de 377 páginas, que puede ser recurrida, confirma de manera unánime la prevaricación en la creación de la plaza que ocupó David Sánchez, pero descarta por completo el delito de tráfico de influencias. Los magistrados consideran que no ha quedado probado “que persona o personas determinadas ejercieran presión o influencia sobre los acusados primeramente filiados, prevaliéndose del ejercicio de las facultades de un cargo o de cualquier otra situación derivada de una relación personal o jerárquica con aquellos”.

Sin embargo, aunque el tribunal determina que no hubo presión externa, considera probado que la Diputación actuó de manera arbitraria en base a un “plan delictivo ideada por las más altas instancias” para en la creación de “una plaza de empleo público innecesaria” y su posterior adjudicación. En este sentido, el hermano de Sánchez “fue autor, por cooperación necesaria”, del delito de prevaricación administrativa porque tuvo “conocimiento previo de que el puesto de coordinador de las actividades de los conservatorios se había creado para él” y por eso “se presentó a la convocatoria e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento”. La sentencia también recoge que el músico “consiguió que se adaptaran las condiciones de su puesto a sus preferencias personales, como el no tener que acudir diariamente a un despacho y el dedicarse a la ópera”.

En cuanto a la contratación de Luis María Carrero, amigo de David Sánchez también condenado, como coordinador de los programas y actividades transfronterizas, una plaza en comisión de servicio, los magistrados de la Audiencia de Badajoz concluyen que se trató de un proceso plagado de irregularidades “diseñado para poner fondos públicos” al servicio de fines particulares.

El fallo considera probado que la cobertura de la plaza mediante comisión de servicios se solicitó el 16 de octubre de 2023, un mes antes de que se publicara oficialmente la aprobación definitiva de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que creaba el propio puesto. Asimismo, la Sala dictamina que los controles aplicados por la Diputación fueron “puramente cosméticos”, señalando que tanto esta plaza como la de David Sánchez se costearon con dinero público “para que ambos pudieran dedicarse a las actividades que se les antojaran, sin control alguno”.

Testimonios de la UCO

La sentencia considera “de especial relevancia” los testimonios de los agentes de la UCO, que participaron en la intervención y análisis de los correos electrónicos intervenidos a los acusados. De hecho, los magistrados aseguran que la declaración del teniente coronel Antonio Balas fue “sumamente ilustrativa” y que sostuvo con “rotundidad” que la “génesis” del puesto de coordinador de los conservatorios de Badajoz partió “de un nivel superior” al del Área de Cultura, “siendo Presidencia de la Diputación ”el origen de la idea“, recuerda el fallo.

Sin embargo, dijo en el juicio que del volcado de esos correos se podía inferir esa afirmación, pero sin pruebas y en contra del resto de testigos que sostuvieron que la plaza que ocupó David Sánchez no estaba amañada.

La denuncia, de 2024

La sentencia se conoce un mes después del juicio oral celebrado en la Audiencia Provincial para determinar si la Diputación de Badajoz 'enchufó' a David Sánchez y este, a su vez, influyó en la contratación de su amigo Luis María Carrero en la institución provincial para una plaza en comisión de servicio.

El procedimiento penal que ha desembocado en esta sentencia comenzó a fraguarse a raíz de una denuncia que el pseudosindicato Manos Limpias presentó en 2024, siete años después de la contratación del hermano del presidente del Gobierno. El epicentro de la causa se situó en la creación y el diseño, por parte de la Diputación de Badajoz, de la plaza de coordinador de las actividades de los conservatorios de música del organismo provincial.

La decisión de crear ese puesto de alta dirección en 2017 se efectuó cuando Pedro Sánchez ya había dimitido como secretario general del PSOE en el polémico comité federal de 1 de octubre y el proceso de selección se activó cuando aún no se habían celebrado las primarias que le enfrentaron a Susana Díaz y que acabó ganando. Aún faltaba un año para que el Congreso aprobara la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Pedro Sánchez tenía, cuando se creó la plaza, nulo poder orgánico o político.

A pesar de ello, la investigación judicial se ha centrado en dilucidar si los requisitos del sistema de libre designación se configuraron de forma arbitraria para adaptarse al perfil del músico y si los canales de la administración pública se instrumentalizaron para esquivar los principios de mérito y capacidad. No obstante, en el juicio solo una testigo, Cristina de Frutos, que aspiró al puesto, sostuvo que en la entrevista personal del proceso de selección no “sintió” que hubiera igualdad de oportunidades, pero ni denunció ni presentó una queja por ello. Sin embargo, otro candidato que compitió por la plaza, Nerses Avakimyam, no detectó nada extraño en los requisitos exigidos y tampoco observó irregularidades, según su testimonio.

Los funcionarios, técnicos y peritos que testificaron en la vista oral también avalaron el proceso de la Diputación de Badajoz para la creación de la plaza y el proceso de selección que ganó Sánchez.

Las cuentas públicas de la regiñon recogen una aparente contradicción matemática. El último informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, titulado 'Evaluación de los presupuestos por comunidades autónomas. Gasto social', sitúa a Extremadura a la cabeza de la inversión social en España tras registrar un incremento en el gasto por habitante del 27,4% en los últimos cinco años (2020-2025). La cifra duplica prácticamente el esfuerzo medio del conjunto del país (14,3%) y sitúa a la comunidad como la segunda autonomía con mayor empuje inversor de todo el Estado en este lustro.

Sin embargo, el mismo documento destapa una paradoja presupuestaria en 2025: el porcentaje de recursos que el Gobierno autonómico reservó en sus presupuestos para Sanidad y Educación se situó de manera sistemática por debajo del promedio de las comunidades autónomas.

¿Cómo es posible inyectar más dinero real por ciudadano en hospitales y colegios que casi nadie en España y, al mismo tiempo, registrar un menor peso relativo en el reparto global de la tarta presupuestaria? La respuesta a este fenómeno combina factores como la demografía, el coste real de los servicios públicos sobre el territorio y la propia estructura financiera de la Junta de Extremadura.

Inversión por habitante vs. Cuota presupuestaria

En el área de Sanidad, el presupuesto extremeño escaló un 16,2% en los últimos cinco años (326,4 millones de euros más), frente al avance nacional del 8,8%. Atendiendo en exclusiva a las cuentas de 2025, el porcentaje de gasto sanitario sobre el total del presupuesto autonómico se quedó en un 31,3%, alzándose como el quinto porcentaje de menor peso si se compara con el resto de comunidades. Sin embargo, en contraste con esa cuota del pastel, el gasto real sanitario por habitante en Extremadura alcanzó los 2.224 euros: el tercero más elevado de todo el país y unos 500 euros por encima de la media nacional.

Una asimetría idéntica se reproduce en la parcela de Educación. El presupuesto en enseñanza aumentó un 34% entre 2020 y 2025 (368,7 millones de euros más), registrando el mayor incremento por habitante de toda España con 355,80 euros adicionales por vecino. Sin embargo, en la foto fija de 2025, el peso de la educación dentro del presupuesto general extremeño fue del 19,4%, un punto porcentual menos que la media de las comunidades autónomas. Por contra, la inversión real por ciudadano en las aulas se tradujo en 1.328 euros, consolidándose de nuevo como el tercer importe más alto a nivel nacional (250 euros por encima de la media).

Los expertos apuntan a dos variables clave para entender esta paradoja presupuestaria. Por un lado, se encuentra el factor demográfico, ya que prestar servicios sanitarios o educativos en una región caracterizada por la dispersión geográfica y el envejecimiento de la población es mucho más costoso por persona que en entornos urbanos compactos; de este modo, mantener consultorios abiertos en el mundo rural o ratios reducidas en colegios de pequeños municipios encarece notablemente el coste por habitante.

Por otro lado, influye la existencia de un presupuesto total más amplio en la región, puesto que al recibir Extremadura un volumen importante de recursos procedentes de los fondos de compensación y de partidas europeas destinados a infraestructuras o desarrollo, el montante total de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma es muy elevado, lo que termina por diluir el porcentaje matemático de la Sanidad y la Educación sobre el total, aunque la cuantía de dinero real que se invierte por cada ciudadano siga estando muy por encima de la media española.

Continuidad presupuestaria de Vara a Guardiola

El análisis del periodo 2020-2025 cobra además una especial relevancia política, dado que el salto inversor abarca la gestión de dos ejecutivos regionales de signo opuesto. Los datos confirman que el blindaje del gasto social ha mantenido una línea de continuidad institucional por encima de las siglas, transitando desde la última legislatura de Guillermo Fernández Vara (PSOE) hasta la irrupción del Gobierno de coalición PP-Vox de María Guardiola.

En total, en el año 2025 Extremadura destinó el 60,1% de sus cuentas totales a políticas sociales (sanidad, educación y servicios sociales combinados). Esto ha posibilitado asignar un gasto total consolidado de 4.270 euros por habitante en estas materias —lo que supone 918,80 euros más respecto a lo invertido en el año 2020—, blindando la posición de la región como la tercera de España con el mayor importe social dedicado a sus ciudadanos.

El liderazgo de los Servicios Sociales

Donde la paradoja presupuestaria se rompe por completo es en el ámbito de los Servicios Sociales. En este sector, Extremadura no solo inyecta más dinero por habitante, sino que la partida devora también un protagonismo absoluto dentro del propio diseño de las cuentas.

Entre 2020 y 2025, el presupuesto asignado a políticas sociales creció un 56,5% en la comunidad autónoma (253 millones de euros más). Con los números de 2025 en la mano, Extremadura dedicó el 9,4% de su presupuesto global en exclusiva a los servicios sociales, fijando la segunda cuota presupuestaria más alta del país, un punto y medio por encima del promedio estatal. Este esfuerzo se traslada de forma directa a la calle: la inversión por habitante alcanzó los 666 euros anuales en 2025, el segundo registro más elevado de toda España, superando en 220 euros la media nacional.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha dado un paso definitivo para blindar el valor histórico de uno de los epicentros de la represión del franquismo en Extremadura. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el inicio del procedimiento para declarar la antigua Prisión Provincial de Cáceres como Lugar de Memoria Democrática, al certificar que el emblemático complejo reúne “valores materiales, históricos, intangibles o simbólicos” de primer orden vinculados a la Guerra Civil y a la dictadura franquista.

La publicación de esta resolución implica de inmediato la anotación preventiva del edificio en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática. Esto supone, a efectos prácticos, la aplicación provisional de todo el régimen de protección integral contemplado en la ley estatal vigente, abriendo un periodo definitivo de tramitación de un máximo de 12 meses.

La historia de los muros de la prisión cacereña arrastra una profunda paradoja democrática. El penal comenzó a levantarse originalmente bajo el amparo de la Segunda República como un proyecto de modernización penitenciaria. Sin embargo, el estallido del golpe de Estado de julio de 1936 truncó por completo su naturaleza legal y el edificio pasó a ser un “importante centro de reclusión de opositores políticos, reales o supuestos, al nuevo Estado franquista en construcción”, según detalla textualmente el expediente ministerial.

De la represión en la Guerra Civil al horror del franquismo

Ante la falta de registros oficiales sistemáticos de la época, la documentación histórica rescatada revela que el hacinamiento y la violencia marcaron la rutina del recinto. Distintos expedientes penitenciarios cifran en unos 1.100 el número de personas recluidas solo en noviembre de 1937. Además, las investigaciones confirman que al menos 338 presos procedentes de las cárceles “vieja” y “nueva” de Cáceres fueron sacados de sus celdas para ser ejecutados antes de que concluyera la guerra en abril de 1939.

Entre las víctimas de la represión figura un nombre íntimamente ligado a la propia construcción del edificio: Antonio Canales González. Quien fuera alcalde de Cáceres e impulsor de la edificación del centro penitenciario durante el periodo republicano acabó siendo fusilado por las tropas franquistas el 25 de diciembre de 1937, en una ejecución masiva junto a otras 34 personas.

El uso de la cárcel de Cáceres como herramienta punitiva contra la disidencia no cesó con el fin de la contienda. El penal mantuvo su actividad durante toda la posguerra y reactivó su importancia política bien entrada la década de 1960. Durante esos años, las celdas llegaron a albergar a alrededor de 200 opositores activos al régimen dictatorial, en su inmensa mayoría militantes detenidos por su vinculación organizativa al Partido Comunista de España (PCE) y al sindicato Comisiones Obreras (CCOO).

Para la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática, el inmueble destaca por recoger “hechos de singular relevancia” vinculados directamente a “la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades”. Con esta declaración legal se busca, según el texto del acuerdo, “que el recuerdo de quienes fueron encarcelados en este lugar, o asesinados entre sus muros por su defensa de la libertad y la justicia, no se borre nunca de la historia”.

El Ministerio ha puntualizado que la declaración como Lugar de Memoria Democrática no interferirá ni alterará las actividades o el uso actual que se le da al edificio. No obstante, obligará por ley a incorporar medidas físicas e institucionales de identificación, señalización e investigación histórica. Las instalaciones contarán próximamente con placas, paneles informativos detallados y recursos audiovisuales destinados a explicar pedagógicamente a los visitantes el verdadero significado histórico del penal cacereño.

Solo ha durado un mes y medio como alto cargo en la vicepresidencia de Vox en la Junta de Extremadura. El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este miércoles el cese, “a petición propia”, de Víctor Manuel Caro Gil como secretario general de la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, el departamento que lidera Óscar Fernández Calle.

Su sustituto en el cargo será Fernando José Guerrero Moreno, cuyo nombramiento surtirá efecto a partir de este jueves. El movimiento afecta a una plaza muy sensible desde los puntos de vista políticos y de la Administración: las secretarías generales pilotan la jefatura de personal, la gestión económica y contractual, y forman parte de la comisión que prepara al detalle los acuerdos del consejo de gobierno, requiriendo habitualmente perfiles de marcado carácter técnico y jurídico.

La llegada de Caro Gil a la Consejería de Vox el pasado 20 de mayo ya despertó cierta polémica interna y sorpresa en los círculos políticos regionales. Se trataba de un perfil estrechamente ligado al PP de Badajoz, donde llegó a ejercer como coordinador de la Alcaldía bajo el mandato del Francisco Javier Fragoso. Su designación para un puesto de máxima confianza funcionarial en una de las dos áreas gestionadas por Vox fue vista como un movimiento de equilibrismo en el pacto de gobernabilidad. Solo 45 días después, el decreto firmado por la presidenta María Guardiola agradece los “servicios prestados” y tramita su salida.

La Junta no informó del cese

Más allá del relevo exprés, el cambio al frente del departamento de Desregulación destaca por la falta de transparencia con la que ha sido gestionado por el Ejecutivo regional. Pese a que la decisión se tomó en la sesión del Consejo de Gobierno de este pasado martes, la consejera portavoz, Elena Manzano, no hizo mención alguna a este movimiento durante su habitual comparecencia ante los medios de comunicación.

La opacidad se mantuvo en los canales oficiales de información de la Junta de Extremadura: el relevo no fue incluido en la reseña de acuerdos de la jornada que se remite a las redacciones ni se publicó en la página web institucional. Asimismo, y en contra de la práctica habitual del Gobierno autonómico al nombrar a un alto cargo, tampoco se ha facilitado a los medios de comunicación un breve currículum o perfil profesional del nuevo secretario general, Fernando José Guerrero Moreno.

Este primer baile de nombres afecta a una de las carteras de nueva creación pactadas entre PP y Vox en Extremadura. Su responsable, Fernández Calle, ha asegurado que el ya ex secretario general ha decidido “poner punto y final a esta etapa”, pero que “seguirá colaborando” con la consejería, aunque no ha detallado de qué amnera o qué funciones desempeñará.

Respecto a su sustituto, el vicepresidente ha destacado su trayectoria tanto en la empresa pública GPEX como en la Administración autonómica. Según ha resaltado, ha pasado por diferentes servicios de la Junta de Extremadura y afronta esta nueva responsabilidad con “unas ganas enormes de aportar para que la Consejería continúe prestando servicio a los ciudadanos extremeños”.

Con la entrada de Vox en el Gobierno de María Guardiola han desaparecido las ayudas de cooperación internacional y se ha enterrado la Agencia Extremeña de Cooperación, herramientas con las que la Junta podría estar ya ayudando a Venezuela tras los terremotos. Por eso, el PSOE ha preguntado este jueves en la Asamblea qué actuaciones se van a llevar a cabo para ayudar a ese país. Pero en el transcurso del debate, los socialistas han desvelado el coste que tuvo para las arcas autonómicas la toma de posesión de Guardiola como presidenta, que se celebró en el Anfiteatro de Mérida.

Según los datos hechos públicos por la portavoz del PSOE en la Asamblea, Isabel Gil Rosiña, la ceremonia tuvo un coste total de 54.000 euros para apenas 20 minutos, lo que se traduce en una media de 1.800 euros por cada minuto de evento. Este gasto ha servido al PSOE para criticar la escala de prioridades del Gobierno de PP y Vox.

Gil Rosiña ha contrapuesto el coste de dicho protocolo con la decisión de la Junta de abandonar el Convenio de Cooperación Descentralizada con el Estado, un fondo dotado con 100.000 euros anuales que permitía coordinar la ayuda ante emergencias humanitarias internacionales, como los recientes terremotos de Venezuela.

Lejos de hacer referencia a ese dato, el vicepresidente y consejero de Presidencia, Abel Bautista, ha respondido con un duro ataque en el que ha asumido el discurso de la extrema derecha al asegurar que la Junta garantizará la ayuda de emergencia pero de forma directa, ya que a su juicio la cooperación internacional tradicional solo ha servido en Venezuela para enriquecer las arcas “de los jerarcas del régimen”.

Choque por las prioridades del gasto público

“La ayuda de los extremeños no va a ir a apuntalar el chavismo, como ustedes pretenden”, ha replicado Bautista a la portavoz socialista. En su intervención, el vicepresidente extremeño ha ido un paso más allá al exigir al PSOE que no dé lecciones en este ámbito, recordando que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se encuentra bajo investigación judicial por su vinculación con el régimen venezolano.

Frente al modelo de convenios estatales que defiende el PSOE, el Gobierno regional ha anunciado que toda la ayuda humanitaria destinada a paliar los daños de los seísmos del pasado 24 de junio se canalizará de forma alternativa a través de la Asociación de Venezolanos en Extremadura (Asovenex), garantizando así que llegue a los ciudadanos y no a estructuras gubernamentales.

Por su parte, los socialistas han insistido en que la salida de Extremadura de estos acuerdos de colaboración con el Gobierno de España despoja a la región de herramientas fundamentales de respuesta rápida. Según Gil Rosiña, con estas decisiones y la previa liquidación de la Agencia Extremeña de Cooperación (AEXCID), el Ejecutivo de Guardiola está desmantelando una “política pública esencial, perdiendo por el camino la especialización y la memoria técnica de décadas de solidaridad extremeña”.

Con este panorama, el PSOE ha exigido una rectificación inmediata para recuperar el convenio de acción humanitaria, mientras que el Ejecutivo da por cerrado el cambio de rumbo en la fiscalización de los fondos destinados al exterior.

La implantación de la administración electrónica en la Justicia ha topado con un obstáculo inesperado que afecta de lleno a la identidad local en las Vegas Altas. La alcaldesa de Villanueva de la Serena, Ana Belén Fernández, ha reclamado formalmente al Ministerio de Justicia una modificación urgente en el sistema informático del Registro Civil. El motivo es una rigidez de la plataforma que provoca que, a efectos legales, ningún hijo de familias empadronadas en Villanueva conste como nacido en su ciudad si el parto se atiende en el hospital comarcal.

El problema radica en la entrada en vigor, en enero de 2025, del nuevo sistema digital conocido como DICIREG. Esta aplicación informática, diseñada para unificar los registros de toda España, impide realizar la inscripción en el municipio de residencia de los padres si este es distinto al del centro sanitario. Al estar el Hospital Don Benito-Villanueva ubicado físicamente en el término municipal dombenitense, el sistema asigna automáticamente esa localidad como el lugar de nacimiento de todos los bebés, borrando el arraigo familiar de los vecinos de Villanueva y de otros municipios de la comarca.

En una comparecencia a las puertas del centro hospitalario, Fernández ha defendido que la Ley 20/2011 de ordenación del Registro Civil buscaba modernizar y agilizar el funcionamiento del sistema, pero en ningún caso eliminar los derechos históricos de las familias. La normativa actual mantiene intacto el derecho de los padres a inscribir a sus hijos en el municipio donde están empadronados —conforme al Decreto de 1958—, un resquicio legal que la rigidez del código informático del Ministerio se está saltando por defecto.

Un derecho frente a la rigidez del algoritmo

Por ello, la regidora extremeña ha instado al Gobierno central a adaptar el programa informático para recuperar de inmediato la práctica que se venía realizando con normalidad hasta finales de 2024. Además, ha solicitado que la subsanación del error del DICIREG tenga carácter retroactivo desde enero de 2025, evitando así un agravio comparativo a las cientos de familias afectadas en el último año y medio que quieren que sus hijos mantengan su origen civil en Villanueva.

Consciente de la sensibilidad territorial de la zona, y después de que Don Benito haya dado esta semana carpetazo a la fusión con Villanueva, Ana Belén Fernández ha querido rebajar cualquier tensión local asegurando de forma tajante que esta reivindicación “no es una cuestión contra nadie, sino de justicia”.

Asimismo, ha recordado que el problema provocado por el software del Ministerio no es un caso aislado ni exclusivo de Villanueva de la Serena, sino que perjudica en cascada a todos los municipios del área sanitaria cuyos vecinos dan a luz obligatoriamente en el hospital y ven cómo la burocracia digital desdibuja el verdadero lugar de origen de las nuevas generaciones de la comarca.

La oferta universitaria en Extremadura es aún pública en su totalidad, pero eso va a cambiar muy pronto. PP y Vox aprobaron el pasado octubre la puesta en marcha de Uninde, que ultima su desembarco en Badajoz, y al mismo tiempo, se encuentran en tramitación otros tres centros privados en la región. El más adelantado es el proyecto del Grupo Plantea, denominado Universidad Abierta de Extremadura-ONEX, con una oferta de grados y másteres 100% online.

En septiembre recibió luz verde de la Conferencia General de Política Universitaria, aunque de forma condicionada, y esta semana superará un trámite más cuando se haga oficial el dictamen del Consejo Económico y Social (CES) de Extremadura, que se ha aprobado en pleno por un solo voto.

Según ha podido saber elDiario.es Extremadura, el posicionamiento del CES es “duro” ante la llegada de otra universidad privada a la comunidad, pero no con la suficiente contundencia que seis integrantes del pleno han considerado necesaria debido a la calidad del proyecto, su “poco” valor añadido y la “competencia” que supondrá para la Universidad de Extremadura. Todos ellos van a incorporar un voto particular al dictamen, por lo que hasta finales de semana no se dará traslado a la Consejería de Educación para que continúe la tramitación. Hay que tener en cuenta que este informe es preceptivo pero no tiene carácter vinculante, a pesar de que refleja la opinión de los agentes sociales y económicos de la comunidad.

Expendeduría de títulos

En concreto, son UGT, CCOO, la Universidad de Extremadura, el Consejo de la Juventud de Extremadura, el Tercer Sector y el representante de la economía social los integrantes que han anunciado un voto particular al dictamen.

UGT ya ha registrado su voto contrario al proyecto del grupo Planeta, que cuenta con Segundo Píriz, que fue rector de la Universidad de Extremadura durante dos legislaturas. A juicio de UGT, este tipo de macroproyectos no persiguen el interés general de la región, sino “un beneficio particular” amparándose bajo el prestigioso marchamo de la palabra “universidad”. Además, al ser formación 100% digital, el sindicato considera que no tendrá un impacto real en la fijación de la población ni contribuirá a crear un ecosistema investigador extremeño, funcionando más como “expendedurías de títulos” de carácter global que como motores de desarrollo regional.

UGT ha valorado que iniciativas como la Universidad Abierta “transforman un derecho fundamental en un negocio, favorecen la segregación social, debilitan el sistema universitario público y no aportan una innovación real a la oferta educativa de la región”. Por ello, ha reclamado una Ley de Universidades de Extremadura, “que establezca condiciones mínimas de calidad, exigencias claras y garantías suficientes para impedir una competencia desleal en perjuicio de la Universidad Pública”.

“A la Universidad Abierta le sobra el complemento de Extremadura, pues se trata de un proyecto ajeno a la región y a su futuro”, han afirmado desde UGT.

Un peligro para la educación pública

Para CCOO, el dictamen del Consejo Económico y Social “no deja totalmente establecido que el interés general de Extremadura exige priorizar el fortalecimiento del sistema universitario público y evitar decisiones que puedan incrementar la competencia por un alumnado cada vez más reducido”. Por ello, propone que la política universitaria de la Junta se oriente “a consolidar y poner en valor la Universidad de Extremadura como instrumento esencial para el progreso económico, la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades de la ciudadanía extremeña”.

Este sindicato considera que no hay una “oportunidad real” para la implantación de una institución universitaria de carácter privado en Extremadura. “La documentación incorporada al expediente no acredita la existencia de una demanda social en Extremadura que justifique la creación de una nueva universidad privada”. De hecho, CCOO ha desvelado que el dictamen de CES pone de manifiesto que el informe de necesidad y oportunidad “no realiza un análisis riguroso de las necesidades formativas de la comunidad autónoma ni identifica las carencias del actual sistema universitario que esta universidad venga a resolver”.

La Universidad de Extremadura también ha mostrado su preocupación por el “escaso” impacto territorial de un modelo que va a ser íntegramente virtual, y, en este sentido, CCOO cree que no va a generar empleo estable ni cualificado de forma significativa. Además, denuncia que la expansión continuada de universidades privadas en España coincide con un progresivo debilitamiento financiero del sistema universitario público. Antes de favorecer la incorporación de nuevas universidades privadas, la administración debería garantizar una financiación suficiente, estable y previsible para la universidad pública, reforzando su capacidad docente, investigadora y de transferencia del conocimiento.

Titulaciones que ya existen

El Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx), el máximo órgano de representación de los jóvenes extremeños, también ha rechazado el dictamen y ha registrado ya su voto particular. Su presidenta, Lidia Solana, ha remarcado que la posición del CJEx es “clara y firme” en defensa de una universidad pública “accesible, inclusiva y de calidad” y, sin embargo, la oferta de Planeta “coincide con titulaciones que ya existen en nuestro sistema público”.

Solana también ha explicado las dudas del Consejo de la Juventud sobre la necesidad de esta nueva universidad 100% online, que, además, no acredita que su oferta académica “responda a las necesidades formativas del tejido empresarial”. Además, “las prácticas se harán fuera de Extremadura, con lo que se favorece la fuga de talento”, ha destacado.

Ahora el proyecto debe pasar por el Consejo de Estado y volver a la Junta de Extremadura, para que el Gobierno regional lo remita a la Asamblea, que será la que tenga la última palabra. Además de Uninde y la Universidad Abierta de Extremadura, esperan su turno para desembarcar en la comunidad la Universidad Europea de Extremadura, de la Iniciativa Educativa Extremadura, y la Universidad CEU Núñez de Balboa, promovida por la Fundación Universitaria San Pablo CEU.

La aprobación de Uninde, el primero proyecto privado en la comunidad, estuvo rodeada de polémica porque la Junta de Extremadura se empeñó en llevar el proyecto a la Asamblea poco antes del adelanto electoral ordenado por María Guardiola, sin haber completado la tramitación e incluso con un informe negativo de sus servicios jurídicos. El Ejecutivo regional no informó de los últimos consejos de gobierno en los que se trató la iniciativa, incluyendo uno que fue extraordinario y, además, se elevó al Parlamento por lectura única, es decir, sin dar la posibilidad a los grupos políticos de debatir sobre este centro universitario privado, ni presentar enmiendas ni escuchar la opinión y propuestas de la sociedad civil y especialistas en la comisión parlamentaria.

Punto y final definitivo al mayor proyecto de reestructuración territorial de la historia reciente de Extremadura. El pleno del Ayuntamiento de Don Benito ha aprobado por unanimidad, la moción presentada conjuntamente por el partido localista Siempre Don Benito y el PP para declarar la paralización definitiva de cualquier actuación administrativa o política derivada del proceso de fusión con Villanueva de la Serena, iniciado en 2021.

El acuerdo alcanzado en la sesión ordinaria de junio escenifica un vuelco político clave: el PSOE dombenitense, que en la comisión informativa del pasado 24 de junio se había formulado reserva de voto, terminó sumándose al bloque de gobierno en el pleno. Con este movimiento, todas las fuerzas políticas de la corporación cierran filas para dar carpetazo a un expediente que ha marcado la agenda y la polarización social de la comarca de las Vegas Altas durante los últimos cinco años.

El texto aprobado no solo decreta la parálisis política, sino que plantea dejar sin efecto todos los compromisos u obligaciones legales derivados de aquel procedimiento. De forma inmediata, el consistorio dombenitense comunicará formalmente esta resolución de archivo al Ministerio de Política Territorial, a la Junta de Extremadura, a la Diputación de Badajoz y al propio Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, desactivando cualquier trámite censal, fiscal o de unificación de plantillas que permaneciera en el limbo administrativo.

Con esta ratificación unánime, se entierra formalmente la aspiración aprobada en la consulta popular de febrero de 2022, cuyo ajustado y polémico resultado en Don Benito propició el nacimiento de la plataforma Siempre Don Benito y el posterior cambio de color político en las municipales de 2023.

La vía de la Mancomunidad como alternativa

A pesar del cierre de la vía jurídica para crear un único municipio, la moción aprobada recoge explícitamente la voluntad de Don Benito de “mantener relaciones de colaboración institucional y cooperación intermunicipal” con Villanueva de la Serena en proyectos de interés común. Sin embargo, el documento matiza de forma taxativa que este trabajo conjunto se desarrollará estrictamente “al margen del proceso de fusión”.

A partir de ahora, la herramienta elegida para articular la cooperación estratégica entre ambas localidades será la Mancomunidad Integral de Servicios Don Benito-Villanueva. El pleno define a este ente como el “órgano institucional para la planificación y gestión de proyectos conjuntos”, convirtiéndolo en el nuevo paraguas técnico para la captación de fondos europeos (como las estrategias EDUSI o Next Generation) y la optimización de servicios compartidos, salvaguardando la total independencia jurídica, fiscal y electoral de ambos municipios.

Un giro político a un año de las elecciones

La unanimidad del pleno visibiliza cómo el mapa político regional ha terminado por asumir la inviabilidad del proyecto en las condiciones sociales actuales. Aunque el proceso fue impulsado originalmente con un amplísimo consenso que incluyó a los entonces alcaldes de ambas localidades y a las direcciones nacionales de los principales partidos, el desgaste y la contestación social han enfriado las posturas hasta el extremo.

El paso al frente del PSOE local en Don Benito, respaldado por la dirección regional del partido —que en los últimos días ya venía apuntando que “ahora no toca” reabrir este debate de cara a la próxima cita electoral—, asume el pragmatismo municipal frente a la vía de la fusión, que queda formalmente metida en un cajón tras la sesión de este lunes. El acuerdo final será publicado en los próximos días en el tablón de anuncios y en la sede electrónica municipal a efectos de publicidad y transparencia.

El yacimiento tartésico de Casas del Turuñuelo, ubicado en Guareña (Badajoz), suma un nuevo hito arqueológico a su ya extraordinaria trayectoria. Los trabajos arqueológicos de la octava campaña de excavaciones han sacado a la luz un excepcional carro de bronce con una estructura y decoración nunca vistas con anterioridad en la península ibérica. Las primeras interpretaciones del equipo investigador apuntan a que el vehículo procede de la antigua Etruria (en la actual Italia), el único lugar donde se han encontrado ejemplos similares.

El hallazgo, presentado este miércoles en Madrid, se suma a la recuperación de cerámicas y marfiles que evidencian la existencia de potentes redes de intercambio comercial de objetos de lujo entre este enclave del suroeste peninsular y distintos territorios del Mediterráneo durante el siglo V a. C.

Las excavaciones están lideradas por el Instituto de Arqueología de Mérida (IAM), un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) —organismo adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades— y la Junta de Extremadura.

Iconografía mitológica vinculada a banquetes rituales

La pieza ha sido localizada en el sector sur del edificio principal, un área cuyas excavaciones comenzaron en el año 2015. El carro conserva una rica decoración figurativa en su caja: en la parte frontal aparece representado un Aqueloo —una divinidad fluvial que, por su gestualidad, podría vincularse con el inframundo—, mientras que los laterales están ornamentados con dos grifos (seres mitológicos con cabeza de águila y cuerpo de león). Toda la estructura descansa sobre dos ruedas también decoradas y está sostenida en los extremos por dos figuras humanas con los brazos alzados.

“Es uno de los hallazgos más relevantes realizados hasta la fecha en este enclave tartésico del siglo V a. C.”, ha destacado Esther Rodríguez, codirectora de las excavaciones.

Respecto a su uso, los investigadores señalan que las piezas paralelas conocidas proceden de la civilización etrusca, que vivió su máximo esplendor en Italia central entre los siglos VIII y V a. C. Aunque su función exacta está por determinar, el codirector de las excavaciones, Sebastián Celestino, apunta que podría “estar relacionada con actividades rituales vinculadas fundamentalmente con los banquetes”. De hecho, el descubrimiento se ha producido al lado de la estancia denominada 'habitación del banquete', el espacio que albergó el ágape final con el que la comunidad del Turuñuelo clausuró el edificio.

Junto al carruaje de bronce, los arqueólogos han recuperado un destacado conjunto de materiales importados que revelan el contacto directo con el Mediterráneo oriental. Entre ellos, destaca una cerámica procedente de la región del Ática (Grecia), un recipiente de alabastro egipcio y marfiles decorados con representaciones de guerreros y motivos animales y vegetales.

Según explica Esther Rodríguez, estos objetos aportan una información extraordinaria para reconstruir las redes comerciales de la época: “Estamos documentando importaciones y piezas únicas que ayudan a reconstruir estas redes de intercambio”.

Nuevas habitaciones en el gran edificio de adobe

Esta última campaña, en la que han participado cerca de un centenar de investigadores, se ha desarrollado durante abril y mayo, y se ha centrado en los sectores norte y sur del túmulo de 90 metros de diámetro y seis de altura bajo el cual el edificio fue sellado intencionalmente a finales del siglo V a. C. Las tareas se han desplegado a ambos lados de la estancia H-100, una habitación de unos 70 metros cuadrados que es la más grande excavada hasta ahora en el complejo.

Los trabajos han sacado a la luz nuevas habitaciones y espacios de circulación que amplían el conocimiento de la arquitectura del complejo, cuyo estado de conservación sigue siendo excepcional. En el sector norte se han hallado dos braseros y un caldero de bronce, si bien el volumen de material cerámico recuperado en esta campaña ha sido significativamente menor en comparación con las anteriores. “Aunque todavía no podemos aportar información concluyente sobre la funcionalidad de los nuevos espacios, los hallazgos materiales están permitiendo avanzar de forma significativa”, valora Rodríguez.

Una vez concluidos los trabajos de campo, el proyecto arranca su segunda fase, centrada en la restauración, documentación, dibujo y análisis de las piezas. Estas labores de conservación se llevarán a cabo en el Servicio de Conservación, Restauración y Estudios Científicos del Patrimonio Arqueológico (SECYR) de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), institución que colabora con el proyecto 'Construyendo Tarteso' desde que se iniciaron las excavaciones hace una década.

'Construyendo Tarteso' es un proyecto de la Agencia Estatal de Investigación, integrado en el Plan Estatal I+D+i del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que busca caracterizar la cultura material tartésica mediante el análisis arquitectónico de sus grandes edificios de adobe.

El hallazgo del carro de bronce se suma a una cadena de descubrimientos históricos en este yacimiento pacense: el mayor sacrificio de animales del Mediterráneo occidental (2017), las primeras representaciones humanas de Tarteso (2023), una placa de pizarra con escenas de guerreros y un abecedario paleohispánico (2024) y el altar de mármol griego más antiguo del Mediterráneo occidental (2025).

La Policía Nacional, en una investigación conjunta con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Extremadura, ha desmantelado una organización criminal presuntamente dedicada a la introducción y depósito de armas prohibidas en Badajoz. La denominada 'Operación Alcántara' se ha saldado con la detención de dos hombres y una mujer, de entre 30 y 46 años, y el ingreso en prisión del principal investigado.

La investigación comenzó el pasado mes de mayo, cuando el Grupo Tercero de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Badajoz recibió informaciones sobre un entramado que introducía armas de fuego en la ciudad. Estas pesquisas coincidieron en el tiempo con la proliferación de varios episodios violentos registrados en la localidad durante los últimos meses.

Tras semanas de vigilancias discretas, los agentes descubrieron un sofisticado modus operandi. Los sospechosos aprovechaban su condición de responsables en una empresa de paquetería local para gestionar los envíos. Para blindar su seguridad y evitar el rastreo policial, utilizaban identidades falsas, empresas ficticias, direcciones de entrega erróneas y números de teléfono a nombre de terceras personas.

La entrega de la mercancía ilícita nunca se realizaba en una sede oficial: quedaban en puntos previamente seleccionados de la vía pública y, una vez recogidos los paquetes, los trasladaban a su propio almacén de reparto. Allí los mezclaban con envíos legales para moverlos hasta sus domicilios particulares simulando ser repartidores convencionales en mitad de su jornada laboral.

Interceptado con un subfusil en plena calle

El pasado 11 de junio, el equipo multidisciplinar antitráfico detectó la llegada de un paquete sospechoso y desplegó un fuerte dispositivo de vigilancia. Los agentes interceptaron al líder de la organización justo en el momento en el que se hacía cargo del envío en la calle.

Al abrir el paquete, las fuerzas de seguridad hallaron un arsenal de guerra: un subfusil del calibre 9 milímetros parabellum con culata retráctil, un arma corta del calibre 380, un silenciador y un cargador cilíndrico de alta capacidad. El hombre fue detenido de inmediato de forma flagrante.

De forma simultánea, y con la correspondiente autorización judicial, los agentes entraron a registrar el almacén de paquetería y los domicilios de los investigados, que permanecían custodiados por el operativo. En el interior de los inmuebles se intervinieron otras siete pistolas, un segundo silenciador, 4.610 euros en efectivo y un total de 3.355 euros en billetes presuntamente falsos. Según han confirmado fuentes policiales, todas las armas incautadas presentaban manipulaciones severas, como el borrado sistemático de los números de serie y modificaciones técnicas que prohíben por completo su comercialización en España.

Tras pasar a disposición judicial, el magistrado de guardia ha decretado el ingreso inmediato en prisión para el principal cabecilla, dándose la operación por completamente finalizada.

Las cuentas de la Junta de Extremadura para el año que viene dejan muy claro qué le gusta y qué no le gusta al Gobierno de PP y Vox. Con la entrada de la extrema derecha en el Ejecutivo de María Guardiola hay prioridades que han cambiado por completo y la batalla ideológica ultra se comienza a notar.

El primer presupuesto pactado esta legislatura por PP y Vox, el de 2026, se aprobará el 30 de junio y, además de los ajustes para encajarlo en el acuerdo de gobierno, evidencia a qué se refiere la formación ultra cuando habla de prioridad nacional: un recorte sin precedentes en solidaridad sociales, que incluso han criticado las diócesis extremeñas, y un gasto histórico para blindar el negocio de los toros. Es decir, la Junta de Extremadura cerrará el grifo de dinero público para la cooperación internacional, la educación en las aulas de la región contra los mensajes de odio y la ayuda a los migrantes, mientras que, por el otro, abrirá de par en par la ventanilla para regar con subvenciones al sector taurino.

El encargado de poner voz a este giro ha sido el vicepresidente del Ejecutivo y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, el líder de Vox en Extremadura. Durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda de la Asamblea para defender las cuentas de su departamento para este año, el dirigente ultra no ha ocultado que la 'tijera' responde a la implantación de lo que su formación denomina “prioridad nacional”: “Hemos recuperado la prioridad. La solidaridad no consiste en olvidarse de los propios para poner primero a los que acaban de llegar”, dijo en sede parlamentaria.

La aplicación práctica de ese concepto se traducirá en la asfixia económica del tejido asociativo que trabaja con las personas más vulnerables. Fernández Calle anunció la revisión y supresión de las subvenciones nominativas destinadas a programas de inmigración y asesoramiento a extranjeros. Entidades históricas como Accem (encargada de gestionar el centro de acogida de personas refugiadas de Mérida), Cepaim o Progestión se quedarán sin las ayudas de la administración autonómica para estos fines.

El vicepresidente ha justificado la medida alegando que su departamento rechaza seguir “financiando estructuras ligadas a la inmigración ilegal y descontrolada”, y ha llegado a comparar el coste mensual de una plaza para un menor migrante no acompañado (7.100 euros) con el sostenimiento de las residencias de mayores de la región. “Queremos llevar los recursos de los extremeños a las necesidades de los extremeños”, añadió, tras tildar las redes de solidaridad de “coartada ideológica y negocio”.

Pero el recorte a los colectivos sociales no se queda ahí. La nueva vicepresidencia también finiquitará, una vez aprobadas las cuentas regionales, las políticas de cooperación al desarrollo. En 2023, Extremadura destinaba más de 12,7 millones de euros a esta materia, situándose como la tercera región de España que más fondos invertía en relación con su PIB. Tras la entrada de Vox en el Ejecutivo en 2023, la cuantía bajó a 9,4 millones, y el hachazo definitivo llega ahora: el presupuesto de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) se desploma hasta una cantidad casi testimonial de 987.000 euros. Un tijeretazo del 92% que deja a la comunidad a la cola de la solidaridad internacional. Es lo justo para mantener con respiración asistida a un ente público que la extrema derecha no puede hacer desaparecer porque la ley extremeña de Cooperación lo impide, pero su directora, Isabel Belloso, nombrada por el PP, ha dimitido tras conocer los planes ultras.

“La solidaridad no puede convertirse en la coartada ideológica y el negocio que hace de esto su modo de vida”, ha sostenido el vicepresidente ante la comisión parlamentaria, a pesar del llamamiento que han hecho los obispos de Coria-Cáceres, Mérida-Badajoz y Plasencia a PP y Vox para que reconsideren el recorte de fondos. Las diócesis extremeñas han defendido públicamente que la cooperación al desarrollo forma parte del compromiso ético y social de Extremadura y alertan de las consecuencias de la reducción presupuestaria.

Las ONG también estudian protestas contra los presupuestos de la Junta. Han iniciado una ronda de contactos con los grupos políticos para intentar revertir este escenario y “por fin” el PP se reúne con la Coordinadora Extremeña de ONGD este viernes. La CONGDEX ha denunciado que desaparecerán los programas de desarrollo que se ejecutan en el exterior, como América Latina y África subsahariana, y la de acción humanitaria y emergencia, con la que se ayuda en caso de catástrofe.

Junto a ellas también se finiquitará, por falta de fondos, la línea de educación para la ciudadanía global, que se ejecuta en Extremadura, gracias a la que organizaciones sociales trabajan en centros educativos “para que el sistema de valores sea un sistema que haga de muro de contención a los discursos de odio”.

El 500% más para los toros

Sin embargo, la prioridad y la austeridad esgrimidas por Vox para desmantelar la red asistencial de los migrantes desaparecen cuando se trata de la tauromaquia, cuyas competencias gestiona la misma formación a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

El presupuesto taurino en la región va a experimentar una subida sin parangón, escalando de los 297.500 euros previos a los 1,78 millones de euros (un aumento de casi el 500%). Las cuentas incluyen el trasvase de 700.000 euros de fondos públicos directos (el ejercicio pasado recibieron 69.000 euros) al lobby Fundación Toro de Lidia —un ente privado de promoción taurina— para la organización de circuitos de novilladas, además de iniciar los trámites para blindar legalmente las corridas protegiéndolas bajo la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC).

El consejero Juan José García ha justificado este incremento de fondos con criterios meramente económicos. Su departamento sostiene que la tauromaquia genera en la región un impacto económico superior a 28 millones de euros y mantiene a más de 1.000 puestos de trabajo directos e indirectos, así como que en Extremadura pastan más de 120 ganaderías de toro bravo.

Además de la ayuda a la citada Fundación, Vox ha incluido 300.000 euros para el Circuito de Novilladas, 400.000 euros para el Circuito Conquistadores, 550.000 euros para difusión de la cultura taurina, 200.000 euros en ayudas a peñas taurinas, 150.000 euros para espectáculos taurinos, 150.000 euros en ayudas a la difusión de la cultura taurina y 30.000 euros para la Escuela Taurina de Coria.

No tenía nada que ver en el debate de este jueves en la Asamblea. La pregunta era sobre el modelo de región que María Guardiola busca con la aprobación de los presupuestos más altos de la historia, pero la respuesta de la presidenta de Extremadura ha ido a lo personal. Guardiola ha decidido reprochar al líder regional del PSOE, Álvaro Sánchez Cotrina, su reciente baja por paternidad, que, a su juicio, ha sido “intermitente y selectiva”.

Sánchez Cotrina ha cuestionado las prioridades de gasto de PP y Vox en los presupuestos que se aprobarán a finales de mes y ha afeado la privatización de la sanidad pública y el atasco en las listas de espera. En su respuesta, Guardiola ha optado por el ataque personal al reprochar al secretario regional del PSOE que no estuviera en el debate de investidura por su permiso por el nacimiento de su hijo.

“Yo no le voy a hablar de sus ausencias en el ámbito personal, en ningún momento de la política porque no me dedico a cuestionarla a usted y tampoco a fijarme qué es lo que hace en el ámbito personal”, ha respondido Sánchez Cotrina, que ha criticado a Guardiola por “rendirse a los postulados de la ultraderecha”.

El PSOE se ha pronunciado sobre estas críticas y ha recordado a la jefa del Ejecutivo extremeño que la baja por paternidad “no es una ausencia, sino del ejercicio de un derecho reconocido por la ley, del que hoy disfrutan miles de familias españolas y que ha supuesto un avance decisivo para favorecer la corresponsabilidad en la crianza y la igualdad entre hombres y mujeres”.

Según los socialistas, “con sus palabras, la señora Guardiola no solo falta al respeto al secretario general del PSOE, sino también a todos los padres que ejercen ese derecho y a las familias que entienden que cuidar de un hijo no es un privilegio, sino una responsabilidad compartida” y ha calificado este ataque como “impropio de quien ostenta la máxima responsabilidad institucional en Extremadura”.

Las alusiones personales de la presidenta durante los debates en la Asamblea también han sido criticados por la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel. Al finalizar su pregunta a Guardiola sobre la autorización que la Junta quiere obtener de la Fiscalía para la realización de pruebas de edad a los menores migrantes en situación de acogida, De Miguel ha aprovechado para advertir:“Por cierto, señora Guardiola, la próxima vez que se dirija a mí y lo haga atacándome en lo personal, como hace usted habitualmente, con esa elegancia, mostrando lo mucho que le molesta que yo esté aquí haciendo oposición, le voy a contestar con una frase de Mägo de Oz: 'Si molesto, me quedo'”.