En seis meses no había podido hacer otra cosa sino «volver siempre mañana», y que a la vuelta de tanto «mañana», eternamente futuro, lo mejor, o más bien lo único que había podido hacer bueno, había sido marcharse. En 1833 Mariano José de Larra publicaba Vuelva usted mañana. Un texto del siglo XIX para hablar de una política que se mantuvo en el siglo XX y que, sin haber cambiado apenas, sigue viva en pleno siglo XXI.

Ejemplos no faltan. Hace unas semanas vivimos el colapso de los sistemas informáticos para las ayudas de 2.000 euros a 10.000 autónomos en Catalunya. Una ayuda a la que se debería haber accedido en función del cumplimiento de unas características y requisitos, y no en función de la rapidez en rellenar una solicitud online de los más de medio millón de autónomos catalanes.

Seguimos: recientemente supimos que en la demarcación de Barcelona sólo el 15% de las personas en situación de desempleo a partir del mes de agosto habían cobrado la prestación. Muchas personas desocupadas no habían recibido su prestación de paro en los últimos tres meses por la saturación de las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que se suman a muchas otras que llevan meses con los pagos de los ERTE varados en la maquinaria burocrática. 

Y por citar un último caso: el Tribunal de Cuentas Europeo, en un informe del pasado mes de septiembre, afirmó que dos de cada tres euros que España recibe de las ayudas de la UE no se aprovechan, no se gastan y se pierden por ineficiencia institucional. Entre los años 2014 y 2020 España sólo ha aprovechado el 39% de las ayudas europeas que recibía, siendo el tercer estado con menos capacidad de absorción, sólo por delante de Croacia e Italia. De hecho, la Comisión Europea ha recomendado a España y al resto de estados que recibirán fondos de reconstrucción invertir parte de estos recursos en la digitalización y la modernización de la Administración pública. 

Vivimos tiempos exigentes, que demandan respuestas rápidas por parte de la política. Pero las soluciones no son efectivas sin unas instituciones del siglo XXI. Somos una sociedad agotada que tras arrastrar los efectos de una década de crisis en la que la política no supo ofrecer las respuestas y soluciones necesarias, ahora se topa con una nueva. Una sociedad frustrada por las promesas incumplidas, que vive con recelo y con desconfianza cuál será la capacidad de respuesta de la política en esta etapa. Así lo indica el Centro de Estudios de Opinión en su último barómetro: sólo el 38% aprueba a los políticos.

Entender el mundo en que vivimos es más necesario que nunca porque son muchos los que en la última década han comprobado como, a pesar de seguir con obediencia la trayectoria y pautas que debían llevarlos a mejorar las condiciones de vida de sus padres, descubren lo difícil que es hoy sacar adelante un proyecto profesional o vital. Y como hemos podido comprobar en los últimos días, desde la perspectiva de un autónomo o de un pequeño empresario o, de hecho, de cualquier ciudadano que sufra los impactos de la crisis, seguir con unas instituciones del siglo XX tiene demasiados riesgos.

Somos testigos de un cambio de época. Hace más de veinte años que se está gestando, y se acelera con la crisis que hemos vivido. Nada volverá a ser igual. Y, por ello, la política no puede hacer como si nada. Y a diferencia de hace una década, para canalizar el sufrimiento provocado por esta nueva crisis, esta vez no podremos contar con la ilusión de la primera fase del proceso independentista, ni tampoco con la “apertura constituyente” que ofrecía el 15M. Para canalizar la decepción por las promesas incumplidas y la frustración por la falta de oportunidades, se necesitan respuestas al cambio de época por el que pasamos.

Ante “la nueva normalidad” del miedo, la incertidumbre y la frustración, necesitamos una política que sea empática, que conecte con el estado de ánimo de la gente. Una política empática no es sólo una actitud, es aquella que se demuestra útil para recuperar el control de nuestras vidas. Necesitamos más capacidad de adaptación y flexibilización para atender una sociedad cada vez más heterogénea y cambiante. Necesitamos unas políticas más transversales que amplíen la mirada sobre la realidad, la búsqueda de alianzas y la complicidad entre varios actores para llevarlas a cabo.

Debemos trabajar por una institución capaz de liderar, de gestionar redes, de monitorizar, evaluar, de arriesgarse, de rectificar, de rendir cuentas. Con nuevas fórmulas de participación adaptadas al siglo XXI, conectadas con la potencialidad de la transformación digital. Necesitamos una política transparente que muestre credibilidad y genere confianza. Y, también, una política que incentive los expertos más dinámicos del mundo académico, profesional o comunitario, los más activos y con más capacidad de ofrecer respuestas, para que se decidan a dar un paso temporal a las instituciones para ofrecer sus conocimientos y su compromiso para trabajar por la gente.

Porque necesitamos toda la convicción y ambición posible para modernizar las instituciones y el país y construir un nuevo futuro. El único camino hoy es ofrecer una política del siglo XXI. Toca Reiniciar la política, para actualizarla a los nuevos tiempos, para adaptarla a la complejidad, para que vuelva a ser útil. La situación pide un “reset” para reiniciar una política del siglo XXI.

Elisenda Alamany es concejal por ERC-NOVA en el Ayuntamiento de Barcelona. Xevi Montoya es concejal por Guanyem Girona en el Ayuntamiento de Girona. Marc Grau es presidente de NOVA y consultor político.

En los próximos días el president de la Generalitat podría decidir la fecha de las próximas elecciones al Parlament de Catalunya. Una decisión que se tome, o no, marcará la gobernabilidad de nuestro país durante los próximos meses. En política y, de hecho, esto se podría aplicar en la mayor parte de dimensiones de nuestra vida, la toma de decisiones no se basa en pasar de la situación actual a una situación ideal, sino en saber elegir la mejor opción de entre las opciones posibles. Es decir, cuando tenemos que elegir entre diferentes opciones disponibles, debemos decantarnos por aquella con la que salimos mejor y más fortalecidos.

En el momento en que escribimos estas líneas, el president Torra espera recibir noticias de una más que probable inhabilitación. Una inhabilitación por haber mantenido puesta unas horas una pancarta en la que se pedía la libertad de los presos políticos.

Una sentencia injusta que demuestra la debilidad democrática de un poder judicial que no investiga las corruptelas de la monarquía, ni ataca con firmeza las malas prácticas bancarias, pero no duda a la hora de atacar cualquier muestra de libertad de expresión. Una sentencia injusta que el Tribunal Supremo de seguro no rectificará, sino que avalará y aplaudirá.

Hasta que se confirme la inhabilitación, el president tiene la potestad de decidir la fecha de las próximas elecciones. En caso contrario, una vez que el Supremo ratifique la sentencia condenatoria, ésta será firme y se activará el procedimiento previsto que acabará con unas nuevas elecciones. Y esta situación nos lleva al peor escenario: Catalunya quedará sin president y con un gobierno en situación provisional durante un período que podría superar los cuatro meses.

Sea cual sea la decisión, parecería de sentido común tener en cuenta cuál es la que nos deja en mejor situación. La que deja en mejor situación al país; no a unos partidos o a la mitad de un gobierno. De lo contrario, estaríamos haciendo pagar una anomalía democrática a la ciudadanía.

Una anomalía democrática que nos llega en medio de una pandemia que ha hecho que vivamos en una situación de incertidumbre y de dudas generalizadas que no pueden encararse con unas instituciones débiles o un gobierno descabezado. No podemos parar el país y necesitamos un gobierno que dé respuesta a las necesidades y los retos de un nuevo tiempo. Somos una sociedad que ha cambiado mucho en los últimos años, unos cambios que se aceleran en cada crisis que vivimos. Ni las dinámicas sociales o económicas, ni la concepción del trabajo, ni las estructuras sociales y familiares o las formas de interacción son las mismas (ni lo volverán a ser) y no podemos poner el país en pausa.

En este contexto, es injusto e incomprensible estar hablando de un president inhabilitado por retirar una pancarta unas horas tarde. Y es un escándalo que los tribunales decidan quién es presidente, o no, de Catalunya. Pero si el Tribunal Supremo inhabilita Torra, no podemos quedar paralizados y no podemos permitirnos el lujo de bloquear las instituciones catalanas. Los próximos meses necesitaremos más que nunca un gobierno para dar respuesta a la situación delicada por la que pasamos. Quedarnos meses con un gobierno provisional no nos hace más fuertes como país. En plena pandemia y crisis económica no es momento de gesticulaciones ni de “jugadas maestras”, es momento de estar a la altura y tener un gobierno fuerte que haga políticas que protejan la ciudadanía e impulsen la economía catalana.

Después de todo, la política tiene sentido si es útil. En este sentido, cuando hablamos de la mejor estrategia soberanista no deberíamos hablar sólo de lo que deben hacer unos partidos, o una parte del país. Hablamos de cuál es la mejor estrategia para el futuro de Catalunya. Construir un país nuevo, tomar decisiones, encarar una pandemia, reactivar la economía y combatir la represión se hará con un gobierno fuerte, no con una situación de provisionalidad absoluta.

La fecha de las elecciones y la posibilidad de dejar el país durante meses con un gobierno provisional es algo demasiado serio como para que sea una decisión que tome el Tribunal Supremo o que se tome en función de los intereses internos de un partido. Hoy lo que está en juego, lo que depende del president de la Generalitat, es la decisión sobre la fecha de las próximas elecciones. La cuestión es si las convocamos ahora para tener un gobierno fuerte lo antes posible o nos resignamos a meses de provisionalidad. Lo que tenemos que valorar es si avanzamos o retrocedemos con cada opción disponible. Si salimos más fuertes o más débiles.