Se cumplen dos años de la firma del II Pacto de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en la Región de Murcia. Desde entonces, se ha dicho mucho pero se ha hecho poco en lo que a las medidas recogidas en el pacto con el que está comprometido el actual gobierno regional.

El pasado 25 de junio, Rosa Cano, presidenta de la Red de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en la Región de Murcia (EAPN-RM), participó en la Comisión Especial de Estudio sobre el Plan de Reactivación Económica y Social, y de Evaluación del Impacto del Coronavirus en la Región de Murcia. Su intervención comenzó con un recuerdo, un reconocimiento y un agradecimiento. 

El recuerdo fue para las personas fallecidas y afectadas (en lo sanitario, en lo económico, en lo social) por la Covid-19. 

El reconocimiento fue para todas aquellas personas que han demostrado ser esenciales para nuestra sociedad: desde las cajeras a las médicas de urgencias, desde los enfermeros a los empleados de la limpieza. En ese reconocimiento, se incluyó, por supuesto, al personal de las entidades del tercer sector que siguieron al pie del cañón incluso en los momentos más difíciles. 

El agradecimiento fue destinado a la Asamblea Regional, por dar la oportunidad a la EAPN Región de Murcia de compartir el conocimiento que tenemos de la pobreza y la exclusión social en la región y exponer ante sus señorías las propuestas que consideramos oportuno se pongan en marcha. Intentamos, una vez más, amplificar la voz de aquellas personas a las que casi nadie quiere escuchar.

El resto de la participación de Rosa Cano ante la Comisión de Reactivación se basó en el ya citado II Pacto de Lucha Contra la Pobreza. 

Somos una organización que cree abiertamente en la política como herramienta de transformación. Uno de nuestros lemas, al que recurrimos cada vez que tenemos ocasión y que tomamos directamente de EAPN Europa, es que acabar con la pobreza es una opción política. En otras palabras: la pobreza no es una tormenta o maldición divina, es la consecuencia de la organización social y económica que nos hemos dado. Es el resultado de decisiones y políticas que no ponen en el centro a las personas y a los derechos que nos son propios. Se deben tomar decisiones y poner en marcha políticas que acaben con la pobreza o que, mientras tanto, la reduzcan todo lo posible.

Dos años después de la firma del II Pacto, es más que evidente que urge pasar del dicho al hecho.

El dictamen de la comisión especial se publicó hace ya algunas semanas. Entre las muchas recomendaciones que incluye (cientos de ellas a lo largo de las 107 páginas de que consta el texto) podríamos citar la puesta en marcha de programas específicos para acabar con la pobreza severa (especialmente con el sinhogarismo en la Región de Murcia), la aprobación de un plan específico para la formación y la empleabilidad de la población más vulnerable o seguir reduciendo la tasa AROPE y disminuyendo el porcentaje de población infantil en riesgo de pobreza o exclusión social en la Región de Murcia. Todas ellas medidas y objetivos recogidos en el II Pacto, al que también se refiere la comisión para pedir que se “acelere” el cumplimiento de las medidas recogidas en dicho pacto. La recomendación de la Asamblea Regional no solo era pasar del dicho al hecho, era hacerlo rápidamente.

La rapidez con la que es preciso que lleguen los hechos la podemos evidenciar atendiendo a los indicadores socioeconómicos que nos deja la pandemia. Hay que tener en cuenta que la región llegó al estado de alarma con un 32% de personas en riesgo de pobreza y exclusión social. A ese preocupante punto de partida hay que sumar los estragos de la pandemia. En la anterior crisis, el PIB regional cayó 4,9 puntos de 2008 a 2009. La caída actual se sitúa, según diferentes estudios, entre 7,3 y el 10. Y esto tiene un impacto directo en la pobreza. Uno de los muchos datos disponibles al respecto: el número de familias atendidas por los Servicios Sociales de Murcia ciudad se disparó un 88% entre marzo y junio de 2020. Otro más: el 75% de las personas atendidas por Cruz Roja con motivo del la Covid-19 jamás había necesitado ayuda de la organización.  

La Comisión Especial, con la emisión del dictamen, terminó su recorrido. ¿Y ahora, qué?  La pobreza y la exclusión social deben ser cuestiones que ocupen de forma continuada a sus señorías. Una de las medidas recogidas en el II Pacto se refiere a la “creación en la Asamblea Regional de Murcia de una Comisión de Pobreza y Exclusión Social de carácter permanente”. La intención de esta propuesta era darle estabilidad a la comisión que ya existió a lo largo de la legislatura pasada. En su momento, EAPN-RM valoró muy positivamente la labor realizada por esta comisión y ahora recordamos que, entre otras cosas, esta comisión puso de manifiesto que en la Asamblea Regional se pueden alcanzar consensos, tal y como lo demuestran las resoluciones que se aprobaron en la sesión celebrada el 18 de marzo de 2019.

La Asamblea Regional es la cámara en la que la representación de la ciudadanía murciana debe abordar la mejor manera de asegurar el cumplimiento de los derechos de, precisamente, la ciudadanía murciana. De toda ella. Incluso, debería dedicar más atención a aquellas personas y familias que están en una situación de mayor vulnerabilidad y, por tanto, ven incumplidos tales derechos. Esa, y no otra, debería ser la prioridad de la Asamblea Regional. No hay tiempo que perder ni podemos permitirnos más distracciones. 

Sin embargo, dos años después de la firma del II Pacto no hay noticias de la comisión permanente de pobreza comprometida para esta legislatura. La importancia, y urgencia de la misma, consideramos que está fuera de dudas. El pasado 16 de octubre de 2020, cuando la junta directiva de EAPN-RM le planteó al presidente de la Asamblea regional la conveniencia de crear dicha comisión permanente, este respondió diciendo que “ahora más que nunca”. 

El dictamen de la Comisión Especial de Reactivación está dirigido al Gobierno de la Región de Murcia porque es su responsabilidad ejecutar las medidas propuestas. La importancia, la urgencia, la necesidad de acelerar las medidas, el “ahora más que nunca” del poder legislativo de la región lo son más si cabe en el poder ejecutivo. En la última reunión que EAPN-RM pudo mantener con el presidente y la vicepresidenta de la Comunidad Autónoma, nos manifestaron que la lucha contra la pobreza era un compromiso de todo el Gobierno Regional. Las murcianas y murcianos en situación de pobreza necesitan que así sea. Y que esas palabras se conviertan en hechos.

No dejar a nadie atrás debe ser un compromiso real no una consigna de cartón piedra. Es, por encima de todo, una cuestión de derechos. Y para eso necesitamos de la política. La de verdad. La que se encarga de los problemas de la gente y la que se ocupa del bien común. La que puede cambiar las cosas a mejor. La que abandona la retórica del “dicho” y avanza hacia los resultados del “hecho”.

La calle mata. La semana pasada murieron tres personas en situación de sinhogarismo en Murcia, me lo contaba una compañera entre lágrimas, mientras se me helaba el corazón… Me faltan manos para contar a las personas que hemos perdido en estos años y la inmensa tristeza reflejada en tantas compañeras a cada muerte vivida. Nadie les velará, ni les llorará, la mayoría de las veces ni saldrá en prensa y eso que los datos contabilizados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (datos 2015) nos dicen que al menos cada seies días muere una persona en la calle en nuestro país (y estas solo las que se contabilizan), además los estudios dicen que su esperanza de vida es entre 20 y 30 años menos. Lo que protege un hogar, no somos conscientes.

Hoy me niego a escribir sobre personas sin hogar, hoy quiero reflexionar sobre el fenómeno del sinhogarismo y el drama social que este genera. ¿Por qué? Porque si individualizamos el problema hablando de personas sin hogar, estamos invisibilizando la responsabilidad que tienen las políticas públicas: de vivienda, de empleo o de servicios sociales en la situación que sufren miles de personas y que responsabilizamos únicamente a ellas de su situación.

Cuando hablamos de sinhogarismo, queremos poner la mirada más allá de factores individuales propios de cada persona, entendemos este como un fenómeno social que por desgracia está en auge no solo en Murcia, sino en toda Europa. Entendemos el sinhogarismo como una situación que en gran medida está generada por factores estructurales que tienen su origen en causas económicas, políticas y sociales que dificultan a las personas el acceso a derechos tan básicos como la vivienda o el empleo. Esta situación hace que hoy en día más de 33.000 personas según la Estrategia Nacional de Personas Sin Hogar, o más de 40.000 personas según Caritas, se vean privadas en España de una vivienda digna.

En Murcia desconocemos la dimensión del problema. Sorprende que de las doce ciudades más pobladas de España y siendo Murcia la séptima, sea la única que no ha realizado un recuento o censo de las personas sin hogar que habitan su municipio. Podemos consultar algunas aproximaciones sobre exclusión residencial, pero que nada tienen que ver con los recuentos que hacen ciudades que van desde Madrid hasta Alicante. Sin datos no puede haber un diagnóstico fiable y sin diagnóstico no puede haber una estrategia que nos permita abordar con eficiencia este drama social, que a la vista está, en Murcia también es importante y en pleno crecimiento.

 La COVID-19 no ha hecho más que visibilizar esta realidad y cuando a todos se nos pedía confinarnos en casa, la gente nos preguntaba, ¿en qué casa?. La pandemia nos ha dado un buen bofetón y recordado que un sistema de atención basado en la pura emergencia hace aguas siempre, pero más aún cuando hay una situación de crisis como la actual. ¿Imaginas que no existiera la atención primaria o las especialidades (cardiología, neumología...) en el sistema sanitario? Pues en el ámbito social nos queda mucho para llegar ahí.

¿Te imaginas tener un cáncer de pulmón y que se te niegue el tratamiento por no tener un hogar? Pues este es un ejemplo más de las injusticias a las que se enfrentan a diario.

Tenemos que dejar de ver el sinhogarismo como un problema a gestionar y entenderlo como un fenómeno a solucionar. En un país con más de tres millones de viviendas vacías, que 40.000 personas estén durante años (o un solo día) viviendo en las calles y albergues es una elección política, que puede en gran medida ser solucionado con voluntad política e innovación social y ahí siempre nos encontrarán a las entidades del tercer sector y a la Red de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en la Región de Murcia (EAPN-RM).

Europa nos impulsa a seguir este camino, tanto con un giro de enfoque en metodologías más innovadoras, basadas principalmente en el acceso a la vivienda tales como housing first o housing led que ya muestran evidencias de sus resultados en la reducción del sinhogarismo, así como con fondos estructurales que en muchas ocasiones no solicitamos o terminamos devolviendo sin ejecutar. Recordemos que durante el último Marco Financiero Plurianual 2014-20, España apenas ha gastado el 34% del dinero que tenía disponible. Nos faltarán recursos, pero muchas veces porque no utilizamos los recursos que tenemos a nuestro alcance.

Además, desde la Asamblea General de la ONU se adoptó en 2015 la denominada “Agenda 2030” para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. De los 17 objetivos y 169 metas, son muchos los que podríamos vincular al sinhogarismo, desde su primer objetivo enfocado a poner fin a la pobreza y entendiendo el sinhogarismo como una de las expresiones más extremas de pobreza, hasta la meta 11.1 de los ODS, “asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales”.

En definitiva, hay solución, hay marco normativo para ello, interesantes orientaciones metodológicas, incluso hay fondos a los que poder acceder, ya no solo europeos sino en las nuevas modificaciones del Plan Estatal de Vivienda que ofrece la oportunidad a las Comunidades Autónomas a solicitar fondos en ciertos programas que permiten abordar este fenómeno. Tenemos todas las herramientas a nuestro alcance, lo que necesitamos es valentía para dejar la gestión y empezar a ofrecer soluciones que tengan un impacto real y medible en las personas. Como sociedad avanzada no podemos aceptar estos niveles de pobreza, de sinhogarismo y mucho menos permitirnos ni una sola muerte más, porque solucionar el sinhogarismo, si se quiere, es posible.  

 Porque la calle mata, pero la indiferencia y la inacción también.