El Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas se celebra hoy y fue instaurado por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres en enero de 1999. El motivo de la elección de este día se debe a que el 23 de septiembre de 1913 se promulgó la primera ley en el mundo contra la prostitución infantil en Argentina con la denominada Ley Palacios, redactada e impulsada por el diputado socialista Alfredo Palacios.

Por primera vez, en el año 2000 el Protocolo de Palermo, Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, recogió una definición sobre la trata de personas que fue consensuada internacionalmente y que entró en vigor el 25 de diciembre de 2003.

Según dicha definición, “por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.  Buena parte de esta definición está recogida en el artículo 177 bis de nuestro Código Penal.

Las cifras del Ministerio del Interior revelan que en nuestro país el 98 por ciento de las víctimas de trata son mujeres y transexuales-mujeres, mientras que el 65 por ciento son menores. El Balance Estadístico 2016-2020 sobre Trata y Explotación de Seres Humanos en España recoge, asimismo, que el pasado año las víctimas liberadas de las redes de trata de seres humanos para su explotación sexual fueron 160, tres de ellas, menores de edad: 145 de ellas mujeres adultas y dos niñas. Los principales países de procedencia de estas víctimas son Colombia, Paraguay, Rumanía y Venezuela.

Según lo anterior, el negocio del sexo está muy vinculado a la trata de personas y constituye una de las máximas expresiones de las violencias machistas. Como dice Carmen Calvo, constituye la “quintaesencia del machismo”, además de ser una forma inaceptable de esclavitud que afecta principalmente a las mujeres por el hecho de considerar que sus cuerpos son bienes de consumo. Su propósito es obtener beneficio a través de la explotación, vejación y privación de libertad de las mujeres víctimas, a través del engaño, de su falta de voluntad, de despojarlas de sus derechos y de aislarlas sociocultural y económicamente.

En el Partido Socialista nos declaramos abolicionistas de la prostitución porque defendemos un modelo social que luche por la desaparición de todas las causas que obligan a las mujeres a prostituirse, a vender su cuerpo, por ser incompatible con el modelo social que proponemos.

Tenemos claro que una sociedad democrática y en la que se trabaja por un futuro mejor no cabe la desigualdad, y la trata es, sin duda, su máximo exponente, al ser una profunda violación de los derechos y la dignidad humana.

Desde el Gobierno de España se está trabajando para cambiar el rumbo de una realidad injusta haciendo más efectiva la persecución de los delitos derivados de la explotación sexual y acabar con la impunidad de los explotadores y de las organizaciones delictivas que se lucran con la utilización sexual de las personas.

Hay mucho trabajo por hacer. Es preciso un cambio de mentalidad y la aplicación de medidas, como la puesta en marcha de un plan integral, en el que participen todas las fuerzas políticas y entidades implicadas en el ámbito contra las violencias machistas, y dotado con el suficiente presupuesto. De la misma manera, es indispensable una mayor concienciación social contraria al consumo de prostitución, así como otras alternativas que ofrezcan la posibilidad de un futuro digno, dando asistencia y recuperación integral a las víctimas de trata. En esta línea, cabría la creación de una renta social; incrementar el número de plazas residenciales en la red de atención para las violencias machistas; reforzar la atención gratuita jurídica, psicosocial y sanitaria; fomentar la inserción sociolaboral y formativa, entre otras acciones. Todos estos aspectos están incluidos en una moción que tenemos presentada en la Asamblea Regional.

La labor preventiva y de sensibilización también debe jugar un papel fundamental. Esto pasa por desincentivar la demanda de sexo de pago, dirigida principalmente hacia los hombres jóvenes; prohibir la publicidad sexista y los mensajes subliminales que la fomenten; impulsar la educación afectivo-sexual en todos los niveles educativos que promueva unas relaciones igualitarias entre mujeres y hombres; participación de los ayuntamientos como parte activa de esta lucha, así como con las entidades expertas, asociaciones, Delegación de Gobierno y Fiscalía, entre otras cuestiones.

En la Región de Murcia existen alrededor de 100 establecimientos dedicados a la prostitución, en los que trabajan aproximadamente 1.500 prostitutas, lo que mueve un montante económico en torno a los 150 millones de euros, según cifras oficiales. 

Luchar contra estos proxenetas, incluir sanciones para disuadir a las personas que acuden a estos establecimientos, cerrar los clubes de alterne en la Región e impedir el establecimiento de prostíbulos en locales y pisos son pasos certeros para abolir la prostitución.

Estamos ante un reto complejo, pero hay que iniciar el camino. Y debemos hacerlo con el compromiso de todos los poderes públicos para acabar con las violencias ejercidas sobre las mujeres, sea en el ámbito que sea.

Quiero terminar esta reflexión con el reconocimiento al inmenso trabajo de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y al de las organizaciones y colectivos que, a pesar de la pandemia, han seguido prestando servicios vitales, localizando a las víctimas y ayudándolas a tener acceso a la justicia, a la salud, a la asistencia y protección social y económica, evitando que, en muchos casos, se produjeran más actos de abuso, maltrato y explotación sexual.

Lo que está pasando en la Región de Murcia, y lo que cabe esperar que pase en los 20 meses que faltan para las elecciones, no tiene parangón conocido. Merece la pena reflexionar sobre ello.

Me refiero al poder de las tránsfugas en este Gobierno autonómico. No es un poder abstracto que se vende por un precio concreto, sino que es el poder concreto de gestionar competencias sin dar cuentas a nadie y sin saber a qué ideario se corresponden, más allá del personal. Esto es muy serio y puede tener consecuencias muy perjudiciales para el presente y el futuro de la ciudadanía de la Región de Murcia.

¿Qué ha pasado en términos democráticos?

Nuestra democracia descansa en lo que podemos llamar “las cuatro elecciones”. En la primera, los partidos eligen listas de candidatas y candidatos; después en la segunda, el pueblo elige partidos. En la tercera elección, los representantes elegidos son quienes eligen a su vez a un presidente; y, por último, es éste el que elige consejeras y consejeros e indirectamente toda la estructura ejecutiva que nos gobierna.

Hay quien piensa que la más relevante de estas cuatro elecciones es la primera, y por eso se habla de partidocracia. Esto es, la gente vota a su partido sin importarle la lista presentada, aunque también hay, claro, quien vota a una lista sin pertenecer a un partido, ya por el trabajo realizado por la representación de un partido en el gobierno o en la oposición, ya por sus propuestas de futuro. Las otras dos elecciones tienen una relevancia menor porque los representantes elegirán al presidente que le diga su partido, el suyo, o el de otro partido si el acuerdo es necesario y posible. Y el presidente elegirá el gobierno como un compromiso entre el poder del partido (o los lobbies que le influyan) y la capacidad profesional adecuada para gestionar competencias casi siempre complejas.

En ese marco ideal, la presencia de tránsfugas se limitaba, hasta ahora, a una rotura del tercer eslabón. Los representantes elegidos dentro de la lista de un partido rompían la disciplina de voto y, con excusa ideológica o sin ella, votaban lo que más les interesaba en el órgano de representación popular. Ese interés personal podía ser más o menos transparente, pero se limitaba al ámbito de las votaciones parlamentarias. La nueva aportación murciana al friquismo político global es que el transfuguismo sale de la Asamblea Regional y ocupa el Ejecutivo (y no cualquier competencia, sino Educación, Cultura, Igualdad, Mujer, Familia, Política Social, Universidades, Empresas, Empleo…).

Cuentan con una amplísima lista de competencias vitales para nuestra sociedad, gestionadas por gente que está fuera de cualquier equipo, que ha roto con el suyo y que ha secuestrado el balón; que no se ha contentado con mantener el sueldo y vender el botón del escaño, sino que quieren “gestionar”.

¿Atendiendo a qué criterios? No está claro, y quizás la lista de elecciones anteriores nos sea útil.

No responden a un partido, porque los expulsaron; no responden al pueblo, porque ni están donde el pueblo los eligió, ni probablemente vuelvan a estar; no responden a otros partidos, o al propio presidente, porque la relación es a corto plazo y en dirección contrario. Son ellos los que tienen agarrado al PP por donde le duele, pero es difícil convertir esa posición de poder actual en algo duradero. Alguien podría tener la tentación de comparar esa situación con el juego parlamentario entre partidos que negocian su apoyo, pero ya he insistido en que es algo nuevo que destroza toda la lógica parlamentaria, no ya entre partidos, legítima representación de la voluntad popular, sino incluso aderezada con tránsfugas como estuvo en el Madrid de Aguirre, porque aquí la podredumbre va mucho más allá de un eventual apoyo: impregna la gestión diaria, que se vuelve errática e incompetente.

El PP es consciente de la situación y ha intentado rodear a las consejeras de equipos que limiten los daños, pero ellas tienen el botón nuclear a diario y se afanan en demostrar que las peores previsiones pueden quedarse cortas.

Los americanos llaman “pato cojo” al presidente que está agotando su mandato y no puede volver a presentarse porque se vuelve irrelevante. En España se ha utilizado como insulto en varias ocasiones, pero el PP murciano lleva tiempo empeñado en superarse a sí mismo y tener toda una familia de gansas y gansos cojos y desnortados gestionando nuestros asuntos.

Mucho. Significa que cada vez somos más conscientes de que tenemos la obligación de atajar una realidad: la de que las mujeres nos dediquemos a los cuidados y los hombres al mundo laboral. La de que nosotras, al trabajo reproductivo y ellos, al productivo. Y de que, cuando las mujeres salimos al mercado de trabajo, nos ubicamos en aquellas profesiones conectadas con los cuidados. Esto es, somos maestras, enfermeras, trabajadoras sociales, etc. Pero no somos ni ingenieras, ni matemáticas, ni físicas o ni químicas. No elegimos profesiones tecnológicas, que es donde están ellos y, también, el futuro.

Esto es, los datos nos dicen que las mujeres en la ciencia representamos menos del 30% del personal investigador del mundo. En España, las mujeres ocupan el 25% de las plazas de catedráticas de universidad y profesoras de investigación en el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Sólo son el 28% de las profesionales que desarrollan su carrera en sectores de alta y media-alta tecnología. Y si nos vamos al dato de las preferencias de estudios entre jóvenes de 15 años, solo un 7% de las jóvenes manifiesta que quiera dedicarse a profesiones técnicas en el futuro -ingenierías, matemáticas, químicas, etc-, porcentaje que se convierte en un 21% en el caso de los varones, es decir, el triple. Si nos aproximamos más a nuestra Murcia, en nuestra UPCT, sólo son un 27,8% las mujeres matriculadas en estas carreras, lo que se desglosa en un 27,1 % en los grados y un 30,3 % en los títulos de máster.

Ante tamañas cifras, no cabe otra cosa que preguntarse si esto es así por causas naturales y que las mujeres estamos más preparadas para los cuidados - tanto en la esfera doméstica, como en la pública-, y sí que los hombres están más capacitados para todo lo demás.

Pues no. La respuesta es que este resultado nada tiene que ver con razones naturales o biologicistas, sino que esa distribución por sexos en los estudios y en las profesiones está íntimamente relacionada con los estereotipos de género, con un medio cultural que promueve la falta de confianza en nosotras mismas y con la escasez de modelos a seguir en el campo de las ciencias experimentales. 

Varios ejemplos pueden ser mencionados: 1. Es muy frecuente oír que “los niños son mejores que las niñas en matemáticas y que las ingenierías y áreas afines son de dominio masculino”; 2. Si observamos a las niñas, a ellas le cuesta más describirse a sí mismas como “brillantes”, “ambiciosas” o “inteligentes” y son menos propensas a unirse a actividades consideradas para “muy inteligentes” o “sesudas”, al contrario que sucede en el caso de los niños; 3. A los niños les está más permitido que a las niñas – y se ve más normal- desarmar y armar objetos, subirse por los árboles, construir con legos o piezas mecánicas, mientras que a las niñas, es más fácil verlas paseando carricoches y cuidar muñecas, jugar con cocinas o hablar y contarse “cosas” entre ellas. Si el aprendizaje se desarrolla mediante los juegos, la clave es que el aprendizaje que desarrollan niñas y niños es distinto, por lo que su perfil y elección profesional será bien diferente.

La Unesco señala que los perfiles étnicos, las condiciones socioeconómicas y el estatus de migración de las familias también pueden influir en el apoyo o promoción de la ciencia y de la tecnología de niñas y niños. Esto es, hay mayores probabilidades de que las niñas opten por áreas STEM en hogares donde existen personas con profesiones afines, por ejemplo, pues les sirven de modelo y les permiten hacer la trasposición.

Nadie pone en duda que en este tiempo Covid la sociedad se enfrenta a retos globales cada vez más complejos, como la lucha contra un virus que muta y que produce miles de muertes, el cambio climático o la búsqueda de fuentes de energías alternativas y sostenibles. La tecnología y las ciencias se han convertido en herramientas fundamentales para dar respuesta a muchos de dichos retos.  Son nuestro futuro y no podemos permitirnos el lujo de prescindir de la mitad de la población para resolverlos. Tenemos la obligación moral de insertar a las mujeres y a las niñas en las ciencias para un mejor futuro. 

Esto es, si existen tanto factores individuales y familiares como educativos y sociales que son determinantes a la hora de impulsar, o no, a la siguiente generación de científicas en el mundo, deberán ser las políticas públicas las que incidan edichos factores, los modifiquen e impulsen el cambio.

Si no lo hacen, la ausencia de las mujeres en las ciencias supondrá la renuncia a todo nuestro conocimiento, talento y potencial. Esto debería estar colgando en el despacho del consejero de Empleo, Investigación y Universidades de la CARM y del director de la Fundación Séneca, como mínimo, para que no dejen de tenerlo en cuenta cuando diseñen y evalúen sus políticas públicas en investigación y universidades.

¿Tienen ya la respuesta a la pregunta del principio? Yo sí y espero que ustedes también.  

Ganar unas elecciones en esta Región después de 25 años no es un logro de una persona, es el logro de un conjunto de personas que forman el PSRM. Pero ni con esas es suficiente para ganar unas elecciones. Se ganan porque la ciudadanía quiere un cambio, porque las propuestas y el trabajo de un partido político convencen y las urnas son la máxima expresión de su decisión.

La política consiste, sobre todo, en escuchar, debatir, consensuar, comunicar, generar confianza, ilusionar y donde lo último, aunque sea fundamental, es ganar.

Cuando los esfuerzos de algunos grupos políticos se encaminan hacia la polarización y el populismo por mantenerse en el gobierno, en el poder, lo hacen sin pensar en el bien común y anteponiendo el desgaste sobre la responsabilidad de velar por el interés general. Los partidos de derechas de esta Región minimizan hasta la extenuación la política, reduciendo su definición única y exclusivamente al factor humano, y, cómo no, al Gobierno de España.

El PSRM no es así, ni Diego Conesa, ni los alcaldes y alcaldesas que fueron elegidos y que representan al PSOE en todos los municipios de la Región y ni las diputadas y diputados del grupo parlamentario socialista.

Toda la militancia socialista conformamos un partido responsable, un partido donde el bien común y su gobernanza es nuestra preocupación. Una situación tan crítica como esta pandemia nos exige en extremo a ser responsables, y ello supone colaborar con quien gobierne. La responsabilidad, la colaboración no es otra cosa que resolver los problemas cotidianos con el menor daño posible para la gente corriente que lo sufre, con enorme independencia de que estemos de acuerdo con lo que hace el Gobierno regional.

Mientras que el presidente regional permanentemente tira balones fuera mirando al gobierno de España e, incluso, a nuestros alcaldes y alcaldesas, éstas y éstos están 24 horas al frente del cañón atendiendo a sus vecinas y vecinos, aún cuando el gobierno regional no les proporcione ni ayuda financiera, ni apoyo moral. Estoy hablando de cómo los ayuntamientos están poniendo a disposición de la Consejería de Salud rastreadores, o espacios Covid en sus instalaciones, o están asumiendo los gastos derivados de las mayores necesidades de higiene en colegios y ambulatorios, o de las ayudas que hasta la fecha están recibiendo los más necesitados, pequeños comercios, bares , etc... Eso sí, cuando presentamos una moción en la Asamblea Regional para que el gobierno regional cree un fondo de ayudas no reembolsables a los ayuntamientos de la Región para atender todos estos gastos extraordinarios, tanto el partido Popular, como Ciudadanos, como Vox, se oponen. Lo mismo sucedió cuando se propuso crear una comisión de investigación para saber lo que está pasando con nuestras residencias de mayores. Decepcionante. Irresponsable. Gobernanza cruel y desleal para las instituciones y las personas.

Ante estos gestos de irresponsabilidad del gobierno regional, que son muchos, el PSRM tiene dos opciones, o bien hacer lo mismo que está haciendo el PP a nivel estatal no apoyando y bloqueando la gestión de la crisis sanitaria, o apoyar las propuestas del gobierno regional a pesar de que esto último implique la pérdida de votos.

Diego Conesa, como líder de nuestro partido, los alcaldes y alcaldesas socialistas, el grupo parlamentario y su militancia es consciente de que estamos en tiempos en el que lo que la gente necesita es tener gobernantes que le den seguridad, y por ello no nos dedicamos a la confrontación y a la polarización. La reflexión del partido en su conjunto que está detrás de todo ello es muy sencilla, si no somos un partido responsable, ¿cómo le vamos a pedir responsabilidad a la gente para salir de esta crisis? Tenemos la obligación moral de ser responsables.

Ante una situación crítica, como la que nos ocupa, el PSRM en su conjunto actúa con responsabilidad. Hacemos todo lo contrario a lo que hace el PP con el gobierno de España.

En este momento no tenemos la calculadora en la mano. No estamos jugando al tacticismo electoral como hace López Miras. Lo que estamos haciendo es tener una actitud responsable aportando lo que esté en nuestras manos; una actitud responsable al realizar una labor de control y de propuestas; una actitud propositiva para mejorar, y atender a la gente de la calle y resolver sus preocupaciones. Y ello lo hacemos aportando lo que está en nuestras manos.

La sociedad de la Región de Murcia está siendo objeto de esa reducción de los partidos de derechas, conocedores de la necesidad actual de respuestas por parte de la ciudadanía, utilizan la mentira para esa satisfacción inmediata, sin ningún pudor, es decir, utilizan el poder político para instaurar una realidad subjetiva alejada de la realidad objetiva. Y si esto era ya una tónica habitual en esta Región durante 25 años, ahora que este gobierno se mantiene con la ultraderecha de VOX, se les hace más necesario seguir agachados ante la ultraderecha que les resguarda bajo el paraguas de San Esteban.

También sabemos que cuando llegue el momento, quienes nos votaron en 2019 se volverán a movilizar y el resultado será mucho mejor que el que nos dan las encuestas de este barómetro de otoño, porque siempre ha sido así.

En cualquier caso, el resultado de las encuestas del CEMOP nos preocupan en la medida en la que son tendencias que hay que analizar, estudiar y de las que aprender para mejorar, pero realmente y en este concreto momento lo que nos ocupa, y en lo que estamos poniendo todos nuestros esfuerzos, es en salir de esta crisis y en atender

a las cosas que le preocupan a la gente de la calle, a los problemas cotidianos. A los ciudadanos de la Región que tienen que subir todos los días las persianas de sus pequeños comercios o que tienen que coger el autobús para ir y volver del trabajo diario o que ya no tienen coger el autobús porque han perdido su empleo.

¿Responsabilidad o tacticismo electoral? RESPONSABILIDAD

En la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrada el pasado día 5 de octubre, el Gobierno de España informó a los consejeros de Hacienda autonómicos de los efectos que supondrá la suspensión de las reglas fiscales para 2020 y 2021. Ello implica dejar sin efecto los objetivos de estabilidad y de deuda pública y no aplicar la regla de gasto de 2020 y 2021. 

Se trata de una medida extraordinaria, que dotará a las comunidades autónomas del margen necesario para colaborar en la reconstrucción económica y social, siguiendo las recomendaciones marcadas por las autoridades comunitarias.

De esta forma, la referencia de déficit autonómico en 2021 se situará inicialmente en el 2,2%, aunque el Ministerio de Hacienda se propone asumir la mitad a través de una transferencia extraordinaria, por lo que la Comunidad recibirá 13.486 millones.

Eso supone, respecto del RDL 7/2020, una disminución de 65,9 millones. El Gobierno regional parece no haber asumido que estamos sufriendo una pandemia y que trae consecuencias bien amargas a nivel sanitario, económico y social. Sin embargo, sigue sin perder la oportunidad de exhibir su deslealtad institucional hacia cualquier iniciativa del Gobierno de España, y lo que antaño no reivindicó para sanear la financiación de la Región, ahora le urge.

La lucha partidaria en este momento está fuera de lugar porque es tiempo de arrimar el hombro y demostrar a la ciudadanía que sus representantes tenemos verdadera vocación de servicio público y que prevalece, por encima de todo, el interés general. Ante esta insensata actitud, cabría preguntarle al consejero si piensa que los millones caen por la chimenea, pues resulta obvio con la caída de la actividad económica y, por tanto, de los impuestos ligados a la misma. Tampoco debería hacer falta recordarle al presidente López Miras que el sistema es para todos y que cuando los tributos cedidos caen, caen para todos. 

Parece que con la que está cayendo alguien no se ha enterado de que la recaudación de impuestos va a bajar. O acaso, ¿propone subir los impuestos ahora para que su trozo de la tarta de la recaudación no baje?

Podrían compensar esta bajada de renta y de consumo en la Región con una subida de impuestos a las rentas más pudientes o reducir bonificaciones, por ejemplo las del juego.

El Ministerio de Hacienda ha blindado los recursos del sistema de financiación autonómico de la caída de ingresos derivado de la pandemia, un gran esfuerzo a valorar. De hecho, se ha comprometido a que las entregas a cuenta para 2021 se sitúen a un nivel similar al de 2020, con el fin de que las comunidades autónomas tengan los recursos suficientes para atender a sus necesidades de gasto. 

La situación al inicio de 2020 de las entregas a cuenta del Sistema de Financiación Autonómica ascendía a 3.128,3 millones de euros, fruto del IRPF, IVA, Impuesto hidrocarburos, FSGlobal, etc.. Como consecuencia del RDL 7/2020, para Murcia esas entregas aumentaron hasta los 3.259,29 millones de euros. Para 2021 están previstos para nuestra Región 3.193,39 millones de euros. ¡Claro que querríamos más!, pero dadas las circunstancias el descuento no es para hacer tanto ruido mediático y, además, viene apoyado de numerosas ayudas, como el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, presentado esta semana por el presidente Pedro Sánchez, por un importe de 72.000 millones hasta 2023, para hacer más llevadera la salida de esta crisis sanitaria.

Por otra parte, España contará con ayudas como el fondo REACT-EU, 12.436 millones procedentes de los ingresos derivados de la aplicación del sistema de financiación, de los que la mayor parte, 10.000 millones de euros, se distribuirán entre las comunidades autónomas. De estos fondos, a la Región de Murcia le corresponden aproximadamente 330 millones de euros.

En esta situación de emergencia, a nivel estatal se están adoptando muchas medidas que tendrán una gran incidencia en la vida de toda la ciudadanía y en los servicios públicos que prestan las administraciones. Para que nadie se quede atrás, El Gobierno de España está facilitando todos los instrumentos posibles para luchar contra la pandemia y proteger a familias y empresas.

También para los socialistas es prioritaria la Administración local de cara a la recuperación de nuestro país y de nuestra Comunidad autónoma. Por ello, resulta imprescindible dotarla de nuevos mecanismos mediante la atribución de recursos adicionales.

De momento, la ministra M.ª Jesús Montero ha anunciado, entre otras cuestiones, que suspenderá las reglas fiscales a las entidades locales para lo que queda de 2020 y 2021, lo que permitirá el uso de sus remanentes de Tesorería para colaborar en la reconstrucción económica y social ante la grave crisis socioeconómica generada por la COVID-19.

 Esta medida excepcional supone un reconocimiento al papel de las entidades locales frente a las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria, reforzando los ámbitos de cooperación y cogobernanza para atender las demandas de la ciudadanía, seguir luchando contra la pandemia y actuar conjuntamente en la recuperación y transformación de nuestro país.

La Región de Murcia, en cuanto a comunidad autónoma uniprovincial, debe buscar fórmulas de asistencia y cooperación municipal a través de planes especiales y otros instrumentos específicos.

En esta línea, es preciso que el Gobierno regional tome conciencia del momento que vivimos, se sume a estas iniciativas, y lidere estrategias para que tanto la Comunidad como los ayuntamientos, especialmente aquellos que se encuentran en una situación económica complicada, cuenten con los mecanismos necesarios que les compensen sus esfuerzos durante la crisis sanitaria del covid-19. Eso se traducirá en beneficio para el bienestar de la gente, en la calidad de los servicios públicos y, de paso, para recobrar la credibilidad de cara a la ciudadanía.

Madrid no nos roba, formamos parte de un sistema colegiado de financiación. El Gobierno regional se lamenta de que tenemos una economía muy pobre y muy bajos salarios, pero sus políticas no van encaminadas a resolver nuestros problemas endémicos. Al contrario, siguen viendo en la bajada de impuestos sin distinción la panacea, y la ausencia de una redistribución justa lastra nuestro futuro, además de ser insolidarios con los que peor lo están pasando y pedir a otras CCAA que hagan un esfuerzo que aquí no están dispuestos a realizar.