El pasado 23 de septiembre la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia dejaba fuera la ampliación del tranvía de la convocatoria de los fondos europeos ‘Next Generation’. Una vez más, ahora con un gobierno socialista, los vecinos del sur de Murcia recibían un portazo en las narices. La excusa de Serrano era que el montante financiable, 15 millones de euros, no permitía afrontar una obra que cuesta por encima de los 60 millones.

Al leer la noticia el sábado sentí una profunda vergüenza, una sensación de humillación que compartimos todos los vecinos y vecinas de Murcia después de 14 años de promesas incumplidas, en los que el tranvía no ha avanzado ni un metro hacia los barrios del sur. Con el paso de las horas, sin embargo, la rabia dejó paso a la determinación. Esto no podía quedar así. A mediodía recibí una llamada desde Madrid de Javier Sánchez Serna, coordinador de Podemos y diputado en el Congreso: “Elvira, ¿has visto lo del tranvía? ¡Hay que hacer algo!”.

Durante las dos semanas siguientes el trabajo fue frenético. Sabíamos por los compañeros de Baleares, donde Podemos forma parte del gobierno, que se estaban dejando la piel para que el Ministerio de Transportes incluyera el tranvía de Palma en los Presupuestos Generales del Estado. El gobierno de la Región de Murcia, en cambio, no movió un dedo para conseguir inversiones para Murcia. Es la política de tierra quemada de López Miras: ni un euro para los ayuntamientos donde el PP no gobierna. Si Vélez y Serrano hicieron alguna gestión, tampoco tuvieron mucho éxito.

El 4 de octubre el Consejo de Ministros aprobó así el Proyecto de los Presupuestos Generales del Estado con 20 millones de euros para el tranvía de Palma y 0 millones para el de Murcia. Era el segundo golpe en 10 días, pero no nos íbamos a quedar de brazos cruzados. El 8 de octubre anunciamos desde el jardín de Floridablanca, con la iglesia del Carmen al fondo, una enmienda a los PGE para conseguir lo mismo que los palmesanos, ni más ni menos. La enmienda fue registrada el día 28.

Desde entonces todo el mundo se ha subido al carro de Podemos. El PP llevó una moción al pleno del 27 de octubre pidiendo dinero en los PGE para ampliar el tranvía. De 2012 a 2018 gobernaron en la Glorieta, en San Esteban y en la Moncloa y no se acordaron del tranvía ni del barrio del Carmen, pero ahora sí. No se puede ser más hipócrita. El alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, se despertaba también de la siesta y el 30 de octubre nos contaba en prensa que habría dinero del Ministerio para el tranvía antes de que acabara el año. El 4 de noviembre aseguraba que tenía CASI cerrado un acuerdo para financiar el tranvía vía convenio.

Demasiados casis, demasiados cabos sueltos, demasiadas incógnitas que no acallan los “hurras” de los palmeros del alcalde ni sus “ole tus huevos” (os juro que lo he leído por ahí xD). A los que no somos fanboys de unos ni de otros, este anuncio nos deja sin embargo muchas dudas:

Si Serrano anunció que habría dinero para el tranvía antes de final de año, ¿por qué no aparece ninguna partida en los Presupuestos Generales del Estado como si aparecen los 20 millones del tranvía de Palma?

Si no hay dinero el año que viene y solo se consigue un compromiso para ejecutar las obras a partir de 2024, después de las elecciones municipales y generales, ¿qué diferencia esta promesa de todos los anuncios electorales con los que llevan 14 años engañando a la gente de Murcia? ¿Quién garantiza que el acuerdo se vaya a cumplir con un nuevo gobierno y que no va a pasar como con el convenio para el soterramiento del AVE de 2006, que llevamos 16 años esperando?

Y por último y más importante: si todos queremos lo mismo, que es llevar el tranvía al Carmen, y hay una vía segura para conseguir que las obras empiecen ya el año que viene, que es esa enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de 2023, ¿por qué Serrano y Ballesta, Vélez y López Miras, no han pedido ya a sus partidos que la apoyen en el Congreso de los Diputados? Me cuesta creer que se pueda perder esta oportunidad porque a algunos les molesta que sea Podemos el que ha llevado la iniciativa.

Hay un deseo llamado tranvía que todas compartimos y un vagón en el que todas cabemos. Y aunque a algunos les cueste imaginárselo, también hay una política por descubrir en la que todas ganamos. Solo hace falta valor para subirse e intentarlo.

“El tranvía llegará al barrio del Carmen en 2015. Las obras comenzarán en 2014”. Así lo recogía la prensa en 2012 y así lo aseguraba Javier Iniesta, el concejal de Tráfico y Transportes del Ayuntamiento de Murcia. Iniesta fue concejal hasta 2015, pero del tranvía al Carmen nunca más se supo, lo que no impidió que fuera ascendido a diputado en la Asamblea Regional.

Se fue Cámara acosado por los escándalos judiciales, llegó Ballesta y pasaron otros 6 años, pero el tranvía no avanzó ni un metro hacia el sur. El PP se sacó de la manga en 2019 a última hora y en plena campaña electoral el famoso tranvibús, un autobús tuneado para parecer un tranvía. Al verlo me recordaba a esos videos de gatitos a los que le ponen una melena de león. Ridículo y cutre a la vez.

Con los fondos europeos, sin embargo, volvió a abrirse la luz. Podemos y PSOE presentaron al Pleno municipal en febrero de 2021 dos mociones similares pidiendo que se ampliara de una vez el tranvía a cargo de los fondos Next Generation y que dieron lugar a otra moción conjunta que fue aprobada por unanimidad, con una mención explícita a la ampliación de la línea 1 del tranvía. Sin embargo, lo único que hizo el PP fue enviar una consulta al Ministerio de Transportes. Ni proyecto, ni solicitud.

Con esto llegó la moción de censura en marzo y el PSOE se hizo con la alcaldía, pero con Serrano parece que tampoco acaba de llegar el cambio a la Glorieta, por lo menos en lo que respecta al tranvía y al maltrato histórico sufrido por los barrios del sur de la ciudad. El pasado 23 de septiembre la Junta de Gobierno dejaba fuera de la segunda convocatoria de los fondos europeos la ampliación del tranvía. El Ayuntamiento se justificaba diciendo que la subvención de 15 millones no cubriría los costes, pero tampoco se han molestado mucho por encontrar otras fuentes de financiación.

Otras ciudades y alcaldes socialistas sí que lo han hecho, entre ellos José Hila, regidor de Palma de Mallorca. El pasado 3 de octubre Pedro Sánchez visitó su ciudad y se comprometió a destinar al tranvía desde el centro a Son Espases 20 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado. De esta forma, con fondos estatales, europeos y propios se desbloquea un proyecto que llevaba en el congelador desde 2009 y al que Sánchez se refirió como una “reivindicación histórica” de la ciudad.

Si allí ha sido posible, ¿por qué nadie en Murcia ha hecho esta gestión? ¿Acaso Serrano y Vélez no tienen el teléfono del Ministerio de Transportes? ¿O debemos pensar que el tranvía, la movilidad y los vecinos y vecinas del sur siguen siendo en la Glorieta y en la Delegación del Gobierno la última prioridad? Para Murcia la ampliación del tranvía también es una reivindicación histórica. Los murcianos y murcianas no queremos más que Palma, pero tampoco menos. Queremos lo mismo.

Lo único cierto es que los fondos europeos se escapan y con ellos la deseada ampliación del tranvía hasta la estación del Carmen. La cosa no pinta bien con las cuentas del Ayuntamiento hipotecadas por la chapucera gestión de Ballesta, gastándose un pastizal recibido a cuenta por los convenios de la zona norte y que ahora todos los murcianos vamos a tener que devolver durante muchos años.

Lo del tranvía al Carmen, en definitiva, es ahora o nunca. Lo mínimo que pueden hacer Ballesta y Serrano, ya que han tenido el uno por el otro la casa sin barrer, es ponerse detrás de Podemos y remar para que la financiación para el tranvía llegue en forma de enmienda a los próximos Presupuestos Generales del Estado. Da igual quien firme esa enmienda. Es un mandato del Pleno municipal por unanimidad y se lo va a agradecer toda una ciudad.

La conferencia de Macarena Olona ha alterado la habitual tranquilidad que suele reinar en la Universidad de Murcia. Parte de la polémica es de sobra conocida. El acto se anunció en un primer momento en la Facultad de Letras, sin contar con autorización para utilizar el espacio y tomando su logo sin pedir permiso, tal y como denunció su decano. La entidad que dice organizar esta actividad, el Instituto Español de Estudios Políticos, recuerda llamativamente por su denominación a otro instituto franquista de infausto recuerdo y, por si cabe alguna duda, sus miembros organizan, entre otras actividades, excursiones y charlas en el Valle de los Caídos.

Podríamos discutir largo y tendido si la universidad pública debe ser o no el espacio que acoja los actos de organizaciones de este tipo, que miran con nostalgia una etapa de nuestro pasado caracterizada por la falta de democracia, la represión y la violación de los derechos humanos fundamentales. Para las autoridades académicas no hay debate: los organizadores han seguido la normativa, es decir, han pagado las correspondientes tasas (€€€) y no consta que estén “fuera del ordenamiento jurídico”. Esto sienta un peligroso precedente. A diferencia de otros países como Alemania, en España son perfectamente legales organizaciones de extrema derecha que llaman abiertamente a expulsar a todos los inmigrantes o niegan el Holocausto, como Democracia Nacional o el Movimiento Social Republicano. ¿Veremos pronto en la Universidad de Murcia charlas de este tipo porque no están fuera del ordenamiento jurídico?

Al margen de la asociación que organiza la charla, no podemos tampoco olvidar a la propia Olona y su discurso, que choca con todos los principios que defiende, o al menos dice defender oficialmente, la Universidad de Murcia. Cada 8 de marzo la UMU premia los mejores trabajos de sus alumnos y alumnas en materia de igualdad de género y en 2021 presentó su II Plan de Igualdad, que cuenta para su implementación con el trabajo de muchas personas. Sin embargo, el Paraninfo va a acoger este viernes la charla de una mujer que niega la violencia de género, difunde bulos sobre las denuncias falsas y divulga vídeos en los que sus seguidores se dirigen a la ministra de Igualdad diciendo cosas tan profundas como “no nos gustan tus tetas”. Debe ser parte de la libertad de expresión que Olona tanto reivindica.

La Universidad de Murcia se distingue también por su implicación con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que difunde a través del proyecto ODSesiones. Sin embargo, los universitarios tenemos que contemplar sin inmutarnos a la que hasta hace cuatro días era portavoz de un partido que considera que la Agenda 2030 oculta un maquiavélico plan para implantar un nuevo orden mundial liberticida y antinacional y niega el cambio climático. La universidad, cuna de la ciencia, abrazando a los que enarbolan los discursos anticiencia. Es cuanto menos paradójico.

Sin ser yo jurista ni pretender meterme en camisa de once varas, el propio título de la charla, ya resulta un sinsentido, “La inconstitucionalidad de los estados de alarma”. ¿Nos quiere convencer Olona de que es inconstitucional la propia Constitución española, que en su artículo 116 regula los estados de alarma, excepción y sitio?

Me inclino a pensar que no y que esta charla es solo una excusa. Una provocación para generar crispación y ruido, un atajo seguro para volver a la actualidad política. El teatrillo para demostrarle a sus excompañeros que sigue viva en política y redoblar su pulso. ¿Se debe prestar la Universidad de Murcia a este circo? ¿Para eso hemos quedado?

En la panadería, en la parada de autobús o en tu puesto de trabajo. Una de cada diez mujeres con las que te cruces hoy por la calle sufre o ha sufrido endometriosis. ¿Endomequé? A pesar de ser la principal enfermedad ginecológica entre las mujeres en edad reproductiva, la endometriosis sigue siendo una gran desconocida. A pesar también de su gravedad, ya que esta enfermedad inflamatoria, crónica y a menudo invalidante, no tiene cura.

La endometriosis consiste en el crecimiento anormal del tejido que recubre el útero, el endometrio, fuera del lugar que le corresponde, invadiendo los ovarios, el perineo, los riñones o el recto. En España se calcula que hay más de dos millones de afectadas, 35.000 en la Región de Murcia. Y decimos se calcula, porque muchas de ellas no lo saben. La falta de conocimiento y sensibilización, así como la ausencia de profesionales y unidades especializadas para el tratamiento de la endometriosis, hace que la mayoría de mujeres tarden años en ser diagnosticadas o que no lo sean nunca.

La regla duele. Es algo que hemos normalizado, pero no debería ser así. Tampoco la práctica del sexo. De hecho son dos de los síntomas más comunes de la endometriosis. La aceptación generalizada de este principio demuestra precisamente lo extendida que puede estar esta patología. Aceptamos que la regla duele porque nos lo han dicho toda la vida, como si fuera un castigo que deben padecer las mujeres por el pecado de Eva. Por lo tanto no hace falta ir al médico, diagnósticos, tratamientos o una investigación para llegar a sus causas. ¿Cuántas mujeres llevan años recibiendo la misma respuesta? Es la regla, no se ponga histérica.

Las consecuencias de un diagnóstico tardío son fatales y en ocasiones, irreversibles. El tejido invasivo se va extendiendo, al principio silenciosamente, después de forma muy dolorosa. Cuando la endometriosis afecta a los ovarios se forman quistes llamados endometriomas que con frecuencia pueden llevar a tener que extirparlos. Las adherencias hacen que los órganos se peguen, provocando la obstrucción de las trompas de Falopio o de los intestinos y una inflamación permanente de la cavidad pélvica, provocando síntomas y daños intestinales. En algunas ocasiones la endometriosis también afecta a la vejiga. Se han llegado a detectar tejidos invasivos incluso en riñones y pulmones. Y esta es solo la parte física, la punta del iceberg. Vivir con el dolor como un compañero permanente, el miedo a la infertilidad, las dificultades y la incapacidad para lograr un embarazo, la ausencia de tratamiento e incluso, en muchas ocasiones, de un diagnóstico, tienen consecuencias terribles para la salud mental de las afectadas.

El primer paso para luchar contra esta enfermedad es visibilizarla. Las afectadas por la endometriosis debemos acabar con los tabúes y la ley del silencio que impide que las mujeres hablemos de nuestra salud sexual y reproductiva. Yo soy una afectada por la endometriosis y quiero que las mujeres que sufren lo mismo que yo sepan cuál es la causa y se organicen. Desde organizaciones como ADAEC o Endomás, aquí en la Región de Murcia, las endoguerreras luchamos por sensibilizar a la sociedad.

Los avances médicos, sin embargo, no dependen de nosotras. Es aquí donde la política puede hacer mucho más por nosotras. En la Asamblea Regional Podemos registró en noviembre de 2020 la primera Ley para la Visibilidad, Tratamiento y Diagnóstico de la Endometriosis. De eso ha pasado ya casi un año y medio y el resto de grupos políticos sigue retrasando su tramitación de forma incomprensible. Exigir la creación de unidades multidisciplinares para una atención integral a las afectadas, compuesta por ginecólogos, especialistas en el aparato digestivo, psicólogos o expertos en reproducción, no debería ser motivo de disputa entre partidos. Tampoco reclamar fondos para investigar las causas de la endometriosis y avanzar en su tratamiento o dar a conocer la enfermedad y sensibilizar a las chicas desde el instituto. Encima cuando lo tenemos tan fácil puesto que la Universidad de Murcia (UMU) cuenta con el mejor grupo de investigación en temas de endometriosis que por desgracia, lleva años infrafinanciado.

Por cada mes que esta ley se retrasa son cientos las mujeres que siguen sin recibir la atención que necesitan y merecen, perdidas en el laberinto de la endometriosis. Mientras seguimos esperando esa ley las afectadas tienen que saber que no están solas: cada vez somos más y mejor organizadas. Necesitamos ser muchas y hacer mucho ruido para ganar la batalla a la también llamada “enfermedad del silencio”. Porque lo que no se nombra no existe, como bien sabemos las feministas.

El Sistema de Servicios Sociales se diseñó para que los encargados de la organización y financiación lo hicieran pensando en el pueblo y no de espaldas al pueblo, así que menos ladrillo y más servicios públicos

La aprobación de la nueva ley de servicios sociales de la Región de Murcia ahora sí, parece cuestión de semanas. Mejor tarde que nunca. Tarde porque la vigente ley data nada más y nada menos que del año 2003 y diecisiete años dan para muchos cambios en la Región. El primer borrador del Anteproyecto de Ley apareció allá por 2017 bajo un supuesto consenso del sector, pero como casi todo lo que tiene que ver con los servicios sociales en esta Región, acabó muriendo de éxito y durmiendo en el fondo de un cajón.

La ausencia de compromiso y cumplimiento de las promesas en materia de servicios sociales es simplemente, negligente. En estos diecisiete años nos hemos cansado de esperar el desarrollo reglamentario de la Ley de 2003 y del Plan y Mapa de Servicios Sociales, ni rastro. Otros diez años tardó el Gobierno en desarrollar el Reglamento de la Ley de Renta Mínima de Inserción de 2007 y el anunciado Plan de Inclusión Social, ni está ni se le espera.

Lo curioso es lo rápido que se mueve el Gobierno para legislar y reglamentar cuando se trata de bonificar el juego, modificar la ley del suelo o sentenciar a muerte al Mar Menor. Cuando hablamos de reformar, reforzar y desarrollar el Sistema Público de Servicios Sociales, un derecho fundamental, mejor esperamos sentados otros diecisiete años. Made in Partido Popular.

Sería lógico pensar que si se ha tardado tanto –tantísimo, es porque no era necesario. Y es que en la Región de Murcia vivimos estupendamente ¡Que más quisiéramos los murcianos y murcianas!

Según el último Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Murcia, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social de la Región es de 34,7% ocho puntos por encima de la media estatal. La lógica de cualquier gobierno preocupado por satisfacer las necesidades de sus ciudadanos y mejorar su calidad de vida, sería apostar por un sistema público fuerte de servicios sociales, pero quizás sea mucho pedirle al laboratorio neoliberal en el que se ha convertido la Región.

Si nos fijamos en el Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales (Índice DEC) dedicado a medir y evaluar la estructura y presupuesto del Sistema de Servicios Sociales y elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, podemos comprobar que la Región ocupa el puesto nº 15 en una lista de 17. La Región de Murcia tiene un Índice DEC de Irrelevante. Es decir, que una Comunidad con altos índices de pobreza tiene uno de los niveles más bajos de desarrollo del Sistema Público de Servicios Sociales. Aquí es donde muere la lógica.

Pero ¿en qué se traduce el carácter “irrelevante” de los servicios sociales? En una sistemática infrafinanciación del Sistema dando lugar a una cobertura residual en materia de Renta Mínima de Inserción (3,6% mientras la media estatal es del 8%). En déficit en servicios para personas con discapacidad, pocas plazas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género o insuficientes alojamientos para personas sin hogar. También resulta tremendamente deficitaria la cobertura en todos los servicios destinados a personas mayores: ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de día o plazas residenciales. No olvidemos que en la Región, tres de cada cuatro residencias son privadas. Aquí sí funciona otra lógica, la del dinero y la mercantilización de la vejez y los cuidados.

La ventaja que suponía un sistema gestionado por la Administración Autonómica y los Ayuntamientos, basado en la proximidad, el sentimiento de pertenencia ciudadana y la capacidad de retroalimentación, capaz de conocer mejor las necesidades de vecinos y vecinas, ha dado lugar a un mapa de tremendas asimetrías. No es lo mismo ser usuario o usuaria de servicios sociales en Oviedo, Sevilla o Bilbao. No esperarás el mismo tiempo para que tu hijo con discapacidad vaya a un centro de día, ni te apoyarán igual en el cuidado de tus padres cuando sean mayores. Los profesionales que te atiendan no estarán igual de sobrecargados ni morirás esperando una ayuda para la dependencia. Las comparaciones son odiosas, pero en materia de servicios sociales, mejor vivir en otra Comunidad.

El Sistema de Servicios Sociales se diseñó para que los encargados de la organización y financiación lo hicieran pensando en el pueblo y no de espaldas al pueblo, así que menos ladrillo y más servicios públicos. Sin mucha fe, aguardamos la aprobación de la Ley y su desarrollo normativo pero esta vez no esperaremos sentados otros diecisiete años ni seremos cómplices de la inacción de Gobierno y oposición. Estaremos ojo avizor, vigilantes al cumplimiento de la Ley y si la calle tiene que teñirse de color naranja, el color de la Marea de Los Servicios Sociales, que así sea.