Europa son sus gentes. 

Son sus trabajadores, sus empresas y su sociedad civil. Es garantizar unas condiciones de competencia equitativas para las personas y para todas las empresas. Es crear puestos de trabajo de calidad que permitan a todos desarrollar su potencial adecuado y garantizar una vida digna para todos. Es fomentar las oportunidades para las generaciones más jóvenes y el acceso a servicios de interés general de calidad, incluidos los cuidados vitales y de larga duración para las personas mayores. Es la igualdad entre mujeres y hombres, así como los derechos y la igualdad de oportunidades para todos.

Es construir una economía que sea cada vez más sostenible, competitiva e inclusiva, en la que el diálogo social y la negociación colectiva desempeñen un papel activo en esas transformaciones positivas. 

Es garantizar la participación y la inclusión de todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, las personas sin hogar o las personas vulnerables. Una sociedad en la que nadie se quede atrás, independientemente de su sexo, situación social, edad, salud, etnia, orientación sexual u origen.

Hace dos años, la Presidencia portuguesa del Consejo, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, los interlocutores sociales y la sociedad civil se comprometieron a consolidar el compromiso ya asumido en el marco del pilar europeo de derechos sociales, en Gotemburgo, y a allanar el camino para una recuperación inclusiva, sostenible, justa y generadora de empleo, reconociendo al mismo tiempo que su aplicación debe llevarse a cabo tanto a nivel de la Unión como de los Estados miembros, y dentro de sus respectivas competencias.

El Compromiso Social de Oporto y la Declaración de Oporto siguieron la agenda europea, dado que renovamos el contrato social europeo, comprometiéndonos a seguir desarrollando respuestas innovadoras e inclusivas para hacer frente a los retos presentes y futuros. 

A principios de 2022, en un momento en que la aplicación de los planes nacionales de recuperación y resiliencia estaba empezando a promover la recuperación económica y social tras la crisis pandémica, la invasión rusa de Ucrania volvió a traer la guerra a Europa.

Aún estamos lejos de poder evaluar todos los efectos de la guerra de agresión de Rusia en Ucrania, en particular para las personas más vulnerables de nuestras sociedades. Sin embargo, este acto cruel e ilegal ha reforzado los lazos de solidaridad entre los europeos y nos ha obligado a encontrar respuestas al debate estratégico en torno a la influencia de Europa en el mundo. Ha llegado el momento de debatir cómo se encuentran el modelo social europeo y nuestras políticas sociales comunes en una Europa más amplia y fuerte.

Actualmente la Unión Europea también se enfrenta a importantes retos estructurales, con la doble transición ecológica y digital, el cambio demográfico, un mundo laboral en constante transformación y la persistencia de desigualdades y pobreza, todo ello acompañado de una preocupante erosión de la clase media. Estos retos estructurales afectan no solo a los países de la Unión, sino también a aquellos cuyos esfuerzos y ambiciones van dirigidos a unirse a este proyecto. 

En este contexto, el Foro Social de Oporto, una iniciativa bienal promovida por el Gobierno portugués con el apoyo de la Comisión Europea, en estrecha cooperación con el Parlamento Europeo y con la participación de los interlocutores sociales y la sociedad civil, marcó el segundo aniversario de la Cumbre Social de Oporto, brindando la oportunidad de reforzar el debate sobre la importancia de la dimensión social del proyecto europeo.

Lo hizo reconociendo nuestro modelo social como una ventaja a escala mundial y destacando, en el marco del Año Europeo de las Competencias, cómo unas políticas sólidas en materia de capacidades, educación y formación pueden crear mejores empleos y una integración más rápida en el mercado laboral, así como fomentar la inclusión social y, en consecuencia, impulsar la resiliencia y la competitividad de la economía y la sociedad de la UE. También reflexionó sobre cómo utilizar las herramientas más adecuadas, respetando al mismo tiempo el principio de subsidiariedad y limitando la carga administrativa para las pequeñas y medianas empresas.

Asimismo, destacó la importancia de contar con una estrategia integrada para luchar contra la pobreza y responder a la cuestión multidimensional de la exclusión social y del acceso de todas las personas, especialmente los niños, a los servicios esenciales. La aplicación efectiva de la Garantía Infantil Europea es un componente fundamental para velar por el éxito del pilar europeo de derechos sociales.

La educación y la formación no son un gasto inútil, sino una inversión inteligente en desarrollo humano. Europa debe ampliar su liderazgo en las fronteras del conocimiento y el desarrollo de nuevas tecnologías. Al mismo tiempo, la mejor tecnología solo es útil en la medida en que haya trabajadores cualificados capaces de instalarla y utilizarla.

Las personas deben estar capacitadas para emprender un aprendizaje permanente, y las pymes y las grandes empresas deben contar con el talento que necesitan para prosperar.

Por tanto, es evidente que la prosperidad económica de la UE va estrechamente unida a su fuerte dimensión social. Ahora que nuestra Unión atraviesa un momento crucial, debemos dar mayor visibilidad a los derechos sociales y reforzar la evaluación de las normas sociales y la convergencia social al alza como parte de una gobernanza socioeconómica sostenible anclada en el tripartismo. 

Dos años después de Oporto, renovamos nuestros compromisos respectivos en el Compromiso Social de Oporto y en la Declaración de Oporto, así como nuestra voluntad de mantener el espíritu que los creó.

Seguiremos haciendo juntos que los principios del pilar de derechos sociales se conviertan en una plena realidad. 

El futuro de la UE es su gente y deberá ser social. 

Nuestro país no ha tratado bien a los jóvenes en las últimas décadas. A pesar de haber sido partícipes de una extraordinaria revolución educativa, han enfrentado dos crisis casi consecutivas a la hora de iniciar su carrera laboral, y las reglas y hábitos del mercado de trabajo, con altas tasas de desempleo y temporalidad, les han sido perjudiciales. Junto a esto, durante demasiado tiempo, las políticas públicas no han atendido a sus preocupaciones y demandas.

Afortunadamente, las cosas están cambiando.

Este gobierno está considerando a los jóvenes su prioridad desde el primer momento. Y el mejor ejemplo de ello es quizá no solo recordar las iniciativas destinadas específicamente a ellos, sino analizar cómo las grandes reformas que van a definir el funcionamiento de nuestra economía y nuestra sociedad para las próximas décadas se están diseñando con ellos en el centro.

La reforma laboral que estamos abordando tiene como objetivo fundamental la lucha contra la que quizás es la principal patología de nuestro mercado de trabajo: el exceso de temporalidad, que lamina la productividad de nuestras empresas, erosiona los recursos del sistema de pensiones y, sobre todo, precariza las vidas de los jóvenes, sus principales víctimas. La temporalidad hace que sus ingresos sean volátiles y sus carreras laborales menos predecibles. Y esta incertidumbre estructural les impide adoptar decisiones para el largo plazo y, en definitiva, consolidar sus proyectos vitales por esta anomalía. Combatir la temporalidad es, por tanto, no solo vital para que nuestro mercado de trabajo sea más eficiente y dinámico. Es crucial para mejorar las vidas presentes y futuras de los que hoy son jóvenes.

Esta batalla contra la temporalidad y la precariedad la estamos dando desde muchos ángulos. Primero, es necesario rediseñar las modalidades de contratación para generalizar el uso del contrato indefinido para todos los trabajadores. Es importante también usar las herramientas de las que dispone la Seguridad Social para desincentivar el uso abusivo de los contratos de corta duración, y también readaptar nuestra legislación para evitar extender la precarización de las relaciones laborales a los trabajadores de plataformas. Pero, en última instancia, lo que necesitamos es también que nuestras empresas se adapten a los vaivenes de la situación económica, no a través de la temporalidad y el recurso al despido, sino con nuevas herramientas de flexibilidad interna.

Por eso es fundamental que aprovechemos la experiencia de la pandemia y, como nos comprometimos en el Plan de Recuperación, incorporemos de manera permanente el uso de los ERTE como herramienta de flexibilidad para proteger el empleo cuando caiga temporalmente la actividad en las empresas. Aunque pudiera parecer que los ERTE sirven para proteger el empleo de los trabajadores más mayores y con carreras más consolidadas, nuestros datos muestran que, de hecho, de entre todos los grupos de edad fueron los más jóvenes los trabajadores que más se beneficiaron de esta política de protección al empleo.

Tenemos que aprovechar esta oportunidad, además, para impulsar la formación en el seno de la empresa. Es este un área en el que España tiene un margen importante de mejora, y que será fundamental para asegurar la recualificación de nuestros jóvenes. Es algo que también la altísima temporalidad dificultaba, y que es mucho más fácil de promover y sostener en el nuevo modelo de protección al empleo, como estamos haciendo con los incentivos a la formación que hemos desplegado para aquellas empresas que tienen trabajadores en ERTE.

También en la reforma de pensiones, recién aprobada, hemos puesto a los jóvenes en el centro. Es habitual leer y escuchar opiniones que dicen que a la hora de debatir y legislar sobre pensiones solo se toma en consideración a los actuales pensionistas y a aquellos que están cercanos a la jubilación, que se ignoran las necesidades de los que acaban de entrar en el mercado laboral o están a punto de hacerlo. Frente a esas voces, creo que es necesario mostrar con claridad por qué en esta reforma se ha tenido en cuenta a las generaciones más jóvenes.

Para empezar, quiero destacar que el sistema de pensiones español, como el de la mayoría de los países de nuestro entorno, es un sistema de reparto, lo que significa que las actuales pensiones se pagan con las cotizaciones de los actuales trabajadores, cuyas pensiones se abonarán con las cotizaciones de la siguiente generación. Por este motivo, es importante que este pacto intergeneracional se vea consolidado con medidas que refuercen la sostenibilidad del sistema de pensiones, de forma que ninguna generación tenga dudas sobre su futuro derecho a una pensión, y que los esfuerzos para financiar el sistema recaigan de manera equilibrada entre generaciones.

Una de las principales amenazas a este pacto intergeneracional era la incertidumbre sobre la evolución futura del valor de las pensiones. ¿Cómo lograr el compromiso de los que hoy aportan al sistema con la sombra de una devaluación permanente y sistemática de las pensiones futuras, como presagiaba la reforma de 2013? Por eso, el Pacto de Toledo en sus recomendaciones aprobadas de forma consensuada hace algo más de un año nos exigía que esta incertidumbre desapareciera y que se garantizara de manera permanente el poder adquisitivo de las pensiones presentes y futuras.

El segundo gran cambio que introduce esta reforma es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que persigue un reparto equilibrado del esfuerzo entre todas las generaciones para reforzar la sostenibilidad de nuestro sistema en los años en que necesitará más recursos por la llegada de generaciones más pobladas a la edad de jubilación. Las proyecciones demográficas muestran que este problema mejora de forma natural a partir de finales de la década de 2040, por lo que nuestro objetivo ha sido el de reforzar transitoriamente al sistema durante las próximas décadas.

Así, a partir de 2023 y durante diez años, las cotizaciones sociales se incrementarán ligeramente con una aportación finalista que, para un sueldo promedio, será de menos de 12 euros al mes. Tenga la edad que tenga el trabajador, su aportación dependerá únicamente de su base de cotización (al ser un porcentaje sobre la base de cotización, aquellos con salarios más altos pagarán algo más que aquellos con salarios más bajos), y por supuesto excluye a aquellos que no se han incorporado al mercado laboral.

Es importante comparar el impacto de este mecanismo de equidad intergeneracional con el del factor de sostenibilidad al que sustituye. La tabla adjunta compara los efectos del nuevo mecanismo y del viejo factor de sostenibilidad en personas de diferentes grupos de edad con base de cotización promedio y carreras laborales idénticas. Como se puede ver, el nuevo mecanismo supone, para un joven que ahora tenga 18 años, pagar 12 euros mensuales durante los próximos 10 años, mientras que el factor de sostenibilidad implicaba reducir su pensión, durante toda su jubilación, en 313 euros mensuales.

¿Era razonable que alguien, solo por el mero efecto de haber nacido en 2003 acceda a una pensión de jubilación más de 200 euros más baja que alguien con la misma carrera de cotización, pero nacido cuatro décadas antes? ¿Es justo que la aportación de cada generación sea tan diferente, y que recaiga de manera tan desproporcionada sobre los jóvenes? ¿No es mejor una contribución equitativa y limitada en el tiempo a un recorte que te penalice solo por ser más joven?

Otro elemento que mejora el sistema de pensiones para los jóvenes respecto al que existía antes es una medida que el Gobierno aprobó ya en febrero: el complemento para la combatir la brecha de género. Este complemento, a diferencia del complemento de maternidad al que sustituye, se paga desde el primer hijo, que es el momento a partir del cual los datos muestran que las carreras laborales (mayoritariamente, de las mujeres) se resienten. Y también fomenta la corresponsabilidad, puesto que se percibe por el progenitor, sea hombre o mujer, cuya carrera se haya visto perjudicada. Se adapta por tanto a los nuevos tipos de familia, en los que afortunadamente, el peso de los cuidados no recae únicamente sobre las mujeres.

Además, este complemento es mucho más equitativo que el anterior, al consistir en una cantidad fija por hijo, frente al modelo anterior, en el cual el complemento era más generoso para las pensiones de más cuantía, contribuyendo a amplificar los problemas de desigualdad de rentas que tiene nuestro país.

Finalmente, hay otros elementos, sobre los que aún quedan trabajos pendientes, que también hacen que el sistema que estemos diseñando acabe siendo más justo y equitativo para los jóvenes. Por ejemplo, la cotización de los becarios, algo que hasta ahora no se producía en el caso de las prácticas no remuneradas, lo que hacía que muchas personas que se inician en el mercado laboral a través de estas prácticas, tengan años efectivamente trabajados que no se acabaran teniendo en cuenta como cotizados.

En el segundo bloque de medidas abordaremos también cómo adecuar nuestro sistema de pensiones al mercado laboral actual, en el que las carreras tienden a ser más irregulares o menos lineales que antes. Nuestro sistema actual se pensó para aquellos que durante toda su vida laboral tenían una trayectoria constante y ascendente, en muchos casos incluso en la misma empresa. Pero sabemos que este perfil es cada menos representativo de los nuevos participantes en el mercado de trabajo, donde hay una mayor variedad de tipos de carreras laborales. Que el sistema reconozca esta realidad diversa para tratar de forma más equitativa a todos será algo que beneficiará especialmente a los que hoy son más jóvenes.

Estamos convencidos de que ni nuestro mercado de trabajo ni nuestro sistema público de pensiones funcionarán si no lo hacen para los jóvenes. De este convencimiento parte nuestra obsesión de poner a los jóvenes en el centro de estas grandes reformas. Es el camino para que sus preferencias sigan contando, para que sus problemas sigan marcando nuestra agenda, y para que sus ambiciones y deseos sigan diseñando nuestras políticas.  

Contra el fatalismo y derrotismo que demasiadas veces nos invade, es conveniente de vez en cuando recordar los logros colectivos. Aunque lamentablemente la pandemia ha vuelto a poner en el centro de nuestras preocupaciones las dificultades económicas de los hogares más vulnerables, la forma de hablar sobre pobreza y, sobre todo, sobre cómo la combatimos, ha experimentado un monumental cambio para bien en los últimos años. Si esta columna se hubiera escrito hace un par de décadas, habría sido seguramente necesario dedicar un par de párrafos a convencer al lector de la gravedad del problema de la pobreza en España, de su naturaleza estructural, y de la necesidad de priorizarlo en nuestra agenda política. Gracias al trabajo de muchos investigadores, instituciones nacionales e internacionales, públicas y privadas, pero también de activistas, trabajadores sociales y organizaciones no gubernamentales, hoy esos párrafos no son necesarios. El combate contra la pobreza y la exclusión social es percibido como un objetivo común que exige una decidida acción política. Así se hizo evidente el pasado 9 de junio en el Congreso de los Diputados, en el que se aprobó sin ningún voto en contra el Real Decreto-Ley por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital (IMV), demostrando que existe un amplio consenso en torno a la idea de que la lucha colectiva contra la pobreza exige de profundos cambios en nuestras políticas públicas.

En estos años no solo hemos tomado conciencia como sociedad del problema de la pobreza. También nos han servido para saber mucho más sobre cómo combatirla de manera efectiva. Hemos aprendido, en primer lugar, que la vulnerabilidad económica extrema lleva asociada exclusión social en muchos ámbitos. Por ello, es clave garantizar unos recursos materiales mínimos a los hogares sin recursos que les permitan aprovechar las oportunidades vitales que se les presentan y puedan salir así del círculo de la pobreza. Hemos aprendido que para maximizar el impacto redistributivo de las políticas inclusivas, es importante que las prestaciones se focalicen en quienes más lo necesitan, y que su distribución tenga en cuenta las circunstancias concretas de los beneficiarios. En efecto, los hogares de bajos ingresos son muy diferentes entre sí (en su composición, en su capacidad de acceder al mercado de trabajo…). Las políticas inclusivas eficientes incorporan en su diseño las diferentes realidades y necesidades de los beneficiarios a los que atienden, y dirigen los recursos especialmente hacia aquellos que más los necesitan.  

La evidencia que hemos acumulado en los últimos años también nos muestra que la preocupación por el hecho de que los programas de rentas mínimas sean abusados por sus beneficiarios y contribuyan a la cronificación de la dependencia es en gran medida infundada. De hecho, cuando estas políticas de sostenimiento de rentas se ven acompañadas de políticas activas de inclusión, se convierten en una poderosa herramienta contra la pobreza no solo de hoy, sino también de mañana. Sabemos también que es importante que las vías por las cuales los ciudadanos acceden a estas prestaciones y los requisitos asociadas a su disfrute a veces contribuyen a la exclusión de facto de los individuos que se deberían beneficiar de ellas. Y sabemos también que la capacidad de estas políticas para corregir el problema estructural de pobreza al que se enfrentan depende de su sostenibilidad en el tiempo. En democracia, ello exige una permanente legitimación social. Por eso es tan importante que estas políticas se desplieguen por una administración sólida y transparente, capaz de gestionar la política pública de manera rigurosa y fiable, así como que la política sea evaluada de manera permanente.

Integrar todas estas enseñanzas en el diseño de una política pública no es una tarea fácil, pero ese ha sido el espíritu con el que hemos diseñado el IMV. Es una política innovadora, que se modula atendiendo a las necesidades de sus beneficiarios, y que consiste una prestación en torno a la cual se articularán un conjunto de políticas (itinerarios de inclusión) destinadas a facilitar la salida de sus beneficiarios de las diferentes formas que toma la exclusión social.

Aunque el diseño fuertemente redistributivo del IMV focalice los recursos en la atención de los más vulnerables, es una política que interpela a la sociedad en su conjunto, porque aspira a dar protección y seguridad a todos ante riesgos y vulnerabilidades futuras. Como defiende el analista del Financial Times Martin Sandbu en su último libro, nuestras sociedades necesitan acompañar las transformaciones económicas contemporáneas con nuevas políticas públicas que restauren el vínculo con la sociedad y el sistema político de aquellos individuos y colectivos negativamente afectados por estos cambios. El IMV aspira a ser una de estas políticas.

En solo unos meses desde su nacimiento, y en unas circunstancias particularmente complejas, más de 130.000 hogares ya están recibiendo mensualmente el Ingreso Mínimo Vital. En las próximas semanas y meses este número seguirá creciendo con fuerza, y a principios de 2021 evaluaremos su despliegue y funcionamiento para asegurarnos de que la política alcance a todos los beneficiarios para los que diseñó, y que cumpla su objetivo de erradicación de las formas más extremas de pobreza. 

El año que viene la lucha contra la exclusión continuará, pero gracias a esta nueva herramienta estaremos mejor equipados para enfrentarla. Trabajemos todos para hacerla lo más efectiva posible.