Cuando mis ojos observan el nuevo naufragio de una barcaza que partió de las costas turcas rumbo a Europa con cerca de 200 personas inmigrantes o refugiadas ¿quiénes les han preguntado?, y digo bien, seres humanos no meros números anotados en una estadística. En esta nueva  ocasión  se ha producido en la costa calabresa, cerca de Crotone en el sur de Italia, habiendo perdido la vida, los sueños,  los anhelos y las esperanzas, unas 70 personas identificadas  hasta el momento, algunas de ellas menores y un bebe de meses, resuenan en mis oídos con fuerza y rabia contenida aquellas palabras que surgieron del pueblo, en la Argentina de 1994, tras la práctica de torturas y desapariciones auspiciadas por la dictadura de este país, “Nunca Mas” resonó con fuerza y profunda emoción de la garganta del fiscal  Strassera en su alegato final del juicio que se siguió contra la Junta Militar, el cual acabó con una condena sin precedentes.

Son las mismas palabras que hoy quisiera que resuenen con elocuencia, rotundidad, exigencia, indignación, dolor y profunda emoción de las gargantas de un pueblo europeo que no puede permanecer impasible y callado ante una sucesión de dramas humanos sin respuesta por parte de la Unión Europea.

“Nunca más” palabras vacías tras la muerte de seres humanos que no vienen precedidas de medidas eficaces para prevenirlas y evitarlas. “Nunca más” acusaciones cruzadas en las que nadie asume la responsabilidad de estos hechos. Nunca más muertes en un Mediterráneo que ha sepultado a más de 26.000 seres humanos en los últimos 10 años, en un rosario de muertes que en demasiadas ocasiones no llegan ni a ser noticia por no presentar la dureza de las imágenes de este naufragio.

“Nunca más” una Europa que afronta la realidad de los flujos migratorios sin una política europea coordinada y única que dé respuesta a la gestión de esta realidad con políticas eficaces y garantizando vías seguras de llegada a Europa que impidan que las personas se jueguen su presente y su futuro en manos de mafias que trafican con el dolor ajeno, exentos de los más mínimos escrúpulos. Nunca más impedimentos a las ONGs que desarrollan una labor esencial en el Mediterráneo salvando vidas, ante la ausencia de los estados.

“Nunca más” una Europa que olvida su historia, sus valores y sus principios haciendo suyas políticas de externalización de las fronteras y de gestión de sus obligaciones de facilitar acogida a las personas solicitantes de protección internacional en terceros países fuera de la Unión Europea, como recientemente hacía Dinamarca. “Nunca más” una Europa en la que las políticas de cooperación al desarrollo pierden fuerza y dotaciones presupuestarias que permitan actuaciones en origen que propicien niveles de vida y desarrollo que impidan las migraciones forzosas por motivos económicos.

“Nunca más” una Europa en donde se extiendan posiciones políticas de extrema derecha con discursos que sitúan las migraciones y a las personas migrantes como un problema y no como una solución que impulsa el desarrollo de Europa a nivel económico, social y cultural. Nunca más un país que mira para otro lado y permite la salida de sus costas de estas embarcaciones. “Nunca más” un Gobierno de Estado como el italiano que dificulta una operación de rescate que en tiempo y forma habría podido salvar la vida de decenas de seres humanos.

La inmigración y el refugio deben desaparecer del debate político partidista y de la confrontación política y electoral, para convertirse  en un asunto europeo, considerándola una política comunitaria europea que avance más allá de la mera declaración de principios y permita la construcción de una política sustentada en cimientos sólidos, que eviten que la gestión de las migraciones se siga haciendo desde las posiciones de cada uno de los estados de la UE, sin un marco de coordinación, sin orientaciones comunes, sin una apuesta clara y precisa por la articulación de vías seguras de llegada a Europa, sin apostar con firmeza por un modelo de integración intercultural que impulse la convivencia intercultural y la gestión positiva de la diversidad, evitando la segregación, el crecimiento de los discursos de odio, el racismo, la xenofobia y la discriminación. Debemos evitar con el apoyo de la ciudadanía europea una política migratoria basada en la externalización de las fronteras y su control, sin políticas claras de integración y ciudadanía. Políticas que se construyen desde el miedo a la pérdida del voto, rozando la ilegalidad por atentar contra los derechos humanos y la legislación internacional y colmadas de falta de humanidad

“Nunca más” nuestro silencio se haga cómplice de la muerte de seres humanos, como nos recuerda una de las personas refugiadas acogidas por Cepaim, ningún ser humano quiere dejar su país, su familia, lo conocido, su seguridad, su cotidianidad, sino hay fuertes motivos que lo provocan, bien de tipo económico político, religioso, climático o por conflictos armados.

La próxima presidencia española de la UE es una oportunidad única para avanzar en esta necesaria política común europea. Los pueblos debemos recordar que nuestro voto sirve para sostener estas situaciones injustificables o para impulsar que “nunca más” vuelvan a suceder.

Estimado Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, le escribo en referencia a sus recientes declaraciones en el marco del coloquio desarrollado en Sagunto, en el cual usted, junto al presentador que no quiso o no supo reprocharle sus afirmaciones y sus risas, tuvo a bien mofarse de una parte de los españoles y españolas, aquellas que continúan con la tarifa eléctrica regulada por el Gobierno, refiriéndose a todos ellos como tontos: “solo los tontos que siguen con la tarifa regulada del Gobierno pagan más por la luz”.

Si tenemos en consideración que la palabra “tonto”, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua, hace referencia a una persona falta o escasa de entendimiento o de razón, podríamos concluir, basándonos en sus propias declaraciones, que usted pudiera ser una persona falta de entendimiento y de razón, por no hablar de empatía, respeto y compromiso social con las personas más vulnerables de nuestra sociedad, precisamente aquellas que más utilizan la tarifa eléctrica regulada por el Estado.

Falta a la razón y acredita un gran desconocimiento de la situación en la que se encuentran en España miles de personas y familias vulnerables que sufren pobreza energética, es decir Sr Galán, familias que viven en un hogar en el que las necesidades básicas de suministros de energía no pueden ser satisfechas, como consecuencia de contar con bajos ingresos o ninguno. Se lo explico con mayor claridad, personas y familias que se ven obligadas a elegir entre comer o pagar los suministros de luz y gas. De acuerdo con los datos de Eurostat, la pandemia ha empeorado la situación y la previsión es que durante este 2022, el número de familias que tengan dificultades para hacer frente a los recibos de la luz o gas siga aumentando, requiriendo del apoyo del Estado. De acuerdo con los datos aportados por Cáritas, en 2021 el 6,5 por ciento de los hogares recibieron avisos de corte de suministros básicos por carencia de recursos.

Le recuerdo que, según los informes de la Red Europea de lucha contra la pobreza y la Exclusión social (EAPN-ES), en España existen 12,5 millones de españoles y españolas que se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social y, de ellos, 3,3 millones, es decir un 7 por ciento de la población viven situaciones de privación material severa, datos que se han incrementado como consecuencia de la pandemia, pasando más de un millón de nuevas personas a esta situación de pobreza extrema.

Estas son las familias y personas que mayoritariamente se acogen a la tarifa eléctrica regulada por el Gobierno que, por cierto, Sr Galán, es la única que da derecho a la ciudadanía más vulnerable a poder acceder a las acertadas medidas impulsadas por el Gobierno para su protección, como la prohibición del corte de luz o el acceso a las ayudas públicas del bono social eléctrico. Es a esas familias a las que usted ha llamado “tontas” por acogerse a un tipo de tarifa que no beneficia los intereses de las empresas energéticas.

Vuelve usted a faltar a la razón y a los datos cuando afirma que el 80 por ciento de los consumidores se acogen a la tarifa libre, aquellas en las que el coste lo fijan las eléctricas de acuerdo a sus propios criterios e intereses. Los datos oficiales nos indican que en 2021, en España existían unos 30 millones de puntos de suministro, de los cuales 19,8 millones se encontraban en el mercado libre, mientras que 10,2 millones figuraban en el mercado regulado, es decir un 66 por ciento, frente al 34 por ciento y ello a pesar de la agresiva campaña de compañías como Iberdrola que intentan convencer a los consumidores de las ventajas de la tarifa libre, frente a la regulada, falseando la realidad y sin explicar las diferencias entre ambas, olvidando el derecho al saber de la ciudadanía. Una ciudadanía desinformada siempre es más manipulable.

Las compañías eléctricas vienen ofertando a las familias paquetes de servicios integrados de luz y gas que incluso pueden estar vinculadas a la contratación de determinados seguros, con un precio fijo, pero exigiendo permanencia, aparentando unas mejores condiciones económicas, cuando en muchos casos no son reales.

Producir energía a través de fuentes renovables más económicas y facturar al precio desorbitado del gas, como se ha venido haciendo en los últimos tiempos, nos ha llevado a la generación de grandes beneficios para las compañías eléctricas que para nada han repercutido en la ciudadanía más vulnerable.

El reciente acuerdo alcanzado por España y Portugal en el marco de la UE, permitiendo a estos dos países poner un precio máximo al gas, va a hacer posible la disminución de los costes de la facturación eléctrica, pero esta reducción, con carácter inmediato, solo podrá afectar a las familias acogidas a la tarifa regulada por el Gobierno.

Las preguntas que nos debemos hacer desde la ciudadanía son ¿quién queremos que regule el precio de la factura eléctrica, el Estado o las compañías eléctricas? ¿Un Estado que debe perseguir el beneficio del conjunto de la ciudadanía o las eléctricas que persiguen beneficio propio?

Sr Galán, tal vez tenga usted razón y seremos tontos mientras que en España solo un 4,7 por ciento de los hogares tengamos sistemas de autoproducción de electricidad, ya sea del hogar o comunitario. Cuando el Gobierno no solo permita, sino que impulse el autoconsumo con energías renovables y nos organicemos en cooperativas de autogeneración eléctrica, a lo mejor comenzamos a dejar de ser tontos.

“Tengo algunas dudas”. “¿Lo hago?”. “No tengo futuro aquí” “Decidido: lo tengo claro; me voy”.  Estas cuatro frases, traducidas en una multitud de lenguas, son algunos de los distintos pensamientos que aparecen por la mente de las personas migrantes a la hora de tomar la decisión de emigrar.

Como cada día y más concretamente hoy, 18 de diciembre, Día Internacional de las Personas Migrantes, desde Fundación Cepaim queremos hacer llegar a las personas con las que habitamos nuestros barrios, nuestros pueblos y nuestras ciudades un mensaje claro, conciso y demostrable con hechos.

Nadie emigra por simple gusto. A nadie le gusta dejar su tierra, a su familia, lo conocido. Detrás de cada decisión de migrar hay motivos económicos, políticos, sociales, religiosos, medio ambientales, conflictos bélicos, falta de seguridad, hay una historia tan humana como podría ser la nuestra. Si retrocedemos en nuestra memoria, nos llegará una imagen de las navidades de 1975 o de aquel verano del 76 cuando llegaba algún familiar procedente de Alemania o de Suiza, cargado de regalos, a disfrutar de unas pequeñas vacaciones. Y aunque algunos tenían documentación legal para residir en el país, otros tantos no y esa no era una realidad ajena, aunque ahora parece que queramos olvidar.

Queremos recordar lo que sucedió en Marrakech en diciembre del 2018. Ese diciembre, se suscribió por 163 países un compromiso para uno de los mayores retos globales, el desplazamiento humano en el mundo. Desplazamiento tanto voluntario, como forzado y que tiene sus principales raíces en la desigualdad. Recordamos que este pacto viene a reforzar que los Estados deben garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y la legislación internacional en la gestión de sus fronteras exteriores, propiciando vías seguras de entrada que se hacen imprescindibles para evitar la inmigración irregular, y sobre todo las muertes, la trata de personas y las mafias.

No podemos caer en la rutina y mostrarnos impasibles ante las imágenes ofrecidas por los medios de comunicación, viendo el sufrimiento de seres humanos que intentan cruzar nuestros mares, las condiciones de vida de personas que residen en asentamientos chabolistas e infraviviendas distribuidas por todo el Estado español, como acabamos de ver en el incendio de la nave de Badalona con 4 personas fallecidas y decenas de personas heridas o como hemos reflejado en el reportaje y proyecto de esta entidad, Eres Parte.

No podemos ni debemos obviar a esa juventud que, con 18 años y un día, se encuentra, en algunos casos, con dificultades para encontrarse a sí misma. Son situaciones intolerables frente a las que no podemos permanecer impasibles y en silencio.

En el día de hoy llamamos a la ciudadanía a trabajar mano a mano, codo a codo, para echar abajo esos muros invisibles que están empezando a crecer en el corazón de nuestros barrios, pueblos y ciudades. Muros levantados a base de mensajes estereotipados que no pueden demostrar su veracidad, que solo buscan desinformar. Esos muros que fomentan el racismo y la xenofobia. Muros que avalan la separación y enfrentamiento de personas contra personas por el simple hecho de tener una lengua distinta o una piel más oscura. Esos muros han crecido demasiado en los últimos tiempos, ya no son tan invisibles, tal y como hemos constatado desde el inicio del programa Desactiva.org donde hemos identificado y señalando como se han ido construyendo a través de altavoces como las redes sociales y los medios de comunicación.

La maza para romper esos muros se llama inversión en políticas de integración, desde donde se fomente esa palabra llamada interculturalidad. Políticas que creen ciudadanía, convivencia y que construyan espacios y tiempos para la relación, la comunicación y la vida en común entre la población autóctona y migrante.

Desde Fundación Cepaim queremos lanzar otro mensaje del que, igualmente, podemos certificar su veracidad con datos, mensajes que deben prevalecer sobre la mentira y el estereotipo, mensajes que puedes consultar desde la plataforma de Cepaim Desactiva.org, con fuentes fiables. Hablamos de la aportación de las personas inmigrantes al desarrollo de nuestro país durante tantos años, apoyando a la agricultura, la repoblación de las zonas rurales, la economía de los cuidados, aportando conocimiento, contribuyendo a la seguridad social y garantizando las pensiones de nuestros mayores. Factores que demuestran que la inmigración es una solución y no una fuente de problemas, son un motor de desarrollo económico, social y cultural.

La inmigración no debe ser entendida como algo meramente funcional o instrumental en cualquier Estado. “Me sirves para esto, para aquello y te utilizo”. Recordemos las palabras del escritor suizo Max Frisch pronunciadas en la Alemania de 1965 “pedimos mano de obra y vinieron personas”, seres humanos que necesitan acceder en igualdad de condiciones a los servicios públicos, a la vivienda, sentirse reconocidos y valorados... La gran pregunta es ¿podemos vivir juntos?, pues no se trata de coexistir, se trata de convivir, de establecer desde las políticas de integración espacios y tiempos para la relación, la comunicación, la gestión positiva de la diversidad, abandonado el miedo al diferente, erradicando el racismo, la xenofobia y la discriminación, enemigos de la justicia, la igualdad, la convivencia y la interculturalidad.

Por ello desde Fundación Cepaim apostamos por la construcción de una sociedad intercultural basada en la defensa de los derechos humanos y el respecto de las diferencias culturales; sabiendo que unas políticas de integración y de convivencia adecuadas, son necesarias y urgentes, nos conciernen como sociedad y nos interpelan como ciudadanía, y son una ineludible inversión para el presente y para el futuro, porque sin duda, podemos vivir juntos y juntas.

Atrapadxs por el miedo estamos equivocando las miradas, los mensajes, las palabras, los discursos y algunas de las decisiones, buscando culpables en donde no los hay, haciendo oposición política con la gestión de un virus que nos debería unir, no separar; intentando vincular el origen de los rebrotes por la COVID-19 con determinados sectores de población, como las personas migrantes, con los modelos culturales de esta población o con algunos territorios y barrios concretos, precisamente en los que más se concentran situaciones de pobreza y exclusión social; cuando el verdadero origen está en el crecimiento de las desigualdades al que hemos asistido en los últimos años, en el déficit de inversiones públicas en políticas sociales, sanitarias y educativas el  cual es más visible en determinados barrios de nuestras ciudades, en las precarias condiciones laborales de algunos trabajadores y trabajadoras, en las situaciones de infravivienda a la que se ve abocada una parte de la ciudadanía. Un origen que lo podemos relacionar, por tanto, con las condiciones de trabajo,  de vida y de vivienda de algunas personas que sufren las consecuencias de la pobreza y la exclusión social, pero nunca en las personas mismas.

No, no, este virus no tiene nacionalidad, ni género, ni origen étnico, nos afecta a todos y a todas. Nos implica. O nos unimos como una piña en su abordaje y dejamos de buscar culpables o nuestra sociedad corre un serio riesgo de fractura social.

Vincular la causa de los contagios con la inmigración y las personas inmigrantes, no solo es un grave error, es sencillamente miserable.

Cuando la pandemia acabe, que acabará, nos vamos a ver en la obligación de reconstruir todo lo que estamos aniquilando en estos días y que hemos construido con el esfuerzo colectivo de mucha gente. Hablo de los procesos de inclusión, de las políticas de integración, de la precaria generación de  vínculos, de relaciones y de convivencia entre población inmigrante y autóctona. Tendremos que atajar el racismo, la xenofobia y el miedo a las personas extranjeras que desde algunos ámbitos se está propiciando, cuando se señala a la población inmigrante y sus modos de vida como origen de los contagios.

Los déficits estructurales de coordinación entre la política sanitaria, educativa, de empleo y de servicios sociales la estamos pagando muy cara. La fragmentación y la descoordinación entre políticas y entre los diversos niveles de la administración pública se ha convertido en una de las gangrenas de nuestro tiempo. Asistimos con perplejidad a debates estériles entre administraciones sobre el marco competencial de cada una de ellas, mientras las personas y los retos sociales se consumen en espera de respuestas urgentes, coordinadas y eficientes que no terminan de llegar.

En lugar de poner en marcha acciones coordinadas, sumar esfuerzos, buscar consensos, reforzar las políticas públicas, acordar medidas sin precedentes… nos dedicamos a buscar culpables, unas veces las personas inmigrantes, otras el gobierno de la comunidad limítrofe o el de España, en un intento de huir de nuestras propias responsabilidades.

Ahora, gracias a esta pandemia, se visualiza con claridad la vinculación directa entre las situaciones de desigualdad, pobreza, exclusión social, condiciones laborales y habitacionales y la salud comunitaria, haciendo más visible la mayor exposición al contagio por la Covid-19 de las personas y barrios que sufren están situaciones.

Ya nadie podrá negar que hay una relación directa entre las políticas sociales y las sanitarias, de tal forma que un déficit de inversión social, trae consigo una mayor exposición comunitaria al contagio por la Covid-19. 

Ahora comprobamos que la pobreza y la exclusión social no son un problema de las personas pobres y vulnerables, ni una condena divina, sino un reto del conjunto de la sociedad, necesitando del esfuerzo compartido de todos y todas para su erradicación.

Una mayor inversión en la lucha contra la pobreza y la exclusión social y contra las desigualdades, se convierte en una de las mejores medidas de salud comunitaria y de prevención de los riesgos de extensión de los contagios por la COVID-19 en el actual contexto.

Debemos trabajar a presente y a futuro por una mayor coordinación entre políticas sanitarias, sociales y de empleo; a la vez que entre administraciones, garantizando la armonización a nivel estatal de las políticas sociales, educativas, sanitarias, de empleo…, de tal forma que el conjunto de la ciudanía pueda acceder en igualdad de condiciones a los recursos, servicios y prestaciones, con independencia del lugar en el que viva.

Si queremos atajar los rebrotes debemos escuchar más a profesionales de la sanidad, pero también a las personas expertas en políticas sociales inclusivas, debemos ponernos mano con mano a erradicar la pobreza, las desigualdades y la exclusión social, no nos va a valer con confinarla o culpabilizarla.