La pobreza se agrava en Andalucía. Nunca antes tantas familias se habían empobrecido tan rápido. Si atendemos a los datos de empleo, la foto es clara. Las familias con menor formación académica, en una situación laboral inestable y con trabajos de baja cualificación son las más afectadas por la pérdida de empleo en Andalucía, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Canarias.

El perfil de las familias más vulnerables es el de un hogar monomarental (en España el 81% de las familias monoparentales son encabezadas por mujeres), con un nivel de estudios bajo, migrante o con contrato temporal y perteneciente al cuartil más bajo de renta.

Los datos de pobreza infantil preocupan especialmente en nuestra comunidad por haber aumentado más del doble de la media nacional. En Andalucía, el 40,8% de los menores de 18 años —unas 650.000 personas según el umbral nacional de pobreza, y el 29,5%, unas 470.000 según el umbral autonómico—, están en riesgo de pobreza o exclusión social. Cifras escandalosas, en cualquier caso, que la crisis por la COVID-19 está agravando.

En Andalucía, el 40,8% de los menores de 18 años —unas 650.000 personas según el umbral nacional de pobreza, y el 29,5%, unas 470.000 según el umbral autonómico—, están en riesgo de pobreza o exclusión social.

La evidencia que arrojan los datos de medición de la pobreza es suficiente. Avalan la necesidad de buscar instrumentos estructurales de lucha contra la pobreza y la desigualdad, como el ingreso mínimo vital, que deben complementarse con una renta mínima andaluza de inserción social reforzada, que alcance a aquellos sectores de la población que no están cubiertos.

Esta crisis también ha ahondado en la brecha educativa, afectando de forma desproporcionada a los niños y niñas de familias migrantes y de pocos recursos; a los que viven en zonas rurales o mal comunicadas; a los hogares monomarentales; a la infancia con discapacidad o necesidades educativas especiales; y al colectivo gitano. Ante esta situación, debemos asegurar a las familias apoyo escolar, especialmente a las más vulnerables. Esto pasa por garantizar el acceso universal a la enseñanza online con medios, que son esenciales, y también proporcionando formación y apoyo a familias que no tienen las habilidades tecnológicas necesarias.

Todo apunta a que los casos de niños y niñas que sufren violencia se han incrementado durante la pandemia. La exposición a la violencia en el hogar o en redes sociales ha aumentado mientras crecían las barreras para pedir ayuda. La detección de los casos de negligencia, violencia física, psicológica y sexual se puede mejorar si dotamos a los espacios clave para la vida de nuestros niños y adolescentes de los protocolos necesarios, como centros sanitarios, escolares y de ocio y tiempo libre.

La exposición a la violencia en el hogar o en redes sociales ha aumentado mientras crecían las barreras para pedir ayuda.

Esta crisis nos ha recordado la importancia de contar con servicios de salud públicos de calidad. Desde UNICEF apoyamos la puesta en marcha de una estrategia de salud para la infancia y la adolescencia que refuerce su visibilidad en el conjunto de políticas y servicios; con un mejor conocimiento de la epidemiología infantil; con políticas, planes y recursos de atención a la salud infantil y adolescente bajo el enfoque de derechos de la infancia, la perspectiva de ciclo vital, atendiendo a determinantes sociales y la visión de los activos de salud. Esta estrategia debe integrar específicamente un nuevo plan de Salud Mental. Hemos detectado un fuerte deterioro mental y físico de los niños durante la pandemia; uso excesivo de pantallas, carencia de estímulos, incertidumbre, mala alimentación y falta de relación con amigos. Además, los problemas de conciliación se están traduciendo en un mayor estrés y mal ambiente familiar.  

Los niños y niñas que viven en centros de protección son otro grupo vulnerable que ha empeorado sus condiciones de vida; a la falta de contacto con personas de su entorno o a la incertidumbre generada por su situación personal se han unido las carencias materiales o de infraestructuras. Es ineludible aumentar los recursos y mejorar la coordinación de los centros con áreas como educación, servicios sociales y salud. Dentro de este colectivo, aquellos chicos y chicas de origen migrante sufren una situación especialmente vulnerable; muchos siguen saliendo de los centros al cumplir los 18 años sin ningún apoyo para un proyecto de vida posterior.

El bienestar de nuestra infancia empeoró tras los ajustes presupuestarios de la crisis de 2008. Es responsabilidad de todos y todas que ahora sea diferente. Estamos por debajo de la inversión media, por persona menor de edad, que teníamos hace 10 años. El gasto en infancia, en servicios sociales, representó poco más del 3% de los presupuestos de 2019 en Andalucía. Nos hallamos ante un momento histórico que exige ahora, más que nunca, que se proteja y priorice la educación y la protección social de la infancia y las familias, comprometiendo mínimos de inversión. La recuperación económica y social de nuestra tierra solo será completa si se dirige de manera prioritaria a los niños y niñas más vulnerables. Son quienes más riesgo tienen de sufrir consecuencias irreversibles y quienes más posibilidades tienen de quedarse atrás.