Muchas veces se califican como históricos acontecimientos que con el paso del tiempo se han visto que no alcanzaban dicha categoría. Pero esta vez, si temor a equivocarnos, podemos calificar este acuerdo de histórico.

La pandemia nos ha obligado a replantear muchas cosas en nuestras vidas. Y también en la forma en que nos relacionamos con nuestros socios europeos. Además de toda la oleada de solidaridad entre la ciudadanía, de responsabilidad social, de avances en la investigación, también ha sido el momento de la corresponsabilidad institucional. Y no solo hablamos de la cogobernanza entre comunidades autónomas y el gobierno de España, sino también entre los distintos estados miembros de la Unión Europea.

Y por eso hablo de acuerdo histórico. Porque se trata de un acuerdo que homologa el marco de relaciones laborales de España con Europa, cumpliendo además con los compromisos con la Comisión Europea para acceder a los fondos de reestructuración. Unos fondos que van a suponer para España un total de 140.000 millones de euros: 72.700 millones de euros en subvenciones y 67.300 millones de euros en préstamos.

Este es un acuerdo histórico porque por primera vez se consensua una reforma laboral con el respaldo unánime de patronal y sindicatos. Quiero recordar aquí que la última reforma laboral, la del Partido Popular, contó con el rechazo frontal de todos los sindicatos, cosa que no ha ocurrido en esta ocasión.

Un éxito del conjunto del Gobierno y de los agentes sociales, que han trabajado incansablemente, para modernizar el mercado laboral de nuestro país, imprescindibles para afrontar el cambio de modelo productivo.

Se trata de un éxito de país, que busca apostar por el empleo de calidad y dejar atrás décadas de precariedad, frente al modelo del Partido Popular, basado en la devaluación salarial.

La nueva reforma laboral del siglo XXI apuesta por una recuperación justa: reduce la temporalidad, refuerza la creación de empleo de calidad, y ofrece seguridad jurídica a las empresas. Teníamos un compromiso con los ciudadanos, recogido en el acuerdo de coalición y refrendado con Bruselas y lo hemos cumplido. Ese es el camino que nos ha permitido ser los primeros en tener el aval de Bruselas para empezar a recibir los fondos europeos.

Con este acuerdo: potenciamos la contratación indefinida y el empleo estable, reduciendo el número de tipos de contratos, generalizando el contrato indefinido, limitando la contratación temporal y fomentando el contrato fijo discontinuo.

Además, se refuerza la negociación colectiva, reestableciendo el equilibrio entre empresarios y asalariados, prorrogando los convenios hasta que sean sustituidos por otros nuevos sin límite temporal.

Pero también se pone especial atención en las y los jóvenes trabajadores de nuestro país y a las mujeres, colectivos especialmente afectados por la crisis. Con este acuerdo, se pone coto a la precariedad y la temporalidad que afecta, sobre todo a estos colectivos.

Y se pone freno a los despidos y protección del tejido productivo, incentivando los ERTE, tras el éxito demostrado durante la crisis sanitaria que ha permitido preservar el empleo de 3,4 millones de trabajadores en lo peor de la pandemia.

Estamos de enhorabuena y hago aquí mías las palabras del Presidente del Gobierno Pedro Sánchez cuando afirmó que: “Con este acuerdo avanzamos hacia un modelo de relaciones laborales del siglo XXI. Y lo hacemos con la bandera del acuerdo y el diálogo”.

Hay tres hitos importantes que marcan un punto de inflexión en cada uno de las etapas de desarrollo del proyecto europeo. El primero es con la firma del Tratado de Paris en 1950 donde se pone en común la producción del carbón y el acero. Aquí, supone un hecho histórico la colaboración y coordinación política como bandera de la convivencia. El segundo hito es en 1989 con la caída del muro de Berlín y supone la reunifación de las dos Alemanias donde hay un vuelco en el panorama internacional y el reencuentro de muchos ciudadanos europeos serados por fronteras. El tercer y último, que es la votación del Brexit en junio del 2019, donde se produce la primera salida de un Estado miembro de la UE y el auge de los populismos a nivel europeo. 

Ante estos acontecimientos y el contexto actual, quiero reivindicar el papel y liderazgo de nuestro país en la acción multilateral a nivel europeo e internacional aportando soluciones frente a la crisis global. La entrada de España en la UE hace en junio 35 años y ha supuesto un amplísimo desarrollo en derechos, libertades y progreso que no podemos obviar. En la actualidad nos encontramos en la peor crisis sanitaria, social y económica de nuestra historia donde la respuesta armonizada de toda la UE ha sido ejemplar. Como en todo, seguro que es mejorable pero la expansión keynesiana que se ha producido nos abre un futuro de esperanza e ilusión para las próximas generaciones.

Hace apenas una semana se publicó el primer Eurobarometro desde la crisis de la covid19. Algunos datos importantes a tener en cuenta de cara al presente y futuro del desarrollo de nuestros son; el 84 % de la población española se siente ciudadana de la Unión Europea. España es el cuarto país de la UE con el porcentaje más alto. El 52% de la ciudadanía española confía en la eficiencia del plan de recuperación frente al 41% que considera que será ineficiente.  El 70% de la ciudadanía española y europea cree que la vacuna es la única forma de acabar con la pandemia.

Esta semana empieza un nuevo tiempo que va a marcar los grandes retos que afrontaremos en el presento y futuro. El viernes 7 de mayo ha dado inicio la Cumbre social europea en Oporto donde se pondrá punto sobre como a la agenda social de los próximos años. Hoy se lanza la Conferencia sobre el futuro de la UE y con el objetivo de abordar los grandes debates de los próximos años como el pacto verde, la digitalización, la cohesión territorial y social y la igualdad de género. Por primera vez en la historia será abierto a la participación ciudadana y sociedad civil con el objetivo de expandir el proyecto europeo a la sociedad.

Vivimos momentos difíciles, en todos los ámbitos. Y por eso hoy, más que nunca, es necesario que las estrategias de colaboración entre instituciones y sociedades vayan de la mano para seguir dando la respuesta social y económica que nos merecemos.

Nos preguntamos en muchas ocasiones en qué estamos fallando. Y lo sabemos. Sabemos que el caldo de cultivo está en la adolescencia. Muchos de nuestros jóvenes, y hablo en masculino, siguen viviendo unas relaciones basadas en el control y en la posesión. Y nuestras jóvenes, atrapadas en el amor romántico, asumen esa relación con normalidad pensando que de esta manera las quieren más. Que se preocupan por ellas y que con el tiempo cambiarán.

Nuestra sociedad tiene un reto: dejar una sociedad libre de violencias y de maltrato a las futuras generaciones. Se lo debemos a las mujeres pero también a los hombres, pues tenemos que ser capaces de llegar a ellos para que se sientan interpelados y no estén cómodos en ese rol que les obliga a ser los más duros y seres sin emociones.

Lo conseguiremos cumpliendo las leyes y acompañándolas de recursos, económicos y humanos, para prevenir situaciones de violencia y de maltrato entre la adolescencia. Desde las instituciones debemos poner el foco en los maltratadores y no dejar la carga de la protección y la denuncia en las mujeres. Hay que dejar de preguntarse si la víctima había iniciado un proceso judicial o si convivía o no con el maltratador. Debemos impulsar campañas dirigidas a las jóvenes para que les trasmitan seguridad, empoderamiento, para que no caigan en las redes de ese dañino “amor romántico” que de una manera intencionada las hace vivir situaciones toxicas con toda normalidad.

Estoy convencida de la apuesta de este Gobierno para terminar con esta situación de violencia sobre las mujeres es firme. Está en la agenda y es una prioridad. No es posible que el 51 % de la población siga viviendo situaciones inhumanas y de falta de libertad y de seguridad. Por ello, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) recogen una partida de 258 millones de euros destinada a la lucha contra la violencia machista, superando los 200 millones recogidos en los compromisos del Pacto de Estado.

Estos presupuestos tienen como objetivo redoblar los esfuerzos en la lucha contra la violencia machista. Y que debe ser ir más allá de la violencia contra la mujer en el marco de la pareja o expareja, pues también son víctimas de la violencia machista todas las mujeres agredidas en situación de prostitución o que han sufrido la mutilación genital, la trata o aquellas cuyos matrimonios fueron pactados.

Ahora es el momento de cumplir e implementar el mandato del Pacto de Estado en materia de violencia de género y dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por España ante distintas instituciones europeas en materia de violencia contra las mujeres. Es el camino que debemos seguir para celebrar un 25 de noviembre sin más sillas vacías.

Por primera vez, las inversiones territorializadas en la Comunitat Valenciana se sitúan en el entorno del 10 %, una reivindicación histórica, justa, que ningún otro Gobierno había atendido hasta este momento. Y se aproximan significativamente a la referencia que establece el Estatut del peso del pueblo valenciano en el conjunto nacional. Queda mucho camino por recorrer, pero estas cuentas son un primer paso, un acicate para la recuperación social y económica de Valencia, Alicante y Castelló.

El Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez es lo mejor que le ha pasado a la Comunitat Valenciana. Lo demuestran estas cuentas, pues contemplan inversiones por valor de 1.218,4 millones de euros (1.164,52 de inversiones del capítulo 6 más 53,8 del Fondo de Compensación Interterritorial) para la Comunitat Valenciana, un 53 % más que los PGE de 2018 aprobados por el anterior Gobierno del PP. 

La inversión histórica del Estado en las tres provincias garantiza la prestación de los servicios esenciales. Además, recogen mecanismos transitorios absolutamente necesarios para adelantar liquidez a las Comunidades Autónomas (CCAA) y despejar cualquier incertidumbre. 

Esta pandemia global ha puesto sobre la mesa la necesidad de articular mecanismos de cooperación entre administraciones a todos los niveles y los presupuestos están a la altura de las circunstancias. En 2021, el Estado facilitará las inversiones necesarias para que cada comunidad autónoma pueda poner en marcha cuanto antes los proyectos imprescindibles para la recuperación. Más de 10.000 millones se transferirán a los gobiernos autonómicos y 1.489 millones a los ayuntamientos para que cada administración tenga más recursos en su ámbito competencial.

Ni España ni la Comunitat Valenciana pueden esperar más y los presupuestos fortalecerán el Estado de bienestar y consolidarán el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Este Gobierno no dejará a nadie por el camino, es nuestro compromiso con la ciudadanía. Y por eso, las pensiones contributivas se incrementan un 0,9 %, por importe de 13.500 millones de euros, beneficiando a más de 999.000 valencianos y valencianas. 

¿Qué supone este incremento? Que las personas mayores dispongan de más dinero a fin de mes y que no pierdan poder adquisitivo. También se incrementan las pensiones no contributivas un 1,8 %, lo que beneficiará a más de 48.000 valencianos, por un importe estimado de más de 270 millones de euros. 

El dinero tampoco puede ser un impedimento para que los jóvenes abandonen sus estudios. De ahí la apuesta decidida del Gobierno para incrementar las becas con una inversión de 238 millones de euros que van a beneficiar a más de 103.000 estudiantes de la Comunitat Valenciana. La FP es otro de los pilares fundamentales de la estrategia educativa del Estado y estará muy presente en los proyectos financiados por Europa. El Gobierno ha aprobado esta semana una inversión de 33 millones de euros en programas de cooperación territorial con las CCAA. Del total, la Comunitat Valenciana recibirá cerca de 4 millones de euros repartidos en diversos programas.

Por otra parte, se destinarán más de 2.300 millones para la ley de la dependencia y 22.000 familias de las tres provincias disfrutarán de un incremento del permiso de paternidad de 12 a 16 semanas.

Todo esto son ejemplos del compromiso social de este Gobierno para que nadie se quede atrás. Pero además estas cuentas también impulsarán y fortalecerán la economía valenciana. Se financiarán con más de 288 millones de euros inversiones para la transición ecológica en la Comunitat Valenciana. Mientras, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana va a destinar inversiones por valor de 193,49 millones. Además, para la conservación y explotación de carreteras valencianas se consignan otros 91,47 millones. Igualmente, se han presupuestado 263 millones para los trenes valencianos de Cercanías que paliarán el déficit de inversiones en los últimos años.

También tendrá un importante impulso el parque de vivienda de la Comunitat Valenciana con el Plan Estatal de Vivienda, con el que se prevé invertir hasta 42 millones. Por su parte, la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia recibirá subvenciones al transporte regular de viajeros por importe de 38 millones de euros, frente a los 10 millones de euros de los PGE 2018, y se destinarán más de 98 millones para la financiación de los servicios ferroviarios declarados Obligación de Servicio Público (OSP) en la Comunitat. 

Adicionalmente, se han presupuestado 52,8 millones de euros que permitirán iniciar las obras del nuevo canal de Acceso de València y que, junto con el estudio informativo del túnel pasante, darán un nuevo impulso al conjunto al Parque Central.

En definitiva, estos son los presupuestos que necesita España y la Comunitat Valenciana para la reconstrucción y la modernización de la economía. Son los más ambiciosos en décadas. Porque ahora es el momento de ser más ambiciosos. Estos son los presupuestos que necesita la sociedad valenciana y por ello deberían contar con el mayor respaldo parlamentario posible. La sociedad no nos perdonaría que por rencillas políticas no consiguiéramos los presupuestos que necesita la Comunitat Valenciana. Es el momento de la responsabilidad.