Hace unos días en el Congreso de los Diputados debatimos un documento presentado por el Partido Popular relacionado con la situación de las centrales nucleares en el estado español.

El texto era claramente un llamado a realizar un rescate de las propias centrales. La evidencia más clara de la profunda crisis que tienen o, dicho de otra forma, su incapacidad para poder competir con las energías renovables.

¿Cuáles son los motivos que nos han llevado a esta situación?

En primer lugar, no les salen los números. Así, el propio Informe Mundial de la Industria Nuclear de 2023 reflejaba cómo los costes nivelados de la energía solar se habían reducido un 90% y un 72% la eólica, mientras que los costes de la nuclear se habían incrementado un 36%. Eso nos situaba la energía nuclear con costes entre tres y cuatro veces superiores a las energías renovables. 

Entre muchos factores, son precisamente los tratamientos ambientales de las mismas, es decir, la gestión de los residuos radiactivos y los desmantelamientos y rehabilitación de los terrenos, uno de los costes más elevados. Por eso, cuando se pretende presentar la energía nuclear como una energía limpia hay que recordar que no hay ninguna fuente de energía que tenga unos costes ambientales o, lo que es lo mismo, un impacto ambiental tan grandes. Si entendemos el principio de “quien contamina paga” son de largo los que más deberían pagar.

También hay intentos de presentar las centrales nucleares como la principal apuesta de muchos países como la energía de futuro. Pero la realidad es bien distinta; de hecho en los últimos 20 años en Europa se han cerrado 27 centrales y sólo se han puesto en marcha tres. De estas, las últimas dos, de Finlandia y Francia, han sido fracasos económicos colosales: 12.000 millones de sobrecostes la primera y 10.000 millones la segunda. Con unos retrasos en la construcción de 13 y 12 años, respectivamente. No es de extrañar que países como Alemania o Suiza hayan decidido, como España, planificar el cierre de sus centrales.

Ante la crisis del gas vinculada a la guerra de Ucrania y Rusia también ha habido intentos de dibujar la energía nuclear como una alternativa de soberanía energética para no depender del gas ruso. La realidad es todo lo contrario, no sólo porque el Estado español no disponga de yacimientos de uranio o de fábricas de concentrados y de enriquecimiento del uranio, sino porque España, al igual que Europa, depende en un 40% del uranio enriquecido de Rusia. El propio informe de la industria nuclear tiene un capítulo entero dedicado a la dependencia de Rusia. 

Por no decir que, además, las centrales nucleares, a diferencia de las otras fuentes de energía, en situaciones de guerra se convierten en objetivos militares, como desgraciadamente hemos visto en la guerra de Ucrania.

Uno podría pensar que quizás la dificultad del cierre de las centrales se debe a que no hay tiempo de poner en marcha una alternativa. Pero de nuevo los datos desmienten esta hipótesis. Hoy las centrales nucleares suponen sólo el 6% de la potencia instalada, unos 7.000 MW. Para que nos hagamos una idea, sólo en 2023 se incorporó a la red la misma potencia instalada con parques de energías renovables.

Rápidamente alguien me responderá que, aunque sólo supongan el 6% de la energía instalada, representan el 20% del consumo anual de electricidad. Y esa es para mí su mayor debilidad. El futuro del sistema eléctrico es la flexibilidad, y la energía nuclear es todo lo contrario, es inflexible y cara. Se trata de una energía prisionera de sus costes fijos que citaba al principio, que hace que el sistema no sea solo ingestionable y rígido, sino que convierte el mercado eléctrico en un mercado cautivo.

Hablemos también de la garantía de suministro, es decir, ¿podríamos cubrir la demanda de energía si cerrásemos las centrales? Pues bien, el día más crítico, el de mayor demanda y menos producción, fue el 15 de noviembre de 2017. Ese día, si no hubiera habido ninguna central nuclear en marcha hubiésemos dado cobertura a la demanda sin problemas. Así pues, si las centrales nucleares las pudiéramos apagar y encender fácilmente, a día de hoy estarían permanentemente apagadas. Esa es la cruda realidad del sector; por eso el año pasado por primera vez tuvimos cuatro meses con cuatro reactores parados. 

Y, finalmente, hablemos también de lo que supondría retrasar el cierre de las centrales. Porque a veces se presenta como una medida inocua, pero la realidad es que también conlleva enormes costes. De hecho, la propia Comisión Europea estudió los costes de alargar la vida útil de los de los reactores de Bélgica, calcados a los nuestros, y eran entre 2.000 y 2.500 millones de euros, es decir, el doble que las renovables.

Pero si hay alguna muestra más clara de que los números no salen es que las cuentas las han hecho las propias empresas que gestionan dichas centrales. Ninguna de ellas ha pedido que se posponga su cierre. Por otra parte, en 38 años ninguna empresa ha presentado una iniciativa para la instalación de una nueva central. Una muestra más del fracaso de la liberación del sector nuclear –por cierto realizada por el Partido Popular– o, en definitiva, del éxito de las energías renovables. 

Unas propuestas que, además, no cuentan con el respaldo de la ciudadanía; sin ir más lejos, la encuesta del CEO de este verano en Catalunya revelaba que un 81% de la población veía como negativas o muy negativas las instalaciones nucleares.

Por eso, en realidad de lo que hablamos hace unos días en el Congreso es de que se haga un rescate de las centrales nucleares, que esos costes inasumibles los paguemos todos y todas. No es de sorprender que el Partido Popular y Vox prefieren pagar el doble por un mismo producto, claro, cuando el dinero no es el suyo sino el de todas y cuando quien lo vende es un buen amigo. Lo que quizás es más vergonzante fue que Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya se sumaran a dicho despropósito. O lo que es peor, que justificaran la permanencia de las nucleares debido su nula capacidad para desplegar las energías renovables en Catalunya.

Se puede decir más alto, pero no más claro: el sector nuclear, caro, rígido y contaminante pudo competir el siglo pasado, pero el futuro sin lugar a dudas es más democrático, descentralizado, flexible, más barato y sostenible. Es renovable.

Hace unos días, el Parlamento Europeo fijó su posición para asentar la base del Fondo de Reconstrucción de Europa: la transición ecológica. En ella se establecía que el gasto vinculado al cambio climático y la biodiversidad se elevara hasta el 40% y que ninguna actuación podría ser contraria a los objetivos medioambientales.

El fondo de reconstrucción se convierte en fundamental no sólo porque se trata de un volumen de recursos sin precedentes (750.000 millones de euros) sino también porque sienta las bases de la economía del futuro en Europa. En este futuro, la transición ecológica se convierte en el principal vector económico. 

Pero la realidad en los estados no acaba de encajar con esta visión. Sin ir muy lejos, hace pocos días también conocíamos que el gobierno del Estado ha decidido un rescate millonario: se anunciaba la decisión de verter 475 millones al rescate de una aerolínea, Air Europa. Una aerolínea que arrastra ya 1.000 millones de deuda y que, como cualquier compañía en esta industria, es responsable de la emisión de miles de toneladas de CO2eq, gas que alimenta el cambio climático.

475 millones de euros que no sólo no se podrían imputar al fondo de reconstrucción anunciado por Europa sino que además contradice los mismos objetivos europeos de mitigación del cambio climático. Aún no hemos recibido el primer euro para superar la crisis actual y ya nos estamos gastando millones en la dirección opuesta. 

Son, además, 475 millones de euros que van en contra de la propia ley estatal de cambio climático y de transición energética que está impulsando el gobierno, en que el concepto descarbonización está entre sus objetivos principales. Qué cosas: en el mismo momento en que se conocía el rescate de Air Europa, se presentaba la estrategia del Estado español para adelantar en la estrategia de descarbonización del país. 

Poner dinero en una industria que es uno de los principales actores de la emisión de gases de efecto invernadero sin ninguna condición es de una ceguera preocupante. Sólo cabe recordar que la aviación vinculada al aeropuerto del Prat, en Barcelona, emite 7,6 millones de toneladas de CO2, exactamente dos veces más de lo que emite la ciudad entera. 

Si el rescate de la crisis sanitaria pasa por agravar la crisis climática, más que un rescate es una condena. 

España tenía la oportunidad de, como mínimo, poner condiciones a ese rescate, como sí hicieron otros países a su sector aeronáutico nacional, también ahogado por la crisis sanitaria como muchos otros sectores relacionados con la movilidad internacional. Pedirles un plan de reducción de emisiones, la eliminación de vuelos cortos con conexión ferroviaria –como el puente aéreo— o eliminar definitivamente la exención en el consumo de queroseno son medidas que se están implementando en otros países y que permiten hacer una transición ecológica imprescindible para construir futuro. 

Estamos en un momento crucial para nuestro futuro y por eso todas las decisiones que tomemos deben tener una mirada a largo plazo. Europa ha aprendido la lección y sabe que no hay futuro ni prosperidad económica, si no integra y lidera la lucha contra el cambio climático en todas sus decisiones. El medio ambiente ha dejado de ser una externalidad o una carga para ser un elemento constituyente de la propuesta económica. 

La descarbonización de la economía y la economía verde son los pilares de la Europa que queremos construir, y por eso debemos exigir que también lo sean del Estado español, de las comunidades autónomas y de los municipios. En Barcelona lo tenemos claro.