Es una imagen que se repite recurrentemente en la Villa del Segura. Hileras de edificios rectangulares de reciente construcción, separadas por anchas calles y algún que otro jardín, y conectadas con carreteras que llevan directamente a alguno de los grandes centros comerciales del norte. Estos nuevos desarrollos urbanísticos, símbolos pétreos de todas las esperanzas y delirios que España experimentó durante la burbuja inmobiliaria, están invariablemente rodeados por la nada. Un descampado, una carretera, o una verja en mal estado suele marcar los límites de la urbanización.

Evidentemente, al otro lado hay “algo”, un algo que no tiene necesariamente porqué estar despoblado, pero las diferencias entre estas dos zonas son tan radicales que a ratos parecen lugares distintos. Son como esas fotos que ilustran las profundas desigualdades sociales de Latinoamérica, en las que un muro separa un distrito acomodado de una barriada de chabolas. Dos lugares separados por unos pocos metros, pero que en muchos aspectos están a años luz de distancia.

A un lado, nos encontramos con zonas pobladas por profesionales de clase media con hijos, dos coches por unidad familiar y seguro médico privado. Un mundo en el que se fomenta el individualismo, la competitividad, y donde la búsqueda de una etérea seguridad prima sobre cualquier otra cosa. Al otro lado, la “España Vacía” que se resiste a morir, poblada por gentes de avanzada edad, y dedicados a tareas agrarias y ganaderas. Tan lejos y tan cerca a la vez los unos de los otros.

Este modelo de urbanismo, que podríamos denominar segregador, no es un accidente producto de una mala planificación municipal, si no que cumple una función política que pasa inadvertida. Pocas formas mejores existen para fomentar el individualismo y la incomunicación social que la creación de espacios urbanos segregados, lugares donde uno solo se encuentra con personas de su misma edad, clase social, y etnia.

Este esquema constructivo, repetido sin muchas variaciones a lo largo de la Región de Murcia, es uno de los principales motivos que explican la larga y prácticamente inapelable hegemonía conservadora en el territorio. Como en el Madrid de Aguirre y Ayuso, la segregación urbana ayuda a construir sociedades donde el sector privado, regado por generosas subvenciones públicas, ayuda a construir una mentalidad del “Sálvese quien pueda” que aglutina grandes mayorías derechistas.

Pero exactamente, ¿qué relación existe entre vivir en un nuevo desarrollo urbanístico y votar por el PP o Vox? Evidentemente, el lugar donde vivimos es solo una de las muchísimas facetas que condicionan nuestra manera de pensar, política y en otros sentidos. No obstante, si vivimos en un lugar donde necesitamos movernos en coche continuamente, donde nuestro lugar de ocio más cercano es un macrocentro comercial, y donde apenas hay centros educativos o de salud públicos, siempre seremos mas sensibles a los discursos que piden acabar reducir los impuestos y acabar con el sector público, el cual es muy exiguo en estos lugares.

Los seguros de sanidad privados, y especialmente la enseñanza concertada, son un pilar fundamental en esta estrategia de segregación social y política. Como ha señalado la socióloga Isabel Cutillas, una de las funciones primordiales de educación la concertada en Murcia es dividir al alumnado en función de la nacionalidad. Así, la educación publica se queda con los alumnos de origen inmigrante, mientras que las trabas que pone la concertada a estos le otorgan una cierta “distinción”, en muchos casos mas imaginaria que real, pero que ayuda a fortalecer la incomunicación social.

Todo este análisis que acabamos de desgranar tiene, por supuesto, muy poco de original, y está basado en lo que el periodista Jorge Dioni ha denominado “La España de las piscinas”, el que probablemente es uno de los mejores ensayos publicados en este país el año que acaba de terminar. Según Dioni, este modelo de actuación urbanística, importado de Estados Unidos puesto en marcha especialmente durante los años 90, es un fenómeno poco estudiado pero crucial a la hora de entender el voto conservador.

El libro incluso llega a mencionar de pasada el fuerte impacto que la UCAM tiene en los desarrollos urbanísticos del norte del municipio de Murcia. Ante la falta de servicios públicos que unan como sociedad estas zonas, la larga mano de la Universidad Católica suple a la del estado, en un proceso de privatización del espacio y de las mentes que, a la larga, es indudablemente dañino para cualquier sociedad democrática.

Se habla mucho en los últimos tiempos sobre las burbujas digitales y la atomización que crea Internet, donde la gente solo selecciona los trozos de información que le interesan y descarta el resto. No obstante, estas burbujas no serían tan agudas si cuando fuésemos por la calle nos cruzásemos con personas distintas a nosotros. El urbanismo imperante en Murcia está pensado explícitamente para evitar esto. No solo concibe la vivienda como una mercancía, sino también como una forma de dividir a los habitantes en función de su clase social.

Quién escribe estas líneas participó activamente en un movimiento social y ciudadano que pedía activamente una “Murcia sin Muros”, una ciudad que no se viese dividida por un tren que solo beneficia a una ínfima parte de la población. Quizá sea hora de empezar a pensar en otros muros que dividen nuestra tierra, muros menos visibles, pero no menos altos.

Hay quienes piensan que vivimos tiempos de pesimismo y desesperanza, de falta de ideales y de cinismo. Tras la resaca de idealismo utópico que caracterizó a mi generación, la que alcanzó la mayoría de edad entre 2010 y 2016, parece lógico que las nuevas generaciones sean escépticas y descreídas, como no se cansan de señalarnos las encuestas, los sociólogos, y los tertulianos que viven de crear alarmismo en torno a imágenes como las de los recientes macro botellones en Barcelona y Madrid.

Este retrato de toda una generación es, por supuesto, falso, o como mínimo tramposo, no solo porque es prácticamente imposible acabar con el instinto optimista y temerario que caracteriza a la juventud, por difíciles que sean las circunstancias en las que se desenvuelve, sino porque hay razones para creer que una parte importante de la juventud actual tiene perspectivas de cambiar su situación a mejor. El cómo lo piensan hacer, o si es razonablemente posible, ya es otra película.

El auge de fenómenos como las criptomonedas, los you-tubers 'libertarios', las casas de apuestas, y los gurús del 'trading' indican que la nueva esperanza de cambio entre unos cuantos jóvenes consiste en encontrar alguna forma de 'pegar un pelotazo' con el que hacerse millonario.  Hasta un conocido dúo cómico ridiculizó hace unos pocos meses al enjambre de supuestos expertos en finanzas y criptomonedas que pululan por la publicidad de las redes sociales diciendo conocer la ubicación de Eldorado.

Las casas de apuestas, en versión física u online, son la cara más visible y masiva de este nuevo y cada vez más lucrativo nicho de mercado basado a partes iguales en la desesperación y la esperanza, que recordemos, es lo último que se pierde. Quienes comparan las apuestas con la heroína cometen un grave error de análisis, ya que, si bien tienen coincidencias importantes, nadie cree poder hacerse millonario pinchándose caballo, pero si existe una gran cantidad de personas que creen que en algún momento 'les caerá el gordo', lo cual suele ser el principal gancho para empezar en el mundillo.

¿Quién no ha soñado nunca con ser millonario? ¿Quién no ha fantaseado alguna vez con, como dice un famoso grupo de rock canadiense, tener 15 coches y un cuarto de baño en el que puedas jugar al béisbol? La esperanza es algo muy humano, y cuando tus horizontes vitales se dividen entre el paro de larga duración o el tener que trabajar 50 o más horas semanales por un sueldo que apenas supera el salario mínimo, soñar con ser como Cristiano Ronaldo o el Rubius es enormemente tentador.

Como sabe cualquiera que conozca las estadísticas sobre el tema, o que se haya dado un paseo por alguna de sus principales ciudades, la Región de Murcia es líder en casas de apuestas en un país en el que ya abundan de por sí. No es extraño que la demanda sea alta. Según un estudio de 2019, el 67% de los murcianos de entre 15 y 24 años ha entrado alguna vez en una casa de apuestas, mientras que el 45% ha apostado online. Esta segunda cifra sin duda habrá aumentado durante la pandemia, donde las posibilidades de ocio han estado enormemente restringidas.

Tan grave resulta el problema en la región que, hasta el Gobierno de López Miras, conocido por sus conexiones con la patronal del juego, ha incluido recientemente la ludopatía en su Plan Regional sobre adicciones 2021-2026. A pesar de que esto tiene mucho más de lavado de cara que de acción resolutiva, el propio reconocimiento del problema ya implica que hasta para el Gobierno murciano resulta ya imposible mirar para otro lado en esta cuestión.

La derrota de la ludopatía no será posible sin un profundo cambio cultural. No basta con intentar paliar la enfermedad, ni con proponer alternativas de ocio saludable, tan necesarias por otro lado. La solución pasa por desenmascarar a aquellos que venden el paraíso en la tierra en forma de dólar o bitcoin, con proponer formas de vida plenas tanto material como espiritualmente, y con la demostración práctica de que es posible mejorar las cosas a través de la acción colectiva. No es tarea sencilla, pero tampoco imposible. Torres (y burbujas) más altas han caído.

En una ocasión, escuché al cantante Pablo Hásel decir que, “en los currículums, ya ni siquiera se pone que uno aguanta lo que sea porque eso es algo que hoy se da por hecho”. Lamentablemente, no le falta razón. Como muestra, un botón: hace unos días, salió en prensa que un grupo de jóvenes empleados del gigante financiero Goldman Sachs, habían solicitado a dicha empresa reducir su jornada de trabajo para que ésta se limitara a “sólo”…¡¡80 horas semanales!!

En realidad, podríamos poner multitud de ejemplos para ilustrar que el deterioro general de las condiciones de trabajo en estos tiempos que corren hace mucho tiempo que empezó a ser preocupante. Pero, a lo que todavía no nos habíamos hecho la idea, es a que el sector público, es decir, las empresas y organismos dirigidos por representantes de la ciudadanía elegidos democráticamente, sea quien tome la delantera en iniciativas de este tipo para vulnerar gravemente los derechos laborales de sus empleados. Y eso es lo que sucede hoy en día en el municipio de Murcia.

Por ello, denunciarlo a la opinión pública es una obligación. Concretamente, tiene lugar en Mercamurcia, S.A., una empresa cuyo capital es 100% público (el Ayuntamiento de Murcia ostenta el 51,07% del mismo, y Empresa Estatal Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A. (Mercasa), el 48,93% restante). Sin olvidar que su consejo de administración estaba presidido por el alcalde de Murcia, José Ballesta hasta hace unos días, y cuenta en su seno con la participación de miembros del conjunto de grupos municipales de la oposición. 

Dicho lo anterior, entremos ahora en detalle. Este complejo empresarial ubicado en El Palmar (Murcia), cuenta con varias unidades productivas a gran escala: matadero, mercado de flores, de pescado, de frutas, y lonja agropecuaria. El matadero cuenta con una plantilla de en torno a 40 trabajadores, de ellos, 13 tienen un contrato fijo-discontinuo.

Aclárese que esta modalidad contractual está prevista en la ley, de forma única y exclusiva, para aquellos trabajos que no puedan ser realizados a lo largo de todo el año natural completo, sino de forma intermitente y estacional en distintas épocas de este (ver artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores) como, por ejemplo, es el caso del trabajo en la recogida y manipulado de frutas y hortalizas.

 En Mercamurcia, la utilización de este tipo de contratos data de hace no menos de 20 años. Sin embargo, la realidad de todos y cada uno de los empleados supuestamente fijos-discontinuos del matadero, es que trabajan allí ininterrumpidamente desde enero a diciembre, dados de alta como cualquier otro trabajador de la plantilla los 365 días del año, lo cual supone un claro fraude en su contratación.

Y, llegados a este punto, cabe preguntarse: ¿cómo saca partido la empresa estos contratos realizados de forma irregular para su beneficio y simultáneo perjuicio de los trabajadores? Pues, fundamentalmente, disponiendo de estos empleados para que, además de trabajar en todos los días laborables, estén sacando el trabajo del matadero en fines de semana, en días festivos y en periodos vacacionales de un año tras otro, y todo ello pagando esos días un menor salario al que correspondería.

Esto implica que esta parte del personal trabaje en la mayor parte de días festivos del año y que, con frecuencia, no se descanse ningún día de la semana ni en verano. Seguramente, si indicamos que la mayor parte de la plantilla afectada por esta práctica empresarial son personas con nacionalidad extranjera, se entiende un poco mejor por dónde “van los tiros”. Como consecuencia de la acumulación de tantos días de trabajo continuado, hay trabajadores que han sufrido lesiones musculares de gran envergadura. No en vano, se da el caso de un trabajador de apenas 40 años cuya anatomía ya arrastra problemas lumbares serios y nada menos que cuatro hernias.

Cuando a la empresa se le plantea lo abusivo de esta conducta, doy fe de que responde que ella “no fuerza a ningún trabajador” a venir al matadero tantísimos días sin descanso a lo largo del año. Aunque lo cierto es que, lo que realmente hace la mercantil, es dedicarse a acortar la jornada de estos trabajadores en pequeñas franjas de tiempo durante aquellos días laborables en que el resto de la plantilla trabaja a tiempo completo. Esto supone que, de lunes a viernes, los fijos-discontinuos no pueden completar la jornada de 37,5 horas que sí hacen el resto de personal indefinido y, por tanto, están impedidos para reunir en esos días la nómina completa que necesitan para su sustento y el de su familia.

Consecuentemente, se ven abocados a cumplimentar la jornada pendiente de realizar en días previstos para el descanso del personal si quieren alcanzar un nivel retributivo similar al del resto de integrantes del matadero. Por tanto, esa “voluntariedad” de los trabajadores no es tal en realidad. Entonces, la empresa aprovecha esta circunstancia para, una vez que acuden a trabajar en días supuestamente no laborables, asignarles horas extras que tampoco son abonadas al salario fijado en el convenio de aplicación.

La dirección de Mercamurcia sabe que perpetuar la existencia de estos contratos fijos-discontinuos es la manera de mantener esta situación tan perjudicial para esos trabajadores y de la cual se lucra la mercantil. No en vano, si una jornada de trabajo de lunes a viernes y con descanso en días no laborables bastase a los fijos-discontinuos para llegar al salario completo recogido en el convenio de aplicación, es evidente que no estarían inmersos desde hace tantos años en la situación descrita en las líneas anteriores. Por este motivo, la dirección de Mercamurcia se niega a convertir sus contratos en indefinidos ordinarios como los del resto del personal. He ahí la hipocresía de la empresa.

De hecho, una situación como ésta, gravemente lesiva para un grupo significativo de trabajadores, ya dio lugar en el pasado a quejas de los afectados en varias ocasiones. Sin embargo, en lugar de sensibilizarse a estas demandas, la mercantil se limitó a buscar la salida de la empresa de algunos de los que alzaron la voz. Y con este panorama, ¿qué hacen los representantes sindicales de los trabajadores? Es una buena pregunta, porque el comité de empresa conoce la realidad de estos trabajadores y no la niega.

De hecho, uno de los integrantes del comité denunció hace unos años su propia 3 contratación fraudulenta como fijo-discontinuo hasta que se produjo su conversión contractual. El comité dice que ya se ocupó de esta problemática en su momento. Pero esta respuesta es más que decepcionante, ya que su respuesta va referida a un acuerdo firmado con la empresa para que, cuando haya una jubilación en la plantilla, se aproveche esta futura vacante para hacer indefinido a uno de los fijos-discontinuos “gota a gota”.

 Estamos hablando de una “solución” que, ante una irregularidad grave en la contratación que ni siquiera son capaces de negar ninguna de las partes implicadas, supone que los afectados deban esperar años y años (porque las jubilaciones no son frecuentes) para arreglar su situación. Y recordemos que el personal fijo-discontinuo lleva en esa situación entre 15 y 20 años en la mayoría de los casos.

Mercamurcia, últimamente, saca pecho por su volumen de facturación y sus beneficios. Pero esto es sólo el envoltorio, puesto que, al levantar la alfombra, nos encontramos estos incumplimientos en materia laboral que llevan décadas siendo tapados. Incumplimientos que eran habituales en la época del anterior gerente, Martín Peña de la Fuente, y que lo siguen siendo en los del actual, Ricardo Rubio Aroca.

Pero, lo que realmente llama la atención de Rubio, es que se muestre tan reticente en negarle a sus empleados contratos de trabajo acordes a la legalidad (él afirma a este respecto que, lo que preocupa, es el “bien de la empresa”) y, al mismo tiempo, se reserve para sí mismo un sueldo de 70.539,40 euros anuales (¿también por el “bien de la empresa”?), según lo publicado en transparentia.newtral.es/ficha/ricardo-rubio-aroca.

 Por todo lo expuesto, como ya hicimos en marzo, vamos a continuar movilizándonos mensualmente para acompañar a los trabajadores de Mercamurcia que han dado el paso de denunciar su situación y a luchar por acabar por fin con unas prácticas de una empresa pública que son, ni más ni menos, que una vergüenza para toda la sociedad murciana.

Desde que alrededor del año 3500 a.c. aparecieron las primeras formas de escritura en Sumeria, la Historia ha sido narrada por y para las clases dominantes. Tanto como instrumento de poder y legitimación, como reflejo de sus anhelos, fobias, e intereses, la Historia oficial, aquella que pasaba a la posteridad tallada en piedra, grabada en papiro, o rasgada en piel, tendía a resaltar, no solo la importancia e inevitabilidad del orden social imperante, sino también el protagonismo indiscutible de sus miembros más egregios.  

Esta concepción de la Historia empezó a ponerse en tela de juicio a partir del Siglo XIX. La importancia de la cultura, la economía y las formas de organización social, empezaron a ser tratadas por distintas escuelas historiográficas. Pero es en el Siglo XX cuando asistimos a una verdadera revolución metodológica, tanto con la Escuela de Annales y su concepto de la 'Historia Total', para el cual todo testimonio de actividad humana es digno de ser estudiado por la Historia, como la Escuela Marxista Británica, y su insistencia en la 'Historia desde abajo', la Historia de las mujeres, etc.

A pesar de todos estos avances, la forma en la que las administraciones públicas, tanto las educativas como los ayuntamientos, enseñan la Historia, sigue adoleciendo, en muchos casos, de esa perspectiva arcaica que pone en primer plano a los grandes gobernantes y militares, mientras que se despreocupa de las clases populares y los grupos subalternos.

Un buen ejemplo de esto lo tenemos en el Ayuntamiento de Murcia, liderado por José Ballesta, y su enfoque respecto a la necesaria rehabilitación de la Cárcel Vieja. Esta antigua prisión, ahora abandonada, fue en su momento la principal institución penitenciaria de la Región de Murcia. Por sus celdas pasaron infinidad de delincuentes comunes, pero también presos políticos, aquellos a los que el régimen franquista decidió castigar con la represión, el trabajo forzado, y la falta de libertad, por haber apoyado al gobierno republicano.

Según las recientes declaraciones del alcalde del PP, las obras que actualmente se están realizando en la Cárcel Vieja, incluyendo el derribo de sus muros, responden a un proyecto de creación de un centro cultural en el que habrá una sala de exposiciones e, incluso, un espacio dedicado a la preservación de la memoria. Sin embargo, distintos indicios apuntan a que las obras tienen más de la habitual especulación urbanística que con tanto ahínco le gusta practicar al PP, que de rehabilitación del patrimonio histórico murciano.

No es solo que el actual proyecto de reforma de la Cárcel Vieja no cuente con el apoyo de los grupos municipales de la oposición, sino que, además, surgen dudas razonables sobre si lo que se pretende es rehabilitar el edificio, manteniendo su estado original, o que funcione más como una suerte de gastro-bar para quien se lo pueda permitir en función de su poder adquisitivo. El hecho de que las obras hayan comenzado con la demolición de los muros, habiendo sido expedientado el ayuntamiento por presunto expolio, tampoco genera mucha confianza en la voluntad conservacionista de la administración municipal.

Tal y como relata el historiador Ricardo Montes en su último libro, “Destrucción del patrimonio arquitectónico de la ciudad de Murcia. 1712-2012”, si las administraciones murcianas no se hubieran dedicado a destruir persistentemente el patrimonio arquitectónico de la ciudad durante los últimos 300 años, ahora mismo Murcia podría tener un casco histórico como el de Sevilla o Zaragoza, lleno de edificios históricos y monumentales, testimonios de todas las etapas y culturas que han pasado por la ciudad.

Siguiendo al referido historiador, las razones que han llevado a demoler o maltratar el patrimonio arquitectónico murciano han sido, o bien ideológicas, o bien de remodelación urbanística. No hay duda de que la acción del alcalde Ballesta se inscribe más bien en las del segundo tipo, ya que su opaco proyecto de “puesta en valor” de la cárcel vieja está muy conectado, como el mismo reconoce, con las obras en marcha realizadas en la Plaza Circular, enésimo proyecto de gasto inútil con el que pretende continuar la labor de convertir Murcia en un gigantesco casino-restaurante.

Los alcaldes, con sus intervenciones urbanísticas, suelen plasmar su proyecto de ciudad, y sobre todo tratar de dejar un legado perenne. Si la administración de Cámara fue un fiel reflejo de la burbuja inmobiliaria y la ética consumista de principios de los 2000, con sus centros comerciales desmesurados y sus no menos desmesurados escándalos de corrupción, las intervenciones de Ballesta apuntan a la creación de una ciudad centrada en sus clases más pudientes, donde todas las inversiones se las lleva el centro y las pedanías permanecen olvidadas e infrafinanciadas.

Sin embargo, a pesar de que las motivaciones principales de Ballesta en este asunto sean ante todo económicas, es imposible esconder que tienen un claro trasfondo ideológico. La cárcel vieja y, sobre todo, aquello que representa, es un vestigio incómodo para el PP. Un recuerdo pétreo de las miles de personas que lucharon y fueron represaliadas por un régimen criminal no tan lejano, y con el que el partido de Ballesta tiene tantos vínculos sociológicos. Sería impensable que se le diera el mismo trato a una iglesia o monasterio en estado de abandono.

De ahí el desinterés e, incluso, las prisas por 'remodelar' el edificio. La historia que representa es una historia que a Ballesta no le interesa que se recuerde. Una historia de hambre, represión, y violencia. Pero también una historia alejada del protagonismo de los grandes gobernantes, las grandes batallas, y los grandes tratados diplomáticos. La historia de la gente corriente, esa que a Ballesta tanto le sobra en su modelo de ciudad.

Se le atribuye al magnate George Soros la sentencia “los mercados votan todos los días”, en referencia al inmenso poder de las grandes empresas transnacionales y los fondos de inversión, capaces de imponer despiadadamente sus intereses a cualquier gobierno del planeta, con independencia de que el gobierno en cuestión lo sea de un pequeño país o de una superpotencia, de derechas o de izquierdas, democrático o autoritario.

Esta característica del actual (des)orden global, el incontrolable poder del dinero y de las clases adineradas sobre la política y la sociedad en general, suele reproducirse a escala más modesta en los niveles más pequeños de la administración. Es conocida la capacidad de las empresas de la construcción para poner y quitar gobiernos municipales, en Madrid, Detroit y Nueva Delhi.

Lo que parece totalmente excepcional, y sin parangón en ningún lugar del mundo, con la obvia excepción de ciudades-casino como Las Vegas o Macao, es la capacidad de la patronal del juego murciana para imponer sus intereses al gobierno regional por encima, no ya de cualquier imperativo de carácter moral, si no de los más elementales criterios de carácter práctico y económico.

Sabemos desde el pasado lunes que el gobierno de López Miras, debido a la alta incidencia del virus en la región de Murcia, se decidió a imponer un confinamiento perimetral en casi todos los municipios de la Región. Medida necesaria, pero totalmente insuficiente, además de tardía; más si cabe después del relajamiento navideño en el que, parapetados tras el trillado y peligroso mantra de que “hay que salvar la Navidad”, se ha dado manga ancha al virus para extenderse, con unas medidas de contención mínimas.

Dentro del paquete de medidas para paliar la situación sanitaria nos encontramos las habituales restricciones a la hostelería, que ahora ya no podrá ni siquiera desarrollarse en el exterior, pudiendo solamente ofertar servicios de recogida de comida y reparto a domicilio. La 'sorpresa' viene al conocer simultáneamente que las casas de apuestas no entran dentro de estas restricciones. Es decir, los locales del juego, con su escasa o nula ventilación, en muchas ocasiones cerrados herméticamente, solamente se verán sujetos a restricciones del 30% para supuestamente frenar la curva de contagios, al contrario que bares y restaurantes.

Las conexiones entre el gobierno regional y el Grupo Orenes, que en la actualidad ejerce un cuasi-monopolio sobre el sector del juego en la región, son grandes y de calado. David Conesa, antiguo jefe de gabinete del expresidente Pedro Antonio Sánchez, heredado más tarde por López Miras, fue apartado de la política en 2018 al ser procesado en el caso Púnica. Actualmente trabaja como responsable de comunicación y redes sociales del Grupo Orenes, por el que, suponemos, debe cobrar una abultada nómina.

No es un caso único. El exdiputado popular Andrés Ayala, cuyo nombre también ha aparecido asociado a la trama Púnica, así como a un sinfín de operaciones de dudosa legalidad, tuvo un casino del grupo Orenes en Cartagena y consejero en alguna de sus filiales. En el año 2016, cuando Ayala era portavoz del PP en el congreso en cuestiones de Fomento, el dicho grupo logró de la empresa estatal AENA una concesión de dos salas de juego hasta 2025.

Los perjuicios que la industria del juego causa a la salud publica son de sobra conocidos. Ludopatía, ruina de familias enteras, aumento de la criminalidad, endeudamiento, aislamiento social, e incluso suicidio en los casos más extremos. Estos problemas no se reparten equitativamente entre todos los estratos sociales, sino que afectan desproporcionadamente más a las familias de las clases populares, que ven como sus retoños caen en la espiral viciosa del juego compulsivo, al tiempo que recibe subsidios, exenciones fiscales, y todo tipo de privilegios por parte del gobierno regional.

La Región de Murcia es probablemente uno de los lugares con mayor concentración de casas de apuestas del mundo. En toda Europa solamente es superada por Albania en cuanto a ratio de casas de apuestas por habitante. La media regional es de una casa de apuestas por cada 4.263 habitantes, triplicando la media española. En toda la región hay más casas de juego que en Andalucía, mientras que en la pedanía de El Palmar hay más que en la ciudad de Barcelona.

Estos locales tienen prohibido por ley permitir la entrada a menores de edad. Sin embargo, su cercanía a diversos centros de estudio, tanto de Primaria como de Secundaria, así como diversos testimonios de asociaciones en lucha contra la ludopatía, y la existencia de una gran franja de población con problemas de adicción al juego aún sin haber cumplido los 18 años, hacen dudar de la aplicación de estas y otras leyes restrictivas del juego en la gran mayoría de salones, ante la pasividad de la administración.

Todos estos datos, vistos en conjunto, nos permiten hablar de la existencia en la Región de Murcia de una fuerte y densa trama de intereses entre la patronal del juego y el gobierno regional, la cual actúa con un alto grado de impunidad, y que no se detiene ni siquiera ante las más básicas necesidades de salud pública, incluso en medio de una pandemia mundial como la que estamos viviendo.

La pregunta que cabe hacerse es: ¿hasta cuándo durará esta situación? La paciencia que la sociedad murciana ha mostrado con esta lacra tiene límites, como ya se está viendo en la creación de distintos movimientos sociales que alertan del problema que supone la ludopatía entre la juventud.

Mas de un 10% de los adolescentes murcianos son adictos al juego, mas, el otro 90%, viendo los devastadores efectos de la ludopatía entre sus amistades y familiares, es lógico que acabe exigiendo soluciones drásticas ante esta industria criminal, cuyo modelo de negocio se basa en la falta de alternativas de ocio saludables para la juventud, y la ausencia de expectativas vitales en una región destrozada por el paro y por dos crisis económicas devastadoras.

La respuesta, en cualquier caso, no puede venir de un gobierno regional que se muestra tan proclive a defender los intereses de la patronal del juego, por encima de límites que rozan el absurdo. Solo una ciudadanía organizada, consciente y movilizada puede poner coto a todos los abusos de esta 'ludocracia' que nos gobierna en la Región de Murcia.

*Paco Valbuena es integrante de la plataforma Ocio Digno Murcia

Con la que está cayendo y el pasado domingo, 1 de noviembre, algunos periódicos regionales se hacían eco de la inverosímil osadía del gobierno municipal de Murcia anunciando pomposamente que la Plaza Circular (popularmente conocida como “La Redonda”) será el epicentro social y lúdico de Murcia.

Las obras, añadían, deberían concluir en marzo de 2021 (¡qué prisas y qué capacidad operativa tienen para ciertas cosas y qué indolencia para otras!) y abrirán un área de 2.000 metros cuadrados en los que habrá un gran espacio para eventos y espectáculos. “Social y lúdico”, justo lo que sanitariamente necesitaremos en marzo según los Nostradamus municipales.

No puede decirse, en este caso, que hubiera opiniones para todos los gustos. Por el contrario, los cientos de reacciones a la insensata y disparatada revelación municipal convergían todas en el estupor indignado: “Vamos encaminados a una crisis económica sin precedentes y los 'expertos' pensando en malgastar el dinero, una vez más” o “para eventos y espectáculos, es decir, para gente realmente necesitada. Cuesta abajo y sin frenos”, dice el personal y por poner solo un par de ejemplos.

No es para menos. Todos los días tenemos noticias de la situación en Murcia para echarse a llorar. Y no solo las vinculadas directamente a la pandemia, como las cifras de contagios o de fallecimientos. También las derivadas de ella, como que hay preparadas 500 camas pero no encontramos las 2.500 enfermeras que puedan atenderlas o que las colas del hambre se incrementan vertiginosa y kilométricamente. Y algunas, derivadas simplemente de la negligente gestión del gobierno local, como las graves carencias e insuficiencias del transporte público en las pedanías (que suponen más de la mitad de la población del municipio).

Es necesario que se extienda y se intensifique el movimiento de protesta contra las grandes obras urbanísticas como ésta y que las paralicen, puesto que son gastos innecesarios, contraproducentes e insalubres, que solo sirven para los “pelotazos” propios de quienes toman las decisiones o de sus allegados y compadres (por 51.000 “pavos” nos sale la broma esta, dicen, que luego seguramente será el triple o más. Ya saben cómo van estas cosas) mientras que falta urgente e insoslayablemente tanto personal y material sanitario, como educacional e, incluso, asistencial de primera necesidad, tanto en lo referente a los servicios sociales como a los bancos de alimentos.

El gobierno municipal de Murcia ni entiende ni quiere entender de las necesidades sociales de sus conciudadanos. Lo suyo es el boato, la pompa y las lentejuelas (lo demostrarán con la iluminación navideña). Cualquier día podemos encontrarnos a Ballesta, arropado por Fernando López Miras, inaugurando un pantano en Nueva Condomina.