La gran ironía de la llegada de los docentes de religión islámica a los colegios públicos es que ha sido la consejera de Educación, antigua militante de Vox y actual servidora fiel* de López Miras, la que ha tenido que dar cumplimiento a la sentencia 41/2022 del Tribunal Superior de Justicia de Murcia sobre el derecho de las hijas de una familia murciana a recibir educación religiosa de acuerdo a sus creencias. 

Era algo cantado que la injusticia que se estaba cometiendo con las personas que elegían para su prole la educación en el credo de Mahoma tenía que acabar. 

Desde principio de siglo las familias de esta religión venían reclamando este derecho. Nuestro Gobierno Regional, desde los tiempos de Valcárcel, les daba largas, incumpliendo un derecho que otros, católicos desde siempre y evangélicos, al menos desde 2002, ya habían conseguido. 

Si la cosa no fuera tan irracional sería para partirse de risa cuando llegue la hora de religión en el cole, y más en instituto, y el alumnado de un nivel se tenga que dividir en dos o tres grupos distintos para ir a una clase en la que le van a enseñar “la verdad verdadera” y a la hora siguiente volver a su clase para que les expliquen matemáticas o cualquier otra materia a toda la clase junta.

Se están creando guetos, casi en cada pueblo hay uno al menos, y el hecho de concentrar al profesorado islámico en ciertos centros va a ejercer el efecto llamada sobre las familias que quieran y puedan acercarse a esos centros y como consecuencia el alejamiento de los vecinos que no acepten que sus hijos se queden en el gueto.

Aunque, de hecho, ya tenemos una educación segregada por niveles económicos instalada en la educación privada-concertada (las cuotas 'voluntarias' oscilan entre varias decenas o varios cientos de euros), la educación publica todavía se resiste a ello, con la única condicionante de la categoría económico-social del barrio y los distintos itinerarios en función de las asignaturas optativas, especialmente en los IES. La religión cumplía esa función selectiva, ahora lo continuará haciendo con más intensidad. 

Desde siempre la polémica con respecto a la enseñanza de la religión en la escuela ha venido definida por dos posturas. Por un lado, la opción defendida por el sector más conservador: religión integrada en el currículo y asimilada a cualquier asignatura, válida para conseguir nota para entrar en la universidad. Y por otro lado, el sector que considera la religión como hecho confesional que pertenece a la particularidad de cada familia y debe ser en ese ámbito en el que se ofrezca la educación religiosa confesional. 

Estos últimos consideran que sí debería incluirse el hecho religioso en el currículo escolar. El hecho religioso es un objeto de conocimiento, un medio para comprender civilizaciones y sociedades, ejemplos: el Concilio de Trento, la Hégida de Mahoma en el 622 de nuestra era o la llegada del budismo a Japón en siglo VIII, al igual que el arte o la arquitectura religiosa son hechos incuestionables e imprescindibles para entender le mundo, con gran trascendencia para millones de personas y para la Historia Universal. Por contra, las creencias, la fe o los catecismos son cuestiones personales que en vez de unir contribuyen, cuando menos, a diferenciar o peor, a enfrentar a las personas.

Esto quiere decir que aún teniendo en cuenta la tradición católica de nuestro país, así como la importancia del cristianismo en la conformación de la visión del mundo occidental, la enseñanza del hecho religioso en el sistema escolar debería ser una enseñanza neutral, no incluir enseñanzas doctrinarias, así como debería ofrecer el estudio de las otras religiones y su importancia en el mundo, haciendo especial hincapié en los contenidos comunes a todas ellas, principios morales como el respeto a los demás , no mentir, generosidad, altruismo, etc. Y, sobre todo, la tolerancia sobre las creencias y opiniones de los demás. 

Por desgracia, no veremos en nuestro país a un sij con su turbante dando clases de religión en un colegio concertado católico como sí puede ocurrir en Reino Unido, donde la asignatura de Religión está dentro del currículo nacional y es de obligado ofrecimiento por los centros y voluntaria para el alumnado. El profesorado depende directamente de al Administración con una autonomía total de las confesiones religiosas tanto en los contenidos específicos de la asignatura, ya que tienen libertad de cátedra, como de su independencia orgánica y sin control ideológico de las autoridades o representantes de su religión, con la única prohibición de hacer proselitismo.  

La llegada del profesorado islamita, por una parte, repara la deuda histórica con el 16% del alumnado de los 66.000 que solicitan educación religiosa en la Región de Murcia, pero, por otra, al aumentar la pluralidad de centros, aumenta en nicho de negocio de la educación privada que al fin y al cabo es uno de los objetivos que nuestra sin par Consejera confirma con cada decisión que toma**.   

* Merecerla otro artículo “Qui prodest” la última jugada de la señora consejera en la Asamblea Regional.

** Nombramiento para el Consejo Escolar del Presidente de la Confederación de Centros Privados

La Asociación de Personas Jubiladas de STERM- La Intersindical está preparando para el próximo mes de junio en Murcia un encuentro de docentes, sindicalistas de los años 70, que en el año 1976 participaron en unas elecciones convocadas por el Ministro de Educación Carlos Robles Piquer, las primeras que se realizaron a nivel estatal y que, contra todo pronóstico, ganaron las Coordinadoras de maestros por delante del sindicato vertical del Servicio Estatal del Magisterio (SEM).

Con motivo de ese encuentro andamos pidiendo presupuestos de hoteles, restaurantes y distintas visitas a museos y atracciones turísticas. 

De todos los sitios visitados nos han sorprendido dos: uno, el casino de Murcia que, después de recibir 6 millones de euros para su reparación y mantenimiento, tenga de visita sin coste solo dos horas a partir de las 19 horas del domingo; el resto del tiempo, 3 ó 4 euros por persona, que deben ir para solaz y disfrute de sus socios.

Pero si hay algo realmente asombroso es la visita a la catedral por etapas: templo 4 euros, museo 4 euros, torre 7 euros, con un descuento de 1 euro si eres pensionista -eso sí, según la taquillera, aplicable solo a una de las entradas-.

El origen de este disparate, aparte del Concordato de 1953, revisado por los acuerdos del 1979, es una ley de 1946 y su reglamento del 1947, con el que la dictadura del general Franco agradecía a la Iglesia Católica el apoyo a su causa en la guerra contra la legalidad republicana del 36. Para ello Franco convirtió en “notarios”, fedatarios públicos, a los obispos, los cuales con el simple trámite de afirmarlo en un papel se apropiaron desde entonces hasta 1998 de incontables propiedades. Hay quien afirma que más de cien mil inscripciones a su nombre a lo largo y ancho del país, pisos, casas, fincas, prados...y lo que es más grave: lo que se llamaban “bienes propios o comunales ”de los vecinos, concejos o ayuntamientos (los cementerios de La Alberca y La Palma en la Región de Murcia, por ejemplo) . 

El expolio se agravó cuando en los años 80 y 90 ante el crecimiento del rumor de inconstitucionalidad de la norma, el Gobierno de Aznar, en 1998, posibilitó, con la modificación de la normativa, que se pudieran inscribir también los edificios históricos, cosa que la legislación franquista no permitía. A partir de esa fecha se produjo un toque a rebato de la Iglesia SA a sus “notarios eclesiásticos”, los obispos, para que se inscribiera en el registro de la propiedad hasta el último ladrillo o palmo de terreno posible para acrecentar el patrimonio eclesiástico. 

Hasta que en 2015, cuando ya no quedaba nada digno de ser inscrito, el Gobierno de Rajoy suprimió la norma franquista. 

Aún así lo hizo con graves deficiencias, la primera y principal impidiendo la revisión de las inscripciones anteriores, con lo cual volvía a legalizar lo hecho durante el expolio de la época de la dictadura. Otra y no menor, que al aceptar las inscripciones de edificios históricos dificulta la gestión de Patrimonio Histórico de este país, así como aleja la posibilidad de hacer un inventario de todo lo que contienen dichos edificios. Con el peligro de su desaparición, como ocurrió en otras épocas. 

En esa prórroga concedida por Aznar fueron cayendo en las manos de la que ahora es la mayor propietaria inmobiliaria de España, Iglesia SA, edificios del Patrimonio Histórico como la Mezquita de Córdoba, la Catedral de Sevilla y “aledaños”, la de Murcia, Santuario de la Fuensanta y alrededores...

La consecuencia es que de aquellos edificios susceptibles de hacerlo están sacando un rendimiento que escapa al control de Hacienda Pública, esa que cuentan que “somos todos”, al que estamos sometidos todos los mortales y el resto de empresas. Con el agravante de que luego es el Estado el que acude al rescate y la reparación de dichos bienes culturales. 

La Catedral de Murcia fue declarada Bien de Interés Cultural por la República en junio de 1931. ¿Cuántas intervenciones ha tenido desde entonces para su mantenimiento? 

Las últimas obras de conservación de la Catedral de Murcia que he encontrado se realizaron entre 2014-2016  por encargo de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, Subdirección General del Instituto del Patrimonio Cultural de España, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

 O lo que es lo mismo, pagamos todos y ellos recogen. 

Porque con respecto al Patrimonio Histórico habría que distinguir, como se había hecho hasta 1998, el uso, que nadie discute, de la propiedad, porque nadie se opone al hecho de que la Iglesia Católica use los edificios que ha venido usando; lo que se denuncia es el abuso y la apropiación de edificios que aunque fueran promovidos por intereses religiosos fueron hechos con dinero y esfuerzo de todos en una época en que era imposible negarse a “contribuir” y que si han llegado a nuestros días también ha sido gracias a los impuestos de todos los españoles, católicos o no, que a través del Estado han sostenido su mantenimiento y conservación. 

Una pregunta que alguien debería contestar es por qué nuestros vecinos franceses no cobran por visitar iglesias o catedrales.

Por último, en el Acuerdo de Gobierno PSOE y Unidas Podemos está escrito en el punto 5.11.- Haremos las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia basadas en el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros. Cosa que sigue pendiente y que casa muy mal con la visita de Pedro Sánchez a la sede de la Conferencia episcopal española y su aceptación del punto de vista del presidente de los obispos de que solo admiten “unas mil inscripciones impropias”.

Seguiremos esperando que en este país haya una verdadera separación Iglesia-Estado para lo cual será imprescindible la denuncia de los Acuerdos del 1979 con el Vaticano y su nueva negociación para que España abandone la época de los Concordatos del siglo XIX realizados por estados confesionales y entre en la senda de los estados democráticos donde ninguna religión ni persona física o jurídica tenga preeminencia sobre los derechos de toda la ciudadanía.

Entre todas las batallas que el aparato de propaganda de las derechas, la de centro, la otra y la de más p’allá se inventan cada día en la guerra permanente y sin cuartel contra el gobierno 'social-comunista', como docente me llama la atención la permanente lucha en torno a la Educación. La última de la que he tenido noticia ha sido la escandalera montada por los 'amantes de la cultura del esfuerzo' encabezados por su máximo exponente el 'licenciado y master' Sr Casado que dijo: “Dejar pasar alumnos sin aprobar es como dar de alta enfermos sin curar”. Asombra la corta memoria del egresado de Harvard (sección Aravaca);  inmediatamente fue seguido por todas las personas que reciben los lunes el argumentario que fabrican las cabezas pensantes del partido como, por ejemplo, el presidente murciano López Miras: “… En el PP queremos una sociedad en que los jóvenes hayan aprendido el valor del esfuerzo, que aprueben para pasar de curso, y que los títulos no sean un regalo del gobierno”.

La señora Díaz, presidenta de Madrid: “Regalar un título a un joven que no ha superado todas las asignaturas es engañarle”. Se pueden rastrear más comentarios parecidos por todas las comunidades. A continuación le sigue su “brunete mediática” colocada en diferentes medios: Herrera en la COPE: “El Gobierno quieren borregos”. El ABC de Andalucía: “El Gobierno quiere regalar los títulos educativos como si fueran churros”… El Mundo en una editorial: “Parece que este Gobierno tiene decidido embarcarse en una delirante cruzada contra el mérito…”

Y es hasta lógico que a continuación el coro habitual de analfabetos funcionales en las redes continúe con la campaña a cuenta de una Ley de Educación con la excusa del 'paso de curso con suspensos', 'la necesidad de estudiar y esforzarse para triunfar…', cuando resulta que lo que pone sobre el tema la ley Celaá o LOMLOE no es en absoluto nuevo.

Cuando la Ley General de Educación del 70 impuso la evaluación colegiada se abrió la puerta a que se pudiera titular con alguna asignatura suspensa. En Primaria había dos etapas de 1º a 5º la primera,- en la que el tutor decidía el pase de curso, y la segunda, de 6º a 8º,- en la que el conjunto de profesores decidía tanto el paso de curso como el título al finalizar: el de EGB o el certificado de escolaridad, no siendo raro que en la sesión de evaluación se subiera la nota en alguna asignatura para que los chavales pudieran titular. Algo parecido, o peor, hacía algún centro concertado de la capital cuando ponía a las familias de ciertos alumnos ante la tesitura de repetir 8ª en el centro o bien se marchaba al instituto vecino con el título de EGB en la cartera.

En el famoso y tan añorado, por algunos,  BUP, dicha Ley ponía en su artículo 28.-1 'En los Centros estatales y en los homologados no estatales, a que se refiere el artículo noventa y cinco, la valoración del aprovechamiento del alumno en cada curso del Bachillerato se realizará mediante una calificación conjunta, efectuada por todos los profesores del mismo'. Además se podía pasar de curso con dos asignaturas suspensas. Con Franco vivo todavía, ¡Qué escándalo!

La siguiente ley que afectó a todos los niveles fue la LOGSE que generalizó la Infantil desde los tres años en tres cursos y la Primaria en seis. La principal diferencia con la ley general anterior es que en aquella se podía repetir 'ad infinitum' (en mi primer trabajo encontré alumnos de 9 y 10 años en una clase de primero) y en la nueva se permitía repetir una vez en toda la Primaria. Esta ley dividía la secundaria en dos partes, la ESO con dos etapas de dos años en la que se podía repetir una vez en cada una, y el Bachillerato con dos años. La evaluación del alumnado seguía siendo colegiada.

Luego llegó la LOCE, del PP, volvió al criterio de asignaturas para las repeticiones pero fue la primera en poner negro sobre blanco lo de: “Se podrá obtener este título sin haber superado todas las asignaturas de la etapa, en las condiciones que el Gobierno establezca”.  Lo cual concretó en un decreto en el BOE núm. 158, de 3 de julio de 2003, 'Ordenación de las enseñanzas de la ESO', en el que especificaba que se podía titular en la ESO con dos asignaturas siempre que no fueran matemáticas y lengua a la vez. Los responsables actuales del PP no leen, no comprenden lo que leen, o pueden montar un coro de fariseos.

Y después llegó la LOE otra vez 'ley socialista', que volvió al criterio de evaluación global y colegiada, aunque en la práctica en los centros educativos se usaba el criterio de asignaturas suspensas, dos o tres siempre, igual que en la anterior , que no coincidieran lengua y matemáticas.

La LOMCE vino después y al PP le importó más otras cuestiones como la privatización de la enseñanza que modificar los criterios de calificación de la ESO. La evaluación seguía siendo colegiada, se podía pasar de curso no solo con dos sino hasta con tres suspensos. La gran diferencia fue que imponía una serie de exámenes, antiguamente 'reválidas', sobre todo en Secundaria. En Primaria, en 3º y en 6º se hacían evaluaciones individualizadas, exámenes, “con criterios unificados del Ministerio” que al finalizar la etapa las personitas se llevaban en su expediente y que para muchos ya les marcaba un itinerario escolar con una única salida.

Al empezar la siguiente etapa si las personas hubieran repetido una vez en Primaria y otra en los dos primeros cursos de Secundaria, se le desviaba a la FP básica. Y las que podían seguir el 3º de ESO por medio de 'itinerarios' se les obligaba a elegir por dónde iban a seguir sus estudios al finalizar la etapa, si a la FP o al Bachiller. Al finalizar 4º de ESO era obligatorio un examen, reválida, para titular.

En el Bachillerato se titulaba si la media del total de asignaturas era igual o mayor que cinco, en dicha media tenía que entrar un examen global que había que hacer al finalizar el segundo curso.

La oposición a la LOMCE que, recordemos, fue aprobada solo por los diputados del PP fue no sólo política, sindical o social, también y muy importante la del mundo académico universitario desde donde las críticas fueron generalizadas. Al final la aplicación real de esta ley,  se fue dejando por el camino las evaluaciones finalistas, transformándose en orientadoras, desapareciendo la última de bachillerato que en texto de la ley era necesario superar para conseguir el título.

Y ahora toca la LOMLOE, con ella se trata de revertir la carrera de obstáculos que había diseñado el equipo Wert y volver a centrarse en las necesidades y capacidades de las personas en vez de en la memorización y el “conocimiento”.

En primer lugar en Educación Infantil destaca el propósito de extenderla al tramo de 0 a 3 años. Las variaciones en Primaria consisten en volver a los tres ciclos. En el tercer ciclo se incluirá un área de valores cívicos, en 4º habrá una evaluación de diagnóstico informativo, formativo y orientador para centros, alumnos y familias. Al finalizar 6º habrá un informe individual de cada persona.

En Secundaria se vuelve a poner todos los medios, diversificación curricular, para que todos consigan graduarse, es decir, volver a considerar la titulación de la ESO como única y necesaria para todos, aunque sigue facultando al profesorado para orientar a ciertos alumnos hacia la FP básica.

Y con respecto al Bachillerato, el artículo 37 es el que usan para el conflicto y “su guerra”. Dice: “Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos de Bachillerato. El Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, establecerá las condiciones y procedimientos para que, excepcionalmente, el equipo docente pueda decidir la obtención del título de Bachiller por el alumno o alumna que haya superado todas las materias salvo una, siempre que en ella no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada y se considere que ha alcanzado los objetivos y competencias vinculados a ese título”.

En definitiva, algo que usualmente se venía haciendo en los centros desde siempre, porque normalmente ningún docente, de verdad, le cierra el paso a una persona porque no alcance todos los objetivos de su asignatura si es la única que le impide titular.

Lo más probable sea que lo que les duele sea la amenaza al sector privado de sus privilegios económicos, la prohibición de cobrar cuotas, el control de los ingresos y sobre todo la posibilidad de acabar con la segregación escolar de las personas no deseadas en 'sus' colegios. Aunque eso da para otro artículo.  Nihil novum sub sole.

Hace unos años un par de juezas sobreseyeron dos demandas de paternidad dirigidas contra nuestro emérito rey echando mano de la medieval, monárquica y socorrida “inimputabilidad”. Según la mayoría de los medios de comunicación así como miembros de la judicatura y de la fiscalía, dicha “impunidad” está apoyada en nuestra ensalzada Constitución. Entonces justificándome en la lectura de los artículos que hacen referencia al Rey hice la broma de que el responsable de la paternidad debería ser el presidente de Gobierno del momento. Por la época de la demanda la “adjudicación” de los vástagos reales estaría entre Felipe González y Aznar. 

Hoy, ante el previsible archivo de todas las investigaciones de la fiscalía sobre las causas abiertas contra el rey emérito creo necesario recordar, otra vez, los artículos del título II de la Constitución “De la Corona” que hacen referencia a esa inimputabilidad para intentar que algún técnico, ya sea juez, fiscal, constitucionalista universitario o abogado de a pie, pueda explicarme cuál es la razón por la que solo se lee y argumenta con el primer párrafo del punto 3 del artículo 5 y se obvia el resto. Es decir, se toma de forma literal y absoluta “…es inviolable y no está sujeta a responsabilidad” y al punto y seguido: “Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el art 64…”, no se le hace ningún caso.

Artículo 5.- 

.-1. El Rey es el Jefe del Estado…

.-2. Su título es Rey de España…

.-3. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2.

Artículo 64.- 1. Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por el Presidente del Congreso.

.-2. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden.

Artículo 65 1. El Rey recibe …

2. El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa.

Según estos artículos  yo entiendo que para lo único que es libre e inimputable es para los nombramientos de su casa. Para todo lo demás o se entiende que la inimputabilidad es solo para los actos políticos que son refrendados por el Presidente o ministros del Gobierno y por tanto, él sería responsable de todo lo demás para que se cumpliera el que todos somos iguales ante la Ley.

Porque si no fuera así se tendría que llegar hasta el esperpento de atribuir la paternidad de sus “deslices con consecuencias” a los presidentes de Gobierno, las comisiones por el AVE en Arabia a los Ministros de Industria y Exteriores que lo acompañaron es su viaje, los gastos en viajes sin declarar: Suiza, Bahamas, Bermudas… en aviones particulares a los Ministros de Turismo o Transportes y por supuesto, los safaris para matar animales al Ministro de Agricultura Pesca y Alimentación.

Siguen tratando a la sociedad española como si fuera la misma que se encontraron en la época de la “modélica Transición”, cuando solo existía una televisión estatal, y los medios estaban condicionados por la Ley Fraga del 66 que exigía el depósito previo de ejemplares y  existía el secuestro administrativo entre otras lindezas. Y que estuvo vigente hasta abril del 77 : Real Decreto-Ley 23/1977, que, a pesar de todo, mantenía temas tabú sobre los que se podía seguir secuestrando la publicación, exactamente en casos de informaciones “contrarias a la unidad de España, de la Monarquía o las Fuerzas Armadas”. Esto siguió así durante los años 80 hasta que se hizo costumbre y casi nadie publicó nada sobre las tropelías o aventuras del ahora emérito hasta bien entrado el siglo XXI.

Al mismo tiempo, todavía en el año 79 casi el 10% de la población mayor de 14 años era analfabeta ( FUENTE Población activa. Encuesta Cuarto trimestre 1979 I NE, 1981) y aunque la escolarización total estaba a punto de conseguirse,  la población en general situada entre la esperanza y el miedo después de 40 años de franquismo era muy influenciable y nuestro dirigentes aprendieron muy rápido las técnicas de manipulación masiva adecuando la opinión pública a sus intereses, que a veces coincidían con los de la nación, consiguiéndolo siempre aunque más o menos ajustadamente en cada ocasión. (Leyes: Reforma Política, Amnistía, Constitución, Referéndum OTAN, Reformas laborales, pensiones) Pero con lo único que no se atrevieron fue con la consulta sobre la Monarquía puesto que según Adolfo Suarez en una entrevista en Tele5 con Victoria Prego, no se hizo la consulta que exigían los gobiernos europeos entre Monarquía o República porque según todas las encuestas perdía la Monarquía y optaron por meter Rey y monarquía en la Ley de Reforma Política. Y a partir de ahí, de primer curso de manipulación, creación de un mito, o mejor dos, “la modélica Transición y el factótum de esta: el Rey Campechano.

Y todo siguió así hasta que en 2012 el accidente en la cacería de Botswana destapó la caja de los truenos y lo dejo más con el culo al aire que en la famosa foto en el “Fortuna”. Y se levantó la veda para que algunos medios de comunicación, las personas partidarias  de la  República  y otras gentes de bien se empeñaran en tirar de la manta y obligaran a que el interfecto, por no dañar el negocio familiar, “dimitiera”.

Desde entonces, corría el año 2014, nos hemos ido enterando de más asuntos: amorosos, financieros y sobre todo fiscales; pero al mismo tiempo, cuando yo era joven se decía la “reacción” o el “stablishment”, han contraatacado: primero intentando desligar al heredero de los pecados del padre, ese dinero defraudado que no existe para la Justicia española, aunque sí para otras, y al que el hijo, que está como segundo beneficiario de la Fundación Lucum constituida en Panamá ,anuncia que tiene “intención de renunciar”. El aparato mediático “amigo” ha seguido bombardeando con “noticias”, que más parecen relatos hagiográficos del vigente monarca, recalcando sus virtudes para reparar el daño hecho a la institución, pero aparte de eso, creo yo, con el objetivo final de  llegar al archivo de las investigaciones y preparar el terreno para cuando llegue el momento del homenaje póstumo, que los españoles somos cortos de memoria y además enterramos muy bien. Aunque también desenterramos. Tarde, pero lo hacemos.

De aquellos polvos estos lodos.

El acto oficial celebrado en el Congreso el 23 de febrero de 2021 parecía, en un principio, que se realizaba con el objetivo de festejar el triunfo de la democracia, lo que aventaba preguntas  sobre la oportunidad, el porqué ahora, a cuanto de qué, algo que no se había hecho antes se hacía ahora. Sin embargo cuando terminó quedó claro que todo había sido un número de prestidigitación por el cual se intentaba lavar la imagen del progenitor del actual ocupante de la Jefatura del Estado la cual se encuentra bastante sucia, a pesar de las distintas pasadas por las “tintorerías” con cabeceras de medios de comunicación.

Esto me llevó a pensar un par de cosas. La primera que para que se acepte la versión oficial, esa que nos vende a Juan Carlos I como “héroe garante de la democracia” es imprescindible que se modifique la ley franquista de Secretos Oficiales del 1968, para que se desclasifiquen los documentos, grabaciones telefónicas y todo tipo de archivos que haya sobre  lo que pasó aquel 23 de febrero, los días previos, esa noche y los sucesivos. Como curiosidad se podría llegar hasta la revisión de la condena de Armada que elevó de 6 años a 30, su indulto y cómo pasaron la condena los distintos penados. Cuáles de ellos estuvieron en una cárcel y cuáles en un hotel.

La segunda reflexión es en torno al Título II de la Constitución, “de la Corona”, que va del artículo 56 al 65 en los que se reflejan las atribuciones y obligaciones de la persona que ostente el título de Rey o Reina en nuestro país. 

En primer lugar llama la atención el artículo 56 en su punto 3: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2”. Y llama la atención porque a pesar del machaque continuo sobre la primera parte “La persona del Rey es inviolable” y nada se oye, ni nadie habla de la segunda “Sus actos serán siempre refrendados…, careciendo de validez….salvo lo dispuesto en el artículo 64”. Precisamente este artículo dice:

1.-Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por el Presidente del Congreso.

2.-De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden.

Estas lecturas nos hacen pensar si la famosa inviolabilidad no se estará refiriendo a los actos que tengan que ver con las acciones llevadas a cabo dentro de las funciones que tenga asignadas por la Constitución. Esta sería la interpretación justa y la que corresponde a un estado contemporáneo, y no la que nos quieren hacer tragar la mayoría de los medios de comunicación, y en especial por las tertulias llenas, por desgracia, de cortesanos cada vez más genuflexos ante la “majestad”. Actitud mucho más acorde con una interpretación basada en la concepción medieval o del absolutismo surgido en la Edad Moderna. A propósito de esto, recordar a los monárquicos recalcitrantes y a los defensores acérrimos del “orden constitucional” que está aceptado convencionalmente que la Revolución francesa marca un hito en el cambio de edad histórica. A pesar que se pueda aceptar que existan, por aquello de la diacronía histórica“, monarquías contemporáneas, en África por ejemplo, todavía bajo las ideas medievales, el rey gobierna, legisla, juzga y por supuesto es inviolable, es muy difícil que eso pueda colar en un país europeo. En el nuestro para dorarnos la ”píldora“ de la inviolabilidad nos la venden con los adornos del ”reina pero no gobierna“ o su papel de ”árbitro“ o ”moderador“, pero todavía no he escuchado ningún debate sobre lo que dice realmente la Constitución sobre el tema. Parece que el ”circo mediático“ esté empeñado en que su espectáculo se limite a los magos escamoteadores de la realidad donde todo el Título II del texto constitucional se limite a ”inviolable“ equiparándolo a ”inimputable“ saltando el resto del artículo, así como los demás que ponen en duda su interpretación.

Por otra parte si se entendiera tal y como lo cuentan una y otra vez: “ el Rey es inviolable..,” habría que buscar como responsables a los presidentes de Gobierno que habrían refrendado sus evasiones de impuestos y cualquier otro delito que se le pueda imputar, lo cual no dejaría de ser divertido, en ese caso, ver a nuestros monárquicos presidentes justificando, apechugando, con las evasiones de impuestos y las aventuras por los paraísos fiscales del monarca.

Hay otro artículo, el 61, que dice: 1 El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos.

Entonces pregunto a ver si algún constitucionalista puede aclararme este sin vivir jurídico en que vivo:

1.- ¿Si se salta las leyes y falta a su juramento, también se salta la Constitución?

2,- ¿Si se salta la Constitución, será un personaje inconstitucional?

3.- ¿Si es inconstitucional se le puede apear el tratamiento, y otras cosas?

Espero que algún abogado me ayude.

Gracias.

PD. Igual al levantar la Ley de Secretos Oficiales también nos enteramos cómo y a cambio de qué se abandonó la provincia española del Sahara el 15-11-1975, siendo Jefe del Estado (interino) el entonces príncipe Juan Carlos. 

La Asociación de padres de familia del Sudán, en su sección española en la muy católica Murcia, ha pedido también que el Gobierno regional vuelva a instaurar el pin parental, como reclama Vox, el socio del Partido Popular y Ciudadanos en la Asamblea. Así ellos podrían seguir reivindicando poder mutilar genitalmente a sus hijas como es costumbre ancestral en su cultura y no ser perseguidos por la Justicia. Al mismo tiempo piden que no se deje influir por convenios internacionales que reconocen derechos a los infantes y jóvenes por encima de las creencias y convicciones de los progenitores. Inmediatamente, al conocer la petición de Vox,  la APT (Asociación de Padres Talibanes) ha reclamado el derecho de imponer a sus hijas el burka, así como casarlas con quien quieran y a la edad que quieran, como es tradicional en sus familias.

Indudablemente la petición que encabeza este escrito, así como la de los talibanes son falsas pero el espíritu de esas  “peticiones” se sustenta en el mismo principio en el que se basan los ultra-católicos de “Hazte oír” y sus representantes políticos de Vox cuando reclaman su derecho total a la educación de sus hijos.  “Los hijos son nuestros, nosotros los criamos, nosotros los educamos” gritan en sus manifestaciones. Pero eso no es así, porque a ello se oponen tanto leyes internacionales, Convención Internacional sobre Derechos del niño, ratificada por España desde 1990, como  leyes nacionales desde la LODE, a la actual LOMLOE y hasta regionales como los Decretos de currículo.

Vox ha vuelto a exigir al Gobierno de PP y Cs en la Región de Murcia el peaje del “pin parental”, y no sabemos qué más teniendo en cuenta su obsesión con los menores extranjeros, para aprobar los presupuestos regionales.

La obsesión de este partido por el control de la familia se parece mucho a la de su añorado “Meneo Nacional”. Si por ellos fuera pondrían en marcha otra vez la FEN, la Formación del Espíritu Nacional para empalmar la “formación juvenil” con la mili obligatoria para conseguir “patriotas” a cascoporro.

Pero mientras que no llegan al poder se conforman con poder manipular a sus vástagos para que sean un calco de ellos mismos. Aclaro “manipular” para los partidarios de la “educación selectiva”, selectiva de lo que ellos consideran “la verdad y lo correcto”: sus ideas, eso sí, dejando fuera todo lo demás. No se trata solo de mentir, ni de inculcar ideas erróneas. La cuestión fundamental, lo que hace que su pretensión de control sea ilegal por ir en contra de los derechos de los menores, es no enseñar todas las visiones de la sociedad y las distintas perspectivas que existen dentro de ella. En eso consiste, ni más ni menos, la consecuencia de imponer lo que se ha llamado el “pin parental”.

Este quedó reflejado por la Consejería de Educación en las instrucciones de principio de curso 2019 cuando incluyó este punto:

15. 2..-De todas estas actividades, aquellas que vayan a ser impartidas por personas ajenas al claustro del centro educativo, se dará conocimiento a las familias, además de por la vía o vías que el centro utilice para dar a conocer los documentos institucionales, por medio de una relación detallada que los tutores de los distintos grupos de alumnos facilitarán a padres y madres al inicio del curso escolar con objeto de que puedan manifestar su conformidad o disconformidad con la participación de sus hijos menores en dichas actividades.

Dicha norma incumple normativa regional superior, los Decretos de currículo, que vienen a decir: “Las actividades complementarias son aquellas actividades didácticas cuyo objetivo es complementar la actividad habitual del aula, forman parte de la Programación docente y son coherentes con el Proyecto Educativo del Centro; dichas actividades, se encuentran recogidas dentro de la Programación General Anual, habiendo sido previamente evaluadas por el Consejo Escolar del Centro, y tienen por ello, carácter obligatorio tanto para el personal docente como para el alumnado.”

También va en contra de la Ley del Derecho a la Educación del 85, precisamente la que garantiza los conciertos educativos a la privada, pero que su artículo 6 al enumerar los deberes básicos de los alumnos señala en su apartado b) Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y complementarias. Así mismo  La nueva Ley, LOMLOE, aprobada en diciembre de 2020, en su disposición adicional primera, modifica  ese punto añadiendo la palabra: gratuitas. Es decir que son actividades obligatorias y debe participar atendiendo la programación del centro que es controlada por la comunidad educativa, que incluye a las familias pero no los caprichos, o el libre arbitrio de unos progenitores.

Por último la Convención Internacional de los Derechos del niño en su artículo 13 entre otras cosas dice: (el niño tiene) “…la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo….” Con las limitaciones de imponga la Ley, pero no otras.

Para terminar, siendo la Administración regional y el Gobierno que la dirige los últimos responsables del funcionamiento y el cumplimiento de la legalidad en los centros educativos entiendo desde mi posición de lego que incurriría en algún tipo de delito si una vez suspendidas las anteriores instrucciones volviera a reiterar el ilegal pin parental. Y ello es así a pesar de que le hicieran un apaño a la normativa regional, o retrasaran, si es que ello es posible, la entrada en vigor la nueva Ley como pretenden; siempre les quedaría retirar la firma de España de los tratados internacionales, cosa que de momento queda fuera de la competencia de nuestras lumbreras regionales.

“¿Respeto, mesura y tolerancia en la República? Ja,ja,ja ” “Os inventáis la Historia, os la creéis o lo que es peor, hacéis que ignorantes se la crean”

“El que Machado escribiera eso no significa que sea verdad. Son palabras grandilocuentes pero falsas, tan falsas como la propia República y todo lo que provocó”.

Estos son algunos ejemplos de las reacciones que provocó un texto de Antonio Machado que publiqué haciéndome eco de lo que otro amigo había publicado en un blog de la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de Murcia (1),  dentro de un trabajo sobre la República con el título “Los grandes proyectos sociales de la República”. En su artículo desarrolla cinco grandes proyectos renovadores de la República como fueron la descentralización del Estado, la igualdad de la mujer, la reforma agraria, la laicidad del Estado y la educación pública y gratuita. Como motivación de su escrito utiliza un parte del  artículo publicado por D. Antonio Machado el 14 de abril de 1937, “Recuerdos de un 14 de abril”  y,  por la belleza y emotividad del texto, se me ocurrió publicarlo en Facebook. Decía: “  “Unos cuantos hombres honrados, que llegaban al poder sin haberlo deseado, acaso sin haberlo esperado siquiera, pero obedientes a la voluntad progresiva de la nación, tuvieron la insólita y genial ocurrencia de legislar atenidos a normas estrictamente morales, de gobernar en el sentido esencial de la historia, que es el del porvenir. Para estos hombres eran sagradas las más justas y legítimas aspiraciones del pueblo; contra ellas no se podía gobernar, porque el satisfacerlas era precisamente la más honda razón de ser de todo gobierno. Y estos hombres, nada revolucionarios, llenos de respeto, mesura y tolerancia, ni atropellaron ningún derecho ni desertaron de ninguno de sus deberes”. (1)

Mi perfil en las redes es público y cualquiera puede comentar y entre los mil y pico conocidos hay de todo, naturalmente son más los afines ideológicamente, pero también hay amigos de la infancia educados en la “verdad revelada” de la Causa General instruida por el ministerio fiscal sobre la dominación roja, creada por decreto el 26 de abril de 1940, y que duró hasta 1967, de la que muchos ignoran su existencia, mientras otros ignoran el verdadero objetivo de la misma que era, además de buscar responsabilidades desde 1931 hasta el fin del la guerra, crear un relato que legitimara el golpe militar. Resulta más o menos lógico que estos que rondan entre los sesenta largos y los setenta y tantos, unos por rigidez de las arterias y otros por nacimiento, se resistan a cambiar su opinión forjada desde su niñez en el relato creado por la Dictadura.

Pero hay otros “amigos”, antiguos alumnos, desde los primeros que ahora andarán por los cincuenta y tantos o los últimos que tienen unos dieciocho, que aceptan el mismo relato de la extrema derecha sin haberlo mamado como los anteriores. Ese es el origen de la reflexión.

Yo tuve la suerte, cuando tenía 17 años, en el 68, de que a mi pueblo llegó un cura, cosecha del 65, que montó un club en el que maestras y estudiantes daban clases de alfabetización y él, aparte de trabajar de electricista, las daba de francés, cine y “marxismo”. Allí oí recitar a Paco Rabal  poetas que en todos mis años de instituto no había tenido conocimiento de su existencia.  Eso, y nuevas lecturas, hicieron que cambiara mi perspectiva y que viviera mis años de Universidad, los últimos años del franquismo de una manera diferente a lo que hubiera sido si hubiera seguido creyendo las historias que contaban mi abuela materna y mis tías sobre lo malísimos  que eran los rojos.

Entonces vino la “ejemplar” Transición con su trágala por parte de los administradores-herederos del franquismo, aunque en las primeras elecciones, después de las constituyentes, los más significados quedaran arrinconados, AP 10 diputados nacionales, Fuerza Nueva 1, mientras que en Murcia no llegaron a 32000 votos entre los dos partidos genuinamente franquistas. Mientras otros se camuflaron en distintas siglas, más o menos centradas, perpetuándose, reproduciéndose en secreto, hasta que eclosionaron con fuerza a nivel nacional y particularmente en Murcia donde, en las últimas elecciones, la reacción consiguió sus mejores resultados de todo el estado.

Durante mucho tiempo nos vendieron que éramos el asombro del mundo por nuestra recuperación de la democracia y nuestra “reconciliación”, mientras la mayoría de la población estaba entretenida o encandilada con las novedades, el destape, la “libertad” recién estrenada…. Y nos lo creímos. Pero con el tiempo se le fueron viendo los rotos,  parches y descosidos, a la “modélica Transición”. Entre ellos la injusticia con las víctimas del franquismo, el olvido y la ignorancia de nuestro pasado, quizá originado por el principal error, haber seguido enseñando la Historia con la misma inercia que durante el franquismo, sin llegar al siglo XX como sucedía en mi bachiller, aduciendo falta de tiempo, pero en realidad evitando consciente o inconscientemente chocar con la “verdad” impuesta durante más de cuarenta años. 

Y cuando se ha mostrado algo distinto en las aulas, con honrosas excepciones, no ha sido más que la equidistancia entre los dos “bandos”, equiparando al Gobierno legitimo con los golpistas, y a los desmanes de grupos incontrolados en los primeros tiempos de la guerra, con la represión sistemática y el aniquilamiento del contrario puesto en práctica por los militares desde el primer momento del golpe hasta la agonía del tirano, incluso después. Y por supuesto, dentro de esa parte pendiente del currículo escolar destaca la omisión, eso seguro que nunca se ha estudiado, de la represión salvaje, de la angustia,  de la humillación,  vivida por los derrotados de la guerra y sus familias; durante toda su vida no se hablaba absolutamente nada, los primeros treinta años por miedo y después por olvido y costumbre.

A la inmensa mayoría de este país le han robado su Historia, y a muchas familias la suya particular. Yo no me enteré de que mi abuelo había estado en la cárcel hasta que me ascendieron en la mili y pasé de telefonista a oficinista de la base y tuve acceso, por las tardes, a las fichas personales en las que algunas tenían anotaciones del SIM (2). Tenía 24 años, mi padre había muerto y en la vida había hablado de ello.

Mientras que no se enseñe en las escuelas la verdad de lo ocurrido en este país estaremos condenados a que los descendientes, herederos, de aquellos golpistas sigan campando por sus respetos, propagando mentiras y dando lecciones de patriotismo rancio a una masa ignorante de su pasado, aprovechándose de las ventajas de vivir en una democracia que en el fondo desprecian. Tergiversando la libertad de expresión con el “derecho” a decir lo que se quiera, a mentir descaradamente propagando datos falsos u opiniones como si fueran verdades científicas sin importarles los desmentidos, ni las evidencias históricas, basando sus opiniones solamente en su impacto emocional en los receptores de su mensaje, propiciada por la ignorancia de la Historia de estos, auspiciada por todos los Gobiernos de este país hasta hoy, con el paréntesis del intento en  las legislaturas de Zapatero, loable pero insuficiente. 

Solamente una Ley de Memoria Democrática que abarque todos los ámbitos, Justicia, Educación, Hacienda, impulsada por la mayoría de la Cámara, haga que las políticas de verdad, justicia, reparación sean aceptadas por la derecha democrática de este país y la otra, la rancia, vuelva a los archivos históricos y al basurero de la Historia de donde nunca se debió permitir que saliera. 

1.- https://www.memoriahistoricaregiondemurcia.com/

2.- Servicio de Inteligencia Militar.

Hace aproximadamente un mes la consejera de Educación encargó que, de manera urgente, el Consejo Escolar Regional hiciera un informe sobre la nueva Ley educativa. Como buen funcionario a sueldo del Gobierno su presidente se puso manos a la obra y a pesar de los puentes de diciembre, las vacaciones de Navidad y la pandemia que nos acosa, ya está concluido.

Para cualquiera que haya formado parte del Consejo o que haya seguido sus disposiciones no habrá sido una sorpresa que 'el dictamen' coincida con el argumentario impartido por el Partido Popular, las patronales de la enseñanza privada o la jerarquía eclesiástica. Por ello no me voy a referir a ese dictamen porque está en los telediarios desde que se tramitó la Ley. Mejor hacemos un poco de Historia.

Desde su creación en 1999, el Consejo no ha informado en contra, ni puesto un reparo, que no fuera gramatical o de estilo, a los decretos legislativos propuestos por el Gobierno regional. Esto ocurre porque en vez de ser un órgano consultivo independiente y representativo de la  Sociedad, desde su fundación, la enseñanza privada, la administración educativa y las asociaciones promovidas por el Partido Popular están sobre representadas de tal manera que cualquier votación que mínimamente pudiera tener un matiz ideológico produzca unos resultados distintos del 11/2/1, a favor, en contra, abstención, en la comisión permanente o 32/7/2 en el pleno, con muy pocas variaciones según el tema o el número de asistentes, la proporción siempre es la misma .

Como ejemplo, en el acta de la reunión ordinaria de la permanente del Consejo de fecha 10-07-2020, en el punto 2 se trata un dictamen sobre una orden de ayudas al estudio y de comedor y un consejero propone una enmienda- la número 9- consistente en añadir la propuesta de ordenar los criterios del art. 6 que expresan las preferencias para la adjudicación de ayudas, y añadir una primera preferencia por ser víctima de violencia de género,

Votos a favor 1, Votos en contra 8, Abstenciones,2

Quedando como estaba antes:

1ª. Ser víctima del terrorismo 2ª Mayor puntuación asignada a los ingresos 3ª Ante el empate de puntuación tendrán prioridad:

A) Huérfanos absolutos B) Familias monoparentales C) Familias numerosas

Otro ejemplo. El 25 de junio del presente año, también en la permanente, se veía el dictamen sobre el “Anteproyecto de decreto por el que se aprueba el currículo de áreas y materias del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica de diseño propio de los centros de la CARM”. El representante sindical Diego Pascual, de Comisiones Obreras, presenta una enmienda para “incluir la perspectiva de género en los currículos de todas aquellas asignaturas de libre configuración autonómica propuestas en los cuales no se ha hecho, garantizando que en sus objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje no se vulnere el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, ni que se produzcan situaciones de discriminación, desigualdad o exclusión de las mujeres”.

Resultado de la votación: votos a favor 1, en contra 7, abstenciones 0

El mismo día hubo otras con el mismo resultado 7 a 1 o unanimidad si no había disputa ideológica, o era una cuestión gramatical o de estilo.

Semipresencialidad

Un apunte más sobre el carácter de este Consejo es que ante la situación creada para el curso actual con los graves problemas de organización en los centros escolares y el ataque descarado al derecho a la educación que supone la asistencia rotativa a clase de parte del alumnado regional, no ha habido un pronunciamiento del órgano de participación aunque esta sea una cuestión que interesa, y mucho, a las familias así como a los docentes

Todo lo anterior pone de manifiesto que este consejo “asesor” destaca por su  insustancialidad, inoperancia y servilismo, sobre todos los que componen el entramado consultivo de nuestra Región.

Insustancialidad, por el nivel de los dictámenes, la inmensa mayoría de ellos se limitan a hacer una descripción de la orden del tipo:

“Este proyecto de orden consta de un preámbulo, doce artículos, una disposición adicional única, una disposición transitoria única, una disposición final única y cinco anexos. El Preámbulo refiere... El artículo 1 indica que el ámbito de aplicación El artículo 2 repite cuál es el referente normativo de esta titulación”...

Y las “observaciones” son del tipo:

1. Artículo 5.1. Dice: “…y las orientaciones pedagógicas, de los módulos profesionales…”. Sugerimos suprimir la coma: “…y las orientaciones pedagógicas de los módulos profesionales…”.

Para esas rectificaciones bastaría que los asesores legales y los redactores fueran competentes. Además así se ahorrarían correcciones en el BORM tan usuales.

Inoperancia. Si una gran parte del Consejo es nombrada por el Gobierno que presenta los proyectos a dictaminar, y para completar la mayoría se utiliza la sobre representación de organizaciones empresariales, así como las organizaciones creadas por el aparato del PP entre los alumnos y los padres, el resultado es que no existe un auténtico debate pues la desproporción de fuerzas lo hacen inútil, nunca se contraría al que paga.

Servilismo. Desde su creación no ha salido ni un solo dictamen negativo de todas las iniciativas que ha presentado el Gobierno regional para su estudio, lo cual no deja de ser llamativo después de 20 años revisando leyes, decretos y órdenes de la Consejería de Educación. Lo que supone que desde Fernando de La Cierva, hasta la actual, todo lo han hecho bien.

La solución pasaría por replantear varios aspectos sobre su composición y su funcionamiento.

En primer lugar volver al espíritu de lo que debe ser un Consejo Asesor, es decir: debatir, dar opinión y asesorar sobre las cuestiones esenciales de la educación; las cuestiones lingüísticas “deberían venir corregidas desde casa”, que para eso la Consejería dispone de su gabinete jurídico al que se suman los más de ochenta asesores docentes.

Representación proporcional

En segundo lugar conseguir una representación de la comunidad educativa proporcional a la realidad regional sin sobre representación de la enseñanza privada ni del partido en el gobierno.

En tercer lugar desprofesionalizarlo, no tiene sentido que el presidente cobre casi como un consejero, a no ser que su sentido sea asegurar el control total, aparte de colocar a otro conmilitón. Sobre esto hay que destacar que en los presupuestos regionales de 2016 la oposición eliminó el sueldo del presidente, pero al final el PP consiguió que cobrara, seguramente porque podría resultar muy duro para alguien que llevaba desde 1995 sin oler la tiza volver al tajo, y eso le supusiera un problema de salud.

Los 'asesores', si fueran necesarios, deberían ser nombrados por el Consejo, y por concurso público, no para pagar favores del partido en el Gobierno como ocurre con los actuales.

Por último, instituciones más útiles y más baratas han sido sacrificadas en el altar de la crisis, por ejemplo el Defensor del Pueblo de la Región.

Habría que revisar los consejos asesores, su funcionamiento, la ley que los regula y en especial el de educación, para que estos cumplan con su función y no sean un simple altavoz de las acciones del Gobierno regional, al fin y al cabo son consejos asesores, no legisladores. Y, ya de paso, que dejen de ser 'madrigueras' para pagar servicios prestados, ya sea en prensa y propaganda o de amiguitos que cesan en puestos con 'paguic'“ y que no se quieren dejar atrás.

Una vez más el lobby católico-empresarial: patronales de la enseñanza, algún obispo las familias de Confapa y sobre todo los gobiernos del tripartito de derechas, Madrid y Murcia , han saltado en la defensa de sus intereses y privilegios ante la posible amenaza de control de sus ingresos por parte del estado, porque eso y no otra cosa significa la posibilidad entrevista en la declaración de la ministra Celá sobre la constitucionalidad del “derecho a elegir centro” Para su argumentación utilizan una interpretación del artículo 27 de la Constitución basada en una visión deformada por años de afirmaciones falsas, ampliamente repetidas, sobre el contenido real de articulo. Por ello sería necesario leer el artículo explicar lo que significa:

«Artículo 27.-1.Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.

5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.

6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.

7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.

8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.

9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca.

10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca.»

Repasemos:

1.- A estas alturas nadie duda que la libertad de enseñanza está plenamente garantizada en nuestro país, desde las guarderías hasta la Universidad cualquiera puede montar su negocio, y en esta región hay ejemplos sobrados, algunos muy sonados, tanto en guarderías, como en educación básica y en la superior. Ello se ha conseguido con la cesión de locales o terrenos para montar negocios escolares y el aumento desmesurado del dinero dedicado a los conciertos educativos.

2.-No hay discusión sobre este punto, aunque la sociedad sí que se merecería un debate amplio y profundo sobre la manera en que se podría conseguir.

3.-En todos los centros hay profesorado de religión para garantizar ese derecho.

4.-¿Está claro? Educación básica y obligatoria, es decir: primaria, secundaria e iniciación profesional. Aquí se está concertando hasta el bachillerato y la FP, mientras se recortan los gastos en la enseñanza pública.

 5.-El Partido Popular hace tiempo que renunció a programar la enseñanza “con la participación activa de los sectores implicados”, de hecho, parece que con quien únicamente cuenta es con las patronales de la enseñanza privada. Desde que llegó el PP al Gobierno Regional ya son veintisiete los nuevos colegios concertados, entre los que se incluyen Nelva y Monteagudo, los colegios del Opus, los cuales hasta que el PP no relajó las condiciones de los conciertos haciendo la vista gorda con las zonas de escolarización y los cobros bajo mano, no se habían “concertado”, a pesar de llevar en Murcia desde la década de los sesenta.

6.-No hace falta explicar, cualquiera puede crear centros educativos.

7.-Aquí si sería conveniente que el Gobierno Regional se esmerara un poco más en cumplir la Constitución porque cada año que pasa es más difícil la participación de todos los sectores en el “control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos”, especialmente en los privados porque manejan mucho más dinero que los públicos.

8.- Ya va siendo hora que inspeccionen que no se discrimina a nadie porque no puede, o no quiere, pagar la cuota impuesta por el centro. La prueba de que las cuotas no son necesarias es que con los 6.654,37 y hasta 10.325,79 que reciben POR AULA para gastos hay  centros concertados que no cobran cuota, y funcionan. Desde la LODE del año 1985 ese requisito está más que cumplido.

10.- No hay dudas sobre autonomía universitaria, ahí está el Sr. Mendoza y su negocio.

El Partido Popular lleva predicando y pontificando desde que llegó al poder con el mantra del “derecho de elección” como algo recogido en la Constitución cosa que como hemos visto ésta no dice, ni siquiera dice que haya que pagar los sueldos, la seguridad social y los gastos como se hace con los centros concertados (coste de un aula de ESO : sueldos y SS , 76.125,21 euros, Gastos variables 10.325,79, Otros gastos 9.587,92Total. 96.038,92euros.

Es para partirse de risa, si no fuera un tema tan serio, que los responsables de la Educación en la región justifiquen con “igualdad de oportunidades” y la Constitución los nuevos conciertos de Bachillerato a centros como Maristas, Franciscanos, los del Opus o los de la urbanizaciones de Molina, mientras sus centros públicos no pueden encender la calefacción, tienen goteras o amenazan ruina. Perverso.

El Sr. López Miras, en su intervención en prensa del día 14 del corriente, hace una encendida defensa de la enseñanza privada concertada y al mismo tiempo dice que es compatible con la enseñanza pública.

Una vez más el Presidente de todas las personas de esta Región sale a defender los negocios de la enseñanza como hicieron sus antecesores desde los tiempos del Sr. Valcárcel al que debemos el comienzo de la privatización de la enseñanza en nuestra Comunidad.

Primero quiero hacer constar que no todos los colegios concertados son iguales. Los hay, tanto cooperativas como religiosos, que con el dinero del concierto que oscila entre 61.023,05 euros por aula de infantil hasta los 98.200,20 euros por aula de secundaria o bachillerato (hay que multiplicar por nº de aulas del centro), estos centros no solo se mantienen y no cobran a las familias más allá de los 20 0 30 euros año del AMPA, sino que, si es una cooperativa, el trabajad@r al jubilarse habrá visto multiplicada su inversión inicial y tendrá un complemento a su pensión al vender sus derechos. Estos centros al no cobrar y estar abiertos a todo tipo de familias no hacen ningún tipo de discriminación, mientras que los centros que cobran cuotas desde 40 a 150€ mensuales, aparte de lo que puedan cobrar por el comedor, el transporte y otros servicios, cierran sus puertas a la mayoría de la población.

Cuando me jubilé en 2012, quedó pendiente un juicio contra un centro concertado que empezó en 2007 cuando yo era liberado sindical que se anuló porque la Consejería de Educación se “olvidó” de comunicar algún trámite al colegio condenado. Hubo que repetir el proceso y al final, gracias a la constancia de la familia, del sindicato y de algún partido político, hubo sentencia:

Sentencia num. 398/2014 de 16 mayo del Tribunal Superior de Murcia : “..... Estuvo presidida por un evidente ánimo de lucro, bastando realizar una simple operación matemática para determinar su alcance en el curso 2006/2007, en el que el Centro obtuvo ingresos de las familias próximos a 1.015.650 euros toda vez que durante ese curso la cuota de gastos generales era de 120 euros/año/alumno y las aportaciones mensuales eran de 90 euros/alumno (11 meses) y al mismo tiempo de los 964 alumnos matriculados en las enseñanzas concertadas aproximadamente 915 hacían dichas aportaciones (95%), resultando:

915 alumnos x 120 euros/año de gastos generales: 109.800

915 alumnos x 11 meses x 90 euros: 905.850

Total de ingresos de las familias al centro: 1.015.650 euros/año durante el curso citado.“

La sentencia firme, sin posibilidad de recurso condena al centro a una multa equivalente a la cantidad recibida por el concierto en concepto de “otros gastos” , unos 400.000 euros, por dos faltas graves: por infringir principio de gratuidad (art. 62.2 b), y además, por infringir el principio de no discriminación de la LODE.

Ante esa realidad, para que nos las aclare algún defensor de la muy liberal “libertad de elección” y a ser posible algún responsable de la Consejería de Educación, o del mismo Sr Presidente, que tan ardientemente defiende a las patronales de la enseñanza,  para que podamos saber cuál es realmente su posición con respecto a la enseñanza, si está a favor de la Educación como un derecho de todas las personas por encima de la libertad del negocio o al revés. Con respecto a la citada sentencia, pregunto:

1.    ¿Eso es libertad de elección, de enseñanza o de negocio?

2.    ¿Alguien podría indicar cuándo pagó la empresa esa multa, o se perdieron los papeles como pasó en 2007?

3.    ¿Cómo explica que haya colegios concertados que no cobren, que tengan bastante con el dinero del concierto y otros no?

4.    ¿Qué libertad de elección tienen las familias que no llegan a fin de mes y que les obligan a pagar una cuota de 50 euros o más?¿Hace algo su gobierno para que empresas no utilicen las cuotas para discriminar alumnado?

5.    Por último hace usted una defensa del “distrito único” siguiendo con el tole tole de la “libertad de elección”. ¿Qué libertad de elección tienen los que no tienen coche, ni dinero para el transporte, ni tiempo para desplazarse de barrio para llevar a sus hij@s al colegio?

6.   O los 16 municipios de la Región de menos de 10.000 habitantes (con la excepción de Moratalla). O muchas pedanías del campo que no pueden elegir y que se les recortan servicios y prestaciones en su colegios en beneficio de conciertos fuera de la Ley como los de bachillerato

Son preguntas que hago yo pero que están latentes en la sociedad murciana y que requerirían una respuesta directa de una Administración transparente o de un buen gobernante.

Agradeciendo la atención y esperando  respuesta:

José Luis López Lillo

Maestro jubilado.

DNI 22422036A